España/Junio de 2017/Autora: Rocío Romero/Fuente: Hoy
Los profesores no podrán coger años sabáticos. Así lo anunció ayer la Junta de Extremadura tras la propuesta de ANPE, el sindicato educativo quiere que los profesores de cuerpos no universitarios puedan acogerse a este beneficio que ya existe en otras comunidades, como Navarra o el País Vasco.
Consiste en que los docentes cobrarían el 85% de su salario trabajando la jornada completa durante cuatro años y, por tanto, acumularían el 15% restante. De esta manera, el quinto año percibirían también el 85% aunque no trabajaran. Durante esos doce meses no estarían obligados a ampliar su formación ni reciclarse. Podrían dedicarlo a cuidar de su familia, por ejemplo. Desde ANPE se indica que los profesores pueden sentirse «fatigados, cansados, presionados e incluso padecer el síndrome de burnout (estar quemado)». Como causantes de esto hablan del aumento de horas lectivas en los últimos años y de «pésimas condiciones laborales».
Desde ANPE se indica que lo solicitaron por primera vez hace ocho años y que hace un mes enviaron de nuevo un documento a la Consejería de Educación con esta petición y otras. Quieren negociar con la Junta esta posibilidad.
Desde el departamento dirigido por Esther Gutiérrez, sin embargo, rechazaron ayer esta posibilidad. «Hay otras prioridades en las que trabaja el equipo de la consejería en pro de la recuperación de derechos perdidos entre el colectivo de los docentes y del alumnado. La propuesta del sindicato ANPE no entra en los planes». Argumenta, entre otros motivos, que han sumado 600 profesores en los últimos dos años.
La Consejería de Educación ha anunciado esta semana que recupera las licencias no retribuidas para que los docentes no universitarios se formen. Esto es, que no cobrarían durante un año en el que estarían obligados a estudiar.
Pero no es lo mismo esas licencias para formación que el año sabático en sí. Esta ventaja existe en otras comunidades autónomas y se está desarrollando con éxito.
Basta como ejemplo Castilla y León, donde más de 900 profesores han disfrutado de un año sabático en los últimos diez años. ANPE toma esta comunidad como ejemplo. Allí el requisito consiste en una antigüedad como funcionario de siete años y no tener cumplidos 55. De esta manera, no afecta a los últimos años de cotización previos a la jubilación. El límite de permisos está establecido en 200 en cada convocatoria.
El País Vasco fue la región pionera. Lo adoptó en el año 2003. En la orden que regula este beneficio se explica el objetivo para conseguir un «buen funcionamiento del sistema educativo». «Es evidente que la mejora de las condiciones laborales del profesorado se traducirá en una mejora del propio sistema educativo vasco, ya que, con independencia del fin concreto al que cada beneficiario de esta medida destine ese año de descanso, lo que no cabe duda es que su disfrute contribuirá a reducir el estrés y otro tipo de enfermedades profesionales, así como a favorecer una mejor conciliación de la vida familiar y laboral», indica. El País Vasco también lo estructura en cinco años naturales, de los que el profesor trabaja los cuatro primeros percibiendo el 84% del salario y continúa con los mismos ingresos el quinto, aunque no trabaja.
En Aragón, 22 profesores disfrutarán del año sabático el próximo curso. De ellos, cinco son maestros y los otros 17 de Secundaria. Este número se aleja bastante del máximo permitido por la Administración, que fijó la posibilidad para 70 profesores. Los docentes aragoneses pueden disfrutar de esta posibilidad desde 2006. Eso sí, deben acumular una carrera de 15 años como funcionario para poder acogerse a ella.
En Navarra existe desde 2008 y, al igual que en Aragón, se puede solicitar cuando el funcionario lleva 15 años de ejercicio.
Antonio Oconor Ortega recuerda sus días como profesor de Educación Física de forma agridulce. No se daba cuenta cuando, de frente a los alumnos, caía al suelo presa de un ataque epiléptico. Los repetidos episodios lo obligaron a buscar atención médica especializada fuera del país, pese que desde mediados de 1960 es el afiliado número 115260 del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). No quería que sus estudiantes y familiares lo socorrieran.
Los primeros días de Oconor Ortega como docente fueron en su natal Ocotal, donde en aquella época –según él– la cobertura de salud y medicinas del INSS no llegaba. “Estaba concentrada en las ciudades como Managua”, relata este hombre de 73 años, que desde la década de los ochenta se trasladó a Managua para dar clases en un colegio capitalino. Espigado y atlético, tiene la mitad de su rostro adormecido. El lado izquierdo cuelga sin control de sus impulsos. Desde 1970, Oconor Ortega buscó atención médica en Honduras y Estados Unidos por su cuenta.
La lesión del rostro fue causada por una operación cerebral: Le extirparon un tumor hace 13 años. Aunque su vida ha estado ligada a las pastillas anticonvulsivas, y pagó 1 mil 426 cotizaciones, fue hasta 2014 que el INSS comenzó a financiarle el tratamiento.
La mañana del pasado 19 de mayo, Oconor Ortega llegó a la farmacia Simón Bolívar del INSS, en Managua, a retirar su dosis mensual de medicamentos. La farmacéutica le anunció que la pastilla más costosa, la Levetiracetam (vital para que no convulsione), ya no es gratuita.
“Antes solo presentabas el epicrisis y te daban las pastillas. Ahora no me dijeron la razón exacta de este cambio, pero sí que las medicinas para enfermedades especiales las estaban quitando”, relata Oconor Ortega. Entre las manos sostiene blísters de carbamazepina y clonazepam, otras pastillas anticonvulsivas y ansiolíticas que debe tomar a diario. Así ha sido su vida, atada a prescripciones costosas… y el beneficio del INSS le duró poco.
Recorte abrupto, denuncian jubilados
Sede de la farmacia Simón Bolívar, en Managua. Allí son atendidos los jubilados. Carlos Herrera/Confidencial
Por estos días, en que la seguridad social en Nicaragua está al borde del abismo (el Fondo Monetario Internacional ha fechado su caída en insolvencia para 2019), los pensionados y enfermos crónicos han sufrido un recorte de los medicamentos. La medida ha sido abrupta y el INSS no ha dado explicaciones hasta ahora.
Rigoberto Muñoz, presidente de la Unión Nacional de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores (Unajupam), dice que solo en Managua han sido afectados 42 mil ancianos que reciben medicinas.
“Nos reunimos con la directora de Prestaciones Económicas del Seguro, Brenda Moncada, y nos dijo que la respuesta la tiene Roberto López (director del INSS)… queremos que nos conteste”, demanda Muñoz.
Confidencial quiso comunicarse con autoridades del INSS, pero no respondieron.
Unajupam sostiene que el recorte de medicamentos ha afectado especialmente a enfermos diabéticos, con cáncer en primer grado y los de Insuficiencia Renal Crónica. “Las enfermedades crónicas y patológicas son las más golpeadas”, insiste Muñoz.
Luis Garmendia, un minero con secuelas en los pulmones; Marlene Tercero, con leucemia; y Félix Ramón López, con diabetes, son algunos de los ancianos reunidos en Unajupam que demandan medicamentos.
La Asociación de Jubilados y Pensionados de Nicaragua (Ajupin) también levantó reclamos. Centra su demanda en el Occidente del país, donde la epidemia de Insuficiencia Renal Crónica diezma especialmente a los hombres. “Los jubilados ahora tienen que prestarle al INSS dinero para comprar los medicamentos, y eso no es así”, fustiga Gustavo Martínez, representante de Ajupin.
Las asociaciones de jubilados y pensionados denunciaron que no solo en la clínica Simón Bolívar del INSS existe el recorte de medicamentos. “También en las clínicas previsionales no hay medicamentos”, afirma Muñoz. “Se echan la culpa: las clínicas dicen que el INSS no paga los medicamentos, y el INSS dice que es problema de las clínicas que no entrega los medicamentos”, explica.
Sin embargo, Ismael Reyes, director del Hospital Salud Integral, asegura que la entrega de medicamentos en ese centro no ha sido alterada. “Nosotros le vendemos servicios al INSS (…) y estamos dando la misma lista, ni hemos recibido ninguna orientación del seguro”.
De acuerdo al anuario estadístico 2016 del INSS, la farmacia despachó un total de 349 mil 872 órdenes de medicamentos. La mayoría (179 mil 652) correspondieron a pensionados, seguido de los asegurados (137 mil 483), beneficiarios (28 mil 555) y para “ayuda social” (4 mil 182).
“Del total entregado, 28 mil 236 fueron para el programa de atención integral oncológica y 321 mil 636 para el resto de enfermedades”, detalla el anuario. Sin embargo, no especifica el tipo de medicamentos otorgados.
Alberto Lacayo, empresario farmacéutico y exdiputado opositor, sostiene que en la última quincena han aumentado los ancianos que llegan en busca de medicamentos a una de sus farmacias, ubicada en el Centro Comercial Managua.
“Los pensionados atendidos en el Hospital Central Managua están llegando más a buscar medicamentos hipertensivos, cardiológicos, para el Parkinson, diabetes y colesterol”, narra Lacayo. El empresario calcula que una canasta de medicamentos de este tipo ronda los 400 y 600 córdobas mensuales.
Hay superávit
Para financiar la atención médica y la entrega de medicamentos, el INSS recibe de cada uno de sus 900 mil afiliados 8.50% de su cotización para ese rubro. De ellos, 2.25% lo paga el trabajador, 6% el empleador y el Estado, en teoría, el restante 0.25%.
El experto en seguridad social, Roger Murillo, explica que ese porcentaje de 8.50% debe multiplicarse con el salario promedio de los cotizantes, que rondó los 10 mil 318 córdobas en 2016.
La operación matemática da 851.2 córdobas, cifra a la cual se le aplica otra ecuación: Es multiplicada por los 900 mil trabajadores registrados en el INSS, dando una cifra mensual de 766 millones 111 mil 500 córdobas. Con ese dinero, la seguridad social paga un aproximado de 351 millones de córdobas a las clínicas previsionales, quedando un excedente de casi 400 millones para medicamentos y para el colchón de ahorro del INSS.
“Superávit hay, y no han explicado por qué están quitando las medicinas”, cuestiona Manuel Israel Ruiz, otro connotado experto en seguridad social.
Ruíz menciona que existe un vacío legal en torno a la entrega de medicinas a los jubilados. Aunque la ley 160 en su artículo 3 establece entregar “prestaciones farmacéuticas”, no detalla explícitamente cuáles. Es decir, que “el INSS puede actuar de forma discrecional”.
Mientras uno está afiliado al INSS no abona para recibir medicamentos en la jubilación. En la década de los setenta, durante la época somocista, a los pensionados de vejez, invalidez y discapacidad les quitaban 6% de sus pagos para financiar la atención médica y de medicamentos.
Durante la época de la Revolución Sandinista ese cobro fue eliminado. En 1993, fue inhabilitado el sistema único de salud y el INSS asumió la obligación de brindar atención médica a los asegurados y pensionados. Es allí cuando nacen las figuras de las clínicas previsionales.
Sin embargo, el cobro a los pensionados por recibir medicinas nunca fue reestablecido, y se mantuvo la gratuidad hasta hace quince días, cuando la crisis que atraviesa el INSS empeora.
El experto Ruíz dijo que aunque hay un vacío legal en torno a los pensionados, los ampara la ley 516 de derechos adquiridos. Fue aprobada en 2005 y establece que “todo lo que se ha dado en materia laboral y en la seguridad social no puede disminuirse”.
“Mi propuesta es que quienes recibimos pensión de vejez, invalidez o discapacidad, paguemos el 1%. Equivaldrían unos nueve millones de córdobas mensuales”, dice Ruíz. “Que el Estado pague otro 1%, para que el INSS recupere 18 millones y así se nos dé todo”, agrega el experto, alentando a crear una nueva ley que regule esta situación.
No salva al INSS
Carlos Herrera/Confidencial
Por ahora, el mutismo del INSS respecto a este tema se mantiene. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguerri, dijo esta semana “desconocer” que el recorte de medicamentos sea una “política establecida” del INSS. Aunque matizó que “reducir (medicinas) no va a ser suficiente para responder al tema planteado por el FMI”.
Para el economista Adolfo Acevedo existen medidas más eficaces para evitar el déficit inmediato del INSS, como reducir a los gastos administrativos a un 6.5% de los ingresos de cotización. Según Acevedo, eso implicaría un ahorro inmediato de más de 1 mil 500 millones de córdobas.
El economista propone además que todas las pensiones que corresponden a la función de protección social del Estado “comiencen a ser financiadas por el Presupuesto. En 2016 estas conllevaron un costo de poco más de 2 mil 500millones de córdobas”.
Con la receta en mano, el profesor de educación física retirado hace sus propias cuentas. Necesita dos paquetes de 30 pastillas Levetiracetam para no sufrir un ataque epiléptico. Cada paquete vale 1, 576 córdobas, lo que al mes sumarían 3 mil 152 córdobas.
Antonio Oconor Ortega respira profundo. Limpia su comisura izquierda con un pañuelo crema. Su jubilación es de 5 mil 134 córdobas. Asumir el tratamiento le dejaría menos de dos mil córdobas para comer y pagar los servicios básicos. La jubilación de su esposa tampoco alcanza para mucho. “Nos van a matar”, expresa el exprofesor. Agacha la cabeza y fija la mirada en el moño de pastillas amarradas con una bandita elástica.
El incremento del 60 por ciento del salario mínimo decretado por el Presidente Nicolás Maduro beneficiará a los trabajadores y trabajadoras tanto activos como jubilados del Ministerio del Poder Popular para la Educación, informó el ministro del Poder Popular para la Educación, durante la emisión número 31 de su programa radial Encuentro Popular, transmitida a través de YVKE Mundial.
Durante su intervención, Jaua resaltó la protección que ha brindado la revolución a la clase trabajadora, y prueba de ello es el tercer incremento salarial establecido por el primer mandatario nacional en lo que va de año, situación que contrasta con los despidos y recortes presupuestarios que afectan a los trabajadores de la educación en países como Argentina, México y Brasil.
El ministro Jaua detalló que a partir del 1° de mayo el ingreso mínimo integral quedó en 200.021 bolívares, incluyendo cestaticket, que subió de 108 mil a 135 mil bolívares, mientras los jubilados y pensionados cobrarán 65 mil veintiún mil más un bono especial contra la guerra económica equivalente al 30% del salario mínimo, es decir 19 mil 506 bolívares, para un ingreso total de 84 mil 527 bolívares mensuales.
Además, el titular del despacho educativo explicó que la tabla salarial de los docentes con una dedicación de 36 horas quedó establecida de la siguiente manera: los Docentes con grado I comenzarán a devengar un total de 247 mil 555 bolívares; los educadores con grado II, 277 mil 074 bolívares; los docentes con grado III, 283 mil 347 bolívares; mientras que los docentes con grado IV, 289 mil 593 bolívares; los maestros y maestras con grado V pasarán a cobrar 323 mil bolívares, y los educadores con grado VI recibirán 352 mil bolívares mensuales.
En cuanto a los docentes que tienen una dedicación 33,33 horas semanales, el incremento salarial se hará de la siguiente forma: Docentes grado I, 139 mil 416 bolívares; Docente grado II 266 mil 769 bolívares, Docente grado III 272 mil 637 bolívares, Docente grado IV 278 mil 461 bolívares, Docente grado V 309 mil 598 bolívares, Docente grado VI 336 mil 374 bolívares, afirmó el ministro Jaua.
Finalmente, Jaua Milano informó que actualmente 700 mil familias son protegidas por la Gran Misión Hogares de la Patria, y agregó que estos hogares pasarán a recibir 70 mil bolívares mensuales a partir del mes de mayo.
Los maestros de Cusco, Puno y Tacna de una de las facciones del Sutep acataron su primer día de paralización para exigir mejores sueldos y en rechazo a la nueva ley de reforma magisterial.
La medida de protesta se llevó a cabo a pesar que la medida fue declarada ilegal. En ese sentido, el Ministerio de Educación dispuso la aplicación de descuentos para los docentes que faltaron a trabajar.
En Cusco, hubo movilizaciones en las calles y un plantón en la Plaza Mayor. Además de exigir mejoras salariales, pidieron la renuncia de la ministra de Educación, Marilú Martens.
Ernesto Meza Tica, secretario general del Sutep Cusco, sostuvo que el 99% de los afiliados acataron el paro. Amenazó que si el gobierno no atiende sus demandas, ingresarán en huelga indefinida.
Explicó que el sueldo de los maestros que corresponden a la primera escala magisterial debe incrementarse a 4 mil 0.50 soles.
Los maestros también rechazaron las declaraciones del secretario nacional del Sutep, Alfredo Velásquez, quien sostuvo que tras la convocatoria del paro está el Movimiento Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) y Sendero Luminoso.
Mientras que en Tacna, participaron 300 maestros en la paralización. Se concentraron en la plaza De Zela, marcharon hasta la Prefectura y sede de la presidencia del Gobierno Regional de Tacna. Ahí dejaron un pliego de reclamos, en este se incluyó el pago por preparación de clases, de competencia regional.
Mery Coila, dirigente del Sute Regional, señaló que rechazan la Ley de Reforma Magisterial que atenta contra el régimen laboral estable y proponen una evaluación formativa, mejorando capacidades de los maestros.
RESUMEN: La mitad de los maestros australianos de las escuelas públicas están gastando más de $ 500 de su propio dinero cada año en artículos como papelería, materiales para el aula y recursos de la biblioteca mientras que uno de cada 10 está gastando más de $ 2,000. Más del 80% de las escuelas participan en la recaudación de fondos y la abrumadora mayoría dicen que es importante para sus presupuestos anuales, según la encuesta del Estado de Nuestra Escuelas de la Unión Australiana de Educación de 2017. La encuesta, que fue completada por 1.428 directores y 7.513 maestros, fue liberada el domingo mientras el sindicato aumentaba sus pedidos para que el gobierno se comprometiera a financiar la escuela Gonski antes del presupuesto de mayo. Las escuelas eran más propensas a utilizar la recaudación de fondos para hardware o software de computadora, equipo deportivo, recursos de biblioteca o libros de texto.
Teachers are dipping into their own pockets and cash-strapped public schools are leaning heavily on fundraising to pay for essential supplies, a new survey has found.
Half of Australian public school teachers are spending more than $500 of their own money each year on items including stationery, classroom supplies and library resources while one in 10 are spending more than $2,000.
More than 80% of schools are engaging in fundraising and the overwhelming majority say it is important for their annual budgets, the Australian Education Union’s State of Our Schools survey for 2017 found.
The poll, which was completed by 1,428 principals and 7,513 teachers, was released on Sunday as the union ramped up its calls for the government to commit to Gonski school funding ahead of the May budget.
Schools were most likely to use fundraising for computer hardware or software, sports equipment, library resources or textbooks.
One in four used the money for basic maintenance on school infrastructure, while others spent the funds on classroom air conditioning, camps, excursions and playground equipment.
Two-thirds of teachers said their school was under-resourced while three in four believed their workloads were increasing.
More than half of full-time teachers worked more than 50 hours per week on school-related activities, while almost 30% clocked up over 55 hours.
“Teachers and principals should be spending all their time on the education of their students, not working out how many barbeques they need to organise and run to pay for a literacy and numeracy program,” AEU federal president Correna Haythorpe said.
“Teachers are aware of the shortages of resources in their schools, and it is a major concern they feel that they need to pay for basic resources which should be available to all students as a matter of course.”
The education minister, Simon Birmingham, said the federal government was carrying the can on increasing education investment, with commonwealth funding rising 23% in four years while state funding had grown by just two per cent.
“The survey is a union push-poll that was always designed to play politics rather than focus on how we can best support hardworking teachers to drive improved education outcomes,” he said.
But opposition education spokeswoman Tanya Plibersek said the survey results were alarming and she restated Labor’s commitment to needs-based schools funding.
RESUMEN: La Asociación de Traineres de Maestros de Ghana (TTAG) ha calificado como falsas las declaraciones del Ministerio de Educación de que ha liberado una cantidad de GH ¢ 50.532.000 para el pago de subsidios de alimentación para aprendices de maestros. La asociación ha intensificado en los últimos tiempos su llamamiento al Ministerio para que libere fondos para sus subsidios de alimentación, que ha estado en mora por unos tres semestres. Pero el Ministerio en un comunicado la semana pasada dijo que había pagado la cantidad. Jonathan Apam, Presidente de TTAG en una entrevista con Citi News, dijo: «Hemos comprobado de NCTE y el dinero no está allí y el Ministerio de Educación nos ha dado un memorando diciendo que nos han dado el dinero. Así que encontramos esto como un engaño. «
The Teacher Trainee Association of Ghana (TTAG), has described as false, claims by the Ministry of Education that it has released an amount of GH¢50,532,000 for the payment of feeding grants for teacher trainees.
The association has in recent times intensified its call on the Ministry to release funds for their feeding grants, which has been in arrears for some three semesters.
But the Ministry in a statement last week said it had paid the amount.
Jonathan Apam, President of TTAG in an interview with Citi News said, “We have checked from NCTE and the money is not there and the Ministry of Education has given us a memo saying that they have given the money to us. So we find this as a deception.”
He said the Education Ministry must come clear on which agency or institution it purportedly paid the arrears to, so that the association will follow up to receive their monies.
Mr. Apam said he believes the Ministry’s claims of payment is only meant to diffuse the tension created by the association following its public outcry over the situation.
The Ministry in a press statement earlier said it has released a total of GH¢50,532,000 for the payment of grants for public Colleges of Education across the country.
According to a press statement signed by the Head of Public Relations, Dan Osman Mwin, the amount released covers arrears for the second semester of the 2014/15 academic year, as well as the first half of the second semesters of the 2015/16 academic year.
The group attempted to picket at the premises of the Education Ministry and the Ghana Education Service (GES) on Wednesday, to demand the payment of the feeding grants, but were stopped by the Police.
Earlier this year, the government scrapped allowances of teacher and nursing trainees, and promised to pay them feeding grants. But according to TTAG, government has not fulfilled the promise.
Reino Unido/Diciembre de 206/Autor: Jamie Mclvor/Fuente: BBC News
RESUMEN: El gobierno escocés ha realizado un cambio de turno sobre los planes de usar el impuesto municipal para recaudar fondos para los maestros. En cambio, planea usar sus propios recursos para entregar 120 millones de libras esterlinas de dinero extra a las escuelas, 20 millones más de lo que se había planeado originalmente. Los consejos se habían enfadado con los planes de utilizar cambios en las bandas para crear un fondo nacional para la educación. El dinero recaudado de los cambios se quedará con los consejos – aunque muchos todavía esperan hacer recortes. El gobierno está comprometido a dar el dinero extra a los maestros para gastar en esquemas para elevar el logro.
The Scottish government has performed a U-turn over plans to use the council tax to raise money for head teachers.
Instead it plans to use its own resources to give £120m of extra money to schools – £20m more than originally planned.
Councils had been angry at plans to use changes to the bands to create a national fund for education.
The money raised from the changes will stay with councils – although many still expect to make cuts.
The government is committed to giving the extra money to head teachers to spend on schemes to raise attainment.
The money will be targeted at helping children from disadvantaged backgrounds – the more disadvantaged students at a school, the more money they will get.
The original plan was to put the money raised by changes to the bands into a national fund.
Finance Secretary Derek Mackay argued there would be no overall reduction in the amount local authorities were given from the Scottish government, with additional investment in social care.
He told MSPs councils would receive:
£120m from central government to fund shared ambitions to close the attainment gap
Money to maintain councils’ share of capital spending with an increase of £150m compared with 2016-17
Further investment in social care
However, councils will be calculating how much money they will have at their own disposal to spend on local services.
For instance, the £120m for schools is going straight to head teachers and is expected to be an additional resource.
From next April, people in more highly-valued properties – Bands E, F, G and H – will pay more council tax even if their council does not put the charge up for everyone.
‘Backdoor tax’
The multiple of the Band D charge that people in the higher-valued properties will pay is being increased.
Some council areas would have received more or less back than the amount raised locally.
Relatively prosperous council areas – with a larger number of high-band properties and relatively few disadvantaged youngsters – would have subsidised areas facing bigger problems.
It had proved controversial. Critics claimed it was undermining the link between the council tax and local services and turning the charge into a «backdoor national education tax».
Each of Scotland’s 32 councils should learn by Friday just how much the government proposes to give each of them.
A total of £111m is expected to be raised from the changes to the bands. Councils will also be able to put the council tax up by as much as 3%.
Analysis: Local government funding
Local government is heavily dependent on the Scottish government for cash.
According to a breakdown of the figures, councils will receive less from the government to spend at their own discretion.
The revenue budget given to Scotland’s 32 councils by the government will fall from £9,693m this year to £9,496m next year.
This figure includes the £120m which councils will have no choice but to give straight to head teachers.
However, other money could make up for the drop – though critics contend this is not comparing like with like.
£111m from changes to the council tax bands
£70m if all councils put up the council tax by 3%
£107m to ensure people working for the joint boards covering health and social care are paid the living wage
Local government organisation Cosla said the core local government settlement would fall, but recognised the government had improved on its previous offer.
Cosla president David O’Neill said: «Cosla can never endorse a reduction to the core local government settlement as announced as part of the budget statement today.
«It is our understanding that the Scottish government had significant additional cash for 2017-18 and therefore this decision will impact on services delivered by local government.
«We fully recognise that the Scottish government has made efforts to improve the settlement through their offer of a wider package including a major change on the council tax proposals. Cosla had lobbied the Scottish government on their previous proposal and we are pleased that the Scottish government has acknowledged this.»
Mr O’Neill said councils would now consider the whole package as part of their budget considerations.
The impact on local budgets of the changes to council tax bands will vary from area to area. The more Band E, F, G and H properties in the area, the more the council will gain revenue.
As a broad rule, this means councils in relatively prosperous areas such as East Renfrewshire could benefit from these changes.
However, schools in less prosperous areas are likely to gain the greatest amount of the government cash for head teachers.
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