América del norte/México/11 Julio 2019/Fuente: El país
La educación inicial, reconocida por primera vez en México como un derecho universal, debe superar la falta de interés, recursos e infraestructura para convertirse en una realidad
Mucha política y poca educación. Ese es el saldo que dejó la negociación de la nueva reforma educativa en México, promulgada el pasado 15 de mayo. El país ha reconocido por primera vez la educación para niños y niñas menores de tres años como una obligación del Estado. La educación inicial llega con la promesa de trasformar las vidas de ocho millones de niños en el terreno afectivo, intelectual y nutricional, pero se enfrenta a la falta crónica de interés, recursos e infraestructura para ser una realidad.
Se calcula que alrededor de 850.000 niños menores de tres años, solo el 10% de la población objetivo, reciben alguna estimulación temprana. En realidad, no existe un dato oficial porque aún no es reconocido a la par que los otros niveles educativos y porque los servicios se ofrecen en una red desperdigada para hijos de trabajadores del sector público y privado, así como para una ínfima minoría que puede pagar estancias privadas que rondan los 2.000 pesos de inscripción, más de 10 salarios mínimos. «En México, los niños de 0 a 3 años son invisibles», señala Guadalupe Elizondo, que dirigió el área especializada de la Secretaría de Educación Pública entre 1976 y 1993. «Tenemos un archipiélago de instituciones incomunicadas y no existe una cabeza que coordine, evalúe el impacto y lleve el control de niños atendidos», agrega la especialista.
En un país azotado por la violencia y la desigualdad; en el que 21 millones de personas menores de 18 años son pobres; en el que uno de cada cinco niños padece desnutrición, y en el que casi un millón de jóvenes entre 5 y 17 años no puede asistir a la escuela porque se dedica exclusivamente a tareas domésticas, según Naciones Unidas, una revolución invisible promete un cambio radical. Poner en el centro a los que apenas aprenden a hablar, garantizar los derechos de quienes no pueden manifestarse, dar un punto de partida parejo a los más vulnerables. La teoría está lista, pero no ha habido un salto a la práctica. «Hay un trabajo enorme por hacer, pero es una oportunidad única», sentencia Elizondo.
El país destina menos del 2% del presupuesto para Educación en atención a la primera infancia. Este año se han invertido 4.553 millones de pesos (230 millones de dólares), con una adenda de 800 millones (40 millones de dólares) para expandir la cobertura. La cifra aumenta sustancialmente si se consideran los más de 13.000 millones de pesos (650 millones de euros) que el Gobierno destina a las guarderías, pero esto da cuenta de otro problema. «La educación inicial siempre ha sido concebida como una prestación para las madres trabajadoras, no como un derecho de los niños», apunta Elisa Bonilla, encargada de la estrategia nacional del Gobierno anterior. «Siempre se ha hablado de guarderías, pero los niños no son bultos para andarlos guardando», ironiza Elizondo.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, causó polémica a inicios de año tras anunciar el cierre de estancias infantiles financiadas, una red de centros subvencionados por la Secretaría de Bienestar para ciudadanos sin seguridad social, que atendían a casi 310.000 niños. La educación inicial tampoco estaba contemplada originalmente en la reforma que había propuesto López Obrador, en la que destacaba el acceso universal a la educación superior y la creación de 100 universidades. México ya invierte hasta cuatro veces más por cada universitario que por cada alumno de preescolar. «Los dos grandes cuellos de botella son el paso a primaria y la educación media superior», advierte Marco Fernández, profesor del Tecnológico de Monterrey.
El propio Gobierno calcula que más de más de un millón de estudiantes dejan cada año las aulas y solo un 17% de los jóvenes mexicanos llega a la universidad, según la OCDE. «El énfasis está en los universitarios porque votan», lamenta Fernández.
La nueva Ley de Educación establece que el Congreso mexicano tiene hasta noviembre próximo para impulsar la Estrategia Nacional para la Primera Infancia que garantice recursos suficientes para brindar la atención, capacitar a más personal especializado y coordinar una inmensa red de servicios públicos. No habrá planes concretos hasta que se trace esa hoja de ruta. Los especialistas advierten, sin embargo, que lo más importante es entender que no se trata de construir más guarderías o delinear planes de estudio rígidos. «La idea no es meter a un montón de niños en un aula de un día para otro, se trata de trabajar con las familias e impulsar un verdadero cambio de paradigma en el Gobierno, las organizaciones civiles y, sobre todo, los padres», afirma Bonilla.
Ser queridos, comer bien, recibir atención médica adecuada y abrirse paso al mundo de forma lúdica y creativa durante los 1.000 primeros días de vida marca un antes y un después en la vida de los niños. «Tiene una repercusión profunda sobre el desarrollo del cerebro e influye sobre el aprendizaje, la salud, el comportamiento y, a la larga, las relaciones sociales del adulto y sus ingresos», expone la Organización Mundial de la Salud. «Es la mejor manera de romper los ciclos intergeneracionales de desigualdad y de pobreza que afectan a México», señala Unicef. Se podría citar a decenas de organismos internacionales, especialistas de las mejores universidades del mundo y las experiencias exitosas en otros países. «Nunca sobran los diagnósticos, pero es momento de pasar a la acción», opina Bonilla. Sin planes de gran alcance ni interés ni recursos, ocho millones de niños mexicanos seguirán en las sombras.
Fuente: https://elpais.com/sociedad/2019/07/06/actualidad/1562371714_690852.html
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