América del Sur/Colombia/30 de septiembre de 2016/www.abc.es
La desmilitarización de la milicia es uno de los puntos centrales de los acuerdo.
Según lo previsto tras la firma de los acuerdos, las FARC comienzan a entregar su arsenal de explosivos a la ONU. La organización internacional ha desplazado a una misión especial para velar por el cumplimiento de los acuerdos.
«Todo esto ya comenzó, eso va a ocurrir, y los responsables de informar, que son la misión política especial de las naciones unidas, lo va a hacer», dijo Jaramillo en declaraciones a periodistas.
El comisionado no dio detalles sobre los explosivos entregados, pero medios locales informaron de que las FARC tenían previsto ceder dinamita, cordón detonante, explosivo anfo y granadas, entre otras.
El pasado lunes el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron un acuerdo de paz que pone fin a más de medio siglo de conflicto armado.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, anunció el pasado lunes que con la firma de la paz se activó la misión política especial de ese organismo para el monitoreo y verificación del cese al fuego y la dejación de armas por parte de la guerrilla.
La misión de la ONU, aprobada en enero pasado por el Consejo de Seguridad y respaldada de forma unánime por el Consejo de Seguridad, formará el componente internacional del mecanismo tripartito para supervisar el alto el fuego, en el que participan también representantes del Gobierno y de las FARC.
Las FARC piden perdón
Los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Félix Antonio Muñoz Lascarro, alias «Pastor Alape», e «Iván Márquez» han pedido perdón este jueves por la masacre de Bojayá en 2002, en la que murieron 117 personas.
Los dos miembros de la guerrilla se han trasladado al departamento de Chocó, donde han reiterado sus disculpas por el ataque, que además de los muertos –entre los que se encontraban medio centenar de niños–, obligó a 6.000 personas a desplazarse tras el lanzamiento de una bomba contra una iglesia.
«Pedimos que nos perdonen y nos den la esperanza del alivio espiritual permitiéndonos seguir junto a ustedes haciendo el camino que, reconciliados, nos conduzca hacia la era justa que tanto han anhelado los humildes de todos los rincones de Colombia», ha asegurado el jefe de la delegación de las FARC.
Tomado de: http://www.abc.es/internacional/abci-farc-comienzan-cumplir-acuerdos-y-entregan-arsenal-explosivos-201609300350_noticia.html
El martes 27 de septiembre la CTERA concurrió a la Embajada de Colombia en Argentina para realizar la actividad en el marco de la campaña continental de apoyo al “Sí a la Paz” resuelta por la Internacional de la Educación para América Latina.
Esta acción se realizará durante toda la semana frente a las embajadas de Colombia en cada país, recogiendo la propuesta de la Federación Colombiana de Educadores –FECODE-.
La representación de CTERA estuvo encabezada por Sonia Alesso – Sec. General y miembro del Comité Ejecutivo de la Internacional de la Educación -, Eduardo Pereyra – Sec. de Relaciones Internacionales – ,Roberto Baradel – Sec. General de SUTEBA y miembro de la Junta Ejecutiva de CTERA -, Eduardo López – Sec. General de UTE y Gremial de CTERA – y Alejo Demichelis – Sec. de Prensa -.
Los dirigentes fueron acompañados por trabajadores de la educación de CTERA.
La CTERA presentó una carta al Embajador Alejandro Navas Ramos cuyos párrafos salientes expresan:
“Los abajo firmantes en representación de los trabajadores y trabajadoras de la educación de la República Argentina, venimos a expresar nuestro apoyo incondicional a los acuerdos de paz firmados entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP.”
“Queremos asimismo, informar nuestra decisión de implementar diferentes actividades para garantizar la participación, en el plebiscito del día 2 de octubre, de los/as ciudadanos/as colombianos/as residentes en la República Argentina.”
“En la convicción de que finalmente la mayoría del pueblo colombiano ratificará con su voto la decisión de que Colombia termine definitivamente con la guerra y comience un nuevo tiempo de construcción de la paz, lo saludamos atentamente.”
América del Sur/BOGOTÁ, Colombia, 29 de septiembre de 2016/Fuente: ACNUR
El ACNUR celebra la firma del Acuerdo de Paz en un momento histórico en que los colombianos demostraron su disposición a encontrar soluciones a un conflicto de más de 52 años por medio del diálogo y la reconciliación.
(ACNUR) – El Acuerdo, producto de un notable esfuerzo entre el Gobierno Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), pone fin a un conflicto armado que ha costado la vida a más de 220,000 colombianos y ha obligado a más de 7.4 millones de personas a abandonar sus hogares.
Jozef Merkx, Representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), destacó que este Acuerdo es uno de los más amplios e integrales que se han creado en el mundo. “Este documento abarca temas de crucial importancia para la construcción de una paz duradera, y es ejemplar porque se elaboró con la participación activa de las víctimas de este conflicto con el fin de incluir respuestas concretas a sus necesidades”, señaló.
Para el Representante, “la firma de este Acuerdo de Paz es el comienzo de un largo camino para la construcción de paz que requerirá de un esfuerzo colectivo para asegurar que todas las víctimas, personas desplazadas y refugiados gocen de sus derechos humanos”.
Desde 1999, el ACNUR ha acompañado a las personas que se vieron obligadas a abandonarlo todo para salvar la vida, por ello, Merkx subrayó: “La construcción de una paz duradera en Colombia depende de la reintegración de las más de 7 millones de personas desplazadas por la violencia”.
“El ACNUR reitera su disposición e interés para ayudar a los desplazados internos y a los refugiados para que retornen, regresen, se reintegren o integren efectivamente siguiendo un enfoque con base en derechos y la comunidad”, señaló Merkx y añadió: “Por medio del alcance de estas soluciones duraderas, se proveerán condiciones seguras y dignas para las víctimas que contribuirán sustancialmente a la recuperación del país y a la paz sustentable”.
Así mismo, el Representante enfatizó que terminar con el fenómeno del desplazamiento requiere que las acciones de desarrollo beneficien tanto a las personas que debieron huir de sus casas como a las comunidades que las han acogido. Resaltó que para garantizar el bienestar y la protección de estas personas, “es indispensable garantizarles el acceso a un lugar seguro, servicios básicos, empleo y generación de ingresos.” En ese marco, además indicó que será clave aportar asistencia y acompañamiento a mujeres, niños, niñas, jóvenes, comunidades indígenas y grupos afros, pues son quienes estarán más expuestos durante estos periodos de reconstrucción y reajuste.
“Es importante también recordar que el Acuerdo de Paz se enfoca principalmente en las zonas rurales, mientras la mayoría de los desplazados internos viven en zonas urbanas, y también requieren apoyo y asistencia, en particular con respecto a la legalización de los asentamientos informales, donde muchos de ellos viven, para garantizar su sustento y el acceso a los servicios básicos «, indicó Jozef Merkx.
El ACNUR ha estado presente en Colombia durante muchos años en los Departamentos que han sido los más afectados por la violencia y el conflicto armado, por lo que ha construido relaciones estrechas con las comunidades, apoyado su empoderamiento, trabajado en reconstrucción de tejido social y establecido un alto nivel de confianza mutua. “Nosotros estaremos felices de compartir estas capacidades y experiencias con el gobierno colombiano para apoyar el proceso de construcción de paz del país”, concluyó Merkx.
El 26 de septiembre de 2016, en la bella Plaza de la Paz de Cartagena, se firmarán los acuerdos de la Habana con presencia de la comunidad internacional representada por países garantes y amigos, además de otras organizaciones internacionales. Y con seguridad los miembros de las delegaciones internacionales querrán comunicarse con los habitantes de la Ciudad Heroica; lo harán en español, inglés u otro idioma. Sin embargo, quienes utilicen una lengua diferente al español se encontrarán con un problema: la mayoría de los habitantes de la principal ciudad turística de Colombia no tienen la capacidad para hablar en otro idioma distinto al natal.
Cartagena y el resto de territorios potenciales de desarrollo turístico en una Colombia postconflicto han sido afectados por la debilidad del sistema educativo oficial, y esto no sólo en cuanto a la calidad, sino en la falta de una formación pertinente para el desarrollo económico. Por ello, es todo un contrasentido encontrar que los gobiernos locales de Cartagena y el Gobierno Nacional nunca han focalizado la enseñanza y el aprendizaje de una segunda lengua en los colegios oficiales, donde asisten los niños y los jóvenes más pobres.
Para que los lectores puedan dimensionar la magnitud del problema y las posibilidades de Cartagena sólo relacionadas con el sector turismo, señalo que en el año 2015 llegaron a Cartagena 232.015 pasajeros aéreos internacionales y 1.746.469 nacionales, con un crecimiento anual del 24% y del 13,6%, respectivamente, información suministrada por la Presidenta Ejecutiva de la Corporación Turismo Cartagena de Indias, Corpoturismo (periódico el Universal 1 de febrero 2016). Además, el año pasado a la Ciudad Heroica arribaron 173 cruceros con 259.084 pasajeros extranjeros, de acuerdo con el boletín mensual de diciembre del 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
El caso de Cartagena en el fondo no es ninguna sorpresa, si se tiene en cuenta las cifras del Ministerio de Educación Nacional, MEN, que se presentaron en la Cumbre de Líderes por la Educación que organizó la Revista Semana. Según el Ministro encargado, en este gobierno a nivel nacional se ha logrado impactar con los programas de enseñanza de segunda lengua a 2.000 docentes y a cerca de 180.000 estudiantes; lo anterior equivale al 2% de la matrícula oficial (8,3 millones de estudiantes), para ello se trajeron al país a 600 formadores nativos extranjeros.
Quienes trabajamos en educación esperamos que la ruta de la paz se convierta en un escenario donde las discusiones de política educativa adquieran relevancia. En este sentido pregunto pensando en las potencialidades del sector turismo en tiempos de paz: ¿no será mejor apoyar y luego exigir a las normales y a las facultades de educación que dentro de 5 o 6 años todos los futuros maestros sean bilingües? ¿No será mejor fortalecer la formación de los actuales docentes que trabajan en la enseñanza de una segunda lengua y a los maestros de otras áreas, y de manera especial a los maestros de la educación inicial y primaria? ¿Por qué no empezar con una política integral de bilingüismo para los niños de la educación inicial y de primaria en aquellos municipios con potencial turístico como Cartagena, Santa Marta, la Macarena, Leticia, Villa de Leyva y algunos municipios de Chocó y el Eje Cafetero y otros a seleccionar? Así mismo, ¿por qué en estos municipios el programa del MEN de Jornada Única no se aprovecha como una oportunidad para fortalecer e incidir en la formación de una segunda lengua, en aquellos colegios donde se amplié la jornada escolar?
En los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras en inglés, el MEN reconoce que aprender una lengua extranjera incide en la calidad de la educación ya que es “una oportunidad invaluable para el desarrollo social, cultural y cognitivo de los estudiantes”, además de favorecer el desarrollo de “un mayor grado de conciencia metalingüística y aumenta la habilidad para apreciar lo arbitrario y lo convencional de los símbolos lingüísticos”. Agrego que una educación pertinente al entorno económico y social de los jóvenes de Cartagena ayudará a que ellos deserten menos (tasa deserción 4,12% y de repitencia 9,4%) y a avanzar en la calidad de la Educación, donde los resultados señalan que Cartagena está por debajo de la media nacional.
Por último, la formación en inglés (más del 99% de los estudiantes de las pruebas SABER 11 optan por este idioma) debería empezar en la educación inicial y no en el grado 6º como ocurre en los colegios oficiales, así lo demostró un estudio elaborado por el Instituto Neurológico de Montreal y el Hospital de la Universidad McGill en colaboración con investigadores de la Universidad de Oxford (Inglaterra).
¿Está cansado el jefe del equipo negociador del gobierno de Colombia, Humberto De la Calle?
No, respondió al reunirse con BBC Mundo en la ciudad de Cali.
De hecho no lo parecía, a pesar de que se pasó unos cuatro años en los diálogos de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana y de que ahora está en la que él mismo llama una maratón pedagógica por el país para explicar los acuerdos alcanzados el pasado 24 de agosto.
En medio de esa maratón fue que concedió esta entrevista en la capital del departamento del Valle del Cauca, en el occidente de Colombia.
Habló de las amenazas a los acuerdos, el narcotráfico y qué puede ocurrir en el plebiscito del próximo 2 de octubre, en el que los colombianos refrendarán o rechazarán lo firmado en La Habana.
¿Qué pasa si los colombianos votan que no en el plebiscito? ¿Y qué pasa con usted?
Si gana el «no», se acabó el proceso.
La historia muestra que tradicionalmente después de una ruptura con las FARC pasan diez años antes de reiniciar conversaciones.
Luego, la idea del «no» para renegociar es un tremendo error histórico.
Yo creo que va a ganar el sí.
Cuando matan a un joven en las calles de Cali o de Bogotá para robarle su teléfono celular, el victimario puede ser el hijo de un desplazado que viene de la situación de violencia
¿Qué pasa conmigo si gana el «no»?
Sí, sería un golpe muy duro, pero más en lo personal.
Me entristecería mucho, porque me parece que es un error para Colombia, teniendo la posibilidad de buscar la paz por un método distinto al que hemos usado hace 52 años, que es la confrontación militar.
Image copyrightGETTY IMAGESImage captionSi el «No» gana sería un «error histórico», considera De la Calle.
Lo que pase conmigo yo creo que realmente es insignificante.
¿Cómo ve la campaña de cara al plebiscito? ¿Hay cosas que le preocupan?
Hay argumentos importantes por el «no» que uno respeta. Yo respeto a quien dice «nunca se debió haber hablado con las FARC, que es un grupo terrorista».
Luego hay quienes dicen: «Las FARC deben irse para la cárcel». Perfecto, esa es otra opción. Yo entendería que fuera más razonable, más sólida, si dijera: «Pero los demás también». También ha habido agentes del Estado que han violado la ley, hay terceros que han financiado masacres.
Ante la hipótesis de que un grupo de exmiembros de las FARC regrese a actividades de narcotráfico, ¿sabe qué nos han dicho las FARC? «Bueno, combátanlos»
Yo respeto al que me dice «que se vayan las FARC para la cárcel» si también dice «y los demás también».
Lo que yo aspiraría a que de aquí al 2 de octubre continuemos en la campaña dura, agresiva. Sin mentiras, pero dura.
¿Hay mentiras?
Sí, sí, sí. Muchas, ha habido muchas.
Las redes sociales han infectado a base de mitos, falsedades, afirmaciones inexactas y otras francamente mentirosas.
Humberto De la Calle: «Si en el plebiscito gana el no, se acabó el proceso de paz»
¿Cuál es el peor enemigo del «sí»?
La apatía. Colombia es un país de abstencionistas, hay una tradición de abstención enorme.
El conflicto es una realidad tremenda en Colombia, pero con el paso del tiempo creo que hay masas urbanas, sobre todo jóvenes, que ven el conflicto como algo remoto.
Yo quisiera que los jóvenes entendieran que cuando matan a un joven en las calles de Cali o de Bogotá para robarle su teléfono celular, el victimario puede ser el hijo de un desplazado que viene de la situación de violencia en el campo.
Uno no puede dividir las violencias.
Image copyrightBBC MUNDOImage captionHumberto De la Calle está recorriendo el país, junto a otros miembros del equipo negociador, para explicar los acuerdos de La Habana.
Esta va a ser una decisión crucial, como fue la del 57. Fue el momento de más alta participación electoral en Colombia.
Queremos que repita eso. Y si gana el «no», humildemente agacharemos la cabeza.
En el plebiscito de 1957 le preguntaron a los colombianos si querían la paz, para poner fin a unos diez años de extrema violencia, que cobró más de 200.000 vidas, tal vez 300.000. Votaron que sí, pero pocos años después apareció esta nueva violencia que se está tratando de cerrar hoy. ¿No teme que se repita la historia otra vez?
Hay que distinguir una etapa de la otra. La violencia que terminó en el 57, con el llamado plebiscito de ese entonces era una violencia entre partidos, si me permite decirlo, policlasista. Realmente el país estaba dividido entre liberales y conservadores. Y ahí no había diferencias de clase ni de ocupación. Ese plebiscito fue eficaz, la violencia terminó.
En los años siguientes teníamos niveles de criminalidad de corte europeo. Y no es una exageración, la verdad. Ahí están las cifras.
En Colombia tenemos un problema (…) hay como la idea de que uno escribe una ley y resolvió el problema. Y normalmente no es así.
Pero luego vino un fenómeno distinto, parte por la guerra fría, por la confrontación de las grandes potencias, que introdujeron el apoyo a grupos rebeldes en Colombia, y se fue generando una violencia de otro corte, una violencia mucho más social, de reivindicación, de insatisfacción de necesidades de carácter social. Y también de un propósito netamente político a instancia de las potencias que estaban jugando ese ajedrez de la guerra fría.
Ahora estamos terminando el conflicto con una guerrilla que es autárquica, que se nutre a sí misma, no hay ninguna interferencia internacional. Hemos diseñado un acuerdo que tiene suficientes garantías, para prever que eso no se repita, que no ocurra. Lo cual no quiere decir que no haya al otro día criminalidad en Colombia.
En esta nueva etapa de una cierta paz, la paz con uno de los grupos (insurgentes) que operan en el país, ¿qué amenazas que pueden romperla? ¿Cómo evitarlas?
El primer paso es que la sociedad entienda que no hay violencia buena. Puede ser que en el fondo de algunos colombianos todavía exista la idea de que uno usa las armas para destruir al que llama su enemigo, y que esa violencia es la buena y la del enemigo es la mala.
Me parece que lo primero es decantar, claramente, la idea de que la única fuerza en una democracia es la fuerza del Estado, de un estado democrático. Segundo, tenemos que actuar contra bandas criminales que van a quedar actuando allí, sucesoras del paramilitarismo.
Vamos a tener que enfrentar decisiones de carácter fiscal, seguramente de crédito externo
El gobierno está articulando un plan, por ejemplo, para impedir que ciertas zonas que queden despejadas por el movimiento de las FARC sean ocupadas por el ELN –aspiramos a que el ELN (Ejército de Liberación Nacional, el segundo grupo insurgente de Colombia) entre en un proceso de paz también–, pero sobre todo bandas criminales relacionadas con el narcotráfico.
Si gana el «sí» en el plebiscito, ¿cuáles son las líneas rojas del gobierno para determinar que las FARC no están cumpliendo el acuerdo y no se puede seguir adelante?
Eso es bastante hipotético.
Hemos creado mecanismos para resolver diferencias, dentro del acuerdo hay un mecanismo para resolver esas hipótesis, porque puede suceder al revés, que sean las FARC las que digan que el gobierno no está cumpliendo.
Yo creo que tenemos suficientes salvaguardas.
Pero fundamentalmente me parece que este es un momento en que después del 2 de octubre debiéramos lograr un acuerdo mucho más amplio.
Incluso yo quisiera llamar al doctor Álvaro Uribe y al doctor Andrés Pastrana (ambos expresidentes que se oponen a los acuerdos). Respetamos su oposición, pero transcurrido el plebiscito creo que los colombianos nos tenemos que encontrar todos.
Image copyrightGETTY IMAGESImage captionEl expresidente Álvaro Uribe es un férreo opositor al acuerdo que se llegó con las FARC.
¿Pero hay alguna línea roja?
Pues claro. Las FARC han hecho el compromiso de romper, por ejemplo, todo vínculo con el narcotráfico; si se reactivaran esos vínculos, quienes lo hagan –no hablaría yo de todas las FARC–, si un frente o una facción lo hace, lo claro es que sale del acuerdo y tiene que enfrentar el rigor de la ley y la persecución del Estado.
Le hago una confidencia: ante la hipótesis de que un grupo de exmiembros de las FARC regrese a actividades de narcotráfico, ¿sabe qué nos han dicho las FARC? «Bueno, combátanlos, nosotros estamos de acuerdo en que los combatan».
Yo creo que las FARC van a cumplir; creo que el gobierno va a cumpir.
Hay una tendencia en Colombia: lo que está en el papel es una cosa, pero lo que ocurre en la realidad suele ser muy distante de eso. ¿Cómo evitar que ocurra esto con el acuerdo de La Habana?
Sí, hay como una especie de fetichismo de la ley.
En Colombia tenemos un problema, es cierto lo que usted dice, hay como la idea de que uno escribe una ley y resolvió el problema. Y normalmente no es así.
Los acuerdos los critican porque son detallados, pero son detallados justamente porque establecimos mecanismos y procedimientos.
Luego viene un enorme esfuerzo de carácter fiscal. El acuerdo llega en momentos en que la economía está menos bien que hace por lo menos dos años. Ahora vamos a tener que enfrentar decisiones de carácter fiscal, seguramente de crédito externo, una combinación de instrumentos.
En ese sentido hay un nuevo desafío.
Transcurrido el 2 de octubre, hecha la dejación de armas, creo que todas las fuerzas políticas deberían valorar eso y hacer un acuerdo en términos de cumplir los compromisos más allá de las discrepancias que estamos teniendo.
¿Un acuerdo escrito?
No necesariamente. Vuelvo al fetichismo de lo escrito.
No. Yo creo que hay que consolidar una decisión política, escrita o no, pero irreductible, de respetar el resultado, reconocer la dejación de armas, abrir espacios a la reintegración de las FARC a la vida civil, y me parece que eso abriría un proceso de mayor solidificación y cumplimiento de los acuerdos.
¿Están los colombianos preparados para los cambios que propone el acuerdo, especialmente la reforma rural y la política?
Yo creo que mayoritariamente sí.
Yo siento que sí hay sustento político para lograr la reforma rural, aún cuando también comprendo que hay sectores que se oponen. Hay terratenientes que no quieren, hay personas que han ido expandiendo el territorio que dominan, muchas veces explotado no en forma productiva, no de la mejor manera.
Image copyrightGETTY IMAGESImage captionLa reforma rural es uno de los pilares fundamentales del acuerdo entre el gobierno de Colombia y las FARC.
Pero yo creo que la gran masa crítica de los colombianos entiende que el campo se ha quedado, que los campesinos se han quedado, que hay todavía un porcentaje importante de colombianos que viven en el campo, que tenemos que mejorar la productividad.
En lo político hay resistencias, claro. Puede ser un tema más difícil. Puede haber personas enquistadas que se lucran de un sistema político, que echan mano de la corrupción, que es un enorme problema en Colombia, corrupción que luego se liga también con los círculos de poder local.
Pero me parece que crecientemente los colombianos, las masas urbanas, realmente anhelan una política más clara, más limpia.
La historia muestra que tradicionalmente después de una ruptura con las FARC pasan diez años antes de reiniciar conversaciones.
Lo que se pactó allí no se pactó sólo con las FARC, sino a propósito de las FARC.
Lo que se hizo fue decir: «Las FARC sin armas participan en un proceso de mejoramiento de la política». Pero esto se hace con las fuerzas políticas democráticas, y también con los movimientos sociales.
No es fácil, no va a ser fácil.
El estatuto de Roma dice que un alto mando tiene responsabilidad respecto a crímenes de subalternos cuando «hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos». Pero el acuerdo de La Habana exige que haya un control más directo de los subordinados. ¿No la están sacando barata los altos mandos, entonces?
La interpretación de lo que allí se dice es armónica con el estatuto de Roma. Pero no puede llegarse al extremo de decir, como ha ocurrido, que altos mandos del Ejército sin ningún conocimiento y sin haber podido saber, sencillamente a kilómetros de distancia, terminen siendo juzgados por decisiones de subalternos.
Yo creo que es una visión mucho más realista, más acorde con una realidad de un enorme país, que además pretende resolver una situación para evitar que terminemos con guerrilleros haciendo política y militares 20 o 30 años en la cárcel, que es algo que los colombianos no soportarían.
Una pregunta a nivel personal: ¿hubo momentos de jocosidad de risas con los negociadores de las FARC en La Habana?
Siempre tuvimos claro que este no era un proceso de socialización, de festividades, la idea de que uno socializa y entonces termina generando confianza. Siempre lo entendimos como un trabajo, un trabajo en mangas de camisa, donde uno va a cumplir un oficio.
Image copyrightGETTY IMAGESImage captionDe la Calle sostuvo conversaciones durante cuatro años con los líderes de las FARC.
Pese a eso, es claro que con el paso del tiempo lo que se generó fue –no confianza en las personas necesariamente– pero sí confianza en el proceso y en las garantías. Y un diálogo cada vez más franco.
Y luego, claro, pequeños momentos de risa o de intercambio de opiniones humanas, simplemente como colombianos.
¿Se imagina de aquí a diez años ser amigo de uno de los miembros del equipo negociador de las FARC?
La palabra amigo me parece como muy dura.
No necesariamente.
Al principio pasó una cosa muy interesante: había una gran retórica de las FARC, y hubo un momento en que yo les dije: «Miren, esto no es un ejercicio de convencimiento; no los vamos a convencer a ustedes, ustedes no no van a convencer a nosotros, y no nos convencimos mutuamente».
(Amigos no), pero interlocución yo creo que tendremos permanentemente.
El 29 de septiembre se llevará a cabo el acto simbólico en los siete departamentos que conforman la región.
Los secretarios de educación de la Región Caribe se reunieron este miércoles en el edificio de la gobernación de Barranquilla para definir la iniciativa de realizar el Plebiscito Escolar, el cual consiste en jornadas de pedagogía y socialización sobre los acuerdos de Paz.
El 29 de septiembre se llevará a cabo el acto simbólico en los siete departamentos que conforman la región. El objetivo, dijo el secretario de educación del atlántico, Dagoberto Barraza, es involucrar a jóvenes y niños entorno a una sana discusión de la participación de toda la comunidad en el plebiscito por la paz el dos de octubre.
En la reunión, el gobernador del atlántico, Eduardo Verano, explicó a los secretarios que el proyecto, presentado inicialmente en el departamento, consiste en hacer pedagogía que promueva una discusión sobre los acuerdos. Agregó que los jóvenes son de suma importancia y que tienen que vivir el proceso de una manera activa. «Son los que recibirán las consecuencias de la decisión que tome Colombia en la urnas», comentó el mandatario durante su intervención.
De acuerdo con Barraza son alrededor de 800 mil estudiantes de las instituciones educativas de toda la Región Caribe los que participarán en un Plebiscito Escolar. «El sentido de la iniciativa es que los jóvenes interactúen en la discusión con profesores en las aulas de clase para que adopten una posición en un posible post conflicto», indicó Barraza.
Asia/Corea del Norte/11 de Septiembre de 2016/Fuente: El Universal
Corea del Norte llevó a cabo este viernes su quinta prueba nuclear, la segunda este año y con la mayor potencia hasta el momento, que provocó un sismo de magnitud 5,0 y una amplia condena de sus vecinos.
A modo de comparación, la bomba lanzada por Estados Unidos en la japonesa Hiroshima era de 16 kilotones.
También los medios estatales del país estalinista confirmaron la prueba y señalaron que fue un éxito.
El terremoto se detectó cerca del sitio de pruebas nucleares de Punggye-ri, donde en enero Corea del Norte ya había llevado a cabo su cuarta prueba nuclear, según informó el Estado Mayor surcoreano.
El país ha realizado todos sus ensayos atómicos subterráneos en estas instalaciones desde 2006. Recientemente, imágenes satelitales habían mostrado actividades que podrían indicar la preparación del quinto test.
Se estima que la prueba fue planificada para coincidir con el 68 aniversario del régimen de Pyongyang, creado por Kim Il Sung y ahora liderado por su nieto Kim Jong Un.
La presidenta de Corea del Sur, Park Geun Hye, condenó el ensayo como una provocación que derivará en más sanciones internacionales. Seúl usará «todas las medidas posibles» para forzar a su vecino del norte a abandonar su programa nuclear, dijo.
El secretario del Gabinete de Japón, Yoshihide Suga, aseguró que el programa nuclear norcoreano «socava gravemente» la paz y la seguridad internacionales y anunció que Tokio analizará más sanciones.
El primer ministro nipón, Shinzo Abe, había señalado antes de que se confirmase el test que sería «absolutamente inaceptable y tendremos que interponer una fuerte protesta». Japón confirmó que solicitará una sesión especial del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El Consejo Nacional de Seguridad surcoreano convocó una reunión de emergencia tras los informes, anunció un portavoz de la oficina presidencial en Seúl.
En Washington, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Ned Price, señaló: «Estamos al corriente de la actividad sísmica en la península coreana cerca del lugar de pruebas nucleares norcoreano». En declaraciones citadas por los medios añadió que están «monitoreando y analizando la situación en estrecha coordinación» con sus aliados regionales.
China, aliado tradicional de Pyongyang, señaló que ha activado el plan de emergencia, el segundo nivel de alerta de cuatro en total ante emergencias ambientales y ha comenzado a analizar la radiactividad en su frontera.
Por el momento no se han detectado niveles de contaminación anormales en las tres provincias del noreste de China, indicó el Ministerio de Medio Ambiente en Pekín. No hubo más reacciones por parte del Gobierno chino hasta ahora.
Tras la prueba nuclear en enero y el controvertido lanzamiento de un supuesto cohete espacial en febrero, la situación en la región es muy tensa. A pesar de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas endureció las sanciones contra Corea del Norte, el Gobierno de Pyongyang continuó con sus pruebas de misiles.
El lunes, Corea del Norte disparó tres misiles balísticos de medio alcance hacia el mar de Japón mientras en la vecina China se celebraba la cumbre del G20.
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