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Reseña de Conferencia: Mejorando escenarios de aprendizaje colaborativo soportado por computadora

Argentina / 22 de octubre de 2017 / Autor: Costaguta, Rosanna y otros / Fuente: SEDICI UNLP

El término Aprendizaje Colaborativo Soportado por Computadoras (ACSC) se asocia con situaciones de enseñanza y de aprendizaje organizadas a través de actividades colaborativas, mediadas por computadora, en las que interactúan grupos de estudiantes y también docentes.

En ambientes de ACSC los estudiantes muestran un determinado modo de actuar cuando encaran las diferentes actividades grupales. Este comportamiento describe una forma de colaborar a través de sus habilidades de colaboración, pero además muestra otras características personales como podría ser cierta inclinación hacia un estilo de aprendizaje específico, o la natural predisposición a desempeñar un rol de equipo, o talvez, un estado emocional.

Es evidente que se requieren mecanismos que permitan tener en cuenta estas características para monitorear e incentivar a los estudiantes a desempeñarse adecuadamente en sus actividades de aprendizaje. En los ambientes de ACSC la intervención oportuna del docente o e-tutor resulta imprescindible. Corresponde al e-tutor estructurar y guiar los procesos colaborativos de los estudiantes, con el fin de generar las interacciones que propicien la construcción colaborativa del conocimiento. Los e-tutores requieren capacitación y formación para desenvolverse adecuadamente, por tanto, resulta indispensable plantear mecanismos que les permitan adquirir las habilidades necesarias.

Este artículo describe un proyecto que propone el desarrollo de módulos para sistemas de ACSC que, mediante el análisis de interacciones, tanto de estudiantes como de docentes, puedan promover conductas adecuadas que beneficien los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y tiendan a propiciar así, el éxito de las experiencias de colaboración. Los módulos a desarrollar utilizarán técnicas de Inteligencia Artificial y de Aprendizaje de Máquina, tanto para efectuar el análisis de las interacciones, como para promover las conductas que se consideran adecuadas.

Los desarrollos se validarán mediante sesiones experimentales especialmente diseñadas en las que participarán grupos de estudiantes y docentes universitarios reales. Los datos recabados, producto de dichas experiencias, serán procesados utilizando tanto técnicas estadísticas como métricas específicas del área, lo que posibilitará comprobar o refutar la pregunta de investigación que se plantea.

Link para la descarga:
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/62963/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1
Fuente:
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/62963
Fuente de la Imagen:
https://www.yumpu.com/es/document/view/14435748/universidad-de-las-tunas-vladimir-i-lenin-centro-
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Reseña: Memoria III Encuentro Hacia un Movimiento Pedagógico Latinoamericano

Esta memoria recoge la discusión, aportes y avances que el Movimiento Pedagógico Latinoamericano compartió en San José, Costa Rica, entre los días 2 y 4 de diciembre del 2015.

Este encuentro significó un avance más en el Movimiento Pedagógico Latinoamericano en el que el Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina ha venido trabajando desde 2011 cuando lanzó el llamado a las comunidades educativas de América Latina, especialmente a las organizaciones sindicales de la educación afiliadas, para iniciar un proceso de discusión, análisis y propuestas de política pública educativa en cada uno de los países de la región.

En esta oportunidad el Tercer Encuentro: Hacia un Movimiento Pedagógico Latinoamericano reunió más de treinta experiencias pedagógicas que fueron presentedas ante las más de quinientas personas participantes. Allí se pudo observar la calidad y la innovación de la educación pública en América Latina protagonizada por las y los educadores y trabajadores y trabajadoras de la educación en general.

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Documento con 20 razones para decir no a las Participación Público Privada (PPP) en las Políticas Educativas en Uruguay.

Documento con 20 razones para decir no a las PPP (Participación Público Privada) en Uruguay. Creado por FeNaPES, sindicato afiliado a la IEAL.

  1. La PPP incidirá en la definición de las políticas educativas. Se fijan por contrato, a 22 años, los días y horarios de trabajo de la ANEP en los centros. ¿Qué sucede si mañana deciden modificarse las políticas actuales, generándose la necesidad de disponer de los locales en días y horarios diferentes a los acordados? Nada obliga al privado a acceder: puede bloquear una política educativa. Y si aprueba un cambio, será a costa de más dinero.
  2. La PPP incidirá sobre el uso que docentes y estudiantes hacen de sus centros educativos. Dado que la ANEP fijará por contrato con un privado los días y horarios de trabajo, existirán fuertes limitaciones a las actividades extracurriculares que se desarrollan fuera del horario de clases: jornadas de integración, salidas didácticas, paseos, convocatorias a padres, cursos de formación, eventos solidarios, proyecciones cinematográ- ficas, bailes, ceremonias de egreso, muestras artísticas, etc.
  3. Se promueve una lógica de competitividad. La gran mayoría de las escuelas y los liceos del país llevan décadas denunciando la desatención presupuestal de sus necesidades, especialmente la faltante de cargos docentes y de gestión y servicios y los problemas de infraestructura. En medio de esa realidad, se pretende crear una minoría de centros educativos con rubros para mantenimiento, equipamiento, limpieza y seguridad, fragmentando aún más el sistema educativo.
  4. Los criterios lucrativos de la empresa prevalecerán sobre los criterios pedagógicos. Se deja en manos de un privado la dirección, logística y organización del personal, insumos, equipos necesarios para la operación de los centros educativos. Y si bien se establecen ciertos parámetros básicos para la aceptabilidad de los servicios, los mismos no prevén el perfil que debe tener un funcionario que trata con niños y jóvenes, ni la necesidad de que permanezcan en un mismo centro.
  5. En Secundaria, el formato de los edificios es incompatible con el proyecto sindical de liceos de primero a sexto año. Existirán tan solo dos formatos de edificios: Uno de 7 aulas, y otro de 12 aulas. Se trata de centros pequeños, en los que no existirán condiciones para que funcionen conjuntamente primer y segundo ciclo. En los hechos, la ANEP promueve un ciclo básico terminal.
  6. Las PPP son más costosas que la inversión tradicional. La ley en Uruguay exige comparar un proyecto de inversión vía PPP con uno tradicional, y la construcción se hará vía PPP si resulta más barata. El instrumento que se utiliza para realizar la comparación agrega sobrecostos de inversión y demoras de construcción a la inversión pública, para favorecer las obras vía PPP. De hecho, la experiencia empírica internacional muestra que las PPP son al menos 25% más caras que la inversión tradicional.
  7. El costo de los edificios es más alto que con una licitación tradicional. La construcción de 165 centros, supone un monto que asciende a 400 millones de dólares. Hablamos de un promedio de U$S 2.400.000 por cada centro. En Secundaria, eso es lo que, promedialmente, ha pagado la ANEP en los últimos años por edificios mucho más grandes de lo que serán los liceos PPP.
  8. Se profundiza la política de otorgar exoneraciones tributarias y beneficios fiscales al gran capital. El Estado renuncia a recaudar impuestos para favorecer a las empresas adjudicatarias de proyectos PPP para la ANEP, exonerando: a) Recargos a las importaciones. b) IVA a las importaciones. c) IVA en la compra de maquinarias, equipos, materiales y servicios. d) Impuesto al Patrimonio.
  9. Se prioriza el lucro privado a la creación de fuentes de trabajo. Se opta por un sistema constructivo que “reduce los tiempos de ejecución y, por consiguiente, el consumo de mano de obra, lo que devendría en menores costos”. Así, al favorecer una modalidad poco intensiva en trabajo, con salarios más bajos y con más tecnología importada que en una obra tradicional, se favorece el lucro privado y no el fin social que supone la creación de fuentes laborales dignas.
  10. Se pierden cargos públicos en escuelas y liceos. En los centros educativos que queden comprendidos bajo el régimen de PPP, los “servicios” de mantenimiento, equipamiento, limpieza y seguridad serán brindados por un privado. Eso significa que, por al menos dos décadas, el Estado renuncia a generar cargos públicos para esas funciones. Parece claro que la PPP implica un recorte del Estado.
  11. Incrementa la precarización laboral. Al punto anterior que se centra en la parte constructiva, se le suma que las PPP privatizan todo lo que es funcionamiento del centro educativo. Las experiencias de tercerizaciones en el Estado Uruguayo y en el mundo, muestran que los trabajadores de las empresas privadas que se hacen cargo de las tareas suelen tener menores salarios, peores condiciones de trabajo y una mayor incertidumbre laboral debido a la alta rotación que los funcionarios públicos.
  12. Los formatos constructivos no serán negociados con las comunidades. Los últimos años, el sindicato conquistó la instalación de ámbitos en los que se presenta a la comunidad el diseño de la obra a ejecutar, para que ésta pueda modificarlo a partir de su conocimiento de las necesidades locales y de valoraciones de carácter pedagógico. Las obras PPP tienen un formato predeterminado en los pliegos, que no admite modificación alguna.
  13. Los edificios y su equipamiento son del privado mientras haya contrato. A pesar de que los centros se construyen en terrenos públicos, están privatizados. De hecho, la retribución a la empresa adjudicataria es por concepto de “pago por disponibilidad”, como contrapartida por ofrecer un servicio de acuerdo con las bases del llamado.
  14. La empresa adjudicataria puede utilizar las instalaciones con otros fines. Dado que, mientras exista contrato, el edificio le pertenece, el privado puede desarrollar ciertas actividades y, de esa manera, generar ganancias adicionales. Para eso se definen las “horas de trabajo” y el “uso mixto”.
  15. Se limita la negociación colectiva con los sindicatos de la educación. En el contrato a celebrar entre la Administración Pública y el privado, se dejará en manos de este último la dirección, logística y organización del personal, insumos, equipos y todo otro ítem necesario para el diseño, la construcción y la operación de los centros educativos. Ninguno de los aspectos que refieren a condiciones laborales, higiene y salud, han sido objeto de negociación con los trabajadores de la educación.
  16. El Estado puede tener que indemnizar al privado en casos de paros y huelgas. Por contrato, la Administración Pública asume, entre muchos otros, los riesgos derivados de “ocupación de los Centros por parte del personal con vínculo laboral directo o indirecto con la Administración Pública Contratante”. Dado que la empresa adjudicataria puede utilizar las instalaciones con fines propios, si se ocupa un centro, el Estado debe resarcir al privado.
  17. El Estado debe indemnizar millonariamente al privado en caso de terminar anticipadamente el contrato. Si la extinción fuere imputable a la Administración Pública, ésta deberá abonar a la empresa adjudicataria el valor de las inversiones realizadas, además de indemnizarla por daños y perjuicios. La forma de pago, claramente definida, hace inviable que el Estado pueda asumirla presupuestalmente, por más que la modalidad PPP haya demostrado ser inapropiada para los fines de la educación pública.
  18. Se desvían cada vez mayores porcentajes del presupuesto educativo a manos privadas. La modalidad PPP refuerza ese camino de privatización del presupuesto educativo que ha recorrido el progresismo: Plan Ceibal – Negroponte, CAIF – ONG, ANEP y sus tercerizaciones, etc. De esta forma, es probable que en unos años se alcance el 6% del PBI para la educación, pero al precio de desviar gran parte a empresarios que lucran con la educación. 19 20 FeNaPES
  19. Se compromete parte del futuro de la educación de 22 a 35 años. El plazo del contrato es de 22 años, pero puede prorrogarse hasta alcanzar un total de 35 años. Así, para que una de las próximas Administraciones pueda reestructurar el funcionamiento de los locales de acuerdo a nuevas valoraciones políticas y pedagógicas, deberá sujetarse a lo dispuesto en los pliegos o bien renegociar con la empresa que los gestionará y pagarle aún más.
  20. Se profundiza el proceso de mercantilización de la educación pública. El instrumento PPP busca maquillar el déficit fiscal, garantizando el lucro empresarial. Se instala así el predominio de una lógica eficientista en el sector público, y en un sector tan sensible como la educación. Con la PPP, el cumplimiento de una obligación pública (lógica del bien común) pasa a depender de intereses económicos privados (lógica del lucro).

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España: Comedores escolares

Europa/España/14.10.2017/Fuente: www.madrid.org.

El comedor escolar es un servicio complementario de carácter educativo que presta la Administración educativa y que contribuye a una mejora de la calidad de la enseñanza. Además de cumplir una función básica de alimentación y nutrición, desempeña una destacada función social y educativa, por ello, los comedores escolares están integrados en la vida y organización de los centros educativos. 

NORMATIVA QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMEDORES ESCOLARES

• ORDEN 2619/2017, de 13 de julio, del Consejero de Educación, Juventud y Deporte, por la que se establece el precio del menú escolar en los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. (BOCM del 28)

 CIRCULAR de 24 de julio de 2017 de la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Secundaria sobre el Funcionamiento del Servicio de Comedor Escolar en el curso 2017-2018.

Anexo I Descargar
Anexo II Descargar
Anexo III Descargar

LEY 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición. (BOE del 6)

 REAL DECRETO 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. (BOE de 8 de marzo)

 ORDEN 917/2002, de 14 de marzo. reguladora de los Comedores Escolares en centros docentes públicos no universitarios. (BOCM de 2 de abril)

 ORDEN 3028/2005, de 3 de junio, que modifica parcialmente la Orden 917/2002. (BOCM del 16)

 ORDEN 4212/2006, de 26 de julio, por la que se modifica la Orden 917/2002, de 14 de marzo, Reguladora de los comedores escolares en los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. (BOCM de 17 de agosto)

 ORDEN 9954/2012, de 30 de agosto, por la que se modifica la Orden 917/2002, de 14 de marzo de la Consejería de Educación, por la que se regulan los comedores colectivos escolares en los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. (BOCM de 3 de septiembre)

INSTRUCCIONES DE INTERÉS

CIRCULAR de 19 de enero de 2010, conjunta de la Dirección General de Recursos Humanos y de la Dirección General de Educación Infantil y Primaria acerca de quien puede realizar la función de apoyo en los centros con comedor escolar de más de trescientos comensales.

INSTRUCCIÓN de 5 de febrero de 2008, de la Directora General de Educación Infantil y Primaria, dirigida a los Directores/as de Área Territorial de la Consejería de Educación sobre la obligatoriedad de ofrecer menús sin gluten en todos los colegios públicos a los alumnos que acrediten padecer enfermedad celiaca mediante certificación médica oficial.

INFORME de 28 de abril de 2005, del Subdirector General de Régimen Jurídico y Gestión Económico-Administrativa, sobre financiación de la gratuidad del servicio de comedor escolar a los alumnos cuyo centro docente se encuentre en obras.

INFORME de 9 de diciembre de 2003, del Director General de Centros Docentes, para clarificar el régimen jurídico de la responsabilidad civil de las empresas de restauración que prestan el servicio de comedor en Centros Docentes Públicos.

Fuente de la noticia: http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142432387290&pagename=PortalEducacion/Page/EDUC_contenidoFinal

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Libro: Cómo buscar y usar información. Una guía para universitarios.

España / 8 de octubre de 2017 / Autor: Luis Javier Martínez Rodríguez / Fuente: Metodologiaecs

Esta guía, dirigida a estudiantes universitarios, ofrece orientaciones sobre la información y la literatura científicas, cómo seleccionar y analizar la fiabilidad de los contenidos que se encuentran en la Web; cómo acceder mejor a información solvente y acreditada; cómo aprovechar los recursos de las bibliotecas universitarias; qué géneros de publicaciones científicas existen y de qué manera pueden usarse; cómo buscar y reunir documentación sobre un tema de estudio; qué herramientas de búsqueda pueden elegirse; cómo utilizar la información de forma eficaz y legítima; cómo gestionar referencias y documentos; cómo analizarlos y trabajar con ellos; cómo citar y redactar bibliografía; y cómo presentar trabajos académicos.

Como manual, es un material que se recomienda revisar y aprovechar sus contenidos.

Link para la descarga:

http://eprints.rclis.org/20141/1/Como_buscar_usar_informacion.pdf

Fuente:

Cómo buscar y usar información. Una guía para universitarios.

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Menos igualdad: La privatización de la educación en América Latina

Reseña Informe:  La privatización de la educación en América Latina

La privatización de la educación es un fenómeno de alcance global.

Numerosos países, tanto del Norte como del Sur, han promovido medidas de privatización educativa en los últimos años. Como consecuencia, cada vez hay más niños y niñas que están siendo escolarizados en instituciones privadas.

En el campo educativo, la privatización no se desarrolla del mismo modo que en ciertos sectores de la economía, como la provisión de agua, de energía, en las telecomunicaciones. En efecto, la privatización educativa no supone transferir la propiedad de las escuelas públicas a manos privadas, sino la mayor participación de agentes privados en la provisión y el financiamiento de servicios educativos. Así, la privatización en el campo de la educación es el resultado de la implementación de diversos y complejos esquemas de provisión y financiamiento mixtos que tienden a integrar al sector privado y al público, y que conllevan la redefinición de las funciones y responsabilidades tradicionalmente asumidas por el Estado.

Las acciones más habituales para promover la privatización educativa son: la creación de escuelas charter (instituciones de titularidad pública gestionadas por una entidad privada y que cuentan con financiamiento estatal); los esquemas de vouchers o bonos educativos (que se transfieren a las familias para que elijan la escuela privada o pública que más se adapte a sus preferencias educativas y que tienen como objetivo fomentar la competición entre escuelas); las subvenciones o la contratación externa de escuelas privadas por parte de los gobiernos (como las escuelas públicas de gestión privada en Argentina o las escuelas concertadas en España); los incentivos fiscales al consumo y/o la provisión de educación privada; y, en sentido más amplio, la promoción de la libre elección escolar de las familias (entre las que se encontrarían medidas de supresión de las zonas educativas como la que aprobó el gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid en el año 2013).

Un fenómeno en expansión en América Latina

América Latina es la región del planeta donde la privatización educativa ha avanzado de forma más pronunciada y constante en las últimas décadas. Los países latinoamericanos se destacan no sólo por tener la tasa de escolarización primaria privada más elevada del mundo, sino por mostrar además un crecimiento sostenido excepcional de la oferta privada desde la década de 1990 (Gráfico 1). En el nivel de educación secundaria, América Latina también encabeza el ranking de regiones con mayor participación privada, pero en este caso comparte posición con los países del África Subsahariana (Gráfico 2).

GRÁFICO 1. Porcentaje de alumnos matriculados en instituciones privadas de nivel primario por regiones. 1990-20141496241832_077401_1496247892_sumario_normal_recorte1

Fuente: Adaptado de la información del Instituto de Estadística de UNESCO (2016).

Nota: UNESCO considera instituciones privadas a aquellas que no son operadas por una agencia o autoridad pública sino que están controladas y gestionadas, ya sea con o sin fines de lucro, por alguna organización no gubernamental (por ejemplo, instituciones religiosas, sindicatos, empresas, fundaciones, o agencias extranjeras), o a aquellas cuya junta de gobierno está compuesta principalmente por miembros que no han sido seleccionados por un organismo público.

GRÁFICO 2. Porcentaje de alumnos matriculados en instituciones privadas de nivel secundario por regiones. 1998-2014

1496241832_077401_1496248061_sumario_normal_recorte1

Fuente: Adaptado de la información del Instituto de Estadística de UNESCO (2016).

A pesar de su magnitud, el fenómeno de la privatización educativa en América Latina ha sido por lo general poco estudiado desde una perspectiva regional. Dicha aproximación es, sin embargo, relevante dado que los motivos y factores que desencadenan la privatización de los sistemas educativos varían ampliamente país por país. En un estudio reciente, hemos mapeado la distintas manifestaciones y procesos de privatización educativa que coexisten en la región, en base al análisis de la multiplicidad de condicionantes sociopolíticos, institucionales, demográficos e históricos que intervienen en cada caso. Concretamente, identificamos siete trayectorias muy diferentes hacia la privatización educativa que nos muestran que las tendencias a la privatización responden a causas, orígenes y mecanismos muy distintos.

1. Privatización educativa como parte de la reforma estructural del Estado.

Chile es el país de la región donde ha cristalizado de forma más clara un proceso de privatización educativa fuertemente imbricado en un proceso más amplio de reforma estructural del Estado bajo los preceptos del neoliberalismo. En este país, la reforma educativa de los años ochenta redefinió drásticamente el rol del Estado en materia educativa y fomentó la elección escolar y el rol del sector privado mediante un sistema universal de vouchers. Dicha reforma fue impulsada en el contexto de una dictadura militar, lo cual dificultó que se pudieran articular resistencias efectivas ante unos cambios educativos tan drásticos y controvertidos.

2. Privatización educativa como reforma incremental.

En cambio, en países con un sistema educativo muy descentralizado, como Colombia y Brasil, la privatización se ha producido de forma incremental y como resultado del efecto acumulativo de una serie de reformas educativas acotadas y aparentemente aisladas, típicamente adoptadas a nivel subnacional. La política de “Colegios en Concesión” en Colombia – una variante adaptada de la modalidad charter popularizada en Estados Unidos desde la década de 1990 – constituye un emergente paradigmático de este tipo de avance incremental. En ambos países, factores políticos y socio-económicos de carácter extraeducativo (como la emergencia de una nueva clase media con mayor capacidad de consumo de educación privada) también han alimentado dichos procesos incrementales de privatización educativa.

3. Privatización “por defecto”.

En países como Perú, República Dominicana y Jamaica, el crecimiento del sector privado se explica por la pasividad y/o por la limitada capacidad de respuesta del Estado ante una creciente demanda educativa. En estos casos, la privatización se produce, en cierta manera, “por defecto” más que como consecuencia de políticas proactivas, y se canaliza a menudo a través de la expansión de las llamadas “escuelas privadas de bajo coste”, que cuentan con condiciones educativas e infraestructurales muy precarias, y están dirigidas principalmente a familias de bajos ingresos.

4. Alianzas público-privadas históricas.

En Argentina y, en cierta manera, en República Dominicana, la creciente presencia de provisión educativa no-estatal es el resultado de una relación de cooperación estable y de carácter histórico entre el Estado y la Iglesia, de características similares a las que encontramos en países europeos como España, Holanda y Bélgica. Este tipo de alianzas entre el sector público y el privado – inicialmente religioso y crecientemente laico – se encuentran intrínsecamente vinculadas a la instauración de los sistemas educativos nacionales y a la necesidad de ampliar la cobertura escolar de la manera más económica posible.

5. Privatización por la vía del desastre.

Las situaciones de emergencia humanitaria y social, resultantes tanto de desastres naturales como de conflictos armados, constituyen un terreno fértil para la adopción de reformas educativas de naturaleza drástica, las cuales, en situación de estabilidad y deliberación democrática, encontrarían más dificultades para prosperar. Tales dinámicas de privatización por la vía del desastre se han dado en países afectados por conflictos armados – como ha sido el caso de numerosos países centroamericanos en las últimas décadas – o por desastres naturales. En Haití, por ejemplo, después del terremoto del año 2010, se consolidó y expandió la provisión educativa privada en el marco del proceso de reconstrucción del país y en un contexto de notable influencia de organismos internacionales y agentes externos.

6. Privatización latente.

Encontramos también países como Uruguay, en los que históricamente el sector privado ha jugado un rol marginal, pero en los que se identifica un proceso de privatización latente. En este país se detecta un giro discursivo políticamente transversal, y una incipiente cooperación público-privada en forma de propuestas legislativas e iniciativas experimentales (como, por ejemplo, mediante la adopción de un esquema de vouchers con carácter de prueba piloto) con las que se podría promover la expansión de la educativa privada en los próximos años.

7. Contención de la privatización.

Finalmente, cabría destacar que, en contra de la tendencia generalizada en Latinoamérica, la matrícula privada ha experimentado un estancamiento y ligero retroceso en algunos países durante las últimas décadas. En Bolivia, por ejemplo, este proceso de contención de la privatización se explica por cambios en las dinámicas de oferta y demanda educativas. En este país andino, la relativa retracción de la provisión privada se da en un contexto de creciente regulación estatal sobre el sector, y una cierta pérdida de la ventaja comparativa de las instituciones privadas frente a la creciente inversión educativa y modernización del sector público.

La creciente presencia del sector privado en los sistemas educativos de Latinoamérica responde a una realidad muy diversa y con particularidades nacionales muy marcadas. El desarrollo de un amplio abanico de trayectorias de privatización educativa en la región se comprende sólo a la luz de una serie de especificidades (políticas, socioeconómicas e institucionales) que, en la mayoría de países, tienen un carácter marcadamente endógeno (es decir, que no se encuentra necesariamente vinculado a condicionalidades externas). Ahora bien, independientemente de sus causas y orígenes, ¿por qué debería de preocuparnos el fenómeno de la privatización educativa?

Los efectos de la privatización

Las políticas de privatización suelen generar fuertes controversias y disputas políticas.

Los defensores de la privatización educativa, sostienen que las políticas a favor de la privatización son una vía para extender la libertad de elección escolar de las familias, tornar más eficiente el sistema educativo, o incluso incrementar la equidad en educación. El ampliamente difundido documento El papel y el impacto de las asociaciones público-privadas en la educación (The Role and Impact of Public-Private Partnerships in Education) del Banco Mundial expresa de forma clara esta perspectiva. Sin embargo, un conjunto importante de actores, entre los que destacan organizaciones docentes y de la sociedad civil, plantea serios reparos a estas políticas, ya que suponen un desafío a la concepción de la educación como un derecho humano y un bien social. A su vez, la evidencia proveniente de la investigación académica muestra que los riesgos y efectos perversos ligados a la privatización superan ampliamente las virtudes que se le atribuyen y que, por lo demás, no han sido rigurosamente contrastadas.

La misma OCDE publicó en el año 2009 una revisión de la literatura académica sobre las políticas de mercado en educación en la que advierte que dichas políticas promueven mayores niveles de segregación escolar y de desigualdad educativa, mientras que los efectos sobre las mejoras en el aprendizaje no son para nada significativos. Similares resultados se desprenden de un análisis bibliométrico reciente sobre esta misma temática. Según pone de relieve este informe, los estudios académicos sobre los efectos de la privatización educativa publicados en las dos últimas décadas reportan con mucha más frecuencia efectos negativos que positivos. Ahora bien, el impacto de la privatización varía en función de diferentes dimensiones y aspectos del sistema educativo (satisfacción del profesorado, niveles de aprendizaje del alumnado, segregación escolar, eficiencia, etc.). La privatización educativa no es necesariamente negativa en relación a todos estos aspectos ni al mismo nivel. Como se refleja en el Gráfico 3, sus efectos son especialmente perjudiciales en relación a aspectos como la equidad educativa, la inclusión y la diversidad en la composición de las escuelas.

GRÁFICO 3

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Fuente: Verger, A., Fontdevila, C., Rogan, R. & Gurney, T. Evidence-Based Policy and the Education Privatization Debate: Analysing the Politics of Knowledge Production and Mobilization through Bibliographic Coupling.

La competición entre escuelas impulsada por las políticas pro-privatización se traduce frecuentemente en un aumento de la discriminación educativa y de la segregación escolar. Esto se debe a que una práctica habitual – y casi naturalizada – en el sector educativo privado consiste en seleccionar al alumnado en base a criterios que no son precisamente de equidad. Así, las escuelas privadas, especialmente cuando están sujetas a presiones competitivas, tienden a “filtrar” a aquellos estudiantes percibidos como negativos para la imagen de la escuela o como menos hábiles académicamente (en general, estudiantes de clase trabajadora, minorías étnicas, o con necesidades educativas especiales). Asimismo, cuando se otorga mayor capacidad de elección a las familias, ésta deriva en muchas ocasiones en el abandono del sector público por parte de la clase media, lo cual pone en entredicho la diversidad socio-cultural de los centros educativos y amplifica las diferencias entre grupos sociales.

Además, y a pesar de que las políticas de privatización resultan en ocasiones en un aumento general del rendimiento educativo del alumnado en el sector privado respecto al público, estos resultados se tienden a neutralizar cuando la comparación se hace teniendo en cuenta el estatus socioeconómico del alumnado. Los grupos socialmente desfavorecidos se ven perjudicados por las políticas de privatización, especialmente a raíz de las dinámicas de discriminación y segregación escolar que se le asocian, o de la desigualdad de recursos de las escuelas en función del tipo de alumnado con el que cuentan (si bien es cierto que dinámicas de segmentación de la oferta escolar y de recursos educativos se pueden dar también en el seno del mismo sector público).

Adicionalmente, la privatización tiende a afectar directamente las condiciones laborales y los derechos del personal docente, lo cual se advierte especialmente en el caso de las llamadas “escuelas privadas de bajo coste” que crecen a un ritmo vertiginoso en países de Asia, África y América Latina, aunque no exclusivamente. Si bien los centros de gestión privada pueden resultar más eficientes en términos económicos en comparación con los centros públicos, la contrapartida de la eficiencia se encuentra a menudo en la precarización en las condiciones laborales del personal docente. Esta precarización, a su vez, repercute en mayores niveles de rotación del profesorado y en una menor autonomía de los docentes en el ámbito pedagógico y/o curricular, lo cual tiende a desincentivar la innovación a nivel de aula.

En definitiva, mientras que los supuestos beneficios de la privatización educativa en términos de eficiencia y mejoras en el rendimiento educativo no han sido rigurosamente demostrados, la evidencia disponible pone de relieve que la privatización tiende a socavar la equidad educativa y la función de cohesión social que debería desempeñar la escuela. Comprender las causas de la privatización y sus diversas manifestaciones es un primer paso a la hora de articular respuestas y políticas con las que favorecer la mejora de la educación pública y el fortalecimiento de los sistemas educativos.


Antoni Verger, Clara Fontdevila y Mauro Moschetti son profesores de la Universitat Autònoma de Barcelona

Fuente documento: http://privatizacion.campanaderechoeducacion.org/menos-igualdad-la-privatizacion-de-la-educacion-en-america-latina/#more-3111

Fuente imagen: Oscar ‘Nebe’ Abad/Asociación Audiovisual Educar desde la Infancia

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