El Primero Congreso Nacional de Investigadores contra el Cambio Climático
En las instalaciones de la Casona Cultural Aquiles Nazoa en Caracas, se instaló el primer Congreso Nacional de Investigadores contra el Cambio Climático que se extendió hasta el 05 de mayo del año en curso.
La actividad inició con la ponencia del Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Josué Lorca, quien detalló que un total de 396 personas se inscribieron en el congreso, más 76 trabajos de investigación que serán debatidos y evaluados durante la cita.
Al lugar, también hizo acto de presencia la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, quien insistió en que la actividad debe servir para generar propuestas que permitan frenar la crisis climática, a fin de que sean presentadas ante los venezolanos y la comunidad internacional.
«Es muy importante este congreso para que la investigación, la ciencia y la tecnología, hagan frente a la amenaza más grande que tiene la humanidad y que Venezuela esté al frente y que de aquí salga un plan para que lo pueda presentar a los venezolanos y comunidad internacional», dijo la vicepresidenta.
Destacó que en las próximas décadas, un 20% del planeta será inhabitable. «Hoy se registraban temperatura superiores a los 50 grados centígrados. Un mundo recalentándose, los polos derritiendo, los procesos de vaporización hablan de una emergencia climática, hay que hablarlo sin amarillismo, pero con mucha conciencia», dijo.
Precisó que es necesario actuar con rapidez debido al deterioro ambiental producto de las prácticas capitalistas. «La emergencia es hoy, la urgencia es hoy. Este es un mensaje de aliento, de esperanza para que nos activemos y actuemos de forma muy rápida», indicó.
Fuente de la Información: https://www.farodiroma.it/venezuela-el-primero-congreso-nacional-de-investigadores-contra-el-cambio-climatico/
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertó que anualmente unos tres millones de trabajadores mueren a causa de accidentes y enfermedades profesionales, y que cientos de millones más sufren lesiones no mortales en su lugar de trabajo.
Por ello, la organización realizó un informe para aprender de las lecciones logradas durante pandemia podría ayudar a prevenir millones de muertes y accidentes laborales.
La colaboración como herramienta para pasar a la acción
“Durante la pandemia, los gobiernos que priorizaron la participación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en la gobernanza de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo pudieron desarrollar y aplicar leyes, políticas e intervenciones de emergencia”, destaca el informe.
La cooperación entre los diferentes actores del ámbito laboral resultó fundamental para garantizar la aceptación de esas medidas y que contaran tanto con el apoyo de los empleadores como de los trabajadores.
Como resultado, muchos países han adoptado medidas legales que cubren ámbitos como las medidas de prevención y la atención de los casos de COVID-19 en el lugar de trabajo, o los acuerdos de teletrabajo.
A modo de ejemplo, los cambios en las normas de vacunación en Singapur se produjeron tras consultas y debates entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores, mientras que, en Sudáfrica, se celebraron diálogos tripartitos con los mismos actores para modificar las medidas dirigidas a la propagación de la COVID-19 en los lugares de trabajo.
El valor del diálogo tripartito
Sin embargo, en algunos países, estas negociaciones a tres bandas continuaron con nuevas consultas a nivel regional o sectorial, para poder adaptarlas al contexto específico.
Así, los sindicatos y las patronales finlandesas colaboraron con el Gobierno en la elaboración de medidas específicas para los sectores del turismo y la restauración, mientras que los interlocutores sociales del sector bancario en Italia crearon normas específicas sobre el teletrabajo en las que se contempló el derecho a la intimidad y a la desconexión laboral.
Los organismos tripartitos nacionales de medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo también han desempeñado un papel importante en la lucha contra el COVID-19.
Durante la pandemia, muchos participaron en el proceso de toma de decisiones a nivel nacional. También han participado en la definición de medidas de cierre y restricción, estrategias de retorno al trabajo y otras instrucciones u orientaciones destinadas a mitigar los impactos.
El informe cita el ejemplo de países como Guatemala donde la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo se reunió virtualmente durante los primeros meses de 2020 para proponer mecanismos de medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
“Las lecciones aprendidas de esta crisis sobre la importancia del diálogo social para reforzar la seguridad y la salud a nivel nacional y en el lugar de trabajo deben aplicarse a otros contextos. Esto ayudaría a reducir el nivel inaceptable de muertes y enfermedades laborales que se producen cada año», afirmó el director general de la OIT, Guy Ryder.
Las autoridades afganas de facto advierten que, de no obedecer, castigarán a los hombres de sus familias. La Misión de la ONU señala que la medida contradice las declaraciones de los talibanes garantizando el respeto de los derechos humanos de las mujeres y de todos los afganos.
La Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) expresó profunda preocupación este sábado tras el anuncio del Talibán, la autoridad de facto de ese país, de que las mujeres deben cubrirse el rostro en público y quedarse en sus casas, saliendo únicamente en casos de necesidad.
La disposición también señala que si las mujeres contravienen la ordenanza, los hombres de sus familias serán castigados.
De acuerdo con la información recibida por la UNAMA, la medida no es una recomendación sino una directiva formal.
La UNAMA señaló que la decisión contradice las repetidas declaraciones de los talibanes garantizando que respetarían y protegerían los derechos humanos de todos los afganos, incluidas las mujeres y las niñas.
Dichas afirmaciones fueron hechas durante las discusiones y negociaciones que la comunidad internacional sostuvo con representantes del Talibán en los últimos diez años.
Cuando los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, aseguraron una vez más que todas las mujeres gozarían de sus derechos en el ámbito laboral, educativo y social.
Atropellos a los derechos de las mujeres
Los despachos de prensa sobre la nueva normativa reportan que las mujeres deberán usar burkas que las cubran desde la cabeza hasta los pies, mostrando sólo los ojos, como tuvieron que hacerlo en el periodo en que los talibanes gobernaron el país, de 1996 a 2001.
El nuevo atropello contra las mujeres se suma al de no permitir que las niñas asistan a la escuela secundaria, en vigor desde septiembre pasado, poco después de que los talibanes tomaran el control del país.
Con ese mandato, también se prohibió que las maestras regresaran a sus trabajos.
Esas medidas recibieron una amplia condena en todo el mundo y socavaron las promesas de los talibanes en el sentido de que seguirían estándares internacionales para establecer relaciones positivas en el plano global.
UNAMA
Dos mujeres afganas caminan cerca de una mezquita en la provincia de Herat.
La UNAMA buscará aclaraciones
La Misión de la ONU informó que “solicitará reuniones de inmediato con las autoridades de facto talibanes para buscar aclaraciones sobre esta decisión”.
Además, señaló que llevará a cabo consultas con miembros de la comunidad internacional para determinar las implicaciones de esta orden.
Desde que los talibanes tomaron el poder, los donantes recortaron la asistencia al desarrollo e impusieron sanciones al sistema bancario del país, colocando la economía afgana en situación de colapso.
El 30 de agosto de 2021, el Consejo de Seguridad adoptó una resolución pidiendo a los talibanes que permitieran el tránsito seguro para todas las personas que decidieran salir del país.
Crisis humanitaria
Luego, en septiembre, se realizó una reunión de alto nivel en Ginebra, en la que la comunidad internacional prometió más de 1200 millones de dólares en ayuda humanitaria para el pueblo afgano.
Con casi 23 millones de personas en situación de hambre, Afganistán va rumbo a convertirse en la mayor crisis humanitaria del mundo, con necesidades superiores a las de Yemen, Etiopía, Siria o Sudán del Sur.
Frente a este escenario, la ONU y sus socios humanitarios hicieron en enero un llamamiento a reunir más de 5.000 millones de dólares para Afganistán para reactivar los servicios básicos en el país.
La ONU ha manifestado repetidamente el compromiso de mantenerse en el terreno entregando ayuda humanitaria para salvar las vidas de los afganos.
El Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) realizó un mapeo de las agresiones que sufren defensores de la naturaleza en el país. Hay 191 ataques a diferentes activistas y el 90 % de los agresores son parte del Estado central o tienen vínculos con el partido gobernante.
El análisis se realizó entre el 1 de enero de 2017 y el 28 de abril de 2022. Las agresiones van desde amenazas con armas de fuego hasta bloquear el acceso de los defensores a sus comunidades. La mayoría de las víctimas son mujeres.
María* vive al interior de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, en el sur de Bolivia. La madrugada del 9 de marzo de este año salía rumbo a la ciudad de Tarija y, mientras caminaba, escuchó ocho disparos al aire muy cerca de ella. Entró en pánico y corrió hacia un lugar seguro, dejando su mochila en el piso. No alcanzó a ver a nadie pero desde ese día el temor la persigue a todos lados. Ella es una de las 38 víctimas detrás de los 191 ataques identificados en Bolivia por el Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) contra líderes ambientales por cuidar la naturaleza y su territorio.
Todas las agresiones se encuentran georreferenciadas y distribuidas en ocho categorías: judicialización, negativa de acceso a la información, chantajes y desprestigio, restricciones a la libertad de expresión, hostigamiento, restricciones a los derechos civiles y políticos, detenciones arbitrarias y atentados a la integridad física. Uno de los datos más impactantes del análisis es que todos los ataques registrados han quedado en la impunidad.
De acuerdo con Cedib, los ataques contra los defensores ambientales se focalizan en mellar su imagen pública, señalarlos, estigmatizarlos, hostigarlos, acosarlos por vías indirectas —que pueden ser administrativas o laborales—, intimidarlos y desgastarlos psicológicamente. Entre todas estas formas de ataque, también hay una estrategia que es muy común en Bolivia a la hora de agredir los liderazgos ambientales: la división de organizaciones indígenas o campesinas.
La defensa ambiental en Bolivia tiene rostro de mujer
Miguel Miranda, investigador del Cedib y responsable de la base de datos sobre agresiones a defensores del medio ambiente, explicó a Mongabay Latam que los casos incluidos en el estudio corresponden a personas que siempre hicieron uso de medios pacíficos para defender los derechos de la naturaleza y de sus territorios.
“Hemos incluido a personas que están en lucha de derechos y que pueden contarnos sus historias y a partir de ahí se arman los casos. Seguiremos alimentando la base de datos porque sabemos que hay muchos más casos”, destaca Miranda y añade que el Cedib recogió cada evento de violencia a través de información pública e hizo un llamado a cada una de las víctimas para conocer más detalles.
La última marcha de defensores del Tipnis fue en 2011. Esa columna llegó a la ciudad de La Paz. Foto: Rodrigo Urzagasti-Cedib.
Según el cuadro de las víctimas, 19 mujeres y 12 hombres fueron agredidos por defender su territorio y el medio ambiente, siete de los cuales pertenecen a territorios de la Amazonía boliviana.
A su vez, 24 de los 38 defensores agredidos son líderes que pertenecen a alguna organización de la sociedad civil que defiende la naturaleza en Bolivia. Cuatro de los defensores fueron atacados por oponerse a un proyecto minero, nueve por hacerle frente a proyectos hidrocarburíferos, cinco por enfrentarse a proyectos de infraestructura, diez de ellos en el momento de la agresión no hacían oposición activa a algún proyecto extractivo y tres de ellos no solo son defensores ambientales sino también de derechos humanos.
“Diríamos de manera general que las 38 víctimas son defensores ambientales, también hay tres [víctimas] que tienen una mirada más integral a los derechos humanos pero, en general, son personas que defienden la naturaleza”, destaca Miranda.
Silvia Lipa Piloy es dirigente del pueblo indígena leco en el norte del departamento de La Paz y está entre las personas registradas como víctimas por Cedib. Está convencida que la mujer defensora del medio ambiente en Bolivia tiene más riesgos y que, lo peor, es que muchos de esos riesgos no se hacen públicos por temor a las represalias. En su región, que es parte del parque nacional Madidi, luchan contra la invasión de empresas que extraen oro sin ningún tipo de control estatal.
“El tema del oro y sus consecuencias es el mayor reclamo que tenemos en el norte de La Paz. Por eso nos atacaron y hasta amenazaron a los dirigentes del pueblo leco, pero sobre todo a las mujeres, porque incluso quieren dañar hasta nuestras familias”, lamenta Lipa.
De acuerdo con Cedib, durante los primeros tres meses del 2022 el problema para los defensores se acentuó en las áreas protegidas debido al incremento de actividades extractivas como la minería ilegal o la incursión petrolera.
En el lago Poopó, en el occidente boliviano, se gestaron movimientos de defensa contra la contaminación en esa zona. Foto: Claudia Morales-Cedib
“En el caso de la minería, esta actividad continúa siendo impulsada de manera irregular por parte del Estado, donde los principales beneficiarios son algunos sectores cooperativistas, afines al partido oficialista. Esto puede comprobarse con las expresiones del propio presidente de Bolivia Luis Arce, al momento de alentar a mineros de la ciudad de Huanuni señalando que: ‘no pueden desperdiciar los precios internacionales del estaño’”, dice parte del informe del Cedib.
Fuerte incursión en áreas protegidas
Entre las áreas protegidas donde los defensores están en mayor riesgo se encuentra el Parque Nacional Madidi, donde la búsqueda de oro destrozó sus ríos. Incluso, en este grupo de defensores se encuentra la senadora Cecilia Requena, quien antes de llegar a la Asamblea Legislativa Plurinacional tenía un papel activo en la defensa del medio ambiente a través de la organización civil Una Nueva Oportunidad. La legisladora es parte del estudio del Cedib, elaborado en conmemoración al primer año de vigencia del Acuerdo de Escazú en Bolivia.
Requena relata lo que vivió hace algunas semanas cuando ingresó al Madidi para verificar la explotación minera en esa zona. La legisladora cuenta que esta zona “parece una tierra sin ley” y que se encontró con “grupos alevosos y armados” que evitaron una inspección para verificar si la extracción de oro en los ríos amazónicos era legal.
“Fuimos amenazados con machetes, dinamita y piedras. Incluso, casi fuimos secuestrados. Fue un momento escandaloso, inaceptable y muy peligroso. Preocupa porque estos conflictos se están dando en áreas protegidas y hay un gobierno inoperante, impotente y en muchos casos, cómplice”, lamenta Requena.
En el mapeo realizado por Cedib también se hace referencia a las agresiones de defensores en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, ubicada en el departamento de Tarija. En abril de este año se vieron una serie de ataques contra un grupo de líderes ambientales ante la intención del Gobierno de ingresar a esta zona natural para desarrollar proyectos petroleros. Esto está relacionado, además, a que en febrero de 2022 se aprobó el Decreto Supremo 4667 que está orientado a modificar la frontera hidrocarburífera e implementar nuevas medidas vinculadas a las atribuciones de la estatal Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en varias zonas priorizadas por el gobierno, entre las que se incluyen varias áreas protegidas.
Según Cedib, en Tariquía existe la intromisión de dirigentes de organizaciones civiles que no son de la zona y que apoyan la incursión petrolera, esperanzados en la compensación económica que podrían recibir en caso de que se realicen los proyectos hidrocarburíferos. Una de las víctimas —que no tiene registrado su nombre en la base de datos del Cedib— relata que estas personas “invasoras” le restringen el acceso a su comunidad, que se llama El Cajón y que está dentro de la reserva natural.
La defensa del Tipnis en Bolivia unió a varios defensores y defensoras del medio ambiente. Ahora, en esa zona se detuvieron varios proyectos carreteros. Foto: Wara Vargas-Cedib.
La defensora dice que recibe agresiones porque se opone al ingreso de empresas petroleras y que la amenazaron con dañar a su familia y su casa si insiste en la defensa de su territorio. “El 29 de marzo de 2022 la señora ST [abreviatura que aparece en el informe] denuncia el ingreso de familias ajenas al territorio de la Comunidad El Cajón, quienes dan el respaldo para la exploración [petrolera] en el área de Astillero. Estos comuneros son de Bermejo y además le restringen a la defensora el ingreso a su comunidad”, dice el informe del Cedib.
Existen otros relatos desde Tariquía y todos tienen la misma línea: las víctimas se oponen a la incursión petrolera y sufren agresiones y amenazas por parte de personas que son ajenas a las comunidades de la reserva natural. “En fecha 18 de abril de 2022 la activista AC [abreviatura que aparece en el informe] viajó hasta Tariquía para verificar el estado de pobreza en el que se encontraban las cinco familias de la comunidad El Cajón que vienen protestando y que fueron despojadas de su territorio. Denuncia que no la dejaban salir y tampoco ingresar a la comunidad, la retuvieron como si estuviese secuestrada, los colonos interculturales la amenazaron con pincharle las llantas del vehículo si pasaba más allá”, dice el informe sobre otra de las víctimas.
Este caso se refiere a Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), quien habló públicamente esta semana sobre los resultados del informe de Cedib. En abril de 2022, la activista narró que fue retenida contra su voluntad en el ingreso a Tariquía y tuvo que pedir ayuda para poder salir del lugar donde estaba. Carvajal es defensora del medio ambiente y se involucró en el apoyo a personas que sufren agresiones en el parque Madidi y en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
Amenazada por sus propios vecinos
Ruth Alipaz Cuqui es lideresa indígena uchupiamona. Ella también hace parte de la base de datos del Cedib y dio públicamente su testimonio el 28 de abril, día de la presentación del informe. La defensora mantiene una férrea lucha contra la construcción de la central hidroeléctrica Chepete – El Bala, un proyecto que, asegura, pondría en riesgo la vida en la cuenca amazónica del río Beni, donde desemboca el río Tuichi, y que podría desplazar a más de 5000 indígenas con la inundación de un territorio equivalente a siete veces la ciudad de La Paz. Además, este proyecto está en las puertas del parque Madidi.
Alipaz también protege su territorio de la minería presente en los ríos que recorren el Madidi. Y, precisamente, es por esa razón que asegura que recibió amenazas por parte de líderes campesinos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), partido del expresidente Evo Morales que sigue actualmente en el poder, por oponerse a la extracción de oro en el río Tuichi.
“En realidad el mensaje era que yo no podía hablar, que no debía hablar, no debía decir nada en contra del Gobierno [nacional] y que si lo estaba haciendo, me atuviera a las consecuencias. En el fondo era eso, es una manera de decirte qué puedes decir o qué puedes hacer o no hacer. Eso es triste porque así es como manejaron las empresas extractivas a los pueblos indígenas durante el gobierno de Evo Morales”, relata Alipaz.
Parabas de frente roja en el parque nacional Madidi. Los habitantes de la zona defienden su territorio y su fauna. Foto: Cristian Eugenio-Cedib.
La lideresa, que es parte de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), lamenta también que existan personas que viven en su comunidad que están a favor de proyectos de infraestructura o extractivistas en la Amazonía boliviana. Alipaz dice que algunos de ellos incluso la agredieron por oponerse a la central hidroeléctrica Chepete – El Bala.
“No solamente me gritaron en plena asamblea, sino que también estuve a punto de que me golpearan. En esa ocasión vi la reacción de otras mujeres para ponerse de mi lado y defenderme”, dice Alipaz y añade que es víctima también del machismo por intentar defender el medio ambiente.
Mongabay Latam consultó al Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia sobre estos ataques a defensores de la naturaleza pero hasta el momento de publicación no hubo respuesta. Quien sí se refirió al tema fue el senador Leonardo Loza del MAS y representante de los cocaleros de la provincia de Chapare. El legislador rechaza que haya agresiones a quienes defienden el medio ambiente y pide a las entidades correspondientes del Estado que realicen su trabajo para evitar ataques y amenazas. “Debe haber denuncias de las víctimas y no puede haber impunidad. Si se cometieron faltas pues deben ser castigados”, asegura.
Los agresores
En el informe del Cedib se hace un fuerte énfasis en los causantes de las agresiones. Según los datos, las personas que pertenecen a entidades del Estado son los principales perpetradores de los ataques con un 45 %. A eso hay que sumar personas, grupos y organizaciones de civiles que atacan a los defensores motivados por su apoyo al partido gobernante y sus políticas extractivas. Este grupo representa el 29 % de los agresores. “Muchos de estos civiles forman parte, indirectamente, de la estructura de poder estatal”, asegura Miranda.
Existen 33 hectáreas de cultivos ilegales de hoja de coca dentro del área protegida del Tipnis. Foto: El Deber
Por otro lado, un 16 % de los agresores son empresas, que en su mayoría son públicas y cooperativas, un 6 % de los perpetradores pertenecen a la Policía y las Fuerzas Armadas y, finalmente, un 4 % de los agresores se reúnen entre autoridades judiciales, municipios pequeños, gobiernos departamentales y civiles que no están de acuerdo con el bloqueo de proyectos extractivos.
Una de las conclusiones más preocupantes del análisis hecho por Cedib es que, en Bolivia, los ataques a defensores del medio ambiente están en aumento. Muchos callan por temor y pocos se animan a denunciar. Varias de las víctimas tuvieron que huir de sus comunidades porque las amenazas eran una constante. A pesar de la angustia, esperan que el Estado tome cartas en el asunto para no tener que seguir enfrentándose a barreras y ataques que buscan silenciar sus denuncias.
En el último semestre, ocho universidades privadas de Nicaragua fueron clausuradas permanentemente por el gobierno del presidente Daniel Ortega y sus bienes confiscados. Además, se canceló el permiso de operación de siete universidades extranjeras y se reformaron las leyes de educación superior.
La justificación oficial para la medida es que estas instituciones privadas no cumplieron con el requisito de informar detalles de su estado financiero, exigido a todas las organizaciones sin fines de lucro.
Las universidades afectadas sostienen que intentaron entregar sus informes fiscales al Ministerio de Gobernación dentro del plazo establecido, pero este se negó a recibirlos.
En opinión de los afectados, las medidas, dictadas por la legislativa Asamblea Nacional, son inconstitucionales y ponen fin a la autonomía universitaria.
“Están matando a las universidades en Nicaragua”, dice a SciDev.Net el químico Ernesto Medina, especialista en educación y exrector de la Universidad Americana (UAM), que sigue abierta. “Todo este espectáculo lo hacen con el objetivo final de callar las voces críticas en la sociedad”, precisa.
Medina es uno de los más de 200 000 nicaragüenses (3 % de la población), que viven en el exilio. El científico salió del país en julio pasado cuando muchos de sus amigos cercanos y estudiantes fueron detenidos por su posición contraria al gobierno de Ortega, quien tiene 15 años consecutivos en el poder.
La tensión entre la academia y el gobierno se agravó desde abril de 2018, cuando estudiantes de todo el país salieron a las calles para protestar contra reformas sociales. El gobierno respondió con una ola de represión sin precedentes.
En un par de meses, más de 150 estudiantes fueron expulsados de universidades públicas, más de 300 personas asesinadas por la policía y más de mil detenidas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expulsada del país el pasado 19 de abril.
“Es muy grave lo que está pasando en Nicaragua y el mundo está en silencio”: Helena Nader.
Cerca de 18 000 estudiantes han sido afectados con el cierre de las universidades, dos en diciembre 2021 y seis en febrero 2022.
Entre ellas están la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), conocida por su escuela de formación de enfermeras, y la Universidad Paulo Freire, que tenía carreras en ciencias jurídicas, ciencias políticas y psicología. Las instituciones cerradas mantenían posiciones en defensa de los estudiantes y contra la violencia y las detenciones de la policía.
“Evidentemente estamos cerrados porque hemos tomado una posición muy clara sobre el gobierno, que está en guerra contra el país, los estudiantes, las universidades y todos los que no son cómplices”, señala Adrián Meza, rector de la Universidad Paulo Freire.
Meza está exiliado en Costa Rica desde el día siguiente del anuncio del cierre en febrero para evitar ser encarcelado por comentarios contrarios a la decisión del gobierno.
El Consejo Nacional de Universidades (CNU), organismo público que coordina la política nacional de educación superior, tomó el control de los bienes de las universidades canceladas y anunció la apertura de tres nuevas universidades públicas para dar continuidad a los programas académicos.
Pero Meza asegura a SciDev.Net que a muchos estudiantes no les es posible continuar los estudios en las nuevas universidades porque sus certificados académicos no son reconocidos y otros, en proceso de graduación, no consiguen obtener sus diplomas.
“El gobierno no está teniendo la capacidad para absorber tantos estudiantes afectados” indica desde el exilio.
Añade que los rectores de las nuevas universidades creadas han rechazado a la mayoría de docentes de las universidades clausuradas aduciendo que han sido catalogados como “adversos a la ideología del régimen” y no serán incorporados a las nuevas instituciones.
Muchos estudiantes también tendrán que abandonar la vida académica, según Meza, por temor a represalias por su participación en las protestas contra el gobierno.
Explica que algunas universidades privadas hoy cerradas, como la Paulo Freire, habían acogido a estudiantes de universidades públicas que fueron expulsados y sus registros académicos cancelados por participar en las protestas en 2018.
Todo el poder al CNU
Además del cierre de universidades, el 6 de abril el gobierno de Ortega también aumentó el poder del CNU, que ahora es responsable de aprobar el contenido de los programas académicos y nombrar docentes, rectores y vicerrectores.
“Se canceló la autonomía universitaria en Nicaragua”, sentencia Meza. “El principio fundamental de la educación superior es la libertad de cátedra para alimentar en el estudiante un sentido crítico”.
SciDev.Net buscó insistentemente la versión del CNU, pero hasta el cierre de esta información no hubo respuesta.
Diversos científicos consultados por SciDev.Net, que viven en Nicaragua y prefirieron no identificarse por temor a represalias, creen que con la medida se intensificarán las dificultades para conducir investigaciones científicas en áreas contrarias a los intereses del régimen, como por ejemplo estudios sobre la pandemia de covid-19, frecuentemente minimizada por el gobierno, y estudios del impacto ambiental de la ya aprobada construcción de un megacanal que unirá el atlántico al pacífico.
Desde el anuncio del proyecto, diversos investigadores fueron despedidos por hablar contra esa construcción. Hace dos años, la Academia de Ciencias de Nicaragua tuvo un apoyo gubernamental de US$ 150.000, cancelado después de organizar un fórum de discusión científica sobre el canal.
“Es extremadamente grave”, añade la doctora en derecho Maria Luisa Acosta, presidenta de la Academia de Ciencias de Nicaragua, en el exilio desde 2018. “Tenemos un país en que el estado nos va a decir qué pensar, cómo pensar y en qué áreas tenemos que trabajar”, comenta a SciDev.Net.
Las reformas en las leyes también despojaron, en marzo, del presupuesto constitucional a la Universidad Centroamericana (UCA), una de las más antiguas de Nicaragua y considerada uno de los últimos centros de libertad de expresión. El fondo, que ya había sido reducido en US$ 7 millones en los últimos cuatro años, se utilizaba para financiar más de cuatro mil becas a estudiantes sin medios financieros.
Las colaboraciones internacionales en ciencia también están perjudicadas. Además de cancelar los permisos de instituciones extranjeras que ofrecían cursos y tenían proyectos de investigaciones científicas, el gobierno aprobó en octubre de 2020 una ley que obliga a los nicaragüenses que trabajan en organizaciones internacionales a identificarse como “agentes extranjeros”.
Pero los agentes extranjeros son perseguidos por el gobierno, afirman los investigadores.
La bióloga molecular Helena Nader, copresidenta de la Red Interamericana de Academias de Ciencias, informó que la institución está preparando un documento que se enviará al Consejo Internacional de Ciencias para buscar apoyo a los académicos de Nicaragua. “Es muy grave lo que está pasando en Nicaragua y el mundo está en silencio”, afirmó Nader a SciDev.Net.
Rahim Teshome llegó a Beirut cuando tenía 15 años por medio de una ‘kafala’, un sistema de patrocinio por el que empresas y familias importan mano de obra barata. Nunca le pagaron, le confiscaron su pasaporte etíope y la violaron. Su historia es la de miles de trabajadoras domésticas
Rahim Teshome habla deEtiopía como si no fuese el país que la vio nacer. No siente nostalgia ni apego por sus raíces. A sus 26 años recuerda su infancia con mucha distancia pues, desde muy temprana edad, supo que su futuro no estaba Adís Abeba. Con tan solo seis años quedó a cargo de sus hermanas mayores tras la muerte de sus padres. “Era muy pequeña, la vida era difícil, iba a escuela,no teníamos comida y por ello decidí salir”, recapitula. En 2012 tenía 15 años y una vecina le recomendó marcharse al Líbano, como había hecho su hija, bajo el sistema de la kafala.
Kafala en árabe significa protección y, en origen, era la fórmula prevista en el derecho islámico para la acogida de huérfanos. Sin embargo, en las últimas décadas se ha convertido en el medio usado por las empresas y particulares para importarmano de obra barata a los países del Golfo y Oriente Próximo, principalmente en sectores como el de las labores domésticas o la construcción.
“Me dijeron que iba a trabajar con una familia, que me arreglaría los papeles y que cobraría un sueldo para ayudar a mis hermanas”, asegura sonriendo mientras rememora lo que iba a ser el plan perfecto de una niña que soñaba con salir de la pobreza. Embarcó con otras 150 menores de edad etíopes; ninguna sabía ubicar el Líbano en el mapa, pero estaban convencidas de que, desde su nuevo destino, iban a poder ayudar a sus familias. “El viaje fue muy largo. Estuvimos varios días en un aeropuerto de Yemen sin comida y durmiendo en el suelo”, dice Teshome.
Rahim Teshome mira hacia el exterior a través de una ventana de la sede del Anti-Racism Movement (ARM), en Beirut. Llegó al Líbano cuando tenía 15 años, le confiscaron el pasaporte y la violaron. Su historia se repite entre los miles de trabajadoras domésticas extranjeras.BRAIS LORENZO
“Me duele mucho recordar las condiciones en las que llegué. Tenía mucha hambre y estaba agotada”, añade. Fue a buscarla la madame, título con el que se refiere a su empleadora, la señora que la acogió como empleada doméstica y que desde entonces se convirtió en su dueña. Así lo establecen las normas de extranjería, que otorgan a los empleadores un control absoluto sobre “sus patrocinados”.
Fara Baba, portavoz delAnti-Racism Movement (ARM), lo explica: “En determinados sectores, no están amparados por el Código del Trabajo libanés. El Código de la kafala le da el poder al que da empleo y no protege a las trabajadoras como en este caso. Por eso lo llamamos una esclavitud moderna”. LaOrganización Internacional del Trabajo (OIT) denuncia que se trata de un círculo vicioso de salarios bajos y falta de protección social. “El sistema vigente va en contra del reconocimiento del servicio doméstico como un empleo decente. Algo que afecta tanto a migrantes como a nacionales que pudieran estar interesadas en formar parte de este sector”, detalla Zeina Mezher, portavoz de Migración Laboral de la OIT para el Líbano.
Según datos oficiales, hay unas250.000 mujeres migrantes, procedentes de África y del sudeste asiático, que son trabajadoras domésticas en un país de seis millones de habitantes. “Por nuestra experiencia sobre el terreno sabemos que este número es mucho mayor. El propio cónsul de Etiopía afirmó el año pasado que había alrededor de 450.000 ciudadanos etíopes aquí. Esto significa que el número total es mucho mayor”, aclara Baba.
El problema no era el trabajo. El problema no era mi agotamiento físico y mental. Mi problema es que me violaban el hijo y el padre de la familia
Teshome no tardó en darse cuenta del peso que caía sobre su espalda: “Me vi con 15 años gestionando una casa. Todo, absolutamente todo, lo tenía que hacer yo. Cuidaba desde los más pequeños hasta a los más mayores. Trabajaba las 24 horas del día, los siete días de la semana; y nunca me pagaban”, denuncia la joven llena de indignación. “Para comer o beber agua tenía que esperar a que la madame se marchara”, relata sobre las condiciones en las que vivía.
Cada vez habla más atropellada, como si necesitara contarlo todo, antes de que la sorprendan. Los gestos y la mirada la delatan, pese al esfuerzo que hace por disimular la angustia al recordar las atrocidades vividas. Se interrumpe y busca el aire que parece escapársele sin remedio; se frota las manos sobre las rodillas como quien busca el modo de coger impulso y enfrentarse a una realidad que no consigue dejar atrás. “El problema no era el trabajo. El problema no era mi agotamiento físico y mental”. Vuelve a hacer una pausa. “Mi problema es que me violaban el hijo y el padre de la familia”. De nuevo, el silencio.
“Ahora quiero denunciarlo y no me importa decirlo. Muchas chicas se suicidan tras sufrir abuso sexual”, anuncia con decisión. Además, insiste en que vienen de “sociedades muy conservadoras” en las que, si pierden la virginidad, son repudiadas. “Aunque hayamos sido violadas, nos consideran culpables”. La experiencia de su joven vida la ha llevado a entender que la violencia que se ejerce sobre las mujeres por el mero hecho de serlo, es estructural. Este tipo de abuso es más probable que suceda cuando las que trabajan a “puerta cerrada y con poca interacción con el mundo exterior”, recalca la portavoz de la OIT para Líbano. “Se hace aún más posible en un ambiente de trabajo desprotegido y donde el sistema priva a estos empleados del derecho a vivir y hacer su labor con dignidad”.
Desde el Movimiento Antirracista libanés resaltan que muchas de las muertes de trabajadoras domésticas son consideradassuicidio por las autoridades libanesas. “Para evitar abrir una investigación sobre las acusaciones de abuso y homicidio por parte de los empleadores”, explica su portavoz. Aseguran que es habitual que estos aleguen que “su protegida” tenía problemas de salud mental con el fin de presentar su muerte como autoinfligida y, por lo tanto, desentenderse de cualquier responsabilidad, pese a la existencia de denuncias por abusos. “Las Fuerzas de Seguridad Interna (ISF) calculan que, entre 2008 y 2018, 1.366 mujeres se habían quitado la vida en el Líbano, de las que el 13,4% eran inmigrantes etíopes”, añade Baba.
“Hace unos días, una joven etíope embarazada por violación fue expulsada del país por la familia que la empleaba. Volvió a Etiopía a criar al bebé y es que abortar no está bien visto”, denuncia. En el caso de Teshome, el hijo de la familia donde trabajaba comenzó el acoso, primero sutilmente, luego exigiéndole que le enseñara su ropa interior, después se desnudaba delante de ella y, finalmente, aprovechando los momentos en los que su madre no estaba, pasó a violarla. “Cuando le dije a la madame que su hijo me pedía cosas extrañas, me exigió que le obedeciera, que era mi hermano”, asevera. “Al cabo de un tiempo, su marido también empezó a violarme”.
Finalmente, Teshome, después de que el hijo la agrediese sexualmente por la mañana y el padre por la tarde, decidió jugársela y escapar. “Me tiré por el balcón de un segundo piso. Tenía que elegir entre la vida o la muerte”, zanja. Se salvó, pero había huido con lo puesto y sin su pasaporte, en poder de la madame. Se levantó del suelo magullada, se escondió en un callejón hasta recuperarse y tomar una decisión. Al poco, ya había puesto rumbo a Beirut, la capital.
Rahim Teshome habla con Fara Baba, portavoz del Anti-Racism Movement (ARM). Según datos oficiales, hay unas 250.000 mujeres migrantes, procedentes de África y del sudeste asiático, que son trabajadoras domésticas, pero las ONG estiman que son muchas más.BRAIS LORENZO
“Me quedé deambulando en las calles y con mucho miedo a la policía porque era una persona ilegal”, relata. En la capital se juntó con otras jóvenes etíopes que también se habían escapado y desde entonces ha hecho todo tipo de trabajos para salir adelante. “He limpiado muchos bares, casas y almacenes. He trabajado en cocinas y en hoteles. A veces me pagaban, pero muchas otras me decían que, como era ilegal, no podía cobrar”, concluye.
Según Baba,la crisis en el Líbano, agudizada por la pandemia, ha creado más conciencia sobre las terribles condiciones de las mujeres migrantes bajo el sistema de la kafala. Muchos empleadores, con el desplome de la libra libanesa, ya no podían pagar los salarios. En lugar de repatriar a las empleadas con el depósito que abonaron cuando las contrataron, las mantienen sin sueldo y abusando de ellas; otros prefieren abandonarlas en las puertas de sus respectivos consulados, “sin haberles pagado y sin devolverles sus pasaportes”, asegura Baba.
En 2020, un grupo técnico coordinado por la OIT trasladó al Ministerio de Trabajo un plan de acción para desmantelar la kafala que permitiría rescindir los contratos por parte de los empleados domésticos migrantes. En segundo lugar, este aborda todos los componentes del trabajo forzoso, “como la confiscación de pasaporte, el retraso en el pago de estipendios o el abuso horario”, asegura Mezher. Sin embargo, subraya que erradicar está práctica es un camino complicado: “El reconocimiento oficial de que es un sistema abusivo que pone en riesgo vidas humanas es un punto de partida crucial”.
Hay trabajadoras domésticas que deciden volver a sus países, aunque no es fácil por temas burocráticos. “Cuando hablaba con mis hermanas, me decían que tenían a un hombre dispuesto a casarse conmigo. Era mayor, pero les daría una buena dote”. Para Teshome, regresar no estaba en sus planes, pues “habría sido transitar de una cárcel a otra”.
Lo he perdido todo, incluso mi libertad y mi dignidad. Me he ahogado tantas veces en el país de los cedros, que no me da miedo el mar
Líbano atraviesa una de lascrisis económicas más graves de su historia moderna y, según la OIT, esto ha hecho bajar la demanda de empleadas domésticas. Denuncian que las agencias de contratación todavía están tratando de identificar nuevos mercados en el intento de motivar a mujeres a trabajar en el país árabe. “Existe un alto riesgo en tales tendencias, ya que las inmigrantes no cuentan con conocimientos suficientes sobre el contexto laboral y carecen de vías de buscar ayuda si es necesario”, asegura Mezher.
Para Teshome, la vida en las calles de Beirut también fue igualmente traumática. “Te ven una mujer negra y se creen que pueden hacer contigo lo que quieran”. Finalmente, se casó con un sudanés. “Necesitaba tener un apoyo y seguridad”, se justifica. “Esta es una sociedad machista. Es mejor casarme a que me violen. Nadie tiene por qué acosarme en la calle o en las casas”.
Rahim Teshome ayuda a su hijo, de seis años, a realizar las actividades escolares en el interior de su casa. “Tengo mucho miedo por él, pero debo garantizarle un lugar seguro. Si aquí el Estado no se hace cargo por el sistema de la kafala implantado, tendremos que buscar alguna solución”.BRAIS LORENZO
Pese a todo, su vida no ha cambiado demasiado, puesto que aún vive con el temor a ser detenida; lo que ha hecho puede ser motivo de cárcel o deportación. Además, no tiene papeles y sabe que jamás los tendrá y, aunque ahora tiene un hijo nacido en el Líbano, este también está en situación irregular. “La madame me dijo que mientras ella viviera, yo nunca tendría mi permiso de residencia”. La preocupación de Teshome ahora es su niño de seis años; cuando cumpla los diez, sin el permiso de residencia, no podrá ir al colegio. Su vida está limitada al trayecto de la escuela a casa. “No puedo dejarle jugar por si le pasa algo; sin documentación, pueden quitármelo”.
Ahora, su único objetivo es tener papeles. Pero lo sabe inalcanzable, ya que necesita el visto bueno de la madame y cree que ella no dará su brazo a torcer. Ahora, Teshome está preparándose para volver a emigrar. “Tengo mucho miedo por mi hijo, pero tengo que garantizarle un lugar seguro. Si aquí el Estado no se hace cargo por el sistema de la kafala implantado, tendremos que buscar alguna solución”. No tiene una fecha marcada en el calendario, pero su intención es marcharse a Turquía y de ahí intentarllegar a Europa cruzando el Mediterráneo. “Lo he perdido todo, incluso mi libertad y mi dignidad. Me he ahogado tantas veces en el país de los cedros, que no me da miedo el mar”.
Solo en dos días se presentaron tres casos en Envigado, Medellín y Caldas. ¿Qué está pasando?
En solo 48 horas se conocieron tres casos de bullying que sacudieron a la opinión pública y se volvieron el tema central de una reunión que tuvo la ministra de Eduación, María Victoria Ángulo, con 96 secretarios de Educación del país.
Se trata de un martirio que sufren al menos tres de cada diez estudiantes de colegios en Colombia, según un análisis del Laboratorio para la Economía de la Educación de la Universidad Javeriana (LEE).
Tal vez el caso más impactante fue el de un menor de 13 años que estudia en el Colegio Granadino, ubicado el municipio de Villamaría, Caldas. El menor de edad estaba jugando con sus compañeros cuando uno de ellos trató de empalarlo con una varilla.
La agresión le acarreó una lesión en un testículo y al menos ocho días de incapacidad, aunque ya se está recuperando en su casa.
Su caso, sin embargo, no es el único, pues ya se han registrado otras agresiones en los últimos días, dos de ellas fueron en Antioquia.
Una de ellas se dio en el colegio La Salle, de Envigado. En un video que se hizo viral esta semana quedó reflejada una escena indignante: un joven está sentado en el piso bajo la mirada de sus compañeros que le rociaron lo que parece ser alcohol en la cabeza. Luego, le prendieron fuego. Las llamas arden durante unos segundos y de fondo se escuchan gritos y risas.
El secretario de Educación de Envigado, Juan Gabriel Vélez, indicó que los jóvenes implicados ya dieron su versión de los hechos, que está siendo evaluada.
Otro caso se dio en el colegio Cefa, de Medellín y no solo involucró acoso escolar, sino que fue una muestra clara de racismo. Una estudiante y su madre le pidieron a una compañera afrodescendiente que explicara en clase por qué tenía un olor diferente. La niña se vio obligada a hablar del tema frente a sus compañeros.
La Secretaría de Educación de Bogotá, mientras tanto, reportó que este 5 de mayo las estudiantes del Colegio Distrital Técnico Menorah hicieron un plantón dentro de la institución para protestar contra los hechos de violencia que se registran dentro de las aulas. Incluso estaban pidiendo la renuncia inmediata de la rectora.
Según se conoció, las alumnas y sus familias no solo se estaban quejando de casos de acoso escolar, sino también de violencia sexual dentro de la institución.
“Las estudiantes junto con su equipo directivo acordaron realizar el debido reporte de los casos puntuales sobre bullying, acoso y discriminación en el sistema de alertas”, informó la Secretaría de Educación de la capital en un comunicado
Los hechos de violencia registrados en los últimos días coincidieron con la publicación de un análisis de datos realizado por el LEE a partir de los resultados de las pruebas Pisa de 2018, que además de evaluar el rendimiento académico de los estudiantes, también les pone la lupa a la calidad y la seguridad de sus entornos escolares.
Tras comparar las respuestas de los estudiantes colombianos con los de otros sistemas educativos, el LEE recogió datos preocupantes.
Encontró, por ejemplo, que entre los diez países latinoamericanos que son socios o aliados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Colombia es el segundo país en el cual el bullying es más frecuente. El primer puesto lo ocupa República Dominicana.
Varias conductas violentas en las aulas de clase se presentan con mayor regularidad en Colombia que en el resto de países de la OCDE.
Mientras que en los países miembros de esa organización el 22% de los estudiantes dijo que ha sufrido bullying, en Colombia ese porcentaje subió hasta el 32 %. Lo mismo sucedió con conductas como el robo de pertenencias, que en los países OCDE se dio en el 6.6% de los estudiantes y en Colombia en el 12,2 %; las burlas, 13,7 % en el promedio OCDE y 18,1 % en Colombia; y las agresiones físicas, con 7 % para los países de la OCDE y 11,2 % para Colombia.
Los resultados son aún más dicientes si se tiene en cuenta que Colombia destacó en bullying, pero mostró un rezago en desempeño académico, pues los estudiantes estuvieron por debajo del promedio de resultados en las tres áreas evaluadas: matemáticas, lectura y ciencias. No obstante, ha logrado cerrar las brechas educativas desde que empezó a participar en las Pruebas Pisa, en 2006.
Como el bullying también tiene efectos negativos en el desempeño académico (ver Para Saber más), el LEE también les dio recomendaciones a las autoridades educativas para que reduzcan la incidencia de estos casos en Colombia.
Entre otras cosas, recomiendan mejorar la recolección de información sobre el bullying en el país, pues la información sobre fenómenos como el ciberacoso aún es limitadas. También recomiendan agilizar los mecanismos de denuncia para las víctimas y sensibilizar a padres, maestros y en general toda la sociedad para que sepa identificar el bullying.
En la tarde de este 5 de mayo, precisamente, la ministra de Educación, María Victoria Ángulo, se reunión con los secretarios de Educación del país para hablar sobre las políticas públicas contra el acoso escolar.
“Estamos trabajando en equipo para fortalecer el sistema de Convivencia Escolar, compartir los avances de Evaluar para Avanzar y fortalecer el bienestar, acceso y permanencia de nuestros estudiantes en todos los territorios”, dijo la funcionaria
OtrasVocesenEducacion.org existe gracias al esfuerzo voluntario e independiente de un pequeño grupo de docentes que decidimos soñar con un espacio abierto de intercambio y debate.
¡Ayúdanos a mantener abiertas las puertas de esta aula!
Users Today : 16
Total Users : 35474641
Views Today : 20
Total views : 3574622