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Amnistía Internacional denuncia graves violaciones a los derechos humanos contra manifestantes en Colombia

Publicación original: Amnistía Internacional

Las prácticas evidenciadas en el nuevo informe Cali: En el epicentro de la represión —que incluyen uso de armas letales contra manifestantes, uso excesivo e ilegítimo de armas menos letales como gases lacrimógenos, detenciones ilegales y torturas— son un reflejo de cientos de denuncias hechas por manifestantes, personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos y demuestran un modus operandi llevado a cabo a lo largo del país, dijo Amnistía Internacional hoy.

“Las autoridades colombianas violaron los derechos humanos de quienes se manifestaban pacíficamente en Cali, haciendo uso excesivo e innecesario de la fuerza con el objetivo de desarticularlas. Bajo la justificación del restablecimiento del orden, cientos de personas sufrieron lesiones terribles y decenas de jóvenes perdieron la vida. Lo acontecido en Cali es la manifestación de la respuesta violenta de las autoridades y los verdaderos objetivos detrás de esta represión: infligir miedo, desincentivar la protesta pacífica y castigar a quienes exigen vivir en un país más justo”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, se encuentra en una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado interno y donde proliferan los actores armados diversos que continúan dejando miles de personas desplazadas y asesinadas. Es la segunda ciudad con mayor población Afrodescendiente en Latinoamérica y se caracteriza por la desigualdad, la exclusión y el racismo estructural. Este contexto ha sido el detonante de que Cali concentre el mayor número de protestas, pero también de violaciones a los derechos humanos en el contexto de la represión.

Desde el 28 de abril, se han presentado manifestaciones multitudinarias en Cali, en el marco del “Paro Nacional”. En esta ciudad se concentran las más graves denuncias de la represión violenta sufrida por jóvenes manifestantes a manos de la fuerza pública y de grupos de civiles armados, y las autoridades continúan restringiendo el derecho a la protesta pacífica hasta la fecha.

«Las autoridades colombianas violaron los derechos humanos de quienes se manifestaban pacíficamente en Cali, haciendo uso excesivo e innecesario de la fuerza con el objetivo de desarticularlas».

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional realizó una exhaustiva verificación digital de material audiovisual, que da cuenta del uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de agentes de Policía Nacional, en particular, de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Asimismo, la organización documentó actos de paramilitarismo urbano cometidos por civiles armados, quienes acompañaron a agentes de la Policía Nacional y, con su aquiescencia y tolerancia, atacaron a manifestantes y personas defensoras de los derechos humanos.

El informe analiza tres acontecimientos específicos que acumularon diversos casos de violaciones de derechos humanos ocurridos en Cali. El primero ocurrió el 3 de mayo, cuando, en una incursión denominada “Operación Siloé”, agentes de Policía Nacional, en conjunto con agentes del ESMAD y del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional de Colombia (GOES), usaron armas letales, como fusiles Tavor 5.56 mm, contra manifestantes pacíficos. Esa noche se registraron al menos tres muertes por herida de arma de fuego, incluyendo la del joven Kevin Agudelo, cientos de personas lesionadas y varias detenciones arbitrarias.

El segundo evento analizado fue el ataque contra la Minga Indígena, llevado a cabo por civiles armados, en presencia de agentes de la Policía Nacional el 9 de mayo. Ese día resultaron heridas 11 personas indígenas, entre ellas la defensora de derechos humanos indígena Daniela Soto.

Por último, se presentan los hechos ocurridos el 28 de mayo, cuando agentes de la Policía Nacional usaron fuerza excesiva en coordinación con civiles armados y atacaron a los manifestantes en el barrio aledaño a la Universidad del Valle. Ese día una decena de jóvenes manifestantes, entre ellos Álvaro Herrera, Noé Muñoz y Sebastián Mejía, fueron golpeados y detenidos por civiles armados, quienes luego los entregaron a la Policía Nacional. Álvaro y Sebastián denunciaron haber sido sometidos a torturas y tratos crueles e inhumanos durante esa detención ilegal.

En el caso de Siloé, se recurrió de forma ilegítima y excesiva al uso de gases lacrimógenos – incluso contra manifestantes pacíficos que no tenían por donde dispersarse, a través de Venom, un sistema inapropiado para ser usado en operaciones de mantenimiento del orden público.

Los hechos documentados no fueron aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón de accionar violento por parte de las autoridades colombianas, quienes han respondido a la protesta con estigmatización, criminalización, represión policial ilegal y militarización. Cuando el presidente Iván Duque decretó la militarización de varias ciudades del país, incluyendo Cali, el 28 de mayo, lejos de dar un mensaje de diálogo, avivó las protestas al mandar a las calles cuerpos militares con más de seis décadas de formación para el conflicto armado.

Ante el anuncio de movilizaciones para el 20 de julio y la celebración de la Asamblea Nacional Popular, integrada por personas, colectivos y movimientos del Paro Nacional, en diferentes ciudades del país, incluyendo Cali, la Gobernación del Valle del Cauca dictó medidas restrictivas de movilidad de transporte y/o personas para ingresar al departamento del 16 al 22 de julio, limitando así el derecho a la protesta pacífica.

El informe destaca las recientes observaciones de la visita a Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y llama al Estado a cumplir con sus recomendaciones, así como a cooperar con y no obstaculizar la labor del recientemente creado Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia de la CIDH.

El informe insta a las autoridades colombianas a dar con prontitud una orden inequívoca de detener la represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad. Esto incluye la interdicción del uso de armas letales como medio de dispersión de multitudes y el uso de gases lacrimógenos contra reuniones pacíficas y/o de forma que implique un riesgo de causar daños excesivos e injustificados —de acuerdo con las 30 reglas para el uso de sustancias químicas irritantes en la aplicación de la ley que Amnistía Internacional publicó esta semana.

«En Amnistía Internacional esperamos que el proceso de reforma policial, anunciado por el presidente Duque, no sea solo una promesa de papel, sino que incluya las reformas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2020 y un cambio en el modus operandi represivo de la Policía Nacional frente a las manifestaciones pacíficas».

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Asimismo, se deben iniciar investigaciones diligentes, independientes e imparciales sobre las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos en el contexto del Paro Nacional, concretamente, en la ciudad de Cali y los casos presentados en el informe, tomando en cuenta todas las responsabilidades dentro de la línea de mando de la fuerza pública, así como en la participación de personas civiles armadas con su tolerancia. No debe prevalecer la impunidad ante estos graves delitos.

El 12 de julio Amnistía Internacional solicitó información sobre los tres casos documentados en el informe al Ministro de Defensa, al Director General de la Policía Nacional y al Fiscal General de la Nación, a fin de recibir sus comentarios en un plazo de diez días e incluirlos en el informe. El 23 de julio el Juez 158 de Instrucción Penal Militar envío su respuesta con información sobre investigaciones iniciadas bajo esa jurisdicción. Al 23 de julio, fecha de cierre del informe, no se ha recibido respuesta de las demás autoridades.

El 19 de julio el presidente Duque presentó públicamente “el proceso de transformación integral de la Policía Nacional” que, según indicó, tiene como sus pilares la priorización del enfoque de derechos humanos. A pesar de este anuncio, el 20 de julio Amnistía Internacional recibió reportes de agentes del ESMAD haciendo uso ilegal de la fuerza durante las protestas en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín, resultando en varias personas manifestantes heridas.

“En Amnistía Internacional esperamos que el proceso de reforma policial, anunciado por el presidente Duque, no sea solo una promesa de papel, sino que incluya las reformas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2020 y un cambio en el modus operandi represivo de la Policía Nacional frente a las manifestaciones pacíficas”, dijo Erika Guevara Rosas.

Cali: En el epicentro de la represión, violaciones a los derechos humanos durante el paro nacional 2021 en Cali, Colombia (Investigación. 30 de julio de 2021)

Sustancias químicas irritantes en la aplicación de la ley (Investigación, 30 de julio de 2021)

30 reglas para el uso de sustancias químicas en la aplicación de la ley (Investigación, 30 de julio de 2021)

Colombia: Amnistía Internacional denuncia la respuesta militarizada y represión policial de manifestaciones(Noticias, 4 de mayo de 2021)

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Informe PDF: Amnistía Internacional la Educación en Derechos Humanos En 2020

Por: Amnistía Internacional 

El año 2020 se caracterizó por la alteración. En todo el mundo, la gente se enfrentó al miedo, la incertidumbre y la convulsión conforme la COVID-19asolaba sus países. Los gobiernos introdujeron medidas de confinamiento
y de otros tipos para ralentizar y controlar la propagación de la COVID-19. El personal sanitario y otros trabajadores y trabajadoras de primera línea trabajaron incansablemente y poniendo con demasiada frecuencia en grave peligro su salud, y hasta su libertad cuando expresaban su preocupación por la seguridad. Incluso con el resurgimiento de la esperanza de la vacuna, los países más pobres se han encontrado de nuevo al final de la cola porque los países más ricos acapararon las vacunas para sí mismos. Las consecuencias sociales, económicas y para la salud de la pandemia han agravado la profunda desigualdad y discriminación y han puesto aún más de relieve la magnitud del cambio en materia de derechos humanos necesario para construir un mundo justo y equitativo para todas las personas.

Amnistía Internacional y su personal no se salvaron del trastorno causado por la COVID-19 y el informe sobre educación en derechos humanos (EDH) de este año es ante todo testimonio, y celebración, de la resiliencia, flexibilidad y adaptabilidad de la red de educadores y educadoras enderechos humanos de Amnistía. Los proyectos en curso se adaptaron rápidamente a los nuevos contextos y realidades haciendo uso de herramientas alternativas digitales y también analógicas, como talleres virtuales o alianzas con emisoras de radio comunitarias. Los proyectos nuevos abordaron las necesidades en materia de derechos humanos provocadas y complicadas por la pandemia. En este informe se destaca sólo una pequeña parte del trabajo realizado en todo el mundo y presenta una instantánea del panorama general.

La pandemia ha puesto de manifiesto y agravado las amenazas existentes contra los derechos humanos como, por ejemplo, a la salud, a la libertad de expresión y de reunión, a la intimidad, a la educación y los derechos de las mujeres. Conforme el mundo sigue abordando la amenaza sanitaria directa de la pandemia y avanzamos —como es de esperar— hacia un mundo pos-COVID-19, hay que afrontar con resolución estas amenazas para los derechos humanos.

La EDH desempeña un papel clave en el empoderamiento de la sociedad civil y ayuda a poner unos cimientos sólidos de defensa de los derechoshumanos. Aunque seguimos enfrentando grandes dificultades, este informe es un importante recordatorio de la valiosa y pertinente labor de EDH que tiene lugar en todo el mundo, una labor que también podemos aprovechar, reforzar y mejorar mientras avanzamos conjuntamente.

Descarga el informe completo aquí: Amnistía Internacional la Educcaion en Derechos Humanos en 2020

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La infancia en Nigeria: entre la violencia institucional y el yugo de Boko Haram

Reseñas/África/Nigeria/elpais.com

Un informe de Amnistía Internacional denuncia las atrocidades que viven los habitantes de las zonas controladas por Boko Haram sin el apoyo gubernamental y con programas de rehabilitación cuestionables financiados incluso por la UE

E.G. acababa de comenzar la secundaria cuando fue secuestrada por Boko Haram en su aldea, Gulak, en el este de Nigeria. En los cuatro años que pasó cautiva en el bosque de Sambisa, entre 2014 y 2018, no recibió más formación que la lectura del Corán tres veces al día y fue obligada a casarse con un miembro del grupo terrorista al que no conocía, con el que tuvo dos hijos.

Hoy, con 17 años, recuerda las brutalidades sufridas y las que presenció. «Mi marido era perverso y siempre me pegaba, diciendo que no estudiaba el Corán. (…) Fue una experiencia terrible. Fui testigo de diferentes castigos, desde disparar hasta apedrear y azotar. Una vez presencié la lapidación de un miembro de Boko Haram acusado de violación. Lo enterraron en una tumba, dejando solo su cabeza y luego lo apedrearon hasta que murió. En otra ocasión, vi cómo azotaron 80 veces a un hombre, tenía la espalda ensangrentada». Hasta que un día comenzó a planear con otras mujeres cómo escapar. De las 10 que lo intentaron, tres fueron atrapadas. E.G. lo consiguió, con su pequeño de dos años a su espalda y la bebé de cuatro meses en sus brazos.

Este es uno de los 234 relatos de mujeres, hombres y niños en el noreste de Nigeria que ha recabado Amnistía Internacional entre noviembre de 2019 y abril de 2020. Todos ellos describen la barbarie ejercida por Boko Haram, sobre todo contra los menores, convirtiendo en soldados a los niños y en esposas a las niñas. Y son miles. En 2017, la ONU estimó que este grupo armado había reclutado hasta entonces al menos a 8.000 pequeños, muchos a través del secuestro. Y esta práctica no ha cesado. Toda una «generación perdida» a la que las autoridades tampoco prestan el apoyo psicosocial y educativo que necesita, denuncia el informe Secamos nuestras lágrimas: el coste para la infancia del conflicto en el noreste de Nigeriaque la ONG ha publicado este miércoles.

Además de los secuestros a gran escala, como el de las 276 niñas de Chibok que desató una ola de solidaridad internacional, Amnistía Internacional pone el foco en abducciones individuales que suceden de forma «más cotidiana». En su informe, la organización documenta decenas de ellas, entre un sinfín de violaciones de los derechos humanos; 91 páginas repletas de relatos en primera persona plagados de latigazos, golpes, violaciones, dolor y violencia.

Escapar del grupo no les asegura a las víctimas un futuro prometedor. «Los que logran huir, acaban luchando por sobrevivir en campos de desplazados sin acceso a la educación; y, en el peor de los casos, son detenidos y recluidos durante meses, e incluso años, en pésimas condiciones», explica Olatz Cacho, experta en África de Amnistía Internacional España.

«Tan pronto como los niños puedan escapar del área de conflicto directo, deben volver a conectarse con lo que fue su infancia. Necesitan jugar, reír y reunirse con sus amigos; volver a la escuela. Deben estar en un entorno seguro donde puedan confiar en los adultos y sentirse amados y respetados. Sus necesidades básicas, como alimentos, agua y vivienda, deben satisfacerse para reducir el riesgo de explotación o violencia», sugiere Severine Courtiol Eguiluz, miembro de Médicos sin Fronteras en Nigeria, en un relato publicado en 2019 por la ONG que cuenta con programas humanitarios en la región. Sin embargo, lo que encuentran la mayoría de los críos tras el horror es más horror.

H. G. acabó en el campo de desplazados de Bama, donde recibió atención médica y alimentos  —insuficientes, según su testimonio—, para subsistir. «No tenía apoyo ni asesoramiento psicosocial». Después de cuatro años de cautiverio y cuatro meses refugiada, su padre no la reconoció cuando fue a buscarla para llevarla de vuelta a su hogar, en Madagali. «Una semana después, una organización cristiana nos llevó a Jos durante tres días. Oraron por nosotros. Nos preguntaron sobre nuestras vivencias con Boko Haram y nos dijeron que no permitiéramos que esas experiencias definieran nuestras vidas. Nos dijeron, a las que teníamos hijos, que los amásemos y que no descargásemos nuestras frustraciones sobre ellos. Después de aquello, no ha habido otro apoyo, ya sea del gobierno o de las ONG», relata la joven, que aún sueña con volver a estudiar mientras escucha los disparos cuando los terroristas atacan las aldeas vecinas. «Mis padres no pueden enviarme a la escuela porque no tienen dinero. La mayor ayuda para mí sería ir al colegio».

Una niña de 10 años vive con otros menores en un edificio abandonado en el campo de Abagana (este de Nigeria), que es usado como refugio por quienes huyen dela violencia.
Una niña de 10 años vive con otros menores en un edificio abandonado en el campo de Abagana (este de Nigeria), que es usado como refugio por quienes huyen dela violencia. BENEDICTE KURZEN (MSF)

«Solo el 25% de los niños tiene acceso a educación en el estado de Borno, esto es un lastre para el futuro de la región», subraya Cacho. «Boko Haram no quiere manifiestamente que los niños reciban formación, lo que consideran adoctrinamiento occidental», señala la experta. Prueba de ello son los ataques sistemáticos a las escuelas y el asesinato de maestros. En 2018, Unicef informó de que más de 1.400 infraestructuras educativas fueron destruidas durante el conflicto y que al menos 2.295 profesores habían sido asesinados, destaca el documento de Amnistía. Pero hay otros factores, como la pobreza y el hambre, que impiden que los padres puedan afrontar los gastos de escolarización y convierte a los niños en trabajadores, para poder contribuir a la canasta familiar y sobrevivir.

O. A., de Bama (estado de Borno), nunca había ido al colegio. «Yo era un ganadero. Desde que era niño, convivía con animales», le contó a los investigadores de la ONG. Un día estaba en el campo y Boko Haram se le llevó a él y su rebaño. Tenía 10 años. «Me quedé en la madrasa [escuela coránica] porque era demasiado pequeño». Cuando cumplió 12, le mandaron a entrenarse durante seis meses. Así fue como aprendió a usar su fusil AK-47 y se convirtió en un combatiente. «Me quedé con uno de los soldados en el lago Chad. Me usaron en los puestos de control», recuerda.

Lo que vino después no fue mucho mejor. O. A. llegó incluso a arrepentirse de huir de Boko Haram.  «Cuando mi hermano me vio, me llevó al Civilian Joint Task Force [fuerza que lucha contra el grupo terrorista] y me rendí». El joven, hoy de 16 años, fue sometido a un interrogatorio y enviado después a la Celda 7, para niños. «Estaba abarrotada. Tuvieron que enseñarme cómo acostarme. No podíamos girarnos cuando dormíamos debido a lo llena que estaba. Había solo un baño y éramos muchos. A veces tenía que esperar una hora», rememora. Los que no conseguían contenerse la orina o las heces eran golpeados. «No había mucha agua potable. Teníamos sed (…). Vi morir a una persona a causa de la sed».  En aquel centro de detención, pasó tres meses y solo pudo ducharse una vez. «Empecé a preguntarme por qué mi hermano me había llevado a ese lugar. ¿Quería matarme?».

Amnistía Internacional lanza su investigación para pedir al gobierno de Nigeria que libere a los niños recluidos en estos centros de detención. «Ya se han producido liberaciones masivas a finales de 2019 y principios de 2020, pero todavía no sabemos cuántos quedan dentro, pues el proceso es opaco», indica Cacho. «Incluso los investigadores, que tienen experiencia en diversos contextos en conflicto, estaban horrorizados con las condiciones de reclusión que les describían», agrega. Para la ONG, la mayoría de estas detenciones son «ilegales» pues los menores no son acusados ni procesados por ningún delito y ven negados sus derechos de acceso a asistencia letrada, a comparecer ante un juez o a comunicarse con sus familias. Un delito de les humanidad, según la organización, que calcula que al menos 10.000 personas, entre ellas muchos menores, han muerto bajo custodia gubernamental durante el conflicto.

O. A. sobrevivió a ese infierno y se benefició después de la Operación Corredor Seguro, un programa de desradicalización y rehabilitación de combatientes arrepentidos —niños y adultos— de Boko Haram, y que cuenta con apoyo financiero de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. El joven fue enviado, junto con otros 11 varones, al centro de reinserción en Gombe para recibir formación profesional. La vida allí, dice, era mejor. «Había suficiente agua, teníamos nuestra propia cama y un colchón para poder dormir bien. El lugar era higiénico», enumera. Allí, dice, le enseñaron el abecedario y los números. «Cómo deletrear». Finalmente, O. A. se decantó por formarse en cosmetología y fabricar productos de limpieza y jabones.

Pese a las mejores condiciones, la formación y el apoyo psicosocial que reciben los arrepentidos, Amnistía denuncia «grandes carencias» en este programa. «La mayoría de los hombres y niños en el centro no han sido informados de la base jurídica de su detención y todavía no tienen acceso a asistencia letrada ni a un tribunal para impugnar su detención», escriben los autores del informe. Algunos exreclusos explicaron que la atención médica era sumamente escasa. «Siete detenidos fallecieron tras recibir asistencia sanitaria inadecuada y las autoridades nigerianas ni siquiera informaron a sus familias, que tuvieron conocimiento de las muertes a través de detenidos liberados», asegura la ONG.

Y eso no es todo. El programa de formación profesional podría equivaler a trabajos forzados, advierte Amnistía, ya que la mayoría de los detenidos nunca han sido declarados culpables de ningún delito y fabrican todo tipo de artículos, desde zapatos hasta jabones y muebles, sin remuneración. “Ninguno de los principales donantes de Corredor Seguro autorizarían un sistema de detención prolongada e ilegal para sus ciudadanos. Entonces, ¿por qué lo permiten en Nigeria?”, se pregunta Osai Ojigho, directora de Amnistía Internacional Nigeria.

Las niñas como E. G. ni siquiera pueden acceder a este programa, con todas sus deficiencias, aunque lo deseasen para poder formarse y aprender un oficio. «Esto también se tiene que revisar, están marginadas», apunta la Cacho.

Preguntados por esta cuestión, desde Unicef Nigeria responden lo siguiente: “Los niños son extremadamente vulnerables en el conflicto del noreste de Nigeria, y su protección y necesidades deben seguir siendo la máxima prioridad tanto en la respuesta de seguridad como en la humanitaria. Los niños deberían seguir siendo solo eso, niños. Y como tal, deberían estar en las escuelas y con sus familias. Utilizarlos en el conflicto o mantenerlos en situación de detención prolongada tiene un impacto demoledor en sus vidas. Su protección es crucial para construir el futuro de Nigeria y, en consecuencia, de toda la región. Estos niños son, en primer lugar y ante todo, víctimas que, desafortunadamente, se han visto atrapadas en este conflicto. Unicef les apoya en su camino a la normalidad, es decir, con sus familias y comunidades”.

«No sé cómo podrán salir de semejante trauma, después de años de abusos de derechos humanos», reflexiona Cacho.

Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/05/26/planeta_futuro/1590488851_625908.html

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Amnistía Internacional presenta el informe: “Si eres mujer, indígena, pobre o LGBTI tienes que luchar mucho para que se escuche tu voz”

Redacción: Enric Llopis/Rebelión

Activista por los derechos de las mujeres en Arabia Saudí, Loujain al-Hathloul, de 30 años, fue detenida junto a otras defensoras en mayo de 2018 (se significó en las protestas contra la prohibición de conducir que enfrentaban las mujeres); denunció torturas y abusos sexuales durante los interrogatorios; una de las acusaciones contra Loujain al-Hathloul era mantener contacto con organizaciones extranjeras. “Continúa presa. No es la única. Actualmente varias mujeres están encarceladas por reclamar sus derechos y pedir el fin del sistema de tutela” en el país árabe, denuncia Amnistía Internacional en una campaña de recogida de firmas (durante 2020 Arabia Saudí presidirá el foro económico mundial del G-20, acogerá en enero la Supercopa de España de fútbol, el Rally Dakar y continúa liderando la coalición internacional que bombardea Yemen, con más de 100.000 muertos en cinco años de guerra, según la ONG estadounidense ACLED sobre datos y análisis de conflictos armados).

Patricia Gualinga, Nema Grefa, Salomé Aranda y Margoth Escobar, luchadoras del colectivo Mujeres Amazónicas, han sido objeto de ataques y amenazas de muerte; más de un centenar de mujeres (principalmente indígenas) de las siete nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana integran esta organización, que defiende la selva frente al extractivismo petrolero y minero. “Las autoridades de Ecuador han incumplido su deber de protegerlas e identificar a sus atacantes”, señaló en mayo de 2019 Amnistía Internacional, en referencia al presidente Lenín Moreno y la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Otro caso significativo, en Nigeria, es el de Esther Kiobel, quien, tras más de 20 años de lucha, consiguió en 2019 exponer sus argumentos contra la petrolera Shell en la causa abierta por un tribunal holandés. Junto a otras tres mujeres, demandó a la multinacional por considerarla cómplice de la dictadura militar (que gobernaba Nigeria) en el juicio irregular y el ahorcamiento en 1995 de sus maridos, miembros del Movimiento por la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP).

Amnistía Internacional ha presentado en el Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de València el informe Desafiar el poder, combatir la discriminación (noviembre de 2019); con información de 23 entrevistas realizadas en 21 países, el documento se centra en las defensoras de los derechos humanos, las personas defensoras de los derechos de las mujeres, cuestiones de género y sexualidad. “Si eres mujer y además perteneces a una minoría racial o eres indígena, pobre, lesbiana, bisexual, trans o trabajadora sexual tienes que luchar mucho más para que quienes tienen el poder escuchen tu voz”, declaró el exsecretario general de AI, Kumi Naidoo. En el acto de Valencia participó María Teresa Rivera, activista salvadoreña por los derechos sexuales y reproductivos actualmente asilada en Suecia (en 2012 fue condenada tras sufrir un aborto espontáneo a 40 años de prisión en El Salvador, de los que pasó cuatro y medio en la cárcel).

El informe Defensoras menciona como ejemplo a Aida Isela González Díaz, directora de Alianza Sierra Madre (ASMAC) que acompaña a los pueblos originarios Rarámuri y Ódami en la sierra Tarahumara, en el estado mexicano de Chihuahua; la Alianza denunció el pasado 19 de octubre que continuaba el acoso para despojar de sus tierras a las comunidades Ódami en el municipio de Guadalupe y Calvo; y en mayo, la muerte de la defensora ambiental Otilia Martínez Cruz, de 60 años, y su hijo de 20, ejecutados en el citado municipio por sicarios (los dos activistas eran familiares de Julián Carrillo, líder Rarámuri que se enfrentó a las concesiones mineras, la tala (ilegal) de bosques ancestrales y denunció la presencia del crimen organizado en la Sierra Tarahumara: fue asesinado en julio de 2018). El documento de AI pone de relieve también la figura de Iduvina Hernández Batres, cofundadora de la asociación SEDEM de Guatemala, que batalla desde 2000 por el control democrático de los servicios de seguridad e inteligencia del Estado; durante 50 años como defensora, ha tenido que huir a México, afrontar tres procesamientos penales y amenazas de muerte en Internet.

Otro caso resaltado es el de Zofia Marcinek e Izabela Mozdrzen, activistas en Polonia, donde el partido ultraconservador católico Ley y Justicia (PiS) gobierna desde 2015; en noviembre de 2017 fueron golpeadas al mostrar una pancarta con la consigna “Stop Fascismo”, en el contexto de la manifestación ultraderechista que conmemoraba en Varsovia el día de la independencia; además en octubre de 2016 participaron en las movilizaciones denominadas “Lunes negro”, en las que miles de mujeres rechazaron la prohibición total del aborto que se tramitaba en el Parlamento. En Brasil, Amnistía Internacional destaca el trabajo de Patricia de Oliveira da Silva, una de las promotoras de la Red de Comunidades y Movimientos contra la Violencia en Río de Janeiro; surgido en 2004, en este movimiento social participan habitantes de favelas y comunidades pobres, familiares y víctimas de la violencia militar y policial así como militantes populares. Patricia Oliveira se ha implicado, entre otras luchas, en exigir justicia por la masacre de la iglesia de la Candelaria, ocurrida en julio de 1993 en Río de Janeiro (ocho niños y adolescentes que vivían en la calle y una persona sin hogar murieron por los disparos de policías militares). Su hermano fue uno de los supervivientes.

El informe Defensoras cita otras fuentes, como el documento Ataques letales pero prevenibles, de 2017, también de AI (esta investigación apunta que, desde 1998, año en que la ONU aprobó la Declaración sobre personas defensoras de los derechos humanos, cerca de 3.500 defensores y defensoras fueron asesinados en todo el planeta); otra referencia es el análisis global de Fronte Line Defenders, que documenta 321 personas defensoras asesinadas en 2018 (la mitad había recibido amenazas previamente), de las que el 12% fueron mujeres; Colombia y México sumaron el 54% de los crímenes; asimismo, esta fundación hizo denuncia pública en 2018 de 623 violaciones de los derechos humanos contra activistas (uno de los casos señalados es el de la indígena nahua Dominga González Martínez, luchadora contra la privatización del agua en la comunidad de San Pedro Tlanixco, en el Estado de México; fue condenada a 50 años de cárcel y liberada junto a otros dos compañeros en febrero de 2019, tras pasar más de una década en prisión preventiva).

Otro informe destacado por AI es ¿Enemigos del Estado?, de la ONG Global Witness, publicado en julio de 2019; se registraron, según esta fuente, 164 asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente durante 2018, principalmente en Filipinas (30), Colombia (24), India (23) y Brasil (20); el mayor número de muertes (43) estuvo relacionado con el sector de la minería y las industrias extractivas; la estadística de la represión se concreta en casos como el de la indígena estadounidense Red Fawn Fallis, defensora del derecho al agua: fue condenada a cinco años de cárcel en 2018, tras su detención en las acciones de resistencia contra el oleoducto Dakota Access.

Amnistía InternacionaI se hace eco, asimismo, de los recuentos de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras: 1.747 agresiones a luchadoras –sobre todo por el territorio y el medio ambiente- en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua durante 2018; la red atribuye la responsabilidad principal a policías, militares, gobiernos estatales y federales (una de las últimas alertas, del pasado 29 de diciembre,se refiere a Karla Piota Martínez, víctima de intimidación e intento de asesinato en la comunidad garífuna de Masca, en el departamento hondureño de Cortés; Karla Piota Martínez es miembro de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), que denuncia una “estrategia para la expulsión de la comunidad garífuna de nuestro territorio ancestral” y el asesinato de 16 miembros –seis mujeres- del pueblo garífuna entre enero y octubre de 2019). “Nuestro pueblo afronta un plan de exterminio”, afirmó la coordinadora de OFRANEH, Míriam Miranda, en una entrevista a Iniciativa Mesoamericana el 5 de noviembre.

Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=264165

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