El veto talibán a la educación femenina demuestra que los ultraconservadores mantienen el control del movimiento islamista y expone una pugna por el poder que pone en riesgo la ayuda internacional necesaria para la población de Afganistán, aseguran los expertos.
Los colegios de secundaria para mujeres fueron cerrados el mes pasado, apenas horas después de reabrir por primera vez desde el regreso de los talibanes al poder en agosto.
El giro, ocurrido tras una reunión secreta de los líderes del grupo en la ciudad de Kandahar, la cuna del movimiento, provocó indignación internacional y desconcierto en muchos de sus integrantes.
«La orden fue devastadora», indicó un alto responsable talibán a AFP. «El mismo líder supremo intervino», añadió.
Todas las autoridades talibanas que hablaron con AFP sobre la cuestión lo hicieron bajo condición de anonimato.
El movimiento nunca ha argumentado esta prohibición, más allá de señalar que la educación de las chicas debe concordar con los «principios islámicos».
Pero un alto responsable dijo a AFP que el líder supremo Hibatulá Akhundzada y otros dirigentes mantuvieron posturas «ultraconservadoras sobre este tema» y dominaron el debate.
Dentro del movimiento emergieron dos grupos: el urbano y los ultraconservadores, afirmó. Y «los ultraconservadores ganaron esta ronda», añadió.
En este grupo figuran influyentes clérigos como el jefe de justicia Abdul Hakim Sharai; el ministro de Asuntos Religiosos, Noor Mohamad Saqeb, o el ministro de la Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio, Mohamad Jalid Hanafi.
– Kandahar impone su influencia –
Estos clérigos se sienten excluidos de las decisiones del gobierno y expresan su oposición a la educación femenina como una forma de restaurar su influencia, dijo Ashley Jackson, una investigadora en Londres que ha trabajado extensamente sobre Afganistán.
Según ella, la «desproporcionada influencia de esta minoría desfasada» ha impedido que el país avance en algo que la mayoría de afganos respaldan, incluso gran parte de quienes están en el poder.
Esto «demuestra que Kandahar permanece como el centro de gravedad de la política talibana», opinó el analista Graeme Smith, del International Crisis Group.
Otro alto miembro talibán explicó que los radicales estaban tratando de apaciguar a miles de combatientes que proceden de zonas rurales profundamente conservadoras.
«Para ellos, incluso si una mujer sale de su casa, es inmoral. Imagínate lo que significa educarla», señaló.
El líder Akhundzada estaba en contra de la «educación moderna y secular» porque la asocia a la vida bajo los gobiernos respaldados por Occidente de Hamid Karzai y Ashraf Ghani. «Es su visión del mundo», añadió.
Los talibanes regresaron al poder el año pasado aprovechando la salida de las tropas internacionales lideradas por Estados Unidos dos décadas después de la invasión que propició la caída del primer régimen de los fundamentalistas (1996-2001).
En estos 20 años, las chicas pudieron ir a escuela y las mujeres pudieron buscar trabajo en todos los sectores, a pesar de que el país siguió siendo socialmente conservador.
El activista y académico islámico Tafsir Siyaposh indicó que las chicas en Afganistán siempre estudiaron en clases segregadas por sexo y seguían un currículo islámico, con lo que el veto enseña que los talibanes solo quieren «oprimir los derechos de las mujeres dando excusas».
– Golpe a la ayuda internacional –
Una fuente talibana en Pakistán confirmó las diferencias en la cúpula del movimiento sobre esta cuestión, pero aseguró que no había riesgo de fragmentación.
«Hay debate en este tema (…), pero estamos intentando superar nuestros defectos», dijo.
En cualquier caso, los analistas argumentan que esta prohibición socavó el intento de los talibanes de ganar reconocimiento internacional y recaudar ayuda para la grave crisis humanitaria del país.
Jackson aseguró que ni el líder Akhundzada ni las personas cercanas a él «entendieron completamente» las consecuencias en la comunidad internacional que ha vinculado el reconocimiento del movimiento al respeto de los derechos de las mujeres.
Incluso algunos altos mandos talibanes coinciden en esto.
«Les estamos diciendo (a los ultraconservadores) que gestionar un país es diferente a gestionar una madrasa», una escuela musulmana, confesó un responsable talibán en Kandahar.
«Todo iba bien hasta que esta dura orden llegó. Y llegó de nuestro líder, con lo que tenemos que seguirla, aunque intentamos cambiarlo», añadió.
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Esta prohibición reduce la predisposición de los gobiernos a cooperar con los talibanes, apuntó Smith, del International Crisis Group.
«Plantea la pregunta de con quién exactamente tienen que hablar dentro de los talibanes», agregó.
Los estadounidenses están profundamente divididos acerca de lo que se debe enseñar a alumnos de educación básica acerca del racismo y la sexualidad, de acuerdo con una nueva encuesta difundida en momentos que el Partido Republicano quiere hacer de la participación de los padres en la educación un tema central de su campaña electoral.
En general hay una leve tendencia a favor de ampliar —no reducir— las discusiones sobre racismo y sexualidad, pero cuatro de cada 10 dicen que el enfoque vigente es el correcto, y los porcentajes son similares en ambos partidos. Pero la encuesta realizada por la Facultad Harris de Políticas Públicas de la Universidad de Chicago y The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research revela profundas diferencias entre republicanos y demócratas en cuanto a los ajustes a realizar.
Cuatro de cada 10 republicanos sostienen que los docentes en las escuelas públicas dedican demasiado tiempo a asuntos relacionados con la sexualidad, mientras que uno de cada 10 dice que es poco el tiempo. Entre los demócratas, esas cifras son a la inversa.
Las conclusiones reflejan un debate nacional altamente politizado que agita las juntas escolares y llega a las legislaturas estatales. Los republicanos ven en la pelea por los planes de estudio una guerra cultural que les puede ganar muchos votos en las elecciones legislativas de noviembre.
En los estados se han presentado nuevas leyes destinadas a limitar la enseñanza sobre el racismo y la sexualidad y sancionar una “carta de derechos de los padres” que daría una mayor trasparencia a los planes de estudio y les permitiría presentar quejas contra los docentes.
El impulso a favor de nuevas leyes para la educación elemental y media provino de la pandemia de COVID-19, cuando padres iracundos invadieron las reuniones de las juntas escolares para expresar su oposición al cierre de escuelas, la obligación de usar la mascarilla y otras medidas destinadas a impedir la trasmisión de la enfermedad.
Según la encuesta, el 50% de los estadounidenses dicen que los padres tienen influencia insuficiente en el plan de estudios, mientras que el 20% dice que es excesiva y el 27% está satisfecho con la situación tal como está.
En Florida, el gobernador republicano Ron DeSantis sancionó una ley que prohíbe hablar de orientación sexual e identidad de género desde el jardín de infantes hasta tercer grado. La Casa Blanca y otros opositores a la ley la llaman “no digas gay”.
La encuesta revela una mayor tendencia a sostener que la tendencia a hablar de sexo y sexualidad en las escuelas es insuficiente en lugar de excesiva, 31% a 23%, pero el 40% aprueba la situación actual. La encuesta no preguntó sobre los grados.
La encuesta AP-NORC de 1.082 adultos se realizó del 17 al 21 de marzo con una muestra probabilística del AmeriSpeak Panel de NORC, diseñado para ser representativo de la población estadounidense. El margen de error es de más o menos 4 puntos porcentuales.
El Frente de Trabajadores de la Educación impide la llegada de turistas al área del Parque Nacional y al Aeropuerto. Gendarmería negocia la liberación del tránsito.
Los docentes nucleados en el Frente de Trabajadores de la Educación cortan el acceso al Parque Nacional Iguazú con un piquete sobre la ruta nacional 101, generando caos en el desarrollo de las actividades turísticas en el comienzo de Semana Santa.
El reclamo salarial de un sector de los docentes misioneros lleva más de dos meses con manifestaciones constantes como cortes de rutas o el acampe en el Consejo de Educación.
Ahora, en una asamblea que se realizará en el piquete del acceso a las Cataratas, los educadores decidirán cuáles serán las próximas medidas que adoptarán en su plan de lucha.
El secretario general de ATE y CTAA Misiones, Jorge Duarte, explicó desde Iguazú que: “Estamos sosteniendo la decisión de los trabajadores en alcanzar un salario que dignifica la tarea de educar a los niños y niñas de nuestra provincia”.
El operativo de Gendarmería Nacional desplegado en la zona del corte logró la liberación del tránsito por 40 minutos y la tensión se mantiene.
En los últimos meses se esperaba la aprobación de la modificación del sistema transitorio que tendría que dar respuesta al acuerdo entre Gobierno y sindicatos para reducir la interinidad hasta el 8% desde, aproximadamente, el 25% en donde se encuentra actualmente. El acuerdo tiene un periodo de aplicación, inicialmente, de 2022 a 2024.
Mientras que los sindicatos han intentado acelerar el procedimiento para la tramitación de la modificación del Decreto 276/2007, las comunidades autónomas se han dado toda la prisa posible para aprobar y convocar los procesos selectivos de este 2022 antes de las novedades en un intento por beneficiar a las y los interinos que actualmente tienen trabajando. A pesar de que en otros momentos se ha respetado tramitaciones similares y se han convocado las plazas de oposiciones después de los cambios, en esta ocasión, las administraciones autonómicas han preferido no hacerlo en su mayor parte.
Esta situación ya generó el descontento por parte de los sindicatos que firmaron el acuerdo de estabilización (CCOO. CSIF y UGT). Un descontento que ha vuelto a aparecer una vez que se ha aprobado en el Consejo de Ministros el texto definitivo y que ha supuesto diferencias con lo acordado con ellos en las meses de negociación.
El mayor problema es que el Gobierno ha decidido a última hora, según cuentan, por un dictamen del Consejo de Estado, a separar las ofertas de empleo público. Según el último sistema, las CCAA agrupaban en las mismas convocatorias las plazas para cubrir la tasa de reposición y las de estabilización. En realidad las plazas no se distinguen cuando se ofertan, simplemente se suman una a la otra.
La disposición adicional cuarta, que es la que se ha introducido ahora para cumplir con el acuerdo de estabilización 2022-2024 impone que se oferten por separado ambas. Esto generará, explican los sindicatos, inseguridad jurídica, además de importantes problemas de organización y burocracia.
La inseguridad jurídica se producirá por el hecho de que las comunidades autónomas podrán decidir cuál es el procedimiento que prefieren utilizar para que las y los aspirantes accedan a la función docente. Según el sistema aprobado ayer, las plazas que sean para estabilización pasarán por un examen con dos pruebas que no son eliminatorias (reivindicación de los sindicatos para favorecer a las y los interinos). Además, la parte de oposición cuenta un 60% y la de concurso, el 40%. Estos porcentajes son algo diferentes actualmente (67 y 33 respectivamente).
El problema es que las plazas de la tasa de reposición podrán regirse por el sistema actual, en el que las pruebas son eliminatorias, de forma que quien no pase el primer examen no puede continuar. El sistema así genera una primera criba que simplifica la segunda, pero que por ende también provoca que queden plazas desiertas, de manera que la interinidad se perpetúa.
A partir de 2023, que será cuando comience a utilizarse este nuevo sistema, las comunidades autónomas tendrán que ver si las pruebas para ambas plazas (a las que puede presentarse cualquiera) se harán el mismo día a la misma hora o en momentos diferentes. Esto también genera cierta inseguridad jurídica, según los sindicatos, puesto que como explica Héctir Adsuar, responsable de pública de CCOO, un mismo aspirante tiene derecho a presentarse en ambos procesos, pero si estos se programan de manera simultánea, virtualmente se queda fuera de uno de ellos sí o sí.
Los sindicatos no se explican este cambio de última hora sobre el dictamen del Consejo de Estado. Un dictamen que no siempre es vinculante y que en el caso del proceso extraordinario anterior no había sido contrario a que se convocaran los dos tipos de plazas en los mismos procesos.
A esto se suma, como explica por ejemplo CSIF en un comunicado, que el cambio en el proceso contradice las directrices que el propio Gobierno ha dado a las administraciones desde la Secretaría de Estado de Función Pública para que se ofertasen conjuntamente los diferentes tipos de plazas.
Fuentes sindicales comentan que una posibilidad para que esto se haya hecho así podría ser para transmitir la idea de que a pesar del cambio, se ponen las cosas un poco más complicadas para el personal interino en ese equilibrio complejísimo entre quienes aspiran a las plazas recién terminados los estudios y con buenos expedientes académicos y quienes lo hacen después de varios años de experiencia profesional y el peso que esta tiene en los méritos.
Adsuar, que prefiere no conjeturar sobre las razones de este cambio, asegura que el nuevo procedimiento para la estabilización de plazas beneficia a todos los colectivos, principalmente, porque suma muchas más plazas a las que obtar siendo aspirante que si estas se separan en convocatorias independientes. El responsable sindical asegura que CCOO estudiará todas las posibilidades, también jurídicas, para echar atrás esta parte de la reforma en el acceso.
Desde el Ministerio aseguran que con el nuevo sistema se estabilizarán las plazas de interinidad para reducir esta al 8% desde el 23 actual. Preguntado por las quejas de los sindicatos, fuentes del Departamento de Pilar Alegría prefieren no comentar la situación.
Eso sí, el decreto recoge las aportaciones principales de los sindicatos en relación al peso de la experiencia docente previa así como de la formación de las y los candidatos. También, y es uno de los puntos importantes, el hecho de que ninguna de las dos partes que compondrán la oposición sea excluyente, de manera que aunque se falle en una se pueda hacer media con la otra.
Los sindicatos han defendido desde hace años esta posibilidad para que se garantizase en mayor medida las posibilidades de conseguir plaza a quienes tienen experiencia docente. Esta experiencia ganará algo más de presencia enla baremación y, además, al no haber partes eliminatorias, facilita que quienes están trabajando actualmente acudan con menos presiones al tener menos tiempo para prepararse los exámenes.
La Campaña Mundial por la Educación CME ha convocado su primer Caucus Global de Jóvenes y Estudiantes realizado en Arusha, Tanzania, entre el 18 y el 20 de marzo de 2022. La educación es un derecho humano y para que los gobiernos la garanticen, la Campaña Mundial por la Educación (CME) ha profundizado la participación e inclusión de jóvenes en la construcción de estrategias de movilización y apropiación de la agenda pública en favor de los derechos humanos.
CLADE promovió la participación de tres jóvenes que representaron presencialmente las inquietudes, propuestas y demandas de los y las jóvenes en la región latinoamericana y caribeña, Andrés Ramos, de Colombia; Diana Ayala, de Honduras y Paulocésar Santos, de Perú.
Al mismo tiempo desde el Movimiento Estudiantil de Latinoamérica y El Caribe (MELAC) se animó la consulta y monitoreo que permitió recolectar las opiniones de la juventud sobre la situación actual de la educación en los países y su evolución en el periodo de post-pandemia, para ello se contó con el apoyo de Jazmín Elena desde El Salvador.
Escucha el testimonio de Andrés antes de llegar a Tanzania
La convocatoria de la Campaña Mundial por la Educación desea plantear desafíos para el derecho humano a la educación a nivel planetario, impulsando la participación de jóvenes de diferentes continentes.
Los debates prioritarios para la región desde la mirada juvenil se centran en la defensa del derecho humano a la educación ante la privatización, la criminalización de la protesta social y la inclusión en el currículum del enfoque de género.
Al mismo tiempo la intención de esta convocatoria es garantizar mayor democracia en los procesos y toma de decisión de la Campaña Mundial por la Educación para fortalecer el trabajo de jóvenes que permita compartir aprendizajes orientados al intercambio, visión y trabajo conjunto en favor de la educación.
Se priorizan los diálogos de experiencias y procesos juveniles, así como la visibilización de la agenda juvenil y la incidencia política ante los gobiernos por la desfinanciación de la educación. Por ello se contribuye al debate de la política educativa y al planteamiento de posiciones del movimiento educativo juvenil y estudiantil en los próximos años.
Puntos de encuentro por la educación
Diana Ayala
28 años, pedagoga con orientación en planeación educativa.
Trabaja en el Foro Dakar de Honduras en las acciones de incidencia para el cumplimiento de la política pública educativa y en espacios de diálogo con tomadores de decisiones.
La primera sesión permitió conocer el trabajo de estudiantes a nivel global, así como compartir miradas sobre la situación de la región latinoamericana, sumando el trabajo desde las Coaliciones nacionales con juventudes y estudiantes, de manera de tejer puntos de encuentro en relación a la problemática y necesidades educativas, por ello se realizó un mapeo de sinergias.
Escucha el testimonio de Diana en el primer día del Caucus
La solidaridad es también un aspecto clave ante las problemáticas y expectativas comunes que han dialogado en el caucus para soñar un trabajo conjunto.
Proceso de elecciones para el Grupo de Acción Juvenil
Paulocesar Santos
Economista. Integra La Educación Se Respeta, organización de jóvenes activistas que monitorean políticas públicas en Perú. Ha sido Vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; representante nacional en el Parlamento de Jóvenes y uno de los fundadores del Movimiento Estudiantil Latinoamericano y Caribeño (MELAC). Participó en el proyecto de difusión de la Agenda 2030 y ODS 4 de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE).
Es importante el debate de la representación en la iniciativa de jóvenes para garantizar el proceso de elección del Grupo de Acción Juvenil con la participación de las Coaliciones, la cantidad de miembros de cada organización y la constitución interna para la toma de decisiones.
El Caucus ha permitido conocer el activismo por el derecho humano a la educación en la región, analizar las diferentes visiones de cada organización y sus vínculos.
Escucha el testimonio de Paulocesar en el segundo día del Caucus
La inclusión fortalece la acción juvenil
Andrés Ramos
Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación
Colombia
Es muy importante la participación como joven para amplificar las necesidades y desafíos que tenemos como juventudes en América Latina y el Caribe, para acordar estrategias y aprendizajes que se pueden tener gracias al intercambio de culturas con otros jóvenes que sufren problemáticas similares.
Como joven latinoamericano valoro la inclusión, la participación y el tejido en conjunto, porque nos permite fortalecer el movimiento y sobre todo la acción juvenil.
Interseccionalidades y planificaciones cruzando miradas juveniles
Diana Ayala
Foro Dakar
Honduras
Además de compartir la mirada de Honduras a nivel nacional, también hemos compartido realidades de otras partes del mundo para trabajar las interseccionalidades y planificar cruzando miradas de países y regiones.
La idea de representar no solo una vez sino que quede presente la voz de todas las juventudes a nivel regional, centroamericano y de la región latinoamericana y caribeña.
Acuerdo finales: Interseccionalidad, contra el colonialismo y la criminalización
El tercer y último día del Caucus Global concluyó con un debate sobre el Grupo de Acción Juvenil y Estudiantil de la Campaña Mundial por la Educación, subrayando categorías importantes para los y las jóvenes del mundo como la interseccionalidad, el colonialismo y la criminalización, así como la categoría transversal para la inclusión de nuevas generaciones, de mujeres y niñas en especial en la región latinoamericana – caribeña y África.
Los y las jóvenes participantes del Caucus coincidieron en mantener la autonomía de los movimientos a través de estrategias y mecanismos como la investigación, campañas políticas de incidencia u otras acciones que permitan representar las voces de la juventud.
En el Grupo de Acción Juvenil y Estudiantil también se mostraron preocupaciones por garantizar la representación de los y las jóvenes con una financiación sostenible.
Impulsar iniciativas dirigidas por jóvenes y estudiantes a fin de tener una representación auténtica en el continente, y de este modo dar continuidad a la participación juvenil en todos los procesos, lo que incluye la toma de decisiones.
El fortalecimiento de las capacidades que permitan apoyar a jóvenes y estudiantes para que adquieran diferentes conocimientos y experiencias necesarias en la ejecución de proyectos a fin que sus voces puedan ser escuchadas.
El Caucus aprobó quienes informarán para que las coaliciones puedan elegir sus representantes. La idea es que cada persona elegida pueda participar y representar los diferentes movimientos juveniles ante la Campaña Mundial por la Educación, garantizando la diversidad de jóvenes estudiantes de todo el mundo en particularmente a quienes representan las comunidades históricamente marginadas u oprimidas.
A juicio de Ramos, la discusión que se mantuvo con miembros jóvenes de diferentes coaliciones del mundo como Albania, Europa, en África especialmente de Nigeria y Congo, dieron resultados fructíferos porque permitieron encontrar nodos específicos para demandas comunes, lo cual es estratégico para la que la Campaña (CME) pueda apoyar estos procesos.
La participación fue significativa y con un auténtico compromiso juvenil, participación activa en igualdad de condiciones y la mayoría de jóvenes poseían el conocimiento y las perspectivas esenciales de sus países para la construcción de este Grupo de Acción Juvenil y Estudiantil.
La proyección está en la aprobación de los términos referencia y las estrategias elaboradas durante el Caucus, para que las coaliciones puedan incluir jóvenes. Una de las tareas de los y las asistentes es comunicar los debates dados en el marco de este Caucus y apoyar a los movimientos para que se vinculen a las actividades.
Dirigentes de la Unión Nacional de Educadores (UNE) preparan cuatro acciones frente a lo que consideran una “burla” por parte del Gobierno. El gremio no obtuvo una respuesta concreta sobre la equiparación salarial en la reunión con el Ejecutivo. Dirigentes califican aquello como “incumplimiento”.
En una rueda de prensa, los representantes de la UNE hablaron de los motivos por los que la presidenta del gremio, Isabel Vargas, abandonó la reunión del 13 de abril de 2022 en el Palacio de Carondelet.
El encuentro fue convocado por el Gobierno y en un comunicado aseguró que la reunión con varias organizaciones del magisterio fue exitosa. El Régimen anunció algunas medidas como el incremento de salarios a 2 102 maestros por recategorización, la entrega de un bono a 10 000 docentes fiscales y la instalación de una mesa técnica para el tema del escalafón.
Pedido de ajuste salarial
Andrés Quishpe, coordinador Nacional de la UNE, expuso fotografías del mismo Ministerio de Gobierno y manifestó que no hubo diálogo sino una imposición del Ejecutivo. Según el dirigente, el presidente Guillermo Lasso estuvo pocos minutos en la reunión.
La titular de la UNE considera que la intención del Presidente Lasso es vetar lo aprobado por la Asamblea Nacional en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), respecto a la equiparación salarial y las fuentes de financiamiento, por ejemplo, el excedente petrolero.
Klever Hidalgo, dirigente de la UNE Pichincha, dijo que los pagos anunciados por las autoridades son “migajas” y corresponden a complementos de resoluciones que se debían cumplir antes.
La presidenta Vargas dijo que la Ministra de Educación no explicó cuándo iniciarán las mesas de trabajo, cuáles serán los montos para la equiparación ni las fuentes de financiamiento.
“El día de ayer se ha insistido (el Gobierno) en que no hay dinero. Esa es la insistencia del Presidente de la República y por esa razón anuncia el veto presidencial”, señaló Vargas. Mencionó que la equiparación está amparada por la sentencia de la Corte Constitucional (CC). El 11 de agosto de 2021 dispuso que se subsanen las fuentes de financiamiento.
El artículo 103 de esa sentencia argumenta que “la planificación financiera de tales erogaciones no tiene que limitarse a la situación actual de la caja fiscal, bien puede incorporar compromisos de adoptar ciertas decisiones macroeconómicas, por ejemplo, en el sistema tributario o en la programación presupuestaria de corto, mediano o largo plazo”.
Por ello, Vargas precisa que la equiparación salarial no depende de si Lasso está de acuerdo o no, sino que debe cumplir la sentencia de la CC y su oferta de campaña.
Cuatro acciones de la UNE
Quishpe detalló que la UNE emprenderá cuatro medidas para exigir que el Gobierno cumpla con la equiparación salarial. Adicionalmente, amenazan con impulsar la destitución de Lasso si no logran su objetivo.
Los maestros acudirán a la CC para solicitar que dé seguimiento al “incumplimiento de la sentencia”. La segunda acción es dirigirse a la Asamblea Nacional para solicitar que se ratifique “en la defensa de los derechos del magisterio”.
También desarrollarán una movilización en cada provincia el 28 de abril. Responsabilizó a Lasso sobre “lo que pueda suceder”. La cuarta acción será llamar a la movilización del 1 de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores.
Un número importante de mujeres no acuden a las instituciones médicas, en consecuencia, la causa de sus muertes no tienen un registro oficial.
Alrededor del 60 por ciento de las muertes maternas reconocidas y clasificadas como «infección» estaban asociadas a un aborto en Brasil y Colombia o tal vez ni aparezcan registradas, porque si el embarazo fue reciente no se mencionaba en el certificado.
De quedar vivas, recibirán quizá la infertilidad como secuela o la hemorragia, la perforación del útero y la infección, entre algunas de las complicaciones inmediatas. Si consideráramos que el número real de muertes maternas por aborto inseguro es aproximadamente el doble de lo que reflejan las estadísticas oficiales, quizá el análisis al tema sería otro en América Latina.
En este año 2022, Chile celebró la histórica votación de la Convención Constitucional que pone fin a la criminalización del aborto y asegura una Educación Sexual Integral. Colombia también despenalizó el aborto hasta las 24 semanas de gestación.
Anteriormente fue Argentina, ya cumple más de un año la ley que aprobó que el aborto inducido es legal y gratuito, cuando la gestación no supere la semana 14. Por su parte en el 2021, la Suprema Corte de Justicia de México declaró inconstitucional criminalizar el aborto.
Foto: EFE
El cambio es notable, pero el tema también tiene detractores en América Latina. Sin excepciones, está prohibida la interrupción involuntaria del embarazo en los códigos penales de: El Salvador, Honduras, Haití y República Dominicana.
Paraguay, Perú, Costa Rica y Venezuela, sólo despenalizan el aborto en caso de que la salud de la embarazada corra peligro. Ecuador añade como motivos la inviabilidad del feto y violación a la mujer. En Bolivia se incluye la violación o incesto como causas y, en Belice, se agregan los factores socioeconómicos.
También el aborto inducido o interrupción voluntaria del embarazo, es ilegal según el Código Penal brasileño. Solamente puede acometerse cuando resulta de una violación, por riesgo la salud de la mujer o en el caso de anencefalia, una anomalía congénita.
Por el momento, los oficialistas conservadores del Congreso de Guatemala archivaron una ley polémica en marzo de este año. En medio de reclamos, contemplaron el endurecimiento de las penas por aborto y prohibirían el matrimonio homosexual.
La legisladora Lucrecia Hernández, de la bancada minorista de centroizquierda Semilla, dijo que, «la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, no dio la palabra para discutir las objeciones» contra la norma. «Les da vergüenza reconocer que teníamos razón y que ellos se equivocaron”, enfatizó.
La idea contenía la restricción en la enseñanza escolar sobre diversidad sexual y estimaba que «grupos minoritarios» amenazaban el “equilibrio moral” de la sociedad guatemalteca, proponían «modelos de conducta y de convivencia distintos al del orden natural del matrimonio y la familia”.
Salud Reproductiva
Hace 20 años, la División de Salud Reproductiva de la Organización Mundial de la Salud (OMS) refirió en un informe que podrían ocurrir entre 83 y 250 muertes por cada 100.000 abortos. Refieren que en los países donde el aborto es legal, promedia una cifra de 0,6 fallecidas por cada 100.000 interrupciones del embarazo. Si comenzamos a sumar las posibles mujeres muertas por la práctica clandestina de un aborto, la cifra es espeluznante.
Todavía existe el temor a las consecuencias legales y a la censura, tanto como la deficiente estadística oficial relativa a la mortalidad materna, así como a la clandestinidad del procedimiento, afirma Erika Royston de la OMS, en su “Estimación del número de muertes por aborto”.
Por su parte, el Instituto Alan Guttmacher realizó un estudio en Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y República Dominicana, los que reúnen al 70 por ciento de la población de América Latina. La investigación reflejó que en promedio se realizaron 2,8 millones de abortos inducidos en un año en Brasil. De haber sido estudiada toda la región latinoamericana, hipotéticamente, podrían superar los 4 millones.
Lo más terrible es que un número importante de mujeres no acuden a las instituciones médicas, en consecuencia, la causa de sus muertes no tienen un registro oficial. No convienen las investigaciones legales y sus consecuencias, por lo que tampoco el personal sanitario que participa incluye datos sobre complicaciones del aborto.
Cuando fallece una mujer después de los 40 días de practicado un aborto o de realizarse un nacimiento, generalmente no se considera en la categoría de muerte materna. Suponen que del 30 a 50 por ciento de las muertes maternas no queden registradas y pudieran ser el doble de lo que refieren las estadísticas oficiales.
Es razonable suponer que el subregistro sea mucho más alto para las muertes que ocurren como consecuencia de un aborto inducido en condiciones de clandestinidad, indica el estudio de Ana Langer: “El embarazo no deseado: impacto sobre la salud y la sociedad en América Latina y el Caribe”.
Muchas mujeres están expuestas a quedar embarazadas sin desearlo, por ser activas sexualmente, estar en edad reproductiva sin usar ningún método anticonceptivo o por utilizar los llamados métodos «tradicionales», como el ritmo o el coito interrumpido.
Aunque no hay datos comparativos con la actualidad, refieren que en 1998 esos embarazos no deseados fueron en Bolivia el 26 por ciento. Un año antes, en México fue un 12,1 por ciento. Para los especialistas en reproducción y demógrafos, estas mujeres tienen una «necesidad no satisfecha de planificación familiar o anticoncepción».
En 1994 existían 8 millones de mujeres con esta necesidad insatisfecha en Brasil, 1,8 millones en Colombia, 6,7 millones en México, 1,9 millones en Perú y 351 000 en la República Dominicana, según el Instituto Alan Guttmacher.
La Comisión Guttmacher-Lancet surge sin ánimo de lucro, en homenaje al ginecólogo y obstetra estadounidense que le da nombre, para promover cambios en las políticas, programas y prácticas públicas médicas relativas a la salud reproductiva. Las investigaciones señalan que ocurrieron aproximadamente 121 millones de embarazos no planeados cada año, entre 2015 y 2019.
En la presentación del libro “El aborto en América Latina: estrategias jurídicas para su legalización y enfrentar las resistencias conservadoras”, de la Red Alas-Latinoamericana de Académicas y Académicos del Derecho, la especialista Agustina Ramón Michel resaltó que “en América Latina no se ha logrado el pleno acceso a la interrupción legal del embarazo, debido a la intervención de sectores religiosos y grupos conservadores, a que se le asocia con ‘lo malo’ y a que los partidos políticos no quieren asumir el riesgo”.
Pero el proceso de despenalización “se ha volteado hacia América Latina”, donde ha sido abierto y discutido, en comparación con el transcurso más elitista que tuvo lugar en Europa o Estados Unidos, precisó.
Embarazos involuntarios
Para el Fondo de Población de la Organización de las Naciones Unidas (Unfpa), el embarazo no planeado y el aborto son experiencias compartidas por personas en todo el mundo, con un número especialmente alto en los países en desarrollo.
De estos embarazos no deseados, un 61 por ciento terminó en aborto, o sea, se practicaron 73 millones de abortos por año en el mundo. Muchas de estas prácticas fueron de forma insegura, lo que supone hasta un 13 por ciento del total de las muertes maternas.
“Para las mujeres afectadas, la decisión reproductiva más importante, ‘el quedarse o no quedarse embarazada’, no es una elección”, dijo a los periodistas la médica y directora ejecutiva del Unfpa, Natalia Kanem, la agencia del sistema para la salud sexual y reproductiva.
Foto: PL
La falta de educación, atención sexual y reproductiva, laceran tanto como los estigmas de las sociedades, la falta de opciones anticonceptivas, la pobreza y la violencia, el problema de la desigualdad de género.
Es especialmente grave cuando se trata de adolescentes, quienes apenas conocen sus cuerpos y en muchas ocasiones se ven presionadas y forzadas a establecer relaciones sexuales. Indica la ONU que unas 257 millones de mujeres de todo el mundo no desean quedar embarazadas, ni están usando métodos anticonceptivos modernos. Igualmente, refiere que hasta un 25 por ciento de ellas, no tienen capacidad para negarse a mantener relaciones sexuales.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas señala el aumento los casos de violencia sexual en situaciones de conflicto, donde las mujeres tampoco tienen acceso a métodos anticonceptivos.
La falta de acceso a la salud, al trabajo, a la educación, a la participación política, el riesgo de las migraciones; todos estos factores están expuestos en un reciente informe del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), el Colegio de México y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Las investigaciones de expertos de unas 20 naciones relatan las principales desigualdades de género y sus consecuencias para las juventudes. Plantean recomendaciones a las políticas públicas para atender estos conflictos, en tanto son las desigualdades sociales, un obstáculo para el ejercicio pleno de los derechos humanos, más aún en el caso de las mujeres jóvenes, indica la socióloga cubana María Isabel Domínguez, una de las especialistas.
Se incluyen las desigualdades socio-económicas, la condición e identidad de género, el grupo étnico racial, la orientación sexual discapacidad, los migrantes y las diferencias territoriales.
La relatoría incluye el tema del embarazo adolescente en la región. Para Cuba, esta situación tiene un peso mayor en las provincias rurales del oriente. A finales del 2020, se registraron 105.038 nacimientos, de los cuales en más del 15 por ciento las gestantes no superan los 19 años, y 369 eran niñas que aún no habían celebrado los 15 años.
En Cuba el aborto es legal y gratuito. El 1965, fue el primer país latinoamericano en despenalizar completamente esta práctica, dentro del primer trimestre de gestación. En 1979, un nuevo Código Penal sanciona el aborto ilícito, entendido cuando se comete por lucro; se realiza fuera de las instituciones oficiales; o se realiza por persona que no es médico o sin el consentimiento de la grávida.
En la mayor de las Antillas, las mujeres cuentan con una licencia de maternidad extensa y los progenitores con una licencia de paternidad. Las féminas tienen igual derechos sobre el salario y el 53,22 por ciento de los diputados en la Asamblea Nacional del Poder Popular son mujeres.
Se continúa trabajando entre el Ministerio de Salud Pública y el de Educación con fines didácticos, para lo cual fue aprobado en 2011 el programa de la sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales. El objetivo fue su aplicación en el currículo escolar de los niveles educacionales y el Programa de Atención Integral a la Salud de los Adolescentes del Ministerio de Salud Pública.
“Teniendo como referencia esos documentos, la educación en materia jurídica, implica que los profesores estén suficientemente preparados para dotar a los estudiantes de conocimientos relacionados con sus derechos universales y el acceso a los servicios de salud, por lo que es muy importante el perfeccionamiento y la actualización en educación integral de la sexualidad de todos los programas curriculares ya que permitiría actualizar los elementos cognitivos y preventivos, así como las conductas a seguir en caso de embarazo”, señala la asesora jurídica del Centro Oscar Arnulfo Romero, Liset Mailen Imbert Milán.
La especialista analiza que el espacio escolar no es el único ámbito. Considera también la relación con la cultura, las costumbres familiares y sociales. Así como la baja percepción de riesgo, la concesión de mayor independencia, la necesidad de reafirmación de la personalidad con “la búsqueda de independencia en la toma de decisiones en general y en salud en particular, más marcada en la adolescencia tardía y la posible presión de la pareja o grupo para no utilizar preservativo u otro método anticonceptivo”.
Aun así, se debe insistir en el trabajo de la educación sexual, porque ni el embarazo precoz, ni el aborto, deberían ser experiencias para una adolescente en cualquier parte del mundo.
El especialista en Ginecobstetricia y miembro de la Sociedad Cubana de Desarrollo de la Familia, profesor Miguel Sosa, afirmó que las adolescentes y jóvenes son más susceptibles a las complicaciones biológicas u orgánicas causadas por su propia condición de estar en proceso de maduración.
Por otra parte, advirtió que el embarazo en adolescentes menores de 18 años podría determinar cambios tanto hormonales, como metabólicos e influir negativamente en su proceso de desarrollo. Son particularmente importantes las afectaciones psicológicas que puede producir un embarazo no deseado en las adolescentes, en sus parejas y en su familia.
Dado el perjuicio que trae a la adolescente, a los hijos de esas madres casi niñas y a la sociedad que los acoge sin una maternidad y paternidad responsables, algo que parece dolorosamente común en Latinoamérica como el embarazo en la adolescencia, demuestra que el tratamiento de las políticas públicas, el trabajo en la educación y los nexos con la orientación de la salud, son insuficientes.
Derechos sexuales y reproductivos
Quedó para la historia cuando la Rusia soviética se convirtió el primer país en autorizar el aborto voluntario y gratuito en 1920.
Todavía en el Reino Unido, las mujeres deben acudir a dos médicos para que se les autorice el aborto, aunque el Servicio Nacional de Salud de ese país dice en su sitio web: “La decisión de tener un aborto es solo tuya”.
En la mayoría de los países del continente europeo, el aborto es legal. No obstante, el Parlamento Europeo insta a los países miembros a eliminar cualquier obstáculo en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y considerarlo como un “derecho humano”.
El ‘Proyecto Matic’ pretende que esta práctica sea garantizada por la salud pública, porque todavía se enfrentan al derecho de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, cuya negación de la atención médica se basa en las creencias religiosas o éticas para no realizar abortos.
Obligar a una mujer a continuar con su embarazo o buscar un método de aborto inseguro, constituye una violación elemental de la dignidad humana. Los derechos sexuales y reproductivos deben ser reconocidos indivisible e integralmente como derechos humanos y ejercidos responsablemente.
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El tercer y último día del Caucus Global concluyó con un debate sobre el Grupo de Acción Juvenil y Estudiantil de la Campaña Mundial por la Educación, subrayando categorías importantes para los y las jóvenes del mundo como la interseccionalidad, el colonialismo y la criminalización, así como la categoría transversal para la inclusión de nuevas generaciones, de mujeres y niñas en especial en la región latinoamericana – caribeña y África.
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