En los últimos años, Cuba ha tenido una creciente participación en los Congresos de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA por sus siglas en inglés), con sede en Estados Unidos. Esta vez, a tenor del recrudecimiento de las medidas de aislamiento del gobierno estadounidense contra la Isla, han sido numerosas las trabas interpuestas para demorar, e incluso impedir, la participación de los académicos cubanos en la cita.
Por ese motivo el investigador social y profesor universitario Rafael Emilio Cervantes Martínez hizo pública este jueves una declaración de denuncia de la negación de visado a académicos cubanos, cuyas ponencias habían sido aprobadas para participar en el Congreso LASA 2019, que comenzó este viernes en Boston.
Se trata de una nueva maniobra de la actual administración que pretende obstaculizar los intercambios académicos y culturales entre las dos naciones.
Durante su intervención, Cervantes Martínez, quien también es miembro de la sección Cuba-LASA, señaló que solo el 12 por ciento, de los más de 200 académicos cubanos que aplicaron para obtener visa estadounidense y participar en la actual edición, fueron admitidos.
Aclaró que ante la imposibilidad de realizar en La Habana el trámite de visa, los investigadores han tenido que hacer las gestiones en oficinas consulares de los Estados Unidos en terceros países, lo que impide el acceso a dicha cita a reconocidos académicos, especialistas en diversos temas, artistas y educadores.
Precisó que fueron 541 las ponencias aprobadas por los decisores de LASA para ser presentadas en la ciudad sede del evento, Boston, Massachusetts, y un porcentaje considerable de los autores son residentes en Cuba.
A partir de esas condiciones, solo 24 investigadores residentes en la Isla lograrán llegar mediante la visa académica, a los que se suman los que ya la tenían por diversos motivos.
A otros investigadores y académicos cubanos pertenecientes a organizaciones e instituciones como la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la Asociación Hermanos Saíz, el Centro de Estudios sobre la Juventud y el Centro de Estudios de la Economía Cubana les fue imposibilitada la participación.
El viceministro de Cultura, Fernando León Jacomino, añadió que desde su ministerio se apoyó a unos 84 intelectuales en los trámites para el visado, pero que solo 18 lograron obtenerlo, lo que evidencia el interés explícito de los EE.UU. por impedir que los cubanos vayan a mostrar su verdad en este magno evento.
Hizo énfasis además en que, por cada investigador al que se le concedió la visa académica, nueve se quedaron en la Isla sin poder asistir.
Precisamente la cita tiene como referente el ensayo Nuestra América, escrito por el Apóstol cubano José Martí. En ese sentido la directora del Centro de Estudios Martianos, Ana Sánchez Collazo, destacó: “Esto creo que es una demostración más del temor que tienen de que se escuche realmente el pensamiento de nuestro Apóstol por investigadores que defienden los verdaderos sentimientos de este pueblo”.
Comentó que seis investigadores de reconocido prestigio, como Pedro Pablo Rodríguez, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas, y el doctor en Ciencias Históricas Ibrahim Hidalgo Paz, se vieron limitados de llegar hasta Boston, y que la escasa participación cubana impedirá la realización efectiva de una LASA que mirará la obra del Maestro.
Este hecho despertó el rechazo de varios participantes en el evento, quienes hicieron pública una resolución de emergencia, al tiempo que en las palabras de bienvenida la presidenta de la Asociación, Lynn Stephen, señaló que dado el difícil clima político actual este será el último encuentro que se realizará en los Estados Unidos por algún tiempo.
LASA 2019 se realizará el venidero 27 de mayo y su programa abordará temas como los desafíos de la disparidad social, económica, racial, étnica, de género, sexual y de otro tipo, la necesidad de promover soluciones creativas para superarla, y la importancia de la escolaridad, el activismo y la política.
Los gremios del magisterio expresaron que por retaliación política a 500 docentes les suspendieron el salario tras participar en actividades de protesta convocadas por los sindicatos.
La dirigente sindical nacional del Colegio de Profesores, Raquel Figueroa, denunció que a 500 maestros en Caracas tienen suspensión de salario desde enero. “La razón es más que todo política, lo dicen de boca los directores. ‘Porque usted fue a protestar’, así lo dicen. O si el maestro es un líder que pide reivindicaciones salariales, el director lo ficha y lo sacan de nómina”, dijo Figueroa.
Vanessa Hernández —nombre cambiado para proteger la identidad— es docente con 24 años de servicio en una escuela pública en El Paraíso. Desde el 25 de abril está sin cobrar.
En febrero le levantaron tres actas por supuestamente faltar en enero durante cinco días a la institución. “En abril cuando fui a buscar el voucher me preguntan si estoy jubilada porque aparezco en el sistema con un egreso por abandono de cargo”, cuenta Hernández. Se dirigió a Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación, allí le muestran el acta.
Hernández acudió a la escuela para pedir copias de la hoja de asistencia y comprobar que no se ausentó los días que señala el acta. No descarta que por participar en las acciones de protesta convocadas por el Sindicato Venezolano de Maestro de Distrito Capital (Sivema), le hayan suspendido el salario. En enero asistió a una reunión de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) y en marzo a una actividad gremial llamada “La toma de Caricuao”.
“Sinvema nos entrega las respectivas constancias por asistir a las actividades y con eso respaldamos nuestra ausencia en la escuela”, expresa Hernández. Sostiene que en ocasiones llega tarde al plantel ante la falta de transporte. Aunque vive cerca, padece de lumbago y debe evitar largas caminatas.
El lunes en la zona educativa le dijeron que ya aparece en sistema y que podrá cobrar el 10 de junio.
Edgar Machado, presidente de Sinvema en Caracas, tiene otros 14 casos. Este martes atendieron 10 más.
Según Figueroa, en Sucre son 56 casos de suspensión de salarios. También hay reportes de Lara, Barinas, Anzoátegui, Zulia y Táchira. Cuenta que la semana pasada los sindicatos y federaciones se reunieron con asuntos gremiales en el Ministerio de Educación para entregar las incidencias de los casos recogidos.
“El patrono negó ante la representación del Magisterio que hayan dado la orientación a la zona educativa de una suspensión del salario”, señaló Figueroa.
En enero los docentes se declararon en asambleas permanentes para exigir mejoras salariales y el cumplimiento de la contratación colectiva.
Sin derecho a la defensa
Belkis Bolívar, secretaria nacional de contratación y conflicto de la Federación Venezolana de Maestros, denunció que estos docentes no tuvieron derecho a la defensa ni al debido proceso.
Explica que el procedimiento está establecido en el Reglamento para el Ejercicio de la Profesión Docente. Cuando el maestro se ausenta el director puede amonestar verbalmente, después tiene que hacerlo de manera escrita. La persona tiene 15 días para justificar el motivo de la inasistencia.
Si hay lugar para una presunta comisión de falta, se inicia la investigación disciplinaria, que no significa que todavía es un procedimiento administrativo. Esta investigación, que dura 30 días, debe ser informada al docente. Si hay méritos suficientes, se inicia el procedimiento disciplinario.
En todo momento el maestro debe tener la oportunidad de presentar sus alegatos, puede ser asistido por un abogado. Si corresponde, se establece la sanción. “Ninguno de estos pasos se cumplieron”, destaca Bolívar.
La periodista narra el modelo de educación especializada que le ofrecieron en EEUU.
Pilar García de la Granja tiene dos hijos, María y Pepe, quien con casi cinco años se despertó de un día para otro sin poder articular palabra. “Pepe se encuentra ahora estupendamente” Desde que el pequeño volvió a España considera que es el paraíso porque “le encanta el fútbol y se pasa todo el día jugando”
Pepe tiene el síndrome de Landau-Kleffner, una epilepsia refractaria. “Cuando se van a dormir estos niños tienen como decenas o cientos de ataques epilépticos de baja intensidad” ello provoca que el cerebro se quede con todo aquello que se ha ido adquiriendo a lo largo del día. “Como no se fijan los conocimientos adquiridos, van desaprendiendo”
Cuando conocieron el diagnóstico afirma que se esperaban cualquier cosa menos eso. Una enfermedad rara que no que según decían no tenía tratamiento. “Hubo quien dijo que se olvidaría de respirar” Pero Pilar se puso en marcha para ver dónde había alguien que le podía ayudar. Se pudo trasladar a trabajar a Nueva York y afirma que “hay mucha gente buena que ayuda”
Una vez en Nueva York Pilar llamó al pediatra de Pepe que quisiera hacerse cargo del tratamiento de Pepe. Le dijeron que tenía que llevar a su hijo al colegio en el distrito 75. Una serie de colegios públicos que están especializados por patologías. “La constitución americana dice que los niños tienen derecho a una educación que se adapte a sus necesidades ”
García de la Granja afirma que todas estas facilidades se deben a que en Estados Unidos las ayudas públicas acaban a los 18 años, por lo tanto “la mayor parte de niños que consigan sacar adelante, invierten el máximo de sus recursos desde pequeños”. El colegio al que decidieron ir estaban coordinados los profesores, con los terapeutas, con los médicos y con los científicos.
Todo esto afirma que se da en colegios públicos. Hay mucha gente que se pregunta cómo es posible, y es debido a que siempre revertimos las mismas cosas sobre Estados Unidos que son falsas. “En el distrito 75 los padres no pagan nada” Añade además que existe el sistema de ‘cheque escolar’ si tu hijo está más afectado que el resto. En base a los ingresos de los padres el Ayuntamiento de Nueva York “te financia o el 100% del colegio o el 80% del colegio”
Respecto a la propuesta de hace unos meses del gobierno de suprimir los colegios de educación especial afirma que no se lo podía creer. “Para tener una inclusión efectiva hay que darle herramientas a estos niños” Los niños tienen “derecho a que la educación pública de calidad les eduque” Otro de los problemas que comenta es que la educación especializada “está estigmatizada en España”
En las veinticuatro horas previas a su desaparición, Tina Fontaine, una joven de 15 años originaria de la primera nación sagkeeng de Canadá, fue vista por trabajadores sociales provinciales, oficiales de la policía y funcionarios de salud.
Luego fue encontrada muerta. Su cuerpo fue tirado en el río Rojo de Manitoba, envuelto en una bolsa de plástico y una cobija con once kilogramos de piedras para hundirlo.
“Canadá y el sistema le fallaron por completo a Tina”, dijo Thelma Favel, su tía abuela y quien la crió, hace poco desde su hogar en Powerview, un pueblo cerca del lago Winnipeg y de la reserva indígena de los sagkeeng. “¿Por qué están muriendo tantas de nuestras niñas?”.
Es una pregunta que se han estado haciendo muchas personas en Canadá.
La muerte de Tina en 2014, así como la exoneración del hombre blanco acusado de matarla, fue una de las muchas muertes y desapariciones de mujeres y niñas indígenas que han conmocionado a los canadienses en los últimos años. La creciente violencia de este tipo hizo que hace tres años el primer ministro Justin Trudeau iniciara una investigación nacional con un presupuesto de 54 millones de dólares, con la promesa de identificar las causas de la situación.
Durante la investigación se han escuchado los testimonios de casi 1500 familias de personas que fueron víctimas y de sobrevivientes en audiencias en todo el país, que en ocasiones fueron muy emotivas, como parte de la promesa que hizo Trudeau para superar lo que definió como décadas de “humillación, descuido y abusos” de las poblaciones indígenas canadienses —llamadas primeras naciones— y para promover la reconciliación.
Los hallazgos serán hechos públicos este lunes 3 de junio y la comisionada jefe, la jueza indígena Marion Buller, indicó recientemente que las conclusiones incluirían recomendaciones para que los homicidios de mujeres de las primeras naciones automáticamente sean atendidas como asesinatos de primer grado. También se espera que le exijan resultados a las autoridades policiales.
Sin embargo, algunos activistas y defensores de personas indígenas comentan que, sin importar las buenas intenciones, la investigación ha estado marcada por la falta de transparencia y una mala comunicación con las familias de las mujeres asesinadas o desaparecidas.
“Justin Trudeau intenta que se vea con anteojos de color rosa un capítulo muy oscuro de la historia canadiense”, dijo Kim O’Bomsawin, cineasta indígena que hizo el documental Quiet Killing, el cual examina la violencia hacia las integrantes de las primeras naciones. “Esto solo se trata de más palabras”.
Aun así y antes de que sea hecha pública, la investigación ha puesto al país frente a la hora de la verdad en este tema.
Un memorial en honor a Tina en la orilla del río Rojo en Winnipeg, donde fue encontrado su cuerpo en 2014CreditAaron Vincent Elkaim para The New York Times
Entre los casos recientes que han renovado la atención en el tema está el de Cindy Gladue, trabajadora sexual indígena de 36 años y madre de tres hijos quien se desangró hasta morir en una tina de motel en Edmonton en junio de 2011: el hombre acusado de su asesinato, Bradley Barton, un conductor de tractocamiones de Ontario, fue exculpado en el juicio por un jurado de personas blancas.
Los defensores de los derechos humanos dicen que Gladue fue deshumanizada durante el juicio, a tal punto que entre la evidencia presentaron su pelvis, conservada en formol.
Después de que la Corte de Apelaciones de Alberta ordenó rehacer el juicio en 2017, Barton apeló esa decisión ante la Corte Suprema de Canadá, que estableció el 24 de mayo que sí debe ser repetido el proceso, con cargos de homicidio culposo. El magistrado Michael Molddaver escribió que el sistema de justicia penal había traicionado a Gladue.
Los expertos dicen que la violencia contra niñas y mujeres indígenas está muy arraigada en la historia canadiense.
De la década de 1870 a 1996, Canadá forzó a miles de niños de primeras naciones a acudir a escuelas residenciales donde se pretendía suprimir sus lenguajes y su cultura. Muchos fueron abusados física, sexual y mentalmente.
El trauma de esos antecedentes ha contribuido, según expertos, a que personas de las primeras naciones registren tasas consistentemente altas de pobreza, abuso de narcóticos, alcoholismo, violencia doméstica y suicidio.
Cindy Blackstock, profesora de asistencia social en la Universidad McGill quien también dirige la Sociedad de Cuidados de Infantes y Familias de las Primeras Naciones de Canadá, dijo que hay varios otros problemas, como un financiamiento crónicamente bajo de los servicios sociales para niñas y mujeres vulnerables, así como falta de oportunidades educativas.
La violencia no ha dado tregua.
Las niñas y mujeres de las primeras naciones suman el 4 por cientode la población femenina de Canadá, pero representan el 16 por ciento de todos los homicidios de mujeres, de acuerdo con estadísticas del gobierno.
Entre 1980 y 2012, alrededor de 1181 mujeres indígenas fueron asesinadas o desaparecidas en todo Canadá, según un reporte de la Policía Real Montada publicado en 2014.
Esa cifra no ha hecho más que aumentar. Patricia Hajdu, quien fue ministra para las Mujeres, estima que el número podría ser tan alto como 4000 personas, pues muchos casos no son reportados. La policía estima que un 10 por ciento de todas las mujeres desaparecidas en Canadá son de las primeras naciones.
El centro indígena Circle of Life Thunderbird House, ubicado en el corazón de WinnipegCreditAaron Vincent Elkaim para The New York Times
Winnipeg, cuyo nombre se deriva de las palabras del pueblo cree para “agua turbia”, tiene la población indígena más grande de Canadá.
Ahí es donde alguien puso fin a la vida de Tina Fontaine.
En muchos sentidos, su historia es reflejo del ciclo de violencia que afecta a las comunidades indígenas. Su abuelo paterno fue enviado a una escuela residencial y se volvió alcohólico. Su madre, quien fue tutelada por el Estado desde niña, se involucró en el trabajo sexual.
Favel, la tía abuela de Tina, dijo que la joven había sido “condenada antes de nacer”. Su madre tenía 12 años cuando empezó a salir con su padre, que tenía 23 en ese entonces. Después de que se desmoronó su relación caótica y de que el padre de Tina fue diagnosticado de cáncer, Tina y su hermana Sarah fueron a vivir con Favel.
Contó que Tina era una niña feliz con un futuro que parecía prometedor. Le gustaban las matemáticas y la danza, al igual que las series de televisión sobre delitos y unidades de investigación policial. Tina quería ser trabajadora social.
Cuando tenía 12 años, el padre de Tina —con un pronóstico de cuatro meses de vida— fue golpeado hasta morir en medio de una discusión con dos hombres por un pago de 60 dólares.
En el duelo, Tina empezó a faltar a la escuela, a fumar marihuana y a autolesionarse. Se hizo un tatuaje con dos alas de ángel y el nombre de su padre en la espalda. Se desmoronó cuando le pidieron que escribiera una declaración sobre el impacto de la pérdida de su padre para el juicio contra quienes lo mataron.
“Se la pasaba haciendo bola el papel para escribirlo y no pudo”, recordó Favel. En su sala de estar cuelga una pintura de Tina, delgada y de ojos cafés grandes.
En junio de 2014, Tina dejó la casa de Favel y se fue a Winnipeg, a unos 120 kilómetros de distancia, para visitar a su madre. Favel le dio 50 dólares y una tarjeta telefónica de prepago; le dijo que le llamara en cuanto quisiera regresar a casa. Nunca llegó esa llamada.
En vez de eso, dijo Favel, la joven le envío a su hermana unas fotografías por mensaje que mostraban golpes en el ojo; Tina le comentó a Sarah que su madre, quien era trabajadora sexual, la había golpeado. Cuando se enteró, Favel dijo que contactó a tres agencias de asistencia familiar en la provincia de Manitoba; estas terminaron peleándose sobre a quién le correspondía atender el caso.
Después, Tina fue llevada por los servicios sociales para menores a algunos moteles locales hasta que se escapó. Empezó a vivir en la calle de la zona pobre, al norte de Winnipeg.
Se levantó un reporte de alerta ámbar con la policía de Winnipeg. Y en dos ocasiones el 1 de agosto de 2014 fue rechazada en albergues gestionados por la ciudad, según un reporte de marzo hecho por la organización social de monitoreo Manitoba Advocate for Children and Youth. El reporte hizo notar que quedó vulnerable a la explotación sexual.
El 8 de agosto, la policía de Winnipeg detuvo a un camión en el que Tina iba con un hombre alcoholizado. Las autoridades permitieron que la joven se fuera, a pesar de la alerta ámbar.
Más tarde, ese mismo día, fue encontrada inconsciente en un callejón. Fue hospitalizada y detectaron que había consumido drogas; le dijo a una trabajadora social que había estado con un hombre mayor que usaba drogas, que identificó como Sebastian. Luego fue dada de alta y trasladada a un hotel Best Western en el centro de Winnipeg por personas del Servicio para Familias y Niños.
El reporte de Manitoba Advocate hizo notar que la unidad sobre abuso infantil de la Policía de Winnipeg debería haber intervenido. En vez de eso, Tina pudo dejar el hotel sin supervisión.
El hotel en el que funcionarios del Servicio para Familias y Niños dejaron a Tina Fontaine, en 2014, después de que había sido hospitalizada.CreditAaron Vincent Elkaim para The New York Times
Después de que encontraron su cuerpo, la policía arrestó a Sebastian, el hombre que ella había identificado en el hospital y cuyo nombre verdadero es Raymond Cormier. Él tenía 92 condenas previas de cargos como ataque con un arma y posesión de drogas.
La policía hizo una operación encubierta para grabarlo en su casa. Los fiscales dijeron que ese audio demostraba que él intentó tener sexo con Tina y que se enojó cuando se dio cuenta de que ella tenía 15 años.
“Puse la raya y por eso terminó muerta”, se escucha en los audios.
Pero la autopsia no determinó la causa de muerte y no hubo evidencia de abuso sexual ni pruebas forenses que vincularan a Cormier. En febrero de 2018, el hombre fue exculpado de homicidio en segundo grado, lo que desató la furia en el país.
Hoy en día, algunos visitantes del río Rojo le rinden homenaje a Tina en un memorial improvisado hecho de rosas y fotografías que fue levantado en el puerto donde encontraron el cuerpo.
Su legado también se hace sentir de otras maneras.
Después de su muerte, voluntarios acuden con regularidad al río Rojo para dragar, en caso de que haya más cuerpos de niñas y mujeres indígenas asesinadas o desaparecidas.
Una tarjeta fue puesta hace poco en el memorial de Tina, ubicado cerca de donde encontraron su cuerpo. La tarjeta dice: «A la bella durmiente».CreditAaron Vincent Elkaim para The New York Times
El informe del Senda indica que uno de cada dos jóvenes declara haber consumido marihuana en el último año.
Este lunes se dieron a conocer los resultados del Primer Estudio de Consumo de Sustancias en Educación Superior, realizado por el SENDA y aplicada a estudiantes de 15 casas de estudio de nuestro país durante el año 2018.
Las cifras muestran que uno de cada dos jóvenes universitarios, de centros de formación técnica e institutos profesionales (50,4%) declaran haber consumido marihuana en el último año y el 33,1% lo hizo en el último mes, mientras que dos de cada tres estudiantes (68%) dice haber consumido alcohol en el último mes, de ellos el 68,1% dice haberse embriagado al menos en una ocasión.
Estos resultados reflejan que los estudiantes de Educación Superior duplican el consumo de sustancias respecto a lo que muestra la encuesta de Senda en Población Escolar 2017. Para el director nacional de SENDA, Carlos Charme, “la situación de consumo de drogas en escolares ya nos había puesto en alerta, pero la realidad entre estudiantes de educación superior nos muestra que estamos frente un problema aún más grave. Acá no sólo se trata de la salud mental de nuestros jóvenes de entre 18 y 25 años, este estudio refleja que el consumo de drogas también los está afectando”.
Sobre el consumo de otras drogas, el 10,3% de los jóvenes declaran consumir hachis, el 4,9% cocaína, el 0,5% pasta base y el 5,2% tranquilizantes sin receta médica, como clonazepam, amprazolam o ravotril.
Respecto a la percepción de riesgo, el estudio reveló que sólo uno de cada tres jóvenes de educación superior (28,5%) cree que es altamente riesgoso consumir marihuana frecuentemente. Para Charme el fenómeno es claro,“tenemos una generación que reportó altos índices de consumo de drogas en edad escolar a partir de 2011 y que son quienes declaran aún más altos índices de consumo en su etapa de formación profesional. Acá observamos que los discursos sobre la marihuana no son inocuos, esta es la prueba más contundente de que se ha normalizando el consumo de esta sustancia”.
Las casas de estudio que participaron de esta encuesta aplicada según cuestionario y metodología de la CICAD-OEA, son el Instituto Profesional virginio Gómez de Biobío, la Universidad Austral de Puerto Montt, la Universidad del Biobío, la Universidad Federico Santa María, la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Centro de Formación Técnica ProAndes del Biobío, la Universidad del Desarrollo del Biobío, la Universidad de Concepción, la Universidad del Aconcagua de Puerto Montt, La Universidad de Antofagasta, el ENAC, la Universidad San Sebastián y la Universidad de Chile. En total participaron de este estudio más de 8 mil 500 jóvenes que representan una población de 141 mil estudiantes de educación superior.
Ser mujer y vivir en México se convirtió en un riesgo constante, ya que son asesinadadas siete mujeres al día y las denuncias por acoso aumentaron 433%.
El delito aumentó 433% en denuncias, desde el 2014 al 2017, en la Ciudad de México, contando averiguaciones previas y carpetas de investigación; el delito se encuentra penado hasta con tres años de prisión en la capital, indicó la PGJ.
El Código penal local define el acoso sexual como la solicitud de “favores sexuales para sí o para una tercera persona o que realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad”.
Voces apagadas
“Una vez en el metro un tipo me nalgueó, mi reacción fue voltear y reclamarle. Un policía vio, fuimos al MP, ahí, el licenciado me dijo que no procedía la denuncia porque era mayor de edad, porque no me había tocado más de tres veces y no me había causado daño psicológico. Lo único que pasó fue que el tipo quedó con una falta administrativa, que podía pagar con mil 800 pesos o 72 horas de arresto. Fue en vano denunciar, ya que no me brindaron la ayuda que yo esperaba”, indicó Angélica “N” víctima de acoso sexual en el metro Río de los Remedios.
Según datos de la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 41% de las mujeres ha experimentado violencia sexual.
“Tome un Uber, al subirme el conductor me vio las piernas de una manera vulgar, muchas personas me criticaron el por qué no me baje del taxi, eran las cuatro de la mañana, no podía bajarme, todo el camino el conductor me iba viendo de una manera muy pervertida y acelerando el carro, haciéndome sentir insegura, excediendo los límites de velocidad, reporté al sujeto, días después me marcaron de soporte Uber”, indicó Giovanna “N” para 24 HORAS.
Giovanna aseguró no querer demandar debido a la incompetencia de las autoridades
“Aquí en México las autoridades no hacen nada, hay de por medio una sacadera de dinero, me tengo que esperar a que alguien me golpee, a que lo tenga grabado en video, a que no le haya tocado ni un solo pelo, porque si no me va peor a mi, para que apenas puedan tomarme en cuenta, para que cuando denuncie me pregunten, ¿tienes marcas?, ¿te golpeó? “, declaró Giovanna.
En los informes de la PGJ, el índice de denuncias diarias fue de 0.5 en 2017 , mayo registró 29, siendo el mes que registró más denuncias, le siguen enero y abril con 20 cada uno. A diferencia del 2015, año en que se levantó una carpeta de investigación.
El Código Penal Federal en el artículo 259 Bis, establece que el acusado será multado de seis meses a dos años de prisión.
Por otro lado Mónica “N” afirmó que sufrió violencia física por parte de su ex pareja.
“Mi ex me acosaba, me chantajeaba, llegó conmigo a los golpes, hasta que estuvo a punto de matarme, no sé qué hubiera pasado si mis padres y mis amigos no se hubieran dado cuenta.”
En 2017 datos de INMUJERES arrojan que 63% de las mujeres de 15 años o más han sufrido algún tipo de violencia durante su vida. Más de 392 mil mujeres de 15 años y más, casadas o unidas, han sufrido violencia extrema (su pareja atentó contra su vida o usó su fuerza física para obligarla a tener relaciones sexuales).
Thalia Lizbeth Monroy Lugo, directora de información de INMUJERES, platicó en exclusiva para 24 HORAS, recomendó a las mujeres que sufran de algún tipo de violencia o acoso, denunciar en el Ministerio Público de la alcaldía donde se haya sufrido la agresión, en caso de no ser atendida, pidió a las víctimas denunciar en INMUJERES.
El palestino Salama Rajab, de 14 años, que abandonó la escuela en Gaza a principios del año pasado para ganar dinero y ayudar a su familia, desconoce que la ley palestina le prohíbe trabajar a su edad.
Salama da a Efe un nombre falso para empezar a contar su historia prematura en el mercado laboral irregular, donde trabaja una media de doce horas al día, junto al semáforo de la calle Omar al Mukhtar, limpiando lunas y capós por un shéquel israelí (25 céntimos de euro), que no siempre le dan.
«Soy el mayor de mi familia y mi padre tuvo un accidente de trabajo hace cinco años y está incapacitado», cuenta Rajab. «¿Qué puedo hacer? Si no trabajo, mis hermanos y hermanas se morirán de hambre», lamenta.
El menor, de piel oscura, mira a su alrededor con miedo a que sus compañeros de escuela, parientes o vecinos lo vean, mientras cuenta que gana unos 20 shéquels al día, alrededor de 5 euros.
Rajab no es el único. Miles de niños en Gaza están empleados ilegalmente debido a las altas tasas de pobreza, que superan el 50 %, según un informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) publicado la semana pasada.
La población menor de 18 años representa el 45 % en los territorios palestinos y unos 645.000 niños viven en condiciones precarias, la mayoría de ellos en la Franja, estancada por doce años de bloqueo israelí y la división política interna palestina.
La Oficina Central de Estadísticas Palestina (PCBS) contabiliza 2,2 millones de menores en Palestina, cerca de la mitad de los cuales viven en Gaza.
Según los expertos, el comercio, los restaurantes y hoteles son los principales empleadores de niños de entre 10 y 17 años en Cisjordania y en el enclave costero, con aproximadamente un 38 % en el primer territorio y un 43 % en el segundo, seguidos de la minería, canteras y manufactura en Cisjordania, donde ronda el 24 %.
En Gaza, el agrícola fue el segundo sector con hasta el 23 % de menores trabajando, según explicó a Efe el psicoterapeuta Fadel Abu Hein, quien alerta de «las duras condiciones de vida como resultado de la difícil situación económica».
«Una de las razones que han hecho que el fenómeno crezca y se expanda es que muchos niños están influenciados por otros que abandonaron las escuelas y empezaron a trabajar para ganarse la vida», valora.
Además, la situación económica de familias con un alto número de hijos presiona a los niños a trabajar desde temprana edad para satisfacer las necesidades, con el cabeza de familia a menudo desempleado.
Según las autoridades, aproximadamente 4.840 de 372.600 niños de entre 10 y 17 años trabajaban a tiempo completo en Gaza el pasado año, y otros 1.490 lo hacían mientras estudiaban.
En cifras oficiales, el 2 % de los menores de la Franja estaban empleados en 2018, pero se estima un mayor porcentaje ya que el trabajo infantil se oculta, según un informe de la PCBS. En datos de UNICEF, el trabajo infantil alcanzaba el 6 % en los territorios palestinos en 2017.
«Creo que una vida normal es lo que ayuda a una salida normal de todas las dificultades que sufren los niños, sobre todo cuando pueden disfrutar de derechos como la salud y la educación», resalta Abu Hein.
Ayman Batniji, portavoz de las fuerzas policiales del movimiento islamista Hamás, que controla el enclave, cree que este problema «está relacionado con las leyes vigentes, que son válidas, pero no están activas ni funcionan».
«La policía de Gaza interviene en caso de que los empleadores violen los derechos de los trabajadores, incluidos los niños, independientemente de si están empleados legal o ilegalmente», asegura Batniji.
«Si el niño está empleado ilegalmente, ¿cómo se va a atrever a ir a la policía a quejarse? Lo dudo», plantea.
Mientras tanto, Nidal Ghaben, el director del Centro para la Democracia y los Derechos de los Trabajadores en Gaza, detecta que «cada vez que aumentan las tasas de desempleo, el trabajo infantil aumenta automáticamente, simplemente porque los padres desempleados aceptan enviar a sus hijos a trabajar».
Para él, «solo creando trabajos para adultos se reducirá la tasa de trabajo infantil, y eso empieza por terminar con el bloqueo israelí y la división interna entre Hamás y (el partido nacionalista) Al Fatah», zanja.
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