El 46% de la población de las zonas rurales vive en pobreza. Sin acceso a servicios de salud y educación de calidad, con un restringido acceso a agua y saneamiento, con limitada conectividad y caminos rurales en mal estado que reducen sus posibilidades de acceder a mercados. Sin mercados no hay ingresos y sin ingresos no es posible escapar de una trampa de pobreza. En el Perú existen 2′128.282 unidades agropecuarias dedicadas a la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura y pastoreo, administradas y operadas a nivel familiar, con extensiones de tierra de hasta diez hectáreas. ¿Cómo hacerlas sostenibles?
Pedro Castillo pasó a segunda vuelta gracias al voto rural. En regiones como Apurímac, Huancavelica y Ayacucho, obtuvo más del 50% de los votos. Un maestro rural que decía conocer bien los problemas del campo y que durante la campaña presidencial había ofrecido una segunda reforma agraria a través de la cual profesionalizaría el campo, llevaría créditos y abriría mercados. En lugar de ello, y tras diez meses de Gobierno, Pedro Castillo ha generado una crisis en el sector más abandonado del país: el campo. Desde su llegada al poder, Castillo ha tenido cuatro ministros de Desarrollo Agrario. Ninguno de los cuales tiene la experiencia ni la capacidad necesaria para liderar el Midagri. Más aún, el Gobierno se ha encargado de copar el ministerio con personas sin conocimiento del sector, lo que es gravísimo, ya que no se puede gestionar un sector que no se conoce.
Actualmente, existe en el Perú un déficit de 180 toneladas de fertilizantes. Y si bien es cierto que la escasez de fertilizantes es global y agravada por la guerra Rusia-Ucrania, el Gobierno debió haber tomado las medidas necesarias para mitigar la crisis que se avecinaba. Pero ¿cómo hacerlo si el Gobierno ha sido capturado por personas sin ninguna capacidad de gestión pública? Como consecuencia, la campaña agraria que empieza en agosto no tendrá la productividad esperada. Y aquí vale el jalón de orejas para quienes desde los niveles socioeconómicos medios y altos del país, con suficiente acceso a educación e información como para poder entender que Pedro Castillo no tenía ni la capacidad ni la experiencia y mucho menos las ideas adecuadas para dirigir el destino del Perú, votaron por él en el mayor ejercicio de irresponsabilidad cometido contra el Perú en los últimos años. La destrucción de la institucionalidad y el copamiento del Estado por personas sin conocimientos está destruyendo todo lo que el país había avanzado en los últimos 30 años. El sector agrario es solo un ejemplo.
La falta de acción coordinada entre las instituciones públicas que operan en el sector, como Agro Rural, Sierra Azul y las Gerencias Regionales Agrarias, impide que se aprovechen las complementariedades y posibles sinergias y los resultados no corresponden con el nivel de gasto. No existe inversión por resultados ni programas de desarrollo económico rural, al no ser considerados rentables. Mientras que la falta de capacidad de gestión pública y de voluntad política hace que los grandes proyectos de irrigación no se concreten. Esta semana se supo que la firma de la adenda que permitiría el reinicio de la construcción de la etapa III de Chavimochic fue suspendida.
El campo no debe ser visto como un problema, sino como la gran oportunidad que es. Para acabar con las trampas de pobreza y hacer sostenibles las unidades agropecuarias, es necesario que se organicen e inserten en cadenas productivas que mejoren su competitividad e ingresos. Para ello, es preciso trasladarles tecnología, asistencia técnica y lograr que accedan a fuentes de financiamiento. Necesitamos, además, inversión público-privada en carreteras y cadenas de frío. Ello solo se logrará si el sector privado ve al pequeño agricultor como una oportunidad de negocio a través de la formación de alianzas. El sector privado tiene la capacidad y la experiencia para desarrollar el sector y generar escalas suficientes para crear impacto permanente en la reducción de la pobreza a través de la generación de riqueza, la transformación de la agroindustria en la costa lo demuestra.
Del 21 al 25 de junio se va a celebrar en Berna, Suiza, el 8º Congreso Mundial de Agricultura de Conservación, planteado este año como evento virtual a causa de la pandemia del COVID-19. Tan alta es la importancia dada a la Agricultura de Conservación en el mundo y para la Política Agraria Comunitaria en Europa que el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Comisarios Europeos y miembros del gobierno suizo serán ponentes en la sesión de apertura.
La Agricultura de Conservación (AC) es un paradigma alternativo innovador de agricultura regenerativa, protectora del medio y sostenible que está reemplazando en todo el mundo a la degradante agricultura convencional basada en la labranza. AC se ha extendido globalmente a más de 205 millones de hectáreas de tierras de cultivo por todos los continentes y agroecologías terrestres.
El área global de AC se incrementa anualmente más de 10 millones de hectáreas desde la campaña 2008/09, área igual al tamaño de Portugal. Pequeños y grandes agricultores en todo el mundo llevan a cabo exitosamente prácticas de conservación medioambientalmente efectivas para alcanzar esta notable transformación. Los sistemas de AC están presentes en todos los continentes a través de un amplio rango de agrosistemas en zonas templadas, subtropicales y tropicales. La adopción de AC está ocurriendo en todos los sistemas terrestres tanto secano como regadío abarcando sistemas de cultivos anuales y permanentes, incluyendo plantaciones arbóreas, sistemas agroforestales, agroganaderos, arrozales y agricultura ecológica.
La agricultura de conservación ofrece un amplio rango de productividad, beneficio económico, ambiental y social para el agricultor y la sociedad. Estos beneficios incluyen mejora de los rendimientos, su estabilidad y rentabilidad, optimizado y reducido uso y coste de producción de insumos, incluyendo agroquímicos, gasoil, tiempo y capital, control de la erosión y la degradación del suelo, mejora de la biodiversidad, adaptabilidad y mitigación del cambio climático, así como mejora de los bienes públicos y servicios ambientales como la mejora del agua, de la cuenca hidrológica, reducción de la erosión y la contaminación, ahorro en el uso del agua, protección ante inundaciones, secuestro de carbono, reciclado de nutrientes, reducción en el uso de la energía y emisiones de gases efecto invernadero y servicios de polinización.
En el siguiente link se puede acceder al programa del Congreso siendo el discurso de bienvenida y discurso inaugural a cargo de Dongyu QU, Director General de la FAO, y con la participación de la Comisión Europea y del Gobierno suizo:
Janusz Wojciechowski, Comisario de Agricultura, UE
Virginijus Sinkevičius, Comisario de Medio Ambiente Océanos y Pesca, UE
Norbert Lins, Presidente, Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, Parlamento Europeo
Christoph Ammann, Miembro del Cantón de Berna y Ministro de Economía, Energía y Medio Ambiente, Suiza
Christian Hofer, Director, Oficina Federal Suiza de la Agricultura, Suiza
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado este martes la convocatoria de la duodécima edición de los Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, correspondientes al año 2021.
Según dicha convocatoria -cuyo plazo termina el 4 de junio, su finalidad es distinguir proyectos nuevos, excelentes, originales e innovadores realizados por mujeres rurales y actuaciones que reconozcan el trabajo y el papel de las mujeres en el medio rural.
Otro de los objetivos es promover la incorporación e inserción laboral de las mujeres en el territorio.
Los beneficiarios, que pueden ser personas físicas o jurídicas, tendrán un mes para presentar la solicitud para optar a los galardones, que estarán premiados con un primer, segundo y tercer premio de 18.000 euros, 12.000 euros y 7.500 euros, respectivamente.
El MAPA, en un comunicado, ha detallado las cinco categorías del premio.
El “Premio excelencia a la innovación en la actividad agraria” está destinado a proyectos que utilicen tecnologías agrarias, ganaderas o forestales que redunden en el avance de un sector sostenible, eficiente en la obtención de productos de calidad, que responda a la demanda de las consumidoras y consumidores y que puedan integrar estrategias de comercialización y promoción.
El “Premio excelencia a la innovación en la actividad pesquera o acuícola” galardonará a las mujeres que impulsen proyectos que utilicen tecnologías pesqueras o acuícolas que redunden en el avance de un sector sostenible, eficiente en la obtención de productos de calidad, que responda a la demanda de las consumidoras y consumidores y que puedan integrar estrategias de comercialización y promoción.
El MAPA quiere promover la inserción laboral de las mujeres rurales. Efeagro/ Pablo Martín
El “Premio excelencia a la innovación en diversificación de la actividad económica en el medio rural o zonas costeras rurales” se destinará a las autoras de proyectos que diversifiquen la actividad económica del medio rural, ligados, entre otros, a la industria agroalimentaria, a la industria de los productos de la pesca o la acuicultura, a la prestación de servicios a la agricultura y la silvicultura.
Además, a las actividades relacionadas con la prestación de servicios y la integración social y a las actividades turísticas. Los proyectos deberán favorecer nuevos ámbitos económicos o generar empleo en el medio rural o en las zonas costeras rurales.
El “Premio excelencia a la comunicación” reconocerá los trabajos en los ámbitos de la comunicación, la información los medios de difusión que hayan contribuido a difundir la actividad de las mujeres en el medio rural o en zonas costeras rurales, su reconocimiento social y su promoción nacional e internacional.
Al “Reconocimiento especial por la trayectoria vinculada al apoyo a las mujeres en el medio rural“, de carácter honorífico y sin dotación económica, podrán optar aquellas mujeres o entidades en cuya dirección participe una mujer y que hayan tenido un papel destacado en el apoyo, promoción y puesta en valor de las mujeres en el medio rural o en zonas costeras rurales.
Fuentes: IPS [Foto: Un agricultor familiar entre las plantas de papaya que cultiva en su finca, donde cuenta con una presa subterránea, una de las formas de acopio de agua de lluvia en la ecorregión del Semiárido, en la región del Nordeste de Brasil. La agricultura familiar ha sido golpeada en el país por las medidas en su contra del Gobierno de Jair Bolsonaro y el impacto de la covid-19. Mario Osava / IPS]
La inseguridad alimentaria despegó con fuerza en Brasil y ya afecta a más de la mitad de la población, 59,4 o 55,2 por ciento según dos estudios. La pandemia acentuó la tendencia iniciada en 2014 y agravada por el actual gobierno de extrema derecha.
Brasil tenía entonces 212 millones de habitantes. En inseguridad alimentaria grave, con privaciones, estaban 31,8 millones de brasileños o 15 por ciento del total. En un grado moderado, en que ocurre restricción de cantidad y diversidad de alimentos, vivían casi 27 millones u 12,7 por ciento de la población nacional.
Una cantidad un poco mayor, 31,7 por ciento, estaban en situación menos grave, pero aproximándose a la posibilidad de carecer der dinero para alimentarse adecuadamente.
El total en los tres grados de inseguridad alimentaria, 59,4 por ciento, más que dobla el 22,6 por ciento de 2013, el mejor resultado en las encuestas hechas desde 2004 con intervalos irregulares de tres a cinco años.
Ese cuadro seguramente se agravó, ya que la covid-19 volvió a propagarse con una intensidad sin precedentes en Brasil. El total de muertos en los tres primeros meses y medio de este año ya suma 166 935 y pronto alcanzará los 194 949 de todo el año pasado, ya que el promedio diario actual supera las 3000 muertes.
Además terminó en diciembre la ayuda de emergencia que el gobierno aportó a 66 millones de brasileños pobres o desempleados desde abril de 2020, por la suma mensual de 600 reales (110 dólares) en los tres primeros meses, luego reducida a la mitad.
Pese al agravamiento de la crisis sanitaria, el gobierno tardó en reanudar ese auxilio. Solo a fines de marzo aprobó una transferencia limitada a 250 reales (45 dólares) mensuales como promedio y durante solo cuatro meses. Además redujo los beneficiarios a 44 millones. Quedó excluido un tercio de los asistidos en 2020.
“En diciembre acabaron también las grandes donaciones de las empresas e instituciones” para la distribución de alimentos a los sectores más vulnerables, señaló Rodrigo Afonso, director ejecutivo de Acción de la Ciudadanía, una red de comités de solidaridad contra el hambre distribuidos en todo el país.
Un grupo de niños almuerza en su escuela, en Itaboraí, a 50 kilómetros de Río de Janeiro, antes del cierre de los centros educativos por la covid. Los alimentos frescos para los almuerzos y meriendas en los centros de educación pública de Brasil son suministrados por productores locales, mediante el Programa Nacional de Alimentación Escolar que asegura una cuota de 30 por ciento de las compras a la agricultura familiar. Foto: Mario Osava / IPS
En 2020 esa organización sin fines de lucro obtuvo el equivalente a nueve millones de dólares en donaciones, principalmente de grandes empresas, y pudo llevar alimentos a cuatro millones de personas. Pero a fines del año pasado perdí la ilusión por el peso de la pandemia y cayó la ayuda, lamentó a IPS por teléfono desde Río de Janeiro, donde tiene sede su asociación.
La penuria de recursos se generalizó entre las numerosas organizaciones solidarias que complementaron la acción del Estado y ayudaron a evitar una tragedia social aún peor en 2020.
Menos mal que el choque con la realidad de las consecuencias del agravamiento de la pandemia en Brasil, llevó a las empresas a reanudar sus donaciones. “Desde mediados de marzo ya recaudamos 17 millones de reales (tres millones de dólares) y la meta para este año es duplicar la suma y la cantidad de personas atendidas en 2020”, anunció Afonso.
Hay un cierto agotamiento de las empresas y otros donantes, pero “la vacunación ofrece un horizonte, alguna esperanza de mejora del cuadro”, favorece un esfuerzo de movilización final, sostuvo.
En todo caso, el desafío se ahondó para la sociedad, llamada a ampliar su papel ante el “vacío de gobierno” en la protección social y sanitaria, concluyó.
“El auxilio de emergencia de este año es mejor que nada, pero no alcanza para alimentar una familia”, criticó Adriana Galvão, asesora técnica de AS-PTA Agricultura Familiar y Agroecología en el estado de Paraíba, en la región del Nordeste de Brasil.
Una feria popular, en Sousa, una ciudad del estado de Paraíba, en el noreste de Brasil, abastecida por agricultores familiares de las localidades rurales vecinas. En general esas ferias tienen una parte de productos orgánicos o agrocecológicos, pero no han podido celebrarse en buena parte, desde que la pandemia de covid irrumpió en el país, hace 13 meses. Foto: Mario Osava / IPS
La organización no gubernamental, conocida por las siglas de su nombre original, Asesoría y Servicios a Proyectos en Agricultura Alternativa, es una de las pioneras en promover la agroecología en Brasil, a partir de sus acciones junto a agricultores familiares.
Su presencia en el Nordeste es clave porque se trata de la región que concentra más de mitad de la agricultura familiar brasileña y es la más pobre.
La inseguridad alimentaria allí afecta a 73,1 por ciento de su población, según el estudio del grupo Alimento para Justicia. En comparación, la región en mejor situación, el Sur, registró 51,6 por ciento.
En los territorios semiáridos del Nordeste “se vive un momento de grave tensión, a la espera de lluvias para sembrar”, única forma de aliviar la crisis, ya que los agricultores familiares no son contemplados por el auxilio gubernamental y sufren el derrumbe de políticas públicas que aseguraban sus avances en este siglo, resumió Galvão.
“Empezó a llover, pero los campesinos que leen la naturaleza no esperan lluvias generosas este año”, observó la activista, graduada en biología y coordinadora de acciones de empoderamiento de las mujeres en la región de Borborema, en el centro-este de Paraíba.
La Garantía-Cosecha, un seguro para pérdidas de por lo menos mitad de la siembra, es clave para la agricultura familiar, ante la irregularidad de las lluvias, destacó.
Pero desde su llegada al poder en enero de 2019, el actual gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro está desactivando gradualmente ese y otros programas que mejoraron la producción y la vida campesina.
Las cisternas para el acopio de agua de lluvia, con sus diferentes formas y usos, son ya parte del paisaje de la ecorregión del Semiárido de Brasil, y han permitido dejar atrás las hambrunas y mortandades del pasado cuando llegan las cíclicas sequías a la región del Nordeste. Pero el gobierno de Jair Bolsonaro ha diezmado ese y otros programas de apoyo a la pequeña agricultura. Foto: Mario Osava /IPS
La interrupción del Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE), debido al cierre de las escuelas por la pandemia, amplía doblemente la inseguridad alimentaria, al dejar los niños sin la merienda diaria y al anular ventas determinantes para la agricultura familiar, explicó Galvão a IPS por teléfono desde Campina Grande, en Paraíba.
La legislación en la mayor parte del país obliga las escuelas o municipios a comprar a la pequeña agricultura local por lo menos 30 por ciento de la merienda escolar, lo que la abarata y la diversifica con productos frescos.
Con las escuelas cerradas, algunas alcaldías mantuvieron esas compras y distribuyen los alimentos en canastas a las familias de los alumnos pobres, pero son casos excepcionales.
La agricultura familiar, responsable de 70 por ciento de los alimentos consumidos en el país, “no dejó de producir durante la pandemia, pero sufrió una retracción del consumo” que amenaza la seguridad alimentaria de todos, apuntó José Francisco de Almeida, secretario de Política Agrícola de la Federación de los Trabajadores Rurales Agricultores y Agricultoras Familiares del Estado de Ceará.
La paralización del comercio y el transporte en Ceará, sorpresivo, dejó los agricultores sin acceso al mercado y cerró las ferias callejeras. “Perdimos tomates, animales listos para abate. Con las pérdidas, se redujo nuestra capacidad de invertir”, diagnosticó Almeida a IPS.
Además el gobierno de Bolsonaro dificulta el crédito a la agricultura familiar y va suprimiendo programas que fomentaron el sector en las últimas décadas, con medidas que agravan la crisis ya representada por 14 millones de desempleados y gran aumento de mendigos en las ciudades, punta del hambre que se disemina, acotó.
Además de la Garantía-Cosecha y el PNAE, el gobierno socava programas como el de Adquisición de Alimentos (PAA), que abastece instituciones asistenciales con productos de la agricultura familiar, el de cisternas de acopio de agua de lluvia para consumo y producción, y el de fomento de la productividad de “más alimentos”.
Esa política contra la pequeña agricultura agrava la crisis, al herir a un sector que, en Ceará, representa 48 por ciento del producto agrícola, genera más empleo que la agricultura industrial con menos tierra y produce la mayor parte de los alimentos, 70 por ciento de la leche, por ejemplo, arguyó Almeida por teléfono desde Redenção, en el interior de Ceará, donde cultiva 80 hectáreas de tierra.
En las comunidades argentinas, las mujeres cuestionan: «¿cómo no vamos a luchar? ¿Nos secamos junto a la tierra?”
Desde los cortes de ruta al pie del Cerro hace más de una década, la defensa de las fuentes de agua en los Andes sigue vigente hasta hoy, cuando la minería a cielo abierto se presenta como una solución a esta nueva crisis que enfrentamos. En esta lucha contra las corporaciones, la labor de las mujeres es indispensable y muchas veces anónima. Nos permitimos un recorrido por tres provincias para replicar las voces de las guardianas del agua.
La minería es como una moneda que refleja en una de sus caras el extractivismo, y en la otra el capitalismo neoliberal, con las que paga un modelo de desarrollo insostenible al que suele llamarse vulgarmente “progreso”, enmarcado por un mercado omnipresente que garantiza la impunidad y el beneficio de las corporaciones transnacionales y las élites económicas, mientras amenaza los derechos de los pueblos y la naturaleza. Los gobiernos supeditan las políticas públicas a este modelo, vulnerando el derecho al agua, que es un derecho colectivo y se vincula íntimamente con los procesos comunitarios y la defensa de los territorios y los bienes comunes.
En la provincia de San Juan, en Argentina, existe Jachal, un departamento situado al norte de la provincia y al este del emprendimiento Veladero, una mina a cielo abierto que explota oro y plata. Allí funcionaba el grupo Madres Jachalleras, un grupo de mujeres que comenzó a luchar en el año 2002, cuando se hace presente la minería en la comunidad consultando acerca de la opinión sobre el cuidado del medio ambiente, a pesar de que estaba instalada desde 1996 sin consulta previa.
“La promesa del progreso era el sueño de todos, porque no habíamos visto con nuestros propios ojos el impacto de la minería” afirma María José, integrante del grupo. “Cuando nosotras salíamos casa por casa a levantar firmas, la minera iba detrás nuestro con los televisores, los DVD y CD. (…) Llevan asistentes sociales, contratan psicólogos, los visitan en la casa para convencerlos de que está todo bien, (…) es un despliegue impresionante… Nosotros íbamos en bicicleta y ellos iban en unos autazos, a la gente le daba risa.”
En una zona semidesértica, el único río con el que contaba la población era el Río Jachal, y fue destruido por la minera. Primero se contaminó el agua, después comenzó a escasear el agua, y finalmente se han contaminado las napas. La denuncia de María José se remonta al año 2013, pero en los años 2015, 2016 y 2019 ocurrieron derrames de miles de litros de líquido contaminante a la fuente, lo que sigue empeorando la situación hasta hoy, y con total impunidad de la minera transnacional Barrick Gold, a cargo de la explotación del yacimiento. Desde enero de este año, la Asamblea Jachal No Se Toca, heredera de la iniciativa de las Madres Jachalleras, reclama que el sistema de distribución domiciliaria que trae agua del río, contiene mercurio y otros residuos peligrosos.
Al norte de Jachal se encuentra la provincia de La Rioja. Allí en 2012, se inicia un corte de ruta para impedir el paso de los camiones mineros hacia el cerro Famatina. En el campamento, emplazado en las afueras de Alto Carrizal, el poblado más cercano al pie del cerro, un nutrido grupo de vecines y activistas mantenían el bloqueo de manera colectiva. Muches visitamos este espacio por ese entonces. Cuando llegamos, recibimos nuestra asignación de tareas, entre ellas la guardia de la medianoche en una casilla al lado del camino donde estaba la barrera, en la que siempre había un grupo de personas en vigilia. En ese espacio conocimos a María Luisa “Muñeca”, a Daniela, a María Eugenia y muchas otras mujeres de todas las edades haciendo guardia a la par de los varones por el agua de su pueblo. Entre risas pero con solemnidad, ellas nos compartieron historias de lucha y de orgullo por su tierra. “Los cerros son nuestros, es del pueblo, y nosotros no queremos que lo exploten, es nuestro, es como si fuese nuestro hijo. Yo cuando dijeron que lo iban a explotar en 2006 ya me puse loca. (…) No todos tienen esa posibilidad de tener una belleza como tenemos nosotros”.
En La Rioja la minera no pasó esa vez, y luego tampoco. Hasta el 2018, la comunidad al pie del Famatina rechazó la instalación de cinco empresas mineras. Pero la disputa por el territorio nunca se termina porque las comunidades viven sobre montañas que albergan enormes riquezas, y son, por eso, asediadas por el poder económico.
Luego de muchos intentos y no pocos fracasos, las corporaciones transnacionales despliegan novedosas estrategias de legitimación, una de esas es plantear su autodenominado rol fundamental en la economía, mediante el cual derramarían riqueza para la recuperación de nuestro país luego de la crisis del COVID-19. Mientras esto dicen, las empresas mineras siguen funcionando en pleno periodo de aislamiento social, como si fuera una “actividad esencial”, y dispersan el virus en las poblaciones andinas, cómo ocurrió en Catamarca. Dice Silvina, de la Asamblea el Algarrobo de esa provincia: “nosotros pensamos que la actividad minera no es esencial. De hecho, los primeros casos de COVID-19 en Catamarca fueron de empleados mineros y consideramos desde la asamblea que el agua es esencial, no la actividad minera.”
Catamarca es la provincia al norte de La Rioja y allí encontramos a Andalgalá, una pequeña ciudad en la falda del Cerro Aconquija, en la que habitan 20.000 personas. Andalgalá padece hace 20 años la explotación minera y es una de las zonas más empobrecidas del país. En 1995 se otorga la concesión de Yacimientos Mineros Aguas del Dionisio (YMAD) a Minera Alumbrera. El proyecto Bajo de La Alumbrera es la mina en funcionamiento más grande de Argentina. Tiene denuncias y causas penales en tres provincias por contaminación y violación de derechos. Luego de la instalación de este yacimiento, se sucedieron otros proyectos de mayor envergadura, todos ubicados en el Aconquija.
Las poblaciones que resisten, padecen persecución ideológica y violencia institucional a través del uso de la fuerza policial contra las comunidades. Las mujeres denuncian que están expuestas no sólo al riesgo decurrente de ser defensoras del agua, como también al escarnio público del patriarcado. Una participante de un grupo feminista de la provincia denuncia “hablando con las mujeres vemos que se puede llegar a algo, pero va a ser un conflicto tremendo, y es exponerlas más de lo que ya están expuestas”
Una mujer agricultora de Andalgalá, cuya identidad prefiere preservar, nos dice: “la vida la garantizamos los pueblos, con nuestro cuerpo y con organización y con el trabajo diario función del alimento, función de la vida. Y cada vez se hace más difícil, hay cada vez más poblaciones en jaque por estos intereses. El pueblo sale a caminar todos los sábados desde hace más de 11 años en contra de la minería a cielo abierto y en defensa del agua. Milita la causa en su cotidianeidad, todos los días, y eso se va inculcando en nuevas generaciones de niños y niñas que lo incorporan.”
La disputa con la minería no es sólo por el agua, es sobre el modelo de desarrollo que encarna el tan inasible “progreso”. Para indagar sobre estos imaginarios, en 2020 entrevistamos a habitantes de la Cuenca del Salar del Pipanaco, en la provincia de Catamarca. Hablamos del agua y de sus proyectos de vida. Nos hablaron de resistencias, de la dignidad humilde y se preguntan: “¿Cómo no vamos a luchar? ¿Nos secamos junto a la tierra?”
Una mujer productora y tejedora campesina, al preguntarle sobre su visión del desarrollo contesta: “la vivienda en primer lugar, tendría que haber mucho más desarrollo en las cosas más importantes, más necesarias”. Para les campesines, el vínculo de la agricultura con el agua es esencial. “La conciencia de que toda el agua está relacionada y que conecta los pueblos, puedo decir que sí está, por qué los productores y la gente que habita los territorios, así lo ve.”
Para las agricultoras, “tenemos que pensar en un desarrollo inclusivo, en un desarrollo en relación, un desarrollo integral, un desarrollo mirado desde las comunidades, que quizás ya lo estamos haciendo… Es lo que se ve, es lo que está”. En Los Andes se habla de comunitarismo, y las comunidades se aglutinan en torno al agua.
“No se puede poseer ese algo sin dueño” dice el poema de La Reynamora Azul que leyó Rosa, integrante de la Asamblea el Algarrobo, en la Primera Cumbre Latinoamericana del Agua para los Pueblos, realizada en la ciudad de Catamarca en 2018. Miles son las guardianas del agua, y no se encuentran sólo en la montaña: la “madre de todas las batallas”, Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo, a los 87 años viajó a Catamarca y se dirigió a la multitud que asistió al Encuentro con estas palabras: “toda la lucha nuestra es puro compromiso, si no sale de adentro, no vale. (…) Hoy venimos a defender el agua. (…) Primero vinieron por nuestros hijos e hijas ahora vienen por el agua”. “A la protesta hay que transformarla en propuesta. Que nadie diga ‘estoy cansado’”, dice una luchadora incansable; y con su ejemplo, contagia todes les demás, porque el agua no se vende, ¡se defiende!
Natalia Salvático es coordinadora del área de agua y sustentabilidad de Amigos de la Tierra de Argentina.
Este fenómeno genera estragos en agricultura y ganadería; buscan que se brinden apoyos de manera eficaz a quienes lo sufren
Con el objetivo de atender el reclamo de los sectores de la agricultura y el agropecuario, el senador Gustavo Madero Muñoz, de la Fracción Parlamentaria del PAN, presentó una iniciativa para incluir a la sequía dentro de los fenómenos naturales considerados por la Secretaría de Gobernación para la Declaratoria de Desastre Natural.
Con este planteamiento, el legislador busca que los sectores de la población que sean afectados por las sequías puedan ser sujetos de apoyos extraordinarios de manera más ágil y eficaz.
La propuesta busca adicionar al concepto de fenómeno geológico de la Ley de Protección Civil, los maremotos, alud y olas extremas. También, plantea que se consideren como fenómenos hidrometeorológicos a las sequias, entendidas como la ausencia prolongada o deficiencia de precipitación pluvial. Por otra parte, propone establecer que en la Declaración de Desastre Natural se deben considerar ambos fenómenos sugeridos.
El promovente señaló que el agua es un recurso fundamental para el equilibrio de los ecosistemas, a través de procesos biológicos, físicos y químicos que se llevan a cabo mediante el ciclo del agua. De esta forma, apuntó, los espacios naturales se mantienen estables y saludables; además, es fundamental para el desarrollo de las diferentes actividades humanas como la generación de energía y la producción de alimentos que, sin duda, son necesarios para la satisfacción de nuestras necesidades de subsistencia.
Indicó que de conformidad con el Monitor de Sequía de México, publicado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y el Sistema Meteorológico Nacional, al 30 de septiembre de 2020, una gran proporción del territorio de Chihuahua y entidades aledañas como Durando, Nuevo León, Sinaloa y Sonora, tuvieron un gran nivel de sequía.
Asimismo, apuntó que de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CONAPRED), la sequía trae grandes consecuencias en el ámbito social y económico, pues conlleva a el hambre y la sed, que lleva a la muerte de flora y fauna, en algunos casos, hasta pérdida de la vida humana.
El legislador detalló que este fenómeno genera un punto negativo en la agricultura y ganadería, pues no solo se trata de la pérdida de las cosechas y el bajo nivel de producción pecuaria, sino, en ocasiones limita la siembra de productos de consumo humano y animal, así como la disminución industrial, llevando a la disminución del ingreso de las familias cuyo sustento son las actividades descritas.
Demandó no dejar de lado que, tan solo para Chihuahua, la actividad agropecuaria representa el 6 por ciento del Producto Interno Bruto estatal; “dimensionemos cuanto representan estas actividades al PIB de las demás entidades federativas que presentan esta problemática de sequía”.
Ante esta situación, Madero Muñoz propone realizar diferentes adecuaciones a diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil para que, dentro de otros temas como la adición de fenómenos geológicos y el establecimiento de los fenómenos naturales que deberán ser considerados por la Segob para la Declaratoria de Desastre Natural, se introduzca una definición del término “Sequía”.
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley de Aguas Nacionales, fue turnada a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos; y de Estudios Legislativos, Segunda.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ratificó hoy en esta capital su apoyo a Angola para impulsar la agroindustria mediante alianzas entre la academia y los productores.
El compromiso quedó suscrito este miércoles en un convenio de colaboración por el ministro de Economía y Planificación, Sérgio dos Santos, y la representante aquí de la FAO, Gherda Barreto, de cara a la implementación del proyecto Prodesi en el sector agropecuario.
Prodesi es el acrónimo de Programa de Apoyo a la Producción, Diversificación de Exportaciones y Sustitución de Importaciones, puesto en marcha por el Ejecutivo para acelerar el rendimiento de esferas que pueden ayudar a diversificar la economía nacional y reducir su elevada dependencia de la rama petrolera, sujeta a los vaivenes del mercado internacional.
El convenio con la FAO deberá contribuir a la mayor participación de la academia en el fomento de la agroindustria y la innovación tecnológica en las cadenas de valor, indicaron las partes.
También prevé facilitar el seguimiento por los centros de educación superior de los procesos relacionados con el desarrollo de capacidades y la formulación de planes de negocios para la agricultura, con el empleo de herramientas creadas por la FAO, entre ellas Rural Invest y My Coop.
Según el documento, es un interés común promover la capacitación sobre la llamada agricultura de contrato, tomando como base los cinco tipos de variantes propuestas por esa agencia de Naciones Unidas.
Coordinado por la cartera de Economía y Planificación, el proyecto AgroProdesi contará, además, con la intervención de los ministerios de Educación Superior, Agricultura y Pesca e Industria y Comercio, así como con entidades de FAO y universidades angoleñas.
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