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Por: Ana Dagorret

El Ministerio de Salud de Brasil decretó la emergencia en salud pública tras una operación en la tierra indígena yanomami, que mostró el peor escenario de devastación ambiental en 30 años.

La llegada de Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia de Brasil significó un cambio de rumbo en varios aspectos. Uno de ellos, es el abordaje de la cuestión ambiental y la salud y el bienestar de los pueblos indígenas. Tras una operación en la que actuaron varios organismos ambientales del gobierno, realizada a fines de enero pasado en la comunidad yanomami, quedó al descubierto que la realidad de los pueblos indígenas era peor de la que, hasta entonces, se denunciaba.

La tierra indígena yanomami es un territorio de unos 100.000 kilómetros cuadrados, ubicado entre los estados de Roraima y Amazonas, en el noroeste del país. Allí, viven unas 30.000 personas distribuidas en 386 comunidades, varias de las cuales se encuentran aisladas y no mantienen contacto con otros seres humanos.

El territorio fue demarcado el 22 de mayo de 1992 por el entonces presidente, Fernando Collor de Mello, y el proceso duró unos 15 años. La demarcación supuso una larga batalla, con articulación internacional, hasta que el Ejecutivo brasileño ratificó la zona. Desde su reconocimiento y tras el avance de la deforestación ambiental a manos de empresas de minería, el territorio vivió el escenario de mayor devastación de su historia, lo cual impactó directamente en la forma de vida de los indígenas.

En los últimos cuatro años, la devastación de árboles y ríos se ha más que duplicado. Según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), en 2019, la superficie alcanzó la tasa más alta desde 2008: 29.000 kilómetros cuadrados. La tasa más alta antes de este hito había sido de 14.000 kilómetros cuadrados, en 2008.

A medida que la minería avanza entre las comunidades y los invasores abren campamentos de exploración en medio de la selva, la crisis sanitaria se agrava. Esto se debe a que la actividad ilegal destruye la selva, ahuyenta la caza, contamina los ríos y los peces, y deja el suelo improductivo para las plantaciones.

Ante este escenario de invasión y degradación, las comidas que normalmente consisten en arroz, porotos, mandioca, carne de caza y pescado acaban limitándose a uno u otro alimento por vez. Sin nutrición adecuada, los y las indígenas se enferman y, debilitadas, las adultas no pueden ir a buscar comida para los niños, que se vuelven débiles y vulnerables a enfermedades como la malaria, la desnutrición grave, la diarrea y las lombrices.

Sólo en 2022, se calcula que unos 570 indígenas murieron de hambre o de enfermedades derivadas de la desnutrición en el territorio indígena yanomami. La operación llevada adelante por el nuevo gobierno para el análisis de situación arrojó que existen al menos 11.000 casos de malaria entre los pobladores del territorio indígena.

Luego de que la administración de Lula tomara conocimiento de la situación, el Ministerio de Salud declaró la emergencia de salud pública para hacer frente a la falta de atención sanitaria a la población en la región yanomami. A su vez, el presidente brasileño decretó la creación del Comité Nacional de Coordinación (CNC) para discutir y adoptar medidas en coordinación entre los poderes estatales para atender a esta población. El plan de acción deberá ser presentado en un plazo de 45 días y el comité trabajará durante 90 días, período que podrá ser prorrogado.

Una catástrofe con la firma del expresidente

La realidad que vivieron las poblaciones indígenas de Brasil, en especial, el pueblo yanomami, tuvo como principal artífice al exmandatario Jair Bolsonaro. Desde antes de asumir su mandato, el entonces diputado federal se refería con desdén sobre las y los indígenas brasileños, al punto de que, en una oportunidad, llegó a decir en una entrevista que el gran error histórico de las fuerzas armadas había sido no exterminar por completo a los pueblos originarios.

Una vez en el cargo, desde su gobierno se hizo todo lo posible para desarticular las estructuras montadas durante gestiones anteriores para preservar tanto los territorios delimitados como las reservas, así como a las poblaciones indígenas. Tanto el INPE como la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) tuvieron sus presupuestos recortados, al tiempo que los cargos clave fueron a parar en manos de aliados de Bolsonaro, muchos de ellos con vínculos estrechos con el agronegocio y las empresas mineras.

El caso que más se destacó fue el del exministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, que integraba un esquema de tráfico de madera ilegal, motivo por el cual debió dejar su cargo ante las presiones que recibió el propio gobierno.

En relación a la situación del pueblo yanomami, los años de Bolsonaro en el poder significaron un aumento no sólo de la deforestación, sino del hostigamiento por parte de invasores a las poblaciones originarias. Sólo en 2021, el área ocupada por la actividad ilegal pasó de 1.200 hectáreas a 3.200. El año 2019 fue, a su vez, el de mayor deforestación dentro del territorio con 29.000 kilómetros cuadrados destruidos.

En una entrevista brindada a un programa de televisión nacional, el presidente del Consejo Distrital de Salud Indígena Yanomami, Junior Ekurari, se refirió a la situación que vive su pueblo como una “crisis humanitaria”.

“Envié varios pedidos de ayuda al gobierno, al Ministerio de Salud, pedí apoyo para generar acciones que atendieran las necesidades del pueblo indígena”, explicó Ekurari. “No tuvimos ninguna respuesta, sólo mandaron equipos de profesionales que llevamos al territorio y mostramos la situación. Simplemente no hicieron nada. Por eso, decimos que el gobierno fue omiso. Las muertes que ocurrieron en esta situación tienen la firma de Bolsonaro”, remarcó.

El referente indígena también hizo mención al rol fundamental que tuvo el avance de la minería ilegal dentro de las tierras preservadas. “Durante cuatro años, los invasores avanzaron y eso hizo que todos corrieran riesgos. Muchos fueron asesinados por esos invasores, pero también ocurrió que hubo unidades de salud que funcionaban dentro del territorio que dejaron de funcionar tras las invasiones que avanzaban”, recordó Ekurari.

Abandonados a su suerte

El caso de la región Homoxi es uno de ellos. Allí funcionaba un puesto de salud al que acudían los pobladores. Tras el avance de la minería, y con el peligro debido no sólo a la contaminación por mercurio, sino a la violencia ejercida por los invasores, el centro sanitario cerró sus puertas y los indígenas fueron abandonados a su suerte.

En total, se calcula que 120, de las más de 300 unidades poblacionales del territorio yanomami, quedaron sin ningún tipo de atención del gobierno durante los cuatro años de Bolsonaro.

Además del abandono concreto de estas poblaciones, hubo un apoyo explícito del expresidente a la actividad ilegal. En octubre de 2021, Bolsonaro llegó a visitar una región de minería ilegal dentro de la tierra indígena Raposa Serra do Sol, en Roraima. Allí, el exmandatario volvió a defender el trabajo de la minería ilegal diciendo que “si quieren plantar, planten. Si quieren minar, minen. Si quieren construir unas presas en el valle del río Cotingo, que lo hagan”.

En ese momento, el gobierno ya había presentado un proyecto de ley en el Congreso que establecía permitir actividades en suelo indígena con autorización previa del Parlamento, mediante consulta y compensación a las comunidades afectadas.

Previamente, en un discurso en abril de 2019, Bolsonaro incluso citó la riqueza de la tierra como un derecho de la población en general, por encima de los derechos indígenas. “En Roraima, hay tres billones de reales (574.932.000 dólares) bajo la tierra. Y el indio tiene derecho a explotarlo de forma racional, obviamente. El indio no puede seguir siendo pobre en una tierra rica”.

La situación que atraviesa hoy el pueblo indígena yanomami es la más destacada en los medios de comunicación de Brasil, pero ilustra también la situación que vivieron durante cuatro años todas las comunidades originarias del país. La decisión del gobierno de Lula de declarar estado de emergencia es el primer paso para resolver una crisis provocada por el anterior Ejecutivo, que niega cualquier tipo de responsabilidad en relación a las muertes y enfermedades que padecen los pueblos indígenas, producto del avance de la deforestación ilegal.

Foto de portada: Darisa Yanomami y Juruna Yanomami – Amazonia Real.

Fuente de la información e imagen: La Tinta