El Gobierno central y las Comunidades Autónomas han anunciado este lunes que han llegado a un acuerdo para que la prueba de acceso a la Universidad sea muy similar a la Selectividad -asignaturas troncales del segundo curso de Bachillerato- y las reválidas no sean vinculantes ni tengan que hacerlas todos los alumnos. Se trata del primer acercamiento para uno de los objetivos históricos nunca alcanzados por la democracia española: alcanzar un Pacto de Estado por la Educación.
La prueba final de Bachillerato servirá para entrar en la Universidad, será con asignaturas troncales de segundo curso y muy similar a la Selectividad, mientras que las de Primaria y ESO no tendrán que hacerlas todos los alumnos, sino una muestra que elijan las comunidades.
El Ministerio y todas las autonomías han llegado este lunes a este acuerdo, que significa la «eliminación de las reválidas como tal», según ha enfatizado en declaraciones a la prensa la consejera de Extremadura, Esther Gutiérrez, tras reunirse la Conferencia Sectorial durante apenas hora y media. «Es un buen paso, con pasos pequeños se consiguen objetivos grandes», ha enfatizado Méndez de Vigo en rueda de prensa, que ha visto a los consejeros autonómicos «muy comprometidos y con ganas de lograrlos».
El Consejo de Ministros aprobará un real decreto-ley con esos cambios, que suponen reformar la Lomce, y que después deberá convalidar el Congreso en el plazo de 30 días, ha explicado Méndez de Vigo.
Ha precisado que la evaluación final de Primaria será muestral (no obligatoria para todos los alumnos) y de diagnóstico del sistema, sin perjuicio de que las comunidades decidan que sea censal (para todos los estudiantes) en sus respectivos territorios.
Igualmente, la de ESO, que no tendrá efectos académicos ni siquiera para conseguir el título de Secundaria Obligatoria, será muestral y de diagnóstico. Los alumnos de FP básica tampoco necesitarán realizar la prueba de ESO para conseguir el título de Secundaria, sino que el profesorado considerará si reúnen las condiciones para ello. Además, el título de ESO será «único», con los mismos efectos sea cual sea el itinerario académico elegido por los alumnos en cuarto curso.
La prueba de Bachillerato servirá para regular el acceso a la Universidad, será sobre seis asignaturas troncales de segundo de Bachillerato y parecida a la anterior Selectividad; se superará con una nota media de 4.
La Lomce, hasta ahora, establecía que los alumnos que quisieran conseguir los títulos de ESO y Bachillerato deberían superar, a partir del curso 2017-2018, las evaluaciones finales esas dos etapas, por lo que los sectores opuestos a las mismas las denominan «reválidas». Méndez de Vigo ha indicado que el acuerdo consiste en suspender los efectos académicos de las evaluaciones mientras que se llega a un pacto educativo nacional. En cualquier caso, el Ministerio «sigue creyendo en la evaluación», ha remarcado.
Ha querido precisar que se trata de conseguir los mismos objetivos que propone la Lomce, pero a través del decreto-ley, pues se busca mejorar el sistema educativo a la vez que dar tranquilidad a los alumnos y la comunidad escolar mientras que llega un «gran pacto educativo». En este momento, ha mencionado la subcomisión parlamentario que se constituirá para este fin en el Congreso y que comenzará a trabajar el 1 de diciembre y su propia comparecencia en la Cámara el miércoles próximo.
No obstante, las consejeras de Cataluña, Meritxell Ruiz, y del País Vasco, Cristina Uriarte, han manifestado un apoyo crítico al acuerdo por cuestiones competenciales. Sobre que Cataluña quiera hacer su propia prueba de acceso universitario, el ministro ha replicado que el currículo de Bachillerato es ahora diferente al anterior y que nadie querrá un examen que no sea válido para ir a cualquier universidad de España. También Ruiz ha reprochado que no se derogue ya la disposición adicional 38 de la Lomce, por la que la Generalitat tiene que costear la escolarización en castellano de aquellos alumnos que lo demanden cuando el sistema educativo no pueda proporcionarla de manera ordinaria. El ministro ha negado un enfrentamiento con Cataluña y se ha comprometido a llevar esta cuestión a la subcomisión parlamentaria en un debate tranquilo.
El consejero de Educación de Asturias, Genaro Alonso, el acuerdo es «éxito sin precedentes». Mayte Pérez, de Aragón, ha reconocido que la Lomce no se puede derogar ya porque no hay ley alternativa en este momento, pero ha agradecido el «clima de alivio» para alcanzar acuerdos. El de Navarra, José Luis Mendoza, ha valorado el cambio de actitud en Educación ha abogado por dejar sin efecto todas las cuestiones «pretenciosas» de la Lomce. El consejero de Galicia, Román Rodríguez, ha recordado que esta comunidad ya demandó que la prueba de segundo de Bachillerato sea prácticamente idéntica a la Selectividad. La consejera de Canarias, Soledad Monzón, se ha mostrado muy satisfecha porque llevaban un año y medio de «lucha» contra las «reválidas».
El Ministerio retira los recursos
Igualmente, Méndez de Vigo ha anunciado que se van a retirar los recursos que se presentaron en su día contra las comunidades que incumplieron la prueba de sexto de Primaria que establece la Lomce y que tenían que realizarse por primera vez el curso pasado. Lo ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la Conferencia Sectorial que ha presidido.
La retirada de los citados recursos «es una muestra, un gesto de buena voluntad» dentro de la búsqueda del «consenso», ha resaltado Méndez de Vigo, que ha añadido que las comunidades que también presentaron recursos en este sentido contra el Ministerio «harán lo propio». En tono de humor ha añadido: es una medida que «ayudará a los tribunales de Justicia» para no tener que ocuparse «de tantos recursos» sobre Educación.
La medida había sido adelantada por el consejero de Educación de Castilla y León, Fernando Rey, al término de la Sectorial. «Es una muestra fantástica» de Educación el que quiera allanar esos recursos, ha opinado el consejero del PP. El Ministerio de Educación, a través de la Alta Inspección, había enviado el pasado curso sendos requerimientos a siete autonomías: Cataluña, Andalucía, Aragón, Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura y Baleares. Entendía que la regulación autonómica de la evaluación final de Primaria no se ajustaba a la normativa estatal, según informó el Ministerio el pasado junio.
Además, se mandaron «cartas de demanda de información» a Asturias, Castilla-La Mancha y País Vasco porque entonces no habían procedido a la regulación autonómica de la prueba citada, y se les pedía que explicaran si lo van a hacer y cómo.
Fuente: http://www.elimparcial.es/noticia/172148/sociedad/primer-paso-hacia-el-pacto-de-estado-por-la-educacion.html
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