Grupo de Expertos de la OEA del caso Ayotzinapa pide ayuda al gobierno de España

Ante obstáculos de FGR, GIEI pide ayuda a gobierno español

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) del caso Ayotzinapa denunció que la Fiscalía General de la República (FGR) ha obstaculizado no solo la indagatoria que lleva a cabo, sino la de su propia unidad especial creada para investigar el crimen.

Al presentar su último informe sobre el caso el jueves pasado, expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revelaron algunos de los “obstáculos” que ha enfrentado la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.

Los especialistas señalaron a la Dirección General de Laboratorios Criminalísticos de la FGR de obstaculizar la indagatoria, pues revelaron que dicha área “no diligenció favorablemente una solicitud de pericias de voz, por lo que la unidad solicitó apoyo al gobierno español.

“Los peritos españoles dieron el match voz entre la prueba indubitada y la que era objeto de la pericia, con los mismos elementos. Cabe mencionar que estos son quienes capacitaron a los mexicanos”.

También destacaron el caso de una funcionaria, de quien no revelaron su nombre, que participó en la detención del presunto integrante de Guerreros Unidos, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo.

“Fue quien respondió una solicitud de la Unidad en una investigación por tortura de Rodríguez Salgado. Es integrante de una de las unidades que depende de la Coordinación de Métodos de Investigación”, detalla el documento.

Criticaron que la Unidad Especial se creó en 2019, pero, pese a estar adscrita a la oficina del titular de la FGR, debió esperar hasta 2020 para que le entregaran facultades de investigación.

También señalaron que la unidad es la “responsable de concluir los procesos penales vinculados” con el crimen, pero la que judicializó la carpeta de investigación contra el ex procurador Jesús Murillo Karam fue un área distinta.

Milenio

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México: ONG denuncia persecución de la CNDH en contra del defensor José Martínez Cruz

Un año después de que dejó el cargo fue emplazado por autoridades administrativas y penales, por expresiones que realizó después de dejar la comisión, sobre casos como la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Organizaciones civiles denunciaron “la persecución y la criminalización” emprendidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en contra del defensor de derechos humanos José Martínez Cruz, quien fuera de la Primera Visitaduría del organismo durante los primeros ocho meses de la presidencia de Rosario Piedra Ibarra.

Activista, al lado de Rosario Ibarra de Piedra por la presentación con vida personas desaparecidas desde los años setenta, Martínez Cruz se integró a la actual administración de la CNDH en diciembre de 2019, hasta que fue separado de su cargo en agosto de 2020.

Consideraron que “resulta indignante  que en un contexto en el que prevalece en México una grave crisis de violaciones a derechos humanos, la institución Ombudsperson Nacional dedique recursos institucionales de  esta envergadura a dirimir conflictos internos, máxime considerando que en nuestra historia como organismos civiles de derechos humanos no hemos visto similares empeños de la CNDH para lograr que en los ámbitos penales o administrativos rindan cuentas quienes cometen graves violaciones a derechos humanos”.

Más aún, consideraron que la “autocontención de la autonomía” y los conflictos internos “han terminado por dilapidar la oportunidad de refundar dicha institución al servicio de las víctimas y los derechos humanos”, como se comprometió Piedra Ibarra.

Las organizaciones que firman el comunicado resaltaron que el organismo “a la fecha impulsa dos procesos, uno administrativo y otro penal” en contra del defensor quien desde hace más de cuarenta años ha trabajado “al lado de las familias de personas desaparecidas, encarceladas y torturadas”, labor que incluye la creación del Frente Nacional contra la Represión en 1977, el Frente Pro Derechos Humanos de Morelos y la Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Morelos en 1989.

“Una vez que concluyó su labor al frente de la Dirección General de la Primera Visitaduría de la CNDH, José Martínez Cruz expresó públicamente diferencias con las personas que actualmente tienen a su cargo la CNDH, entre otras cuestiones respecto de la falta de investigación sobre el Ejército en graves violaciones a derechos humanos. En respuesta la CNDH ha buscado iniciarle procesos penales y administrativos”, alertaron las organizaciones civiles.

Para las organizaciones firmantes, “llevar a cabo una persecución administrativa y penal en contra de un ex funcionario por hacer uso legítimo de su derecho a la libertad de expresión, constituye un proceder que se aleja de los estándares de derechos humanos que una institución cuya misión es la defensa de los mismos está llamada a respetar más que ninguna otra”.

Las organizaciones consideraron que la embestida contra Martínez Cruz es violatorio de derechos humanos, “que constituye una muestra más de la preocupante deriva en que ha caído la CNDH, caracterizada por un ejercicio autocontenido de su autonomía y a abundancia de conflictos internos, que han terminado por dilapidar la oportunidad de refundar dicha institución al servicio de las víctimas y los derechos humanos como se esperaba en un contexto de cambio”.

Apuntaron que su confianza está en que instituciones como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR), “sabrán garantizar los derechos de José Martínez Cruz e impedir que las personas que actualmente tienen bajo su responsabilidad la CNDH empleen a las instituciones para materializar represalias en contra de sus ex colaboradores”.

Las organizaciones informaron que a través de oficios, solicitaron a dicho tribunal y a la FGR que  resuelvan conforme a derecho, garantizando la presunción de inocencia y derechos procesales, los cuales deben ser garantizados en todo momento a José Martínez Cruz para, así, determinar expresamente que el hoy acusado actuó en ejercicio legítimo de sus derechos a la libertad de expresión e información”.

Firmaron el comunicado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Artículo 19 y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos.

En breve entrevista, José Martínez Cruz sostuvo que un año después de que dejó el cargo fue emplazado por autoridades administrativas y penales, por expresiones que realizó después de dejar la CNDH sobre casos como la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, “casos graves que requieren de máxima publicidad”.

 “El delito que se me imputa la CNDH es el uso de información privilegiada para beneficio personal y la revelación de secretos”, indicó Martínez Cruz al destacar que “nada de eso tiene fundamento”.

Para el defensor resulta improcedente que se le acuse de revelar secretos “cuando el caso Ayotzinapa todo mundo lo conoce, es un caso que me tocó investigar, analizar y sobre eso di mi punto de vista, pero después de dejar la CNDH”.

Tras agradecer la solidaridad de las organizaciones de la sociedad civil, “que conocen mi trayectoria desde hace décadas”, Martínez Cruz destacó que dará respuesta puntual a los procedimientos emprendidos “por la institución, impulsados por quien la preside (Rosario Piedra), hasta donde yo se soy el único exfuncionario de la CNDH contra el quien se han iniciado procedimientos penales y administrativos”.

Fuente: https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/11/18/ong-denuncia-persecucion-de-la-cndh-en-contra-del-defensor-jose-martinez-cruz-276051.html

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El caso Ayotzinapa: verdad y justicia a cuenta gotas

América/México/Fuente: Tlachinollan

 

El Titular de la Unidad para el caso Ayotzinapa de la PGR, Omar Gómez Trejo, en una conferencia de prensa, anunció que entre los restos llevados a Innsbruck, uno corresponde Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa; la identificación fue verificada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Los días 21 y 29 de noviembre de 2019 se realizaron acciones de búsquedas en un punto conocido como Barranca de la Carnicería, Ejido de Cocula; este lugar no es el basurero de Cocula ya que la Barranca se encuentra a más de 800 metros de distancia donde se crea la narrativa de la “verdad histórica”, afirmó Omar Gómez.

Vidulfo Rosales, abogado de las madres y padres, consideró que hoy se ha recibido una noticia con mucho dolor, pero es un paso en la dirección correcta en la búsqueda de la verdad y la justicia. Sin embargo, queremos decirle a la familia que estamos a su lado, con el compromiso de seguir abrazados, que sentimos su dolor en la distancia y que sin duda no es nada comparado porque la esperanza de que llegara Christian era más inmensa, incluso que la verdad. Nos solidarizamos.

Omar Gómez Trejo dijo que el 19 de junio de 2020, la Universidad de Innsbruck comunicó a la Unidad Especial del caso Ayotzinapa y al Equipo Argentino, que después de realizar los análisis respectivos de los restos óseos enviadas a Innsbruck, una de ellas corresponde al estudiante Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los jóvenes normalistas desaparecidos. Para mayor certeza de los resultados de Innsbruck también fueron analizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, terminando su revisión el 4 de julio. Las conclusiones fueron deforma coincidente que una de las piezas óseas enviadas al laboratorio de Innsbruck pertenece efectivamente al estudiante normalista Christian de forma indubitable. El titular de la Unidad Especializada del caso Ayotzinapa, en sus aseveraciones finales, consideró que con estos hallazgos se rompe el pacto de la impunidad y del silencio, así como se acaba la “verdad histórica”, parafraseando al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Por su parte, Vidulfo Rosales, confía que el hallazgo de los restos pueda revelar una verdad que se ha ocultado a la opinión pública de México y que se ha convertido en una de las promesas de la actual administración, asumida desde la presidencia desde diciembre de 2018. Los primeros indicios de esa verdad llegan con el trago amargo de la muerte de Christian Alfonso Rodríguez que fue víctima de desaparición forzada cuando apenas tenía 19 años.

Aún sigue siendo un tema pendiente. Esta noticia no es más que el símbolo de un país de los desaparecidos, de los rostros ausentes, de la ignominia; un aparato de Estado que quiere exterminar a la voz rebelde, que desaparece a los cuerpos incómodos.

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/nota-informativa-el-caso-ayotzinapa-verdad-y-justicia-a-cuenta-gotas/

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Liberan a 24 policías municipales implicados en el caso Ayotzinapa

América del Norte/ México/ 16.09.2019/ Fuente: www.jornada.com.mx.

Un juez federal con sede en Tamaulipas liberó a 24 policías de los municipios de Iguala, Huitzuco y Cocula acusados de estar involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Este domingo, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, dará una conferencia de prensa al respecto, luego de que en días pasados advirtió de la posibilidad de que un grupo de personas imputadas por la desaparición de los normalistas podría recuperar su libertad.

En tanto, el martes próximo la Comisión de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Serapaz, Fundar y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez convocarán a conferencia de prensa para emitir su postura.

Funcionarios federales confirmaron la información luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) explicó en un comunicado que un juez de distrito en Matamoros otorgó la libertad a los elementos luego de negar a la fiscalía especial de Ayotzinapa la ampliación del plazo de 10 días naturales que el propio juzgador le había dado para someterlos a los protocolos de Estambul.

Refirió que la fiscalía de Ayotzinapa, como órgano del Ministerio Público Federal, autónomo e independiente, presentará todos los recursos y las propuestas de diligencias que sean necesarias para responsabilizar a quienes, en toda esta trayectoria delictiva, han incumplido con sus funciones.

Esto, al margen de la sentencia emitida el 31 de mayo de 2018 por un tribunal colegiado, en la cual se ordenó la reposición del procedimiento aplicando, en forma independiente a la PGR, los protocolos de Estambul a los policías locales y diversos procesados que alegaban haber sido torturados para obtener sus confesiones; también deberían establecerse las sanciones por demoras injustificadas y por dictámenes médicos cuestionados.

La FGR hizo referencia a la sentencia de mayo pasado, en la cual por decisión de un tribunal se ordenó la creación de una comisión de ciudadanos en la que participara la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República para cumplir con las funciones de investigación y persecución de los delitos.

El pasado 4 de septiembre el subsecretario Encinas informó en conferencia de prensa que el procesamiento de los 142 detenidos por el caso Iguala se basó en 107 pruebas recabadas en diversas averiguaciones previas que abrió la PGR. Señaló que de ellas sólo subsisten 44, puesto que 63 fueron declaradas ilícitas por el primer tribunal colegiado de circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, debido a que se acreditó una serie de violaciones al debido proceso, la integridad personal y a la libertad al detectarse detenciones ilegales, tortura, incomunicación y violaciones al derecho a una defensa adecuada.

La liberación de los 24 policías municipales se suma a la de 13 elementos de Iguala, que ahora demandan una indemnización de un millón de pesos para cada uno, y a la de Gildardo López Astudillo, El Gil, uno de los líderes del cártel de Guerreros unidos.

Fuente de la noticia: https://www.jornada.com.mx/2019/09/15/politica/014n1pol#.XX5XIAG7sts.twitter
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México: Manifestantes exigen continuar investigación por caso Ayotzinapa

Redacción: Telesur/28-11-2018

Cientos de personas exigieron respuestas tras cumplirse casi 4 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos.
Un grupo de manifestantes pertenecientes al Movimiento Ayotzinapa en México se concentraron este jueves en la sede de la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir que continúen las investigaciones por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero.

El grupo conformado por al menos 150 personas se instalaron con carteles y fotografías de los estudiantes de Ayotzinapa en las inmediaciones de la PGR impidiendo el acceso al edificio y exigiendo respuestas por los 43 desaparecidos.

«Ayotzi vive», «26 de septiembre no se olvida», «Más de 4 años de impunidad» y «Justicia +43», fueron alguno de los mensajes que los manifestantes pintaron en la fachada y en el piso a las afuera de la Procuraduría mexicana.

Los manifestantes exigieron a los miembros encargados de la investigación que se continúen con las labores y se den respuestas de lo que sucedió con los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Asimismo, denunciaron que funcionarios de la PGR estarían promoviendo recursos para cancelar la investigación de la Comisión de investigación para el caso Ayotzinapa.

Con esta manifestación se inicia la 50 Acción Global por Ayotzinapa, convocada Escuela Normal Raúl Isidro Burgos y familiares de los desparecidos desde el 22 al 27 de noviembre.

Fuente: https://www.telesurtv.net/news/mexico-protesta-investigacion-desaparecidos-ayotzinapa-20181122-0032.html

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