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Redacción: El País

Con un paro de casi el 20% entre los jóvenes, unos 1.600 habitantes de Nepal emigran a diario hacia países del Golfo o Malasia en busca de trabajo. Sus remesas suman más del 30% del PIB pero en condiciones laborales esclavistas

“He pasado mi vida cosiendo ropa que vendía en el mercado. Emigré para a trabajar como limpiadora y costear la educación de mis hijas. Pero nunca me pagaron lo acordado”, lamenta Sangita Gwimire Shrestha, de 38 años. Regresó a Nepal a mitad de 2018 sin poder saldar la deuda con la que emigró a Dubai. Antes, un agente nepalí le engatusó con el mito de la ruta del oro a los países del Golfo y un sueldo de 360 euros mensuales, casi el cuádruple del salario mínimo en Nepal. La realidad fue otra. “Ganaba poco más de 700 dirhams [160 euros]. Me quejé y me aislaron en una habitación durante días”, detalla Sangita; que usó su informática básica para reservar un vuelo y escapar. “Otras no tienen esa suerte y siguen allí”. De vuelta a casa, el panorama no es halagüeño. Su marido está en paro y ella baraja enviar a sus hijas al extranjero en busca de empleo. Otra generación que huye de la inestabilidad enraizada en Nepal desde hace décadas.

Tras un comienzo de siglo de vaivenes políticos —guerra civil, asesinato de la familia real y cambio de régimen— la República de Nepal celebró las primeras elecciones de su corta democracia en 2017. Espoleada por los donantes internacionales, aprobó su Constitución en 2015 para tener un marco legal sobre el que reconstruir el país tras el terremoto que sacudió su territorio ese año dejando 9.000 muertos y 22.000 heridos. Pero su reparación física y económica se frena por la falta de materias primas y mano de obra cualificada.

Enrocado entre los dos titanes asiáticos, la diminuta nación del Himalaya importa casi todos sus bienes de India y China. Sin industria propia, el turismo mantiene la economía nacional mientras su mercado de trabajo se hunde. Con una tasa de desempleo de casi el 20% entre los jóvenes, alrededor de 1.600 nepalíes emigran diariamente. En la pasada década, el Departamento de Empleo Exterior expidió más de 3,5 millones de permisos de trabajo en un país de 40 millones de habitantes. Trabajadoras del sector doméstico y de la construcción dominan una oleada de migración laboral con destino a los países del Golfo y Malasia, principalmente.

“La vida de las trabajadoras en el extranjero ha mejorado algo. Particularmente en Catar, tras la concesión del Mundial de Fútbol de 2022”, explica Nisha Baniya, abogada y secretaria de migraciones en la Federación General de Sindicatos Nepalíes. Durante años, grupos de derechos humanos han denunciado el trato a los dos millones de migrantes en Catar (el 95% de su mano de obra); de los que 100.000 son nepalíes. La presión internacional ha hecho que el Gobierno catarí tome medidas. A finales de 2017, prometió abolir el sistema kafala; acuerdo común en países de Oriente Medio por el que se requisa el pasaporte de los empleados, a los que se les priva de libertad. En 2018, se abrió la primera oficina de la Organización Mundial del Trabajo en Doha para mejorar las condiciones laborales. “Las autoridades intentan solucionar estos aspectos, pero los agentes de Nepal y Catar no colaboran. Las estafas proliferan”, advierte Baniya en referencia al número de agencias de contratación surgidas en Nepal, al calor del efecto llamada.

La sangría de trabajadores emigrados es tal que el dinero que envían a sus familias en Nepal se ha convertido en piedra angular de la economía nacional. Según el último informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), las remesas de esos trabajadores alcanzaron los 5.400 millones de euros en el año fiscal 2016-2017. Esto supone el 31,3% del PIB nacional y convierte al pequeño país asiático en el cuarto del mundo con la mayor contribución de estos envíos. Su nueva riqueza es visible en muchas aldeas; transformadas en municipios con escuelas privadas, clínicas y tiendas.

Al olor del negocio, las agencias multiplican su presencia en el destino de este flujo monetario: áreas rurales empobrecidas y semillero de desempleados desesperados. “Tenemos una deuda de 70.000 rupias [550 euros] y un préstamo que pagar por nuestra casa. La antigua desapareció con el terremoto”, cuenta Bimbval Pariyar, de 31 y natural de Gorkha, donde se registró el epicentro del temblor de 2015. “Llegué a un acuerdo con un agente local, que me llevó a Dubai cuando el Gobierno lo había prohibido. No me pagaron lo acordado y regresé gracias a los contactos de mi marido”. El estudio de la OIM también indica que los trabajadores migrantes registraron 7.500 casos de fraudes durante los procesos de contratación en los últimos tres años.

La legislación actual ignora a las trabajadoras migrantes, aunque ellas aportan el 11% del total de las remesas que sostienen el PIB de Nepal.

“El dinero que pagué a la agencia no sirvió de nada y el tratamiento que pude costearme en el hospital de Dubai fue muy precario. Volví a Nepal para no perder mi brazo”, explica S. L. D, mostrando los vendajes que cubren parte de su cuerpo. Una explosión a causa de un escape de gas estuvo a punto de acabar con la vida de esta trabajadora de la limpieza —que prefiere permanecer en el anonimato— durante su estancia en Emiratos Árabes Unidos. Aunque los 400 euros que pagó a la agencia de contratación incluían el permiso de trabajo y un seguro, la compañía que la empleaba se negó a renovar su contrato tan pronto como estalló su problema. “Me pagaban menos de la mitad de lo acordado. Así que extendí mi visado y trabajé sin contrato durante los dos últimos años para poder liquidar la deuda con la agencia”, explica. Atrapada en un callejón sin salida, S. L. D. teme volver a su aldea al sureste de Nepal; donde le esperan sus acreedores y los rumores sobre la falta de castidad que persiguen a toda mujer asiática que ha trabajado en un país del Golfo.

Sin control ni regularización, la prohibición genera redes de tráfico

En 2017, más de 2.000 denuncias por irregularidades llevaron a Nepal a cancelar los permisos de trabajo a Malasia; donde hay 400.000 nepalíes documentados. Ya en 2015, se redujo de 445 a 74 euros la cuantía máxima para la tramitación de empleos. Pero el Gobierno de Malasia exigía la participación de agencias privadas; que pedían sumas desorbitadas a sus clientes aunque declaraban solo la parte legalmente impuesta. Según el Centro de Periodismo de Investigación de Nepal, los trabajadores migrantes pagaron hasta 34 millones de euros extra por sus contrataciones en Malasia en los últimos cinco años.

“La prohibición no es remedio”, insiste Bijaya Shrestha desde Amkas; refugio de trabajadoras que regresan a Nepal: “El Gobierno tiene buenas intenciones, pero genera más ilegalidades”. Shrestha hace referencia al reciente veto impuesto por Nepal a empleadas del sector doméstico en los países del Golfo. Antes ya se restringió la edad mínima para obtener permisos de trabajo, sin evitar el éxodo de 20.000 mujeres en 2017. “Desde que hay límites a los permisos [de empleo], viajo por periodos de tres meses con visados de turista con agencias no registradas”, explica Sabina Sahi, de 27 años y quien ha trabajado como bailarina en Dubai, Sudáfrica y Catar. “Nos dan 100.000 rupias [787 euros] por adelantado. Pero tenemos que devolver el dinero como sea, incluso durmiendo con los clientes. Por suerte, yo nunca he tenido que hacerlo”, confiesa Sabina, que espera a que su bebé de año y medio crezca para volver a emigrar en busca de trabajo como bailarina.

La ONU ha denunciado la medida del Gobierno de Nepal por ser origen del “tráfico de personas” a India; país con el que comparte frontera abierta y usado por agentes como puente a empleos fraudulentos. “Pagué 30.000 rupias a un funcionario para que me llevase a Kuwait, aunque estaba prohibido”, relata M. G, que regresó a Nepal hace poco menos de un año; embarazada del agente que fue su violador. “Solo trabajé tres meses como limpiadora en una casa en Kuwait. Cuando mis empleadores notaron mi estado, me enviaron de vuelta”, resume, obviando los seis meses de secuestro en India. Cuando aterrizó en el aeropuerto de Katmandú, uno de los trabajadores sociales de Amkas la rescató del círculo vicioso que espera a las mujeres de zonas rurales en la capital nepalí, como empleadas en alguno de los prostíbulos de la zona centro de la ciudad.

“Casi todas las mujeres que rescatamos proceden de las zonas montañosas de Nepal. Regresan mentalmente destrozadas y no conocen la realidad de Katmandú, por lo que acaban siendo presas de las redes de tráfico también aquí”, explica Bijaya Shrestha, cuyo refugio acogió a unas 225 mujeres en solo 10 meses. Algunas embarazadas como M. G.; cuyo bebé fue dado en adopción y quien teme volver a su pueblo en la frontera con China, donde solo le esperan los usureros y el rechazo de su comunidad. En vez de prohibiciones, Shrestha exige a Nepal que ratifique la Convención sobre Trabajo Doméstico y que revise la Ley de Empleo en el Extranjero. La legislación actual ignora a las trabajadoras migrantes, aunque ellas aportan el 11% del total de las remesas que sostienen el PIB de Nepal; dependiente del empleo irregular y explotador en el extranjero.

Fuente: https://elpais.com/elpais/2019/02/05/planeta_futuro/1549384355_464907.html