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Conversamos con Flora Sofía Acselrad, de la Red de Judiciales Feministas, sobre las falencias y obstáculos en el sistema judicial con los casos de denuncia de abuso sexual en las infancias. ¿Qué pasa con esta piedra en el zapato de la sociedad que no se quiere ver? No hay estadísticas oficiales ni formación específica para integrantes de la Justicia, tampoco en las carreras y, sobre todo, no se le cree a niñxs y se patologiza y criminaliza a quienes intervienen en favor de la víctima, puntualmente, a las madres protectoras.

Una de las consignas desde Ni Una Menos, hace tiempo, es poner en agenda mediática lo que están trabajando y denunciando las organizaciones de madres protectoras sobre casos de Abusos Sexuales en la Infancia (ASI). Hay momentos en que socialmente algunos de esos casos conmueven, la gente se horroriza, se pregunta cómo puede ser posible y, luego, en general, se duda. Porque en una cultura adultocéntrica, la voz de las infancias siempre ha sido puesta en duda y, en una cultura patriarcal, la voz de la madre que denuncia es cuestionada. Así las cosas, país.

El abordaje institucional en los casos de abusos sexuales está en cuestión en todo el país, si bien solo nos enteramos de algunas historias, quienes están trabajando en la temática observan patrones y lógicas similares. A fines de febrero, se puso en funcionamiento, en el Congreso de la Nación, una Mesa Nacional Contra el Abuso Sexual a las Infancias.

Daniela Rosso, madre protectora, explicó: “Hay 6 casos en Argentina marcados como casos graves: Flavia Saganías, Gilda Morales, la niña Arcoíris, la niña Sol, Michelle y la niña Alicia. En todos los casos que hay ASI, hay una mujer que denuncia, que busca protegerles, prácticas de encubrimiento judicial, grupos antiderechos operando; y en todos los casos, hay respuestas ilegítimas por parte del Estado”.

En La Rioja, la causa de la niña Arcoíris consta de cinco denuncias por abuso sexual -realizadas entre 2018 y 2022- y el relato de la víctima; sin embargo, la niña será revinculada con el entorno del abuelo denunciado. “Suficiente para activar protocolos de cuidado, acompañado por irrefutables pruebas constatadas por organismos pertinentes. La Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, presentó un amicus curiae en defensa de la palabra de Arcoíris. El Poder Judicial riojano, contra toda prueba y legalidad, desoye a la niña y a su mamá, en un claro intento de encubrir al abusador”, expresaron días pasados desde el equipo de trabajo Justicia por Arcoíris.

El pasado 30 de mayo, la fiscal Nadia Schargrodsky pidió la prisión de Delfina, mamá de la niña Arcoíris, “con argumentos carentes de validez, con el claro objetivo de apartar a la única garante de la integridad física y emocional de la niña”, agregaron desde el equipo, quienes están exigiendo a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y a Gabriel Lerner, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, que ejecuten las medidas de protección que correspondan y se constituyan como querellantes.

El pasado 27 de abril, se realizó una conferencia de prensa de apoyo y visibilización para que la Corte Suprema de Justicia revise el caso de Flavia Saganías, condenada a 23 años de prisión por los tribunales de Cruz del Eje. Denunció a su ex pareja por abuso a su hija, la fiscalía de Cosquín archivó la causa, ella hizo un escrache en redes y fue acusada de ser la autora intelectual del ataque que su hermano y madre cometieron contra el denunciado. Mientras Flavia cumple su condena, el caso de su hija sigue esperando.

La abogada de la niña, Marcela Cano, expresó: “La niña sufrió situaciones de revictimización al momento de la denuncia, quien fue trasladada por su mamá desde Capilla del Monte a Cosquín a las 4 a. m., en colectivo para que, luego de una larga espera, la trasladasen en móvil policial a la ciudad de Córdoba donde, sin almorzar ni merendar, a las 17 horas, iniciaron la cámara Gesell tratándose de una persona que no estaba preparada para ello. También queda en evidencia que el Estado contribuye a ello toda vez que las víctimas carecen de los recursos y del acceso a profesionales que asistan de manera integral la situación de violencia y abuso vivida”. Luego de que la primera denuncia fuera archivada en 2017 por falta de pruebas, en 2018, Flavia intentó que se desarchive con nuevas pruebas y constituida ella como querellante, pero le denegaron el procedimiento, que logró recién en 2019.

El estereotipo de la mujer despechada o que busca venganza con sus ex parejas, los argumentos de falseamiento, hipótesis de investigación y métodos o pericias basados en el llamado SAP (Síndrome de Alienación Parental) son estrategias de defensa muy vigentes y preocupantes, que desgastan los entornos de las víctimas. Burocracias, trabas, barreras reales y simbólicas para que se desista de la denuncia y la vía legal. Nadie quiere ni está preparadx para afrontar este tipo de violencias, menos cuando lo que se observa son casos que muestran lo pantanoso del camino.

Para analizar los principales obstáculos y falencias del sistema de administración de justicia en el abordaje de las causas por abuso sexual contra las infancias que existen en la actualidad, conversamos con Flora Sofía Acselrad, exdirectora de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación (CSJN) y autora del proyecto que se transformó en la Ley Micaela, integrante de la Red Judiciales Feministas.

—¿Por qué no existen estadísticas que muestren las denuncias de abuso sexual en las infancias y las condenas o tratamientos judiciales de los mismos? ¿Cómo podría el Estado avanzar en dar una respuesta a esto?

En principio, a diferencia de otros países, la actividad judicial no jurisdiccional -esto es el trabajo que no está directamente relacionado con el dictado de decisiones judiciales- no está suficientemente jerarquizada. Esto trae como consecuencia falta de inversión suficiente -en tiempo y también en la dedicación que requiere- y las estadísticas son parte de ese trabajo no jurisdiccional del Poder Judicial. Por otro lado, en nuestro sistema federal, hay una dificultad adicional que se vincula a que cada Poder Judicial provincial elabora sus propias políticas judiciales y, por lo tanto, no es fácil unificar los datos de todo el país. Esto es lo que pasaba hasta hace no tanto con los datos sobre femicidios que eran aportados por la ONG La Casa del Encuentro, a partir de la información de los diarios. La Oficina de la Mujer elaboró un sistema de recolección federal, unificando criterios para la carga de datos que bien podría utilizarse agregando los vinculados a las causas por abuso sexual en las infancias.

—A partir de lo que has podido indagar de algunos casos: ¿qué pasa con los casos que ingresan al sistema de justicia? ¿Qué patrones vinculados a la falta de formación específica, las dificultades en cómo se trata a niñxs, el procedimiento de la cámara Gesell y las revictimizaciones se repiten en el tratamiento de los mismos?

Se sabe que el número de casos que se judicializa es ínfimo. En esta clase de hechos, hay diferentes factores que contribuyen a silenciar a las víctimas: el hecho de que un alto porcentaje de estas situaciones ocurre en el ámbito familiar y son perpetradas por personas de su ámbito de confianza; la enorme vulnerabilidad de las víctimas, que las hace totalmente susceptibles a la manipulación y amenazas del abusador; en ocasiones, la parálisis de la familia ante el impacto que genera el descubrimiento. A todo ello, se suma que, cuando las causas llegan al Poder Judicial, el sistema pretende que niñas, niños y/o adolescentes se adapten a sus tiempos, a sus formas, a sus procesos, a sus lugares construidos desde una mirada totalmente adultocéntrica desde el punto de vista estructural. Esto genera no solo que, en una importante cantidad de casos, el abusador sea absuelto, sino que además se revictimice a lxs niñxs y jóvenes, así como a las personas que lxs acompañan en su petición de justicia.

—¿Por qué no se les cree a lxs niñxs que manifiestan o expresan con palabras y conductas indicios de abusos? ¿Y por qué hay tanto castigo contra las madres que denuncian?

El sistema es adultocéntrico y, por lo tanto, aunque con algunas diferencias mínimas, la exigencia probatoria es comparativamente más exhaustiva que en el caso de los abusos a personas adultas. Así, se pretende que declaren en cámara Gesell y cuenten los abusos frente a una persona extraña, el día que la justicia fija, en lugares que, salvo excepciones, no tiene nada de atractivo para lxs niñxs. En vez de entender que tienen sus tiempos, que tal vez se pueda lograr con alguien que conocen y tienen confianza, a través de juegos, con gestos, con dibujos, y de manera fragmentada decir lo que les ocurrió. Correlativamente, y aunque culturalmente las mujeres aún somos socializadas para ser las principales cuidadoras y, en esta clase de hechos, son testigos privilegiadas del cambio de conducta de sus hijos e hijas, el sistema actúa con prejuicios hacia ese testimonio pues prima el estereotipo de “mujer despechada” que intenta utilizar la denuncia en contra de su expareja.

—¿Por qué este tema es urgente a la vez que presenta tantas resistencias, no solo desde las instituciones del Estado, sino para hablarlo socialmente?

No sé bien la respuesta a esta pregunta, pero entiendo que es porque se trata de situaciones tan aberrantes que nos cuesta aceptar que suceden, preferimos cerrar los ojos, no creer que las personas son capaces de infringir semejante daño a quien debieran proteger. El descreimiento es la reacción inmediata del círculo cercano frente a la develación del abuso. En cuanto a las instituciones, están habitadas por personas que les cabe esas consideraciones y donde evidentemente lxs niñxs no son la prioridad.

 Fuente de la información e imagen: La Tinta