El gobierno de Javier Milei corta el envío de fondos educativos a las provincias, luego de sufrir su primera derrota política con el fracaso de ley ómnibus. Los gobernadores le quitaron apoyo para no hacerse cargo de los costos del ajuste: luego del paro nacional, y de las movilizaciones en las calles protagonizadas por las asambleas barriales, sindicatos combativos y la izquierda, quienes fueron un factor decisivo en el desenlace de esta primera batalla. A la educación pública hay que defenderla con esta fuerza y esta unidad.
A pocos días del comienzo de clases, el Gobierno nacional confirmó que no transferirá a las provincias el dinero del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Salarios devaluados, escuelas con enormes problemas de infraestructura, comedores con comida insuficiente y poco nutritiva y aún sin confirmar su continuidad, niveles altísimos de pobreza en niños, niñas y adolescentes.
Está en marcha un profundo ajuste a todo el pueblo trabajador. Este miércoles la justicia confirmó algo evidente: la huelga es un derecho constitucional. La educación no es un servicio, es un derecho. La CTERA viene denunciando esta situación, pero no alcanza. Es necesario debatir en asambleas en todas las escuelas, junto a la comunidad, en todo el país cómo enfrentar este plan.
El pasado 9 de febrero los ministros de Educación provinciales- quienes vienen siendo los garantes del ajuste en cada una de sus provincias- dirigieron una carta al secretario de Educación, Carlos Torrendell. Allí le expresaron la “preocupación” por la falta de transferencia del Fondo de Compensación Salarial Docente, que lo cobran las provincias de Catamarca, Chubut, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Misiones y Santiago del Estero.
Se trata del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), los ítems salariales de Conectividad y Material Didáctico, pero también por los programas educativos nacionales (incluyendo la extensión de la jornada escolar) y el Fondo de Infraestructura. En la carta, los ministros lamentaron “la falta de certeza sobre el escenario presente y futuro respecto a la continuidad en las transferencias de los fondos referidos, de modo tal de poder delinear seriamente la política educativa en nuestras jurisdicciones”.
Los gobernadores de diferentes colores políticos quieren transferir la responsabilidad sobre el Gobierno nacional, pero son las provincias centralmente las que pagan el salario docente, por el esquema legal de las leyes educativas heredadas de los años ’90, de descentralización, que ningún gobierno, de ningún signo político cambió.
Mientras esos mismos gobernadores están aprestos de seguir pujando por grandes ganancias para sus propios empresarios del campo, del agropower, de la industria petrolera, pesquera y minera, vitivinícola o azucarera, etc. -como ya se demostró durante toda las negociaciones de la fracasa ley ómnibus- lamentan que no haya fondos para los salarios y el presupuesto educativo. Es una pelea que tendremos que dar desde cada escuela, cada comunidad, porque mucho no podremos esperar de estos funcionarios.
El FONID representa un porcentaje del salario que cobran más de 1,65 millón de docentes de todo el país en el sistema educativo formal, desde el nivel inicial hasta el nivel terciario no universitario. Según un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, este fondo representaba el 14,16% del presupuesto educativo nacional en 2023 (prorrogado para 2024). Presupuestos congelados por parte del presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputto a pedido del FMI, que ya venían por debajo de la inflación durante el gobierno de Alberto Fernández, Sergio Massa y Cristina Kirchner. Son montos ampliamente superados tras las devaluaciones que repercutirán, por ejemplo, en las universidades nacionales que no tendrán para pagar salarios.
La falta de envíos de fondos educativos a las provincias se da en un contexto donde el gobierno de Milei sufrió su primera derrota. La ley Ómnibus cayó sin los votos en el Congreso. Los gobernadores le quitaron el apoyo para no hacerse cargo de los costos del ajuste luego del paro nacional, y de las movilizaciones en las calles protagonizadas por las asambleas barriales, sindicatos combativos y la izquierda, quienes fueron un factor decisivo en el desenlace de esta primera batalla. Este mismo gobierno quiere revancha con más ataques al pueblo trabajador. A la educación pública hay que defenderla con esta fuerza y esta unidad.
Con la ley ómnibus derrotada y el capítulo laboral del DNU suspendido por una medida cautelar, el ataque que implicaba declarar a la educación como servicio esencial está parado. Pero Milei busca por todos los intersticios seguir avanzando hacia un modelo educativo al servicio del mercado, meritocrático e individualista y con sus trabajadores y trabajadoras sin derechos laborales, como proponen los organismos de créditos internacionales y las grandes patronales.
La esencialidad no significa para estos gobiernos que la educación tenga más presupuesto, que chicos y chicas coman todos los días, que haya salarios que cubran la canasta básica, que haya escuelas en condiciones, sino un ataque directo al derecho a huelga. Y, para sumar, en el último documento, luego de un largo silencio de Cristina Fernández de Kirchner, se realiza la misma sugerencia, sumándose a la campaña contra el derecho a huelga.
La realidad es que las escuelas que se siguen cayendo a pedazos, los salarios están devaluados, mientras hay que afrontar aumentos en las tarifas de transporte de alrededor del 250%, se vienen los tarifazos de la luz, gas, agua y una canasta escolar imposible y prohibitiva para la mayoría de las familias trabajadoras, que ven como el salario se licúa día a día.
Hay provincias en que el salario docente está apoyado en la línea de indigencia, garantizado por una cláusula de garantía atrasadísima. En este contexto no puede haber ninguna normalidad en el inicio del ciclo lectivo.
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El escenario en las provincias
En algunas provincias los trabajadores y trabajadoras de la educación ya han votado medidas de lucha y paros.
En Santa Fe donde el gobernador Pullaro, en febrero, no pagó el 36% correspondiente a la inflación de noviembre y diciembre. Hay mucha bronca en la base docente que lo votó masivamente. En este contexto, está planteado un paro para el 26 de febrero, día en el cual se iniciaría el ciclo lectivo.
En Tucumán, a un mes del inicio de clases se había planteado un paro de 72 hs por la reapertura de la negociación paritaria a partir del 16 de febrero pero se acató la conciliación obligatoria dispuesta por el gobierno.
En Córdoba, desde UEPC Capital impulsa instancias deliberativas y de colaboración de mandatos y acciones de movilización desde las escuelas para el 15 y 16 que se regresa a las escuelas con talleres institucionales.
En Jujuy, desde el Cedems se impulsaron asambleas de los profesores de nivel medio y superior. Decenas de docentes debatieron sobre el pedido paritario y remarcaron la falsedad del discurso del Gobierno provincial de que “no hay plata”. En contraposición lanzaron una campaña de “plata hay”.
En CABA, las y los docentes, quienes vienen participando activamente de las asambleas barriales, están impulsando una asamblea del sindicato Ademys para el próximo jueves.
En Mendoza ya se regresó a las escuelas. La provincia, con uno de los salarios más bajos del país, debate una propuesta salarial del gobierno de Cornejo, que deja a decenas de miles en la línea de indigencia. La conducción del SUTE aceptó bajar la propuesta a las escuelas. Pero la situación puede ser más difícil con el recorte de las partidas a las provincias. El Ítem Aula y los protocolos represivos -que Juntos por el Cambio y la La Libertad Avanza pretenden nacionalizar- son una enorme presión antihuelga. Hace falta un fondo de lucha para poder recobrar la confianza y la fuerza para construir un paro y pelear por la recomposición salarial, presupuestaria y en defensa de la educación pública.
En Neuquén hay firmado un acuerdo por IPC trimestral, pero como el Gobierno aumentó los aportes previsionales y asistenciales por cargo, esto significó pérdida del salario de bolsillo. Desde ATEN Capital junto a la Multisectorial se participó activamente en las acciones en las calles desde el 20 de diciembre y hay convocado un plenario de delegados para el día 20.
En la Provincia de Buenos Aires, la Lista Multicolor impulsa asambleas y reuniones de delegados en los distritos, como en Tigre y La Plata y le exige a la conducción de Suteba que convoque a asambleas y plan de lucha. El gobernador Kicillof aún no realizó ninguna oferta salarial en la paritaria.
Como vemos, estamos ante una realidad compleja y diversa, pero que enfrenta un ataque de conjunto a la clase trabajadora. Hay que poner en pie una fuerza que derrote estos planes. ¿Y los sindicatos? Es necesario impulsar un plan de lucha nacional en defensa de la educación pública.
La CTERA publicó una exigencia al Gobierno nacional para que envíen los fondos y llamen a la paritaria nacional. Además nos enteramos por los medios de la conferencia de prensa en la que anunciaron los pasos a seguir. No es la manera. Ya se demostró en los calientes días de enero que lo que sirve es debatir en asambleas, pelear por la unidad y ganar las calles.
El 22 se convocó a un Congreso Extraordinario de la entidad. Es urgente que la Ctera y todos los sindicatos provinciales salgan convoquen a asambleas, se abra un proceso de amplio debate, de organización, de diálogo con la comunidad, para construir la fuerza para esta pelea.
Pero no sólo eso. Tanto la CGT que dijo «sin paritaria nacional no comenzarán las clases», como ambas CTA y sus gremios de base, que después del paro del 24E dejaron la calle en los días de debate en el Congreso contra la ley Omnibus (jornadas en que las asambleas barriales fueron protagonistas) tienen que ser parte de la impulsar la lucha, con asambleas de base, de sector, de rama y preparar en serio las medidas para enfrentar este ajuste brutal contra la educación pública.
Hay fuerzas para enfrentar a Milei y derrotar su política y eso quedó demostrado en un primer “round” en el paro del 24E y las movilizaciones contra la ley Omníbus que desafiaron el protocolo represivo de Bullrich.
Para ello, es imprescindible organizar a cientos de miles de docentes de todo el país y las familias desde las escuelas uniéndonos y coordinando con otros trabajadores, mujeres y jóvenes en las asambleas barriales para construir un plan de lucha nacional que enfrente los ataques de Milei, el DNU y el Protocolo represivo de Bullrich.
Frente al plan “licuadora” y “motosierra”, es necesario levantar un programa para que la crisis la pague el poder económico y el capital financiero. Plata hay, pero se la llevan los grandes empresarios (que remarcan a más no poder todos los días) y el FMI, que organiza toda la economía para que se junten los dólares para pagar la deuda a costa del hambre del pueblo y con recortes en salud, educación, salarios, jubilaciones y asistencia social.
Los trabajadores y trabajadoras de la educación, que estamos en cada barrio, localidad, municipio, región, provincia, conocemos de primera mano la realidad, conocemos las comunidades, y podemos ser una fuerza poderosa para organizar y aglutinar la fuerza para pelear contra estos planes del gobierno.
Fuente: https://www.laizquierdadiario.cl/Contra-los-ataques-de-Milei-preparemos-una-gran-lucha-de-todo-el-pueblo-en-defensa-de-la-escuela
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