«La consejera Martínez-Cachá puede, como todos sus antecesores, exhibir las mentiras habituales del inicio de curso y planificar el descontento ante una escuela pública en la que aparentemente se invierte mucho pero que no alcanza los estándares de calidad deseados»
Por: Óscar Urralburu .
«Estamos asistiendo en tiempo real a la puesta en práctica en la Región de Murcia de los intereses de las grandes empresas educativas mientras que las aulas públicas, sin recuperarse aún de los durísimos recortes de hace seis años, depositan todo su éxito sobre las espaldas del profesorado, sin recursos educativos y con equipos informáticos obsoletos»
En 1998, en el seno de la Organización Mundial para el Comercio (OMC) se formó un grupo de trabajo específico encargado de estudiar las posibilidades de liberalización de los servicios de educación en los principales países del mundo. Dos años más tarde, en la primavera del año 2000 tuvo lugar, en Vancouver (Canadá), el primer World Education Market en el que más de 800 empresarios de la education-bussines analizaron las posibilidades de crecimiento del mercado educativo global. En aquel encuentro, el responsable educativo del Banco Mundial, el señor Harry Anthony Patrinos, recomendó a los asistentes la creación en sus respectivos países de un sistema de enseñanza secundaria y superior «abierto y competitivo» que incrementara la inversión privada de las familias. Señalaba este experto que junto a la OMC, el Banco Mundial iba a apoyar a los países que orientasen la inversión pública hacia los centros educativos privados, abandonando así el modelo de educación pública generalizado tras la II Guerra Mundial. Por aquel entonces, en la Región de Murcia la gestión educativa estaba en proceso de transferencias desde el ministerio a la Comunidad autónoma y el porcentaje de la enseñanza pública era del 73,6% frente a una concertada, que alcanzaba el 18,5% y una privada que, entre las más bajas del país, se situaba en el 7,9%.
Junto al ímpetu privatizador de la OMC y del Banco Mundial se extendieron las recomendaciones recogidas en los famosos informes PISA de la OCDE que a lo largo de dos décadas se han encargado de inocular el discurso liberalizador de la enseñanza hasta convertirse, a través de las diferentes reformas educativas (LOCE, LOE y LOMCE), en el catecismo desregulador de los principales Gobiernos europeos. Hoy, con cifras del MEC y de la consejería de Educación, en la Región de Murcia la escolarización en la enseñanza pública ha bajado hasta el 70,46%, mientras la privada concertada ocupa todo el espectro de la privada copando el 29,54% restante. Es decir que, en el tramo de los últimos diecisiete años la enseñanza pública ha retrocedido casi un 4% al tiempo que ha crecido la concertación educativa un 11,5% sin que, en contra de las previsiones de la OCDE, se haya notado mejoría alguna en la cuenta global de resultados formativos entre los resultados PISA del año 2000 y los actuales.
Así las cosas, podemos afirmar que las empresas de la derecha educativa van cumpliendo objetivos en medio de un cinismo táctico absoluto: hay que reconvertir el sistema público, por el bien de la libertad de elección, pero sin que se note. Por eso, lo que ocultan hacia fuera lo explicitan en sus informes internos en los que no se muerden la lengua y son capaces de escribir, como hizo Christian Morrissonen un artículo realizado para el Centro de Desarrollo de la OCDE y titulado La debilidad política de los ajustes, que los recortes en educación hay que hacerlos de modo paulatino: «Las familias reaccionarán violentamente si no se matricula a sus hijos, pero no lo harán frente a una reducción gradual de la calidad de la enseñanza, (?) la escuela puede, de forma progresiva y puntal, obtener una contribución económica por parte de las familias, o suprimir alguna actividad. Esto se hace primero en una escuela, pero no en la de al lado, de manera que se evita el descontento generalizado de la población». (1)
En este contexto la consejera Martínez-Cachá puede, como todos sus antecesores, exhibir las mentiras habituales del inicio de curso y planificar el descontento ante una escuela pública en la que aparentemente se invierte mucho pero que no alcanza los estándares de calidad deseados. Curso tras curso el Gobierno anuncia que crece el presupuesto en educación, pero nunca se ejecuta más del 85%, constatando también en educación la doble contabilidad a la que nos tiene acostumbrado el PP. Seguimos con una de las más bajas ratios de profesor/alumno del país, mientras que las ratios de alumnado por aula siguen disparadas, diga lo que diga la consejera. Se invierte en un formato de bilingüismo precario y que no funciona y, al mismo tiempo, se concierta el bachillerato en las empresas educativas privadas para dar respuesta a una supuesta demanda social que a los ojos de los datos aportados por el último proceso de escolarización regional es inexistente.
En definitiva, estamos asistiendo en tiempo real a la puesta en práctica en la Región de Murcia de los intereses de las grandes empresas educativas mientras que las aulas públicas, sin recuperarse aún de los durísimos recortes de hace seis años, depositan todo su éxito sobre las espaldas del profesorado, un profesorado sin recursos educativos y con equipos informáticos obsoletos, trasladando en cada inicio de curso el mayor esfuerzo a unas familias que viven instaladas en el precariado laboral: no llega la gratuidad de los libros de texto ni del material escolar, no funciona el sistema público de banco de libros, mientras las becas y las becas de comedor o de transporte tan sólo cubren la superficie del drama social que vivimos en la región. Como en el resto de políticas públicas el PP hace que lo que depende de la Administración funcione planificadamente mal para, ante la supuesta ineficacia, desplegar la bandera de la ‘libertad de elección’, es decir, la libertad de la segregación, la mercantilización de la enseñanza y la dualización escolar, antesala del fracaso del sistema. Un sistema educativo sometido a las fuerzas del libre mercado es un sistema entregado a la producción de la desigualdad, de la desigualdad social y de oportunidades que, si no le ponemos remedio, en breve se convertirá en una brecha insalvable en nuestro territorio.
(1) Christian Morrisson La Faisabilité politique de l’ajustement, Centro de Desarrollo de la OCDE, Cahier de politique économique, nº13, OCDE, 1996.
Fuente: http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/09/07/cuenta-escuela-publica/857919.html
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