África/Kenia/13-01-2023/Autor(a) y Fuente: www.kbc.co.ke
La marcación de los documentos KCSE del Certificado de Educación Secundaria de Kenia en St. Francis Girl’s High School en Mang’u, circunscripción de Gatundu Norte, se detuvo indefinidamente después de que los maestros involucrados en el ejercicio abandonaran sus herramientas denunciando las malas condiciones de trabajo y los bajos salarios.
Se ordenó a los maestros que paralizaron el ejercicio de calificación que abandonaran el lugar dentro de los 30 minutos con el Secretario del Gabinete de Educación Ezekiel Machogu y el Secretario Principal Belio Kipsang celebrando una reunión de crisis para determinar el próximo curso de acción en lo que podría interrumpir la publicación prevista de los resultados del examen KCSE este mes.
Los más de 1.000 docentes también mencionaron la intimidación, el liderazgo dictatorial del director del centro y la introducción de políticas punitivas de corrección de exámenes.
Decenas de policías fuertemente armados fueron desplegados en el centro para acelerar el proceso de cierre y ordenaron a los maestros en huelga que abandonaran el lugar en 30 minutos.
Esto se produjo cuando el Sindicato de Maestros de Educación Postprimaria de Kenia (KUPPET) acusó al Consejo Nacional de Exámenes de Kenia de supuestamente no cumplir con sus obligaciones con los examinadores.
El Sindicato afirma que los examinadores que calificaron el examen del Certificado de Educación Secundaria de Kenia sufrieron torturas en la ejecución de su mandato en diferentes centros de corrección de exámenes en el país.
El estancamiento entre los examinadores en huelga y KNEC podría interrumpir la publicación de los resultados de KCSE este mes.
Fuente e Imagen: https://www.kbc.co.ke/news/local-news/article/34484/teachers-hold-demos-in-mangu-demanding-payment-for-marking-exams
Pese a que Rosa Ferrer tiene un trabajo estable como maestra en Puerto Rico hace 16 años, para llegar a fin de mes y pagar sus deudas ha tenido que vender galletas, cupcakes, ofrecer tutorías y hasta cursos cortos de fotoperiodismo.
En verano, aunque es su periodo de vacaciones, busca trabajos temporeros.
Durante el semestre escolar, suele comenzar su jornada mucho antes del inicio de clases, pero no termina hasta la noche, cuando el material académico de los próximos días está preparado.
María Elena Gutiérrez, por su parte, divide sus días entre la enseñanza del inglés en el aula y el trabajo como cajera en un supermercado.
Ella cuenta con seis años de experiencia como maestra, en los que siempre ha necesitado un segundo empleo para enfrentar el ascendente costo de vida en el archipiélago caribeño.
Viven, coinciden ambas, exhaustas
«Yo vivo en un completo cansancio. Me levanto con fuerza, porque en verdad amo lo que decidí estudiar, pero estoy cansada», sostiene Rosa en entrevista con BBC Mundo.
«Uno tiene que tener un segundo trabajo», agrega. «Porque un sueldo no es suficiente».
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Pie de foto,Durante el mes de febrero, miles de maestros salieron a protestar en Puerto Rico para exigir un salario justo y mejores condiciones de trabajo.
Su realidad también la comparten miles de maestros boricuas, quienes durante los pasados meses han salido a las calles, junto a otros trabajadores públicos, para exigir mejores salarios y condiciones laborales.
Hay casos de educadores que necesitan hasta tres trabajos para subsistir. Uno de ellos falleció hace unas semanas en un accidente de auto cuando salió de madrugada de su tercer empleo como guardia de seguridad.
Y es que en el territorio estadounidense el sueldo base del magisterio es $US21.000 anuales.
De acuerdo con datos de la legislatura local, el promedio gana US$28.000 al año.
La Asociación Nacional de Educación de Estados Unidos dice que entre los 50 estados de Estados Unidos, Mississippi es el que tiene el salario promedio más bajo para los educadores, cifra que entre 2017 y 2018 suponía $US 44.926 anuales.
Para 2020, los servicios en Puerto Rico costaban un 60% por encima del promedio de Estados Unidos, según informes de la prensa local. En aquel momento, en el renglón de artículos de supermercado, el territorio ocupaba el puesto 24 en toda la nación.
Rosa, maestra del método Montessori en una escuela pública de San Juan, comenta que nunca quiso lanzarse a protestar «bajo sol y lluvia» ni «dejar a mis estudiantes sin clases» .
Pero afirma que no tuvo otra opción tras años de escuchar promesas incumplidas, la precariedad y observar casos de corrupción en el sistema educativo.
«Estamos buscando tener una mejor calidad de vida. No quiero ser rica, quiero estar estable. Tener mi propia casa, eventualmente formar una familia y cada vez lo veo más lejos», afirma María Elena.
Sueños frustrados y un futuro incierto
Fue cuando nació su hijo que Rosa se dio cuenta que el dinero no era suficiente. Todavía vivía con su antigua pareja y aun así tuvo que comenzar a trabajar extra.
«No me daba y empecé a hacer las galletas. Tenía que compensar porque había que comprar pañales , comprar leche», sostuvo.
Tras más de una década en el sistema educativo público, una licenciatura y un postgrado, su salario en la actualidad es cerca de $US 23.000 anuales, previo al descuento de impuestos.
Ahora, para dividir gastos, vive con su madre. Dice ser «aventajada» en comparación con otros colegas, pero no esconde que se siente desmoralizada.
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«A mi edad, me siento mal. Aunque soy independiente, no tengo privacidad. No me siento realizada por esa parte de no tener una casa que es mía y para dejarle algo al nene», cuenta a BBC Mundo esta maestra de 38 años.
María Elena, quien percibe un salario base y continúa estudios en educación con préstamos estudiantiles, dice que su futuro no lo ve en Puerto Rico. Sobre todo por la incertidumbre que le provoca una nueva política sobre las pensiones de los maestros.
El territorio estadounidense, asediado por una inmensa deuda pública, negoció recientemente su salida de la bancarrota en los tribunales. Como parte de la reestructuración de la deuda, los maestros que se jubilen en un futuro recibirán una pensión sustancialmente menor que los retirados actuales. Además el sistema de retiro cambió de ser uno vitalicio, de beneficios definidos, a cuentas individuales parecidas a las de empresas privadas.
Asimismo, previo a la decisión del tribunal, un educador del archipiélago se retiraba a los 55 años, ahora no podrá hacerlo hasta los 63.
«Sí, estoy pensando irme», dice seca y cortante la joven de 29 años.
«He pasado semanas de llorar y de frustración«, sostiene, por su parte, Rosa.
El salón: un golpe al bolsillo
La difícil situación económica de Puerto Rico, que en los pasados años se recrudeció tras varios huracanes y un terremoto, afecta directamente los suministros e infraestructura escolar.
Para palear la falta de recursos educativos, los maestros incurren en gastos todos los años, pese a que el Departamento de Educación es la agencia con la mayor tajada del presupuesto del archipiélago, con más de $US 3.000 millones en fondos provenientes del gobierno local y federal estadounidense.
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Pie de foto,Escuela de Puerto Rico afectada por el terremoto que impactó la isla en enero de 2021.
«Estuve un tiempo sin sillas y tuve que conseguir cajas de leche y comprarle unos cojines a los nenes«, sostuvo Rosa.
Su salón, que requiere varios elementos específicos por ser parte de una escuela Montessori, ha sido adecuado por ella y los padres de los alumnos. En ocasiones los progenitores donan dinero para comprar materiales, también le ayudan a pintar las instalaciones.
«He construido un salón Montessori, he invertido mucho dinero y tiempo. Eso no se recompensa. Pintura, material de cartulina, yo hago dos back to school (compras de regreso a clases), hago el de mi hijo y el de mi salón. Y en septiembre, tengo que cerrar mis gastos, porque luego viene mi cumpleaños y el de mi hijo, y entonces no me da el dinero», relata Rosa.
La experiencia es igual para María Elena, quien ofrece cursos a 150 estudiantes. La fotocopiadora de la escuela está dañada, así que le toca pagar para imprimir fuera los documentos. Si necesitaba usar internet en medio de una clase, hasta hace poco tenía que conectar su propio celular.
«Todos los años, cuando empezamos las clases, me gasto $US200 a $US300 en artículos para ambientar el salón», dice.
Las protestas y la respuesta del gobierno
La situación salarial de los maestros, así como de otros trabajadores públicos de la isla, provocó protestas masivas durante el mes de febrero en el territorio.
El gobernador, Pedro Pierluisi, anunció que a partir de julio se incrementaría $1.000 al salario base de estos trabajadores. Sin embargo, el dinero proviene de fondos no recurrentes otorgados por el gobierno federal de Estados Unidos, que vencen en 2024.
Este martes la propuesta se convirtió en ley y establece que el alza será permanente, aún cuando acaben los fondos federales. El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, le dijo a BBC Mundo que aunque el presupuesto de la agencia varía año tras año, el gobierno deberá identificar las partidas por tratarse de salarios protegidos por una legislación.
«Habría que analizar las demás partidas antes de impactar la nómina. Sobre todo, salvaguardar el debido proceso de ley», sostuvo.
Agregó, además, que «el dinero está dentro de las proyecciones del Departamento de Hacienda».
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Pie de foto,Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico.
Sobre el retiro, aunque indicó que continúa el diálogo con los educadores para identificar soluciones, sostuvo que la administración de Pierluisi evalúa aumentar las aportaciones a las cuentas de jubilación de un grupo de maestros que se ve más afectado por las nuevas disposiciones.
Y a cerca del problema de recursos en los salones de clase, declaró que han asignado un presupuesto mayor a las escuelas para que puedan adquirir los equipos necesarios.
Y, además, contemplan entregar tarjetas de compra a los directores escolares para agilizar la llegada de materiales.
Ramos agregó que espera que para el verano se apruebe un plan para la transferencia de fondos de Estados Unidos que corresponden a las ayudas avaladas por el Congreso tras el paso del huracán María hace casi seis años.
Expresiones incendiarias
Ante las manifestaciones, Pierluisi dijo ser solidario con los reclamos del magisterio.
«Me solidarizo con todos. Tienen todos el derecho de protestar, mientras no hayan recibido los aumentos que han reclamado tienen todo el derecho de marchar. Aquí vivimos en una democracia y nos distingue esa libertad», dijo el mandatario en febrero.
Pero parte de sus expresiones también incendiaron las protestas. Pierluisi, tras los reclamos de funcionarios, les exhortó a cambiar de trabajo si no estaban contentos con sus salarios.
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Pie de foto,Los legisladores evalúan elevar a rango de ley la legislación, aunque no hay fuente para subsidiarla.
«Nadie está obligado a ser policía ni bombero. Pero el que se dedica a esa vocación tiene que asumir esa responsabilidad, y si por alguna razón cuestiona si debe seguir haciéndolo, porque la paga no es la que espera, las condiciones de trabajo no son las que espera, no está obligado a permanecer en esa posición», comentó en aquel momento.
Olga Ramos, miembro de la Junta Directiva de la Asamblea de Educación, dijo que se necesita información oficial del Estado en materia de educación y que «se deje de hacer propaganda». La especialista aseguró que no se tienen suficientes maestros ni buenas condiciones en las escuelas.
Olga Ramos, miembro de la Junta Directiva de la Asamblea de Educación, reiteró que las escuelas venezolanas no tienen condiciones óptimas para dar clases desde antes de la pandemia.
“Aunque vacunen, nuestras escuelas no están en condiciones para dar clases”, añadió.
La experta destacó que hasta ahora, la información oficial está basada en promesas. “Nos dicen que si se cumple el plan de vacunación se retomarán las clases, eso quiere decir que no saben si se cumplirá”, señaló.
Ramos explicó que se necesita información oficial del Estado en materia de educación y que “se deje de hacer propaganda”. La especialista aseguró que no se tienen suficientes maestros ni buenas condiciones en las escuelas.
“Dependemos del sistema de transporte público y si este baja, se complican las idas a las escuelas”, agregó.
Asimismo, resaltó que hay una serie de condiciones que han venido agravándose desde la pandemia.
“Nuestros impuestos, a través del IVA, van al financiamiento del Estado, de una manera u otra estamos financiando las escuelas de este y eso no se ve reflejado”, cuestionó.
La representante acotó que se espera que el Ministerio de Educación aporte soluciones tras tantas reuniones.
América del Norte/México/16-05-2021/Autor: Víctor Romero Escalante/Fuente: www.laizquierdadiario.com.mx
El movimiento de profesores y ayudantes que inició en la UNAM, en contra de la precarización laboral y por derechos laborales, destapó una política contra las y los trabajadores que se viene aplicando desde hace años. Al mismo tiempo, obliga a reflexionar las perspectivas y retos del movimiento con el fin de vencer.
La ofensiva contra las universidades fue uno de los grandes proyectos del neoliberalismo, querían convertirlas en un gran negocio al servicio de los empresarios y los políticos, permitiendo su quiebra como lo hicieron con otros servicios públicos. Esta ofensiva desató grandes luchas por la defensa de la educación pública como la huelga de la UNAM de 1999, entre otras. Sin embargo, en muchos casos las pretensiones privatizadoras triunfaron e impusieron el cobro de cuotas, como ya ocurrió en las universidades estatales.
En la cuestión de la precarización laboral, una realidad que vivimos los profesores universitarios es de creciente inestabilidad laboral, bajos salarios, carencia de prestaciones, indefensión frente a las autoridades de nuestros respectivos centros de trabajo y un largo etcétera; siendo que representamos el 70 u 80 % de la planta docente. Esto tiene a miles de profesionistas, quienes hemos decidido dedicar nuestra vida a la docencia, en muy difíciles condiciones materiales para la reproducción de nuestro modo de vida y de nuestras familias.
En ese sentido podemos tomar de ejemplo las condiciones laborales de profesores de asignatura en universidades como la UACM, la UNAM, el IPN, la UAM y en todas las universidades estatales, donde hoy son atacados los derechos laborales, incrementado la precarización y reafirmando que los de asignatura estamos fuera del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT). No obstante, la ofensiva no se detiene contra los no sindicalizados, por el contrario, avanza también sobre los sindicalizados para terminar con sus conquistas.
El caso de la máxima casa de estudios, la UNAM, es escandaloso, pero no único. Las figuras de los profesores de asignatura han sido, a nivel superior, la forma de precarizar, fragmentar y eliminar nuestro derecho a la organización política, quienes recibimos salarios de 3 mil a 7 mil pesos que no alcanzan para vivir. Según datos proporcionados por los profesores, la Universidad tiene contratado al 75 % de sus académicos como asignatura; es decir, que quienes sostienen la enseñanza de las escuelas y facultades son trabajadores precarios.
Por años dentro de la máxima casa de estudios a nivel nacional, y siendo la universidad más importante de América Latina, se había naturalizado e invisibilizado este fenómeno: existe una profunda explotación del trabajo legalizada por un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y un sindicato blanco, la AAPAUNAM, el cual no representa nuestros intereses, como ha demostrado históricamente. Ahora, en plena pandemia y frente a la falta de pagos, declaró que recibir un salario es motivo de “orgullo y privilegio”, evidenciando su rol reaccionario.
Demandas mínimas para dignificar la labor docente
Basificación inmediata: La mayoría de los profesores son de asignatura; es decir, pertenecen a esquemas de precarización e inestabilidad laboral que los mantiene en la incertidumbre cada semestre. Por esa razón los docentes deben tener el derecho de contar con una plaza fija de tiempo completo que les garantice, por un lado, tener todos los derechos laborales. Igualmente, se requiere de la reinstalación inmediata de todas y todos los despedidos, ya sea por recortes a los presupuestos o como medida represiva por exigir derechos; como fue con los profesores de la Asamblea de la UACM.
Sindicalización: Por la misma condición antes descrita de profesores de asignatura, la mayoría de estos académicos no tiene derecho a la sindicalización o, en su defecto, se encuentra mediada por sindicatos blancos que responden a la patronal y no protegen para nada a los profesores. Lo que se requiere es una sindicalización de los académicos en sindicatos que aglutinen a todos los trabajadores de una universidad y que borren las barreras que separan a los docentes del resto de los trabajadores (administrativos, técnicos o de mantenimiento), y que defienda sus derechos laborales. Cuando los sindicaros abracen la lucha de los precarios ganarán contingentes de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, para mantener las conquistas laborales y conseguir nuevas. Asimismo, debe arrebatarse el control de la dirección a las altas burocracias sindicales y poner a estas organizaciones al servicio de la lucha de los trabajadores.
Por último, consideramos indispensable romper el gremialismo que domina en la mayoría de las organizaciones y en la consciencia de los trabadores, pues la única manera de triunfar es masificando el movimiento; pero esto sólo es posible sí se sale de los muros de las universidad y de las demandas que atañen únicamente al sector, por el contrario, se debe acudir a todas las escuelas superiores del país y centros de trabajo, llamando a organizar asambleas para que se discutan exigencias en común y planes de lucha unificados.
¿Qué hacer?
Para alcanzar estas conquistas se requiere levantar asambleas por escuelas que incluyan a estudiantes, maestros y trabajadores tanto sindicalizados como no sindicalizados, donde se elijan representantes revocables y rotativos que obedezcan únicamente a la voluntad de la asamblea. Con ese grado de organización sería necesario exigir que las autoridades universitarias puedan ser elegidas sobre la base de estos organismos de autoorganización y no por la junta de gobierno o cualquier otro cuerpo burocrático.
También es necesario llamar a los sindicatos que se autodenominan democráticos para que rompan la tregua de hecho que tienen con el gobierno, organizando a sus miles de agremiados para tomar las calles y que defiendan los derechos laborales, pues esto sólo es posible con una fuerza masiva en las calles que combata la precarización laboral a nivel nacional.
Fuente e Imagen: https://www.laizquierdadiario.com.mx/Perspectivas-y-retos-de-lucha-de-los-profesores-precarios-de-la-UNAM
Largas y extenuantes jornadas de trabajo sin días de descanso, malos tratos y discriminación por parte de los empleadores, bajos salarios, falta de seguridad social. Incluso en numerosos casos se desempeñan sin percibir sueldo; en todo caso, les ofrecen hospedaje y alimentos a cambio de su trabajo. Es parte de la situación que viven millones de personas dedicadas a las labores domésticas.
María de Jesús López Amador, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la UNAM, asegura que a partir del confinamiento empleadas y empleados están en riesgo económico y desprotegidos en general. Incluso, estudios de caso afirman que ésta es la actividad más sobreexplotada y menos remunerada.
“El 45 por ciento de las trabajadoras del hogar ganan entre uno y dos salarios mínimos, y el cinco por ciento de ellas gana más de tres; es decir, por día algunas reciben cerca de 150 pesos. Aunque se han hecho reformas a las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social se sigue dejando afuera la posibilidad de que se jubilen, de definir un salario al día por prestaciones adquiridas por los años trabajados, e incluso siguen sin saber cómo afiliarse a un sistema de seguridad social”, puntualiza.
Este es uno de los sectores con un alto porcentaje de mujeres acosadas laboralmente y abusadas sexualmente; muchas de ellas provienen de grupos étnicos y lo que ganan lo envían a su comunidad, transformando esto en remesas locales y nacionales. Además, su nivel de estudio es bajo y un buen porcentaje son jefas de hogar o madres solteras, quienes buscan salvaguardar y proteger a sus familias.
Con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, la especialista considera que aún falta normatividad en la materia porque la ley debe protegerlas a la par de otros sectores normados, sobre todo para que ellas tengan un salario mínimo justo y que, además, puedan profesionalizarse porque realizan diversas rutinas, pero el pago es totalmente desproporcionado.
“Hay quienes ven en este tema nuevas formas de esclavitud que se dan a nivel del hogar, porque son sobreexplotadas, obtienen poco pago y son abusadas”, manifiesta.
Lo que enfrentan
Cuando comenzó la pandemia Ana Luisa trabajaba en tres casas, en una “la descansaron” debido a que uno de los empleadores fue despedido; en la segunda le ofrecieron laborar una vez cada quince días, pero al paso del tiempo dejaron de llamarla; la otra propuesta consistió en que se quedara de manera permanente y poder salir una vez al mes, para evitar contagios de la COVID-19.
Ante la necesidad, la joven de 30 años tuvo que aceptar esta última. Dejó a su esposo, quien es carpintero, a cargo del hogar y al cuidado de sus dos hijos, aún en edad escolar.
Al inicio le “iba bien”, pero luego le incrementaron el número de tareas domésticas y de cuidados, posteriormente le aumentaron a 15 las horas laborales por día, sin salario extra. Así lo hizo durante cinco meses, pero tuvo que renunciar porque era agotador y su familia también la necesitaba.
Ana Luisa –quien no recibió aguinaldo del lugar donde se desempeñó– es una de las 2.5 millones de personas en México dedicadas al trabajo doméstico (según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2019); de las cuales 90 por ciento son mujeres.
Un día dedicado a ellas
Expresiones como “sirvientas”, “criadas” o “chachas” son usadas frecuentemente para referirse a las trabajadoras del hogar, pero esta manera de llamarlas tiene una carga de discriminación.
Por ello, con el propósito de colocar en la agenda política esta situación, la precariedad e invisibilidad sufridas, en 1998 se realizó, en Bogotá, Colombia, el primer Congreso de Trabajadoras del Hogar donde se conformó la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar; se instituyó entonces el 30 de marzo como el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar.
De acuerdo con información del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), esta es una fecha conmemorativa y de reivindicación de los derechos laborales de este sector. Incluye tareas caseras, cuidado de infantes y de tipo personal; se puede diferenciar entre remunerado y no remunerado.
El trabajo doméstico hace contribuciones importantes al funcionamiento de los hogares y de los mercados laborales, además es una fuente de empleo remunerado para las mujeres quienes representan una de las principales fuerzas de trabajo asalariadas en México y el mundo.
Impulso a las mujeres
De acuerdo con María de Jesús López Amador, los días internacionales permiten visibilizar algún fenómeno social que da cuenta de lo que sucede en determinado sector. En el caso del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar invita a los países a mirar hacia el interior y detectar los vacíos de política pública para fortalecer lo necesario a fin impulsar a las empleadas domésticas.
La Organización Internacional del Trabajo, afirma, ha jugado un papel importante para mostrar que la actividad del hogar está desprotegida y además ha logrado algunos acuerdos entre gobiernos. En México trasladar la legislación en una cobertura más amplia a este sector de mujeres ha sido fundamental.
Comenta que desde hace dos años se viene construyendo un ejercicio importante para que las empleadas domésticas accedan a la seguridad social, en el cual sus empleadores las afilien y se comprometan a pagar una parte proporcional, la otra es responsabilidad de las trabajadoras, para acceder a los servicios de salud y a pensionarse. Esto no está universalizado y aunque es bajo el porcentaje de mujeres que están incorporadas, es un primer avance para apoyar a este sector.
“En la ENTS tenemos la especialización ‘Modelos de intervención con mujeres’, que tiene como fin generar propuestas para impulsar a este sector, particularmente su salud mental. Las estudiantes tratan de entender las nuevas formas de organización familiar de las mujeres y comprender otros mecanismos de seguridad social para capacitarlas y evitar en lo posible que sean abusadas en lo laboral; es decir, sus derechos humanos”, expresa López Amador.
El Valle de Sula, actualmente arrasado por los huracanes Eta y Iota y fuertemente afectado por la pandemia de covid-19, ha sido históricamente el corazón de la ocupación trasnacional en Honduras. También ha sido el corazón de una resistencia vigorosa. Las estructuras para resistir la explotación laboral sirven hoy para organizar la solidaridad social.
El pueblo hondureño vive actualmente acechado por la pandemia y las catástrofes ambientales que han causado cientos de muertes y enormes pérdidas en el país. Pero también vive otra pandemia: la de la violencia de un Estado que no ha funcionado más que para profundizar las desigualdades, la pobreza y la migración. Una de las regiones de Honduras más lastimadas por el covid-19 y la destrucción causada por el paso del huracán Eta y la tormenta tropical Iota en menos de dos semanas ha sido el noroccidente del país, específicamente el Valle de Sula, que se ha visto devastado por las inundaciones causadas por la crecida de los ríos Ulúa y Chamelecón.
La magnitud de la destrucción hace imposible que hasta la fecha se tenga certeza de los desoladores efectos que estos fenómenos han tenido en la región y en el país, no solo por la destrucción que han causado en el Valle de Sula sino también por la adversidad que provocaron en el departamento de Santa Bárbara y en el amplio territorio históricamente agraviado de La Mosquitia. Al menos tres millones y medio de personas resultaron afectadas por estos fenómenos, mientras que por lo menos medio millón han sido desplazados internos por la misma causa. En este contexto, se ha señalado que los daños de los huracanes duplicarán el déficit habitacional del país, lo cual equivaldría a una necesidad aproximada de 2,5 millones de hogares. Algunos economistas han calculado que el impacto del Eta y de Iota podría alcanzar hasta 40% del PIB o bien generar cinco años de retroceso, lo que podría llevar el índice de pobreza hasta 80% en 2021. A esto se suman las enfermedades que se puedan generar tras el paso de los huracanes y la vulnerabilidad de 1,5 millones de niñas y niños expuestos a los daños.
El impacto del Eta y de Iota podría alcanzar hasta 40% del PIB o bien generar cinco años de retroceso, lo que podría llevar el índice de pobreza hasta 80% en 2021
El Valle de Sula, actualmente arrasado, ha sido históricamente el corazón de la ocupación transnacional en Honduras, desde la histórica presencia de grandes extensiones de plantíos de banano controlados por la United Fruit Company y Standard Fruit Company, hasta grandes terrenos ocupados actualmente por multinacionales de la industria maquiladora.
Desde hace un siglo, esta región de poco más de 6.000 kilómetros cuadrados fue apropiada por las empresas bananeras estadounidenses que se extendieron a través de miles de hectáreas de monocultivo Rcomunicadas por vías férreas que desembocaban en muelles y puertos de la costa para exportar a Estados Unidos. Ahí se produjeron las condiciones de mayor barbarie laboral, como bien lo demuestra la pluma de Ramón Amaya Amador en la novela Prisión verde, pero también los actos populares de mayor rebeldía, tal y como ocurrió con la histórica huelga bananera de 1954, que hizo temblar el poder del dinero frente a la inmensa insurrección obrera que sacudió al país entero, con epicentro en el municipio de La Lima, que actualmente se encuentra severamente dañado.
A partir de la década de 1980, cuando Honduras se convirtió en el apéndice del dominio económico y político estadounidense en América Central, en el contexto de la Revolución Sandinista en Nicaragua y del conflicto armado en El Salvador, grandes sumas provenientes del extranjero ingresaron en el Valle de Sula para ser invertidas en la industria maquiladora de exportación, aprovechando las precarias condiciones salariales que predominan en el país, además de la ubicación estratégica que tiene el Puerto Cortes para exportar bienes manufacturados hacia la Florida. Desde aquellas fechas hasta la actualidad, con el impulso de políticas económicas neoliberales que solo han garantizado la venta del territorio nacional a las grandes empresas, el Valle de Sula pasó a convertirse en el enclave manufacturero exportador sobre el cual recae el grueso de la economía nacional.
Un corredor industrial maquilador que abarca desde Choloma hasta El Progreso se ha formado a lo largo de los años para absorber un enorme ejército de trabajadoras y trabajadores que originalmente migraron desde regiones rurales para instalarse en las líneas de producción. Estos laboran día y noche, 12 horas diarias sin parar, cosiendo prendas básicas y ensamblando arneses exportados al mercado estadounidense. 150.000 trabajadores y trabajadoras de la maquila se han instalado en las diferentes colonias populares del Valle de Sula, enfrentándose y organizándose diariamente contra la permanente vejación y violación de derechos laborales. Este histórico espacio se ha convertido así en un territorio marcado no solo por la explotación de las grandes empresas, sino por la resistencia y la rebeldía que no dejan descansar a los dueños del dinero.
Desde la década de 1990, cuando la maquila se encontraba en pleno apogeo, organizaciones obreras desarrollaron huelgas históricas a lo largo y ancho del Valle de Sula para denunciar bajos salarios, despidos, jornadas extenuantes y trabajo infantil. Desde allí se organizaron campañas globales de denuncia que han puesto en jaque a las marcas de ropa por su responsabilidad y total impunidad en la precarización del trabajo. Además, esta rebeldía también ha sido fundamental para establecer lazos de solidaridad con la organización laboral de otras actividades económicas, en la formación del movimiento sindical de la industria melonera, en el apoyo a las demandas obreras del sector del banano, en la lucha feminista contra la violencia patriarcal, en la rebelión contra los fraudes electorales y contra las políticas neoliberales de privatización de la educación y la salud pública.
Las colonias obreras devastadas por el paso de los huracanes Eta y Iota se fueron construyendo y ampliando con los años a medida que trabajadoras y trabajadores fueron erigiendo sus hogares sin la ayuda de nadie más que su fuerza de trabajo. Por más que los medios de comunicación empresariales y la clase política busquen presentar el actual desastre como una causa ajena y externa, la devastación causada por estos fenómenos meteorológicos (producidos por efectos del calentamiento global) evidencia un robo histórico e institucionalizado de riqueza que, en lugar de quedar en manos de la población que diariamente la crea con su trabajo, ha sido expoliada para quedar en las arcas de las grandes corporaciones maquiladoras y bananeras que por años han ampliado su acumulación a costa de la vida obrera. Este robo institucionalizado ha provocado una escasez generalizada que se refleja en falta de vivienda digna y de seguridad en la reproducción de la vida obrera del Valle de Sula.
El problema no radica únicamente en la fuerza de los huracanes Eta y Iota en Honduras y en el Valle de Sula, sino en las décadas de expoliación de riqueza que han dejado a la población trabajadora del campo y la ciudad al límite de la vida, sin garantías de seguridad, vivienda y trabajo digno. Esta larga historia de explotación y despojo de una economía de enclave como la hondureña es la mayor responsable de las consecuencias catastróficas que ha generado el paso de los huracanes por Honduras. La ausencia de políticas de Estado para la ciudadanía ha quedado, además, al descubierto con la pandemia. El país tiene hoy un sistema de salud público quebrado.
El Estado hondureño brilla por su ausencia a la hora de promover una seria política de prevención y emergencia que sirva para la población damnificada que ha perdido sus hogares y sus trabajos, mientras que muchas corporaciones maquiladoras obligan a su mano de obra a trabajar mientras se anuncian con bombos y platillos «ayudas» a los empleados afectados, cuando estos han dedicado sus vidas a producirles sus ganancias y sus riquezas monopólicas.
Los sindicatos de la industria maquiladora y del sector del banano organizan brigadas para monitorear, recaudar y entregar víveres a la población afectada, además de denunciar los abusos a los que están siendo sujetos por parte de las empresas
Pero Honduras y el Valle de Sula también brillan por una inmensa e incalculable solidaridad popular que se puede ver en las calles, con brigadas de limpieza, recaudación y distribución de víveres y apoyos que sí alcanzan a lapoblación damnificada. Organizaciones de pueblos originarios, así como movimientos barriales y sindicales, responden al escenario adverso, movilizándose y solidarizándose con la población lastimada. Así como han construido sus vidas en la región dañada con su propio esfuerzo colectivo, a contracorriente y con un Estado que históricamente les ha dado la espalda, hoy enfrentan el desastre causado por el paso de huracanes con un sentido de autoorganización para la supervivencia que busca poner la vida por delante.
Los sindicatos de la industria maquiladora y del sector del banano organizan brigadas para monitorear, recaudar y entregar víveres a la población afectada (no solo a los agremiados), además de denunciar los abusos a los que están siendo sujetos por parte de las empresas –muchas de ellas obligan a los trabajadores y trabajadoras a presentarse a la fábrica para trabajar pese a las condiciones adversas–. A pie, en carros y en lanchas, las mismas estructuras organizativas que se han creado en estas industrias para resistir frente a la constante vejación laboral y solidarizarse con otras luchas en el país ahora sirven como sostén de apoyo para la población damnificada.
De esta manera se demuestra, una vez más, que frente a un Estado indolente que se sostiene a punta de fraudes, corrupción y pólvora, y que da la espalda al dolor y las necesidades apremiantes, han sido la autogestión, la autodeterminación y la organización de los trabajadores y trabajadoras la mayor herramienta para enfrentar las consecuencias catastróficas generadas por los huracanes y la pandemia en Honduras, especialmente en su memorable Valle de Sula.
Maestros y trabajadores de la salud marcharon este miércoles 4 de noviembre desde la Maternidad Concepción Palacios hasta la plaza Caracas para exigir salarios justos.
“Nosotros vamos a estar en la calle movilizadas, los gremios de la salud le hemos pedido a la administración de Maduro que nos aumenten los salarios y ha hecho caso omiso. No tenemos equipos de protección para la COVID-19: o nos mata el hambre o nos mata el coronavirus”, sentenció la presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras.
“La crisis hospitalaria esta cobrando vida del sector salud y no hay respuesta. Aquí pueden salir unos aumentos que son una burla para el gremio. Vamos a seguir en la calle. Le decimos a Nicolás que no nos vamos arrodillar”, afirmó.
Contreras indicó que han solicitado en varias ocasiones al gobierno de Nicolás Maduro que se dolaricen los sueldos del sector “pero han hecho caso omiso a esta denuncia”.
«Hago más plata vendiendo tostones que con el salario», dijo una manifestante
«No quiero bono, no quiero Clap la lucha es por salario y dignidad», son algunas de las consignas que corean.
La protesta fue custodiada por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que siguieron todo el recorrido. Al llegar a plaza Caracas los esperaba un piquete de la PNB, el cual fue dispersado por los manifestantes que se abrieron paso para seguir la movilización.
En Portuguesa, Lara, Aragua y Cojedes ambos gremios también protestaron por los precarios sueldos y el abandono en medio de la crisis económica que se agudiza con la pandemia del COVID-19, asimismo, exigen un salario de $600 y el pago de las deudas.
#4Nov#Caracas#Protesta "Hago más plata vendiendo tostones que con el salario": Trabajadores de la salud en Venezuela son sometidos a un salario Bs. 400.000 al mes, lo que no alcanza ni para un carton de huevos.pic.twitter.com/uVNdwwc9qV – @sincepto
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