España/26 mayo 2016/Autor: ECO
«No son casos aislados, en todas partes cuecen habas”, ha afirmado Joan Martínez Alier. Alier es el coordinador del Atlas de Justicia Ambiental, un proyecto que nació en la Universidad Autónoma de Barcelona con el que se pretende visualizar los diferentes conflictos sociales desarrollados en torno al medio ambiente en todo el mundo.
Un “work in progress”, según ha señalado Alier, en el que se han recopilado hasta ahora 1.729 conflictos repartidos por todo el mundo y que en los próximos cinco años esperan que reúna hasta 3.000 casos gracias a una subvención de 2 millones de euros del Consejo de Investigación Europeo.
Extracción de minerales, de gas, de petróleo. Pero también en relación con el transporte, el derecho al territorio, las plantaciones de soja, la gestión de los residuos o las fumigaciones con glifosato. “Hemos visto también las expresiones y vocabularios que utilizan los movimientos, como la ‘sand mafia’ en India.
El atlas permite, por el momento, búsquedas de conflictos por países, por la mercancía o tema objeto del conflicto –el derecho al territorio es el tema con más conflictos relacionados por todo el mundo, con 495 casos mostrados en este mapa, seguido por el agua, con 300 casos–, o por empresas –Shell, Nigerian Petroleum Corporation y Chevronson las que aparecen con más conflictos relacionados–.
También está planeada la publicación de mapas transversales sobre conflictos relacionados con los residuos en el que se incluyan los casos sobre incineradoras de las cementeras o casos como el de Bogotá, en donde las cooperativas de recolectores de basura para reciclaje fueron sustituidos por una empresa de servicios, hasta que, tras 10 años de lucha, consiguieron que la Corte Constitucional les reconociera como proveedores de este servicio público.
“En los tiempos que corren parece que no hay salida, pero este mapa muestra el empoderamiento de la sociedad y el papel que la sociedad civil toma”, ha señalado Samuel Martín-Sosa, responsable del área internacional de Ecologistas en Acción, una de las organizaciones que ha colaborado en la recopilación de casos que recoge este atlas.
Martín Sosa ha recordado también a la activista medioambiental Berta Cáceres, asesinada hace dos meses a raíz de su lucha contra la construcción de una presa en Honduras. “Casos como éste pasan a diario”, ha lamentado el activista.
España en el atlas
“En España, el movimiento ecologista eclosionó, sobre todo, a partir de la transición”, explica Amaranta Herrero, coordinadora de los casos españoles. En este momento, el atlas muestra 59 conflictos en el Estado español.
“Son conflictos que cuentan historias, muestran a la sociedad civil como un motor de cambio social y ambiental que contrarresta con tener un gobierno anclado en concepciones anacrónicas”, señala Herrero, quien explica que los casos recogidos en el atlas son un “botón de muestra”.
Dos de los casos españoles mostrados en España, ambos en la Comunidad de Madrid, son el del desdoblamiento de la carretera 501 y el de la incineradora de Morata de Tajuña.
“El desdoblamiento de la carretera 501 en una de las zonas más valiosas a nivel medioambiental es uno de los casos más emblemáticos de la lucha ecologista”, explica Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción. Nieto señala que el conflicto se remonta al año 1996, cuando la Comunidad de Madrid decide desdoblar esta vía. Aunque el proyecto fue bloqueado a nivel legal, en 2006.
“En esos años, estábamos en pleno boom de la economía española. Las infraestructuras se construían fueran necesarias o no”, recuerda Nieto, quien apunta que las personas que se opusieron al proyecto fueron tachadas hasta de “asesinos”. “La presidenta de la Comunidad de Madrid nos recriminó que nos importaran más los pajaritos que las vidas de las personas, aportando datos falsos sobre accidentes en esa carretera”.
Cuando en 2008, desde Ecologistas en Acción solicitaron la paralización de las obras, el Tribunal Superior de Justicia les pidió una fianza de cerca de 500.000 euros. “Hicimos una recogida de dinero, pero la Comunidad de Madrid aceleró las obras y éstas terminaron antes de que reuniéramos el medio millón de euros. Nos encontramos en una situación de victoria moral: la carretera está construida y pedimos que se desmantele, que se aplique la sentencia”.
El de la incineradora de Morata de Tajuña es el otro caso expuesto durante la presentación del atlas. “La cementera ya llevaba algún tiempo, pero desde 2002 aumentó la lucha vecinal porque con el boom de la construcción las emisiones habían aumentado. También se supo de la intención de instalar una central térmica”, explica Nieto.
Cuando en 2013 cayó la construcción, la central de Portland Valderribas (FCC) bajó su producción de cemento. Para reducir su gasto en combustible, lo sustituyó por la quema de residuos. “Es como los famosos neumáticos de Seseña, Cospedal dice que durante su gobierno se sacaron de ahí, pero porque fueron llevados a la cementera”.
A pesar de que informes, como el Atlas de la Mortalidad, muestra cómo en este municipio, las muertes relacionadas con problemas respiratorios son mucho mayores que la media española, no se ha puesto freno a la quema de residuos de todo tipo. “La sensación es de un total abandono”, lamenta Nieto.
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