México / 14 de octubre de 2018 / Autor: El Financiero Bloomberg / Fuente: Youtube
![](https://otrasvoceseneducacion.org/wp-content/uploads/2018/10/Fi-750x410.jpg)
México / 14 de octubre de 2018 / Autor: El Financiero Bloomberg / Fuente: Youtube
México / 14 de octubre de 2018 / Autor: Fernando Camacho Servín / Fuente: La Jornada
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las universidades que reciben fondos públicos tienen observaciones por más de 14.6 mil millones de pesos en total, la mayoría generadas por anomalías como manejo inadecuado de fondos de jubilación, compra irregular de materiales, fallas en comprobación de gastos o falta de entrega de los trabajos por los cuales firmaron contratos con entidades de gobierno.
En un análisis de cada una de las 55 casas de estudio auditadas por el ente revisor, se pudo verificar que el total de recursos por recuperar o aclarar por todas ellas –en las cuentas públicas de diversos años– es de 14 mil 624.3 millones de pesos.
A inicios de este mes el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que su administración está dispuesta a rescatar
financieramente a varias universidades públicas estatales donde la falta de recursos ha generado huelgas y falta de condiciones básicas para el estudio, pero demandó que haya rendición de cuentas sobre los motivos que condujeron a esa crisis.
Muchas de las irregularidades detectadas se relacionan con contratos firmados entre las universidades públicas y organismos gubernamentales –como las secretarías de Agricultura (Sagarpa), Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario (Sedatu)– para hacer trabajos que los centros educativos subcontrataron con empresas privadas y no se concretaron.
Sin embargo, hay otras observaciones que se refieren a la operación cotidiana de las casas de estudio, en las cuales no hubo un manejo adecuado de los recursos públicos que reciben de la Federación.
Entre las universidades señaladas por haber hecho mal uso de contratos con entidades gubernamentales se encuentra la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde se encontraron irregularidades por mil 632.3 millones de pesos, producto de fallas en las cuentas públicas de cuatro años diferentes.
Ejemplo de los malos manejos en que incurrió ese centro educativo es el de los contratos que firmó con la Sedesol por 324 millones 632 mil pesos, para fortalecer la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, los cuales a su vez subcontrató por completo con dos proveedores que no tenían capacidad para ese trabajo y no dieron pruebas de haberlo realizado.
Otro caso es el de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que no ha comprobado el uso de 616.3 millones de pesos, entre otras irregularidades, por un convenio de colaboración con la Sagarpa por 219 mil pesos, que comprometía a la casa de estudios a prestar servicios para operar el Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, lo cual nunca se efectuó.
No obstante, hay casos de irregularidades en universidades públicas que no tuvieron que ver con contratos firmados con entidades de gobierno. Uno es el de la Autónoma de Nuevo León, que tiene observaciones por 3 mil 819.4 millones de pesos aún sin aclarar, en las cuentas públicas de cuatro años diferentes.
Otras casas de estudio que acumularon señalamientos significativos de la ASF son las universidades autónomas del Carmen (mil 157.7 millones), del Estado de México (795.1 millones), de Chiapas (359.1 millones) y la Autónoma Metropolitana (625.9 millones), además de la Politécnica de Francisco I. Madero (185.8 millones), la Politécnica de Chiapas (249.6 millones) y la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (mil 95 millones).
Fuente de la Noticia:
http://www.jornada.com.mx/2018/10/10/sociedad/039n1soc
Fuente de la Imagen:
ove/mahv
México / 30 de septiembre de 2018 / Autor: Redacción / Fuente: El Financiero
Alumnos pertenecientes a la Central de Estudiantes Universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) solicitaron al virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, invertir el 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en educación, movilidad, alimentación, mejoramiento de infraestructura y medidas contra la violencia en los campus.
«Con la mayoría en el Congreso de la Unión obtenido por la coalición más votada, y con el diálogo entre poder ejecutivo, legisladores, autoridades universitarias, estudiantes, trabajadores y especialistas en la materia, no existirán obstáculos significativos para iniciar la Reforma Universitaria estructural que termine con la exclusión de quienes pertenecen a las clases más desfavorecidas .
«(Y) garantizar el 8 por ciento del Producto Interno Bruto a la educación, y el 1 por ciento para ciencia y tecnología, estándar recomendado por la UNESCO», además de que buscan contar con una perspectiva de género y de derechos humanos, señala el comunicado de la Central.
De acuerdo con cifras de 2017 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), México dedicó tan solo el 0.5 por ciento al rubro dedicado en investigación y desarrollo, cifra que es semejante a países de África como Uganda o Tanzania.
«El no proporcionar a la ciencia el lugar que merece en la sociedad se traduce en dependencia tecnológica, bajos salarios y altos niveles de pobreza.
«Al examinarse con detalle los datos reportados por la UNESCO sobre investigación y desarrollo en México, es posible identificar al menos tres aspectos más que requieren atención urgente: el número de investigadores que laboran en territorio nacional, la distribución por género de los mismos y la participación de diferentes actores sociales para ofrecer recursos para investigación y desarrollo», explica el doctor Alfredo Sandoval Villalbazo, coordinador del Programa de Servicio Departamental de Física del Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Hasta noviembre de 2017, en México había 241 investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores pertenecientes al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y, comparado con países como Malasia que tienen más de dos mil investigadores por cada millón de habitantes, es un rubro que se debe de reforzar, de acuerdo con Sandoval Villalbazo.
Asimismo, la Central de Estudiantes Universitarios, integrada por más de 35 mil alumnas y alumnos, llamaron a López Obrador y al elegido para ser el titular de la Secretaría de Educación Pública en su administración, Esteban Moctezuma Barragán, a impulsar una reforma que permita todos estos cambios a favor de la comunidad estudiantil, tanto de educación media superior como de superior.
«(…) Sostenemos que es acuciante una Reforma Universitaria y de los centros de enseñanza superior y media superior del país, además del incremento del presupuesto a las universidades públicas, acompañado de un empleo transparente y eficiente del mismo», señala el documento.
México / 16 de septiembre de 2018 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias
C. Lic. Esteban Moctezuma Barragán.
A través de los medios informativos, hemos sabido que usted ocupará el cargo de titular de la Secretaría de Educación Pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la República para el período 2018-2024. Por tal motivo, le expreso algunas inquietudes, preguntas y sugerencias, con respeto y desde el aula, sobre la situación educativa mexicana en el momento actual, en mi condición de profesor de tiempo completo y ciudadano de a pie.
Los retos que enfrentará su gestión al frente de la Educación en México, son grandes y de enorme complejidad. Por ello, considero que en esta importante responsabilidad se requerirá no solamente de imaginación, voluntad y experiencia, sino también de talento político y oficio en el ejercicio del servicio público, y de un liderazgo ejemplar, desde el más alto nivel hasta los mandos medios y operativos de la SEP. Además, se requerirá de tolerancia, actitud de escucha y diálogo permanente, atento, conciliador con todos los actores que, directa e indirectamente, están involucrados en los asuntos de la Educación.
Pienso que, para construir una agenda educativa, a efecto de identificar las más sentidas necesidades educativas nacionales, es pertinente en primer lugar, conversar con el personal de base, es decir, con las maestras, los maestros, directivos, personal de apoyo, asesores y asesoras técnicos, padres de familia y estudiantes de todos los niveles y modalidades educativos, para saber, desde abajo, cuál es el estado en que se encuentra la Educación, hoy, en nuestro país, no desde arriba; y, posteriormente, definir, desde ahí, el tipo y la profundidad del cambio educativo que requiere nuestra nación en las condiciones actuales.
Para ello, adicionalmente, será conveniente que usted y su equipo, se den a la tarea de evaluar cuáles son las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que demandan dichos cambios en la actualidad y con prospectiva hacia el año 2024. En esta parte incluyo, por supuesto, el entorno del desarrollo científico, tecnológico y humanístico que vive México, como para darle un marco de referencia al cambio.
También es importante ubicar todas estas ideas de transformación, de “cambio verdadero” como lo ha dicho AMLO, en su justa dimensión, y reconocer que dichos cambios se podrán llevar a cabo en el mediano y largo plazos, y a varios niveles: Por ejemplo, desde la reorganización del sistema educativo; la creación de nuevas instituciones nacionales; la formulación y puesta en operación de nuevos programas educativos, hasta la adaptación o continuación de algunos programas o proyectos que actualmente existen, y que requieren de su fortalecimiento, previo análisis, discusión y estudio de factibilidad, mismos que podrían contribuir al desarrollo educativo, cívico y cultural de los mexicanos.
Reorganizar el Sistema Educativo Nacional (SEN), no es una labor fácil debido a su excesivo burocratismo y centralismo. Como usted seguramente sabe, hoy las atribuciones y facultades que establece la Ley General de Educación, para lograr cambios progresistas en los planes y programas de estudio de la Educación Obligatoria (Básica y Media Superior), están limitadas a las decisiones que asume el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Poco es el margen que da la ley a los gobiernos y a los congresos estatales, y menos aún a los ayuntamientos, a nivel municipal, sobre cuestiones curriculares.
Lo mismo sucede con las facultades para llevar a cabo nuevos programas nacionales de formación inicial y continua para docentes, asesores técnicos y directivos. Por lo que urge modificar el marco legal hoy existente, previa discusión que se deberá llevar a cabo en los ámbitos del poder ejecutivo y los órganos del legislativo, a efecto de lograr una verdadera descentralización educativa. Una discusión amplia y democrática en la que participen, en igualdad de condiciones, el magisterio en general, no sólo con sus representaciones gremiales; los medios de comunicación; las universidades públicas y privadas; las instituciones formadoras de profesionales de la educación; las organizaciones de la sociedad civil; así como representantes empresariales; estudiantes, padres y madres de familia, entre otros. Ello con la finalidad de crear mecanismos legales y distribuir la toma de decisiones pedagógicas y administrativas en los niveles federal, estatal y municipal, para alcanzar así una democratización de las determinaciones y las acciones relacionadas con la Educación Obligatoria (Básica y Media Superior) y otros niveles educativos relevantes para el país, como es la educación superior y el posgrado.
A reserva de su mejor opinión, considero que conviene a nuestro Sistema Educativo Nacional contar con mediaciones federales, estatales y municipales (los llamados tres órdenes de gobierno), puesto que una distribución de poderes de tal naturaleza abriría las puertas a una mayor participación de la sociedad en los asuntos educativos cruciales en cada región y localidad (¿Qué opina usted acerca del rezago educativo existente, que incluye no solo el analfabetismo, sino también la no conclusión de la Educación Primaria y la Secundaria en amplios sectores de la población?). Abrir los canales de análisis y decisión acerca de los contenidos y los métodos de la educación obligatoria en México, supone una más amplia participación de los ciudadanos en estos quehaceres, y ello se traduciría en beneficios para las prácticas democráticas y la extensión significativa, oportuna y pertinente de los aprendizajes escolares.
Pienso, Lic. Moctezuma, que una transformación de fondo de la educación pública en nuestro país, demanda de un cambio en la base misma de su organización, y eso debe pasar por el impulso de una modificación del modelo “centralista”, hoy ya decadente, que ha prevalecido en México desde 1921; en su lugar, deberá de operar un modelo planificado y consensuado, a partir de un criterio de descentralización efectiva de los órganos responsables en la toma de decisiones educativas, es decir, tanto en lo pedagógico como en lo administrativo (ello incluye la participación crítica y autocrítica del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como organismo autónomo); y que esto último acompañe a ese tipo de decisiones, y no al revés, como ha sucedido hasta ahora. En ese sentido espero, Lic. Moctezuma, que la descentralización no quede reducida sólo en un simple traslado de oficinas federales de una ciudad a otra.
A reserva de realizar una revisión más exhaustiva, opino que es necesario y pertinente modificar, también, los términos en que se encuentra vigente la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), desde 2013. Sobre todo cambiar los conceptos y métodos en que se impuso dicha ley y que generó una condición adversa, es decir, que pone en desventaja a los docentes, asesores y directivos de la educación obligatoria en servicio. Si bien es cierto, que los procesos de evaluación (ingreso, promoción, reconocimiento y desempeño) son oportunos y necesarios, éstos no deben considerarse como medios para la terminación o conclusión de las relaciones de trabajo de los profesionales de la educación (de ahí que se debe eliminar el término “permanencia” en la redacción de la misma ley). Y menos aún debe seguir así porque, primero, y en especial en la escuela pública, como obligación del patrón o sea del Estado mexicano, es necesario emprender robustos y efectivos programas de capacitación, actualización y acompañamiento hacia las figuras educativas mencionadas, y luego, no antes, llevar a cabo las evaluaciones departamentales correspondientes, con un sentido formativo no “punitivo”.
Como lo he comentado en otros textos en este mismo medio, considero justo que, a la par de esta modificación a la LGSPD, he planteado que se discuta la pertinencia de evaluar no sólo al profesional de la educación en servicio, en lo individual, sino evaluar de manera integral y completa el desempeño de los colectivos escolares (como lo han sugerido, en varios espacios, algunos académicos reconocidos como el Doctor Ángel Díaz Barriga, del IISUE-UNAM), de tal manera que con ello se tengan evaluaciones (no sólo mediciones parciales), acerca de lo que realmente el centro educativo requiere, en un sentido educativo y pedagógico, para que sus estudiantes aprendan lo que de verdad requieren aprender, en el aquí y el ahora, y para su vida futura.
Sería un acierto que el nuevo gobierno creara un Instituto Nacional para la Profesionalización de Docentes, Asesores y Directivos de la Educación Obligatoria. Aun cuando sabemos que existen Escuelas Normales y otras instituciones importantes de educación superior (como la Universidad Pedagógica Nacional), encargadas de la formación inicial de docentes y profesionales de Educación Básica, es evidente que no existen instituciones dedicadas a la formación profesional y especializada de asesores y directivos de Educación Básica ni de docentes, asesores y directivos de Educación Media Superior. Por ello, la propuesta de crear una institución de este tipo, daría respuesta a esa inminente demanda social a favor de la profesionalización de todas las figuras educativas.
Hasta el momento, los docentes, asesores técnicos y directivos de la educación obligatoria, en su mayoría, no cuentan con una institución que les proporcione programas de formación profesional, sino que se tienen que preparar “sobre la marcha”, con sus propios recursos materiales y financieros. Además, la creación de una institución de esa naturaleza, sentaría las bases de un cambio de paradigma y en el orden de las prioridades educativas. Para este razonamiento, parto de la siguiente premisa: los docentes, antes de ser los únicos responsables de la realidad educativa nacional, son corresponsables junto con los directivos, los padres de familia, los estudiantes mismos y las autoridades que toman decisiones a nivel de sistema educativo y subsistemas, en su conjunto; es decir, en los niveles de decisiones federal y estatal, para efecto de las evaluaciones de los aprendizajes escolares y para la formación integral en general de niños, niñas y jóvenes. Lo que quiero expresar con esto, es que el docente no es la única figura educativa responsable del escandaloso fracaso escolar que vive México.
Espero que usted, como líder del sector educativo en el país, a partir de diciembre próximo, y como responsable de las políticas públicas educativas, así como de la gestión educativa de los funcionarios federales, académicos, especialistas y expertos, autoridades de todos los niveles de gobierno, tomadores de decisiones, etc., cumpla plenamente con sus tareas y haga también las veces de animador del cambio educativo en otros ámbitos, esto es, que logre convocar a políticos, empresarios, legisladores y líderes de opinión, así como a las organizaciones no gubernamentales, que tengan interés en desarrollar iniciativas progresistas en esta materia.
Por último, le solicito que no deje de hacer acercamientos y contacto con las escuelas, con la gente en las aulas, los laboratorios, las canchas deportivas, jardines, talleres y patios de usos múltiples para que, juntos, podamos conversar y discutir, de manera abierta e informada, sobre los avances que se vayan dando del cambio educativo en México.
Agradezco de antemano su atención y le envío un cordial saludo.
Santiago de Querétaro, Qro., 1 de agosto de 2018.
*Profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro.
Fuente del Artículo:
https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/08/01/carta-desde-el-aula-a-esteban-moctezuma
ove/mahv
México / 2 de septiembre de 2018 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias
Durante estos días, en que el equipo que integrará el próximo gabinete del presidente, prácticamente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho anuncios interesantes sobre el traslado de algunas oficinas de gobierno a distintos puntos del país, se han despertado todo tipo de comentarios a favor y en contra de tal medida.
En el caso del sector educativo, algunos apuntan que este cambio será costoso y no será productivo, en términos del trabajo burocrático que realiza cotidianamente la Secretaría de Educación Pública (SEP). Otros, sobre todo los integrantes del gobierno que viene, apuestan al cambio de otra manera: como políticas acertadas de desarrollo de las regiones y desconcentración de las oficinas de la alta burocracia ubicada en la capital del país, con el beneficio que implica sacarla de la Ciudad de México.
Una nota de ayer, en SDP Noticias (15 de julio, 2018), indica que Esteban Moctezuma, próximo secretario de Educación, habló sobre la reducción de la SEP al señalar que en la actualidad existen cuatro subsecretarías: Educación Básica, Educación Media Superior, Educación Superior y la de Planeación, a la que se le suma una Unidad de Educación de la Ciudad de México “que es del tamaño de una subsecretaría; entonces podríamos decir que son cinco”. La idea, abundó, es hacer una reducción en la cual no sufra la secretaría ningún efecto en su trabajo. “Queremos hacer una reducción que sea un adelgazamiento, pero no vamos a amputar nada que sea útil. Estamos pensando en que se deben reducir éstas cinco (subsecretarías)”
Si el propósito de reubicar las oficinas y el personal burocrático de la SEP es alentar el desarrollo de las regiones, sin modificar las funciones, los contenidos ni la estructura orgánica de esta dependencia del gobierno federal, en un sentido radical, tal como lo sugiere el mismo AMLO, al promover un cambio verdadero de la Educación, entonces estamos ante un proceso de simple “desconcentración”. En cambio, si de lo que se trata es de reestructurar a fondo las tareas de la dependencia nacional encargada de ejecutar las políticas públicas educativas, lo que se requiere no es tanto mover de lugar a las oficinas y a sus empleados, sino modificar de raíz las formas y los contenidos de las tareas de gobierno en materia educativa, sobre la base de un esquema enfocado en la definición de prioridades y con una mirada clara acerca del cambio que requiere México, es decir, en los procesos y los significados de la educación pública hoy y para el futuro. Y si se cumplen los procesos, habrán de darse los resultados. Eso sería “descentralizar” la educación.
Para precisar, diré que lo que se requiere es generar un efecto contrario a la “centralización” de las decisiones en torno a la Educación Obligatoria (y toda la estructura educativa nacional) en México, en el ámbito sobre todo pedagógico. Me explico: Actualmente las atribuciones y facultades que establece la Ley General de Educación, para lograr cambios progresistas en los planes y programas de estudio de la Educación Obligatoria (Básica y Media Superior), están limitadas a las decisiones que asume el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Lo mismo sucede con las facultades para llevar a cabo nuevos programas nacionales de formación inicial y continua para docentes, asesores técnicos y directivos (con sus respectivos presupuestos públicos). Por lo anterior, urge modificar el marco legal hoy existente; cuestión que recae en los ámbitos de competencia de los poderes ejecutivo y legislativo. Para ello, el gobierno entrante deberá desarrollar un amplio e intenso debate en y con el magisterio en general, no sólo con sus representaciones gremiales; con los medios de comunicación; con las universidades públicas y privadas; con las instituciones formadoras de profesionales de la educación; con las organizaciones de la sociedad civil interesadas; así como con representantes empresariales; con estudiantes y padres de familia, entre otros. Ello con la finalidad de que se distribuya horizontalmente la toma de decisiones en los niveles federal, estatales y municipales, y se logre así una democratización de las determinaciones y de las acciones a favor de la educación obligatoria.
Para responder a la pregunta “¿Desconcentrar o Descentralizar la Educación?” sería conveniente que los funcionarios que asumirán sus cargos a partir de diciembre próximo, desde Esteban Moctezuma, se den a la tarea de explicar a la opinión pública y a la sociedad, cuáles son los elementos de evaluación inicial (los tecnócratas-funcionalistas le llaman “diagnóstico”) que han tomado como base para emprender estos cambios. Hace falta ver si estas modificaciones estructurales sólo servirán para cambiar de lugar las oficinas y a sus empleados (cambio superficial) o serán transformaciones proyectadas, a largo plazo, en un sentido estructural, operacional, de contenidos, estrategias y métodos de las políticas públicas (cambio radical).
Un esquema de cambios verdaderos de la educación pública en México, necesariamente pasa por la transformación de los fines y de los medios para alcanzarlos. Y ello debe poner como principal prioridad la formación integral (con criterios de “calidad” y equidad) de las niñas, los niños, los jóvenes y adultos de nuestro país. Esa será, en todo caso, la dimensión del cambio educativo “radical” que esperamos y que ha propuesto AMLO durante la campaña y en sus documentos programáticos. Esos serán los parámetros para valorar la actuación del futuro gobierno, al menos en materia educativa.
Nota:
Para profundizar sobre los argumentos a favor de la descentralización educativa, en lugar de conservar el esquema “centralista” no sólo en lo operativo o burocrático, sugiero ver el texto “Descentralizar la Educación Pública en México”, SDP Noticias, 25 de mayo, 2018.
Fuente del Artículo:
https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/07/15/descentralizar-o-desconcentrar-la-educacion
ove/mahv
México / 2 de septiembre de 2018 / Autor: Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase / Fuente: La Izquierda Diario
¡No a la imposición del “nuevo modelo”!
¡Abrogación de la reforma educativa!
Compañeras y compañeros, durante el sexenio que está por terminar padecimos las nefastas consecuencias de la reforma educativa, con la precarización de nuestras condiciones laborales, avances en la privatización de la educación pública y la degradación de los contenidos curriculares, lo que será profundizado con la imposición del Nuevo Modelo Educativo (NME).
Todos estos años, especialmente en 2013 y 2016, cientos de miles de maestros junto a padres de familia, sectores de trabajadores y populares, salimos a las calles a luchar por la abrogación de la reforma, enfrentando la represión del gobierno, campañas de satanización, amenazas, sanciones, despidos, vejámenes sexuales contra maestras, detenciones e incluso agresiones policíacas que les costaron la vida a varios compañeros, como en Nochixtlán.
El hartazgo del pueblo mexicano se expresó el 1 de julio con 30 millones de votos a favor de López Obrador, entre ellos los de la inmensa mayoría del magisterio, que confió en la promesa de cancelación de la reforma educativa.
Sin embargo, luego de las elecciones, las declaraciones de Esteban Moctezuma, futuro titular de la SEP, apuntan a la continuidad de diversos aspectos de la odiada reforma, como la evaluación burocrática y vertical a los maestros (más allá de que se prometa que no estará vinculada a la permanencia), el concurso de oposición para los egresados de las normales y las escuelas de tiempo completo.
Se nos plantea una consulta para construir un “acuerdo por la educación con calidad y equidad”, pero con la participación de los grandes empresarios y los charros sindicales, los mismos que impulsaron y avalaron la reforma educativa y fueron cómplices de la represión contra el magisterio.
Y mientras no se dice una palabra sobre los planes privatizadores como Escuelas al CIEN, ni se cuestionan las políticas del imperialismo para la educación, conscientemente se guarda silencio sobre el destino del Nuevo Modelo Educativo, que mientras tanto se impone en las escuelas, amenazando la estabilidad laboral de miles de maestros y que parece hecho a la medida del acuerdo entre AMLO y los empresarios para la contratación de jóvenes como aprendices, sin derechos y cuyos salarios saldrán del erario público.
Una transformación profunda de la educación pública requiere, por ejemplo, grupos reducidos y para ello más salones, más escuelas y más maestros; infraestructura escolar segura frente a los fenómenos naturales, con materiales y equipamiento suficiente para el desarrollo integral de niños y jóvenes; plazas automáticas y basificables para los normalistas egresados; horas dentro de la jornada laboral, remuneradas, para evaluar, planificar, dar y tomar asesorías, etc.; periodos alternados de actualización y frente a grupo, remunerados; estabilidad laboral, salarios dignos que aumenten de acuerdo a la inflación y plazas de tiempo completo para todos, con jornadas de trabajo de seis horas, cinco días a la semana, para maestros y padres de familia.
Todo esto supone, desde luego, un aumento sin precedentes del presupuesto educativo, cuyos recursos podrían salir del no pago de la deuda externa y de impuestos progresivos a las grandes fortunas, pero eso implica atacar los intereses de los grandes empresarios y el imperialismo, algo que el presidente electo no está dispuesto a hacer.
Por eso, para frenar la implementación del NME y las evaluaciones, reinstalar a los maestros cesados, lograr la cancelación total y definitiva de la reforma educativa y conquistar la educación que merecen los hijos del pueblo trabajador, debemos apostarnos a la organización desde las escuelas, a la unidad de nuestras filas y con los padres de familia, para ganar en las calles todas nuestras demandas, con una política independiente del próximo gobierno, los empresarios y el charrismo sindical.
Los resultados de las elecciones dejaron a los charros de Juan Díaz de la Torre en crisis, mientras que el ala charra de Elba Esther Gordillo salió fortalecida por su apoyo al Morena; y la “maestra”, ya liberada de su prisión domiciliaria, afila los colmillos con la mirada puesta en la dirección del SNTE, para volver a controlar al magisterio en beneficio propio y de su gente.
En este escenario, consideramos que la CNTE tiene, como referente histórico de lucha, la responsabilidad de llamar a los trabajadores de la educación de todo el país a organizar desde abajo un Congreso Nacional Democrático del SNTE, con delegados elegidos en asambleas de todas las escuelas y centros de trabajo, para desconocer a los charros, elegir democráticamente una nueva dirigencia y acordar un plan de lucha unificado.
Invitamos a todas las compañeras y compañeros que ven la necesidad de luchar con una política independiente y combativa como la que proponemos aquí, a integrarse la agrupación Nuestra Clase para poner en pie una gran corriente de trabajadoras y trabajadores de la educación en todo el país, e impulsar juntos esta perspectiva buscando incansablemente la unidad del magisterio, con los padres de familia y con otros sectores de trabajadores para vencer.
Las maestras y los maestros de México tenemos la palabra.
Agrupación magisterial y normalista Nuestra Clase
Fuente:
http://www.laizquierdadiario.com.mx/Carta-de-maestras-y-maestros-por-la-abrogacion-de-la-reforma-educativa?id_rubrique=1714
ove/mahv
México / 26 de agosto de 2018 / Autor: APRO / Fuente: Radio Nueva República
Profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) denunciaron que más del 50% de los maestros de asignatura de la casa de estudios vive “en la pobreza” debido a los bajos salarios que reciben.
Agrupados en la Asamblea de Profesores de la UNAM, esta mañana un grupo de maestros ofreció una conferencia de prensa en la que evidenciaron que el promedio de ingresos de los académicos oscila entre los mil 78 y nueve mil pesos mensuales, situación en la que se encuentran 36 mil 540 académicos.
Los maestros denunciaron que el personal académico de la Universidad más importante del país “no sale caro”, pese a que realizan el “trabajo más importante” de la UNAM, pues la institución solo gasta 4.38% de su presupuesto en pagar los salarios de los profesores de asignatura.
Estas condiciones se agravan, según señalaron, con los profesores de asignatura contratados por hora, quienes representan el 75% del personal académico. Éstos reciben un pago aproximado de 90 pesos por cada hora de clase frente a grupos, y sólo el 5% accede a 30 horas por mes.
“La mayoría de los profesores de la UNAM vive en la pobreza”, manifestaron.
Como parte de sus reclamos, también mostraron su enojo por la falta de estabilidad laboral y las condiciones de hacinamiento en las que tienen que dar clases, pues revelaron que, de los 49 mil 298 nombramientos académicos, sólo cinco mil 487 son de tiempo completo, mientras que 31 mil 553 son académicos de asignatura.
Además de que el promedio de alumnos que atienden por grupo es de entre 50 y 90 jóvenes por clase, cuando, según consideraron, éstos deberían ser máximo de 24.
“La inestabilidad del empleo obstaculiza la actualización y genera estrés e incertidumbre pues pueden quedarse sin trabajo en cualquier momento y sin indemnización alguna”, subrayaron.
También repudiaron la política de “oídos sordos” que han implementado las autoridades universitarias ante sus reclamos.
“Las últimas tres administraciones han hecho oídos sordos a nuestras demandas y fingen no conocer la condición laboral que los académicos padecemos” refirió el profesor del Colegio de Ciencias y Humanidades Vallejo, Pedro David Ovalle.
Ante estas condiciones, la Asamblea de Profesores anunció que buscará un incremento del 50% en sus salarios, estímulos, bonos y prestaciones, así como audiencia con legisladores de la Cámara de diputados y con Rectoría de la Universidad Nacional para que se etiquete en el próximo presupuesto de Egresos de la Nación una partida específica para el incremento salarial.
La Asamblea de Profesores de la UNAM se compone en su mayoría de maestros de la Escuela Nacional Preparatoria y de los Colegios de Ciencias y Humanidades.
El pasado 16 de agosto el mismo grupo de maestros buscó entrevista con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, pero ésta les fue negada.
Fuente de la Noticia:
http://lanuevarepublica.org/2018/08/22/denuncian-que-la-mayoria-de-profesores-de-la-unam-vive-en-la-pobreza-por-bajos-salarios/
ove/mahv