La portavoz de la Unicef en Ginebra, Marixie Mercado, denunció hoy las pésimas condiciones de vida de los niños rohinyás en Rakhine, Myanmar, donde carecen del acceso a servicios de salud y educación.
En el centro de Rakhine, más de 120 mil rohinyás quedaron varados en campamentos desde 2012, y cerca de 200 mil viven en aldeas donde su libertad de movimiento y acceso a servicios básicos está cada vez más restringida, precisó la funcionaria.
Según Mercado, la Unicef y sus socios humanitarios todavía no conocen bien la verdadera situación de los niños de esa minoría musulmana en Myanmar y todo ello, debido en gran medida, a la imposibilidad de llegar a muchos lugares.
Ninguna de las cinco instalaciones de atención primaria de salud apoyados por la Unicef funciona ahora y tampoco hay suficiente agua limpia o alimentos, detalló.
Del mismo modo, agregó, no se pudo continuar el tratamiento con los niños que sufren desnutrición aguda severa y 12 centros de tratamiento terapéutico para pacientes ambulatorios están cerrados porque fueron saqueados, destruidos o el personal no puede acceder a ellos.
Otras localidades como Maungdow muestran cicatrices de la violencia reciente: extensas áreas han sido arrasadas por excavadoras, la mayoría de las tiendas están cerradas, hay escasas personas en las calles, muy pocas mujeres y aún menos niños, expuso la fuente.
De una población de 440 mil rohinyás, solo quedan en Maungdow unos 60 mil, según estadísticas del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.
Los niños en las áreas rurales están casi totalmente aislados y les resulta extremadamente difícil abandonar los campamentos para recibir tratamiento médico, indicó la portavoz y asesora de Unicef en Ginebra.
El permiso para viajar en busca de asistencia médica solo se otorga cuando hay una justificación certificada por un médico y esa autorización cuesta un dinero que la mayoría de las personas en los campamentos no pueden pagar, ahondó Mercado.
‘Una vez que están en un hospital, los rohinyás están confinados a un área restringida y no se le permite el contacto externo. Como resultado, las personas recurren a los curanderos tradicionales, a los médicos no entrenados o se automedican.’
Además, la restricción de movimiento afectan las posibilidades de recibir enseñanza y las condiciones de los campamentos de los desplazados empeoran cada día, alertó la Unicef
Los menores de esa etnia necesitan una solución política al problema de la identidad legal y la ciudadanía. Urge respetar la Convención sobre los Derechos del Niño y garantiza sus derechos a la salud, la educación y las oportunidades de aprender, recalcó la portavoz.
Estos niños rohinyás se han visto profundamente afectados por años de violencia y división comunitaria, y muchos fueron separados de sus familias o perdieron a sus padres debido a las agresiones.
La asesora de Unicef realizó una visita a Myanmar del 6 de diciembre de 2017 al 3 de enero de 2018, tiempo en el que visitó varias localidades y pudo constatar la situación sobre el terreno.
Unas 500 personas han reclamado hoy en Ceuta «derechos humanos» en las fronteras con motivo de la denominada «IV Marcha por la Dignidad», que ha recordado a los quince inmigrantes fallecidos el 6 febrero del 2014 cuando intentaban entrar por la frontera del Tarajal.
Más de una treintena de asociaciones, colectivos y partidos políticos -entre ellos Podemos y Caballas- han asistido a este acto reivindicativo, que ha provocado la llegada a Ceuta de decenas de personas procedentes de diferentes localidades.
La marcha se ha iniciado a las 16.00 horas desde la céntrica Plaza de África, muy cerca del Ayuntamiento de la ciudad, donde los convocantes han comenzado el recorrido de unos tres kilómetros hasta la frontera.
Numerosos inmigrantes subsaharianos que residen en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) se han unido a esta movilización, que había sido convocada por la organización Pedagogía Ciudadana con el respaldo de otras asociaciones que trabajan con inmigrantes.
Bajo el control de la Policía Nacional, la marcha se ha dirigido hacia la playa del Tarajal, adonde han llegado sobre las 17.15 horas de la tarde.
«Ninguna persona es ilegal» y «Las fronteras matan» eran las consignas más escuchadas durante el recorrido hasta las inmediaciones del paso fronterizo, donde había agentes de la Policía Nacional.
Los convocantes han optado por no ocupar la calzada, por lo que todo el recorrido hasta la playa del Tarajal se ha realizado por las aceras con la intención de no entorpecer el tráfico rodado en la zona.
El espíritu y los objetivos de esta marcha eran las víctimas «de aquel fatídico día, pero también el resto de víctimas de las políticas migratorias actuales, que sólo producen miseria, desesperación y muerte», según un manifiesto leído en la misma playa.
Además, se pretende exigir «un giro radical de las actuales políticas migratorias para que se ajusten y respeten de forma escrupulosa lo establecido en la Declaración de Derechos Humanos y tratados internacionales en materia de Inmigración Asilo y Refugio».
La marcha ha contado con la presencia, entre otros, de la senadora de Podemos Maribel Mora y de la diputada al Congreso por Podemos Ione Belarra.
El 6 de febrero de 2014 un grupo de 15 inmigrantes subsaharianos fallecieron cuando pretendían entrar en Ceuta en una avalancha protagonizada por más de 250 inmigrantes subsaharianos.
Ghana/Enero de 2017/Autor: Ismail Akwei /Fuente: Africa News
RESUMEN: El Servicio Penitenciario de Ghana está a punto de introducir programas de educación universitaria a reclusos calificados que quieran mejorar académicamente. Según el jefe de relaciones públicas para el servicio penitenciario, el superintendente Vitalis Ayeh, tres universidades ghanesas han sido invitadas a extender sus programas de educación a distancia a los reclusos, informó el portal de noticias ghanés GhanaWeb. «Estamos en conversaciones con las Universidades de Ghana, Cape Coast y [Educación], Winneba para extender sus servicios al Servicio de Prisiones de Ghana para que estos internos que han calificado para ingresar a la universidad pero porque están sirviendo en la prisión y no pueden Ir a la universidad [puede beneficiarse] «, dijo el superintendente Vitalis Ayeh.
The Ghana Prisons Service is on the verge of introducing university education programmes to qualified inmates who want to improve academically.
According to the head of public relations for the prison service, Superintendent Vitalis Ayeh, three Ghanaian universities have been invited to extend their distance learning programmes to inmates, local Ghanaian news portal GhanaWeb reported.
“We are in talks with the Universities of Ghana, Cape Coast, and [Education], Winneba to extend their services to the Prisons Service of Ghana so that these inmates who have qualified to enter university but because they are serving in the prison and cannot go to the university [can profit],” Superintendent Vitalis Ayeh said.
“They can benefit from the distance education system and they can come out better off,” he added, saying the talks with the universities are at an advanced stage.
They can benefit from the distance education system and they can come out better off.
The prisons in Ghana have ongoing educational programmes including technical and vocational training, Information and Communication Technology as well as primary and secondary school education.
If an agreement is reached, it will be the first university education programme at the overcrowded prisons in Ghana.
According to a 2016 Ghana Prisons Service statistics, the country has a total inmate population of 13,685, filling 43 prisons built to hold 9,875 inmates.
Last year, the Chairman of the Ghana Prisons Service Council, Rev Dr Stephen Yenusom Wengam, called for both state and private support to transform the state of prisons in the country.
La tasa de desempleo juvenil en España se encontraba el pasado noviembre en el 44,4%, la más alta de toda Europa, tan solo superada por Grecia (46,1%). Duplicamos con creces el nivel de la eurozona, que se encuentra en el 21,2%, así como el de Reino Unido, que desciende hasta el 13,1%. En apariencia, una cifra envidiable a la que deberíamos aspirar, ya que es casi cuatro veces inferior a la de nuestro país. Sin embargo, es posible que este datooculte una realidad aún más triste para los menores de 25 años.
Como ha desvelado la ONG inglesa Centrepoint a ‘Independent’, cada vez son más los jóvenes que, a pesar de tener trabajo, se encuentran en una situación cercana a la exclusión. ¿Por qué? Por culpa de los conocidos como contratos de cero horas, el principal estandarte de la flexibilización laboral inglesa. Estos se pagan por horas y obligan al trabajador a estar disponible, así como a mantener una relación de exclusividad con la empresa que le contrata, pero esta no está obligada a proporcionar un sueldo mínimo o a garantizar un mínimo de jornadas trabajadas a sus empleados. Esto provoca que no puedan saber ni cuándo ni cuánto van a trabajar.
Esta fórmula de contratación, pensada en principio para universitarios que quieren costearse sus estudios o como acceso inicial al mercado laboral, ha terminado siendo aplicada por multitud de compañías para rebajar costes. A día de hoy, alrededor de un millón de ingleses están empleados bajo esta fórmula. Como explica la directora de la ONG,Jennifer Barnes, cada año hasta 150.000 jóvenes de entre 16 y 25 años recurren a la organización para que les ayude a encontrar trabajo o techo para pasar la noche.
Estos son precisamente los principales candidatos a terminar aceptando estos contratos, que provocan «que queden atrapados en la indigencia«. Con frecuencia, advierte la ONG, son desahuciados puesto que carecen de medios económicos necesarios para pagar el alquiler y, una vez se encuentran en la calle, les resulta imposible volver a encontrar alojamiento, aunque sea de alquiler. Tan solo el apoyo familiar o el de los amigos los salva de esta «trampa».
Cuando no quieres ser un ‘nini’
Durante los últimos años se ha popularizado en nuestro país el término ‘nini’ para referirse a aquellos jóvenes desocupados que tienen un mayor riesgo de exclusión social. Como señalaba el año pasado Eurostat, el 22,2% de españoles de entre 20 y 24 años ni tienen empleo ni cursan estudios primarios o secundarios, lo que nos convierte en el país donde más se ha incrementado el número de ‘ninis’. El problema, no obstante, puede ser aún mayor si las políticas de empleo solo sirven para maquillar los datos.
Como recuerda la directora, muchos jóvenes se encuentran atrapados en un círculo vicioso de desempleo y trabajo por horas mal pagados que les obliga a no poder salir de la indigencia, a pesar de estar haciendo lo que la sociedad les ha dicho que es correcto. “Han hecho lo que se supone que deben hacer, y no están recibiendo nada a cambio”, explica. “Oímos a menudo que la gente que deja de utilizar nuestros servicios tienen problemas”.
No solo es una cuestión de aceptar lo primero que uno se encuentra porque es preferible que el paro, sino que para acceder a un empleo de mayor categoría es necesario contar con experiencia, y estos contratos la garantizan. “Están desesperados por conseguir experiencia para mejorar sus expectativas a largo plazo”, añade Barnes. “Se les empuja desde su oficina del paro para que acepten estos contratos sin horas. Pero si eso es lo máximo a lo que pueden aspirar, va a ser más difícil para ellos escapar de la mendicidad a largo plazo”.
Un hándicap añadido a estos contratos, más allá de no ofrecer una retribución mínima mensual (lo que provoca que la mayoría de los que lo aceptan vivan al día y no puedan saber con seguridad si podrán pagar el alquiler) es la precariedad pertinaz a la que abocan a los trabajadores. La mayor parte de caseros rechazan a los potenciales inquilinos que tienen esta clase de contratos, y por supuesto, conseguir una hipoteca para pagar una casa es algo inalcanzable. La ONG recuerda que se encuentran en una situación incluso peor que la de los parados que cobran un subsidio, puesto que estos últimos al menos sí pueden certificar con cuánto dinero disponen a lo largo del mes.
No es mercado laboral para jóvenes
Dado que la figura del contrato sin horas es exclusiva de países como Reino Unido (Nueva Zelanda la prohibió el pasado marzo), podríamos pensar que no corremos riesgo de contagio. Sin embargo, hace apenas dos semanas que un ‘paper’ publicado por la OCDE señaló que España tiene uno de los mercados laborales más degradados del mundo desarrollado. En septiembre del pasado año, menos de la mitad de los afiliados al régimen general (un 48%) contaban con un contrato indefinido a jornada completa.
Esto tiene un efecto aún más dañino entre los jóvenes. Según señalaba un informe realizado por el Consejo de la Juventud, uno de cada cuatro jóvenes con trabajo (el 24,5) vive en riesgo de pobreza y exclusión social debido a la precarización de sus empleos. Al igual que ocurre en Reino Unido, esto tiene consecuencias claras en la posibilidad de los más jóvenes de emanciparse. El pasado año, la cifra de jóvenes que abandonó su hogar ha sido la más baja desde 2004, con 19,7%, un 4,84% menos que en 2015.
La conclusión parece clara: a pesar del espejismo de la recuperación, la realidad es que los empleados creados son de peor calidad y mucho más inestables. Esta situación está aún más acentuada en regiones como Andalucía, Asturias, Castilla y León y Madrid, donde menos del 3% de los jóvenes consiguieron independizarse debido al encarecimiento de la vivienda. Como recordaba el informe, el aparente descenso en el paro entre los jóvenes se fundamenta en la renuncia a seguir buscando trabajo en favor de prolongar los estudios.
Entre aquellos que obtienen un trabajo, la mayor parte lo hacen en puestos inestables. Un 92,5% de los contratos temporales que se hacen son a jóvenes, lo que provoca que muchos de ellos terminen encadenando uno tras otro sin alcanzar la estabilidad deseada. Albert Rivera de Ciudadanos llegó a reprochar al PP en sede parlamentaria que la duración media de los contratos en España se encuentra en 54 días. Su propuesta del contrato único, no obstante, ha sido rechazada por parte de los sindicatos, que la consideran una “total desprotección de los ciudadanos”.
Los contratos sin horas, por su parte, se encuentran en sintonía con la flexibilización del meracado que se ha impuesto desde Bruselas. El antiguo ex primer ministro británico David Cameron defendió su utilidad utilizando un argumento habitual, que es que cuantas más fórmulas contractuales existan, más fácil será adaptarse a las necesidades del mercado. No obstante, lo que está ocurriendo en Reino Unido es un buen aviso para España, que puede estar cayendo en la tentación de eliminar el desempleo creando una nueva precariedad: la de los empleados pobres.
El Banco Mundial inició hoy la segunda etapa del Proyecto de Calidad de Vida Sostenible para Desplazados y Comunidades Vulnerables en el estado de Kassala, este de Sudán.
El representante del Banco Mundial en Sudán, Xavier Furtado, indicó en un boletín de prensa que el objetivo del proyecto es que las comunidades marginadas realicen operaciones de desarrollo y adquieran medios para un ingreso sostenible.
Furtado dijo que la segunda etapa del proyecto cuesta cerca de 4,4 millones de dólares y señaló que la mejora de la calidad de vida de los desplazados y las comunidades marginadas puede reducir la presión causada por el desplazamiento forzoso.
La primera etapa del proyecto inició en octubre de 2013 y terminó en marzo de 2016 con un fondo de 3 millones de dólares manejado por el Banco Mundial y otorgado por su Fondo Estatal y de Consolidación de la Paz.
El Banco Mundial mantiene en Sudán una cartera de alrededor de 130 millones de dólares en una amplia gama de ámbitos: educación, salud, agricultura, manejo de recursos naturales, cambio climático, consolidación de la paz y administración de finanzas públicas.
De acuerdo con estadísticas internacionales, 2,2 millones de desplazados viven en Sudán y 174.000 de ellos se encuentran en tres estados del este de Sudán: Geddarif, Mar Rojo y Kassala.
América del Sur/Perú/Noviembre de 2016/Fuente: RPP Noticias
Desde las primeras horas de la mañana de este viernes 4 se iniciarán las labores de traslado aéreo y luego distribución de las raciones alimenticias que el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, destina para las instituciones educativas ubicadas en las comunidades nativas más alejadas de las provincias de Bagua y Condorcanqui en la región Amazonas.
“Esta entrega se realiza de forma bimensual por vía aérea gracias al trabajo intersectorial entre el MIDIS y el Ministerio de Defensa, facilita el traslado seguro de los productos que tiempo atrás demoraban hasta una semana en llegar a cada plantel de esta parte de la región por su lejanía e inaccesibilidad” explica a RPP Noticias el jefe de la Unidad Territorial Amazonas, Mauricio Tang Toledano
El funcionario indicó que son 16.17 toneladas de alimentos repartidas en 47 instituciones educativas de los niveles inicial primaria y secundaria, que benefician a dos mil 593 usuarios de las comunidades de Pampa Entsa, Shaim y Wishim en el distrito El Cenepa, provincia de Condorcanqui y Wayampiak en el distrito de Imaza, provincia de Bagua.
“Cabe precisar que en este 2016 se sobrepasó la meta de atención programada para Amazonas por el programa social del MIDIS al atender a 104 mil 511 niños y niñas de 2 mil 452 escuelas beneficiarias” indicó Tang.
Tensiones para la inclusión real en la educación superior: la institucionalidad desde distintas perspectivas
El caso del programa de admisión especial para estudiantes negros, afrocolombianos, palenqueros y raizales de la Universidad Nacional de Colombia
Margarita María Rodríguez Morales. [Autora]
Colección Estudios sobre las Desigualdades.
ISBN 978-987-722-173-2
CLACSO.
Buenos Aires.
Febrero de 2016
A partir del análisis del Programa de Admisión Especial –PAES– para estudiantes negros, afrocolombianos, palenqueros y raizales de la Universidad Nacional de Colombia y la normatividad institucional que lo define e implementa, este artículo presenta las tensiones a las que la institucionalidad se enfrenta cuando tiene el reto de crear programas de admisión diferencial. A partir de un enfoque de multiplicidad desde los Estudios Sociales de la Ciencia, muestro la forma en que en un escenario universitario donde prima la excelencia y el mérito, conciliar con valores asociados a la inclusión social y la eliminación de brechas históricas en el marco de un estado multiculutal, resulta un reto que parece ser difícil de abordar, pues se evidencian ciertas incoherencias en los discursos institucionales, al tiempo que se crean tensiones con actores sociales vinculados con la lucha por la creación de medidas de acción afirmativa para este grupo poblacional.
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