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La Habana / 06 de septiembre de 2017 / Por: Orlando Freire Santana / Fuente: http://www.diariodecuba.com

Como ya se va haciendo habitual, los ministros cubanos que tienen que ver con el sector educacional en la Isla convocan a una conferencia de prensa en los días previos al inicio del curso escolar. El objetivo principal de los funcionarios es tratar de mostrar la «cara positiva» —casi siempre un aumento en el número de estudiantes— del venidero proceso docente-educativo. Sin embargo, resulta inevitable que en esos encuentros trasciendan los problemas que afectan al sector.

Primero le correspondió a la señora Ena Elsa Velázquez, ministra de Educación. De su encuentro con la prensa oficialista supimos del déficit de maestros que no se atenúa, de las carencias materiales que se reflejarán, fundamentalmente, en la falta de televisores, computadoras y equipos de laboratorio. Y también que el nivel de secundaria básica es el más crítico de todos los atendidos por su organismo.

Más recientemente asistimos a las declaraciones de José Ramón Saborido, ministro de Educación Superior. El funcionario comenzó informando que en este curso 2017-2018 la matrícula sería superior a los dos años precedentes. No obstante dio a conocer otras cifras que deben de haber caído como el clásico cubo de agua fría sobre la maquinaria del poder: las plazas agronómicas fueron cubiertas solo al 62%, mientras las pedagógicas apenas llegaron al 50% (Juventud Rebelde, miércoles 30 de agosto). Es decir, que buena parte de los jóvenes cubanos que ahora acceden a las universidades prefieren no ir a las aulas antes que matricular en esas especialidades.

Esa apatía juvenil hacia cualquier actividad que se relacione con el trabajo en la agricultura choca con la estrategia oficialista de ir poblando nuevamente los campos cubanos. Una estrategia que tiene como eslabón principal la entrega de tierras ociosas a aquellas personas que deseen trabajarlas, pero a la que también le sería conveniente la inyección de fuerza de trabajo calificada.

Es de destacar que en esa especie de fobia hacia la agricultura que exhiben los jóvenes —y también los menos jóvenes—, buena parte de la responsabilidad les corresponde a los gobernantes de la Isla.

Primero fueron las leyes de reforma agraria, sobre todo la segunda, que despojó de sus tierras a muchos campesinos, los cuales pasaron a ser simples obreros agrícolas de granjas o empresas estatales, con salarios que no estimulaban su permanencia en los campos.

Después vino la errónea política de ofrecer masivamente becas en especialidades que nada tenían que ver con la agricultura a los hijos y nietos de los campesinos que quedaron con tierras, y de esa manera se eliminaba el relevo generacional. Y qué decir de los jóvenes campesinos que fueron arrancados de sus tierras para cumplir el Servicio Militar Obligatorio. ¿Cuántos jóvenes que podrían haber sido eficientes productores agropecuarios habrán regado inútilmente su sangre en el Ogadén etíope o el Cuito Cuanavale angolano?

De todas maneras, la negativa de los jóvenes hacia las carreras de Agronomía también podría interpretarse como que no han sido «enganchados» por la nueva estrategia gubernamental para atraer a usufructuarios.

Con respecto a la renuencia de los graduados de preuniversitario por estudiar carreras pedagógicas, no habría mucho que aportar a lo dicho al respecto. Solo añadir que los estudiantes observan las penurias que padecen sus profesores para desarrollar su trabajo: insuficientes salarios, malas condiciones materiales, y sobre todo atados a una camisa de fuerza proveniente «de arriba» que les limita la autonomía en sus clases. Y, lógicamente, esos bachilleres no desean que ese sea el futuro que les espera.

A todo lo anterior podemos agregar que muchos jóvenes matriculan carreras universitarias y las abandonan en sus años iniciales. Otros ven inhabilitados sus títulos al no presentarse a cumplir el servicio social, ese mecanismo que los obliga a desempeñar por dos años el trabajo que quieran las autoridades. Precisamente, se ha sabido que los organismos que más títulos han inhabilitado son Educación y Educación Superior. Es decir, muchachos que se hicieron maestros y profesores tal vez por obtener algún título universitario, pero que jamás se presentaron en las aulas a impartir clases.

Fuente noticia: http://www.diariodecuba.com/cuba/1504538166_33742.html