Por: Jerome Marston|Marika Tsolakis/elpais.com
Los líderes mundiales y las organizaciones humanitarias deben unirse para proteger las escuelas, las universidades, a los estudiantes y a los docentes ahora que la toma del poder por parte de los talibanes amenaza el aprendizaje
Unas semanas antes de que los talibanes se apoderaran de Gazni en agosto, los medios de comunicación locales informaron de que los combatientes habían quemado una de las escuelas para niñas de la ciudad afgana. Por desgracia, no se trató de un incidente aislado. El bombardeo o la quema de centros de estudios y los asesinatos selectivos de estudiantes y educadores formaban parte de una táctica utilizada con frecuencia por este grupo armado en su lucha por el control territorial del país.
A lo largo de los últimos cinco años, colegios, universidades, profesores y alumnos han sufrido semanalmente ataques perpetrados por grupos armados no estatales, como los talibanes, así como por las fuerzas armadas afganas y las fuerzas internacionales. Solo en 2021 se denunciaron más de 75 ataques contra la educación. En unos 45 de ellos se emplearon armas explosivas, como bombas lanzadas desde el aire, fuego de artillería y artefactos explosivos improvisados.
Sin embargo, a pesar de la frecuencia de estas agresiones, a menudo deliberadas, el anterior Gobierno afgano y sus socios lograron aumentar exponencialmente el número de centros escolares y de alumnos matriculados en ellos. Este acceso a la educación, que tanto ha costado conseguir, debe seguir siendo prioritario en Afganistán, y las escuelas, las universidades, sus alumnos y sus docentes tienen que ser protegidos de los ataques.
Entre 2018 y mediados de 2021, la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques (GCPEA, en sus siglas en inglés) identificó más de 200 ataques a la educación en Afganistán con empleo de armamento explosivo. En estos atentados resultaron muertos o heridos centenares de alumnos y profesores, y docenas de colegios y universidades sufrieron daños o fueron destruidas. Las armas con efectos de gran alcance son particularmente peligrosas porque producen una fuerte explosión, son capaces de esparcir fragmentos por un amplio radio, y muchas son tan poco precisas que pueden causar daño indiscriminado a la población civil. Además, esta clase de agresiones ha aumentado: a lo largo de los últimos tres años y medio, la proporción de ataques a la educación realizados con armas explosivas creció en comparación con los incendios provocados, los saqueos, las redadas, las amenazas y los asaltos a mano armada.
Según el nuevo informe de la GCPEA, Las consecuencias de las armas explosivas para la educación: estudio práctico de Afganistán, en los últimos tres años y medio, en el país asiático los grupos armados no estatales utilizaron explosivos contra centros educativos para niñas en un mínimo de dos ocasiones cada año. Al parecer, estos ataques hirieron o acabaron con la vida de al menos 160 alumnas y miembros del personal docente, y causaron destrozos como mínimo en cinco escuelas para niñas o las destruyeron totalmente.
Varios de estos atentados acapararon los titulares internacionales. El 8 de mayo de 2021, un grupo armado no identificado detonó un coche lleno de explosivos y otras dos bombas delante del instituto Sayed Shuhada, un centro docente para niñas situado cerca de Kabul, matando al menos a 85 civiles e hiriendo a más de 240. Unos meses antes, en noviembre de 2020, un grupo de hombres armados había irrumpido en la Universidad de Kabul, donde hicieron estallar explosivos, se enzarzaron en un tiroteo y retuvieron a decenas de estudiantes y miembros del personal como rehenes en las aulas. Más de 40 personas resultaron muertas o heridas.
Los atentados contra la educación tienen repercusiones que van más allá de las víctimas y la destrucción. Los centros educativos de los alrededores pueden cerrar temporalmente, los estudiantes pueden perderse semanas o meses de clase, y al regresar, el miedo y el trauma interfieren en el aprendizaje.
El anterior gobierno afgano consiguió avanzar en la protección de los centros de estudios de los ataques, en parte gracias a la firma en 2015 de la Declaración sobre Escuelas Seguras y a la adopción de medidas para poner en práctica sus compromisos. Por ejemplo, desde la firma de la declaración, las fuerzas armadas afganas utilizaron menos centros de enseñanza con fines militares. Asimismo, junto con los agentes educativos, las autoridades desarrollaron un marco integral de seguridad escolar utilizado para evitar los peligros en el centro de enseñanza o en el camino de ida o de vuelta.
Ahora, con los talibanes en el poder, estos avances están en peligro, y las mujeres y las niñas son las que más pueden perder.
En las zonas del país que ya estaban bajo control talibán antes de 2021, el acceso de las niñas a la educación era limitado, y las profesoras, las alumnas se enfrentaban a amenazas diarias. Se prevé que la violencia contra la educación de las niñas aumente en los próximos meses, poniendo en peligro a las que todavía tengan el valor de asistir a clase.
En las últimas semanas, las mujeres y las niñas de Afganistán han demostrado que no están dispuestas a renunciar a su derecho a la educación, y se han manifestado en las principales ciudades. La comunidad internacional debe expresar su apoyo a la educación en Afganistán y garantizar la seguridad de alumnas y docentes.
Los donantes y las organizaciones humanitarias tienen que respaldar las medidas para garantizar la continuidad y la seguridad de la educación a todos los niveles, tanto para las niñas como para las mujeres, y realizar esfuerzos coordinados para prestar asistencia educativa bajo el Gobierno actual.
Además, las fuerzas armadas y los grupos que operan en el país deben evitar los ataques a la educación, y el Gobierno y los organismos internacionales con influencia en las facciones armadas deberían presionarlas para que salvaguarden los colegios, a los docentes y a los estudiantes de todos los géneros.
Las nuevas autoridades debe seguir trabajando en la aplicación de la Declaración sobre Escuelas Seguras, de manera que se mantenga el carácter civil de las escuelas y las universidades y se proteja a los estudiantes y los profesores.
Con ocasión del segundo Día Internacional para proteger la Educación de Ataques, celebrado la semana pasada, la GCPEA hace un llamamiento a la acción mundial urgente. Solo en 2020, la coalición recopiló 2.400 denuncias de ataques a la educación o de uso militar de instalaciones educativas en todo el mundo, con más de 2.700 estudiantes, profesores e investigadores heridos, muertos o afectados por ellos.
España puede desempeñar un papel importante a la hora de poner en práctica las recomendaciones mencionadas y garantizar una educación segura no solo en Afganistán. A principios de este año, España, con el apoyo de la GCPEA, impartió por internet un curso de formación sobre la aplicación de la Declaración sobre Escuelas Seguras que reunió a más de 90 representantes de los ministerios de Defensa, Educación y Asuntos Exteriores de 20 países. La formación partió del compromiso adquirido por el Gobierno español en la Tercera Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras celebrada en Palma de Mallorca en mayo de 2019. Asimismo, España será uno de los anfitriones de la cuarta edición de este evento, que tendrá lugar en octubre en Abuya, Nigeria.
El momento actual es crucial para preservar los logros y garantizar que todos los profesores y estudiantes, y particularmente las niñas y las mujeres, estén a salvo del daño, la muerte y la destrucción de los ataques y puedan continuar con su educación.
Jerome Marston y Marika Tsolakis son investigadores de la Coalición Global para proteger la Educación de Ataques (GCPEA).
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-09-14/el-ataque-a-la-educacion-en-afganistan.html
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