Por: Diane Woloschuk
Puede que los sindicatos de docentes que trabajan para impulsar la causa de la educación pública y mejorar la situación de la profesión docente no elijan el desarrollo de políticas como su primera estrategia. Comparado con la defensa pública, las reuniones con gobiernos o la negociación colectiva, la política organizativa puede parecer pasiva y abstracta, meras palabras de un manual al que nos referimos de vez en cuando.
Sin embargo, lo más sorprendente para los sindicatos en el actual contexto mundial es la lucha, bien con los gobiernos, con los promotores de la ideología neoliberal o con ambos, acerca de qué valores fundamentales deberían subyacer tras la educación de nuestros niños y jóvenes y, desde luego, de la sociedad en su totalidad. El objetivo neoliberal de comercializar y controlar los servicios públicos, minuciosamente impulsado en los últimos 30 años, ha contribuido a un cambio de mentalidad, al menos en los países de la OCDE: de unos valores más humanistas expresados mediante un modelo comunitario de sociedad y gobierno a unos valores más individualistas y competitivos expresados con un modelo empresarial. Tanto los sindicatos como el sistema de educación pública surgieron en un periodo de la historia en que el modelo comunitario y la búsqueda del bien común estaban en auge.
En muchos países de la OCDE, los sindicatos de docentes trabajan para impedir los ataques a los derechos laborales, la profesionalidad de los docentes y los sistemas escolares de financiación pública. En algunos países y regiones, la «reforma» educativa ya ha ocasionado un abandono total por parte del gobierno hacia la educación pública y los sindicatos de educación han tenido que reagruparse ante las incesantes campañas contra sindicatos y docentes.
En los países en desarrollo, los sindicatos de docentes se esfuerzan por ayudar al gobierno y al público a reconocer la importancia de la educación pública y los principios de justicia natural y de los derechos laborales de los docentes, tales como tener salarios adecuados y que se les pague por su trabajo y de forma puntual. A diferencia del hemisferio norte, el sur está intentando hacer esto cuando el modelo comunitario está siendo atacado. La puesta en marcha de la Educación para Todos (EPT) ha logrado que gran cantidad de niños se incorporen al sistema escolar público. Sin embargo, los gobiernos nacionales han tenido muchas dificultades para prepararse para esto dadas las restricciones presupuestarias creadas por la normativa del FMI que ha limitado la financiación para los servicios públicos y los salarios. Como consecuencia se ha producido una escasez extrema de instalaciones escolares adecuadas y de recursos para el desarrollo y la implantación del currículum, unido a la incapacidad para educar a suficientes docentes lo bastante rápido para atender la demanda. Con una financiación inapropiada, unas clases excesivamente numerosas y una falta de docentes cualificados, no es extraño que los estudiantes obtengan unos resultados de aprendizaje malos. Los defensores del neoliberalismo y la privatización de la educación no han tardado en culpar del fracaso a los docentes y al carácter público del sistema educativo.
En todo el mundo, por tanto, se están poniendo en entredicho los valores y convicciones que representan el fundamento de la educación pública. Los docentes y sus sindicatos defienden su profesión y la educación pública, lo cual no debería sorprendernos porque la enseñanza es un trabajo capaz de transformar socialmente[1]. Como afirma Shaker en la edición de otoño de 2013 de Our Schools Our Selves, «Los docentes y sus sindicatos han luchado en primera línea por unas escuelas más seguras e inclusivas y por comunidades de aprendizaje que permitan que todos los estudiantes y educadores sean capaces de prosperar».[2] La visión de los docentes acerca de la educación pública (las convicciones, valores y principios colectivos y pactados que defienden) se expresa en la política de su sindicato, que es la base de sus declaraciones y acciones.
El desarrollo y la aplicación de políticas persiguen dos objetivos distintos. En el sindicato, el desarrollo de políticas crea consenso acerca de las convicciones y valores y proporciona una lengua y un entendimiento comunes sobre qué es importante. A nivel externo, el desarrollo de políticas facilita y fomenta un diálogo real e influyente con el gobierno y otros actores de la comunidad educativa que pueden contribuir al cambio progresivo.
Un marco muy útil para establecer las necesidades de política lo encontramos en la campaña de la Internacional de la Educación «Unámonos por la educación pública», que abarca tres estrategias integradas para la educación de calidad: docentes de calidad, herramientas de calidad y entornos de aprendizaje de calidad. La defensa de unos docentes de calidad se basa en las políticas de formación y certificación de docentes, la profesionalidad y la autonomía de los docentes, el desarrollo profesional de los docentes, la colaboración y la colegialidad y la conducta y la competencia profesional, entre otros. En cuanto a las herramientas de calidad, las políticas relativas al desarrollo curricular, la puesta en marcha y los recursos y la financiación de la educación son buenos ejemplos. Por último, las políticas relacionadas con las instalaciones escolares, la inclusión, la seguridad escolar, la equidad de género, los derechos de las lenguas minoritarias, la educación indígena y otros sustentan la defensa a favor de entornos de aprendizaje de calidad. Los temas de política y las políticas en sí mismas, varían en función del sindicato y de su contexto nacional. Sin embargo, las convicciones, valores y principios fundamentales que subyacen tras las políticas de un sindicato de docentes probablemente se basan en su mayoría en los principios universales relacionados con el respeto por la dignidad de los niños, el valor de la educación pública y la profesión docente y el bien común. ¿Cuáles serán esas convicciones, valores y principios fundamentales?
1. La educación pública como bien común y derecho humano fundamental
El párrafo 7º de la Declaración de los Derechos del Niño[3] afirma que todos los niños tienen derecho a una educación obligatoria y gratuita y que los responsables del sistema educativo serán quienes sirvan los intereses de los niños. El que los docentes aboguen por los derechos de todos los niños a una educación de calidad tiene la capacidad de influir y educar a los padres y al público y puede contribuir a crear grupos de defensa dedicados a este principio.
2. La voz de los docentes
Los docentes entienden sus responsabilidades profesionales y las necesidades de sus estudiantes. Los sindicatos de educación deberían participar en las decisiones acerca de los cambios en el sistema educativo público y/o los requisitos que afecten a la profesión docente y los docentes. Los docentes también deberían participar en la planificación y puesta en marcha de los cambios propuestos.
3. Los docentes como profesionales
Según la OCDE, los países que disfrutan de sistemas educativos eficaces cuentan con sindicatos de docentes fuertes y con recursos. Abordar los temas de bienestar del docente es una labor sindical fundamental. Además, cuando los sindicatos de docentes trabajan para mejorar la calidad de la enseñanza mediante programas de desarrollo profesional y la definición de estándares profesionales, otorgan autenticidad e integridad a su papel como actores de la comunidad educativa nacional, especialmente si existe una falta de docentes cualificados. Por ejemplo, según el Uganda National Teachers’ Union (UNATU), la formación continua (IN-SET) y los programas de Teacher Action for Girls (TAG, Acción docente por las niñas) han contribuido al reconocimiento del UNATU como un sindicato moderno que no solamente lucha por el bienestar de los docentes sino que también contribuye a otros aspectos de la agenda educativa valorados por el gobierno, como las tasas de abandono y los logros de aprendizaje en alfabetización y matemáticas. Los docentes del mundo desarrollado también se están dando cuenta de que «tal vez sean los únicos agentes capaces de restaurar el papel de las escuelas como espacios al servicio del bien común».[4]
4. Justicia social y equidad
Los sindicatos de docentes han sido grandes defensores de las escuelas inclusivas, apoyando los derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de asociación y la defensa de los derechos de las minorías. Han luchado por los derechos de los niños, mujeres, docentes y estudiantes LGBTQ y muchos más. Han luchado por la inclusión de las personas discapacitadas e incapacitadas. Han luchado por la democracia. La justicia social y la equidad son la base y el alma de la educación pública y son esenciales para la democracia. La justicia social y la equidad son fundamentales para apoyar una visión de la sociedad en la que todos los niños tengan las mismas oportunidades de aprender, desarrollar sus habilidades e intereses y ser miembros responsables de la sociedad.
5. El valor de las relaciones
Los docentes conocen bien la importancia de la relación entre docente y estudiante, que no es de carácter económico, sino una relación profesional y profundamente humana. Los sindicatos de docentes consideran que las políticas de enseñanza y aprendizaje deben reflejar el interés y el respeto de los docentes por los niños a los que enseñan. Los docentes son conscientes del poder de transformación que tiene la relación con sus compañeros, no solamente en sus propias escuelas, distritos o países, sino en el mundo entero. Vengan de donde vengan, la pasión que comparten por la enseñanza y el compromiso con sus estudiantes crea un vínculo inmediato entre ellos. Cuando trabajan juntos, crece su entendimiento de la pedagogía, lo cual puede ser profundamente transformador y enriquecedor. Los miembros de los sindicatos saben muy bien que cuando la gente trabaja en equipo puede conseguir una relación laboral más justa con sus empleadores y una sociedad más democrática. Conocen bien la importancia de las relaciones democráticas en sus propias organizaciones. Los sindicatos de docentes no poseen el poder que dan una gran riqueza económica o las conexiones con los medios de comunicación. Nuestro poder reside en la gente.
Esta lista de principios no es exhaustiva. Se basa en las convicciones, valores y experiencias de la Canadian Teachers’ Federation. Todos los sindicatos de docentes deben explorar sus más profundas convicciones, convertirlas en políticas y luego, junto con sus miembros, emplearlas para explicar al gobierno y al público en general la visión de los docentes acerca de la educación pública y su profesión. Esa visión es la base del liderazgo de los sindicatos de docentes para defender y cultivar la democracia. En palabras de John Ralston Saul, un famoso filósofo y escritor canadiense,
“… la única estructura pública de que disponemos capaz de llegar a todos los ciudadanos en cualquier parte del país y hacerles sentir parte de una gran familia de ciudadanos es el sistema de educación pública. En el sentido estricto de democracia inclusiva, esos edificios simples de ladrillo y mortero que llamamos escuelas públicas, son en realidad el único lugar de reunión de los ciudadanos. El sistema de educación pública y su estructura de base no solamente no está anticuada, sino que dependemos más de ella hoy de lo que lo hacíamos en gran parte del siglo XX
[1]Weiner, L. This Labor Day, Thank a Teacher. Consultado el 16 de septiembre de 2013 en http://jacobinmag.com/2013/09/this-labor-day-thank-a-teacher/
[2]Shaker, E. (2005). On the Front Lines. Our Schools Our Selves, 23, 1, 17.
[3] Naciones Unidas. Declaración de los Derechos del Niño. Consultado el 22 de diciembre de 2013 de www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/resources/child.asp.
[4]Green, R. (2013). Why America’s Teachers Are Going Badass and Why Canada’s Need to Consider Doing the Same. Our Schools Our Selves, 23, 1. 24.
Publicado originalmente en: http://worldsofeducation.org/new/spa/magazines/articles/223
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