Honduras III. Destruir o crear. Dos mundos en disputa

Por: Raúl Zibechi

 

Fotos: Ofraneh y Raúl Zibechi

“El árbol se va a quedar en el centro del edificio de la universidad”, comenta Miriam señalando con su brazo, bajo el sol demoledor del mediodía de Vallecito. Desde ese árbol, Víctor tomó todas las medidas y la marcación de la universidad para levantar un edificio redondo de ladrillos y techo de tejas. “Son tres anillos. El de afuera tendrá salas de docentes y los jóvenes podrán trabajar e investigar colaborando entre ellos y ellas, por ejemplo en la elaboración de tambores. Luego vienen los diferentes pasillos y donde está el árbol será un patio interno”.

La construcción de la universidad garífuna avanza de la mano de una decena larga de varones jóvenes guiados por Víctor, el mayor del grupo de constructores. Miriam explica que la construcción circular hace posible que “las salas estén conectadas y los estudiantes puedan transitar por ellas sin que haya una separación. Todo está relacionado. Queremos algo integral, no parcializado, como esas especializaciones que sólo sirven para que ganen mucho dinero”.

La propuesta es que la universidad pueda servir a todo el pueblo garífuna y que estudiantes de las 48 comunidades puedan llegar aquí a estudiar mientras trabajan. También serán invitados miembros de pueblos indígenas, como los miskitos, ya que la casa de estudios será abierta, participativa y, por supuesto, anti-colonial, desde la estructura física hasta el modo de funcionar.

“Los que van a dar clases son la gene de nuestra comunidad que tienen conocimientos ancestrales, las parteras, las que saben de salud, los que hacen tambores, para que los jóvenes puedan fortalecer la cultura del pueblo garífuna”, remata Miriam.

Capitalismo, violencia y destrucción

“Las plantaciones de palma aceitera avanzan a pasos agigantados por América Latina, trayendo consigo expulsión de comunidades de sus territorios, deforestación, violencia y pobreza. En Honduras, se registran cerca de 210 mil hectáreas de palma. La expansión de la palma se está dando sobre territorios indígenas y afrodescendientes, en particular en las comunidades garífunas y del Bajo Aguan. Estas comunidades sufren violencia, acoso y amenazas por parte de militares y grupos paramilitares vinculados a políticos del país”, explica un texto de la ONG ambientalista Grain1.

Vallecito es el vivo retrato de este breve relato. Los monocultivos no sólo dañan el medio ambiente sino que también destruyen el tejido social. Los jóvenes motoqueros trabajan en las fincas de palma que rodean las comunidades, en sus tiempos libres trabajan como guardaespaldas para los “empresarios” dedicados al tráfico que les encargan los trabajos más riesgosos.

La expansión de la palma de aceite es imparable. “El consumo de aceite de palma aumentó en los últimos 30 años del 2% al 41% del total de producción de aceites en el mundo, desplazando a la soya como el aceite vegetal más consumido en el mundo”, explica Grain. Del mismo modo, la superficie sembrada se multiplicó por 3,5 veces, con su secuela de pobreza extrema y aumento de la violencia.

En paralelo, se asiste a la expansión de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), que pueden ser definidas como estados dentro de un estado, ya que cuentan con un régimen legal especial que permite que los inversionistas queden a cargo de la política fiscal, de seguridad y resolución de conflictos2.

Del mismo modo que los monocultivos y los emprendimientos turísticos, las ZEDE provocan desplazamiento forzado porque el capital financiero que impulsa estos proyectos necesita controlar cada vez más territorios, en una guerra sin fin contra los pueblos que va dejando estelas de muerte y desapariciones, pero también de emigración y desplazamiento.

“Hay una política de vaciamiento de nuestras comunidades que afecta sobre todo a los jóvenes, para entregarlos vencidos al narco”, dicen las mujeres de Vallecito. Migración e inundación de las comunidades con drogas, son para ellas dos caras de un mismo proyecto de exterminio del pueblo garífuna y del conjunto de pueblos originarios.

Resistir creando vida

La Casa Ceremonial o Gayunari, situada en el centro de la comunidad Vallecito, es una enorme construcción de barro y techo de palmas que acoge decenas de personas que danzan al sonido de tambores y maracas. Sería un error confundir espiritualidad con religiosidad. En las religiones occidentales los fieles son apenas objetos de las idea y costumbres que promueven los sacerdotes. En la espiritualidad garífuna, por el contrario, existe una pluralidad de sujetos que se relacionan sin la mediación de ninguna autoridad que los adoctrine o dirija los cultos.

Se trata de prácticas colectivas que fortalecen la identidad comunitaria y contribuyen a la salud física y emocional de las personas. “La espiritualidad garífuna no es un aspecto aislado en la dinámica de vida diaria, está vinculada a todo lo que acontece con el individuo, con la familia y con la comunidad en general. Es un todo”, explica la psicóloga garífuna Tesla Quevedo en un trabajo sobre espiritualidad3.

En el mismo sentido apuntan las Casas de Salud Ancestral, consideradas como un eje organizador del pueblo garífuna. Ya funcionan nueve casas y cuatro más están por abrirse, pero durante la pandemia de Covid funcionaron hasta 33 centros de salud, casi uno por comunidad.

Melissa Martínez explica que convocan a los “abuelitos” para aprender de ellos y desaprender los saberes inculcados por el sistema. “Recuperamos los saberes ancestrales de hierbas y plantas, abordamos los principales problemas de salud como la diabetes, la hipertensión y la violencia doméstica contra niños y niñas en base a los saberes propios, porque la pandemia nos mostró que los pueblos tenemos conocimientos que han sido negados por la industria farmacéutica”.

Miriam recuerda que el garífuna es “un pueblo enfermo” y que necesitan abordar la salud de modo integral. Por el mismo motivo están diversificando la producción de alimentos, siendo el coco un cultivo central del que extraen aceite en su propia fábrica que vuelcan a las Casas de Salud y a las demás comunidades, incluso a las miskitas. Intentan eludir las medicinas de la industria farmacéutica y están multiplicando los “huertos medicinales”, a cargo de las mujeres que son el eje de los cuidados comunitarios y de la espiritualidad. También crearon clubes de danza en las Casas de Salud, como parte de su visión integral del bienestar.

En la recorrida pudimos observar gallinero, criadero de cerdos, cultivos de yuca, frijoles, plátanos y sandía, que suelen trabajar el minga. Algunas de estas iniciativas, como el procesamiento de aceite de coco con métodos tradicionales, han sido compradas con el apoyo de Ofraneh, por lo que ahora llegan personas de otras comunidades a trabajar en la aceitera.

“Elaboramos el aceite con prensado en frío, para que conserve sus propiedades. Tenemos 18 mil plantas de coco en los viveros que luego sembramos. No usamos agrotóxicos. Lo hacemos en jornadas con compas solidarios que vienen a ayudarnos. Tenemos unas 115 manzanas de coco cultivadas. Una manzana es algo más de media hectáreas. La idea es llegar a 500, y tenemos una parcela con plátanos y cítricos, además los cerdos para ir teniendo una diversidad de alimentos porque el tema de la comida se va a convertir en algo insostenible y necesitamos alimentos para las 150 personas que comemos aquí”, sigue Miriam.

Universidad para la vida

El abogado garífuna Rony Castillo asegura que Vallecito “es un centro de identidad, de soberanía alimentaria y de espiritualidad para el resurgir de nuestro pueblo”. La universidad es parte de esa realidad expansiva que está en el centro de la existencia de Vallecito. Para este pueblo la universidad es “toda la comunidad” y no sólo lo que sucederá en las aulas. Como en la salud, la educación es integral y comunitaria. De ese modo se van afirmando en su resistencia al sistema, porque en todos los aspectos re-descubren que tienen alternativas al capitalismo, como señala Rony.

La cuestión de la educación genera debates. “Luchamos contra los maestros” dice Melissa. Miriam agrega: “Si no cambiamos, si no nos despojamos de lo que arrastramos, esto se acabó, porque hemos captado mucha basura de afuera”. Se trata, dicen, de una “lucha desde adentro” en la que se juega el destino del pueblo garífuna. Frases que se pueden escuchar en muchos pueblos originarios de nuestro continente.

“A nuestros hijos la educación del Estado los arrebata y deforma”, dice el buyei (líder espiritual) Selvin en la penumbra del anochecer. “Por eso uno de nuestros grandes problemas son los maestros”. El objetivo es que los maestros garífunas “enseñen según el plan de vida de nuestro pueblo”, que es su modo de “descolonizar la educación”.

En base a la convergencia de salud y educación propias con y de tejer la espiritualidad garífuna, van tejiendo las autonomías territoriales que el sistema se empeña en desmantelar.

La cola verde

Luego de que Miriam sufriera varios atentados, la comunidad decidió que sea protegida por cinco soldados del ejército hondureño, que la siguen como una sombra. Una decisión polémica que genera cierta perplejidad entre quienes llegamos de la ciudad. Sin embargo, fue una decisión colectiva porque el pueblo garífuna aún no tiene capacidad de protegerse a sí mismo.

Lo importante es que Miriam y los demás comuneros están abiertos al debate, que reconocen que se trata de una contradicción y que van conociendo experiencias de autodefensa como la Guardia Indígena nasa del Cauca colombiano. Para nosotros, es una exigencia de respeto porque no son nuestras vidas las que corren peligro.

La compleja realidad y el tremendo antecedente del asesinato de Berta Cáceres, hacen que la “cola verde”, como la denomina Miriam, no sea motivo de orgullo sino un recordatorio de las tareas pendientes como pueblo.

1 “La palma de aceite en América Latina: monocultivo y violencia”, 17 de marzo de2024 en https://desinformemonos.org/la-palma-de-aceite-en-america-latina-monocultivo-y-violencia/

2 Thelma Gómez, “Hay un plan genocida contra el pueblo garífuna”, Mongabay Latam, 13 de octubre en https://es.mongabay.com/2021/10/honduras-amenazas-pueblo-garifuna-entrevista-premio/

3 Tesla Quevedo, “Espiritualidad garífuna: una fuente de bienestar”, en https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/tdna/article/view/17430/25909

Fuente de la información e imagen:  https://desinformemonos.org
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Defender a los defensores ambientales | Campaña de Canadá para América Latina

Amnistía Internacional (AI) Canadá lanza una campaña esta semana en defensa y en solidaridad de los defensores del medio ambiente de América Latina.

El brazo canadiense de este organismo mundial de defensa de los derechos humanos invita a los ciudadanos de Canadá a apoyar esta campaña, que se basan en las «legítimas demandas de los propios defensores», según AI.

Quizá la mayor prioridad transfronteriza a la que nos enfrentamos todos es la protección del medio ambiente, del que dependen nuestros derechos humanos y nuestro futuro común. 

Los defensores del medio ambiente en América Latina arriesgan sus propias vidas para responder a este desafío con esperanza y enorme valor.

De hecho, América Latina es la región más peligrosa del mundo para defender los derechos humanos y el medio ambiente.Amnistía Internacional Canadá

Para esta entidad, los defensores indígenas, negros y campesinos son los que más riesgo corren, especialmente cuando se enfrentan a personas que pretenden querer controlar sus tierras para explotar su potencial económico o los recursos naturales que allí se encuentran, sin importar el coste, explica AI Canadá. Entre los activistas ambientales en riesgo, las mujeres lo son aún más.

Las mujeres defensoras del medio ambiente corren el riesgo añadido de sufrir violencia sexual contra ellas o sus hijos, ya que sus esfuerzos francos desafían los roles tradicionales de género, así como los intereses económicos.Amnistía Internacional Canadá

Afiche de Amnistía Internacional Canada para Jani Silva, activista colombiana, presidenta de la Asociación para el Desarrollo Integral y Sostenible de la Perla Amazónica, ADISPA. Jani ha sufrido amenazas de muerte y acosos durante varios años.

Jani, Danelly, Joel y María

La campaña de Amnistía Internacional ha enfocado su campaña principalmente en los casos de los activistas colombianos Jani Silva, Danelly Estupiñan, Joel Rodríguez y María Ciro que,  según las evaluaciones e informes que el organismo ha presentado en meses recientes, se juegan la vida para responder al reto medioambiental con «esperanza y enorme valor».

Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad del mundo, con ecosistemas únicos que incluyen vastas extensiones de selva amazónica, el pulmón del mundo. Colombia es también el país más peligroso para las personas que defienden la tierra y el medio ambiente, que son vitales para los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y todos nosotros. 

Sólo en el último año han sido asesinados cientos de defensores, y casi a diario se registran nuevos asesinatos. Otros, como Jani, Danelly, Joel y María, están amenazados de muerte si siguen alzando la voz. Sin embargo, se niegan a callar.Amnistía Internacional Canadá

En un país con enormes desigualdades y el legado perdurable de la colonización y la esclavitud, los líderes indígenas, negros y campesinos rurales corren un riesgo especial, sobre todo cuando la defensa de su derecho a un medio ambiente sano les pone en contacto con personas poderosas que pretenden explotar su potencial económico o los recursos naturales que allí se encuentran, sostiene Amnistía.

Por otro lado, las mujeres defensoras del medio ambiente corren el riesgo añadido de sufrir violencia sexual contra ellas o sus hijos, ya que sus esfuerzos francos desafían los roles tradicionales de género, así como los intereses económicos.Amnistía Internacional Canadá

Mujeres y defensoras, una combinación difícil

Las dificultades y riesgos a las que se enfrentan las mujeres cuando deciden defender causas en América Latina están bien documentadas. El organismo canadiense CoDev Canadá ha hecho un seguimiento sobre este tema por algún tiempo.

Recientemente, este grupo civil presentó en su sitio internet una conversación con Berenice Celeita, defensora de derechos humanos en el Suroeste de Colombia. En la entrevista la activista es firme sobre las situaciones particularmente complejas a las que se enfrentan las mujeres defensoras.

La defensa de los derechos humanos en Colombia ya es un trabajo difícil. Además, ser una mujer que defiende los derechos humanos tiene consecuencias porque venimos de una sociedad muy «machista». Hemos estado acostumbradas a que los hombres tomen las decisiones durante décadas y desempeñen funciones de dirección y coordinación, a pesar de los debates [sobre género] que hemos tenido en las últimas décadas. 

En la Asociación para la Investigación y la Acción Social (NOMADESC) hemos aprendido la perspectiva de género a través de la lucha y la defensa de los pueblos. Hemos sido cuidadosos en respetar las cosmologías locales, entendiendo lo importante que es encontrar el equilibrio y la armonía en la vida cotidiana en las reservas indígenas, las comunidades negras y los sindicatos.

La mayoría de las decisiones son tomadas por hombres, incluso en organizaciones que se precian de ser alternativas, progresistas y defensoras de los derechos humanos.

En mi caso, creo que tengo una personalidad fuerte. Soy muy creativa. […] Ha sido difícil con los representantes del Estado porque la mayoría de los ministros, gobernadores y alcaldes son hombres y siempre tratan de disminuirme. Ha sido difícil entre nosotras lidiar con el liderazgo de los hombres, pero ha sido aún más difícil cuando se debate con quienes tienen ideas opuestas.

Esto te anima a ser más fuerte, a construir a tu alrededor un colchón de protección y alianzas.Berenice Celeita

Los defensores y defensoras de Colombia han enviado un SOS al mundo con el hashtag #NosEstanMatando y #VocesEnRiesgo

Según Amnistía Internacional, las expresiones de preocupación y los llamamientos al cambio desde Canadá pueden desempeñar un papel importante, especialmente teniendo en cuenta los estrechos lazos de comercio, inversión y cooperación entre Canadá y Colombia.

El 1o de abril pasado el organismo mundial entregó algunos de los más de 16.500 mensajes de Canadá a la Embajada de Colombia, instando a la Unidad Nacional de Protección, al Ministerio del Interior de Colombia y al Ministro Daniel Palacios y al Presidente de Colombia Iván Duque a que aseguren protección de la defensora ambiental amenazada Jani Silva y su organización ADISPA.

El tuit también etiquetaba a la ministra de Desarrollo Internacional de Canadá, Karina Gould, el ministerio de Relaciones Exteriores, así como la embajada de Canadá en Colombia y el embajador canadiense en Colombia (@marcel_lebleu).

Paloma Martínez, para RCI, con informaciones de Aministía Internacional Canadá y CoDesarrollo Canadá (CoDev Canada).
Fuente: https://www.rcinet.ca/es/2021/05/01/defender-a-los-defensores-ambientales-campana-de-canada-para-america-latina/
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México: Exigen en Chiapas justicia para Berta Cáceres

A cinco años del asesinato de la líder indígena lenca Berta Cáceres en Honduras, la organización Otros Mundos Chiapas exigió que se inicie el debido proceso contra los autores intelectuales del crimen.

Demandó a las autoridades hondureñas el debido proceso en el juicio contra el empresario y exmilitar David Castillo, «cuyas pruebas apuntan a su participación en el crimen y que presuntamente vinculan además a la familia Atala», señalada también como autora intelectual del asesinato por ser dueña del proyecto hidroeléctrico al que se oponía Cáceres.

Explicó que desde que fue perpetrado el asesinato de Cáceres en 2016 «el ministerio público y la fiscalía inventaron y alteraron pruebas, inventaron testigos falsos; generaron intimidación contra el COPINH (Concejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) y todos los testigos protegidos».

Por ello, Otros Mundos se unió «a los gritos del mundo entero» que exigen justicia por Berta Cáceres, quien fue asesinada en su casa de La Esperanza, Honduras, por luchar contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, de la empresa Desarrollo Energéticos S.A. (DESA).

A continuación el comunicado completo:

Hoy 2 de marzo se cumple 5 años del asesinato de nuestra hermana Berta Cáceres, fundadora y coordinadora del Concejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). A partir del 3 de marzo de 2016, la justicia hondureña procuró proteger y ocultar de la responsabilidad a los autores materiales e intelectuales del crimen. El Ministerio Público y la Fiscalía inventaron y alteraron pruebas, inventaron testigos falsos; generaron intimidación contra el COPINH y todos los testigos protegidos.

A cinco años de este repudiable hecho no ha llegado la justicia verdadera para la familia, el pueblo Lenca, el pueblo de Honduras y la comunidad internacional que gritamos con voz firme ¡FALTAN LOS ATALA!

Desde Chiapas, México, nos sumamos a los gritos del mundo entero que exigimos justicia con un debido proceso. Exigimos al gobierno hondureño un debido proceso en el juicio contra David Castillo, cuyas pruebas apuntan a su participación en el crimen y que presuntamente vinculan además a la familia Atala.

Este 2 de marzo de 2021 se cumplen 5 años de caminar junto a Berta. Berta no murió, sino que se multiplicó en la consciencia y en las luchas de los pueblos y movimientos en todo el mundo que claman justicia, que resisten contra el Modelo Extractivo, contra el capitalismo patriarcal, racista y depredador de los territorios, pueblos indígenas y campesinos. Berta significa y reivindica la lucha de las mujeres por defender la vida, a lo largo y ancho de América Latina, por eso Berta se multiplico, Berta soy yo.

JusticiaParaBerta #5AñosJunto A Berta

Firma

Otros Mundos AC

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/exigen-en-chiapas-justicia-para-berta-caceres/

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Honduras: Berta Cáceres: imputado confiesa que la empresa DESA pagó por el asesinato

Redacción: NODAL

Coimputado confesó que presidente de DESA pagó L. 500 mil por asesinato de Berta Cáceres

El Ministerio Público informó este jueves que un coimputado en el asesinato de Berta Cáceres confesó que el presidente de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), Roberto David Castillo Mejía, pagó 500 mil lempiras para acabar con la vida de la ambientalista y lideresa indígena.

La aseveración del Ministerio Público se dio a conocer en el marco de la audiencia preliminar de Castillo Mejía, acusado por la Fiscalía a título de autor intelectual del delito de asesinato en perjuicio de la ambientalista.

David Castillo, de profesión ingeniero eléctrico, era el presidente de la empresa DESA, en el momento que la defensora del pueblo indígena lenca fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en su vivienda en la Residencial El Líbano de la Esperanza, Intibucá.

El Ministerio Público ha señalado que la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), mediante dictamen pericial de vinculación telefónica, ha logrado concatenar el cruce de mensajes y llamadas, entre el expresidente de DESA y el exmilitar, Geovanny Bustillo, condenado por el crimen de la líder ambientalista.

En dichas comunicaciones, los imputados dan seguimiento al plan de asesinato.

Asimismo, “con pruebas complementarias, se pudo establecer un pagó de 500 mil lempiras de Castillo Mejía para los sicarios y por parte de la ATIC se tiene una declaración relacionada a la confesión que hizo uno de los coimputados en el sentido que el expresidente de DESA pagó por el asesinato de la reconocida activista Berta Cáceres”, reza una nota de prensa divulgada hoy por el Ministerio Público.

En este caso, pese a que la audiencia preliminar inició en fecha 24 de septiembre de 2019, la misma todavía no finaliza por dilaciones en la contestación de cargos de la defensa del encausado.

De acuerdo con la investigación efectuada por agentes asignados al Departamento de Delitos Contra la Vida de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Castillo Mejía fue el encargado de proporcionar la logística y otros recursos a uno de los autores materiales ya condenado por el crimen de la ambientalista.

Cabe destacar, que el equipo de investigación de la ATIC, mediante labores de inteligencia y pruebas técnicas científicas pudo vincular al procesado en el crimen de Cáceres Flores.

En este caso, fiscales asignados a la sección de Investigación de Muerte Violenta de Mujeres de la FEDCV, lograron el pasado 29 de noviembre de 2018 que la terna de jueces de la Sala I del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional declarase culpables a siete de ocho imputados que el Ministerio Público acusó como autores materiales e intelectuales intermedios de este lamentable asesinato que conmovió el mundo.

El debate se desarrolló en cinco semanas y los fiscales asignados al caso presentaron más de 100 pruebas entre testimoniales y científicas, donde se demostró la participación que tuvieron los condenados, antes, durante y después del hecho.

Los sentenciados por este crimen son: Sergio Ramón Rodríguez Orellana (Gerente DESA), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar), Mariano Díaz Chávez (Mayor Ejército), Edilson Atilio Duarte, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Oscar Aroldo Torres Velásquez, condenados por el delito de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa.

La familia de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) alega que el presidente de DESA solo es parte del eslabón de los autores intelectuales del crimen. Señalan que dentro de esa estructura se encuentran los miembros de la familia Atala Zablah, accionistas de la empresa DESA y desarrolladores del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”, al que la ambientalista libró una oposición férrea.

De su lado, el Ministerio Público dijo hoy que “el caso aún sigue abierto y se trabaja en identificar otros autores intelectuales involucrados”.

Fuente: https://www.nodal.am/2019/10/berta-caceres-imputado-confiesa-que-presidente-de-la-empresa-desa-pago-por-el-crimen/

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Honduras: Justicia en la cuerda floja

Por: Amnistía Internacional

En Honduras, la justicia pasa de parecer lejana a volverse completamente inasible.

El 23 de mayo, por tercera vez consecutiva, el Juzgado de Letras de la ciudad de Tegucigalpa aplazó la audiencia preliminar en el caso del asesinato de la defensora de derechos humanos y líder lenca, Berta Cáceres.

El Juzgado aceptó la petición de los abogados de la familia y del defensor Gustavo Castro, único sobreviviente del ataque en el que Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016, de aplazar la audiencia preliminar de cuatro de las ocho personas acusadas de haber participado en el crimen para el 7 de Junio.

¿La razón? El Ministerio Público entregó la información probatoria que desde hace meses habían solicitado tanto los abogados de la familia y del defensor mexicano, como la defensa de los acusados, apenas el viernes 19 de mayo. Dicho tiempo es a todas luces insuficiente para revisar la información y para permitir que los abogados pudieran prepararse adecuadamente para la diligencia que iba a ser realizada el 24 de mayo.

Ya el 19 de abril, la audiencia había sido suspendida a petición de los abogados de los acusados y de la representación legal de la familia de Berta, debido a que el Ministerio Público hondureño no había entregado la información probatoria completa en la que basa su acusación. El 28 de Abril fue suspendida otra vez porque la información todavía no se hallaba disponible.

A más de un año del asesinato, la justicia se desdibuja como una esperanza vana frente al crimen que marcó un antes y un después para quienes defienden los derechos humanos en Honduras.
Ariadna Tovar, Investigadora sobre defensores de derechos humanos en las Américas

Los aplazamientos reiterados de esta audiencia con la que se dará inicio formal al proceso, derivados de la omisión reiterada del Ministerio Público de entregar las pruebas, primero, y hacerlo a tiempo, después, generan muchos interrogantes sobre la auténtica voluntad de las autoridades hondureñas de investigar cabalmente y de manera independiente el crimen de Berta Cáceres.

A más de un año del asesinato, la justicia se desdibuja como una esperanza vana frente al crimen que marcó un antes y un después para quienes defienden los derechos humanos en Honduras.

Pero nada de esto es una novedad.

Honduras es uno de los países donde la impunidad es la norma en casos de ataques contra personas que defienden los derechos humanos. Esta impunidad alienta que sigan muriendo más personas que son vistas como blanco legítimo de ataques porque cuando atreven a defender el medio ambiente son clasificadas como una “enemigas del progreso”.

En una muestra más de que el Ministerio Público no se preocupa por rendir cuentas en su lucha contra la impunidad, no se presentó a participar en una reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para revisar el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a la familia de Berta Cáceres y al COPINH. No sobra señalar que Berta Cáceres fue asesinada a pesar de que ella misma había sido cobijada por medidas de este tipo y de que las autoridades hondureñas tenían el deber de protegerla.

Así, el riesgo es que nunca se haga justicia y que el nombre de Berta Cáceres engrose la larga lista de personas que fueron asesinadas por el solo hecho de proteger los recursos naturales de los que todos dependemos para sobrevivir.

Desde hace años, las autoridades Hondureñas hacen oídos sordos a las innumerables voces que en cada rincón del planeta cuestionan la realidad que viven quienes allí dedican su vida a la defensa de los derechos humanos.

Liliana María Uribe Tirado, miembro del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), quienes están realizando una investigación independiente sobre el asesinato de Berta, es una de esas voces.

“Nos preocupa mucho la naturaleza secreta del proceso y la falta de atención a las varias posibles líneas de investigación. Las autoridades deberían prestar atención a la sistematicidad de las agresiones contra el COPINH. El crimen contra Berta se tiene que explicar en ese contexto. Hay más de 12 personas asesinadas del COPINH entonces el nivel de agresión contra la organización es muy fuerte. Todo eso debería ser parte de la investigación,” dijo.

A más de 13 meses del asesinato de Berta Cáceres, las preguntas se acumulan y las respuestas se evaporan.

Una sola cosa es clara: la justicia está en la cuerda floja y las y los hondureños son y seguirán siendo la principal víctima.

*Fuente: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2017/05/honduras-justicia-en-la-cuerda-floja/

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La ONU otorga reconocimiento póstumo a la ambientalista asesinada Berta Cáceres.

Por: Alba. TV. 10/12/2016

La líder ambientalista y defensora de los derechos indígenas de Honduras Berta Cáceres, asesinada en marzo pasado, fue reconocida póstumamente con el premio Campeón de la Tierra, el más importante que otorga las Naciones Unidas (ONU) a los defensores ambientales.

“Berta Cáceres se rehusó a permitir que poderosos intereses violaran los derechos de los pobres y marginados y destruyeran los ecosistemas de los que dependen”, dijo Erik Solheim, director ejecutivo de ONU Ambiente.

“Su enfoque era local, pero su causa y su sacrificio resuenan en todo el mundo. Ella es una gran inspiración, y una gran pérdida, para cualquier persona que luche por los derechos ambientales”, manifestó Solheim en Cancún, México, donde se celebra la 13 Conferencia de las Partes (COP13) del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) de Naciones Unidas.

Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada la madrugada del 3 de marzo por pistoleros que entraron a su casa en la comunidad de La Esperanza, oeste.

El crimen fue la culminación de una serie de amenazas que había recibido por su lucha contra la construcción de una planta hidroeléctrica en tierras de la etnia Lenca, a la cual pertenecía.

Su muerte provocó una protesta de alcances internacionales y evidenció el clima de violencia e intimidación en que los ambientalistas y defensores de los derechos humanos realizan su trabajo en Honduras.

“Nuestra familia espera que este premio ayude a asegurar que la maravillosa vida de Berta, así como la lucha del pueblo Lenca, no se olvide y a inspirar a todos los que luchan por los derechos ambientales en el mundo”, afirmó Roberto Cáceres, hermano de la activista quien recibió el premio en representación de la familia.

A favor de Cáceres, quien recibió también el Premio Ambiental Goldman el año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había dictado medidas cautelares, que sus allegados aseguran no fueron cumplidas por el gobierno de Honduras.

Actualmente hay seis detenidas como sospechosas del crimen, incluido un funcionario de la empresa Desarrollos Eléctricos S.A. (DESA), que construye la represa.

Fuente: http://www.albatv.org/La-ONU-otorga-reconocimiento.html

Fotografía: alainet

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