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México / 2 de junio de 2019 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias

En respuesta a sus demandas sindicales, el presidente López Obrador dirigió una carta a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), (27 de mayo, 2019), en la que señala puntualmente lo siguiente: “… iniciar a la brevedad una mesa de trabajo con representación del gobierno federal y de todos los sectores magisteriales, para redactar de manera conjunta las leyes reglamentarias de la nueva reforma constitucional, bajo los siguientes lineamientos generales: 1. Previos censo y verificación por una instancia bilateral y paritaria, basificación de todos los maestros que trabajan en distintos regímenes y modalidades en el sistema de enseñanza pública, cumpliendo las normas de la ley federal de trabajadores al servicio del Estado. 2. Iniciar un proceso gradual de federalización de todas las plazas magisteriales y elaboración de un modelo de homologación salarial que tome en cuenta las distintas circunstancias laborales, regionales, sociales y culturales y los diversos grados de dificultad, compromiso y capacidad que cada una demanda (por ejemplo, escuelas multigrado, planteles de enseñanza bilingüe, etc.). 3. De conformidad con la demanda futura de nuevos maestros, definir en común acuerdo, el número de alumnos por normal pública, los métodos de admisión y, a partir de ello, otorgar plazas a todos los egresados de dichos planteles educativos. 4. Un sistema de mejora del magisterio en el que las promociones y los ascensos se realicen con base en tres criterios: antigüedad (40%), experiencia y tiempo de trabajo en zonas de marginación, pobreza y descomposición social (40%) y reconocimientos de buen desempeño en el cual participen padres, alumnos y compañeros de trabajo (20%)…».  En otra parte de la carta, el presidente AMLO propone algunos mecanismos, desde las comunidades educativas, para fortalecer y resarcir la infraestructura escolar.

Esta carta, que hizo pública el presidente López Obrador, (Presidencia-014/05/27/19), donde señala, entre otras cosas, un mensaje, varias propuestas y ofrecimientos específicos al CNTE y al magisterio nacional, ha sido interpretada desde dos miradas: 1) Para algunos es una comunicación cuyo contenido reafirma el carácter democrático y popular del presidente López Obrador, en aquellas decisiones de políticas públicas que atañen a importantes grupos de la población, como es el caso del magisterio mexicano; y 2) Otra lectura señala, en cambio, que es un “error político” con efectos negativos en lo administrativo, porque se privilegia a un grupo disidente de la dirigencia legal-oficial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y que, justo por ello, tiende a sobrevalorar a una fracción sindical minoritaria, que no es representativa de toda la comunidad magisterial del país. Además, -según afirma esta segunda línea crítica-, con este tipo de acuerdos, el gobierno y el sindicato regresan a los esquemas del pasado, en la parte operativa, porque se reivindican el viejo modelo de promociones escalafonarias y el régimen de dictaminación de ascensos a través de comisiones paritarias SEP-SNTE, para desahogar la demanda de movilidad laboral vertical. Todo ello, a su vez, dice la crítica, iría en contra del espíritu del texto Constitucional, recién aprobado (mayo, 2019), en el sentido de que “…la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley… los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos.” (Modificación al texto Constitucional del 15 de mayo, 2019). Más allá de los métodos radicales o violentos de lucha que ha utilizado el movimiento magisterial disidente, queda claro que representa uno de los principales factores de contrapeso reales ante los excesos, las injusticias y las decisiones impopulares que el gobierno federal asumió durante el periodo 2012-2018, en contra del magisterio.

Coincido con la primera lectura de los hechos. Por ello, considero que los planteamientos críticos olvidan que justamente fueron los docentes y directivos escolares disidentes, de base, que se agrupan en la CNTE, quienes se opusieron, en las calles, a la Reforma Educativa del gobierno de Peña Nieto. Ese hecho, por sí mismo, habrá de ser valorado en su justa dimensión. Además de que, desde el discurso de Guelatao, Oaxaca (mayo, 2018), López Obrador tejió con esta fracción sindical “anti sistema”, una alianza político-electoral rumbo a los comicios de julio del año pasado. Alguien podría decir, que ese protagonismo de la CNTE no debe ser argumento suficiente para desatender el marco legal constitucional, pero -diría en respuesta-, hay que tener presente que aún no están aprobadas las leyes secundarias.

Política de compensaciones y concesiones negociadas

Así mismo, es importante considerar en el análisis de coyuntura que, con esta propuesta, no solamente se ratifica la voluntad popular y la actitud democrática del presidente López Obrador, al visualizar y resolver los grandes problemas nacionales, desde la mirada de los “de abajo”, sino también se aprecia congruencia entre lo planteado durante la campaña política (2018) y los hechos del accionar del gobierno en estos primeros meses de haber asumido la jefatura del Ejecutivo federal (2019). AMLO afirma en su carta: “…se ha reafirmado mi convicción de que el conjunto de las y los maestros es una de las grandes riquezas humanas del país, el más sólido, amplio y coherente movimiento gremial y un depositario de principios éticos que comparto. Los profesores son, además, el vínculo por excelencia entre el Estado y las comunidades, el factor que articula generaciones y el portador de identidad nacional para niños y jóvenes.”

El contexto político es otro…

Cabe resaltar, por otra parte, que un tratamiento político similar, con una mirada y una perspectiva “desde abajo”, ha sido aplicado por AMLO para atender a las demandas de las organizaciones en Defensa de la Tierra (Atenco-Texcoco), quienes han luchado por su gente, los derechos humanos y el legítimo derecho a sus bienes ancestrales, y que sufrieron la represión policiaca y judicial del entonces gobierno estatal de Enrique Peña Nieto (en un clima de sangre, torturas, encarcelamientos y fuego), en tiempos en que los pobladores mexiquenses luchaban en contra del proyecto de construcción del nuevo aeropuerto internacional, y cuando el ex presidente Vicente Fox (2000-2006) gobernaba el país. Una vez que AMLO tomó posesión, previa consulta pública poco convincente, canceló el proyecto del nuevo aeropuerto.

Hoy, los hechos muestran a un presidente López Obrador que, como pocos mandatarios en el pasado, es capaz de sentarse a negociar y tomar acuerdos con distintas fuerzas políticas radicales y “anti sistémicas” del país (faltaría, obviamente abrir una mesa con el neozapatismo). ¿Cuál sería el saldo positivo de estos acuerdos, mesas de conciliación o concertación? Entre otras, dar un mensaje sobre el estilo de gobierno ejercido por el presidente, hoy y en el futuro, y disminuir las tensiones vivas o latentes del conflicto político-sindical, que ha estado presente en el escenario nacional, así como crear un clima de concertaciones políticas con todos los grupos o movimientos sociales cuyas demandas y reivindicaciones, en términos de sus derechos laborales y sociales, están puestos por encima de otras consideraciones políticas, estratégicas o administrativas.

Pienso que, para el gobierno de AMLO, es preferible y prioritario que la conciencia social y las luchas de las Maestras y Maestros disidentes se canalicen hacia formas de lucha donde prevalezca el diálogo, desde la escuela y el aula, en vez de que se mantenga la flama de la contienda política en las calles y sin clases. Esa sería una posible interpretación de los hechos. Implícitas están las prioridades. En este sentido, es evidente que una parte importante de la sociedad mexicana, quiere ver a sus profesoras y profesores de la educación pública en las escuelas, pero también pide que ellas y ellos sean tratados con total respeto a sus derechos laborales, sindicales y humanos.

Una vez logrados los acuerdos correspondientes, y luego que se den a conocer las leyes secundarias en materia educativa, (espero que sean producto de amplios consensos sociales), me pregunto ¿Ahora sí nos sentaremos a revisar y a reformular los contenidos, métodos y demás procesos educativos, pedagógicos y didácticos? ¿Tendremos una carta complementaria por parte del presidente de la República, en donde se den a conocer los acuerdos de carácter educativo y no solo administrativo?

Fuente del Artículo:

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2019/05/28/lecturas-sobre-la-carta-de-amlo-a-la-cnte

ove/mahv