Los 10,5 millones de unos 20 millones de niños sin escolarizar en el mundo están en Nigeria.
“Cerca de 20 millones de niños en el mundo están fuera de la escuela. Los 10,5 millones de estos niños, es decir la mitad, están en Nigeria”, declaró el secretario permanente del Ministerio Federal de Educación, Adamu Husaini, durante la inauguración de la edición 62 del Consejo Nacional de Educación en el norteño estado nigeriano de Kano.
Husaini expresó sus preocupaciones por el sistema educativo en Nigeria, y precisó que la cifra de afectados incluye hijos de pescadores, ganaderos y agricultores migratorios, entre ellos los pastores de la etnia Fulani, el mayor pueblo nómada del mundo.
Los niños no pueden acceder a colegios principalmente por la pobreza y el desplazamiento de las familias debido a los conflictos, destacó. “El Gobierno y las fundaciones privadas emprenden en los años recientes intensos trabajos para que los niños puedan asistir a escuelas. Pero estos trabajos son insuficientes”, criticó Husaini.
La pobreza y los ataques de la organización terrorista Boko Haram impactan negativamente la asistencia a la enseñanza en Nigeria, que tiene una población de unos 200 millones de habitantes.
Inscribirse en alguna carrera profesional es asunto muy importante en lo individual y familiar, también social y gubernamentalmente pues tener matrícula en este nivel educativo es estratégico para el desarrollo integral de cualquier nación. El problema es la incapacidad para atender la demanda de todos los aspirantes a instituciones de educación superior (IES) mexicanas.
En planeación de la educación hay dos indicadores relacionados al respecto: absorción y cobertura. El primero refiere al número de alumnos inscritos en primer semestre de alguna carrera o IES (Tecnológico, Universidad, Escuela Normal) o Subsistema o a nivel estatal o nacional respecto al número de egresados de bachillerato; el segundo es la matrícula registrada oficialmente respecto a la población total entre 18 a 22 años.
Las cifras oficiales son: La absorción a nivel país para los últimos tres ciclos escolares es de 79.5%, 76.0% y 75.5% respectivamente, es decir 3 de cada 4 bachilleres/preparatorianos ingresan a IES. En el ciclo escolar 2015-2016 la matrícula nacional registra 4 millones 24 mil 401 alumnos; 174 mil 779 (4.12%) en Técnico Superior Universitario; 3 millones 915 mil 971 (92.26%) en Licenciatura; 52 mil 329 (1.23%) en Especialidad; 237 mil 331 (5.59%) en Maestría y 38 mil 770 (0.91%) en Doctorado; estudiando en 5 mil 343 IES. Para el ciclo escolar 2015-2016 fueron 4 millones 935 mil 080 alumnos del nivel medio superior en 20 mil 383 escuelas, terminan bachillerato o equivalente 68 de cada 100 que lo inician y la cobertura en el nivel medio superior es de 778 alumnos por cada mil habitantes entre 15 a 17 años. Calculando por semestre 2.28 veces más bachilleres que estudiantes de licenciatura. Para el ciclo escolar 2016-2017 a nivel nacional realizaron estudios superiores 323 alumnos de cada mil jóvenes con edades 18 a 22 años y uno de cada tres estudiantes está matriculado en alguna IES particular.
Resulta necesario incrementar la capacidad de ingreso a IES mexicanas aunque implique contratar más profesorado, más aulas, laboratorios, talleres y espacios administrativos, mayor inversión anual en la educación superior, ello es un proceso natural de crecimiento como la primaria, secundaria y media superior (educación obligatoria). Hay retos mayores asociados a dicho incremento como asegurar empleo suficiente, apropiado y bien remunerado a profesionistas pero este es un problema estructural de la economía mexicana por tanto es política de gobierno que el desarrollo de la educación superior ineludiblemente esté equiparable y asociado al macroeconómico y microeconómico. También debe considerarse la pertinencia de la oferta educativa pues no solo es tener mayor número de estudiantes en carreras saturadas sino planear aquellas nuevas necesarias a futuro, que la oferta educativa superior tenga la calidad esperada a nivel internacional y esté estrechamente vinculada al desarrollo humano sustentable. Es menester diseñar estrategias relacionadas entre absorción/cobertura, considerar la modalidad abierta o a distancia, pertinencia y diversificación de oferta educativa, actualizar la legislación en materia, procesos de investigación/vinculación más eficientes y sobre todo un modelo de financiamiento efectivo. Ello es nuestro apremiante reto.
“Ella, Juli, me convenció. Me hizo cambiar de idea. Me hizo entender que había una oportunidad para mí. Que podía salir adelante. Antes me drogaba, andaba robando, hacía mil maldades. Acepté internarme y salí para adelante. Entendí que tenía opciones. Ahora estoy acá”.
“Acá” es el barrio de siempre, el Salamanca al fondo de González Catán; la misma esquina con los mismos pibes que siguen consumiendo paco y robando. Pero para Walter, 16 años, ya no es lo mismo. “Juli” es Juliana Lombardi, de 26 años, una operadora territorial. Se podría decir que es una de los 15 “rescatistas” que andan por La Matanza para trabajar con chicos que cometieron delitos, fueron detenidos y la Justicia los declaró inimputables por ser menores de 16 años. Ella, como el resto de sus compañeros, tiene la misión de hacerlos comprender que el delito no es la única opción, que ellos tienen una segunda oportunidad en la vida.
En la Argentina existen programas estatales que muestran buenos resultados al trabajar cuerpo a cuerpo con adolescentes que tuvieron problemas con la ley penal. En La Matanza, en la Provincia de Buenos Aires; en Mendoza y en Neuquén se aplican políticas públicas que apuntan a terminar con la reincidencia. Ejemplos que suelen dejarse de lado cuando ante un crimen cometido por un menor se plantea qué hacer con los adolescentes y la violencia.
Walter, su nombre es falso para proteger su identidad, llegó por una de las dos vías que tiene el programa Propiciar de La Matanza. Una organización barrial dio aviso de su situación. En el último robo la carátula fue también la de intento de homicidio. “Casi lo matamos”, cuenta un año y medio después. Fue declarado inimputable y volvió a su casa.
“Superman” hace un día que cumplió 16 años y tiene unos ojos negros que parecen ir a la velocidad de la luz debajo de la gorra que se niega a sacar. El llegó al programa derivado por la Justicia, la segunda vía para llegar al programa, y después de haber cometido varios robos. Pero al comienzo nada fue tan fácil.
“Estaba detonado en mi casa”, cuenta. “Superman” consumía pasta base y al escuchar que los asistentes sociales tocaban la puerta respondió con piedras. Ellos insistieron, fueron varias veces, hasta que un día los estaba esperando con mate y galletitas. Ese fue el inicio.
“Nuestro trabajo es consolidar un vínculo de confianza con ellos. A partir de eso se hace todo más fácil. Podemos pensar juntos que hay otra chance, otra posibilidad, otro proyecto de vida superador”, explica Juliana, que estudió trabajo social. Ella con un compañero, siempre se trabaja en dupla, tienen a su cargo a 35 chicos. Su tarea es acompañarlos para que estudien, les consiguen vacantes si no las tienen; los ayudan a internarse en comunidades terapéuticas cuando lo piden. El programa va recurriendo a otros organismos o planes del Estado. Walter cuenta que le gustaría ser peluquero. Lo descubrió en un taller ocupacional en su barrio. “Superman” es bueno rapeando, también lo supo en una actividad estatal.
Confianza. Los operadores establecen con los chicos que tuvieron problemas con la ley un lazo de confianza que es clave para cambiar de vida. Foto: Lucía Merle
El programa Propiciar es municipal, surgió en 2009 y tiene a 230 adolescentes. Está dentro del Envión, que pertenece a la Provincia y sólo en La Matanza contiene a 7.000 chicos con actividades de todo tipo que también funcionan como prevención. En ese municipio, por ejemplo, hay 670.000 menores de 17 años; solo 17 de ellos están encerrados por delitos.
El mapa de la Provincia mantiene esa proporción de jóvenes y delito. Según los últimos datos de la Corte Suprema provincial, en 2015 el 3,59% de los casos investigados en las fiscalías bonaerenses involucraron a menores de 18 años. Este porcentaje se mantiene estable desde 2009. El 7,13% de las causas fue por robo agravado por uso de armas y el 1,1% a homicidios, más de la mitad en grado de tentativa. La mayoría (87,88%) fue por amenazas, delitos contra la propiedad y lesiones.
En Neuquén, los chicos que llegan al programa provincial es por una derivación de la Asesoría Penal Juvenil por un delito grave o por reiteraciones. Un equipo técnico -formado por un psicólogo, un trabajador social y un operador de calle- analizan el hecho, cuáles son las vulnerabilidades del adolescente y deciden una estrategia. “Siempre hay dos ejes: la responsabilidad subjetiva ante el delito y la restitución de derechos. Porque no necesariamente todos los chicos menores de 16 años que cometieron delitos han sido vulnerados en sus derechos, pero sí la mayoría. Con esto me refiero a derecho a la educación, a la salud”, explica la psicóloga Adriana Belarra. del Programa que depende del Ministerio de Acción Social neuquino.
La iniciativa comenzó con un programa piloto hace tres años y la experiencia también les demostró que debían trabajar con los adolescentes y su entorno familiar . Actualmente tienen 8 chicos y, a lo largo de los tres años, pasaron 65. Los resultados dicen que 50 de ellos no reincidieron. Para Belarra, son varios los factores de éxito. “Es la primera vez, tanto para los adolescentes como para los adultos vinculados a ellos que encuentran un espacio para hablar, para trabajar sobre situaciones concretas. Los padres no saben cuáles son los límites favorables para ponerles”. El desafío es que el programa se extienda más allá de la capital.
En los últimos dos años, hubo dos casos que conmocionaron a los mendocinos: un chico de 15 mató a un hombre de 72 y otro de 11 acuchilló a sus padres, no los mató. “Más allá del debate que surgió, al Poder Ejecutivo le cabe la posibilidad del abordaje y la protección de los derechos de los menores de 16 en conflicto con la ley”, explica la subsecretaria de Desarrollo Social provincial. Y asegura que así lo hicieron.
“En el primer caso tuvimos que actuar sobre la urgencia, después creamos un programa que es una guardia permanente interdisciplinaria. Estamos en condiciones de decir que esas medidas sí funcionan y que no son necesarias medidas drásticas”, explica la funcionaria. “Las estrategias son individuales, dependen de cada caso y son efectivas porque los adolescentes superaron la situación, van a la escuela. Fueron también importantes los talleres para los padres”.
La pregunta que surge es si ese trabajo artesanal puede funcionar a gran escala. “Cuando hablamos de adolescentes en conflicto con la ley no son números tan grandes, en Mendoza ha habido dos en dos años. Por eso amerita una intervención personalizada, si fuera mucho más quizás se necesitarían acciones colectivas. La responsablidad del Estado es elaborar estrategia para no vulnerar los derechos adolescentes y que no lleguen a situaciones de delito”.
Rocío Rodríguez tiene 24 años, es de Isidro Casanova, estudió como Juliana asistencia social y todos los lunes arma su rutina laboral junto a otro de sus compañeros. Es un itinerario que la lleva por La Plata, Mercedes y Azul a visitar a los chicos encerrados en institutos. “Obviamente la situación de encierro deja huellas, sobre todo en los más chicos. Con ellos intentamos mostrarles otras situaciones. Lo que pasó ya está, pensar a partir de ahora cómo seguir.” “Una de las propuestas, para chicos con medidas de seguridad, es priorizar la salud porque muchos tienen un gran problema de consumo. Entonces ¿el encierro es la solución? Walter y “Superman” estuvieron en una comunidad terapéutica y hoy están en sus barrios, hacen actividades en la comunidad. Siguen el tratamiento de otra manera”, explica Agustín García, coordinador de Propiciar.
En la esquina. La reincidencia de los delitos en los adolescentes baja con programas de seguimiento y de restitución de derechos como la educación y la salud. Foto: Lucía Merle
“Me veía mal, arruinado. Me sentía solo. Vivía en la esquina. Después me invitaron a una comunidad y dije que “sí”, recuerda “Superman”. “Cuando él se internó por primera vez, pensé qué estaba haciendo yo. Pensé y pensé. Le dije a mi mamá. Pedí ir. Te entretenés y no estás en la esquina robando. Después mi hermano pidió ir. El estaba peor y cambió. Ahora está bien”, dice Walter y se acuerda exactamente cuando Superman volvió y todo cambió. “Estaba re bien, lo felicité. Yo andaba re mal”.
“Le dije: rescatate -recuerda “Superman”-. Después me invitó a drogarme y le respondí que mejor me iba a mi casa”. Mientras él se alejaba, Walter dice que pensó que si él pudo, él también podría. Ahora los dos están en la misma esquina, pero van a la escuela y no roban ni se drogan. “No estamos bien, bien”, dice Walter, “Pero cambiamos muchas cosas”.
RECUADRO: El debate
A principio de año, en la Argentina, se abrió el debate sobre la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Una reforma de ley que muchas veces solo gira en torno a la baja de la ley de imputabilidad. Desde Unicef, su directora Florence Bauer explica que apoyan la reforma porque la ley actual no respeta los standares internacionales. “Recomendamos que tenga como objetivo la recuperación y reinserción del joven no desde la perspectiva punitiva. La baja de la edad es una medida excepcional. Son muchos los estudios que muestran que cuando un chico está privado de la libertad la probabilidad de reincidencia es muy alta. Hay que fortalecer los programas de intervención que se combinan con la ley de protección integral a los niños y adolescentes. La privación de la libertad debe ser un último recurso para los más graves”.
Durante una visita a la capital chilena, Bokova ofreció una conferencia en la que manifestó su preocupación por las dificultades que encuentran las niñas para acceder a la educación
nas 62 millones de niñas a nivel mundial no tienen acceso a educación, mientras que dos tercios de los analfabetos en todo el orbe son mujeres, alertó este lunes en Santiago Irina Bokova, directora de Unesco.
Durante una visita a la capital chilena, Bokova ofreció una conferencia en la que manifestó su preocupación por las dificultades que encuentran las niñas para acceder a la educación, “una de las principales causas de exclusión social en muchas comunidades”.
“A 62 millones de niñas se les niega el derecho a la educación”, enfatizó la directora de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) durante su alocución en el auditorio de la Academia Diplomática de Chile.
Asimismo, Bokova alertó sobre la falta de igualdad educacional entre niñas y niños a nivel mundial: 60% de los países han logrado la paridad en la educación primaria y sólo 38% en la secundaria.
En tanto, las mujeres representan dos tercios de los 758 millones de adultos analfabetos del mundo, lo cual “perjudica a todas las sociedades, frena el desarrollo y menoscaba los esfuerzos de paz”, agregó Bokova.
La conferencia de la directora de Unesco estuvo referida a la agenda 2030 para el desarrollo sostenible que adoptó la ONU en 2015 y que contempla 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.
“La igualdad de género es un elemento central de la agenda 2030”, concluyó Bokov
Personas con discapacidad del país propusieron que el lenguaje de señas sea incluido en el sistema educativo venezolano mediante las reformas constitucionales que adelantará la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
“Están haciendo propuestas interesantes, que el lenguaje de señas que se utiliza para personas con discapacidad auditiva, sordomudos, incluso, pienso que desde niños en las escuelas, así como aprendemos el idioma castellano o aprendemos el inglés, aprendamos el lenguaje de señas para que nadie se sienta excluido, o el sistema Braille de lectura (para personas invidentes)”, planteó el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, al conducir la edición número 91 del programa Los Domingos con Maduro, desde el centro de Caracas.
El Jefe de Estado agregó que este conocimiento “sirve como cultura general para sensibilizarnos en el espíritu de hermandad de las personas que, por cualquier razón, tienen alguna discapacidad”.
Precisó que son más de 500 mil electores que van a elegir cinco constituyentes (con discapacidad) que van a entrar a la Asamblea Nacional Constituyente a llevar la voz, las necesidades, la visión de aquellos que eran invisibles y ahora son visibles.
El Presidente Maduro destacó que es la primera Asamblea Constituyente a la que se incorporan constituyentistas con discapacidad; “es uno de los elementos distintivos de la constituyente venezolana de 2017”, apuntó. / CP
rillado brilla por su ausencia y el cableado eléctrico sobrevuela las cabezas de los escasos visitantes que se dejan ver en esta deteriorada zona de Beirut. Aquí la huella de la guerra civil libanesa (1975-1990) permanece sellada en las fachadas en forma de orificio de bala y donde gran parte de los niños vagan sin rumbo por las calles dejando que pasen los días mientras sus padres logran unas pocas libras con las que sobrellevar un día más. En este desalentador núcleo se centran muchos de los esfuerzos llevados a cabo por el PARD para la escolarización de los más pequeños. Buen ejemplo de ello es el Daouk Kinder Garden, un centro preescolar dirigido a niños de entre tres y seis años, mayoritariamente palestinos, aunque ante la llegada masiva de refugiados sirios también han comenzado a responder a esta necesidad.
“El acceso a la educación para estas personas es muy difícil”, cuenta Hamdan, quien denuncia que “la población refugiada palestina en Líbano es la única en el mundo que no tiene derechos”. “Se acepta su derecho al retorno, pero no que puedan acceder a la educación, a la sanidad o al resto de derechos humanos”, asevera. Tanto es así que, pese a que los primeros palestinos llegaron a Líbano en 1948 y aunque ya hay dos generaciones de palestinos nacidos en Líbano, a estos se les deniega la nacionalidad libanesa.
Tampoco tienen acceso normalizado al mercado laboral y, en la actualidad, tienen vetadas hasta un total de 74 profesiones. Ni siquiera pueden votar ni tienen representación política en un país que se resiste a actualizar el censo llevado a cabo en la década de los 60 para evitar así que cristianos maronitas, chiíes y sunitas, repartidos en las funciones del poder, pierdan peso en el statu quo creado. El periodo escolar ha terminado ya, pero en Daouk Kinder Garden la actividad no cesa. Las aulas continúan abiertas. “Muchos de ellos se han visto obligados a huir de sus casas y no han tenido la oportunidad de ir nunca a la escuela”, enfatiza Hamdan, quien insiste en que la labor en el aula va más allá de la educación y sirve muchas veces también como “terapia para superar los horrores que han vivido”.
SUBSISTENCIA Pero la faceta educativa no es la única que trabaja el PARD. La ONG ofrece una ayuda mensual de 27 dólares a las familias para que puedan hacerse cargo de su alimentación. “Esta gente no tiene ahorros. Lo poco que ingresan se lo tienen que gastar en un alquiler. No pueden gastárselo en comida ni para ellos ni para sus hijos”, precisó. De esta forma, el PARD consigue cubrir dos de las necesidades básicas de la población palestina en el exilio. Pero además, las ONG trabajan para conseguir que los habitantes de estos guetos cambien determinados hábitos. Así, en el último año se ha llevado a cabo una campaña de concienciación en un total de 2.400 casas con el objetivo de reducir las basuras de las calles. Con mucho trabajo de sensibilización ambiental y basándose en algunas de las enseñanzas del profeta Mahoma relacionadas con la naturaleza, se ha logrado que las familias de cuatro campos reciclen. Algo similar a ocurrido con el aprovechamiento de la escasa agua potable de la que disponen los asentamientos, fuente de conflicto con la población libanesa, que acusa a los refugiados de “robarles” el agua.
El diputado de Cultura y Cooperación, Denis Itxaso, destacó que “mientras las soluciones a un problema muy complejo llegan, es imprescindible que la sociedad guipuzcoana siga viendo que es necesario apoyar este tipo de iniciativas”. “Una vez vistas estas realidades, nos tenemos que preguntar si tenemos que ampliar las labores de apoyo que venimos realizando”, acaba.
La Asamblea de Ceuta debatirá esta semana una propuesta del segundo grupo de la oposición en la Cámara autonómica, la coalición Caballas, para instar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), que solo mantiene la gestión de sus competencias en las dos ciudades autónomas, a implantar desde el próximo año académico en los Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) locales la asignatura de Religión Islámica.
Actualmente esa asignatura solo se ofrece en Primaria pero no en Secundaria ni Bachillerato, niveles en los que sí se puede seguir estudiando Religión Católica. El Ministerio aprobó en marzo de 2016 a través de una Resolución de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial los currículos de Religión Islámica en ambos niveles.
Según ha destacado el portavoz de Caballas en la Asamblea, Mohamed Ali, «la legislación vigente prevé la inclusión de la asignatura de Religión en todos los tramos educativos desde Infantil hasta Bachillerato, y tanto en los colegios como en los institutos se imparte Religión Católica, pero no de otras confesiones como la Islámica, muy demandada en Ceuta por razones obvias».
Aproximadamente el 50 por ciento de los ceutíes es de cultura árabo-musulmana, porcentaje más elevado entre la población escolar que llega hasta el 100 por cien en algunos colegios.
A juicio de Ali, «más allá del debate teórico sobre el tratamiento que debe recibir la religión en el sistema educativo, lo que no parece que ofrezca discusión alguna es la obligación de la administración de cumplir sus propias leyes».
Para Caballas, «no existe ninguna razón que pueda justificar una flagrante discriminación como la existente entre las familias de religión católica, que pueden matricular a los jóvenes que estudian ESO y Bachillerato en esa materia, y las que profesan otra confesión como la musulmana, que se ven privadas de ese derecho de manera injusta cuando teniendo el currículo aprobado no existe ningún argumento que pueda justificarlo».
El Ministerio de Educación ha anunciado en diversas ocasiones durante los últimos años que está «estudiando» la posibilidad de impartir Religión Islámica en los IES de Ceuta y Melilla pero desde el punto de vista de Caballas «en democracia las leyes se cumplen y los derechos se ejercen, no se ‘estudian’, y mantener por más tiempo esta situación supone una agresión a dos de los principios básicos sobre los que se sostiene el Estado de Derecho: el imperio de la ley y el principio de igualdad».
Además, para la formación regionalista la implantación de la materia en los institutos tendría otro efecto colateral beneficioso para combatir la difusión de lecturas radicales o extremistas del Islam.
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