España/26 mayo 2016/Autora: María Valerio/Fuente: http://www.elmundo.es/
El desempleo y los recortes en sanidad desde 2008 están detrás de 260.000 muertes por cáncer en los países de la OCDE, 160.000 de ellas concretamente en territorio de la Unión Europea. Ésta es la dramática conclusión de un amplísimo análisis que se acaba de publicar en la revista The Lancet y que subraya la importancia del acceso universal a la sanidad como única receta contra este incremento de la mortalidad.
El estudio es el primero en analizar el efecto del desempleo y los cambios en la sanidad pública en un indicador tan objetivo como la mortalidad por cáncer. En total se han analizado las cifras de 70 países de la OCDE que representan a dos mil millones de pacientes oncológicos diagnosticados entre 1990 y 2010. Para el trabajo se analizaron las estadísticas en torno a cuatro tumores que representan la mayor carga de esta enfermedad en el mundo occidental: próstata, cáncer de mama, colon y pulmón (estos dos últimos tanto en hombres como en mujeres).
Los autores del estudio proceden de la Universidad de Oxford, Imperial College y King’s College (Reino Unido), así como de la Universidad de Harvard (ésta en EEUU). «Nos sorprendió que fuese una cifra tan alta. 260.000 muertes adicionales en pacientes con cáncer en la OCDE es un número muy significativo y refleja hasta dónde pueden llegar los efectos de la crisis económica».
En sus conclusiones observaron que un aumento de las tasas de desempleo de sólo un 1% se reflejaba en un incremento de la mortalidad por cáncer, pero este efecto desaparecía en los países con un acceso universal a los cuidados sanitarios.
La misma relación se observó con respecto a los recortes en la inversión pública en sanidad. Cada 1% de reducción en el gasto del Producto Interior Bruto (PIB) destinado a la salud se relacionó con un aumento de 0.0053 muertes adicionales por cáncer por cada 100.000 habitantes.
«Este estudio ofrece unos resultados que se antojan plausibles: el desempleo aumenta la mortalidad por cáncer, pero sólo en aquellos países en que no hay cobertura sanitaria universal, en los que los pacientes no pueden costearse la sanidad», comenta el doctor Miguel Martín, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).
Afortunadamente, añade, «España tiene cobertura universal, por lo que no creemos que la crisis reciente y el desempleo hayan aumentado la mortalidad por cáncer en nuestro país. No obstante, este estudio debe servirnos de aviso para el futuro: si reducimos la cobertura sanitaria o introducimos restricciones importantes en las prestaciones sanitarias, podemos encontrarnos con un aumento de la mortalidad por cáncer también en España«.
En esta idea coincide también uno de los autores del trabajo, Mahiben Maruthappu, que explica a EL MUNDO que España es precisamente uno de los países en los que el análisis no ha observado un exceso de mortalidad por cáncer. «Sólo hemos visto este incremento en los países que no ofrecen una cobertura sanitaria universal, como EEUU». En cambio, los países [como España], en los que la cobertura sí es universal, los efectos de la crísis económica en los últimos años no han reflejado este efecto.
Por ejemplo, sólo en EEUU, los autores calculan un exceso de 18.000 muertes por cáncer; casi 4.000 en México y 1.500 fallecimientos extra en Francia.
El único diagnóstico en el que no se observó esta relación directa entre desempleo y recortes con la mortalidad por cáncer es el cáncer de pulmón en mujeres. Sin embargo, el doctor Maruthappu admite que «nuestros datos no nos permiten deducir la causa de ello». A su juicio, una posibilidad es que las mujeres con este tipo de cáncer tengan peor supervivencia que los hombres, «aunque esta hipótesis no se sostiene de acuerdo con la evidencia actual».
En un comentario que publica la misma revista, Graham Colditz, de la Universidad de Washington (EEUU), subraya la importancia que estos datos deberían tener sobre todo en países en los que no se ha implementado aún una cobertura sanitaria universal, como es el caso de EEUU. Y es que como subraya el estudio, en estos territorios, el cuidado de la salud se puede obtener a través de seguros privados que contrata la empresa para su trabajador, «pero si la persona está en paro, los diagnósticos se retrasan y los tratamientos se administran demasiado tarde».
El doctor Javier Mar, miembro de la Asociación Española de Economía de la Salud (AES), explica que en el País Vasco -una de las comunidades españolas que cuenta con un registro poblacional de cáncer- las estadísticas desde el año 2000 reflejan una reducción de la mortalidad por cáncer del 1% anual; una tendencia que también se observa en las estadísticas nacionales desde hace algunos años.
«A nivel poblacional la cobertura universal se ha mantenido», explica este especialista del Servicio Vasco de Salud. Y en el caso de la población más afectada por los recortes, «como pueden ser los inmigrantes en situación ilegal, se trata de un porcentaje pequeño que, además, por tratarse de una población generalmente joven y sana, no tiene un gran reflejo en las estadísticas de cáncer».
En el caso de otras enfermedades que podrían haberse visto influidas por la situación económica en España en los últimos años, como las patologías cardiovasculares, el doctor Mar explica que «están relacionadas con tantos factores que es difícil identificar el impacto específico de la crisis».
El cambio climático se está convirtiendo rápidamente en uno de los riesgos más significativos para los sitios del Patrimonio Mundial, según el informe “Patrimonio mundial y turismo en un clima cambiante” publicado hoy por la UNESCO, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y la Unión de Científicos Comprometidos (USC).
“Tenemos que entender, vigilar y abordar mejor en todo el mundo la amenaza del cambio climático sobre los sitios del Patrimonio Mundial”, dijo Mechtild Rössler, directora del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
“Tal y como como destacan las conclusiones del informe, alcanzar el objetivo que marca el Acuerdo de París de limitar el aumento global de la temperatura a un nivel inferior a los grados centígrados es de vital importancia para la protección del nuestro patrimonio mundial para las generaciones actuales y futuras”. El nuevo informe examina 31 sitios culturales y naturales inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial en 29 países que son vulnerables a fenómenos como el aumento de las temperaturas, el derretimiento de los glaciares, la subida del nivel del mar, los fenómenos climáticos extremos, las sequías o el mayor riesgo de incendios.
En él se documenta el impacto climático en sitios turísticos emblemáticos tales como Venecia, Stonehenge o las Islas Galápagos y otros sitios del Patrimonio Mundial como la Región floral del Cabo, en Sudáfrica; la ciudad portuaria de Cartagena de Indias, en Colombia; y el Parque Nacional de Shiretoko, en Japón.
“El cambio climático está afectando a sitios del Patrimonio Mundial en todo el mundo”, dijo Adam Markham, autor principal del informe y subdirector del Programa de Clima y Energía de la UCS. “Algunas estatuas de la Isla de Pascua están en riesgo de perderse en el mar debido a la erosión costera. En muchos de los arrecifes de coral más importantes del mundo, incluyendo los de las islas de Nueva Caledonia en el Pacífico Occidental, se observa este año una decoloración de los corales sin precedentes relacionada con el cambio climático. El cambio climático podría llegar incluso a causar que algunos sitios del Patrimonio Mundial pierdan su condición”.Dado que los sitios del Patrimonio Mundial deben tener un “valor universal excepcional”, el informe recomienda que el Comité del Patrimonio Mundial tome en cuenta el riesgo de posibles sitios que se degraden por el cambio climático antes de añadirlos a la Lista.
Mariano Rajoy aprovechó su visita a la Comunidad Valenciana de ayer para hacer una cerrada defensa de la educación concertada, que se encuentra acosada en esa región por el Gobierno de Ximo Puig. La Generalitat valenciana ha reducido las ayudas que concede a los centros concertados, que no han podido abrir nuevas aulas para admitir todas las solicitudes. «La libertad educativa no es algo que se le haya ocurrido a ninguna formación política, ni a ningún padre en defensa de sus hijos», dijo y tras recordar el artículo 27 de la Constitución que proclama la libertad educativa afirmó que es «algo consustancial a lo que es un ser humano».
En efecto, ese artículo 27 «reconoce la libertad de enseñanza» y garantiza «el derecho a los padres para que sus hijos reciban la religión religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». En este ámbito nació la enseñanza concertada en los primeros años de vigencia de la Constitución.
Fue el PSOE el que reguló que, para cumplir esos preceptos constitucionales y teniendo en cuenta que la propia Carta Magna contempla que la «educación básica es gratuita y obligatoria», los centros privados que quisieran podrían sumarse a un sistema de conciertos. Ello comportaba que recibirían dinero público manteniendo su ideario, a cambio de someterse a los criterios educativos que marcara el Estado para la enseñanza pública: admisiones, currículum escolar, horarios, aulas… Como es lógico, no se permite a los colegios concertados cobrar ninguna cuota obligatoria a las familias. Era la forma de garantizar la libertad de elección de los padres y, a la vez, la gratuidad de la educación. En un primer momento, la inmensa mayoría de los colegios concertados estaban dirigidos por instituciones religiosas, pero en los últimos años han ido apareciendo cooperativas de padres, de profesores o empresas privadas que han creado centros concertados laicos.
Los conciertos son, pues, una solución satisfactoria para garantizar la libertad de enseñanza en España, repetimos un precepto consagrado por la Constitución. Ha habido fricciones entre la Administración y los colegios que diferencian por sexo, que se han sustanciado en denuncias por parte de Gobiernos regionales -Andalucía y Asturias, por ejemplo- al considerar que atentan contra la igualdad de oportunidades, pero las sentencias han sido favorables, en general, a los colegios.
El otro gran motivo de crítica que se hace a los concertados es que pueden entrar en la picaresca de obligar a los padres a pagar unas cuotas que están prohibidas -con la excusa de actividades extraescolares, por ejemplo- para cubrir los presupuestos a los que no llegan con la subvención pública. Esas cuotas disuaden a las familias con menos recursos a acceder al colegio concertado, impidiendo así la igualdad de oportunidades al discriminar según el nivel económico. Desde luego, estas conductas fraudulentas deben ser perseguidas y corresponde a las autoridades educativas su control, pero eso no puede echar por tierra la educación concertada. No conviene olvidar, además, que estos centros suponen un ahorro al erario de unos 1.200 euros por alumno y año, según datos del Observatorio de la Educación Pública.
Por eso no tiene sentido la persecución que algunos gobiernos autonómicos de izquierda nacidos de las pasadas elecciones han emprendido contra la educación concertada al reducir el presupuesto público destinado a estos centros. Porque, hoy por hoy, los conciertos son el vehículo legislativo que garantiza el derecho fundamental a la libertad de enseñanza.
Pero lo verdaderamente triste es que cuando políticos de todas las tendencias no hacen más que afirmar la necesidad de un gran pacto por la enseñanza para sacar a España de la postración -con tasas de abandono escolar demasiado altas y en los últimos puestos en las clasificaciones internacionales- la educación continúe formando parte sustancial de una batalla política que se recrudece cuando se acerca un proceso electoral.
No hay que irse demasiado atrás. Estos días estamos comprobando cómo muchas comunidades autónomas se niegan a adoptar preceptos de la Lomce, una ley que por el mero hecho de haber sido aprobada por el Parlamento debería ser aplicada. Se nos llena la boca al hablar de Sociedad del Conocimiento, pero somos incapaces de preparar a los estudiantes ante este reto en el que, además, van a competir con el resto del mundo.
Perú/ 26 de mayo de 2016/ Fuente: Diario el correo
Ayer se celebró el Día de la Educación Inicial y se destacó su trascendencia durante los últimos años
La formación es un principio importante en el ser humano sobre todo en la infancia. La educación inicial ahora es el pilar de las futuras generaciones, es tan marcado el interés en mejorarla que ahora se le presta mayor atención.
Una clara muestra es el incremento de la inversión en los últimos años a nivel nacional. Sobre este importante tema la especialista de la Unidad de Gestión Educativa (UGEL) de Puno, Jannet Valdivia Guiteraz, indica que se han visto grandes mejoras gracias al apoyo incondicional de las maestras y maestros del primer escalón de la vida.
Ayer se celebró el Día de la Educación Inicial en el Perú una importante fecha para los pedagogos que no pasó inadvertida, se organizaron diversas actividades que fueron expuestas al público.
El lema “Todo por amor, nada por fuerza”, utilizado por Victoria y Emilia Barcia Boniffatti, quienes abrieron las puertas del primer jardín del Perú, refleja la vocación y dedicación como característica de la docente puneña. Sobre esto y otros alcances este matutino conversó con Valdivia Guiteraz.
¿Cómo nace la educación Inicial en Puno? Nace por los niños desamparados, huérfanos que se albergaron con las hermanitas de la Caridad actualmente IEP Inmaculada, pero a nivel de CEI el primero fue el 192.
¿Cuál es la importancia de la Educación Inicial? La Educación Inicial atiende a niños y niñas en 2 ciclos, el primero de 0-2 años y el segundo de 3 años a 5 años.
¿Qué se trabaja en estas edades? Nuestra misión, es fortalecer en estos niños, primero se trabaja en el desarrollo de la psicomotricidad motora fina y gruesa, en el II ciclo trabajamos todo lo referente a formación de hábitos, valores, también se fortalece el desarrollo de la autonomía, seguridad, identidad, y socialización. Brindamos oportunidades a nuestros pequeños de incrementar su vocabulario, de crear tanto oral, como con otras formas de comunicación, despertamos el interés por las matemáticas y por el mundo que le rodea logrando que tenga mucho amor y cuidado hacia la naturaleza.
¿Cómo era la visión anterior de la educación inicial? En los inicios se pensaba que era para aprender a leer hasta sumar y restar, ahora se le está dando mucha importancia, todos conocemos que es necesaria una buena educación inicial se está difundiendo la tarea en los profesores de 0 a 2 años la estimulación temprana, se trabaja el desarrollo del movimiento en niños de 3 a 5 años.
¿Cuáles son los avances de la Educación Inicial en Puno? Desde hace varios años se le da mayor importancia ya que es la base para el desarrollo del niño y niña, contamos con 227 Instituciones en la UGEL Puno, que atienden en los lugares más lejanos de nuestra geografía, contando con docentes que se interesan por auto capacitarse y mejorar el nivel profesional que tienen.
¿Cómo podemos caracterizar y diferenciar al niño andino? El niño y la niña andinos, se caracterizan por ser muy creativo, autónomo desde muy pequeño, sus intereses son diferentes a los niños de la ciudad, por lo que la atención debe de darse en su lengua materna y acorde a su contexto.
¿A nivel de la UGEL – Puno que se está haciendo para mejorar la Educación Inicial? La UGEL Puno al igual que otras Instituciones muy preocupados por lograr mejorar la calidad educativa, se ha elaborado y planificado la tarea para desarrollo del presente año, fortaleciendo las capacidades de las maestras , monitoreando y orientando los aprendizajes esperados de niños y niñas.
¿Me puede contar sobre su trayectoria como maestra? Yo soy maestra de vocación, con 30 años de servicio educativo, empecé como docente coordinadora en Desaguadero, luego pasé a la enseñanza directa con niños y niñas en distintos lugares, como Ácora, Puno, Tacna, regresé a Puno por motivos familiares, fui directora en el CEI 290, y en la IEI 196 GSC, actualmente estoy como especilista en la UGEL Puno para volcar mi experiencia en los colegas.
Chile/25 de mayo de 2016/ Fuente: Diario financiero.
Ministra Delpiano ratificó que tema se discutirá en legislación aparte y parlamentarios piden que fórmula sea vía matrícula.
Un anticipo del debate que enfrentará en el Senado el proyecto de ley que fortalece la educación pública, más conocido como la desmunicipalización, se registró ayer en el marco de un seminario realizado por la Universidad. de Chile, donde participaron los senadores Ignacio Walker (DC), Carlos Montes (PS), el diputado Giorgio Jackson y la ministra de Educación, Adriana Delpiano, a quien le correspondió participar en el primer panel, por lo que no se encontró con los parlamentarios.
Ahí la secretaria de Estado ratificó un aspecto de la iniciativa que -está adportas de pasar a la Sala de la Cámara de Diputado- ya genera diferencias entre los parlamentarios del oficialismo, como es lo relacionado con la fórmula del financiamiento de la que será la futura educación pública. Y es que pese a que la titular del Mineduc admitió que el sistema el voucher “tocó techo y esto de financiar por asistencia es un tema”, sostuvo que se trata de un aspecto que estudia el Mineduc y que no se incorporará en la acual discusión legislativa.
“La subvención escolar son cerca de US$ 5.600 millones y es un tema complejo y no es que yo diga que vaya a cambiar asistencia por matrícula o esto por lo otro. Estamos estudiándolo”, señaló Delpiano, para luego precisar que “hemos iniciado el estudio para ver cómo debiera ser la subvención, cuáles son las variables más significativas en que la asistencia es una parte, pero también está la complejidad del sostenedor (…) Son todas variables a estudiar para hacer una propuesta seria, en un proyecto de ley separado que no va a ir en este proyecto y en el cual, con seriedad, le digamos a este país esta es la fórmula a cual queremos cambiar, entendiendo que lo que está ya en este proyecto es un cambio sustantivo respecto a lo que tenemos hoy en el sistema municipal”.
Al respecto el senador Montes (PS) indicó que en el actual debate del proyecto tienen que quedar claros los conceptos “si no, se hace inconsistente el sistema. Si se posterga para después no se entiende el rol del servicio local de educación”, manifestándose partidario de un financiamiento de acuerdo a la matricula, por mantención de los establecimientos y por crecimiento, entre otros, lo que habría que diferenciar del tema de los montos donde “también hay una discusión que hacer”, dijo.
A su turno, el diputado Jackson sostuvo que “sin un cambio a la estructura del voucher y de subvención a la demanda, tenemos el problema de que la educación sigue manteniéndose en una lógica no entre el estudiante y la institución, sino que entre las instituciones y quién paga que es el Estado, lo que es una relación de cuasi mercado”.
“Una contradicción”
Por su parte, el senador Ignacio Walker y actual presidente de la comisión de Educación de la Corporación, además de ser partidario de un sistema de financimiento mixto “público-privado, a la oferta y la demanda, que permita siempre atender las preferencias de las personas y las familias y esa es la subvención”; acusó una contradicción en la institucionalidad que se propone en el proyecto del gobierno.
“Hay una contradicción con una suerte de macrocefalia político administrativa que se está creando con esta Dirección de Educación Pública y un supuesto Servicio Local de Educación Pública que terminan, de alguna manera, marginando lo que es el papel central de la escuela, el Consejo Local de Educación y los directores. No vaya a ser cosa que por desmunicipalizar -lo que está bien en muchos sentidos-, vayamos a irnos al extremo opuesto que es concentrar mucho poder político-administrativo en Santiago, en una estructura borbónica”, advirtió el legislador.
En lo que sí estuvieron de acuerdo los parlamentarios con la ministra, fue en condenar la ofensiva anunciada por los estudiantes que ayer irrumpieron en La Moneda. Mientras Delpiano calificó como “destemplado” el actuar de los jóvenes y ofreció diálogo, Walker acusó una profanación a la casa de los presidentes y Montes llamó a diversificar las formas de movilizarse. Jackson en tanto, dijo que haber llegado a este punto no era deseable y que debe ser entendido como un llamado de urgencia ante las expectativas que se han creado.
Noruega/26 mayo 2016/Autor: Amnistía Internacional
“Si un cliente se porta mal contigo, al final tienes que solucionarlo tú misma. Sólo llamas a la policía en caso de peligro de muerte. Si llamas a la policía, lo pierdes todo.»
–Trabajadora sexual de Noruega
Amnistía Internacional publica hoy su política sobre la protección de las trabajadoras y los trabajadores sexuales frente a los abusos y las violaciones de derechos humanos, junto con cuatro informes de investigación sobre este asunto en Papúa Nueva Guinea, Hong Kong, Noruega y Argentina.
“Las personas dedicadas al trabajo sexual están especialmente expuestas a sufrir toda una serie de abusos contra los derechos humanos, como violación, violencia, extorsión y discriminación. Con demasiada frecuencia la protección de la ley y los medios de resarcimiento con que cuentan son escasos o inexistentes», ha explicado Tawanda Mutasah, director general del Programa de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional.
“Nuestra política indica que los gobiernos deben tomar aún más medidas para proteger de los abusos y violaciones de derechos humanos a quienes se dedican al trabajo sexual. Nuestra investigación pone de relieve los testimonios de estas personas y los problemas a que se enfrentan a diario.»
La política
La política de Amnistía Internacional es la culminación de extensas consultas de ámbito mundial, un minucioso examen de datos sustanciales y normas internacionales de derechos humanos e investigación directa, llevados a cabo a lo largo de más de dos años.
Su aprobación formal y su publicación son el resultado de una decisión democrática, tomada por el movimiento global de Amnistía Internacional en agosto de 2015 (disponible aquí) y de la que se informó ampliamente entonces.
En la política se formulan varios llamamientos a los gobiernos para que, entre otras cosas, garanticen la protección contra el daño, la explotación y la coerción; la participación de las trabajadoras y los trabajadores sexuales en la elaboración de las leyes que afectan a su vida y a su seguridad, el fin de la discriminación, así como el acceso a la educación y a oportunidades de empleo para todas las personas.
Se recomienda la despenalización del trabajo sexual consentido, incluida la anulación de las disposiciones legales que prohíben las actividades conexas, como la prohibición de la compra y el ofrecimiento de servicios sexuales y de la organización general de trabajo sexual Esta recomendación está basada en la evidencia de que tales disposiciones hacen a menudo que las personas dedicadas al trabajo sexual estén menos seguras y que se abuse de ellas con impunidad, pues es frecuente que tengan demasiado miedo a que las sancionen para presentar una denuncia ante la policía. Las leyes sobre el trabajo sexual deben estar centradas en la protección contra la explotación y los abusos, no en intentar prohibirlo por completo y sancionar a quienes se dedican a él.
La política de Amnistía Internacional refuerza su postura de que el trabajo forzoso, la explotación sexual infantil y la trata de seres humanos son abusos atroces contra los derechos humanos, que hacen necesaria una acción concertada y que, con arreglo al derecho internacional, han de estar penalizados en todos los países.
“Queremos que se modifiquen las leyes para centrarlas en conseguir que la vida de las personas que se dedican al trabajo sexual sea más segura y que mejore su relación con la policía, a la vez que se aborda el problema absolutamente real de la explotación. Queremos que los gobiernos se aseguren de que ninguna persona es coaccionada para vender servicios sexuales o no puede dejar el trabajo sexual si decide hacerlo», ha añadido Tawanda Mutasah.
Queremos que se modifiquen las leyes para centrarlas en conseguir que la vida de las personas que se dedican al trabajo sexual sea más segura y que mejore su relación con la policía, a la vez que se aborda el problema absolutamente real de la explotación. Queremos que los gobiernos se aseguren de que ninguna persona es coaccionada para vender servicios sexuales o no puede dejar el trabajo sexual si decide hacerlo.
La investigación
Un extenso trabajo de investigación, incluidos cuatro informes específicos desde el punto de vista geográfico que se han publicado hoy junto con la política de Amnistía Internacional, muestra que las trabajadoras y los trabajadores sexuales sufren a menudo terribles abusos contra los derechos humanos. Es así debido en parte a la criminalización, que agrava su situación de peligro y marginación y les impide buscar protección contra la violencia y solicitar servicios jurídicos y sociales.
“Algunas trabajadoras sexuales nos contaron que la criminalización permite a la policía acosarlas y no dar prioridad a sus denuncias y a su seguridad», ha explicado Tawanda Mutasah.
En vez de centrarse en proteger a las trabajadoras y los trabajadores sexuales de la violencia y el crimen, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de muchos países se centran en prohibir el trabajo sexual por medio de la vigilancia, el acoso y las redadas.
La investigación de Amnistía Internacional revela que las personas que realizan trabajo sexual suelen tener muy poca o ninguna protección frente a los abusos y carecer de resarcimiento por medios judiciales incluso en los países donde la venta de servicios sexuales es legal.
Papúa Nueva Guinea
En Papúa Nueva Guinea es ilegal vivir del trabajo sexual y organizar actividades de comercio sexual. La homosexualidad también está penalizada y es la principal causa de procesamiento de trabajadores sexuales.
La investigación de Amnistía Internacional ha determinado que esta legislación penal permite a la policía amenazar, extorsionar y detener arbitrariamente a las personas dedicadas al trabajo sexual.
Las trabajadoras y los trabajadores sexuales de Papúa Nueva Guinea sufren en grado extremo estigmatización, discriminación y violencia, incluidos la violación y el asesinato. Según una encuesta de investigación académica de 2010, en un periodo de seis meses el 50% de las personas dedicadas al trabajo sexual en la capital del país, Port Moresby, habían sido violadas por clientes o por la policía.
Amnistía Internacional escuchó testimonios terribles de personas que habían sido sometidas a violación y abusos sexuales por agentes de policía, clientes y otros agresores, pero tenían demasiado miedo para denunciarlo porque incluso ellas mismas se consideraban «ilegales».
Mona, trabajadora sexual sin hogar, contó a Amnistía Internacional: “La policía comenzó a golpear a mi amigo [un cliente] y a mí […] Seis agentes tuvieron sexo conmigo uno tras otro. Estaban armados, así que tuve que hacerlo. No tengo ningún apoyo para denunciarlos ante los tribunales. Fue muy doloroso, pero lo he dejado estar. Si recurro a la ley, no podrán ayudarme, porque el trabajo sexual es ilegal en Papúa Nueva Guinea.»
La policía de Papúa Nueva Guinea ha utilizado preservativos como prueba contra personas dedicadas al trabajo sexual, a quienes a menudo se estigmatiza y se acusa de ser «propagadoras» de enfermedades. Esta práctica hace que muchas se abstengan de buscar información y servicios de salud sexual y reproductiva, incluso para el VIH/sida.
Mary, trabajadora sexual, explicó: “Cuando nos agarra o nos retiene la policía, si nos encuentran condones nos golpean y dicen que promovemos el sexo o que somos las que propagamos enfermedades de esas como el VIH. La policía pide dinero; nos amenaza o nos dice que le demos tanto. Nosotras se lo damos, porque tenemos miedo de que nos golpeen si no.”
Hong Kong
En Hong Kong, vender servicios sexuales no es ilegal si se trata de una persona que lo hace en un domicilio particular. Sin embargo, trabajar en lugares aislados deja a las trabajadoras y los trabajadores sexuales en situación vulnerable, expuestos a sufrir robos, agresiones físicas y violaciones.
En su calidad de trabajadora sexual, Queen contó a Amnistía Internacional: “No he denunciado nunca ningún delito, como violación, porque temo que me acusen de ofrecer servicios sexuales.”
No he denunciado nunca ningún delito, como violación, porque temo que me acusen de ofrecer servicios sexuales.
Las personas dedicadas al trabajo sexual en Hong Kong no sólo reciben poca protección de la policía, sino que a veces son sometidas deliberadamente a acoso por ella.
La investigación de Amnistía Internacional revela que los agentes de policía ejercen a menudo sus atribuciones de manera indebida para atrapar y sancionar a estas personas tendiéndoles trampas, extorsionándolas y coaccionándolas. Se permite que agentes de policía de incógnito reciban en el curso de su trabajo determinados servicios sexuales de personas dedicadas al trabajo sexual para conseguir pruebas. Amnistía Internacional ha registrado también casos de policías o individuos que afirmaban serlo que dijeron a trabajadoras o trabajadores sexuales que podían librarse de sanciones legales si les daban dinero o sexo «gratis».
Las personas trans dedicadas al trabajo sexual suelen ser objeto de prácticas policiales especialmente abusivas, como humillantes e invasivos cacheos integrales, practicados por agentes varones a mujeres trans.
“Hay mucho manoseo y mucha mofa”, explicó un abogado que defiende a personas trans dedicadas al trabajo sexual en Hong Kong.
Tras su detención, las trabajadoras sexuales trans pueden ser enviadas a centros de detención para hombres y a unidades especiales para personas con enfermedades mentales.
Noruega
En Noruega, comprar servicios sexuales es ilegal, pero el acto directo de venderlos, no. Otras actividades relacionadas con el sexo están penalizadas, entre ellas la «promoción de la prostitución» y alquilar establecimientos para vender servicios sexuales.
A pesar del alto índice de violaciones y violencia de clientes y bandas organizadas, el grado de resistencia de las personas dedicadas al trabajo sexual a denunciar la violencia ante la policía es muy alto.
“Fui a casa de un hombre. Me dio dos puñetazos en la cara. No lo denuncié a la policía. No quiero que figure en mi historial”, dijo a Amnistía Internacional una persona dedicada al trabajo sexual.
Fui a casa de un hombre. Me dio dos puñetazos en la cara. No lo denuncié a la policía. No quiero que figure en mi historial.
Amnistía Internacional escuchó el testimonio de varias personas dedicadas al trabajo sexual en Noruega que habían denunciado violencia a la policía y habían sido desalojadas de sus hogares o expulsadas por haber hablado con la policía.
En virtud de la legislación noruega, las trabajadoras y los trabajadores sexuales corren riesgo de desalojo forzoso, pues sus caseros pueden ser procesados por alquilarles la casa si venden servicios sexuales en ella.
Una persona que representaba a una organización noruega de defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores sexuales explicó: «Si los caseros no proceden al desalojo, la policía interpone una querella criminal contra ellos […] La policía anima a los caseros a tomarse la justicia por su mano y aplicarla ellos mismos.”
Las personas dedicadas al trabajo sexual no pueden tampoco agruparse para trabajar por motivos de seguridad ni contratar servicios de terceros en funciones de seguridad, pues probablemente se calificaría de «promoción de la prostitución» según la ley.
Buenos Aires, Argentina
En teoría, la venta o compra de servicios sexuales no es ilegal en Buenos Aires, pero en la práctica a las personas dedicadas al trabajo sexual se las criminaliza por medio de diversas leyes que sancionan actividades conexas y que no distinguen entre trabajo sexual con consentimiento y trata de seres humanos.
En la investigación de Amnistía Internacional se determinó que entre las personas dedicadas al trabajo sexual en Buenos Aires el grado de resistencia a denunciar violencia a la policía era muy alto.
“[El cliente] me pagó y estaba a punto de bajarme del auto cuando me agarró del cuello y me cortó con un cuchillo. Le di todo el dinero que tenía y mi teléfono celular, y me dejó ir,” dijo a Amnistía Internacional Laura, trabajadora sexual que se desempeña en la calle.
Explicó que no había denunciado la violencia ni el robo a la policía porque le parecía que iba a ser una pérdida de tiempo: “No me van a escuchar, porque soy trabajadora de la calle.”
La policía suele abordar arbitrariamente en la calle a las personas que se dedican al trabajo sexual, que en ocasiones tienen que pagar reiteradas multas y son sometidas a libertad vigilada. Es ilegal que la policía o los fiscales de Buenos Aires tengan en cuenta la apariencia, la vestimenta o los modales de una persona al hacer cumplir una ley que penaliza la comunicación relacionada con el trabajo sexual en público. Sin embargo, la aplicación de estos criterios es un hecho, y en sus operaciones la policía se dirige específicamente contra las personas trans que se dedican al trabajo sexual.
En Buenos Aires, aunque desarrollen su actividad en domicilios particulares, las trabajadoras y los trabajadores sexuales suelen sufrir largas y violentas inspecciones y allanamientos de la policía, así como extorsiones y chantajes.
Las personas que se dedican al trabajo sexual en Buenos Aires informaron también de problemas para acceder a los servicios de salud, entre ellos una enorme estigmatización y discriminación.
Realmente no teníamos acceso a los servicios de atención a la salud, porque siempre que íbamos a un hospital los médicos se burlaban o nos atendían en último lugar.
«Realmente no teníamos acceso a los servicios de atención a la salud, porque siempre que íbamos a un hospital los médicos se burlaban o nos atendían en último lugar», dijo a Amnistía Internacional una persona trans que se había dedicado al trabajo sexual.
Amnistía Internacional comprobó que estos obstáculos habían hecho que algunas personas que realizaban trabajo sexual prescindieran por completo de estos servicios.
Nada justifica los abusos
“En demasiadas partes del mundo, las trabajadoras y los trabajadores sexuales carecen de protección de la ley y sufren espantosos abusos contra los derechos humanos. Esta situación no puede justificarse jamás. Los gobiernos deben tomar medidas para proteger los derechos humanos de todas las personas, incluidas las que se dedican al trabajo sexual. La despenalización es sólo una de las medidas necesarias que los gobiernos pueden tomar para garantizar la protección frente al daño, la explotación y la coerción», ha manifestado Tawanda Mutasah.
México/25 de mayo de 2016/ Fuente: Uriel Morales Pérez/Quadratín
MORELIA, Mich., 25 de mayo de 2016.- Con la determinación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) respecto a no conceder la suspensión de los actos reclamados por el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM) se priorizó y aplicó el principio denominado Pro persona. Dicho criterio rige al Derecho en materia de derechos humanos que consiste en preferir la norma o criterio más amplio en la protección de derechos humanos y la norma o criterio que menos restrinja el goce de los mismos. Especialistas refieren que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje determinó privilegiar el derecho a la educación evitando que el SUEUM secuestrara instalaciones e impidiera la prestación de los servicios de educación. Aseguran que este principio lo que previene es que cuando dos normas constitucionales ‘colisionan’, debe prevalecer aquella que salvaguarda derechos fundamentales a un mayor número de ‘gobernados’.
De esta manera, citando al artículo 123 Constitucional, este señala el derecho al trabajo y a la huelga, por lo que su protección alcanza a un universo de 2 mil 500 empleados sindicalizados aproximadamente. En contraparte, el artículo 5º Constitucional establece el derecho a la educación, que en el caso concreto de la Universidad Michoacana, este derecho beneficia a un aproximado de 70 mil alumnos, número que, conjuntamente con el objetivo primordial de la Universidad que es difundir la cultura e investigación entre la población en general, “tiene más peso” y establece el criterio de selección de la norma de derecho fundamental aplicable. Es así que la norma protege al universo mayor, que lo integran los estudiantes con más de 70 mil personas, a diferencia de los 2 mil 500 que en promedio representan los sindicalizados.
Aseguran que si logran que este criterio continúe y se convierta en jurisprudencia, trascenderá en favor de que las instituciones públicas del país, como es el caso de las Universidades, no se vean amagadas por huelgas que vulneran el derecho fundamental a la educación. Lo que establece el documento De acuerdo con el resolutivo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), se establece que la suspensión de los actos reclamados (huelga a puertas abiertas) se decretará en todas las materias siempre que concurran los requisitos siguientes: “Que la solicite el quejoso y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público”.
El texto refiere que como la segunda cuestión no se descartó, es decir, la afectación o perjuicio, la suspensión de la huelga a puertas abiertas para decretarla a puertas cerradas no se pudo conceder a los quejosos. “Ya que de concederse la suspensión a efecto de paralizar la prestación del servicio público que brinda la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a la población se causaría perjuicio a interés social. “En este sentido, se debe establecer que no basta que el acto reclamado cause perjuicio a la parte quejosa, sino que es necesario que se acredite que con el otorgamiento de la suspensión no se causen perjuicios al interés social o que se contravengan disposiciones de orden público. “Por lo tanto, este juzgador estima que en la especie no procede conceder la suspensión solicitada, ya que de otorgar la medida cautelar solicitada se causaría un perjuicio al interés social, toda vez que por encima de los intereses laborales que el sindicato quejoso aduce violados, está el interés de la sociedad a tener una educación de calidad”.
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