Month: febrero 2017

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Venezuela. Conferencia : Un acercamiento a José Martí

Noticias

América del Sur/Venezuela/Febrero 2016/Noticias/https://theconversation.com/

Coordinación del Centro de Investigación y Formación Permanente del Magisterio Aragüeño . En el marco de homenajear el natalicio del apóstol Cubano José Martí del 28 de enero de 1853, el CRIFPMA Simón Rodriguez, el CLIFPMA Girardot Argelia Laya y el Covenio Cuba-Venezuela, los y las invitan a participar en la Conferencia : UN ACERCAMIENTO A JOSÉ MARTÍ ,el lunes 13 de febrero a las 9 am en la EB «República de Mexico», con los profesores: Milagro de la Caridad Aguiar Rojas y Reynaldo Hidalgo Betarte.
Sean bienvenidos y bienvenidas

Fuente : enviado al correo  por el CRIFPMA.

Fuente : https://lh3.googleusercontent.com/w9F7NthdEEqZlQWDMTMXLB2CGVNyd6liivj5nVEY5QMjyUCDU9Wf5n2seRfHsklneVi5tw=s85

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Libro: Peasant´s agriculture in Asia

Reseñas
Asia/China/Febrero 2017/Reseña/http://www.clacso.org.ar/
François Houtart. Wen Tiejun. [Compiladores]

Tsui Sit. Cho Ju Young. Byatshandra Jarga. Odonchimeg Puntsag. Antinio Tujan. Indra Lubis. J. J. Polong. Qinghua Yuan. Vu Dinh Ton. Ujjaini Halim. Netra Prasad Timsina. Fernando Sarath. [Autores de Capítulo]
…………………………………………………………………………
Sur-Sur.
ISBN 978-9962-645-98-6
CLACSO. Ruth Casa Editorial.

Junio de 2013

*Disponible sólo en versión digital

To raise the question of peasant agriculture in a seminar organized in China is a real challenge, because of its long tradition in this country. However it has also today a new perspective, because of the rapid urbanization and industrialization process, even if the context is quite different here and in other Asia countries as in the rest of the world. There are three main reasons for the importance of the topic. First is the necessity of feeding humankind. In the middle of the century, we will have between 9 and 10 billion human beings to feed in an increasing urban proportion, which means that food production will have to be multiplied by two or three. The second reason is to save the planet. This is not only a quantitative question. It means the necessity of developing a type of production respectful of the regenerating capacity of the earth. Every year this capacity is reduced and agriculture, as it is performed today, is part of the problem. Finally the promotion of welfare for about 3 billion people living on agriculture is also at stake. All this is a task for everyone in the planet. (…)
http://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/buscar_libro_detalle.php?campo=titulo&texto=asia&id_libro=774
Fuente:
http://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/buscar_libro_detalle.php?campo=titulo&texto=asia&id_libro=774
Fuente  imagen
https://lh3.googleusercontent.com/p5u1QSeiLR2P-zWsjgoDVzMQM_1XcDglM7_2Y8EihCbhUEWyPif15n83fH_1g7GZp4_7=s85
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Maravillosa enseñanza de Acción Directa (sin intermediarios) de campesinos de Chiapas

Pedro Echeverría V.
américa del Norte/ México/Febrwero 2017/Pedro Echeverría V./Rebelión

 

1. Poco más de un centenar de campesinos chiapanecos -según publica hoy La Jornada- cansados de pedir, luego exigir, la construcción de obras sociales y la reinstalación de siete carretilleros expulsados hace dos años del Mercado Popular del Sur (Merposur), entre otras demandas, se reunieron, analizaron la situación, vieron sus posibilidades de triunfo y tomaron la determinación de que ya no podían esperar más, que les estaban viendo la cara de tontos y cobardes y que si no iban a la acción directa, nunca les harían caso. Entonces decidieron actuar y reivindicarse como hombres dignos de trabajo y de lucha.

2. Publica La Jornada que “los indígenas y campesinos se posesionaron del edificio el miércoles por la mañana para exigir la construcción de obras sociales y la reinstalación de siete carretilleros expulsados Al tomar el edificio antes de las 11 horas, quedaron retenidos unos 60 trabajadores municipales, pero luego de la intervención de autoridades estatales y municipales, por la tarde fue liberado un grupo de mujeres. El resto, alrededor de 35 varones, salieron a las 23.30 horas, cuando se acordó la reunión en la capital del estado”. Sabían que el gobierno buscaría reprimirlos y luego encarcelarlos, pero tomaron todas las precauciones.

3. Luego de acordar la realización de una reunión con autoridades estatales, integrantes de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP) liberaron a unos 60 empleados municipales retenidos la mañana del miércoles en la Unidad Administrativa Municipal, donde funciona la alcaldía de San Cristóbal de las Casas, informaron fuentes oficiales. Los inconformes accedieron a liberar a los trabajadores pero decidieron continuar con la toma del edificio, en espera de los resultados del encuentro programado con el secretario de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, para hoy a las 12 horas en Tuxtla Gutiérrez.

4. No me olvido de otra estrategia de acción directa de los profesores y estudiantes de arquitectura de la UMAN antes de la huelga de 1976: La rectoría amenazó con expulsar a tres destacados profesores que preparaban la huelga; se propuso en el SPAUNAN que el abogado pusiera una demanda en defensa de los profesores que podría tardar en resolverse; en el autogobierno de Arquitectura se determinó un paro inmediato y extender automáticamente el movimiento; al otro día se retiró la amenaza represiva. Esto es lo que se llama “acción directa” que no pasa por ningún trámite, ningún abogado, ninguna gestión.

5. En las luchas sociales, en particular, la más importante, los más de 30 años de los maestros de la CNTE, los diálogos de Gobernación –así como con otras secretarias de Estado- sólo han servido para debilitar y tratar de enterrar a los movimientos. Los empresarios jamás se han puesto a dialogar y mucho menos han tenido que asistir a 10 o 20 sesiones de “dialogo”; ellos simplemente ponen sus condiciones e inmediatamente les resuelven porque son la misma clase social y los mismos intereses. A quien indudablemente se joden con los diálogos –particularmente de Gobernación- es a los trabajadores, cesados, inconformes.

6. Por ello el ejemplo, lo que nos han mostrado los humildes campesinos de Chiapas, es la “neta”, el modelo, que debemos seguir. Si tomamos un edificio como Gobernación, la SEP o de agricultura, el gobierno y los empresarios –con su ejército- nos acordonarían y nos dejarían morir adentro sin comida, agua y electricidad; si nos apropiamos de una explanada (zócalo, un parque, también nos dejarían morir por cansancio junto a nuestras banderas) Si, por el contrario, bloqueáramos por algunos días carreteras, aeropuertos, bancos, plazas comerciales, medios de información y glorietas de la ciudad, además de lanzarnos el ejército, es posible que resuelvan por miedo a su extensión y a la revolución social.

7. Para poner en práctica la “acción directa” se requiere mucha conciencia, experiencia y no tener muchos temores; pero lo más importante es tener convicción de que no nos han dejado otra salida. Las acciones por décadas de los maestros de la CNTE, tales como los paros, bloqueos y las manifestaciones son de acción directa porque no le piden permiso a nadie, son acciones que los trabajadores toman por acuerdo de sus asambleas. Por ello los empresarios, los gobiernos y los políticos buscan reglamentar todo para justificar cualquier amenaza, represión, encarcelamiento y asesinato contra los trabajadores. Contra esas leyes represivas hay que luchar siempre por la libertad, la justicia y la igualdad.

Fuente:

https://www.rebelion.org/noticia.php?id=222479

Fuente imagen:

https://lh3.googleusercontent.com/dZkA86fY5yapuu3u6WDWfH2jYO1sWSejzzXoCl7MJQnynlSD2eNO3BDkFGiclHgjUYRHY_s=s85

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Para que la esperanza no se marchite

Noticias

Por: Tlachinollan. 

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

A 28 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los padres y madres de familia siguen constatando que la Procuraduría General de la Republica (PGR) se resiste a profundizar en las líneas de investigación propuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Han corroborado que al interior de la PGR existen personajes con mucho poder que siguen maniobrando bajo el escritorio para ocultar información clave que compromete a varias autoridades de alto rango por sus vínculos con el crimen organizado.

Recientemente se pudo documentar con mucho detalle cómo personal de la PGR escondió al GIEI información sensible  relacionada con el trasiego de droga hacia  Estados Unidos. Deliberadamente la Procuraduría guardó varios expedientes donde aparecen algunos cabecillas del grupo delincuencial Guerreros Unidos, como eluruguayo, que se dedicaban a transportar droga en autobuses de Guerrero a la ciudad de Chicago. Esta nueva revelación refuerza la hipótesis del GIEI de que la noche del 26 de septiembre se montó un gran operativo para generar un cerco que abarcó desde la salida de Iguala hasta Mezcala para impedir la salida de los autobuses tomados por los estudiantes. La línea de investigación del quinto autobús  no ha querido profundizarse como lo ha propuesto el GIEI, lo que hace suponer que este ocultamiento por parte de las corporaciones policiales, el ejército y la delincuencia organizada fue para no descubrir a un autobús cargado de droga.

Esta nueva información que refuerza el móvil de la agresión desproporcionada contra los normalistas, es otro  golpe artero a los papás y mamás, que por más de dos años siguen esperando resultados veraces sobre el paradero de sus hijos.

Con mucha razón las mamás y papás desde el mes de agosto del año pasado se levantaron de la mesa y rompieron el diálogo con la PGR, porque no han cumplido con el compromiso de entregar las conclusiones de la investigación realizada por la Visitaduría General, que es el órgano interno que se encarga de investigar a los funcionarios federales que han actuado de manera ilegal, poniendo en entredicho su reputación. El caso de Tomas Zerón ex director de la agencia de investigación criminal, es la peor muestra de que se busca a encubrir a los verdaderos responsables de la tragedia, porque en lugar de inhabilitarlo como funcionario público, encontró cobijo en la oficina presidencial.

No hay duda de que hay encubrimiento y protección para mantener a cualquier costo político la versión oficial de que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula. Ante esta postura inflexible los padres y madres continúan remando a contra corriente para desenmarañar toda la urdimbre delincuencial que se mantiene incólume entre agentes estatales y el crimen organizado. Su lucha y su grito que se multiplica en muchos rincones del país y en el centro de la ciudad de México es para que la esperanza no se marchite

Este hecho de resonancia internacional no puede eludirse, mucho menos cuando se dan visitas de expertos independientes, como la del relator especial de la ONU para defensores y defensoras de derechos humanos, Michel Frost, quien en su informe preliminar manifestó lo siguiente:

“Los familiares de personas desaparecidas compartieron historias conmovedoras conmigo sobre su valentía, determinación y sus trágicas circunstancias. Además de la incertidumbre desgarradora de no saber en dónde están sus seres queridos, con frecuencia enfrentan obstáculos en sus demandas por justicia y por la verdad con respecto al paradero de sus familiares. En particular, cuando visité el estado de Guerrero, recibí testimonios de defensores que buscaban a sus familiares desaparecidos, siguiendo pistas de su paradero y en algunas ocasiones llevando a cabo búsquedas ciudadanas de alto riesgo para su propia seguridad. Los defensores de Chilapa, en donde las desapariciones colectivas parecen haber sucedido con el consentimiento de las autoridades, son particularmente vulnerables a ataques en el contexto del crimen organizado y corrupción. Cuando visité la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos enfatizaron la importancia de poder continuar el trabajo del mecanismo de seguimiento al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sin obstáculos, así como el de las ONGs que los acompañan en su búsqueda para acceso a la justicia”.

El pasado martes 24 de enero el relator fue muy claro en su diagnóstico sobre la situación que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos en el país; “Las defensoras y los defensores de derechos humanos que buscan justicia han enfrentado actos de intimidación u obstáculos en su búsqueda. Debido a sus denuncias de estas violaciones, tienen un riesgo más elevado de ser blancos de ataques y agresiones. Quienes denuncian violaciones por parte de las fuerzas armadas, de la policía así como de autoridades investigadoras se encuentran en un mayor riesgo de represalias”.

La gran mayoría de testimonios que recibió el relator tiene que ver con la criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos. Esta práctica se realiza a través del mal uso del derecho penal y de la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de agentes estatales y no estatales, para obstaculizar e incluso impedir el legítimo derecho del defensor o la defensora de derechos humanos a promover y proteger los derechos humanos. Generalmente la criminalización se lleva a cabo mediante la presentación de denuncias infundadas o de querellas basadas en delitos penales, los cuales pueden no estar en conformidad con el principio de legalidad ni cumplir con las normas internacionales de derechos humanos. El relator manifiesta que someter a las defensoras y los defensores a largos procesos legales es claramente un instrumento de intimidación y se busca subyugar su defensa. Según la información que recibió  “los tribunales imponen medidas precautorias contra los defensores y las defensoras sin garantizar sus derechos ni las garantías del debido proceso”.

En Guerrero esta situación ha sido una práctica sistemática contra los líderes o defensores y defensoras comunitarias como Nestora Salgado, Gonzalo Molina, Arturo Campos y Samuel Ramírez, miembros destacados de la policía comunitaria. Ella y ellos han sido tratados como delincuentes de alta peligrosidad, al grado que tres de ellos fueron confinados a penales de máxima seguridad. Esto mismo sucedió con Marco Antonio Suastegui líder histórico del CECOP. Lo detuvieron y sometieron a tratos crueles, desacatando las órdenes de un juez lo enviaron a un penal de Nayarit, con el fin de acallarlo y estigmatizarlo como secuestrador.

La situación de quienes defienden derechos humanos en México está condicionada por la criminalización de sus actividades. Por parte de las autoridades no existe respeto ni reconocimiento al trabajo legal y legítimo, más bien, hay una aversión a su lucha, se les descalifican y hasta se tienen fichas delincuenciales, para que en cualquier momento puedan fabricarles delitos.

Las campañas de difamación, incluyendo aquellas realizadas a través de medios de comunicación nacionales, han intentado describir el papel de los defensores que trabajan en casos de tortura, como personas que lucran con las reparaciones económicas. Las mujeres víctimas de tortura y muchas de las cuales se han convertido en valientes defensoras de derechos humanos han sido objeto de campañas sexistas de difamación y acoso contra ellas y sus familias.

Es importante resaltar la preocupación que manifestó el relator en torno a quienes acompañamos a los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos “También estoy extremadamente preocupado por el número de difamaciones y campañas de insultos contra las personas defensoras, ya sean dirigidas por políticos o por los medios de comunicación. Estas campañas buscan principalmente debilitar el trabajo realizado por las y los defensores de derechos y alienar parte de la población. Los defensores han sido representados como contrarios al desarrollo o como integrantes de grupos criminales. También han sido retratados como personas que ayudan a delincuentes, en lugar de ser las personas que buscan rectificar las violaciones de derechos humanos. Estoy particularmente preocupado por la situación de organizaciones como el Centro Prodh, Tlachinollan y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que han sido blanco por su labor en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales o tortura. Dichas organizaciones también son acusadas de utilizar a las víctimas para obtener ganancias, promover la impunidad o desestabilizar a la sociedad”.

Por otra parte, el relator se reunió en Guerrero y en otros estados con defensores que sufren desplazamientos internos de sus comunidades o de sus lugares de trabajo y que no pueden regresar debido al ambiente de violencia y al control territorial que ejercen las bandas del crimen organizado. Los testimonios de lo que sucede a decenas de familias de Chilapa, Chilpancingo, Petatlán, San Miguel Totolapan, Arcelia, Zitlala, dejaron ver el nivel de impunidad que impera en el estado y el alto grado de vulnerabilidad de la gente del campo, sobre todo las mujeres que cargan con el dolor de haber perdido a un hijo o al esposo y que tienen que salir de sus comunidades. El relator recomendó que el gobierno debe elaborar políticas que atiendan esta situación particular para garantizar que las familias puedan llevar a cabo su labor en condiciones seguras y velar  por su regreso.

Para Michel Frost los defensores de las comunidades indígenas o rurales son personas poco visibilizadas, y por lo mismo son fácilmente agredidas por grupos de poder cuando lideran movimientos de resistencia en defensa de sus territorios. Considera que hay un intento deliberado por parte de las autoridades y las empresas de aplicar estrategias del “divide y vencerás” para lograr la aprobación de proyectos a gran escala. Le preocupa la presión que ejercen los funcionarios y empresarios contra los integrantes de las comunidades para que acepten proyectos, a cambio de dinero o proyectos sociales. Los defensores que se oponen a estos proyectos son frecuentemente representados por las empresas o las autoridades locales como una minoría, que actúan  contra el interés general. Las divisiones causadas por estos proyectos tienen efectos profundos y negativos en las comunidades afectadas, en las que normalmente existe una fuerte cultura de consenso y solidaridad colectiva.

El relator concluye que la impunidad se ha convertido tanto en la causa como en el efecto de la inseguridad general de los defensores de derechos humanos en México. La impunidad alimenta la criminalización de los defensores vinculados a sus actividades legítimas de derechos humanos, lo que a su vez incrementa el miedo entre la sociedad civil en general, debilitando las aspiraciones generales de tener una sociedad robusta basado en el respeto a los derechos de las personas. Al disuadir a los defensores de presentar quejas y a los sobrevivientes de violaciones de buscar el apoyo de los defensores para abogar por su causa, la impunidad erosiona el estado de derecho en el país y alienta la comisión de nuevas violaciones. Se pone un dique para que las defensoras y defensores desistan en su lucha tenaz para remover los escombros de la impunidad. A pesar de este clima tan adverso marcado por la violencia y la criminal desigualdad, la lucha por los 43 y por todas las familias que buscan a sus hijos desaparecidos hacen de cada amanecer una jornada cargada de esperanza.

Fuente: http://www.tlachinollan.org/opinion-para-que-la-esperanza-no-se-marchite/

Fotografía: Tlachinollan

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Australia: Back to school – understanding challenges faced by Indigenous childre

Noticias

Oceanía/Australia/Febrero 2017/Noticias/https://theconversation.com/

Chances are that many a tear has been shed throughout Australia in recent weeks with the start of the school year. But enough about the parents, let’s talk about the kids!

As with other students, many Indigenous kids will be excited about school, while others will be feeling nervous as they come to grips with new teachers, peers, and environments.

For Indigenous children, there are some added and unique challenges and opportunities.

In 2017, it is likely that more Indigenous children than ever will be commencing school for the very first time. The Indigenous population is young and growing fast.

In 2011, the percentage of Indigenous people under the age of five years was double the percentage for the rest of the population.

Not only is the Indigenous population younger, but statistics are showing signs of improved Indigenous enrolment in early childhood education in the past decade.

In 2001, 46% of Indigenous four-year-olds attended preschool. And in 2013, approximately 75% of Indigenous four-year-olds were enrolled in early childhood education.

Increased participation is encouraging – getting off to a positive start is important when it comes to lifelong learning. Research shows that preschool and childcare participation are positively associated with reading and literacy, as well as maths and abstract reasoning over the long term.

The challenge of providing positive starts to learning is not confined to remote communities alone.

In fact, enrolment data of Indigenous children in early childhood education programs show higher rates in remote areas than in major cities and regional areas.

The reasons for lower rates of participation in urban areas can be due to a combination of generic factors (such as cost and transport) and cultural factors (namely, Indigenous parents’ concern about the cultural identity of their children being supported and valued).

If Australia wants to close the gap in education, then we cannot afford to look at schooling in a vacuum to other socioeconomic factors.

According to the Australian Early Development Census, Indigenous children in 2015 were twice as likely to be developmentally vulnerable on two or more of the AEDC developmental domains (physical health and wellbeing; social competence; emotional maturity; language and cognitive skills; and communication skills and general knowledge).

Embedding Indigenous culture into subjects

The growth in the number of Indigenous children entering school has implications for schools and governments alike.

Principals and teachers will need to work hand-in-glove with Indigenous families to ensure school is a culturally safe environment for their children. This means that Indigenous heritage is respected and promoted.

If school environments get this right early, then the downstream effects can be very positive, as shown by a young Koori woman scoring 98.3% in the 2016 New South Wales Higher School Certificate.

One way teachers can respect culture is by embedding it into “mainstream” subjects.

Take for example, a school in the Top End which is using kinship systems to teach maths. By building on the children’s understanding of kinship relationships, Yolngu teachers help children see the link between particular patterns in kinship names across generations, then associate them with number patterns in conventional maths. By working from what they know, children are actively building a bridge to western concepts and finding grounds of commonality.

Getting to know each child

If we want to grow more success stories in Indigenous education, teachers will need first to establish positive relationships, not only with children but with their families and the wider Indigenous community’s people and culture.

While school policies are important, relationships are the real keys to success.

For teachers, the message is simple – get to really know your kids, their families, their community and its history, and what’s going on at home.

Have a cuppa with Elders. Share a joke with the kids, kick a footy, ask how their weekend was, find time for the children to share their stories, be it through play, art, sport, writing, or show and tell.

You might be testing children, but they’ll be testing you too. They will be looking to see if you’re friendly, trustworthy, caring. If you pass their test, then there is a stronger chance they will pass yours.

Culture is a large part of an Indigenous child’s story, but it is not the only part.

Many (not all) Indigenous children are under stress (educationally, socially, emotionally) due to low income, family mobility, overcrowded homes, and poor health and disability.

Last year I co-authored a paper about Indigenous education that we called “Creating expectations that are really high and highly real.”

The point of our paper is that Indigenous success in education requires simultaneous and coordinated action inside the school gates and outside of them – all aimed at promoting Indigenous child wellbeing.

Social stressors often make the educational climb far steeper and longer for Indigenous children.

Cost of education

Schooling affordability remains as a big issue for many families – Indigenous and non-Indigenous alike.

The notion of “free education” is fast disappearing into Australian mythology.

As a mother in Queensland recently showed via her Facebook post (which went viral), the cost of schooling is a concern for many low-income families. Her message will have struck a chord with many Indigenous families who find books and a pencil case with pencils in it hard enough to buy, let alone a computer case with a computer in it, and having access to Wi-Fi.

Targeted funding

At a systems level, we have got to get the education dollar to where it is most needed; and nowhere is it more needed than in Indigenous education.

About eight in ten Indigenous students attended public schools in 2010, so adequate resourcing for public schools in low socioeconomic areas (where many Indigenous people reside) is imperative.

Schools in low socioeconomic status areas are not only faced with the challenge of providing quality teaching, but often they will need resources to meet the needs of the “whole child”, including their psychology, nutrition, speech, career prospects, and cultural identity.

The Murri School in Queensland is showing the way by providing wrap-around services for children.

The school works with Aboriginal health services and the University of Queensland, among other organisations, to provide holistic support services to children such as in the areas of family support, psychology, ear, nose and throat services, occupational and speech therapy.

They are also supporting children who have shown signs of inter-generational trauma, through tailored healing programs.

Bolstering Indigenous success in education is a shared responsibility: students, families, schools, communities, and governments alike. To paraphrase the poet John Donne,

“No child is an island, entire of herself; every child is a piece of the continent, a part of the main… I am involved in education, and therefore never send to know for whom the bells tolls; it tolls for thee.”

If we can get the three R’s (relationships, responsibilities, and resourcing) right, then in future years, we can get children off to a positive start at school and shed a tear for the right reasons.

Fuente:

https://theconversation.com/back-to-school-understanding-challenges-faced-by-indigenous-children-71886

Fuente imagen:

https://lh3.googleusercontent.com/pLF12P_V2o_ekNvLoAfsMUbLJDyZt-J4FJYBpbnvHl-mEZMeEGv7CyvbIOTz7dwtzp_TdQ=s85

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Ecuador: «Somos el país que más avanza en educación» afirma Correa

Noticias

América del Sur/Ecuador/10 de febrero de 2017/Fuente: eltelegrafo

Una sorpresiva visita a Guayaquil realizó ayer el presidente de la República, Rafael Correa. Su recorrido se desarrolló por las obras emblemáticas, en la ciudad más poblada del país, como la unidad del milenio Ileana Espinel y el hospital Monte Sinaí. Pasado el mediodía llegó a la parroquia Tarqui, específicamente al sector conocido como Chemise, para inspeccionar la construcción del establecimiento educativo que recibirá a más de 2.200 alumnos en dos jornadas. El lugar brindará una oferta educativa completa, desde la inicial hasta el bachillerato, con una inversión de $ 4’194.430.      La obra civil está avanzada en un 90% y aunque la lluvia complica los trabajos, estará lista para el próximo año lectivo 2017-2018. La viceministra de Gestión Educativa, Valentina Rivadeneira, explicó que el objetivo es agrupar a los estudiantes de 3 escuelas pequeñas del sector, así como descongestionar a los colegios. Este establecimiento es uno de los 6 de iguales características que se construyen en la ciudad.

Rivadeneira indicó que el objetivo es entregar 357 instalaciones entre unidades del siglo XXI, del milenio y escuelas normales. Hasta ahora hay 72 unidades del milenio en funcionamiento. “No más ofertas demagógicas” Ecuador es uno de los países que más crece en educación en el continente. “Antes estábamos en el último lugar; ahora estamos en la mitad, pero hemos avanzado a pasos agigantados”, dijo el Jefe de Estado. Correa recordó que la mejor manera de superar la pobreza es con educación. Pidió rechazar las propuestas demagógicas de candidatos que ofrecen reabrir las escuelitas de zonas rurales, que impedían tener educación de calidad.

“Ya basta, no permitamos que nos regresen al pasado”. Explicó que las unidades del milenio son parte del ‘Programa de ordenamiento de la oferta educativa’. Si bien es cierto, aclaró, las instalaciones no son lo más importante, sino la calidad de los docentes, pero ayuda tener las herramientas necesarias. La viceministra de Gestión Educativa informó que la semana pasada se entregaron más de 1.000 nombramientos a los primeros ganadores de los concursos de mérito y oposición, para dejar institucionalizados los departamentos de consejería estudiantil. Los departamentos serán una herramienta para fortalecer el seguimiento a las enfermedades del presente, muchas de las cuales son mentales, indicó Correa. “Nuestros jóvenes necesitan un acompañamiento en cuanto a su sexualidad o para tratar enfermedades como la depresión. Para eso son los centros de consejería”, dijo. En escuelitas de 30 y 40 personas no se puede poner este servicio, recalcó el Mandatario.

Criticó las ofertas de candidatos para quienes “el gran avance es volver a las escuelitas dispersas, del campo. Esa es una de las peores rémoras en la educación”. Esas precarias infraestructuras obligarían a los pobres a la peor educación, enfatizó, y señaló que resultaría imposible atender con tecnología, laboratorios y bibliotecas en escuelitas dispersas en el campo y normalmente unidocentes. También explicó que la existencia de las escuelitas dispersas respondía a la falta de vías y a medios de transporte, como en el siglo XVIII, cuando no había carreteras. “En el siglo XXI eso es una locura (…) no permitan que volvamos al pasado. Esa es una de las principales causas para la mala educación sobre todo en lo sectores rurales”, aseveró. También visitó el hospital público en Monte Sinaí, donde hizo énfasis en la diferencia entre la megainfraestructura moderna que construyó el Gobierno y la pobreza de la zona, que tiene carencias de servicios básicos, que son competencia del Municipio de Guayaquil. Esta es una de las zonas más pobladas y con mayor incidencia de pobreza en la urbe. (I) Fiscalía adelanta un acuerdo con Odebrecht En una entrevista en el canal TC Televisión con el periodista Carlos Rabascall, el presidente Rafael Correa se refirió a los avances en las investigaciones del caso Odebrecht en Ecuador. Dijo que se han allanado las oficinas de la empresa, se ha pedido la asistencia penal a Brasil y que el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, está adelantando un acuerdo con funcionarios de Odebrecht, como lo hacen Perú, Colombia y República Dominicana.

“Apenas ellos contactaron a la Fiscalía para llegar a un acuerdo, se respondió. Se está construyendo ese acuerdo, lo debe aprobar el Procurador. Son cosas que la opinión pública no sabe, pero se avanza”. En la entrevista, el Primer Mandatario afirmó que a diferencia de lo que dice la oposición, ya hay por lo menos un detenido. “Pero como no es de Alianza PAIS, entonces no existe nada”. Y señaló que se deben dar nombres de implicados, pero con las respectivas pruebas.

Correa reiteró que las entrevistas de 3 medios con Carlos P. Y. fueron una campaña de los hermanos Isaías para desprestigiar al Gobierno. Insistió en dar las garantías a Carlos P. Y. para que regrese al país y diga todo lo que sabe. En temas económicos defendió la obra pública en el país porque “invirtiendo adecuadamente en lo público se atrae la inversión privada nacional y extranjera… una buena carretera, un buen aeropuerto, un buen puerto, atraen la inversión”. Sobre la capacidad de pago del país, dijo que la deuda está en 3.4 o 3.5% del PIB en 2016. “Para 2017 puede subir un poco más, pero hasta 5% es una cifra bastante razonable”. Finalizó reiterando que en mayo dejará una economía en crecimiento y estabilizada. “Así el próximo gobierno podrá renegociar esa deuda”. (I)

DATOS El hospital que se construye en Monte Sinaí estará listo en abril, anunció el Presidente de la República durante un recorrido por la obra. El nosocomio será uno de los  hospitales más grandes del país, con capacidad para 400 camas. El objetivo es que sea un hospital de especialidades para atender a más de un millón de pobladores de ese sector de la ciudad. La vía de acceso al lugar fue entregada al Municipio y no la ha querido aceptar, denunció el Mandatario. Por ello será el Gobierno quien retome los trabajos de reconstrucción. Cuestionó al alcalde Jaime Nebot porque uno de los argumentos es que está fuera de los límites de la urbe. “Si fuera un barrio pelucón sí hubiera hecho algo”, dijo. Etiquetas:

Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/correa-somos-el-pais-que-mas-avanza-en-educacion
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El derecho a no tener derechos en la Ley General del Servicio Profesional Docente

Lilia Partida

Por Lilia Partida

En el marco de la Iniciativa Ciudadana para la Educación Pública para Todas y Todos, surgió la necesidad de socializar tanto las contra reformas al Artículo 3° y 73 de nuestra Carta Magna como de las leyes secundarias creadas ex profeso para dar sustento y operatividad a los decretos, todo aprobado fast track. A continuación un  análisis de esta regresiva y punitiva ley.

 En su Artículo 1° la define como la ley reglamentaria de la fracción III del artículo 3° constitucional, de observancia obligatoria en todo el país, misma que fija las condiciones para el Ingreso, la Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia en el empleo de los docentes de educación básica y media superior. Consta de 83 Artículos y 22 Transitorios.

Aprobada con premura por ambas cámaras y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de septiembre de 2013, priva  de la jerarquía de las leyes del trabajo contenidas en el Artículo 123 al magisterio. Una de las premisas  sostenidas por las autoridades educativas para legalizar esta ley, ha sido el tener una educación de calidad por lo que consideran imperativo evaluar a los docentes en servicio y de nuevo ingreso.

Esta ley determina un Marco General de una Educación de Calidad en la fracción XVII del Artículo 2° como al “conjunto de perfiles, parámetros e indicadores que establecen a fin de servir como referentes para los concursos de oposición y la evaluación obligatoria”.

La LGSPD especifica en varias fracciones de su Artículo 4° diversos conceptos,  la evaluación la define como la acción realizada para medir la calidad y resultados de la función docente, directiva, de supervisión, de asesoría técnica pedagógica o cualquier otra de naturaleza académica.

El segundo transitorio borra de un plumazo todo lo que contravenga a esta ley secundaria, no obstante, se reitera el “pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación”, en evidente contradicción y violación a los derechos constitucionales contenidos en sus Artículos 1°y 14°; condiciones generales de trabajo; nombramientos de personal, y cualesquier derecho previo a la promulgación de estas leyes, representa la pérdida expedita de todos los derechos laborales y sindicales.

La LGSPD funge como una ley suprema, que mandata a todas las entidades federativas, anula todo derecho y es obligatoria so pérdida del empleo, pero con pretensiones magnánimas como se observa en la fracción XXII, del Artículo 4°, al señalar que se respetaran  los derechos constitucionales, esto es a continuar en el trabajo donde ya se contaba con nombramiento definitivo, o un interinato indefinido, siempre y cuando se acate la llamada evaluación.

El Artículo 8° sobre las atribuciones de las autoridades educativas locales en educación básica, menciona en su fracción 1° el someter a decisión de  la SEP propuestas de perfiles, parámetros e indicadores de carácter complementario para el ingreso, promoción, permanencia o reconocimiento, sin embargo, se exigen mediciones universales.

En el Capítulo II, Artículo 15 sobre la Mejora de la Práctica Profesional, se habla de la obligación de una evaluación interna. Cabe hacer mención que la evaluación formativa siempre se ha hecho en cada plantel, a lo largo de cada ciclo escolar, en dialogo entre pares, en plenarias y en juntas de consejos técnicos  sin carácter obligatorio coercitivo, clasificatorio o punitivo.

El Artículo 20, cita “los resultados de la evaluación interna deberán dar lugar al establecimiento de compromisos verificables de mejora. En ningún momento podrán ser causal de procedimientos de sanción ni tener consecuencias administrativas o laborales”.

Es importante retomar esta concepción de evaluación, distinta y ajena a la que prevalece en la LGSPD, ya que es la ruta del trabajo dialógico, colegiado, cooperativo, contextualizado, con resultados reales, contrario a la medición que hostiga y castiga hasta el grado del cese o término de las relaciones laborales.

El Capítulo III, contiene las condiciones para el Ingreso al Servicio de Educación Básica y Media Superior. En su Artículo 22 se menciona “que el ingreso a una plaza docente dará lugar a un Nombramiento Definitivo de base después de seis meses de servicios”; durante dos años el individuo que ingrese tendrá un tutor y realizará una evaluación al término del primer año escolar, pero en caso de no presentar evaluación o sea insuficiente su nivel de desempeño, se terminará su nombramiento. Esto es, quienes ingresen como docentes estarán también en permanente inestabilidad y sujetos indefectiblemente a presentar la llamada evaluación.

En cuanto a la insuficiencia del nivel de desempeño, es cuestionable, ya que la persona de nuevo ingreso, cumplió todo lo dispuesto por la LGSPD, y si al año fuera deficiente, pone en duda la confiabilidad y validez de los instrumentos que  lo calificaron como idóneo y por ende a todos los que realizan  dichas pruebas.

Aunado a esto, el Artículo 23 habla de plazas no de personas: las plazas se asignaran con base al puntaje de idoneidad por un ciclo escolar sujeto a las necesidades del servicio, por lo que el docente  puede ser readscrito al término del año escolar, esto es, podría estar adscrito a una escuela en Milpa Alta (suroriente) y ser reasignado en Azcapotzalco (norponiente).

Por otra parte, el Artículo 24 indica que en los concursos de oposición puede participar todo interesado que se ajuste a los requerimientos, o sea cualquier egresado de universidades públicas o privadas, reconocidas o conocidas como “patito”, puede concursar y sí resulta idóneo, tendrá nombramiento de maestro de la niñez y juventud mexicana urbana o rural. La misma niñez por la que el Secretario de Educación Aurelio Nuño Mayer, públicamente reclama al magisterio su oposición a la reforma educativa y proclama “los niños están en el centro de nuestros afanes, en todo nuestro trabajo para aplicar en todo el territorio nacional la reforma educativa nada puede estar por encima de la ley’’[1],  Así, la educación estará en manos de egresados de licenciatura, sin conocimientos pedagógicos, ni didácticos, y además sin vocación, en franca contradicción con el “interés supremo por la infancia” publicitado por los gobernantes en turno.

El que las autoridades educativas autoricen que cualquiera puede ser maestro, además de denotar la falsa preocupación por la educación de millones de infantes, niños y jóvenes, tiene como objetivo el desmantelamiento y refuncionamiento total de las escuelas normales en sintonía con la recomendación tercera de la OCDE que exige “estándares rigurosos para acreditar a todas las normales” y con los objetivos del programa “Ahora es cuando” de Mexicanos Primero, sustentándolo en el Transitorio 22 de esta ley. Fomentando a su vez los negocios de empresas privadas con cursos “garantizados”, capacitaciones, diplomados, etc., mismos que fortalecen otra vía hacia la privatización de la educación.

El capítulo IV, de la promoción a cargos con funciones de dirección y supervisión, en su Artículo 27, instruye que la “inducción será de dos años ininterrumpidos, dentro del cual el personal deberá cursar los programas de desarrollo de liderazgo y de gestión escolar”. Un indicador será la capacidad de manejar grupos, convencer y contactar para allegar recursos a la escuela,  estar convencido de su papel de gestor en menoscabo de la responsabilidad del Estado para asignar recursos a la educación pública y propiciar la injerencia de la iniciativa privada.

Para lograr participar en programas de promoción, mismos que pueden ser incremento de horas, nombramiento de asesor técnico pedagógico e incentivos permanentes o adicionales, los participantes sólo serán los que “destaquen en los procesos de evaluación del desempeño; se sometan a procesos de evaluación adicionales y reúnan demás condiciones establecidas (Artículo 38, fracciones I, II y III). O sea, los más sumisos de los sometidos, serán los elegidos.

En cuanto a la permanencia en el servicio, el Artículo 52 indica que las autoridades deberán evaluar el desempeño docente y de funciones dirección o supervisión; la evaluación es obligatoria y el INEE “determinara su periodicidad, considerando por lo menos una evaluación cada cuatro años y vigilará su cumplimiento”. Las recurrentes evaluaciones decidirán la permanencia o no en el trabajo.

En el Artículo 53 se cita que en caso de resultados insuficientes, el personal se incorporará a programas de regularización que las autoridades mandaten; después “tendrá la oportunidad de sujetarse a una segunda oportunidad de evaluación en un plazo no mayor de doce meses”; si nuevamente fuera insuficiente, presentará una tercera evaluación en otro plazo no mayor a doce meses y en caso de continuar con resultados insuficientes, “se darán por terminados los efectos del Nombramiento correspondiente, sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado”. Esta terminación de nombramiento, implica la pérdida total de todos los derechos adquiridos, así al docente se le despide sin jubilación, liquidación, sin nada y además con  el  daño psicosocial como docente y como persona.

Sobre los derechos, obligaciones y sanciones, la LGSPD en su Artículo 68 enuncia que los docentes tendrán derechos como participar en los concursos y procesos de evaluación respectivos y obligaciones como el cumplir con los procesos establecidos para las evaluaciones, cumplir con el periodo de inducción y sujetarse a la evaluación.

Es manifiesto como esta LGSPD revierte los derechos del magisterio en flagrante violación y contradicción a los derechos humanos y al Artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice “a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”. Resulta que ahora es un derecho el no tener derechos, el intercambiar el derecho de tener una plaza de base por exámenes obligatorios continuos que condicionan la permanencia en el empleo y que  en caso de incumplir pondrá fin al nombramiento.

Aunado a lo anterior en el Artículo 75  las autoridades educativas podrán señalar como “posible infractor” a aquel maestro que consideren incumplió con sus responsabilidades laborales y dictaminar en 10 días su resolución que podría ser el despido, sanción imposible antes de la promulgación de esta ley ya que en caso de infracciones, era el sindicato con la autoridad administrativa quienes elaboraban actas, investigaba y dictaminaba, ahora quien juzga y dictamina es la misma instancia.

En el 8o. transitorio queda plasmado que el personal con nombramiento definitivo se “ajustará a los procesos de evaluación y a los programas de regularización (…), el personal que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación a que se refiere el Artículo 53, no será separado de la función pública y será readscrito”; también señala que quien no presente evaluación o no se incorpore a los programas de regularización será cesado sin responsabilidad de las autoridades educativas.

En el caso de la readscripción esta será a actividades administrativas con el consecuente decremento salarial y en la percepción en la jubilación; además del daño y deshonor generado al calificarlo como no idóneo.

Las Normales.- El Transitorio 22, señala que la “Secretaria formulará un plan integral para iniciar a la brevedad los trabajos formales, a nivel nacional, de diagnóstico, rediseño y fortalecimiento para el Sistema de Normales Públicas a efecto de asegurar la calidad en la educación que se imparta y la competencia académica de sus egresados, así como la congruencia con las necesidades del sistema educativo nacional”. Muestra de las presiones para la “modernización” y desaparición de la escuela normal son las declaraciones de Arcadio Méndez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Michoacán, quien afirmó que cámaras y organismos empresariales solicitaran al presidente Peña Nieto, el cierre de las cinco normales rurales, porque “hay grupos guerrilleros, sabemos que el primer año es enseñarles tácticas de guerrilla”.1

El Transitorio 20 inserta para la evaluación de la LGSPD a maestros, directivos y supervisores de educación media superior del Instituto Politécnico Nacional. En este sentido hay que tener muy en cuenta los niveles educativos que se incluyen en el Artículo 10 de la Ley General de Educación. [2]

Señala en su Artículo 4, inciso XVII el “pleno derecho a los derechos constitucionales” y en el Artículo 74 indica que el incumplimiento ocasionará la terminación del nombramiento sin responsabilidad para la autoridad educativa y sin resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.[3]

La LGSPD representa la violación de los derechos humanos y derechos constitucionales contenidos en los Artículos 1°,14°; 123, la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado y de los derechos sindicales.

Con esta ley se sitúa al magisterio en un régimen de excepción laboral con  efectos retroactivos en perjuicio del profesorado al eliminar los derechos histórica y constitucionalmente conquistados, y enarbolar en flagrante violación a los DD.HH., “el derecho a no tener derechos”, al sustituir la seguridad en el empleo por el “derecho a participar en un concurso”, desfondando la estabilidad laboral, poner en riesgo la antigüedad y el salario, obligarlos a exámenes punitivos estandarizados e intermitentes, a la división, la competencia, el control gremial así como la degradación de su función. Los califica y clasifica como idóneos o no idóneos mediante un instrumento de indefendible idoneidad.

1 Jiménez Néstor, Las normales nido de guerrilleros; que las cierren: IP. La Razón, 09 agosto de 2016

[2] Aboites, Hugo. La reforma educativa: también contra los universitarios. La Jornada, p. 31, 30 de noviembre de 2013.

[3] Se coloca a los maestros a un régimen de excepción donde no hay institución ni derecho que los proteja. En junio de 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación con 11 votos (unanimidad), negaron el amparo a maestros inconformes con la evaluación, concluyeron que la LGSPD no atenta contra la estabilidad laboral, por ser un requisito constitucional

Fuente: http://www.educacionfutura.org/el-derecho-a-no-tener-derechos-en-la-ley-general-del-servicio-profesional-docente/

Imagen: www.educacionfutura.org/wp-content/uploads/2013/09/epn-firma-leyes-secundarias.jpg

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