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América del sur/Uruguay/07 Noviembre 2019/El país

Acuerdo entre los partidos de la oposición les daría voz, pero no capacidad de decidir.

El Codicen todavía no fijó el calendario lectivo 2020. Apenas se especula que las clases comenzarán el 2 de marzo, porque el día anterior es domingo y habrá cambio de mando, y que hay una iniciativa para que las vacaciones de julio inicien el 6 de ese mes. Pero ante tanta vacilación y a falta de pocas semanas para que terminen los cursos, existe una certeza: el que viene será un año de conflictividad.

Sucede cada vez que está en juego el proyecto de Presupuesto quinquenal, mucho más en épocas de vacas flacas. Pero no es el dinero lo que, a priori, está haciendo reaccionar de manera anticipada a los sindicatos de la educación, sino las propuestas (acuerdos) de la coalición opositora.

“Expresamos nuestra preocupación (sobre) la pérdida de autonomía (de la ANEP)”, reza un comunicado que difundió ayer la Federación Uruguaya de Magisterio. En concreto, el sindicato de maestros pide mayor información sobre los cambios de gobernanza de la educación, esos que plantea el preacuerdo de la coalición, y los cambios de estatuto.

El líder de la coalición, el Partido Nacional, proponía en su programa de gobierno la eliminación de la representación docente de la ANEP. Eso había despertado en su momento la reacción de los consejeros electos por los trabajadores y ahora encendió el “alerta” en los sindicatos.

La ley de Educación vigente, aquella aprobada en el año 2008, plantea que cada consejo desconcentrado cuente con la representación docente en voz y voto. Se trata de una práctica que en Secundaria venía extendida desde la ley de 1935 y que el cogobierno de la Universidad de la República la maneja desde 1958.

La Federación Nacional de Enseñanza Secundaria (Fenapes) dará una conferencia en la mañana de hoy para “alertar a los trabajadores del retroceso que implican las medidas de este borrador de la oposición”, adelantó el dirigente sindical Javier Iglesias.

“La quita de autonomía y de representación docente de la ANEP es un acto de demagogia, de represión, es una limitación de la libertad de cátedra y se asemeja, demasiado, a las políticas que lleva Jair Bolsonaro en Brasil”, explicó el integrante de Fenapes. Eso sí: “la única medida que hará hasta el momento la Fenapes es alertar, porque no se pueden tomar medidas ante algo que aún no existe, que es un borrador”.

El Partido Colorado discrepa con la quita de la representación docente. Hasta el momento, Ernesto Talvi pudo matizar la postura nacionalista exigiendo que los maestros y profesores tuviesen voz. Su excompañero de fórmula, Robert Silva, había sido consejero del Codicen votado por los docentes. Su caso, a entender de los colorados, evidencia que “los docentes son conocedores y fundamentales en el sistema, además de servir de contralor”.

Pablo Mieres, del Partido Independiente, también está afín de mantener la representación del colectivo docente. “Entendemos que no es bueno el exceso de corporativismo en la conducción de la educación, pero también entendemos que no hay que comprarse líos innecesarios”, resumió el expresidenciable.

Según el último censo docente, la ANEP cuenta con 53.000 docentes. Casi la tercera parte de ellos trabaja en la educación Inicial y Primaria. Por eso la Federación Uruguaya de Magisterio enfatiza, en su comunicado: “Es fundamental profundizar en los detalles de las modificaciones planteadas de cara a un eventual gobierno de la coalición opositora, superando los posicionamientos genéricos sobre un tema tan sensible para las comunidades educativas y en consecuencia para el conjunto de la sociedad”.

Esto incluye, según dirigentes del sindicato, conocer aquellos puntos vinculados a la educación que Luis Lacalle Pou quiere incluir en la ley de urgente consideración.