Transcripción del discurso del filosofo, lingüista y activista político Noam Chomsky, durante la apertura en la cumbre inaugural de la Internacional Progresista (Septiembre 2020).*
Por: Noam Chomsky
Nos reunimos en un momento extraordinario, un momento que es, de hecho, único en la historia de la humanidad, un momento tanto de mal augurio y presagio y al mismo tiempo brillante de esperanzas por un futuro mejor. La Internacional Progresista tiene un papel crucial que desempeñar en determinar qué dirección tomará la historia.
Nos reunimos en un momento de confluencia de crisis de extraordinaria gravedad, con el destino del experimento humano literalmente en riesgo. En las próximas semanas, los problemas llegarán a un punto crítico en los dos poderes imperiales más grandes de la era moderna.
La decadente Gran Bretaña, habiendo declarado públicamente que rechaza la ley internacional, está a orillas de una fuerte ruptura con Europa, en camino de convertirse en un satélite estadounidense aún más de lo que ya es. Pero, por supuesto, lo más trascendente para el futuro es lo que pasa en la hegemonía global, disminuido por la bola de demolición de Trump, pero aún con abrumadora potencia e incomparables ventajas. Su destino, y con él el destino del mundo, puede determinarse en noviembre.
No sorprende que el resto del mundo esté preocupado, si no horrorizado. Sería difícil encontrar un comentarista más sobrio y respetado que Martin Wolf del Financial Times de Londres. Escribe que Occidente está enfrentando una grave crisis, y si Trump es reelegido, “esto será el terminal (el final)”. Palabras fuertes, y ni siquiera se refiere a las grandes crisis que enfrenta la humanidad.
Wolf se refiere al orden global, un asunto crítico, aunque no a la escala de las crisis que amenazan con consecuencias mucho más serias, las crisis que dirigen las manecillas del famoso Reloj del Apocalipsis hacia la medianoche—hacia la extinción.
El concepto “terminal” de Wolf no es algo nuevo en el discurso público. Hemos vivido bajo su sombra durante 75 años, desde que aprendimos, en un día inolvidable de agosto, que la inteligencia humana había creado los medios que pronto producirían la capacidad para una destrucción terminal. Eso fue abrumador, pero había más. No se entendió por aquel entonces que la humanidad estaba entrando en una nueva época geológica, el Antropoceno, en el cual las actividades humanas están despojando el medio ambiente de tal manera que ahora también se acerca a la destrucción terminal.
Las manecillas del Reloj del Apocalipsis fueron establecidas poco después de que las bombas atómicas fueran usadas en un paroxismo de matanza innecesaria. Las manecillas han oscilado desde entonces, a medida que las circunstancias globales han evolucionado. Cada año que Trump ha estado en el cargo, las manecillas se han acercado a la medianoche. Hace dos años se acercaron como nunca antes. El pasado enero, los analistas abandonaron minutos, y cambiaron a segundos: 100 segundos para la medianoche. Citaron las mismas crisis que antes: las crecientes amenazas de la guerra nuclear y de catástrofe medioambiental, y el deterioro de la democracia.
Esta última podría parecer fuera de contexto a primera vista, pero no lo es. El deterioro de la democracia encaja en este trío sombrío. La única esperanza de escapar de las dos amenazas de extinción es una democracia vibrante en la que ciudadanos preocupados e informados participen plenamente en la deliberación, la formación de políticas y la acción directa.
Eso fue el pasado enero. Desde entonces, el presidente Trump ha amplificado las tres amenazas, un logro no insignificante. Ha continuado su demolición del régimen de control de armas, que ha ofrecido alguna protección contra la amenaza de una guerra nuclear, a la vez que apremia el desarrollo de nuevas armas aún más mortíferas, para el gran deleite de la industria militar. En su dedicado compromiso por destruir el medio ambiente que sostiene la vida, Trump ha abierto nuevas y vastas áreas para perforar, incluyendo la última gran reserva natural. Mientras tanto, sus secuaces están desmantelando sistemáticamente el sistema regulatorio que mitiga de algún modo el impacto destructivo del uso de combustibles fósiles, y que protege a la población de químicos tóxicos y de la contaminación, una maldición que ahora es doblemente mortal durante una grave epidemia respiratoria.
Trump ha llevado también hacia adelante su campaña para socavar la democracia. Por ley, los nombramientos presidenciales están sujetos a la confirmación del Senado. Trump evita este inconveniente dejando las posiciones abiertas y, en cambio, llenando las oficinas con “nombramientos temporales” que responden a su voluntad – y si no lo hacen con suficiente lealtad al señor, son despedidos. Ha purgado al ejecutivo de cualquier voz independiente. Solo quedan los aduladores. El Congreso estableció hace mucho tiempo Inspectores Generales para monitorear el rendimiento de la rama ejecutiva. Empezaron a mirar en el pantano de corrupción que Trump ha creado en Washington. Este rápidamente se cuidó en salud despidiéndolos. Apenas hubo nadie del Senado Republicano que se asomó para ver lo que pasaba, ya que Trump se los había metido a todos en el bolsillo, con lo que apenas quedaban destellos de integridad, aterrorizados por la base popular que Trump ha movilizado.
Esta arremetida contra la democracia es sólo el comienzo. La última jugada de Trump es advertir que podría no abandonar el cargo si no está satisfecho con los resultados de las elecciones en noviembre. La amenaza se ha tomado muy en serio en las altas esferas. Para mencionar unos ejemplos, dos respetados comandantes jubilados de alto rango publicaron una carta abierta al presidente del Estado Mayor Conjunto, general Milley, revisando su responsabilidad constitucional de enviar al ejército para destituir por la fuerza a un “presidente ingobernable” que se niegue a abandonar el cargo después de una derrota electoral, añadiendo en su defensa los tipos de unidades paramilitares que este despachó a Portland, Oregón, para aterrorizar a la población por encima de la fuerte objeción de lxs funcionarios electos.
Muchas figuras del establishment consideran que la advertencia es factible, entre ellas el Proyecto de Integridad de la Transición, que acaba de comunicar los datos de los “juegos de guerra” que ha estado realizando sobre los posibles resultados de las elecciones en noviembre. Los miembros del proyecto son “algunos de los republicanos, demócratas, funcionarios públicos, expertos de los medios, encuestadores y estrategas mejor formados que hay”, explica el codirector del Proyecto, incluyendo figuras prominentes de ambos partidos. Bajo cualquier posible escenario aparte de una clara victoria de Trump, los juegos conducen a algo parecido a una guerra civil, con Trump escogiendo terminar “el experimento estadounidense”.
Otra vez palabras fuertes, jamás escuchadas de las voces sobrias de la corriente principal. El simple hecho de que tales pensamientos surjan es de mal augurio. No están solos. Y dado el incomparable poder de los EE.UU., es mucho más que “el experimento estadounidense” lo que está en riesgo.
Nada como esto ha ocurrido en la historia de la democracia parlamentaria a menudo problemática. Y si nos ceñimos a años recientes, Richard Nixon —una persona no muy agradable en la historia presidencial— tenía razón en creer que había perdido las elecciones de 1960 sólo por la manipulación criminal de operativos demócratas. No impugnó los resultados, poniendo el bienestar del país por delante de la ambición personal. Albert Gore hizo lo mismo en el año 2000. Pero hoy no.
Creando nuevos caminos en desprecio por el bienestar del país no es suficiente para el megalómano que domina el mundo. Trump también ha anunciado una vez más que él podría ignorar la Constitución y “negociar” por un tercer mandato si él decide que tiene derecho a ello.
Algunos eligen reírse de todo esto como si fuera el juego de un bufón. A su propio peligro, como muestra la historia.
La supervivencia de la libertad no está garantizada por “barreras de pergamino”, advirtió James Madison. Las palabras en papel no son suficientes. Está fundada en la expectativa de la buena voluntad y la decencia común. Eso fue hecho trizas por Trump junto con su coconspirador el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, quien ha convertido el “mayor cuerpo deliberativo del mundo”, como se denomina a sí mismo, en una broma patética. El senado de McConnell se niega incluso a considerar propuestas legislativas. Se preocupa por ser generoso con los ricos y apilar el poder judicial, de arriba a abajo con abogados jóvenes de extrema derecha capaces de salvaguardar la agenda reaccionaria Trump-McConnell por una generación, sin importar lo que quiera el público, sin importar lo que el mundo necesite para sobrevivir.
El despreciable servicio hacia los ricos por parte del partido republicano Trump-McConnell es sorprendente, incluso para los estándares neoliberales que exaltan la codicia. Una ilustración es dada por los principales especialistas en política fiscal, los economistas Emmanuel Sáez y Gabriel Zucman. Muestran que en 2018, después de la estafa fiscal que fue el único logro legislativo de Trump-McConnell, “por primera vez en los últimos cien años, los multimillonarios han pagado menos [en impuestos] que los trabajadores del acero, los profesores de escuelas y los jubilados”, eliminando “un siglo de historia fiscal”. “En 2018, por primera vez en la historia moderna de los Estados Unidos, el capital ha tenido menos impuestos que el trabajo”: una victoria verdaderamente impresionante de la guerra de clases, llamada “libertad” en la doctrina hegemónica.
El Reloj del Apocalipsis fue puesto en hora en enero pasado antes de que se entendiera la escala de la pandemia. Tarde o temprano la humanidad se recuperará de la pandemia, a un costo terrible. Es un costo innecesario. Lo vemos claramente en la experiencia de países que tomaron medidas decisivas cuando China el 10 de enero, proporcionó al mundo información pertinente sobre el virus. Entre ellos estaban principalmente el este y sudeste asiático y Oceanía, y otros que se quedaron rezagados, y en la retaguardia unos cuantos absolutos desastres, en particular los Estados Unidos, seguidos por el Brasil de Bolsonaro y la India de Modi.
Pese a la mala conducta o indiferencia de algunos líderes políticos, al final habrá una especie de recuperación de la pandemia. Sin embargo, no nos recuperaremos del derretimiento de los casquetes polares, ni de la explosiva velocidad de incendios árticos que liberan enormes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera, ni de otros pasos en nuestra marcha hacia la catástrofe.
Cuando los científicos más prominentes nos advierten “Entren en Pánico”, no están siendo alarmistas. No hay tiempo que perder. Pocos están haciendo lo suficiente, y lo que es peor, el mundo está maldecido con líderes que no sólo rechazan tomar medidas suficientes sino que deliberadamente aceleran nuestro trayecto hacia el desastre. La maldad en la Casa Blanca está a la cabeza de esta monstruosa criminalidad.
No son sólo los gobiernos. Lo mismo se aplica a las industrias de combustibles fósiles, los grandes bancos que las financian y otras industrias que se benefician de acciones que ponen en grave riesgo la “supervivencia de la humanidad”, según las palabras de un memorando interno filtrado del mayor banco de Estados Unidos.
La humanidad no sobrevivirá a esta malignidad institucional. Los medios para manejar la crisis están disponibles, pero no por mucho tiempo. Una tarea primordial de la Internacional Progresista es asegurar que todos entremos en pánico ahora, y actuemos en consecuencia.
Las crisis a las que nos enfrentamos en este momento único de la historia son, por supuesto, internacionales. El desastre medioambiental, la guerra nuclear y la pandemia no tienen fronteras. Y de una manera menos transparente, lo mismo es verdad sobre el tercero de los demonios que amenazan la tierra y dirigen las manecillas del Reloj del Apocalipsis hacia la medianoche: el deterioro de la democracia. El carácter internacional de esta plaga se hace evidente cuando examinamos sus orígenes.
Las circunstancias varían, pero tienen algunas raíces comunes. Mucha de la maldad se remonta al asalto neoliberal lanzado con fuerza a la población mundial hace 40 años.
El carácter básico del asalto fue plasmado en los pronunciamientos iniciales de sus figuras más prominentes. Ronald Reagan declaró en su discurso inaugural que el gobierno es el problema, no la solución, lo que significa que habría que remover las decisiones de los gobiernos, que al menos parcialmente están bajo control público, y pasarlas al poder privado, que es completamente irresponsable al público, y cuya responsabilidad es el autoenriquecimiento, como proclamó el economista Milton Friedman. La otra fue Margaret Thatcher, quien nos instruyó que no existe la sociedad, sólo un mercado en el cual las personas son arrojadas para sobrevivir lo mejor que puedan, sin organizaciones que les permitan defenderse contra sus estragos.
Sin darse cuenta, Thatcher estaba parafraseando a Marx, quien condenó a los gobernantes autocráticos de su época por convertir a la población en un “saco de papas”, indefenso ante el poder concentrado.
Con una consistencia admirable, las administraciones Thatcher y Reagan se movieron rápidamente para destruir el movimiento obrero, el principal impedimento al duro dominio por parte de los amos de la economía. Al hacerlo, adoptaban los principios rectores del neoliberalismo de sus comienzos en la Viena de entreguerras, donde el fundador y santo patrono del movimiento, Ludwig von Mises, apenas pudo contener su alegría cuando el gobierno protofascista destruyó violentamente la vibrante socialdemocracia austriaca y los despreciables sindicatos de comercio que interferían con la economía sana al defender los derechos de los trabajadores. Como von Mises explicó en su clásico neoliberal de 1927 Liberalismo, cinco años después de que Mussolini iniciara su brutal mandato, “No puede negarse que el fascismo y movimientos similares que apuntan al establecimiento de dictaduras están llenos de las mejores intenciones y que su intervención ha salvado por el momento a la civilización europea. El mérito que el fascismo se ha ganado por sí mismo vivirá eternamente en la historia” – aunque sólo será temporal, nos aseguró. Los Camisas Negras se irán a casa después de haber terminado su buen trabajo.
Los mismos principios inspiraron el entusiasta apoyo neoliberal para la espantosa dictadura de Pinochet. Unos años después, de forma diferente se pusieron en operación en el escenario global bajo el liderazgo de Estados Unidos y del Reino Unido.
Las consecuencias eran predecibles. Una fue la fuerte concentración de riqueza yuxtapuesta al estancamiento de gran parte de la población, reflejado en el campo político al socavar la democracia. El impacto en los Estados Unidos muestra con claridad lo que se podría esperar cuando el régimen de los negocios es prácticamente indiscutible. Tras 40 años, el 0.1 por ciento de la población tiene el 20 por ciento de la riqueza, el doble de lo que tenían cuando Reagan fue elegido. La remuneración de los directores ejecutivos se ha disparado, aumentando con ella la riqueza de la gerencia en general. Los salarios reales para los trabajadores masculinos que no están en puestos de supervisión han disminuido. Una mayoría de la población sobrevive de cheque en cheque, casi sin ahorros. Las instituciones financieras, en su mayoría depredadoras, han explotado en extensión. Ha habido repetidas crisis financieras, aumentando en gravedad, tras las cuales los perpetradores son rescatados por el amable contribuyente, pese a que eso es el menor de los subsidios estatales implícitos que reciben. El “mercado libre” condujo a la monopolización, con una reducción de la competencia y la innovación, ya que los fuertes tragaron a los débiles. La globalización neoliberal ha desindustrializado el país a través del marco de acuerdos de inversión y comercio mal etiquetados como “acuerdos de libre comercio”. Adoptando la doctrina neoliberal de “impuestos son robos”, Reagan abrió la puerta a paraísos fiscales y empresas fantasmas, previamente prohibidas de ejercer por leyes de cumplimiento efectivo. Eso creó una gran industria de evasión de impuestos que facilitó el robo masivo de los más ricos y del sector corporativo a la población en general. No fue un cambio pequeño. El alcance se estima en decenas de billones de dólares.
Y así continúa, mientras la doctrina neoliberal se arraigó.
Mientras el asalto apenas estaba tomando forma, en 1978, el presidente de la United Auto Workers, Dougherty Fraser, renunció a un comité de gestión laboral establecido por la administración Carter. Se escandalizó al ver que los líderes empresariales habían “elegido librar una guerra de clases unilateral en este país – una guerra contra los trabajadores, los desempleados, los pobres, las minorías, los más jóvenes y los más viejos, e incluso muchos de la clase media de nuestra sociedad”, y habían “roto y desechado el pacto frágil y no escrito que existía previamente durante un período de crecimiento y progreso” —durante el período de colaboración de clases bajo un capitalismo reglamentado.
Su reconocimiento de cómo funciona el mundo se demoró, de hecho era demasiado tarde para evitar la amarga guerra de clases lanzada por los líderes empresariales a quienes pronto se les dio rienda suelta por parte de gobiernos complacientes. Las consecuencias en gran parte del mundo no sorprenden – rabia general, resentimiento, desprecio por las instituciones políticas mientras las principales instituciones económicas, una propaganda efectiva las oculta de la vista. Todo esto crea un territorio fértil para demagogos que pretenden ser tus salvadores mientras te apuñalan por la espalda, mientras que desvían la culpa de tus condiciones a chivos expiatorios: inmigrantes, negros, China, quien sea que encaje en los viejos prejuicios.
Volviendo a las grandes crisis que enfrentamos en este momento histórico, todas son internacionales, y dos de las internacionales se están formando para hacerlas frente. Una da inicio hoy: la Internacional Progresista. La otra se ha formado bajo el liderazgo de la Casa Blanca de Trump, una Internacional Reaccionaria compuesta por los estados más reaccionarios del mundo.
En el hemisferio occidental, la Internacional Reaccionaria incluye el Brasil de Bolsonaro y algunos otros. En Medio Oriente, los principales miembros son familias dictaduras del Golfo; la dictadura egipcia de al-Sisi, tal vez la más dura en la historia de Egipto; e Israel, que hace tiempo que descartó sus orígenes socialdemócratas y se desplazó lejos a la derecha, el efecto previsto de la prolongada y brutal ocupación. Los acuerdos actuales entre Israel y las dictaduras árabes, que formalizan antiguas relaciones tácitas, son un paso significativo hacia la consolidación de la base de la Internacional Reaccionaria en el Medio Oriente. Los palestinos son pateados en la cara, el destino apropiado para quienes carecen de poder y no se postran a los pies de los amos naturales.
Al este, un candidato natural es la India, donde el Primer Ministro Modi está destruyendo la democracia secular del país y convirtiéndolo en un Estado racista nacionalista hindú, mientras aplasta a Cachemira. El contingente europeo incluye la “democracia iliberal” de Orban en Hungría y elementos similares en otras partes. La Internacional Reaccionaria también tiene un poderoso respaldo en las instituciones económicas mundiales dominantes.
Las dos internacionales abarcan una gran parte del mundo, una a nivel de Estados, la otra al nivel de movimientos populares. Cada una es un representativo prominente de fuerzas sociales mucho más amplias, que tienen imágenes del mundo muy contrapuestas que deberían emerger de la pandemia actual. Una de esas fuerzas está trabajando implacablemente para construir una versión más dura del sistema neoliberal global del cual se han beneficiado enormemente, con medidas de vigilancia y control más intensas. La otra mira hacia adelante a un mundo de justicia y paz, con energías y recursos dirigidos a servir las necesidades humanas en lugar de las demandas de una pequeña minoría. Es una especie de lucha de clases a escala global, con muchas facetas e interacciones complejas.
No es exagerado decir que el destino del experimento humano depende del resultado de esta lucha.
Felicidad, individualismo hedonista y enfermedades mentales en la era pandémica
Por Isaac Enríquez Pérez
Las posibilidades de realización individual y de alcanzar lo que se desea, en su versión contemporánea, se anclan a la ilusión etnocéntrica del progreso y a sus facetas materiales derivadas de un ascenso lineal y meritocrático dado por el trabajo duro en condiciones de supuesta igualdad de oportunidades. Es una aspiración innata en el ser humano, pero no siempre realizable debido a las contradicciones que subyacen en las formas de organizar la vida en las sociedades.
Aunque los deseos de mejora y satisfacción están presentes en la historia de la humanidad, lo específico de la noción de felicidad en los tiempos actuales es que se posiciona como una mercancía rentable relacionada con la prosperidad material y como un instrumento ideológico que, por un lado, justifica los lacerantes sociales derivados del fundamentalismo de mercado y de su régimen de explotación y, por otro, amplía los márgenes del social-conformismo y la despolitización y desciudadanización de la sociedad que evidencia una de las facetas del colapso civilizatorio contemporáneo (https://bit.ly/2OdSmBL). Entonces la esquizofrenia organizacional, institucional y publicitaria hacen del sobredimensionamiento del yo un camino que refuerza la llamada mutación antropológica (https://bit.ly/3v9Zao9). El retraimiento del individuo –su ensimismamiento sin más aliciente que el hedonismo, el «disfrutar el aquí y el ahora» porque lo que resta es la muerte– y la emergencia de una era de las vidas sinsentido refuerzan estas tendencias que penden del único referente dado por el consumismo que deja sin saciedad a los individuos expuestos a la publicidad y al vértigo de la obsolescencia tecnológica programada.
Entonces se asume que la falta de éxito y los problemas sociales no son histórico/estructurales o sistémicos, sino fruto de insuficiencias o deficiencias emocionales que el individuo debe controlar para volver a apostar por ese supuesto éxito relacionado con la mentalidad empresarial. De ahí la correspondencia con la racionalidad tecnocrática que le dio forma al fundamentalismo de mercado de las últimas décadas y al desmonte del Estado como macroestructura institucional capaz de contribuir a la solución de los grandes problemas sociales.
Si el individuo y su familia sufren o experimentan el dolor, es porque son incapaces de sobresalir y de lograr sus aspiraciones que, por lo regular, se encuentran en el territorio del consumo de bienes, servicios y símbolos. La dictadura autoimpuesta del rendimiento conduce a los individuos a desvirtuar la cultura del esfuerzo y a privilegiar la auto-explotación con el único fin de ejercer el ocio o comprar a crédito y vivir para solventar la deuda eterna, en lo que sería un camino de permanente inseguridad, estrés y pérdida de control sobre su patrimonio familiar. Ello genera insatisfacción, desilusión y desamparo, y más en un escenario de incertidumbre, híper-desempleo y de crisis económico/financieras recurrentes.
La falaz psicoterapia de la felicidad funciona como un dispositivo político y de control que erosiona toda capacidad para ejercer el pensamiento crítico. Despojado de la capacidad de pensar desde una perspectiva utópica y emancipadora, el individuo confunde la realización personal con el bienestar social, y se supedita a los cánones del productivismo y la mercadotecnia. La mentalidad de mercader se impone a la del zoon politikón (animal político) que proclamó Aristóteles; en tanto que el homo videns –del que habló Giovanni Sartori)– y el homo digitalis se imponen al homo sapiens.
La salud mental y emocional se reduce a una especie de anestesiamiento permanente en el cual el individuo evade el dolor y el sufrimiento derivado de estructuras de poder, riqueza y dominación que le subordinan y diezman tanto en la praxis económica como en la vida pública y las prácticas culturales. Importa la mentalidad triunfadora, «el sentirse bien y mostrar el máximo de uno mismo», aunque con ello no se repare en la desolación y en la orfandad emocional perpetúa de individuos y familias. El problema no es menor y, sin embargo, es obviado por los Estados y las instituciones.
La pandemia del Covid-19, el confinamiento global y la gran reclusión, tienden a magnificar psicopatologías como las ansiedades, las angustias, la depresión, la soledad, la pérdida de sentido y la vulnerabilidad humana. La tergiversación semántica (https://bit.ly/3l9rJfX) hace suponer que un nuevo agente patógeno causa infinidad de flagelos sociales que supuestamente aparecieron al abrirse la puerta y al caer éstos encima de nosotros. Sin embargo, lo que desafía el coronavirus SARS-CoV-2 no es la salud humana, sino las formas de organización y convivencia a las cuales estuvimos acostumbrados hasta antes de marzo del 2020. Frente a ello, se arguye que el individuo y no la sociedad son los que necesitan transformaciones profundas en medio de la retórica de la nueva normalidad. A los ciudadanos se les destierra del espacio público, pero desde el teletrabajo se afianzan los mecanismos de super-explotación y precarización laboral, al tiempo que se les invade con la argucia ideológica de aprender a adaptarse para sobrevivir.
En otro espacio (https://bit.ly/3mOKtmA) argumentamos que la gran pandemia de la sociedad contemporánea no es la del Covid-19, sino aquella que gira en torno a la enfermedad de la depresión y que como tal se erige en una especie de pandemia silenciosa y encubierta que al somatizarse detona otras enfermedades crónico/degenerativas que devienen en la muerte de los individuos. De igual manera, es altamente probable que la depresión sea la causa de los 800 mil suicidios que anualmente ocurren en el mundo, y ante los cuales se guarda un silencio cómplice desde los mass media y se les atribuye a simples debilidades emocionales. A la industria farmacéutica y a la misma economía criminal les interesa un estado de cosas tal con individuos en condiciones emocionales y mentales frágiles; enfermos o al borde del desahucio, para inocularles drogas legales e ilegales. Para estas industrias no importan los individuos sanos o muertos, sino en una situación de morbilidad permanente y asediados por padecimientos crónico/degenerativos vinculados al estilo de vida a que los somete el modelo del crecimiento económico ilimitado y el síndrome de la felicidad. Y ante ello la emergencia de lo que denominamos como Estado Sanitizante no afianza estrategias ni mecanismos de intervención que prevengan estas situaciones.
Salir de esas corazas que impone el individualismo hedonista, amerita romper con la falaz ideología que subyace en la industria de la felicidad (https://bit.ly/3k9rd1Z) y en la racionalidad tecnocrática. Contribuir a la formación de la cultura ciudadana es un paso imperativo, pero sería una acción inerte si no se modifican a fondo los patrones de producción y consumo y sus consustanciales estructuras de poder, dominación y riqueza que diezman las emociones del individuo.
Isaac Enríquez Pérez, Investigador, escritor y autor del libro La gran reclusión y los vericuetos sociohistóricos del coronavirus. Miedo, dispositivos de poder, tergiversación semántica y escenarios prospectivos.
Fuente de la Información: https://rebelion.org/felicidad-individualismo-hedonista-y-enfermedades-mentales-en-la-era-pandemica/
Amnesty International’s online education portal, Amnesty Human Rights Academy, now offers a curated Teacher’s Guide aimed at educators of students aged 10 and up. Teachers can use this guide to supplement their lesson plans with online courses about human rights, each lasting from 20 minutes to a few hours. Some of the topics covered include an introduction to human rights, freedom of expression, and human rights defenders.
Flipping the classroom
Amnesty International has produced many resources for teachers before, including our Human Rights Friendly Schools framework and a wide range of other toolkits. The Teacher’s Guide, however, is our first global resource based on a flipped classroom approach. In a traditional model, students learn new information in the classroom and later apply that knowledge through homework. The flipped classroom reverses this: Students learn new information independently at home and later apply it through classroom exercises.
The flipped classroom approach isn’t always ideal, but it does have its benefits. Some students that struggle in a formal classroom environment do much better with online courses, where they can proceed at their own pace. Online courses on the Academy don’t require their undivided attention, and they don’t pressure students with time-limited tests. Flipped classrooms also often entail group discussions and joint exercises, so students have greater opportunity for input and participation, and their individual needs are more likely to be addressed. This can also be more stimulating for teachers, because instead of reciting information, they can actively and creatively engage and discuss with their students.
Of course, many teachers already do this, even if they don’t call their approach “flipped classroom”! But fewer are equipped to do this on the subject of human rights, unless it’s directly part of their curriculum. The Teacher’s Guide on the Amnesty Human Rights Academy aims to fill this gap by pointing teachers to our free learning resources on human rights that they can use for their own flipped classroom.
Teaching during a pandemic
The benefits of the flipped classroom approach are even more pronounced in the context of the COVID-19 pandemic. The current situation for schools varies from country to country, and even within countries. But one thing that teachers everywhere now face, in their own unique ways, is the need to adapt.
If a school is physically closed to students, and teachers need to rely on online resources to keep students engaged in learning, the Teacher’s Guide can form the basis of lesson plans for distance learning. Teachers can direct students to take an online course on their own, and later they can follow up with group discussions in a virtual classroom. Learning outcomes are listed at the beginning of each course, so teachers can determine if a course is suitable for their students and for their curriculum.
If your school is physically open to students, the guide is still just as relevant. Instead of taking the learning further in a virtual classroom, teachers can engage students through hands-on classroom activities.
The guide is useful beyond the scope of the pandemic, too. As we look into the future of education, we see necessary pivots and shifts. Online courses will continue to be one of many tools available to educators in all fields, allowing for structured learning regardless of location.
Using the Teacher’s Guide
Maybe you’re a social studies teacher covering indigenous peoples of your country—have your students take the short course on Indigenous Peoples’ Land Rights. If you have younger students and want to address the basics, have students take An Introduction to Human Rights. If your classes are now online and you’re concerned about students’ online safety, introduce them to Digital Security and Human Rights.
The guide is meant to be a starting point, a window into the Amnesty Human Rights Academy and what it can offer to educators interested in human rights. Teachers may find that, after exploring the Academy and the rest of the course catalog, they see other learning opportunities available to their students. Educators often find their own creative solutions!
Las medidas de los gobiernos para proteger a la población del contagio de Covid-19 han sido “insuficientes” y las peores consecuencias de la pandemia sobre los más pobres están por llegar, alertó el experto independiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre pobreza extrema y derechos humanos, Olivier de Schutter.
“Las redes de seguridad social activadas están llenas de agujeros. Las medidas actuales son normalmente a corto plazo, el financiamiento es insuficiente y muchos caerán inevitablemente por los huecos del sistema”, señaló Schutter en un comunicado.
El experto de la ONU agregó que, tomando como referencia los 3.2 dólares diarios para vivir, 176 millones de personas podrían caer en la pobreza por la crisis económica derivada de la pandemia, la cual no tiene precedente en tiempos de paz desde la Gran Depresión de la década de 1930.
Finalmente, criticó que los más pobres quedan excluidos de los programas sociales de ayuda por ser “analfabetos digitales” o no tener acceso a Internet.
fuente e imagen: https://desinformemonos.org/insuficientes-medidas-de-gobiernos-para-proteger-a-la-poblacion-contra-covid-onu/
La respuesta sistémica a la pandemia: ganancias, privilegios, control y represión
«Lo paradójico es que si bien la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 ha expuesto el papel que desempeña el sistema agroalimentario agroindustrial y todo el entramado corporativo enredado con gobiernos y organismos internacionales, en la generación y propagación de enfermedades pandémicas y patógenos letales, es también cierto que desde que comenzó la cuarentena en forma casi global, en América Latina el agronegocio, y otras muchas puntas de la industria y los negocios, no sólo no estuvieron en cuarentena sino que continúan con total impunidad profundizando sus impactos y daños a comunidades y ecosistemas».
Mala voluntad y que mueran quienes tengnan que morir expresan los gobiernos y los organismos internacionales que se arrogan la gestión de esta extraña condición generalizada. Así Europa abrió sin miramientos a las condiciones de su “nueva normalidad”, cuando en América Latina la curva de contagios crecía.
Un sabio yanomami lo dijo al declarar que “el cielo se desploma”, en referencia a las causas de la pandemia que todo el 2020 acumula síntomas, contagios; un arrasamiento a nivel mundial: en la cuenta al 18 de agosto esto significaba casi 22 millones de personas infectadas, y casi 780 mil personas fallecidas.
Son muchos hilos de eventos concatenados que tejen el descarrilamiento actual que atisbamos en un instante, en un cuadro con cifras, pero que no dan cuenta de la complejidad de este “estado de excepción” que declararon pandemia.
La “tormenta perfecta” que desató el brote de Covid-19 tal vez provino del estallamiento de varios tramados que tienen en su centro al sistema capitalista, y su operación industrializante.
Con la destrucción de los bosques y los ecosistemas naturales y el acercamiento de animales silvestres, los entornos donde existen racimos, constelaciones de virus, entraron en contacto con poblaciones animales que conviven más con los humanos. Es la producción industrial de la comida (en particular la carne), el manejo de los desperdicios, el aire, el agua, y el hacinamiento creciente de poblaciones animales y humanas. Hay una semejanza inquietante entre barrios marginales y favelas, por un lado, prisiones públicas y privadas, centros de detención de migrantes, campos de refugiados, hospicios, grandes operaciones agroindustriales con barracas para los peones, por otro, y finalmente las enormes y virulentas granjas fabriles industriales, donde todo tipo de bichos, bacterias, virus, hongos se entrecruzan de modos violentos en las indignas y breves existencias de cerdos, aves y reses. Ahí no existe de ningún modo la convivencia, ni la escala en la que podrían vivir estos organismos en los ambientes naturales donde de por sí coinciden. Son hacinamientos, entornos donde las escalas naturales fueron estalladas, rompiendo las relaciones existentes para imponer unas nuevas que propician mutaciones, exacerbaciones, recrudecimientos, degradaciones.
La crisis se agrava con el enloquecimiento climático, y si el cielo se desploma, dejando en entredicho nuestros sistemas alimentarios, es también por las cadenas de suministro que transmiten la gravedad de las condiciones de un paso al otro, afectando toda nuestra vida.
Lo han estado diciendo infinidad de autores y centros de investigación, entre ellos varios de los que configuran la Alianza Biodiversidad en nuestra América.
El suelo se hunde. Estamos ante la destrucción del entorno y la recurrencia continua de afecciones. Y el mismo sistema capitalista que provocó todo, desmanteló también el Estado de bienestar que en algún momento podría habernos defendido.
Los sistemas de salud mundiales se fueron desmantelando hasta quedar en condiciones deplorables, sustituidas por costosos esquemas de seguro médico que en realidad son estafas y paquetes semi-turísticos para personas que aceptan, sin cuestionar, que su salud haya sido expropiada —y sea gestionada de maneras lastimosas por supuestos expertos en salud que han ido acumulando grandes poderes con el paso de los años. Quienes no pueden pagar la salud “de marca” quedan a merced de lo que el maltrecho presupuesto público pueda destinar al alivio de la inmensa mayoría que construye y mantiene a cada país.
Si existe eso que le llaman la “planta productiva” —los factores que se sinergizan la producción plena de bienes y servicios tales como infraestructura, instalaciones, maquinaria, mano de obra, materias primas, procesos industriales, comunicación, servicios, transportación y cualesquiera se le pueda ocurrir a los gerentes de fábricas y despachos promocionales—, podemos alucinar que existe una “planta destructiva”, una deshabilitación progresiva, despojos por doquier y una devastación expansiva como detonantes de la fuerza acumulativa del capital.
Estamos en el momento en que tal destrucción se extremó por los procesos acumulados que suman su propia entropía, y la crisis culminante es esta semiparalización del mundo.
Aprovechar la indefensión. Lo paradójico es que si bien la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 ha expuesto el papel que desempeña el sistema agroalimentario agroindustrial y todo el entramado corporativo enredado con gobiernos y organismos internacionales, en la generación y propagación de enfermedades pandémicas y patógenos letales, es también cierto que desde que comenzó la cuarentena en forma casi global, en América Latina el agronegocio, y otras muchas puntas de la industria y los negocios, no sólo no estuvieron en cuarentena sino que continúan con total impunidad profundizando sus impactos y daños a comunidades y ecosistemas. En casi todos los países de la región las actividades agroindustriales y de extractivismo fueron exceptuadas de la cuarentena por considerarse en las medidas tomadas como “actividades esenciales”.
El capitalismo, no se mueve de su idea de resolver los problemas promoviendo las mismas causas que los provocaron. Así, gobiernos, empresas y cómplices internacionales siguen pugnando por reformas e imposiciones amenazando la estabilidad de sus propias estructuras: hasta dónde resistirán, habrá que verlo.
Este documento, colectivo, es apenas una miradita de todo lo que recorre las venas abiertas de América Latina. Y lo anotado no agota lo que está ocurriendo.
Estados y corporaciones aprovechan la fragilidad. Nos llega información crítica porque tenemos vínculos con organizaciones y personas en situaciones de conflicto, pero sabemos que la inmensa mayoría de lo difundido proviene de los centros de poder y eso repiten los medios masivos de comunicación. Intentamos un orden que nos sirva para hacer sentido y fortalecer nuestras luchas en cada contexto, en cada situación particular.
Dejemos claro que tras la pandemia y sus causas está el capitalismo, que se reacomoda o evoluciona, pero mantiene sus mismos viejos objetivos que le sirven para seguirse perpetuando: tener ganancias, privilegios, para lo cual exacerba el control y la represión.
No podemos dejar de anotar estos nodos de algidez, siempre teñidos de un chantaje emocional por parte del poder:
1. Promoción a ultranza de ajustes en las políticas públicas, expresada en reformas constitucionales, leyes y normativas. Se reescriben leyes existentes y crean otras que retuercen el sentido de lo que promueven, alegando que defienden algo cuando en realidad recrudecen la indefensión con que el poder somete a los pueblos. Promoción del extractivismo y los megaproyectos como actividades esenciales. Restricciones a la movilidad, pérdida de derechos laborales, creación de nuevos impuestos, privatización de recursos públicos y bienes comunes, obligatoriedad del uso de plataformas digitales para trámites, nuevas oleadas de subsidio a la agroindustria, aumento en las prerrogativas y libertad de acción de los cuerpos represivos, todo respaldado con la nueva legalidad de la pandemia, armados con los nuevos tratados de “libre comercio” en Brasil, Chile, Ecuador, Costa Rica, Honduras y México que potencian la flexibilización ambiental y laboral (que incluye mayor precarización, ausencia de responsabilidad en contratos y despidos) y las Buenas Prácticas Regulatorias que le impiden a los países restringir a las corporaciones. Los TLC fuerzan a los países a registrar, certificar y privatizar sus semillas con derechos de obtentor y patentes. Se apresuran los permisos para transgénicos. En el caso de México se regula la coexistencia entre OGM y maíz nativo. En Perú se termina la moratoria a los OGM, además de que se aprueban muchos nuevos OGMs en Brasil. Aumentan las importaciones de agrotóxicos, obviando procesos. Se eliminan aranceles (maíz, arroz, soya, trigo, bananos y más).
2. Saqueo territorial. La reclasificación de la minería, la extracción petrolera y de toda suerte de fuentes de energía y agua como “actividades esenciales”, acelera el saqueo al agilizar concesiones y licencias ambientales, manifestaciones de impacto ambiental realizadas al vapor o de modo fraudulento, extracción de energías eólica y fotovoltaica, al tiempo que se promueven proyectos turísticos a futuro como gran solución a los problemas de liquidez presente de la pandemia. Los basureros de tóxicos, por un lado, y las contra-reformas agrarias que privatizan la tierra, desembocan en acaparamientos multimodales de diversos territorios, mientras se promueven asociaciones público-privadas y contratos que ponen en garantía las tierras.
3. Aumentó la represión. Los cuerpos policiacos, las guardias nacionales y el ejército salieron a las calles, llegaron a las aulas y a las parcelas de las comunidades, estableciendo que la población, incluso esta población fragilizada y fragmentada, aislada por la pandemia, sea la enemiga.
La violencia de género, en particular contra las mujeres, se intensificó hasta límites nunca vistos en esta cuarentena. Igual que los asesinatos contra quienes defienden los derechos humanos, los territorios y el ambiente, o están contra los megaproyectos y el crimen organizado.
4. Las fronteras del asedio: el Covid-19 sí tiene comportamiento de clase. Hay dos suertes divergentes de las comunidades rurales y originarias. Cuando las comunidades o colectivos mantienen un autoconfinamiento, decidido de manera colectiva y horizontal y existe una organización propia que sustente sus decisiones, la gente se ha logrado mantener más o menos bien, aunque con carencias que buscan resolver, en colectivo. Están sin contagios y se defienden del caos con su producción alimentaria propia y su terapéutica local, su gestión comunitaria de la mitigación, filtros sanitarios y prevención.
Hay otras comunidades que pese a estar aisladas, tienen contagios imparables, y por falta de servicios, los daños a sus poblaciones son aún peores que en las ciudades. ¿Qué explica un destino u otro? Las comunidades rurales (originarias o no) que están profundamente dañadas por la pandemia, comparten un asedio que no es nuevo, y que viene destruyéndoles desde siempre sus recursos para la subsistencia. Son lugares a la orilla de corredores industriales, o en las montañas y bosques acorralados por el extractivismo y las plantaciones. Poblaciones invadidas por megaproyectos y su cinturón de corrupción y giros negros, todo lo que traen los servicios a obreros y obreras que conviven con las poblaciones locales vulnerando sus pocos filtros. Ocurre con pueblos que proveen empleadas y empleados a los servicios de hotelería y restoranes, a los invernaderos industriales, a las empacadoras o maquilas y luego regresan a sus comunidades a que los cuiden, los sanen, los acojan antes de morir, o contagiar. Hay comunidades que sí han logrado establecer filtros sanitarios eficaces y eso fortalece su organización interna, pero las fronteras del asedio a veces son brutales.
5. Promoción de la agricultura industrial. Con la pandemia, los gobiernos no han promovido apoyos para la alimentación de los pueblos (algo muy visible en México, Honduras, Ecuador y Bolivia). En vez de buscar alternativas en la soberanía alimentaria de las comunidades, hay toda una retórica, alimentada por normas que provienen de los TLC, para escindir y marginar la producción independiente y campesina alegando normas de higiene inalcanzables y absurdas.
La permisividad con las grandes corporaciones que promueven que la gente se alimente con comida barata y “chatarra” es responsable del aumento en la obesidad, la diabetes, la hipertensión y como tal propensión a ser víctima de esta pandemia. Mientras, los empresarios del agronegocio se esmeran en lograr más subsidios, más permisos para importar agrotóxicos y ajustar las leyes para evadir su responsabilidad con la salud de los trabajadores.
6. Invasión de las tecnologías digitales. Hay un enorme avance de las tecnologías informáticas y de comunicación (TICs) y otras que dependen de los satélites y frecuencias inalámbricas, que posibilitan el automatizar procesos productivos y comunicativos. Se insiste que con esas tecnologías se puede mantener la “sana distancia” (trasladando el riesgo de contagio a obreros y obreras de plantas fabriles, industria metal-mecánica, minería o petroleras; o a quienes laboran en granjas industriales o invernaderos de cualquier tipo, en cualquier lado, o quienes viven del nuevo oficio de la entrega a domicilio), mientras explotan el tiempo de trabajo desde la casa. Las y los estudiantes tratan de ajustar sus aprendizajes a esas plataformas y se mecanizan labores agrícolas y de procesamiento industrial.
Hay gente que cae en la “trampa digital”. Hay jóvenes, que al imaginar alternativas, sólo quieren inventar nuevos softwares o nuevas aplicaciones, o comunidades aisladas a las que se proponen “derechos digitales” proveídos por las empresas, para lo que se instalan servidores y cableados privados, de las empresas. El “manejo remoto” se promueve como la nueva alternativa verde libre de contagio, y se torna una nueva sumisión global que se cierne sobre todas y todos.
La imposición digital comienza con más concesiones a las empresas de telecomunicaciones y la obligación de volverse digital para facilitar el rastreo de rutas de contagio y acceder a la “protección” de los servicios de salud, del seguro de desempleo, de los créditos para micro-negocios, o para no perder las tierras. El extractivismo de los datos, y todos los otros despojos, se tramitan veloces en línea.
7. Desmantelamiento de servicios públicos. Los colapsos de las redes hospitalarias (y los sistemas de atención a la salud) en nuestros países, las restricciones al comercio local, a los mercaditos, tienditas o puestos callejeros para privilegiar los supermercados “sanitizados”, la falta de equipos de protección a trabajadores esenciales, la ausencia de seguridad para la población, evidencian el adelgazamiento sostenido por décadas de los presupuestos destinados al bienestar general. El aislamiento exacerba la vulnerabilidad y el crimen. Es muy grave que se ponga el acento en la llamada “atención a la salud”: en la intervención como combate a la enfermedad en vez de un abordaje integral donde lo social, lo político, lo nutricional y las condiciones de desigualdad, configuren muchos factores que tendrían que atenderse para lograr una población menos propensa a padecer las vicisitudes de las pandemias.
8. Menosprecio por los esfuerzos independientes. Pese al surgimiento en campo y ciudad de redes de mutualidad y organización comunitaria, de abasto y cuidados, que son independientes y están salvando vidas sin exigir nada a cambio, las autoridades e instituciones no han hecho ningún esfuerzo claro por entablar comunicación y coordinar posibles colaboraciones que potencien los pocos recursos que hay en nuestra región y enfrenten los desastres a la salud y a las economías familiares, locales y nacionales. Lejos de reconocer la gestión autónoma, autoridades, instituciones, líderes de opinión, medios masivos, insisten en enfatizar actitudes de irresponsabilidad y negligencia de “la sociedad”. Mucha gente no puede quedarse en casa porque necesita el sustento diario y mucha otra simplemente no confía en las recomendaciones de una ciencia y un sistema de atención pública que desde siempre desprecian lo campesino, lo artesanal, lo intuitivo, lo tradicional. Culpar a la población por el contagio y la muerte es muy conveniente para aumentar el poder de la policía y otros cuerpos represivos durante las cuarentenas.
El capitalismo no puede asumir los tiempos comunitarios, le urge que las ganancias tengan lugar. Y los Estados no pueden reconocer que hay modos de resolver la vida de los pueblos que no pasan por el negocio que hacen con la salud, la alimentación, la educación, la vivienda.
Siempre pesará más “reactivar la economía”, al costo que sea, antes que fortalecer estrategias autónomas de supervivencia.
No es “descuido” ignorar cómo es que la gente en Perú, Ecuador, Chile o Brasil enfrenta, independiente, la pandemia. Qué significan esos nuevos nichos de mercado para tecnologías, procesos y productos que vienen a “salvarnos”. Además de omitir las alternativas que emergen desde abajo, hay campañas contra la homeopatía, la acupuntura, los remedios caseros y las curaciones ancestrales, contra la misma idea de otra racionalidad, más integral.
Mucho de lo que padecemos surge de campañas institucionales internacionales que desdeñan la prevención, entronizan los tratamientos con fármacos que terminan siendo mercancías que pueden aliviar o tener efectos colaterales que tornan tales drogas en promotoras de afecciones nuevas.
Desde ese pensamiento negado por la institución, nos dice Ariel Guzik, un médico, músico, biólogo, de los virus y del origen de la pandemia: “…el fenómeno en su aspecto biológico me parece menor considerando las circunstancias que lo nutren. Ante el contubernio de fuerzas que lo recrean, acechan y explotan, me parece secundario; veo escrito en su trama un enunciado sobre la ingenuidad humana y su capacidad de sometimiento” [1].
Para Hermann Bellinghausen es crucial la crítica a “la concepción que se tiene de la pandemia”, y de cómo toda la situación se dirime y se dirige, “por la razón de Estado, el costo y beneficio para los mercados, el control represivo, el combate focalizado y medicalizado de un evento biológico que transcurre en diversas dimensiones” [2].
Mucha gente lleva tantos años en la precariedad que de verdad no puede hacer diagnósticos básicos sobre cómo la enfermedad los está atacando, acostumbrados al extremo del dolor físico y existencial infligido por un sistema que sólo quiere vender y lucrar. No es un problema que tengamos exclusivamente en América Latina. Los ajustes legales, con sus nuevos ajustes estructurales, la trampa digital, las fronteras del asedio, desmantelar los servicios públicos, son la respuesta del capital ante la pandemia en todo el planeta.
Brasil
Leyes y decretos por el interés privado. Aprovechando la emergencia decretada por el Congreso Nacional, sin debate público se emitieron decretos y leyes que exacerban la represión oficial, favorecen a las corporaciones y aseguran impunidad por crímenes ambientales, lo que contribuyó a los contagios entre comunidades indígenas y campesinas y afectó la viabilidad de las redes alimentarias no industriales.
Desde febrero quedaron bajo tutela absoluta de las Fuerzas Armadas las políticas de desarrollo para la Amazonia y en mayo se estableció una nueva Garantía de Ley y Orden.
Las actividades corporativas se reclasificaron como actividades esenciales en sendos decretos de marzo y abril, que permiten operar sin medidas de aislamiento los servicios de transporte, almacenamiento, entrega y logística para cualquier carga; la producción, exportación, importación y transporte de insumos, químicos, petroquímicos y plásticos; procesos siderúrgicos y cadenas de producción de aluminio, cerámica y vidrio; beneficiado, comercialización y flujo de minerales; mercados de capitales y seguros, y construcción civil.
Se favorece lo que asegura ganancias como la liberación de 150 nuevos agrotóxicos. El ministerio de Agricultura estableció la protección de las actividades industriales relativas a producir alimentos y bebidas, procesar productos agropecuarios, producir fertilizantes y semillas, fabricar y comercializar maquinaria, mantener ferrovías y avenidas. El Plan Zafra 2020 recibió un aumento de 13 mil 500 millones de reales en relación a 2019, en medio de la mayor crisis económica del país, beneficiando la agricultura en gran escala. Apenas 500 millones de reales se destinaron a la agricultura familiar que produce un 70% de los alimentos para consumo interno, sobre todo vegetales, hortalizas y frutas.
Frigoríficos, focos de infección. El corte de caña de azúcar y el trabajo en frigoríficos son los principales vectores de contagio. Con los altos precios de las commodities y el real a la baja, el sector agropecuario fue el único que creció en los tres primeros meses de 2020. La matanza de aves creció 5%, registrando su mayor volumen en ese periodo. En Río Grande del Sur, 32 frigoríficos tuvieron brotes de coronavirus, 25% del total oficial para ese estado. En Dourados en Mato Grosso del Sur y al oeste de Paraná los municipios más afectados son los más próximos a los mataderos. De los casos de contagio en Dourados 90% está relacionado al frigorífico de JBS, el mayor de América Latina.
Pandemia de violencia. Por la suspensión de la vigilancia y la penalización, la pandemia ha encubierto más deforestación legal en la Amazonia y más negligencia ante los brotes de fuego estacionales, el aumento de las invasiones de tierras públicas y el tráfico de productos forestales y minerales, lo que provoca una explosión de contagios entre los pueblos. Esto ocurre sobre todo en el “arco de la deforestación”, una transición entre Amazonia y el Cerrado en Mato Grosso, Tocantins y Maranhão. La contaminación de las comunidades proviene de los trabajadores de los frigoríficos y de la gente que labora la caña, pues tales comunidades son la reserva de mano de obra regional más barata.
En São Paulo, desde el inicio de la pandemia, la policía asesinó una persona cada seis horas, y las detenciones por crímenes contra mujeres crecieron 51.4%. En Rio Grande del Norte aumentó 34% las lesiones y 54.3% las amenazas contra mujeres mientras los estupros se duplicaron de marzo a abril. En Mato Grosso, los feminicidios aumentaron cinco veces.
Un capitalismo del control digital. El Proyecto de Ley contra la industria de noticias falsas o “fake news”, propone exigir la identificación completa del usuario vinculando su cuenta en redes sociales con su pasaporte y teléfono celular, violando el derecho humano a la privacidad y poniendo a disposición de las corporaciones de las plataformas todos los datos colectados. Organizaciones y movimientos sociales tendrán la obligación de conservar y compartir sus datos con órganos de investigación de seguridad pública. Para evitar los perfiles falsos, se busca obligar a las empresas de telecomunicación a que manden informes periódicos con registros actualizados de los celulares activos, atribuyendo poder policiaco a las corporaciones privadas.
Colombia
El Decreto original. Tras decretar la emergencia por la pandemia de Covid-19, el gobierno emitió otros decretos y normas que facilitan el operar de los agronegocios, certificar semillas, privatizar el agua, empoderar a los patrones y digitalizar a la fuerza.
En marzo se definió la entrega de créditos para el sector agropecuario durante la pandemia, pero menos de 2% de los créditos es para los pequeños agricultores.
– Foto de Alex Naranjo.
En abril se fijó arancel cero a la importación de maíz amarillo, soya y sorgo: una agresión directa a la agricultura nacional disfrazada de combate a los impactos pandémicos. La norma favorece sólo a quienes importan alimentos y materias primas para la producción industrial de animales. Existe una sobreoferta en el mercado global de soya y maíz baratos, por lo que no se justifica que se eliminen los aranceles a la importación de materias primas.
El gremio semillero solicita al gobierno implementar un plan de contingencia que garantice la seguridad alimentaria en medio de la emergencia, “evitando demoras en trámites” para certificar semillas e importar insumos agrícolas. Que los productores registrados puedan comercializar semillas sin cumplir los requisitos de la certificación. Que las empresas puedan auto-certificarse mientras se supera la contingencia. Por supuesto, el sector agroindustrial también pide que sigan aprobando productos derivados de transgénicos para consumo humano.
Privatizar el agua y estandarizar las plataformas digitales. En junio se estableció un subsidio temporal de 12 mil 400 pesos colombianos mensuales a los suscriptores de los acueductos comunitarios rurales, dinero que recibirán como descuento en el cobro del servicio. La norma desconoce que la mayoría de acueductos rurales recaudan los aportes familiares bajo estrategias distintas a la “facturación”; muchos no tienen personería jurídica. Para recibir el subsidio, los beneficiarios deben actualizar su información. Significa empezar a ser vigilado por las autoridades, aceptar nuevas obligaciones y cargas administrativas y económicas que poco comprenden la lógica comunitaria y la realidad rural, como exigir el envío de más de 800 formularios de forma digital.
En el país sólo mil 621 acueductos comunitarios son controlados y vigilados por la autoridad, pero existen 32 mil acueductos veredales que estarían obligados a inscribirse en un régimen de vigilancia, lo que hará que muchos desaparezcan o sean reemplazados por estructuras empresariales o regionales.
Con un decreto de marzo se priorizaron solicitudes de concesión de aguas superficiales y subterráneas para garantizar el suministro de agua potable, buscando reducir los tiempos de autorización a la tercera parte. Las concesiones serán prorrogadas de forma automática por el tiempo que dure la emergencia sanitaria. Se podrán adelantar actividades de prospección y exploración de aguas subterráneas sin permiso, siempre y cuando se cuente con información geoeléctrica del lugar de influencia y el aval de la autoridad ambiental.
Demandas patronales. Unos 25 líderes de los sectores empresariales, comerciales y académicos más importantes del país, escribieron al presidente propuestas para evitar una parálisis de la actividad económica y aliviar los efectos negativos que les causará la pandemia. Exigen flexibilizar y liberalizar el mercado laboral, permitir la contratación por horas; que por seis meses el Estado asuma 100% de los parafiscales y suspenda por un año la obligatoriedad de aportes a las cajas de compensación; aprobar procedimientos abreviados para “temas que hoy frenan el desarrollo” como los trámites de regalías, de consulta previa y licencias ambientales; priorizar las “Zonas de Desarrollo Empresarial” que dinamicen el sector productivo agroindustrial, fortalecer los derechos de propiedad agraria, la seguridad jurídica para atraer inversiones, desarrollar parques tecnológicos y zonas francas agroindustriales. Reducir impuestos y simplificar trámites a todos los sectores de las cadenas de valor y suministro agropecuario y agroindustrial, evitando controles de precios y medidas que obstaculicen su función productiva. Permitir que el mercado funcione con los mayores niveles de libertad posibles, dejando “que los precios transmitan la información necesaria a los productores y consumidores” para evitar los desajustes entre la oferta y demanda.
Los conflictos ambientales y sociales. Hasta el 19 de abril de 2020, fueron asesinados 56 líderes ambientales y sociales. Durante la cuarentena en la Amazonía colombiana se incrementó la deforestación y quema de bosques y se abren carreteras para aumentar la frontera agropecuaria en la selva.
Costa Rica
Fortalecer el agronegocio, las actividades extractivas y debilitar al Estado. Se privatizan las pocas instituciones que todavía hacen fuerte la seguridad social y proveen de recursos. Parecía que se apoyaría la producción real de alimentos contra el monocultivo, pero la intención no duró. Cafetaleros, piñeros, de yuca y otros cultivos repuntan en sus exportaciones en medio de la crisis. Las medidas sanitarias para los operarios del transporte de agroexportaciones en todo el Istmo centroamericano son ferozmente combatidas por los empresarios, igual que en Chile. Los trabajadores migrantes (empacadores que llegan de Nicaragua) están totalmente desprotegidos y sus centros de trabajo son focos de infección. Salen a la luz las condiciones infrahumanas con que les contratan en las productoras y exportadoras de yuca, piña y naranja. Se decretan medidas para liberar el ingreso de agrotóxicos al país (sobre todo de China), como en Argentina.
La ley para la certificación de semillas se discute con premura, como en Colombia y México. Los legisladores defienden la posibilidad de vender los parques nacionales como modo de enfrentar la catástrofe económica y productiva.
Se promueve la privatización total de las instituciones del Estado para obtener en el FMI fondos que ayuden a salir de la crisis. Así, se castigan los salarios, se achican las funciones reguladoras del Estado sobre los bancos, la producción de hidrocarburos y de alimentos.
Desde organismos internacionales llegan análisis contradictorios sobre qué debe hacerse, cuánto debe ser el salario mínimo universal, con empleo o sin él. No hay un consejo claro sobre si debe apoyarse a los informales o no, si fomentar la agricultura local o las cadenas industriales, si ampliar o limitar la definición del trabajo “esencial”.
Honduras
Libre comercio, militarización y extractivismo sin tregua. En la pandemia se dio luz verde al arancel cero para arroz y maíz según el TLC-CAN. Tiro de gracia a los pequeños agricultores, mientras los militares comienzan la ejecución del Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH), que busca la productividad y rentabilidad agrícola. Aumentan su presencia en las calles y en la protección del bosque como pago del ejecutivo a los militares por sostener al gobierno en el poder. Para ejecutar el PDAH se creará una dirección en la jefatura del Estado Mayor Conjunto con una asignación de 3 mil 843 millones de lempiras.
Desde finales de enero y aprovechando la sequía, el gobierno elaboró un paquete para sobrellevar la emergencia alimentaria declarada en 137 municipios, la mayoría del corredor seco. Recomendó represar ríos, importar semillas usar “semillas resilientes” que podrían equivaler a semillas transgénicas, e incrementar los monocultivos. Se otorgaron mecanismos de compra directa, que en Honduras equivalen a corrupción. Se calcula un gasto de 200 millones de lempiras para dar asistencia a pequeños productores agrícolas mediante un bono de seguridad productiva: fertilizantes, semillas mejoradas y venenos.
El discurso de la seguridad alimentaria, revolcado. A sabiendas que la alimentación elemental de la población hondureña se sustenta en el maíz y el frijol, producidos por unas 300 mil familias campesinas, ahora el régimen —que privilegia los cultivos para la industria y la exportación, que posterga al olvido la producción para el consumo interno—, nos viene a hablar de soberanía alimentaria y nos dice, queriendo insultar la inteligencia del pueblo, que tal producción estará garantizada a través de los ricos terratenientes quienes ahora sí se han convencido que lo importante es producir para adentro y no para sus negocios de afuera.
Para tal efecto el régimen creó un programa que logre “el ordenamiento, registro y trazabilidad de las unidades de producción nacional de alimentos y la categorización de los productores nacionales y extranjeros”. Se rumora que es una estrategia para que los terratenientes se apropien de la tierra recuperada a los narcotraficantes que fueron extraditados a EUA.
Despojo en línea. La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente anunció que tramitan en línea las solicitudes y renovaciones de licencias ambientales, para no detener la operatividad del comercio y las empresas durante la emergencia. Se entregan al por mayor frecuencias de banda ancha a multinacionales de comunicación (Tigo y Claro). Desde luego no son concesiones para radioemisoras o prestadores de servicio de internet comunitarios, sino para las compañías multinacionales de telefonía celular que acaparan el mercado nacional.
Honduras basurero de desechos tóxicos. El congreso aprobó un decreto, el 16 de junio, para permitir la introducción de baterías usadas de plomo, convirtiendo Honduras en basurero tóxico, argumentando que los fondos obtenidos servirán para atender la crisis del Covid-19. Y como se restringieron, por la pandemia, las garantías constitucionales, las organizaciones ambientales no pueden articularse para oponerse a la iniciativa.
Argentina
El cambio de gobierno demoró la catástrofe. Debido a la entrada del nuevo régimen la pandemia se ha afrontado de modo bastante racional y sin los efectos devastadores que ha tenido en otros países.
Pero Argentina comparte con el resto del Cono Sur la facilitación del uso de agrotóxicos.Con tres acuerdos de complementación económica que se pusieron en vigencia en el Mercosur, se aprobó la reducción de aranceles intrazona para importar insumos y así fabricar herbicidas y fibras sintéticas. En cuanto a los herbicidas, los acuerdos abarcan los compuestos químicos empleados para fabricar plaguicidas y herbicidas, todo lo necesario para elaborar glifosato y 2,4 D.
Una furiosa reacción de la derecha empantanó la intervención y expropiación que el gobierno había iniciado sobre la procesadora y exportadora de granos Vicentin (asociada a Glencore) que entró en quiebra, tras endeudarse con el Estado por millones de dólares fugar estas divisas del país.
Es alarmante: las fumigaciones agrotóxicas continúan durante la cuarentena. El 31 de marzo más de cien organizaciones argentinas denunciaron que siguen fumigaciones en Santiago del Estero, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos o Chaco, en las zonas de producción de commodities. En Argentina cada año se liberan unos 500 millones de kilos/litros de agrotóxicos en miles de formulados comerciales y con principios activos prohibidos en buena parte del mundo sin control alguno, e incumpliendo la ley.
Matar el bosque. En plena cuarentena, el desmonte no cesa y uno de los bosques más conservados del Gran Chaco continuó su desmonte en 8 mil hectáreas de la Estancia La Fidelidad. Greenpeace denunció que en el norte del país se desmontaron casi 10 mil hectáreas desde que comenzó el aislamiento en Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa.
Paraguay
La contingencia ha sido el pretexto para modificar el presupuesto del Estado y endeudar al país con mil 600 millones de dólares, 500 millones de dólares más que su gasto en Salud.
Como en Costa Rica, el “achicamiento del Estado” se coloca en la opinión pública como salida a la crisis, en medio de la angustia y las restricciones a las libertades públicas durante el aislamiento social. Argumentando la pandemia, el gobierno insiste en la necesidad de una reforma estatal que reestructure lo fiscal, lo administrativo, el funcionamiento de sus instituciones; que impulse un servicio civil meritocrático y un sistema de salud “integrado” y con un “servicio de calidad”; un nuevo sistema de jubilaciones y pensiones.
En su lanzamiento contó con gremios empresariales, muchos vinculados a los agronegocios, alegando que lo público se relaciona con corrupción y despilfarro del dinero de los contribuyentes. Por eso proponen el achicamiento del Estado.
En mayo se presentó un proyecto de ley para que los fondos de jubilaciones y pensiones del Instituto de Previsión Social se puedan usar para inversiones financieras. Tras una movilización sindical, el proyecto fue retirado. También está impugnado el proyecto del Servicio Civil. Varias centrales sindicales, organizaciones y partidos han realizado caravanas de rechazo. La movilización ha tenido gran repercusión, aunque el gobierno sigue moviendo su piezas para avanzar en el cuestionado proyecto, buscando crear confusión y desinformación.
México
Reactivar la economía aunque se reactive la muerte. El gobierno ha realizado medidas más o menos adecuadas para enfrentar la pandemia, pero levantó el confinamiento por la apertura de Europa. Desde ese momento se duplicaron los decesos.
Muchas comunidades han asumido su propia protección y se han autoconfinado. Se preparan para enfrentar un periodo difícil de alimentación y supervivencia, pues el ciclo anterior hubo sequía y poca producción. Así, buscan una buena cosecha este año, reactivar sus intercambios y comercios locales.
Sin embargo, el gobierno está activando normativas más restrictivas para la gente y que abran margen de acción a las corporaciones.
Desde que comenzó la pandemia, los megaproyectos avanzan con celeridad por “el delicado balance” entre detener el virus y activar la economía. Insisten en echar adelante devastaciones y acaparamientos como los llamados Tren Maya y el Corredor Transístmico, que no sólo profundizan la polémica sobre estos reordenamientos territoriales masivos sino que afloran la corrupción en los Manifiestos de Impacto Ambiental y en la indignidad con que tratan a los pueblos.
La minería y la industria automotriz se declararon esenciales en la contingencia. Son ramos industriales que invaden, contaminan, fragmentan y despojan a los pueblos originarios de agua. Se declararon esenciales las operaciones financieras y las ventas irrestrictas de las grandes cadenas de supermercados, mientras se castiga a los mercaditos al aire libre que son sustento popular desde antes de la Conquista y que aseguran el abasto de productos frescos directos de las parcelas.
Pandemia y chantaje. Alegan los empresarios agrícolas que la producción se desplomará 40% si persiste la prohibición de importar glifosato (la prohibición existente es muy tibia). Alegan que se pone en riesgo la seguridad alimentaria y que será inevitable un alza de productos básicos. Al cierre de esta edición, el conflicto por el glifosato provoca jaloneos en el gabinete y todo indica que no podrá prohibirse en este sexenio. El programa Sembrando Vida, un programa seudo-agroforestal, se utiliza como disuasivo y promotor de divisiones comunales al otorgar compensaciones individuales, si desoyen sus asambleas y obedecen a sus instructores en un país eminentemente comunitario.
La llamada Ley de Fomento y Protección del Maíz, aprobada al vapor al iniciar la pandemia, en los hechos no protege ni fomenta pero sí establece la armonización que exige el omnipresente T-MEC entre EUA, Canadá y México. La ley regula la coexistencia de los OGM con cualquier tipo de cultivo (algo tan anhelado por las transnacionales), acota la producción con maíz nativo a reservas puntuales, suplanta la representación de los pueblos en sus derechos. Además los empresarios de la comida “chatarra” amenazan la norma que obliga a poner etiquetas de alarma en comestibles ultraprocesados, diciendo que si bajan sus ventas de alimentos-basura se podrían perder muchos empleos.
Trump amenaza todos los días con deportaciones masivas de trabajadores mexicanos. En junio las remesas fueron muy copiosas tal vez buscando asegurar el bienestar de sus familias durante la crisis. Es claro que el dinero que con indescriptibles sacrificios mandan los migrantes mexicanos es tal vez el verdadero “motor de la economía mexicana”.
Lo terrible es el genocidio y la guerra abierta contra los pueblos, encabezados por las empresas extractivistas que miran a la gente como un estorbo. La más reciente matanza en la comunidad ikood de San Mateo del Mar, en la costa de Oaxaca, donde quemaron a varias de las 15 personas asesinadas sin que la Guardia Nacional interviniera, es escandaloso y desnuda la verdadera cara de este gobierno.
Ecuador
En Ecuador “el Estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional” estableció en primerísimo lugar que “seguirá funcionando toda la cadena de exportaciones, la industria agrícola y ganadera”. Así, los obreros de las plantaciones (bananeras, de palma, piscinas camaroneras, planteles florícolas y muchos más) deben continuar con sus labores, como si el país no estuviera bajo emergencia sanitaria, y con riesgo de contraer Covid-19, sin protección especial alguna. La industria cervecera se privilegia y se impulsa la agricultura por contrato de monocultivos de cebada; se sanciona duramente a los campesinos que quieren vender sus productos, cerrando los mercados pequeños al aire libre. Se eximen de regulación fitosanitaria frutas y hortalizas importadas argumentando que hay que asegurar el abasto.
– Foto de Viviana Sánchez-Prada.
El internet se impone para todo tipo de trámite, a sabiendas de la poca infraestructura de cableado que tienen los territorios campesinos.
En plena emergencia, se sustituyó el reglamento ambiental de las operaciones hidrocarburíferas, por uno más laxo y expedito. Así, se llevan a cabo actividades prohibidas como que los mineros incursionen en zonas que gozan de medidas cautelares en el norte de Esmeraldas, de madereros furtivos en la Zona Intangible de Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario.
En abril se rompieron dos oleoductos que sacan petróleo y transportan combustible de la Amazonía a la Costa del Pacífico, dejando sin acceso al agua a miles de personas en la cuenca del río contaminado. Hubo tres derrames de crudo y una explosión de gas en Shushufindi, un derrame de sustancias químicas en Pacayacu, sin que se hayan tomado medidas de reparación integral, alegando que hay emergencia.
Una reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público está en proceso, para que facilite los despidos de empleados, y un procedimiento de revisión y aprobación de contratos de Inversión que profundiza la flexibilización laboral.
Está por entrar en vigencia el TLC con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), que ampliará las actividades de los agronegocio, la dependencia tecnológica y las obligaciones con empresas vinculadas al extractivismo. Un decreto presidencial obliga a gobiernos locales a levantar las restricciones al transporte de minerales, y el Estado de Excepción del 16 de marzo excluye de las restricciones de movilidad, a los denominados sectores estratégicos, incluidas las mineras. El protocolo de corredores logísticos y estratégicos, establece que la circulación de las empresas tendrá resguardo militar y policial.
Chile
Militarización, extractivismo y Libre comercio. La militarización invadió calles y aulas. Los militares salieron de sus cuarteles. Se dieron poderes al presidente para no requerir la aprobación del Congreso. Mediante decreto, autorizó al ministerio de Defensa y de Educación para imponer instrucción militar en las escuelas, comenzando por el jardín infantil. Así se busca naturalizar la militarización. Castigan con cárcel el no respeto a la cuarentena, aun cuando una mayoría no tiene condiciones para quedarse en casa y sobrevivir así.
Hay otras leyes que agreden gravemente derechos y libertades básicas. Las leyes laborales se ajustaron para quitarle toda responsabilidad a los empleadores frente a los despidos y frente a la condiciones laborales en la crisis sanitaria, y entonces no les importa proteger a los operadores. La minería y las plantas procesadoras de alimentos se volvieron centros de infección y en general el sector patronal (y el Estado) se niegan a asegurar un ingreso mínimo garantizado que con eficacia cubra las necesidades para sobrevivir la pandemia.
Avanza el extractivismo mientras el gobierno somete a la población. Se eliminaron las evaluaciones de impacto ambiental, se acelera el otorgamiento de derechos de agua, pesca, acuicultura y prospección minera, incluso en zonas protegidas. Se aprovecha para encarcelar y/o mantener en la cárcel a líderes sociales. En general se culpa a la población del desastre que enfrenta el país. Presentan el libre comercio cual tabla salvadora irrenunciable: traen campaña para aprobar TPP-11 y el nuevo TLC con la Unión Europea como parte de lo necesario para superar la crisis. Promueven nuevas concesiones al capital transnacional como parte “imprescindible” de la recuperación económica: buscan aprobar cultivos transgénicos por presión directa de Estados Unidos.
Uruguay
El neoliberalismose revitaliza. La pandemia ha servido para flexibilizar aún más el trabajo mientras se criminaliza el disenso. No se decretó cuarentena obligatoria pero se exhorta al distanciamiento social con suspensión de clases en todos los niveles (ahora ya retomadas) y la exhortación al teletrabajo. La situación sanitaria parece controlada, con muy pocos casos activos y totales. Sin embargo, aumentaron las tarifas de servicios públicos como parte del ajuste neoliberal del nuevo gobierno de derecha. Aunque se aprobaron exoneraciones y préstamos a empresas pequeñas y medianas, se rechazó gravar al capital porque sería “amputar la posibilidad de los que van a hacer fuerza en la salida de la crisis”. Las ayudas monetarias y en especie que se distribuyen son insuficientes.
Las medidas tomadas han afectado la actividad económica y ello repercute en quienes laboran independientes, en condiciones de informalidad y precariedad, un 25% del total de ocupados, que dependen de su empleo diario para sus ingresos. La enorme mayoría de quienes conservan su empleo ya volvieron a trabajar presencialmente.
La decisión de no ir a una cuarentena obligatoria equivale a empobrecer a las clases bajas, media y media baja en el cortísimo plazo, pues la obligatoriedad haría imprescindible implementar un ingreso básico o subsidio que garantizara el acceso a las necesidades básicas.
Mas el gobierno priorizó ahorrar recursos en gastos sociales manteniendo una sub-actividad económica que empobrecerá a una parte importante de la población, pues ya era condenada por la propia sociedad y el gobierno por no quedarse en casa, aunque mucha gente deba salir a buscar que comer.
Reforma del Estado y ajuste neoliberal.En plena pandemia y como parte de la restauración neoliberal, el gobierno presentó al parlamento un proyecto de ley de Urgente Consideración buscando reformar el marco normativo del Estado, de modo que se reduzca su carácter social, su responsabilidad como garante de derechos, ampliando su función represiva y su carácter corporativo. Se busca privatizar y mercantilizar la educación pública, se ataca la movilización, la participación social, el desarrollo de la agricultura familiar, la soberanía alimentaria, la defensa de la biodiversidad y la prioridad del bien común sobre los intereses particulares.
He aquí algunas consideraciones adicionales
1. El despojo se recrudeció. Para toda la región podemos concluir que los procesos de despojo que venían ocurriendo no se detuvieron con la pandemia, se echaron a andar nuevos con argumentación Covid-19. El capitalismo más desnudo “perdió sus buenas maneras” y esto explica porqué es generalizada la desprotección de los pueblos por parte de los Estados y el casi odio de las empresas a sus empleados en el momento más álgido de la crisis. En su estado superlativo, el capital enfurecido por no perder su tasa de ganancia, promueve abiertamente militarización y fascismo, despojo y devastación.
2. Aumentan las restricciones. Se activan políticas y policías sanitarias para restringir la circulación de productos campesinos, con el debido respaldo de nuevas políticas públicas que proliferan en normativas, leyes, estándares y tratados y convenios.
3. El trabajo asalariado se extremó, por juntar los cuidados para la subsistencia con la producción de plusvalía en el mismo espacio; o porque desapareció su fuente de ingreso y hay que inventar más auto-explotación para conseguir bienes vitales.
4. Tenemos que hallar una narrativa que nos ayude a ver la importancia crucial de lo cotidiano, y detonar las propias alternativas. Pero tenemos claro que no habrá forma de evitar que se vayan muchas vidas, no habrá un ¡YA BASTA! sin que haya mucha muerte. Faltan muchos matices por describir y explicar.
5. “Si no cambiamos, no tiene sentido haber sobrevivido a la pandemia”, dijo un periodista peruano.
6. Requerimos combatir las narraciones que nos roban el sentido de lo que ha sido la pandemia: cómo se definen los sectores estratégicos, llamados esenciales, dónde termina el confinamiento para evitar el contagio y comienza una zozobra permanente que es como el paréntesis entre la pandemia y otra nueva zona de crisis (viral, de crisis climática o de hambrunas o sequías extremas).
7. Es urgente transformar el sistema productivo controlado por grandes corporaciones y reformular un sistema alimentario popular orientado a la soberanía alimentaria, produciendo sin destruir los ecosistemas ni el clima.
8. Garanticemos el derecho a una alimentación saludable para todos los pueblos del mundo.
9. Impulsemos resolver lo que más nos importa por nuestros propios medios, imaginativos, comunitarios y respetuosos.
Notas:
[1] Ariel Guzik, “La húmeda virtud del llanto”, Instituto 17, https://diecisiete.org/expediente/la-humeda-virtud-del-llanto/
[2] Hermann Bellinghausen, “No es el virus”, La Jornada, 27 de julio de 2020.
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Fuente e imagen: Biodiversidad, sustento y culturas #105
Al menos un tercio de los niños en edad escolar no tuvieron acceso a clases virtuales u otro tipo de aprendizaje remoto a través de la televisión o la radio cuando el COVID-19 cerró sus escuelas, asegura un nuevo informe del Fondo de la ONU para la Infancia.
“Para al menos 463 millones de niños cuyas escuelas cerraron, no existía el aprendizaje a distancia. La gran cantidad de niños cuya educación se vio completamente interrumpida durante meses es una emergencia educativa mundial. Las repercusiones podrían sentirse en las economías y sociedades durante las próximas décadas”, explicó la directora de UNICEF, Henrietta Fore.
En el punto máximo de cierres de escuelas a nivel nacional y local, casi 1500 millones de estudiantes se vieron afectados. El informeAccesibilidad del aprendizaje remoto describe las limitaciones de esta herramienta y expone profundas desigualdades en el acceso.
El informe destaca una desigualdad significativa entre regiones. Los más afectados son los escolares del África subsahariana, donde el aprendizaje a distancia no llega a la mitad de todos los estudiantes.
En América Latina y el Caribe, como mínimo 13 millones de niños no pueden acceder al aprendizaje remoto; en África, 121 millones; en Asia oriental y el Pacífico, 80 millones; en Oriente Medio, 37 millones; y en Europa del este Asia Central, 25 millones.
Los más vulnerables son los que tienen menos acceso
Los estudiantes de los hogares más pobres y los que viven en áreas rurales son los más propensos a perder su educación durante los cierres, expresa el informe.
A nivel mundial, el 72% de los escolares que no pueden acceder al aprendizaje a distancia viven en los hogares más pobres de sus países. En los países de ingresos medio altos, los alumnos de los hogares más pobres representan hasta un 86% de los estudiantes que no pueden acceder al aprendizaje a distancia. A nivel mundial, tres cuartas partes de los escolares sin acceso viven en zonas rurales.
El informe también señala diferentes tasas de acceso entre los grupos de edad, y es más probable que los estudiantes más jóvenes se pierdan el aprendizaje remoto durante sus años más críticos de aprendizaje y desarrollo.
Por ejemplo, no tienen acceso alrededor del 70% de los escolares en edad preescolar (120 millones de niños), en gran parte debido a los desafíos y las limitaciones del aprendizaje en línea para los niños pequeños, la falta de programas de aprendizaje a distancia para esta categoría de educación y la falta de recursos en el hogar para aprendizaje remoto.
Asimismo, un 29% de los niños de educación primaria (217 millones de estudiantes) no tienen acceso a este tipo de clases, así como al menos alrededor del 24% de los alumnos de secundaria inferior (78 millones de estudiantes) no fueron atendidos.
Los niños y jóvenes en la escuela secundaria superior son los que tienen menos probabilidades de perder su educación, pero aún así al menos un 18% (48 millones de niños en edad escolar) no tienen los recursos tecnológicos para acceder al aprendizaje a distancia.
UNICEF instó a los gobiernos a priorizar la reapertura segura de las escuelas cuando comiencen a levantar las restricciones de los cierres por el COVID-19.
Cuando la reapertura no sea posible, UNICEF insta a los gobiernos a incorporar el aprendizaje compensatorio por el tiempo de instrucción perdido en la continuidad escolar y los planes de reapertura.
Además, las políticas y prácticas de apertura escolar deben incluir la ampliación del acceso a la educación, incluido el aprendizaje a distancia, especialmente para los grupos marginados. Los sistemas educativos también deben adaptarse y construirse para resistir crisis futuras, asegura el Fondo.
Como parte de su campaña Reimagine que tiene como objetivo evitar que la pandemia de COVID-19 agrave una crisis duradera para los niños, especialmente los más pobres y vulnerables, UNICEF pide una inversión urgente para cerrar la brecha digital, llegar a todos los niños con el aprendizaje remoto y, lo más crítico, priorizar la reapertura segura de escuelas.
Según la ONU, al menos 45 migrantes, entre ellos cinco niños, provenientes de Senegal, Malí, Chad y Ghana, murieron ante las costas de Libia a principios de esta semana, en el peor naufragio en lo que va de 2020.
Sólo en las últimas horas, las noticias llegaron desde España (cinco migrantes procedentes de África murieron al intentar alcanzar Canarias, dos días después de descubrirse 15 cadáveres a bordo de otra embarcación en Tenerife), de Italia (barcaza atestada, a la deriva, hallada en las proximidades de Siracusa) y de Francia (dos migrantes sudaneses, uno muerto y otro en grave estado, rescatados frente a una playa norteña de Sangatte). Justo este viernes, llegó a Francia un primer grupo de 16 chicos sin familia, de los 350 que irán desde Grecia, sobre un total de 1600 que están en esas condiciones, según un convenio de la UE. A la vez, en Atenas, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, negó rotundamente las repetidas acusaciones que afirman que cientos de migrantes que piden asilo son devueltos al mar.
Sólo en la costa italiana, vía el Mediterráneo como por Tirreno, en los últimos meses ingresaron cientos de migrantes: una situación que se complicó por las medidas relacionadas con la crisis sanitaria por la Covid-19. Las autoridades reconocieron que, si bien las cifras se redujeron en el primer semestre de este año, sólo disimuló un flagelo que se evidencia en el siguiente dato: en los últimos diez meses, aumentó un 150% el arribo de africanos, la mayoría llegados desde Túnez, lo que llevó al canciller Luigi Di Maio, a una urgente reunión con el presidente tunecino, Kais Saied, en la que le trasmitió: “No hay más espacio para inmigrantes ilegales en Italia”.
Según la ONU, al menos 45 migrantes, entre ellos cinco niños, provenientes de Senegal, Malí, Chad y Ghana, murieron ante las costas de Libia a principios de esta semana, en el peor naufragio en lo que va de 2020. El peor, pero no el único. Luego de este episodio, el organismo instó a los gobiernos de la UE a reforzar de forma «urgente» los rescates en el Mediterráneo.
Europa recibió a más 110 mil inmigrantes y refugiados en 2019. Las cifras de este 2020 todavía están muy lejos de las del año pasado. Pero la propia ONU asegura que más de 300 son los muertos oficiales, aunque advierten de que la cifra sería «mucho mayor», ya que está basada únicamente en estimaciones y en relatos de los supervivientes. En el mismo sentido, aseguran que más de 10 mil migrantes y refugiados fueron devueltos a puertos africanos, especialmente a Libia. Incluso, hace pocas horas, la Cruz Roja advirtió que la situación de los campamentos de refugiados sigue siendo crítica y que los rebrotes de coronavirus complican aún más el tema. Da como ejemplo lo sucedido en la localidad española de Tunte, en plana Islas Canarias: los residentes intentaron impedir la llegada de 71 migrantes subsaharianos que arribaon a la isla en un lanchón muy rudimentario, lo que provocó que se vivieran momentos de alta tensión, que resolvieron las fuerzas de seguridad Europa recibió a más 110 mil inmigrantes y refugiados en 2019. Las cifras de este 2020 todavía están muy lejos de las del año pasado. Pero la propia ONU asegura que más de 300 son los muertos oficiales, aunque advierten de que la cifra sería «mucho mayor», ya que está basada únicamente en estimaciones y en relatos de los supervivientes. En el mismo sentido, aseguran que más de 10 mil migrantes y refugiados fueron devueltos a puertos africanos, especialmente a Libia. Incluso, hace pocas horas, la Cruz Roja advirtió que la situación de los campamentos de refugiados sigue siendo crítica y que los rebrotes de coronavirus complican aún más el tema. Da como ejemplo lo sucedido en la localidad española de Tunte, en plana Islas Canarias: los residentes intentaron impedir la llegada de 71 migrantes subsaharianos que arribaron a la isla en un lanchón muy rudimentario, lo que provocó que se vivieran momentos de alta tensión, que resolvieron las fuerzas de seguridad.
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© UNICEF/Nahom TesfayeUn niño en Etiopía atiende a clase a través de la radio debido al cierre de las escuelas por el COVID-19.
© UNICEF/Ahmed MostafaUn salón de clases es desinfectado en Egipto, cuando las escuelas se preparan para reabrir durante la pandemia.
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