Noticia
Agresiones sexuales en las escuelas son una amenaza persistente dice organismo canadiense
América del norte/Canadá/06 Junio 2019/Fuente: Radio Canadá Internacional
El Centro Canadiense de Protección de la Infancia, un organismo de beneficencia nacional que hace el censo de los casos de agresión y de explotación sexual de niños en Canadá, afirma que el problema de maestros que agreden niños en Canadá está lejos de haber sido solucionado.
Según investigaciones actualmente en curso de este organismo con sede en Winnipeg, Manitoba, 108 casos alegados o confirmados de agresión sexual se llevaron a cabo en escuelas o cursos en los últimos 17 meses. Lo cual representa un nuevo caso por semana y se inscribe en la tendencia de los últimos 20 años. “Si estas cifras no demuestran que existe un problema, no sé qué podría hacerlo porque son datos reales”, dice Noni Classen, directora de la Educación en el Centro.
(Foto: Facebook del Centro Canadiense de Protección de la Infancia)
Entre los 108 casos más recientes desde el primero de enero 2018, encontramos 36 condenas criminales y procesos disciplinarios. La mayoría de los otros casos están en espera de ser estudiados por un tribunal.
Entre 1997 y 2017, el Centro Canadiense de Protección de la Infancia censó unos 1300 casos confirmados o alegados de agresión sexual por un miembro del personal escolar en Canadá. Por otra parte, la directora de la Educación del organismo dice que el porcentaje de falsas acusaciones por parte de los alumnos es muy bajo.
Noni Classen recorre el país y colabora con las escuelas, consejos y comisiones escolares para formar a los maestros, representantes sindicales y administradores sociales para que sepan qué es lo que deben vigilar, cómo prevenir los abusos y cuándo y cómo intervenir.
Camille Williams-Taylor, Directora de Educación en el Consejo Escolar Ottawa-Carleton. (Foto: Radio-Canada/Julie Ireton/CBC)
Por otra parte, una reciente investigación realizada por la CBC, el servicio inglés de Radio Canadá, esclareció varios casos de agresión sexual cometidas por 3 profesores de una escuela secundaria de Ottawa.
Desde entonces, el consejo escolar en la mira de esta investigación comenzó a trabajar con Noni Classen y el Centro Canadiense de Protección de la Infancia, para desarrollar cursos de formación, hacer evaluaciones y establecer protocolos de comunicación entre las direcciones, los profesores y los representantes sindicales.
Fuente: http://www.rcinet.ca/es/2019/06/04/agresiones-sexuales-en-las-escuelas-son-una-amenaza-persistente-dice-organismo-canadiense/
La ‘guerra fría’ entre China y Estados Unidos se muda a las universidades
Asia/China/06 Junio 2019/Fuente: Semana
360.000 estudiantes chinos en Estados Unidos están quedando atrapados en el fuego cruzado en la guerra comercial entre Washington y Pekín. El país norteamericano les está cerrando las puertas por temor al espionaje económico.
Este lunes, China pidió a sus ciudadanos evaluar más cuidadosamente «los riesgos» de irse a estudiar a Estados Unidos.
En un comunicado público, el gigante asiático mencionó una serie de dificultades para los aplicantes chinos a una visa de estudio, como los mayores plazos en la tramitación los visados, la reducción de su período de validez y un aumento en la tasa de rechazos.
Asimismo, el ministerio de Educación chino instó a los a los estudiantes universitarios que aspiran a estudiar en universidades de Estados Unidos a «ser conscientes de la necesidad de tomar mayores precauciones y hacer todos los preparativos adecuados».
El comunicado surge en plena guerra comercial con la administración de Donald Trump, meses después de que el director del FBI, Christopher Wray, asegurara que Pekín ha estado usando estudiantes graduados e investigadores académicos en su labor de espionaje económico.
«China ha sido pionera (…) en el robo en (sectores de) innovación, en una amplia gama de universidades, empresas y organizaciones», aseguró Wray. “Creo que el sector académico debe ser mucho más avanzado y consciente sobre este problema, para que otros exploten su ambiente abierto y colaborativo de investigación”, agregó.
Por esta razón, la administración de Donald Trump hizo cambios en los requisitos de visado de estudio para los ciudadanos chinos, como limitar el periodo de la visa de de cinco años a solo uno para ciertos estudiantes de áreas tecnológicas.
Otras autoridades y legisladores estadounidenses ya habían expresado su preocupación ante el hecho de que estudiantes y académicos chinos pudieran ser utilizados con fines de espionaje por el gobierno comunista chino.
A mediados de mayo, el Partido Republicano presentó una propuesta de ley en el Congreso que prohibiría a cualquier persona vinculada con el ejército chino obtener un visado de estudiante o de investigador.
Estas decisiones podrían afectar a unos 360.000 estudiantes chinos que estudian en universidades estadounidenses y que contribuyen, según datos citados por la agencia de prensa china Xinhua, con 14.000 millones de dólares a la economía de Estados Unidos.
«Esto no solo golpea a todos los chinos que estudian en Estados Unidos, sino también a los que ya terminaron con éxito sus estudios», subrayó en el comunicado publicado por el Ministerio de Educación de China en su página web.
El New York Times reportó en abril que el gobierno le ha cancelado la visa a varios investigadores de ascendencia china sin ningún motivo aparente, más allá de las sospechas de robo de información en ciencia y tecnología.
Al menos 30 profesores, expertos y directores de institutos académicos chinos han perdido su visa en el último año por las investigaciones de contrainteligencia del FBI.
La respuesta de la academia
La mayoría de universidades han respondido positivamente ante el llamado a cooperar con el FBI para prevenir los presuntos actos de espionaje.
“Las universidades debemos ser parte de la solución”, dijo Peter McPherson, presidente de la Asociación de Universidades Públicas al medio especializado Times Higher Education. “Es un asunto complicado, pero un gran número de nuestras universidades en todo el país están en conversaciones constantes con las oficinas regionales del FBI”.
En los últimos años, al menos 10 universidades estadounidenses cerraron su sede del Instituto Confucio, una entidad sin ánimo de lucro que promueve la lengua y la cultura chinas en otros países y es financiado por Pekín.
Sin embargo, también ha habido rechazo de la comunidad académica, especialmente la sinoestadounidense, que siente las medidas del FBI como una cacería de brujas en su contra.
“En las últimas décadas ha habido varios casos de científicos sinoestadounidenses erróneamente acusados de espionaje. Aunque luego retiran los cargos, dichas demandas tienen un efecto devastador, no solo en sus carreras sino en la comunidad de científicos chinos en general”, escribió un grupo de científicos de origen chino en una carta abierta publicada en marzo en la revista Science.
Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/estados-unidos-le-cierra-las-puertas-a-los-estudiantes-chinos/618350
Hondureños cesan protestas, pero siguen acciones contra privatización
Centroamérica/Honduras/06 Junio 2019/Fuente: Prensa Latina
La Plataforma para la Defensa de Salud y Educación realizará asambleas diarias desde hoy en los centros laborales para establecer las condiciones que permitan el diálogo con el gobierno hondureño.
La víspera, en un comunicado la agrupación informó que durante los fines de semana también realizará actividades a nivel nacional, departamental y municipal, las cuales comunicará oportunamente.
De esa forma, las protestas contra la privatización de ambos sectores y que agitaron al país durante varios días llegan a su fin por el momento.
En el comunicado, los miembros de la Plataforma también denunciaron las amenazas a muerte contra la presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa y exigieron que se investigue estos hechos y se castigue a los responsables.
Evidenciaron la campaña de odio contra el pueblo y dirigentes gremiales impulsada por el Partido Nacional, de mayoría en el gobierno.
Alertaron sobre la presencia de elementos extremistas, incluso armados que se infiltraron en las movilizaciones pacíficas del pueblo y que se trasladaron en diferentes medios de transporte, algunos identificados con logos de instituciones del gobierno.
Según el director Ejecutivo del Centro de Estudio para la Democracia, Gustavo Irias, ‘la protesta social es una poderosa herramienta para empujar los cambios democráticos en una sociedad dominada por el autoritarismo.’
‘Esta es una de las lecciones principales de la actual lucha de la #Plataforma de educación y salud en #Honduras’, escribió en su cuenta en Twitter.
Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=281801&SEO=hondurenos-cesan-protestas-pero-siguen-acciones-contra-privatizacion
Amnistía Internacional denuncia que los casos de acoso escolar no llegan a la Inspección educativa
Europa/España/06 Junio 2019/Fuente: El diario la educación
El Ministerio asegura que con el nuevo protocolo de atención telefónica todas las llamadas son atendidas por los servicios correspondientes, y que no siempre han de acabar en Inspección educativa.
Las administraciones educativas no están recogiendo información, o no suficiente, de los casos de acoso escolar que se producen. Ni las autonómicas ni la del Gobierno central. Esta es una de las primeras conclusiones del informe que ha presentado esta mañana Amnistía Internacional, bajo el título Hacer la vista… ¡gorda! El acoso escolar en España.
El organismo que, desde el Ministerio de Educación, debería hacer esta recogida de información, además de la redacción de informes y estudios, es el Observatorio de la convivencia, que no se reúne desde 2011. Con la llegada del ministro Wert, a primeros de 2012, así como durante el mandato de Íñigo Méndez de Vigo después, el observatorio no volvió a convocarse, aunque sí redujo el número de sus componentes. En el último Ministerio, en manos de Isabel Celaá durante 10 meses, tampoco llegó a formalizarse reunión alguna.
Las comunidades autónomas, por su parte, en muchos casos tienen sus propias instituciones, pero los datos no acaban de llegar a la luz pública.
En el marco del Plan Estratégico de convivencia, puesto en marcha por Méndez de Vigo y con una duración desde 2016 y hasta 2020, entre las medidas más sonadas para combatir y bajar las cifras de acoso escolar se encontraba el teléfono de atención gratuito.
La ONG denuncia que los datos públicos que se lanzaron, obtenidos por la anterior prestataria del servicio de atención, muy pocos de los casos que se identificaron como de acoso escolar llegaron a las mesas de la inspección. Según los atos oficiales, menos de la mitad de las llamadas recibidas por el teléfono se consideraron casos de acoso. De ellas, menos de 300 fueron comunicadas a la inspección educativa correspondiente de cada comunidad autónoma.
Según explica Diana Díaz, actual directora del teléfono de atención gestionado por la Fundación Anar, dentro del procolo que maneja la organización (diferente al del anterior equipo), no todas las llamadas son derivadas a los servicios de inspección. Algunas son derivadas a otros recursos, en función siempre del caso. El equipo de profesionales de la psicología que atiende el teléfono las 24 horas, está apoyado en esta toma de decisiones por sendos equipos de abogados y de trabajadores sociales.
Para Koldo Casla, autor del informe, todos deberían acabar en conocimiento de la inspección educativa. Si un caso llega al conocimiento del centro educativo, ya sea su dirección o los servicios de orientación, estos deben ponerlo en conocimiento de la Inspección.
En el informe que se publicara hace algunos meses con los datos el teléfono referidos a 2017, se indica en el protocolo general de atención, se indica que: «En todos los casos en los que se genera expediente, se comunicará este a la Inspección educativa de las CCAA o del Estado, según corresponda».
Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación, explicaba esta tarde que el protocolo, ahora, es diferentes al anterior. Las derivaciones a la inspección educativa no son todas aquellas que puedan ser casos de acoso. Ahora es Fundación ANAR, según fuentes del Ministerio de Educación, quien tiene la potestad de derivar a inspección educativa. Aunque el protocolo no es público. «Los datos puestos sobre la mesa (por Amnistía) corresponden a una etapa anterior, a un equipo y sistema anteriores», explica Tiana. Quien ha defendido la actuación de Fundación ANAR.
Pero la divergencia causada por la poca incidencia de los casos en la inspección, frente a las estimaciones (porque no hay datos, en realidad, de estudios cuantitativos sobre acoso escolar) es la que hace saltar las alarmas de Amnistía Internacional en su momento, explica Koldo.
Mientras que desde algunas administraciones autonómicas (las pocas que recogen las cifras y las hacen públicas) se habla de una incidencia de los casos de acoso de entre el 0,03 o 0,02%, las estimaciones de organismos como el Defensor del Pueblo, la Organizzación Mundial de la Salud o el Observatorio Estatal de la Convivencia, hablan de entre el 4 y el 6 u 8% del alumnado en situaciones de acoso.
El objetivo de la ONG es que se siga el protocolo que dice que cualquier caso debe llegar a inspección y evitar ese famoso «son cosas de niños». El problema, segúnlas palabras de Alejandro Tiana, es que el protocolo actual no es el mismo al que se refiere Amnistía Internacional. Lo explica dado las cifras de llamadas del mes de abril. 1.603 en todal. De ellas, 322 han sido catalogadas como casos de acoso escolar. «El 100% fueron atendidos debidamente por servicios sociales, de salud, entidades protectoras de la infancia, por los centros educativos, por la inspección…».
Además de la falta de información, otras de las posibles causas para esta distancia es que se estén contando solo los casos de acoso que acaban con violencia, con lesiones, intentos o ideaciones autolítivas, por ejemplo, mientras que situaciones de menor intensidad, relacionadas con el sexismos, el machismo o el racismo, con insultos o exclusión social dentro del centro, quedan fuera de la mirada de las personas que han de atenderlos.
Para Koldo uno de los problemas en este sentido es el hecho de que las personas adultas no vean, literalmente, como un problema el que se desarrollen conductas sexistas, machistas o racistas. Es algo que de alguna manera se acepta en la sociedad, más allá de la escuela y que, claro, repercute en la mirada que se hace de los conflictos que se desarrollan en los centros educativos.»Es necesario que se reconozcan estas formas de acoso cotidiano», explica.
«Hay casos de acosos en los que todo el mundo está concienciado sobre la toma de medidas», explica el autor del informe. «Los casos más graves, con vídeos, autolesiones…». Pero, dice, «hay miles de casos escondicos, de sexismo, de racismo… que tapamos para no verlos».
Poner en marcha el Observatorio Estatal es una de las primeras que Amnistía le reclama al Ministerio de Educación. También la apuesta por hacer estudios cuantitativos y cualitativos, en los que se recojan datos como las causas del acoso (homofobia, cuestión de género, racismo…), así como las cifras de incidencia real.
Para que estas cifras se acercaran más a la realidad, eso sí, habría que incidir, insiste la ONG, en modificar la formación del profesorado. Tanto la inicial, haciendo hincapié en el máster de secundaria, pero también en la permanente, asegurando que todo el profesorado está familiarizado con el acosos y sus formas y consecuencias, así como en la detección de posibles casos.
Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/06/05/amnistia-internacional-denuncia-que-los-casos-de-acoso-escolar-no-llegan-a-la-inspeccion-educativa/
La educación vive en Brasil un clima de dictadura
América del sur/Brasil/06 Junio 2019/Fuente: El país
Desde el Ministerio de Educación piden a la sociedad denunciar a los profesores que intenten estimular a los alumnos a desarrollar su derecho a manifestarse
Junto con el descalabro de la economía que podría llevar a Brasil a una recesión técnica, el clima de miedo que viven las instituciones públicas de educación es uno de los puntos cruciales del nuevo Gobierno de extrema derecha que preside Jair Bolsonaro. Hasta el punto que en el mundo de la educación se vive ya un clima de dictadura y miedo ante las amenazas del ministro de Educación, Abraham Weintraub.
Ese miedo de profesores y alumnos ante las amenazas del Ministerio de Educación (MEC) de Brasil ha podido ser la causa de la fuerte disminución de público en las manifestaciones de este jueves con relación en la multitudinaria del pasado día 15. Si en la primera marcha contra los recortes de presupuesto a la enseñanza participaron 220 ciudades, el jueves solo fueron 82.
Las amenazas de las autoridades del MEC fueron tajantes: “Ninguna de las instituciones de enseñanza pública tiene prerrogativas legales para incentivar movimientos políticos partidarios y promover la participación de alumnos a las manifestaciones”. Hubo una petición oficial del MEC para que “la población denuncie a quien estimule manifestaciones en horario escolar”.
Si a los estudiantes Bolsonaro les llamó “idiotas útiles”, este jueves un joven en Fortaleza le respondió, en un cartel escrito a mano: “idiota inútil”. Ello indica el clima de tensión, preocupación y miedo que vive el mundo de la escuela y de la universidad, que se ven acusados de infundir ideología marxista a sus alumnos y que incitan a la sociedad a denunciar a profesores y alumnos.
Todo ello junto crea, en efecto, un clima de régimen dictatorial que solo puede acarrear prejuicios graves a la ya cenicienta educación de Brasil. Bolsonaro puede tener razón en denunciar que él recibió la educación con índices que aparecen siempre entre los peores a nivel mundial y que es preciso mejorar todo el mundo de la enseñanza, lo que no puede es acusar a los profesores de haber instituido un clima ideológico de izquierda impuesto a los alumnos y ahora querer sustituirlo por otro de ultraderecha con intimidaciones añadidas a quienes no acepten dicha imposición.
Mientras tanto, el presidente Bolsonaro parece querer emular al carismático expresidente, Lula da Silva, que se presentaba como “Lulinha paz y amor”. El hasta entonces duro presidente, amante de las armas parece haberse convertido en “Jairzinho paz y amor”. Así le hemos visto por primera vez cambiar el gesto de sus manos imitando a un arma con el gesto de un doble corazón. Lo ha hecho rodeado de sonrientes diputadas y teniendo a su lado, al presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, también con sonrisa de oreja a oreja.
La foto es emblemática porque se sabe de la poca simpatía y aprecio de Bolsonaro por las mujeres. Basta recordar que defiende que deben ganar menos que los hombres y que, refiriéndose a la única hija de sus tres matrimonios, confesó que nació mujer “por un descuido suyo”. Así como resulta enigmático el enamoramiento repentino de Bolsonaro por Dias Toffoli cuando sus seguidores más radicales piden el cierre del mismo.
Algo de significativo debe existir en ese enamoramiento repentino de Bolsonaro por Toffoli hasta el punto que, mientras hacía el gesto del corazón que lo hacía ver como pacifista, llegó a confesar: “Es muy bueno tener a la justicia a nuestro lado”. Cabría preguntarse qué interés, incluso personal o familiar, puede tener el presidente brasileño para sentir el gozo de tener a su lado como protector al discutido Dias Toffoli.
Mientras tanto, desde el Ministerio de Educación piden que la sociedad y los alumnos denuncien a los profesores que intenten estimularles a desarrollar un derecho sagrado y constitucional de manifestación, de libertad de expresión y de pensamiento. ¿Qué hará Dias Toffoli, la última conquista amorosa de Bolsonaro, si llega a sus manos la petición para juzgar ese clima dictatorial y de miedo en escuelas y universidades?
Lleva razón Bolsonaro que “es muy bueno”, en ciertos momentos, “tener a la justicia a tu lado”. Mientras tanto, el Gobierno maniatado en esas inútiles peleas ideológicas, parece que los millones de pobres, que lo son cada día más y más numerosos, han desaparecido de la escena. Nadie habla de los 13 millones de personas sin empleo, de los seis millones que, desilusionados, ni lo buscan. De los miles de estudiantes que han tenido que dejar las aulas para ir a aliviar la pobreza de sus padres trabajando para pagar deudas.
Nadie habla de hacer una gran campaña para ayudar a los millones de analfabetos funcionales que arrastra este país desde los tiempos de la esclavitud. Ellos son los verdaderos parias ya que se quedan siempre al margen de la riqueza y de la cultura, masa de maniobra para la compra de votos que perpetua la política incapaz de colocarse al lado de esas gentes y escuchar el dolor que desde generaciones llevan dentro.
Todavía este jueves un trabajador, que tiene la suerte de contar con un pequeño salario, me decía: “Pobre debe morir”. Terrible examen de conciencia para los satisfechos, los que sí tienen derecho a vivir, aunque sea a costa de quienes nacieron para morir antes de tener tiempo de soñar.
Fuente: https://elpais.com/internacional/2019/05/31/america/1559331521_267471.html
España: Competencia multa con 34 millones de euros a 33 editoriales de libros de texto y a ANELE, la asociación que las agrupa
Europa/España/06 Junio 2019/Fuente: El diario la educación
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia afirma que «han llevado a cabo conductas constitutivas de infracción fijando y uniformizando las políticas y condiciones comerciales y han tratado de imponer su acuerdo en todo el mercado».
La Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza, ANELE, y 33 editoriales fijaron políticas y condiciones comerciales del mercado de los libros de texto durante 5 años, según la CNMC, «a pesar de una pretendida voluntad de aplicar reglas éticas». La editorial Vicens Vives fue la empresa que denunció estos hechos, en relación a ANELE.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha impuesto una multa a las editoriales y a ANELE que asciende a 33,8 millones de euros al considerar que «se ha demostrado con rigor suficiente» que un pacto sobre políticas comerciales «conlleva inevitablemente la reducción de la competencia y a la preservación del status quo«.
Las editoriales multadas, así como la Asociación, se habían dado un Código de Conducta con el que pretendían introducir reglas éticas para asegurar cierta autorregulación pero, según la CNMC «ha sobrepasado de manera nítida» los límites de dicha autorregulación y ha servido «para coaccionar y boicotear a aquellas editoriales que no querían adherirse a esta estrategia anticompetitiva». «Ese modo de actuar ha tratado de condicionar la actuación de los centros educativos y de reducir su poder de negociación».
Además de tratar de condicionar a los centros educativos, se enviaron cartas a terceras editoriales en la que se aseguraba que sus políticas de promoción de sus materiales de enseñanza resultaban ilegales, a pesar de «que se empleaban de manera generalizada antes de la entrada en vigor» del Código de Conducta.
Entre 2012 y 2017, tras la aprobación del Código de Conducta por parte de ANELE y de varias editoriales, se llevaron a cabo diferentes medidas de presión que han pasado por el envío de cartas a empresas, así como a los centros educativos con los que negociaban estas, en las que se aseguraba la ilegalidad de las condiciones comerciales que se estaban negociando. En otros casos, además, ha habido denuncias en los juzgados para aumentar la presión.
Una presión que pretendía, por una parte, que los centros educativos dejaran de tratar con determinadas editoriales y, por otra, hacer que estas desistieran de sus políticas de promoción y se adhiriesen al código y us medidas.
También, asegura la Comisión, ha habido coordinación para fijar el precio de los libros digital así como las condiciones de su comercialización «en los momentos iniciales de su desarrollo e implantación, lo que habría contribuido a retrasar artificialmente su capacidad para sustituir al libro de texto en formato papel, limitando con ello la innovación y el progreso técnico».
La Comisión de la Competencia considera acreditado que las empresas, con la ayuda de ANELE, cruzaron correos electrónicos para «debatir y acordar los precios», así como las medidas para su comercialización en 2011 y en 2014.
Entre estas medidas se encuentran las condiciones de reutilización de los libros por hermanos de alumnos o alumnos repetidores, la duracion de las licencias de dichos materiales, la negativa a trabajar offline o la fijación de precios.
«Las condiciones comerciales acordadas -asegura Competencia- definen el alcance del producto vendido al cliente, reducen las posibilidades de elección de los centros docentes que prescriben los libros de texto y, por ende, de los alumnos».
Tanto las editoriales multadas como ANELE asegurarón ante la Comisión de la Competencia, que parte de las decisiones relacionadas con los libros digitales se tomaban para asegurar la compatibilidad e interoperabilidad de las plataformas que utilizan los centros educativos. Para Competencia, sin embargo, estos motivos «no explican los acuerdos entre competidores en materias que no interfieren en la necesaria estandarización mencionada».
Responsabilidades
Para la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, queda claro que ANELE, así como las editoriales Grupo Anaya, Grupos Santillana, Grupo SM y Oxford University Press (OUP) «han sido las líderes, pues han tenido un papel preeminente en la toma de decisiones y han participado activamente y desde sus inicios en la Comisión de Supervisión» del Código de Conducta en relación al desarrollo de dicho código.
Junto a estas, otras como Edelvives, Edebé, McMillan, Mc Gray Hill, Pearson, Teide y Byme apoyaron dicho código y participaron de los mecanismos de control y presión «para disciplinar a los competidores», aunque sin formar parte de la Comisión de Supervisión.
Además, existe un tercer grupo conocedor de las infracciones pero con una participación menor en los hechos. Editex, Grupo Bromera y Laberinto formarían este grupo.
En lo que respecta al libro digital, la Comisión de Competencia asegura que ANELE, Grupo Anaya, Grupos Santillana y Grupo SM asistieron a todas las reuniones del Comité Técnico y tuvieron un papel activo «en la homogeneización de condiciones comerciales».
Edebé, McMillan, Mc Graw Hill, PEarson, Teido y OUP no estuvieron en todas las reuniones del Comité Técnico, pero sí lo hicieron, asegura CNMC, en «aquellas en las que se han tratado los aspectos más problemáticos de la conducta».
La CNMC considera que ANELE ha tenido un «papel fundamental» como promotora del Código de Conducta. Además » ha potenciado y permitido su aplicación efectiva y la extensión de su alcance». A esto se suma que «al menos desde 2009», la asociación ha intentado la coordinación de sus asociados para restringir determinadas políticas comerciales de promoción del sector.
«ANELE coordinabalos diferentes instrumentos comerciales que iban a eliminarse o limitarse en aplicación del CDC. ANELE era consciente de que existía una motivación económica y de preservación del statu quo en el desarrollo y aplicación del CDC», asegura la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
La Asociación también tuvo un papel determinante en relación a las medidas de presión. Primero, acudiendo a un bufete de abogados para la redacción de las cartas que eran enviadas a centros educativos, instituciones educativas y editoriales. Segúndo, las misivas eran enviadas en nombre de ANELE y con la firma de su presidente, José Moyano, con lo que la asociación asumía la responsabilidad de lo escrito, entre lo que se incluían acusaciones a empresas y centros de unposible delito de cohecho.
La Comisión de la Competencia considera probado que ANELE iba más allá de sus funciones presionando a editoriales que no estaban adheridas a su código de conducta y que, por lo tanto, no tenían por qué seguir sus indicaciones.
«Sin la cooperación necesaria y organización de ANELE», asegura la CNMC, no podría haberse desarrollado y aplicado las diferentes infracciones condenadas según el Código de Conducta.
Lo mismo ocurre en relación al libro digital. En esta falta la Comisión de la Competencia también entiende que ANELE ha jugado un papel importante, primero, con la formación del Comité Técnico y la estructura que permitió los acuerdos sobre la comercialización de dichos libros.
Señala la Comisión que «queda acreditado que la asociación auspició, coordinó y estimuló la toma de todas las decisiones en torno al acuerdo de las editoriales de libros de texto españolas sobre condiciones comerciales, incluyendo precios, para el libro de texto digital».
En el caso de los libros digitales, a Comisión de Cometencia considera acreditado que esta actuaciónpor parte de ANELE se produjo desde abril de 2014 hasta febrero de 2017.
Sanciones
La Comisión nacional de los Mercados y la Competencia Ha impuesto una serie de multas. Por una parte estas por las actuaciones relacionadas con el Código de Conducta:
Por otra parte, estas son las sanciones relacionadas con las acciones llevadas a cabo sobre el libro digital:
Resolución completa de la Comunsion Nacional de los Mercados y la Competencia.
Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/06/01/competencia-multa-con-34-millones-de-euros-a-33-editoriales-de-libros-de-texto-y-a-anele-la-asociacion-que-las-agrupa/
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