América del Sur/Argentina/4 Febrero 2017/Fuente: El eco
Trabajadores y Trabajadoras de la Educación organizados en CTERA , UDA, SADOP, AMET y CEA se movilizaron desde Congreso hasta el Ministerio de Trabajo para exigirle al Gobierno Nacional que convoque a Paritaria Nacional Docente y cumpla la Ley.
Miles de Trabajadores de la Educación dijeron presente hoy para exigirle a las autoridades que cumplan con la Paritaria Nacional Docente. Dicha Paritaria es una conquista histórica de los Trabajadores de la Educación organizados sindicalmente, que significa mucho más que discutir el salario mínimo una vez al año. Representa la invaluable posibilidad que tienen los docentes para defender y ampliar sus derechos laborales, como así también el derecho de la sociedad a nivel nacional a tener una Educación Pública inclusiva y de calidad.
Del otro lado: una reunión de gobernadores trunca. Los funcionarios que habían accedido a tener el encuentro en el Hotel Savoy no se presentaron, dando cuenta de la magnitud de la movilización.
¿Por qué estamos reclamando? El Gobierno Nacional está obligado a convocar a la Paritaria Docente porque así lo establece el artículo 10 de la Ley Nº 13.552 (conseguida por la Carpa Blanca y la Marcha Blanca, hitos de la lucha de nuestro Sindicato); ley que debe ser cumplida y el primero en respetarla debería ser el Estado, en resguardo de derechos.
“El gobierno tiene que cambiar la metodología. Este es una país, no su factoría privada. No le vamos a permitir que sigan aplicando políticas de ajuste. Y si lo siguen haciendo, que sepan que vamos a estar en la calle peleando. Si no hay Paritaria Nacional, hay Conflicto Nacional. El salario de los trabajadores no lo van a poder tocar”, esas fueron las palabras del Secretario General de SUTEBA, Roberto Baradel.
Por su parte, la Secretaria General de CTERA, Sonia Alesso, remarcó culminando el acto: “Esta Ley de Paritarias, como cada una de las conquistas de los maestros, es parte de la lucha histórica de la organización sindical y no vamos a permitir, de ninguna manera, que no la reconozcan. No estamos discutiendo solamente un porcentaje, estamos discutiendo un modelo de país: eso es lo que está en disputa. Y nosotros, los Trabajadores y las Trabajadoras de la Educación, vamos a dar la lucha que sea necesaria con unidad y convicción. Si no hay Paritaria Nacional, va a haber Paro Nacional, Marcha Federal Educativa y una Plaza de Mayo repleta de trabajadores exigiendo ser respetados”.
SUTEBA y CTERA, en unidad nacional, exigimos la reapertura y continuidad de la Paritaria Nacional Docente para que no se vulneren los derechos de los docentes, pero también para impedir que la negativa del gobierno abone el terreno para la iniciativa de destrucción de nuestra Escuela Pública.
Porque respetar la Paritaria Nacional Docente es defender la Escuela Pública y porque no vamos a dejar que nos arrebaten nuestros derechos y los derechos de nuestros pibes, el Gobierno Nacional debe tomar nota de nuestro reclamo y convocar urgentemente a Paritaria Nacional.
Los docentes unidos de todo el país se lo exigimos: cumpla la Ley.
Sergio Adelantado, Presidente de la Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana, acude a para inaugurar en la que intervienen 23 nacionalidades.
Varios pisos del edificio de Secundaria de Caxton College se transformaron durante unas horas en un recinto gastronómico para acoger la cuarta edición de su Feria Internacional de la Comida. Donde antes había pupitres y material escolar, ahora encontramos coloridas instalaciones con platos típicos de 23 países tan dispares como Egipto, Ucrania o Colombia.
El ambiente que se vivía en las aulas y pasillos entre profesores, alumnos y padres era absolutamente festivo porque no solo estaban comiendo juntos sino que, a la vez, se estaban intercambiando hábitos y emociones culturales. Y es que cada país, junto a la variedad de platos que exponía para su degustación, mostraba su música tradicional, sus trajes típicos e imágenes y símbolos identitarios.
«Me gusta mucho este proyecto educativo y también la difusión que desde programas televisivos orientados al público infantil se le está dando al oficio de chef. Me alegro mucho porque los cocineros representan valores arraigados al esfuerzo continuado, a la cultura de lo sano y a la perseverancia. Sin embargo, no son un referente para los adolescentes como puede ser un futbolista o una estrella del rock que, desgraciadamente, no siempre son el mejor ejemplo para sus seguidores», asegura Sergio Adelantado, presidente de la Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana, que actuó como padrino.
Con esta experiencia culinaria globalizadora Caxton College fomenta la relación entre alumnos de más de treinta y dos nacionalidades que conviven a diario en el colegio. De este modo, y de una manera muy emocional, se construyen nuevas amistades, se promueve el conocimiento de otras culturas y, sobre todo, se destruyen falsos estereotipos que en ocasiones solo sirven para justificar rechazo entre los alumnos sin motivo alguno.
Por tanto esta feria de la interculturalidad, en la que son los propios alumnos, junto a sus padres y profesores, los que preparan todas las actividades con el apoyo del colegio, un año más, deslumbra por su profesionalización y por el mensaje de fondo que traslada a los asistentes y que bebe del proyecto pedagógico anual «Una escuela, una comunidad«
Sergio Adelantado recorrió la gran mayoría de los países expuestos y degustó algunos de los platos mientras comentaba distendidamente con los participantes su preparación e ingredientes. Disfrutó mucho de una de las recetas más conocidas en Jamaica llamada Ackee and saltfish: una combinación de pescado salado con una fruta tropical típica de la isla. También probó un crepe dulce elaborado por los promotores del stand de Rusia, quienes afirmaban con simpatía que los franceses habían imitado su receta y la suya era la original. Así mismo sus paradas en China y Colombia fueron significativas al saborear algunos postres que le recomendaban.
«En definitiva, la gastronomía es cultura, por lo que las regiones o los países no solo deberían potenciarla como reclamo turístico sino también como parte de su cultura. A nadie se le ocurre cuestionar que un museo como El Prado forme parte de un plan cultural y que, al mismo tiempo, sea un reclamo turístico para una ciudad. Con la gastronomía deberíamos de llegar a ese mismo punto de entendimiento», reivindica Adelantado.
En esta fiesta cultural gastronómica no podía faltar el punto de encuentro valenciano, en el que los fartons, los buñuelos de calabaza y otras delicias gastronómicas autóctonas hicieron disfrutar a muchos de los asistentes que acudieron a esta ceremonia de alianzas culturales. «Debemos tener en cuenta que la comida es algo más el hecho de ingerir alimentos, tiene un aspecto social y cultural que debemos impulsar. Por eso, es interesante que desde los colegios se lancen proyectos relacionados con la gastronomía como un capítulo más de la educación y de la cultura que reciben los alumnos», concluyó el presidente de la Academia de Gastronomía Valenciana quien, satisfecho con la visita, se prestó a lanzar interesantes propuestas para introducir en el próximo certamen.
Naciones Unidas/ 04 Febrero 2017/Fuente: Prensa Latina
El Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (Ecosoc) emitió hoy una declaración presidencial en la que reconoce el papel de los jóvenes en la erradicación de la pobreza y el impulso al desarrollo y la prosperidad.
Según el órgano especializado de la ONU, el Sexto Foro Juvenil del Ecosoc, celebrado aquí el 30 y el 31 de enero, reiteró el compromiso del sector en las luchas contra la desigualdad y otras amenazas actuales, como el nacionalismo y el aislamiento.
Fuimos testigos del optimismo y de la fuerte creencia en la acción colectiva de la juventud y los Estados miembros de Naciones Unidas a favor de la paz y del desarrollo inclusivo, refleja el texto.
En ese sentido, el foro demostró el carácter universal e integral de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y el respaldo de los jóvenes a la misma, precisa.
La Agenda 2030 fue adoptada en septiembre de 2015 bajo la consigna de no dejar a nadie atrás, y con 17 objetivos que incluyen la erradicación de la pobreza extrema y del hambre y el avance en el empoderamiento de la mujer, el acceso a la salud, la educación y el agua y la armonía con la naturaleza.
De acuerdo con el Ecosoc, en el encuentro de dos días participaron 129 gobiernos, 37 de ellos representados a nivel ministerial.
Escuchamos las voces de jóvenes de los más diversos orígenes y religiones y conocimos los esfuerzos nacionales para empoderarlos, atender sus prioridades y enrolarlos en la implementación de la Agenda 2030, destaca el Consejo en su declaración presidencial.
Durante el Sexto Foro Juvenil, los participantes abordaron preocupaciones como la inseguridad alimentaria, el hambre, la insalubridad, la discriminación de la mujer, el desempleo y el daño ambiental.
América del Sur/Colombia/4 Febrero 2017/Fuente: Prensa Latina
Colombia construirá hasta el año 2018 unas 200 bibliotecas públicas, especialmente en las zonas afectadas por el conflicto armado o por la pobreza, incluidas zonas verdales donde ocurrirá la deposición de las armas de las FARC-EP.
El Ministerio de Cultura informó este viernes que una de estas bibliotecas ya está lista en la vereda Santa Helena, en el oriental departamento del Meta, a unos 200 kilómetros de esta capital.
En esa demarcación el ejército colombiano, con la colaboración de la propia guerrilla y de otros países, realizó antes labores de desminado humanitario.
Este tipo bibliotecas rurales están conformadas por contenedores metálicos que los adecuan para convertirlos en salas de lectura, ludoteca, área informática y de investigación, entre otros usos propios de esas instituciones.
La inversión para la construcción y dotación de esos centros de lectura, el ministerio del ramo calcula que puede alcanzar un precio del equivalente a unos 125 mil dólares por módulo. Los locales contarán con una estructura impermeable, con aislamiento termo-acústico, iluminación interna, conectividad de equipos y servicios sanitarios, a la vez permite el mejor uso del espacio con divisiones internas de materiales ligeros.
Añade la dependencia gubernamental que la iniciativa de este modelo de bibliotecas tuvo en cuenta que muchos municipios de difícil acceso no cuentan con lugares disponibles para la construcción de esos centros culturales.
Una nota de prensa de esa cartera comenta que otra biblioteca similar comenzó a construirse ya en Pueblo Nuevo, en el municipio de Briceño, occidental departamento Antioquia, donde se quiere beneficiar a los habitantes de veredas cercanas como Orejón y La Calera.
Esos locales contarán con los suministros del Programa Nacional de Lectura y Escritura ‘Leer es mi cuento’ que tiene como meta aumentar el índice de lectura del país, pasando de 1.9 a 3.2 libros leídos por habitante al año.
Se indicó que estos espacios tendrán una adecuada conexión a internet, junto a una constante labor de capacitación y formación de los bibliotecarios.
Dentro de ese plan a dos años, está prevista una inversión particular de dos millones de dólares para crear Bibliotecas Públicas móviles, las cuales se instalarán en 20 zonas de tránsito de la insurgencia, donde se implementa actualmente el proceso de paz alcanzado con las FARC-EP.
Estamos convencidos de que la cultura y la educación son herramientas transformadoras de la sociedad, que permitirán construir la Colombia en paz que todos queremos, enfatiza el comunicado ministerial.
Centro América/Nicaragua/4 Febrero 2017/Fuente: Prensa Latina
El gobierno de Nicaragua defiende hoy la iniciativa de crear espacios televisivos para fortalecer la enseñanza y elevar el aprendizaje de los alumnos en todo el país.
Por tal motivo, el Consejo Nacional de Educación está trabajando, en coordinación con el Canal 6 de la televisión nacional, en la creación de programas para alcanzar una educación a la altura de las exigencias actuales como el uso de las nuevas tecnologías.
‘Hemos articulado esfuerzos con Canal 6 y con todas las capacidades de las instituciones para trabajar de forma vinculada al uso de la televisión educativa’, informó el ministro asesor para asuntos de la educación, Salvador Vanegas.
En ese sentido, precisó que la idea es trabajar con todas las posibilidades que brinda el formato audiovisual para generar programas interactivos y establecer talleres con los propios estudiantes, a partir de sus vivencias y aprendizajes.
Por su parte, el director general de Canal 6, Aarón Peralta, apuntó que esa televisora trabaja en proyectos dirigidos a garantizar que los niños y jóvenes del país adquieran un amplio bagaje cultural y académico.
‘Hemos procurado desarrollar contenidos educativos a la altura de los nuevos tiempos y este año nuestras prioridades serán fortalecer la educación primaria y secundaria, integrándonos más en el tema de las plataformas tecnológicas’, señaló.
Agregó que en pos de la formación vocacional se intentará promover el emprendimiento y el desarrollo de pequeños negocios de tal manera que los estudiantes aprendan a salir adelante, además de trabajar en programas de ciencia junto con las universidades, sin faltar la promoción del deporte.
Este año el ministerio de Educación contempla que al menos 1,7 millones de alumnos ingresen a los centros de enseñanza en el nuevo curso escolar.
Los estudiantes de los colegios públicos regresarán a las aulas el 6 de febrero, según el calendario aprobado por la autoridades del sector educacional.
América del Sur/Paraguay/4 Febrero 2017/Fuente: Prensa Latina
El inicio del curso en las escuelas públicas paraguayas sigue hoy comprometido, pues persiste el desacuerdo en cuanto al reajuste salarial a los docentes y estos mantienen su postura del paro de labores.
Infructuosa fue la más reciente reunión este jueves para negociar el asunto entre representantes de los gremios de los profesores y el titular del Ministerio de Educación y Cultura, Enrique Riera.
Como vocero de los maestros, el presidente de la Federación de Educadores del Paraguay, Silvio Piris, dijo que no aceptaron la propuesta ofrecida por Riera pues lo pedido por ellos es firmar un acuerdo como aprobación de lo ya otorgado al sector.
Piris se refirió así al alza de sueldos contemplada en el Presupuesto General de la Nación 2017 dispuesto por el Senado pero después vetado por el presidente Horacio Cartes.
La acción ejecutiva hizo que quedara vigente el mismo plan de gastos de 2016, lo cual descarta aquel incremento salarial incluido por los legisladores.
Es necesaria voluntad política para resolver el conflicto, comentó el dirigente gremial, es decir, no ir a la huelga e iniciar el periodo lectivo el próximo día 23 como está programado para el curso hasta el 30 de noviembre.
El ministro, quien solicitó tiempo para consultar con el mandatario el mejoramiento de la oferta, reiteró la posición de esa cartera y la de Hacienda de elevar los sueldos en 7,7 por ciento desde marzo.
Sin embargo, esa propuesta es para los maestros con una categoría acorde a quienes cobran menos del salario mínimo vigente en el área privada.
Piris aseguró que están dispuestos a aceptar ese monto, pero solo si el ministro firma un compromiso de solicitar otro aumento del 7,3 por ciento en el transcurso del año, con lo cual se llegaría de manera fraccionada al 15 solicitado por ellos.
Así, esperan no ser convocados a otro encuentro si la propuesta sigue siendo la misma y mantienen la intención de realizar el paro anunciado.
No obstante, ese sería por dos días, 23 y 24 de febrero, tras lo cual analizarán los siguientes pasos si para entonces no hay una respuesta favorable al reclamo, según el secretario general de la Unión Nacional de Educadores, Eladio Benítez.
A esa conclusión llegaron dirigentes de las dos agrupaciones mencionadas y de la Organización de Trabajadores de la Educación y el Sindicato Nacional de Directores (de escuelas), reunidos después para unificar criterios.
En el encuentro de ayer con los gremialistas, el ministro recordó cómo el alza fijada en el presupuesto, posteriormente vetado, establecía fuera desde julio, por lo cual no ve razón alguna para detener las clases y poder seguir negociando.
La cartera del sector presenta pocas posibilidades de solución desde el punto de vista financiero, al no tener contemplado en su plan de gastos lo necesario para aplicar el incremento a los docentes.
Cualquier escenario que se pueda manejar en el ámbito económico dependerá fundamentalmente del Ministerio de Hacienda.
Siguiendo instrucciones emanadas de las más altas instancias del gobierno, la policía de Filipinas ha matado y ha pagado a otros para que maten a miles de presuntos delincuentes relacionados con las drogas, en una oleada de ejecuciones extrajudiciales que podrían ser constitutivas de crímenes de lesa humanidad, afirma Amnistía Internacional en un informe publicado hoy.
La investigación de Amnistía Internacional, “If you are poor you are killed”: Extrajudicial Executions in the Philippines’ “War on Drugs” expone en detalle cómo la policía actúa sistemáticamente contra personas pobres e indefensas en todo el país al tiempo que coloca “pruebas”, contrata a asesinos a sueldo, roba a las personas a las que mata y falsifica informes oficiales sobre los incidentes.
“Esto no es una guerra contra las drogas, sino una guerra contra los pobres. Basándose a menudo en los indicios más endebles, se mata por dinero a personas acusadas de consumir o vender drogas, en una economía del asesinato”, ha afirmado Tirana Hassan, directora del programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional.
“Con el gobierno del presidente Duterte, la Policía Nacional infringe las leyes que supuestamente ha de hacer respetar, al tiempo que saca provecho del asesinato de personas empobrecidas cuya situación supuestamente el gobierno debería mejorar. Las mismas calles que Duterte prometió limpiar de delincuencia están ahora llenas de cuerpos de personas que han sido victimas de homicidios ilegales cometidos por su propia policía.”
Esto no es una guerra contra las drogas, sino una guerra contra los pobres.
Instigados por la retórica del presidente Rodrigo Duterte, policías, asesinos a sueldo incluidos en su nómina e individuos armados desconocidos han dado muerte a más de 1.000 personas al mes con el pretexto de una campaña nacional para erradicar las drogas. Desde que el presidente Rodrigo Duterte asumió el cargo, hace siete meses, se han cometido más de 7.000 homicidios relacionados con las drogas, de los que la policía ha matado directamente al menos a 2.500 presuntos autores de delitos relacionados con las drogas.
La investigación de Amnistía Internacional documenta en detalle 33 casos que implicaron el homicidio de 59 personas. El equipo de investigación entrevistó a 110 personas en las tres divisiones geográficas principales de Filipinas, que hablaron en detalle de ejecuciones extrajudiciales en 20 ciudades del archipiélago. La organización también examinó documentos, incluidos informes policiales.
Las ejecuciones extrajudiciales son homicidios ilegítimos y deliberados cometidos por funcionarios, por orden de un gobierno o con su complicidad o aquiescencia. Además, violan el derecho a la vida consagrado en la legislación filipina y en el derecho internacional.
Homicidio de personas desarmadas y falsificación de informes policiales
El informe documenta cómo la policía, actuando a partir de listas sin verificar de personas que presuntamente consumen o venden drogas, irrumpió en viviendas y mató a tiros a personas desarmadas, incluidas aquellas que estaban dispuestas a entregarse.
Falsificando sus posteriores informes sobre los incidentes, la policía ha afirmado una y otra vez que habían disparado contra sus agentes previamente. Contradiciendo directamente las afirmaciones de la policía, testigos de los hechos relataron a Amnistía Internacional cómo la policía había realizado allanamientos a altas horas de la noche, no había intentado practicar detenciones y había abierto fuego contra personas desarmadas. En algunos casos, según los testigos, la policía colocó drogas y armas que después presentó como pruebas.
En un caso, en la ciudad de Batangas, la esposa de una víctima refirió cómo la policía mató a su esposo disparándole a quemarropa mientras ella les suplicaba clemencia. Una vez muerto su esposo, la policía la agarró, la sacó a la fuerza a la calle y la golpeó, causándole hematomas.
Con el gobierno del presidente Duterte, la Policía Nacional infringe las leyes que supuestamente ha de hacer respetar, al tiempo que saca provecho del asesinato de personas empobrecidas cuya situación supuestamente el gobierno debería mejorar.
En la ciudad de Cebú, cuando Gener Ondina vio que un numeroso contingente de agentes de policía rodeaba su vivienda, les pidió que le perdonaran la vida y les dijo que estaba dispuesto a entregarse. “La policía siguió golpeando la puerta [y] cuando entró él gritaba: ‘Me entregaré, me entregaré, señor’”, dijo un testigo a Amnistía Internacional.
La policía ordenó a Gener Ondina que se tumbara en el suelo, mientras decía a otra persona que estaba en la habitación que saliera. Los testigos oyeron después disparos. Un testigo recordó que “se lo llevaron como a un cerdo” fuera de la casa y después dejaron su cuerpo cerca de un sumidero antes de cargarlo finalmente en un vehículo.
Los familiares dijeron que, cuando se les permitió entrar de nuevo en la casa, seis horas después de la muerte de Gener, vieron salpicaduras de sangre por todas partes. Faltaban objetos de valor, entre ellos un ordenador portátil, un reloj y dinero, que, según los familiares, la policía no les había reintegrado ni había incluido en el inventario oficial de la escena del crimen.
El padre de Gener, Generoso, sirvió en la fuerza de policía durante 24 años hasta su retiro en 2009. Generoso dijo a Amnistía Internacional que se sentía “avergonzado” por el consumo de drogas de su hijo. También manifestó su apoyo a las medidas contra las drogas del gobierno. “Pero lo que hicieron fue demasiado”, dijo. “¿Por qué matar a alguien que ya se ha entregado?”
Otras personas con las que Amnistía Internacional habló describieron en términos semejantes la deshumanización de sus seres queridos, que fueron asesinados sin piedad y sus cuerpos arrastrados y abandonados.
“El trato que reciben los cadáveres muestra el escaso valor que la policía de Filipinas concede a la vida humana. Cubiertos de sangre, son arrastrados sin cuidado en presencia de sus familiares horrorizados, con la cabeza rozando el suelo antes de ser abandonados a la intemperie”, ha afirmado Tirana Hassan.
“Las personas asesinadas proceden, en proporción abrumadora, de los sectores más pobres de la sociedad, y entre ellas hay menores de edad, uno de los cuales tenía sólo 8 años.”
En los contados casos en que la policía ha actuado contra bandas extranjeras de la metanfetamina, ha demostrado que puede llevar a cabo detenciones sin recurrir a medios letales. El hecho de que se niegue a las personas pobres la misma protección y el mismo respeto ha afianzado la percepción de que se trata de una guerra contra los pobres.
Una economía del asesinato
Los homicidios policiales son impulsados por presiones desde arriba, entre ellas la orden de “neutralizar” a los presuntos delincuentes relacionados con las drogas, además de incentivos económicos que han creado una economía informal de la muerte, detalla el informe.
En conversación con Amnistía Internacional, un agente de policía con rango de funcionario superior de policía 1, que lleva un decenio en la fuerza policial y realiza operaciones como parte de una unidad contra las drogas ilegales en Metro Manila, describió cómo se paga a la policía por “encuentro”, término que se emplea para presentar falsamente las ejecuciones extrajudiciales como operaciones legítimas.
“Siempre se nos paga por encuentros. […] La cantidad oscila entre 8.000 pesos [161 dólares de EE. UU.] y 15.000 pesos [302 dólares]. […] Esa cantidad es por cabeza. De modo que si la operación es contra cuatro personas, son 32.000 pesos (644 dólares). […] Nos pagan en efectivo, en secreto, las jefaturas. […] No hay incentivos por detener. No nos pagan nada.”
El espeluznante incentivo para matar a las personas en vez de detenerlas fue subrayado por el funcionario superior de policía, que agregó: “Nunca se da el caso de que haya un tiroteo y no muera nadie”.
Este experimentado agente policial de primera línea dijo a Amnistía Internacional que algunos policías han establecido un arreglo con funerarias, que les recompensan por cada cadáver que les envían. Algunos testigos dijeron a Amnistía Internacional que los policías también se enriquecen robando en las viviendas de las víctimas, entre otras cosas objetos de valor sentimental.
La policía se comporta como el submundo criminal contra el que supuestamente ha de aplicar la ley, llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales disfrazada de asesinos desconocidos y “subcontratando” homicidios.
Más de 4.100 de los homicidios relacionados con las drogas que se cometieron en Filipinas en los últimos seis meses han sido obra de individuos armados desconocidos. “Viajando en tándem”, nombre que recibe localmente este fenómeno, dos personas a bordo de una motocicleta llegan, matan a tiros a sus objetivos y se alejan a gran velocidad.
Dos asesinos a sueldo dijeron a Amnistía Internacional que reciben órdenes de un agente de policía, que les paga 5.000 pesos (100 dólares de EE UU.) por cada consumidor de drogas que matan, y entre 10.000 y 15.000 pesos (200-300 dólares) por cada pequeño vendedor que matan. Antes de que Duterte asumiera el poder, dijeron los asesinos a sueldo, tenían dos “trabajos” al mes. Ahora tienen tres o cuatro a la semana.
Los objetivos proceden a menudo de listas sin verificar de personas sospechosas de consumir o vender drogas confeccionadas por autoridades gubernamentales locales. Sin importar cuánto tiempo hace que una persona pueda haber consumido drogas, ni la cantidad que haya consumido o vendido, su nombre puede ser añadido de forma irrevocable a las listas.
En otros casos, sus nombres ser añadidos arbitrariamente, por venganza o por haber incentivos para matar a un número mayor de personas a las que se considera consumidoras o vendedoras de drogas.
Posibles crímenes de lesa humanidad
Filipinas es Estado Parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En octubre de 2016, la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, hizo pública una declaración en la que expresó preocupación por los homicidios e indicó que su oficina podría iniciar un examen preliminar sobre posibles crímenes en virtud del Estatuto de Roma.
Amnistía Internacional considera motivo de honda preocupación la posibilidad de que que los homicidios deliberados, generalizados y sistemáticos de presuntos delincuentes relacionados con las drogas, que parecen planificados y organizados por las autoridades, puedan constituir crímenes de lesa humanidad en virtud del derecho internacional.
“Lo que está ocurriendo en Filipinas es una crisis que debe alarmar al mundo entero. Pedimos al gobierno, del presidente Duterte hacia abajo, que ordene que se ponga fin a todas las ejecuciones extrajudiciales. También pedimos al Departamento de Justicia de Filipinas que investigue y procese a toda persona implicada en estos homicidios, sean cuales sean su rango o posición en la policía o el gobierno”, ha afirmado Tirana Hassan.
“Filipinas debe abandonar la ilegalidad y la violencia letal y reorientar sus políticas sobre drogas hacia un modelo basado en la protección de la salud y los derechos humanos.
“Queremos que las autoridades filipinas aborden esta crisis de derechos humanos por sí solas. Pero si no se toman sin dilación medidas contundentes, la comunidad internacional debe dirigirse a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que lleve a cabo una investigación preliminar sobre estos homicidios, incluida la implicación de funcionarios de las más altas instancias del gobierno.”
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