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De la lucha por la tierra a los caracoles

Por: Luis Hernández Navarro

“Pasen a firmar los que no tengan miedo”, dijo el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, copiando las palabras de Emiliano Zapata, a 268 líderes rurales, entre los que se encontraban familiares del Caudillo del Sur. En Los Pinos, ante un cuadro del jefe del Ejército Libertador, los dirigentes de las centrales nacionales pasaron uno a uno a suscribir el Manifiesto Campesino, que avaló el fin del reparto agrario y la privatización del ejido. La fecha quedó registrada junto a la emboscada de la Hacienda de Chinameca: 1° de diciembre de 1991.

Antes de comenzar la ceremonia, unos cuantos representantes que se olieron de qué iba la encerrona, preguntaron dónde estaba el baño y pusieron pies en polvorosa para no sumarse al documento. Entre ellos estaba Pancho, un líder tseltal que llevaba años luchando por la tierra con sus compañeros de la selva Lacandona. Regresó a su región y no volvió a aparecer en la vida pública hasta mucho tiempo después del levantamiento zapatista.

El compromiso de los líderes de superar el reparto agrario convocando a un gran esfuerzo de conciliación entre los hombres del campo adquirido ese día, fue visto como una gran traición por cientos de miles de campesinos en todo el país, pero especialmente por los chiapanecos, que llevaban décadas luchado por tierra. Esa contrarreforma al artículo 27 constitucional nubló el horizonte indígena y animó a centenares de comunidades a tomar las armas.

En el libro Voces de la historia, los habitantes de Nuevo San Juan Chamula, Nuevo Huixtán y Nuevo Matzan, recuerdan su experiencia y las de sus abuelos en las fincas y pueblos, donde nacieron y se criaron aguantando el hambre, así como las razones que los llevaron a colonizar la Selva, para buscar dónde comer un poco mejor y dejar atrás el dolor de la pobreza y el puro sufrir.

Casi todos los que conocemos salen a la finca. Con nuestro trabajo se hicieron ricos los patrones, aunque nosotros seguimos igual en nuestra pobreza. Además del trabajo pesado tenemos más sufrimiento en la finca. Al patrón no le importa el trabajador. Quedamos con hambre. Maltrataban mucho los caporales: chicoteaban, golpeaban con ramas, con cincho, con la palma del machete, daban patadas; con cualquier cosa venía el castigo, explican. Por eso, en un moderno éxodo, marcharon a buscar una nueva vida en la selva.

La lucha por la tierra se generalizó en todo el estado durante las décadas de 1970 y 80. Los indígenas no sólo buscaban recuperar la que los finqueros se habían apropiado por medio del despojo violento. También la que habían ocupado en la selva para huir de la miseria. Un decreto presidencial de Luis Echeverría Álvarez, en 1971, otorgó la posesión de 614 mil hectáreas a 66 familias lacandonas, negándosela al resto de pobladores. En palabras de la Unión de Uniones, detrás del decreto estaban los intereses de Nacional Financiera, es decir, de la gran burguesía, que pretendía llevarse toda la madera de caoba y cedro contenida en las miles de hectáreas tituladas a favor del grupo lacandón.

El gobierno quiso reconcentrar a los otros indígenas (tseltales, tsotsiles, choles) y fijar los límites de la Comunidad Lacandona, por medio de la Brecha. Las comunidades resistieron poniendo el cuerpo por delante con la consigna de ¡no a la Brecha! En octubre de 1981, 2 mil campesinos de la selva marcharon y ocuparon la plaza de Tuxtla Gutiérrez. Caminaron días para llegar a un ve­hículo que los trasladara a la capital del estado. Años después, su lucha cosechó frutos. En 1989, Salinas de Gortari entregó la dotación a 26 colonias.

En entrevista con Roberto Garduño en La Jornada, el mayor Sergio, el Representante, rememoró esas faenas y cómo los habitantes de la región se vieron amenazados por las autoridades: “Con el decreto de 1972, el gobierno empezó a decir que nos íbamos a salir por las buenas y por las malas… pero no quisimos salir porque nuestros padres y nuestros abuelos buscaron este lugar para vivir y trabajar”.

En la selva, los rebeldes aprendieron a manejar el fusil para defenderse de las guardias blancas. Luego siguió la educación política e ideológica y el fortalecimiento de la organización comunal. Sergio recordó el caso de la venta del café como síntoma de la injusticia, porque los coyotes engañan y pagan precios de risa por el producto.

Los zapatistas –añadió– “empezamos a trabajar en nuestras comunidades casa por casa y barrio por barrio. Mucho tiempo luchamos de manera pacífica, pero nos ignoraban, por eso empezamos… pero no nos han dejado, nos han reprimido, por eso hemos tomado el fusil”.

A pesar de que se había izado la bandera blanca en el campo, la sublevación de 1994 permitió a campesinos e indígenas, zapatistas y no zapatistas, recuperar miles de hectáreas. En lugar de parcelarlas como hicieron otros, los rebeldes impulsaron en ellas proyectos de asociación colectiva para la producción agrícola y ganadera, que les han permitido controlar su vida y practicar el autogobierno. Estas experiencias son la base material sobre los que se erigen los caracoles, que este 9 de agosto cumplieron 19 años de vida.

El agravio de Carlos Salinas contra los pequeños productores rurales, cuando en Los Pinos llamó a los líderes a que pasaran a firmar sin miedo un acuerdo para cerrar la puerta a la vía campesina de desarrollo, fue respondida años después por el EZLN, descarrilando en los hechos el fin del reparto agrario.

Pero el rechazo fue aún más lejos. Sobre ese ¡no! inicial, los rebeldes pasaron a construir una sociedad que representa todo lo contrario de lo que el salinismo quiso impulsar. Esa sociedad alternativa ha tomado forma en los caracoles. En ellos se sintetiza tanto la historia profunda y subterránea de campesinos e indígenas por la tierra y la autonomía, como su disposición y potencia para construir un otro mundo.

Twitter: @lhan55

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2022/08/09/opinion/016a1pol

Imagen: https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/10/05/delegaciones-del-ezln-viajaran-a-europa-en-2021-4925.html

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Chiapas, violencia incesante

Por: Luis Hernández Navarro

Pánico y zozobra. En esas palabras se resume lo que miles de habitantes de San Cristóbal de las Casas vivieron durante horas el pasado 12 de junio, cuando decenas de civiles armados, encapuchados y con chalecos antibalas, dispararon con fusiles Kalashnikov y AR-15, bloquearon con camiones de doble remolque avenidas y calles y pintaron muros, disputando el control del Mercado Norte de la ciudad. Buscaban remover a su eterno administrador, Domingo Pishol, personero de Hugo Pérez, autoproclamado alcalde de Oxchuc.

Con el sonido de las primeras ráfagas, la gente tuvo que guarecerse o tirarse al piso en almacenes, centros escolares, clínicas y negocios, temerosos de que algún proyectil los alcanzara. Los disparos son cosa frecuente en esa parte de la ciudad pero en esta ocasión tuvieron una intensidad inusitada.

La existencia de grupos delincuenciales en Chiapas no es novedosa. Comenzó a crecer a partir de la gubernatura de Juan Sabines (2006-12). Pero en los últimos años, en amplias zonas de la entidad se han intensificado su presencia y sus pleitos por territorios, rutas y mercados. Guatemala es una inmensa bodega al servicio de la industria criminal. Desde allí salen, a través de la porosa frontera chiapaneca, rumbo a Estados Unidos y diversas regiones de México, drogas, armas, piratería, seres humanos, vehículos robados. Controlar la frontera y los caminos es fundamental para trasladar las mercancías. El corredor Frontera Comalapa, Comitán, San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez ha adquirido gran importancia en el trasiego de drogas.

Un par de ejemplos, entre muchos. En julio de 2021, el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ahora en vertiginosa expansión en la entidad, ejecutó en Tuxtla Gutiérrez, a El Junior, hijo del líder del cártel de Sinaloa en Chiapas. La vertiginosa expansión del cártel de Chamula, evidenciada por los permanentes accidentes de vehículos cargados con migrantes centroamericanos y la difusión de sus narcocorridos.

San Cristóbal no es ajena a esta guerra. Al igual que otros puntos turísticos, como Cancún o Acapulco, es un enclave deseado por el crimen organizado. En esa ciudad, impunemente, por lo menos cinco grupos conocidos (hay quien señala que son ocho) como motonetos o motopandilleros, ligados al narcomenudeo, cobran derecho de piso, roban, asesinan y realizan disparos de armas de fuego al aire, sembrando terror e incertidumbre (https://bit.ly/3OaDMs0). Surgieron como grupo de choque durante la administración de Marco Antonio Cancino González (2015-18), del PVEM. Su hermano Sergio Natarén los controlaba. La batalla por el control del Mercado Norte del pasado 12 de junio forma parte de esta trama en la entidad y en la urbe coleta.

Figura clave en este pleito es Martín Pale Santiz, alias El Gemelo, dirigente de la Coordinadora de Organizaciones por el Medio Ambiente para un Chiapas Mejor (Comach), con estrechas relaciones con el gobierno estatal, un tiempo detenido por extorsión y luego liberado. Sus gentes son capaces de estrangular San Cristóbal, bloqueando los accesos carreteros, mientras se enfrentan a otros grupos con armas de fuego y palos. También, de desalojar y golpear a familias de Santa Catarina, integradas al Frente Campesino Popular de Chiapas, para despojarlas de cinco hectáreas (https://bit.ly/3n3Fmjm). Con el apoyo de Gerónimo Ruiz Sántiz, el Moshán, cobran unos 800 mil pesos semanales a unos mil 200 vendedores ambulantes (a los que controlan) de la Plaza de la Paz, Andadores, Santo Domingo y Centro Histórico.

En el operativo, fue asesinada una persona: Xalik. Se informó que había sido alcanzada por una bala perdida. Defensoras civiles de San Cristóbal señalan que el difunto era un joven tsotsil que abiertamente se oponía al reclutamiento de niños para formar grupos armados en Chamula. Este hombre era muy joven y se había separado de su clan linaje, haciendo distancia de esas dinámicas que ahora impregnan a muchas familias chamulas. Pero no solo eso. Se dedicaba justamente a organizar a los niños de la calle y especialmente a los que andan en el mercado de esa zona. Una muerte muy conveniente para algunos.

La toma parcial de la ciudad es tan sólo un incidente más en una interminable cadena de violencias que sacuden el estado. El pasado 8 de junio, a 30 kilómetros de San Cristóbal, el alcalde de Teopisca, Rubén de Jesús Valdez Díaz, fue asesinado en una camioneta afuera de su domicilio.

La lista de agresiones es interminable. Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) sólo durante marzo de este año, se registraron 437 ataques con armas de fuego de los narcoparamilitares de Santa Martha, Chenalhó, contra la comunidad de Aldama (https://bit.ly/3n0TVEt).

De la misma manera, se han intensificado las arremetidas contra familias bases de apoyo zapatistas en la comunidad autónoma de Nuevo San Gregorio, que ponen en riesgo su vida, seguridad e integridad (https://bit.ly/39FbA1s).

En este contexto, la diócesis de San Cristóbal de las Casas y otros organismos hicieron un pronunciamiento conjunto ante el imparable aumento de violencia en Chiapas, en el que expresan su preocupación por la presencia de grupos fuertemente armados en el territorio.

Manifiestan también su preocupación por las constantes agresiones, persecuciones y vigilancias a las personas defensoras de derechos humanos en nuestro país y en Chiapas, principalmente a quienes defienden la tierra y el territorio.

Denuncian que, el pasado 29 de mayo, fueron privados arbitrariamente de su libertad, Manuel Santiz Cruz, indígena tseltal, presidente del Comité de Derechos Humanos de la Parroquia de San Juan Evangelista, municipio de San Juan Cancuc, junto con otras cuatro personas (https://bit.ly/39D6G53).

Miedo e incertidumbre. En Chiapas, la violencia, lejos de cesar, crece y se intensifica. Que nadie se llame a sorpresa cuando suceda lo que va a suceder.

Twitter: @lhan55

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2022/06/21/opinion/018a1pol

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México: Menores en riesgo por violencia armada en San Cristóbal

América del Norte/México/04-03-2022/Autor: Elio Henríquez/Fuente: www.jornada.com.mx

San Cristóbal de Las Casas, Chis., La agrupación Melel Xojobal afirmó que “el incremento de la incidencia delictiva en San Cristóbal y la proliferación de armas de fuego ponen en riesgo la seguridad e integridad de niñas, niños y adolescentes, ya sea porque pierden la vida o por la muerte violenta de sus madres, padres o cuidadores como sucedió con el homicidio de Paula Ruiz de los Santos, ocurrido el 19 de febrero en pleno centro” de San Cristóbal.

La agrupación, que trabaja con niños y adolescentes, recordó que el 26 de febrero, fue asesinado con arma de fuego desde una motocicleta en movimiento, cerca de su domicilio en la Colonia Emiliano Zapata, un menor de 16 años de edad.

Esta muerte, señaló en un comunicado, “se suma a los dos fallecimientos de menores de edad por arma de fuego ocurridos en menos de seis meses: la primera, una niña de siete años que falleció en septiembre del año pasado a causa de una bala perdida que entró a su habitación mientras dormía, y el segundo, un adolescente de 17 años, asesinado en el periférico cerca del mercado de la zona norte en octubre; los tres eran indígenas”.

Agregó: “Desde Melel Xojobal, A. C. expresamos nuestra indignación ante el escalamiento de la violencia armada en el estado y el municipio y las diferentes expresiones de la misma que cercenan cotidianamente los proyectos de vida de las niñas, niños y adolescentes indígenas que viven en San Cristóbal”.

Comentó que “Chiapas es la entidad federativa con el mayor rezago educativo de niñas, niños y adolescentes, el de más carencia por acceso a la seguridad social y el de menores ingresos en comparación con el promedio nacional”.

Aseguró que “el desempleo y los paupérrimos salarios, la migración a otros estados del país, la violación de los derechos básicos al acceso a la salud, agua y alimentación, los desplazamientos forzados por conflictos por territorios, la precariedad de la vida por la pandemia de Covid-19, así como la criminalización hacia las niñas, niños y adolescentes trabajadores y sus familias, exacerban las dinámicas de desigualdad, exclusión y discriminación social y colocan a las infancias en condiciones de mayor vulnerabilidad, principalmente a niñas, niños y adolescentes indígenas”.

Hizo un llamado al gobierno en sus tres niveles “a poner en el centro de la agenda pública la vida de las niñas, niños y adolescentes a través de verdaderas políticas públicas incluyentes en educación, salud, alimentación, seguridad ciudadana, espacios de esparcimiento, deporte y cultura, que generen de forma sostenible condiciones para el acceso y disfrute pleno de derechos que garanticen la supervivencia y desarrollo de las infancias y el bienestar de sus comunidades”.

A la sociedad en general le pidió “no naturalizar la violencia que con frecuencia estamos viviendo en la ciudad y a la no criminalización de las infancias, adolescencias y juventudes, víctimas principales de estas situaciones y que han sufrido las mayores consecuencias de las marcadas brechas de desigualdad”.

Fuente e Imgen: https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/02/estados/en-riesgo-integridad-de-menores-por-violencia-armada-en-san-cristobal/

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México: Lucha magisterial.AMLO descalifica la protesta social: ahora compara a maestros con el FRENAA

Por: Heraclio Terán

Tras los hechos del 27 de agosto, profesores han sido objeto de una feroz campaña de difamación que compara a la CNTE con grupos ultraderechistas.

En su gira por el Estado de Chiapas durante este fin de semana, López Obrador envió un mensaje a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE): “ni FRENAA ni la CNTE detienen al presidente”.

Esto se da en el marco de una fuerte embestida que Rafael Barajas (el Fisgón), titular del Instituto Nacional de Formación Política del Morena, así como legisladores morenistas, distintos intelectuales afines a la 4T y la estructura propagandística del Morena, han llevado a cabo contra profesores de Chiapas, particularmente de la sección 7 y 40 del SNTE-CNTE.

Estas nuevas agresiones que el aparato mediático de la 4T ha ejercido contra profesores giran en torno a la insistencia en llevar a cabo una comparación, completamente fuera de lugar, de la CNTE con el grupo derechista denominado “Frente Nacional Anti-Amlo” (FRENAA), cuyo dirigente es el empresario conservador y reaccionario Gilberto Lozano González.

Las calumnias no terminaron ahí. El Fisgón y otros personajes encumbrados en la cúpula morenista han llegado a insinuar que la CNTE sección 7 actúa bajo lineamientos del multimillonario Claudio X González y de la coalición Va Por México.

Estas acusaciones se dan después de que el viernes 27 de agosto profesores de las secciones 7 y 40 de Chiapas, así como estudiantes normalistas, trabajadores del sector salud y madres de desaparecidos esperaran en la entrada de las instalaciones de la Séptima Región Militar en Tuxtla Gutiérrez a la caravana de camionetas que llevaría a López Obrador a dar su conferencia mañanera.

AMLO: compromisos incumplidos

¿La razón de ello? Solicitar, con justa razón, que el presidente respondiera a distintos compromisos que ha establecido con los grupos mencionados. ¿En torno a qué cuestiones ha empeñado su palabra López Obrador? En el caso de trabajadores de salud, se solicita que se cumpla con la basificación prometida por el gobierno federal a inicios de la pandemia, además que se reinstale a trabajadoras y trabajadores que han sido despedidxs injustificadamente durante la emergencia sanitaria, aún cuando han estado trabajando en primera línea de combate al Covid-19.

Respecto a los normalistas, a principios de junio AMLO se comprometió públicamente a entablar un diálogo con este sector estudiantil con el objetivo de lograr un aumento en el presupuesto a normales, sobre todo a las del ámbito rural, así como de concretar la liberación total de 95 (74 mujeres y 21 hombres) estudiantes de la Normal Rural de Mactumactzá reprimidxs en mayo.

En esa ocasión las estudiantes denunciaron haber sido objeto de agresiones sexuales por parte de policías. El gobierno de dicha entidad se ensañó con las estudiantes: las 74 fueron liberadas de manera condicionada, a pesar de las agresiones sufridas. El diálogo que solicitan estudiantes es también para lograr la liberación incondicional de las compañeras.

En cuanto a las y los profesores de la sección 7 y 40 del SNTE-CNTE, lo que se solicita es ser escuchados para lograr un retorno seguro a clases, así como dar continuidad a los diálogos con miras a lograr cambios constitucionales de fondo en el artículo 3° y sus leyes secundarias, pero también de obtener la reinstalación de profesores despedidos por su activismo político. En cuanto a las madres de desaparecidos, la justa exigencia gira en torno a obtener apoyo gubernamental para lograr avances para encontrar a sus hijxs.

Las demandas de estos grupos son totalmente justas y razonables, mientras la postura presidencial es intransigente: “Me dejan pasar, me respetan y luego hablamos” y “el presidente no puede ser rehén de nadie”, fueron sus palabras.
La postura de AMLO ante la protesta social en Chiapas es congruente con su insistencia en el regreso a clases presenciales este 30 de agosto. Su prioridad, en medio de la tercera ola de la pandemia, es imponer una “nueva normalidad” y estabilidad para los negocios capitalistas, en las cuales se naturalice la pandemia y sus nefastas consecuencias.

La CNTE y el Frenaa: sin puntos de comparación

La campaña de difamación contra la CNTE no cuenta con sustento alguno. No hay nada que permita identificar a la lucha del magisterio ni de los otros grupos involucrados en lo ocurrido el 27 de agosto con sectores de extrema derecha, tal como pretenden hacerlo de manera totalmente difamatoria personajes como Rafael Barajas (el Fisgón) y el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. Todo lo contrario.

Desde hace 41 años el magisterio democrático de Chiapas, codo a codo con otros contingentes de México ha combatido, de manera persistente, las políticas neoliberales y proimperialistas que han impulsado las distintas administraciones del gobierno federal sexenio a sexenio, especialmente durante los momentos de mayor y más brutal represión.

En cambio, el Frenaa es una agrupación que difunde y actúa en congruencia a un discurso extremista, xenófobo, misógino, saturado también de elementos conspiranoicos al más puro estilo de personajes de la ultraderecha estadounidense como Alex Jones. Aún hay más.

En su sitio de internet este Frente se define como “…un movimiento social de los mexicanos que pagan impuestos, que actúan como MANDANTES constitucionales, jefes, patrones de los servidores públicos a quienes pagamos sus sueldos para servirnos. Nos sentimos los dueños de México…” (SIC) y, finalizan planteando, “No somos un sector de México, #SomosMéxico”. (SIC)

Como se han dicho anteriormente, el Frenaa es dirigido por personajes como Gilberto Lozano, quien fue ejecutivo del regiomontano Grupo Alfa, empresa señalada por gozar de condonación de impuestos durante varios sexenios; fue parte también del consejo de administración de la Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma; integró el consejo administrativo del Hospital “San José”, fundado por Alfredo Sahagún de la Parra, padre de Martha Sahagún, esposa de Vicente Fox.

Esta agrupación cuenta con una agenda que considera que todo orden social debe regirse por los valores supremos del libre mercado y la iniciativa privada. La orientación de este frente se encuentra claramente vinculada a demandas propias de la extrema derecha, y también fuertemente ligada a agrupaciones conservadoras antiderechos en contra del aborto y el matrimonio igualitario, por mencionar algunos otros ejemplos.

Al comparar a la CNTE con el FRENAA AMLO despliega una maniobra ideológico-política para descalificar todo cuestionamiento a su gobierno. Ante ello, es necesario que las y los trabajadores junto con los sectores populares, apoyen las justas demandas del magisterio.

Frente a la ofensiva del gobierno y los empresarios contra la educación, las y los maestros de la agrupación Nuestra Clase han planteado una serie de propuestas ante esta situación, llamando a la CNTE a impulsar la unidad del magisterio en las calles con una política combativa e independiente del gobierno y de la derecha.

Fuente de la información e imagen: https://www.laizquierdadiario.mx

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Libro (PDF): Jóvenes, acciones y movimientos. Aproximaciones desde el sur de México

Reseña: CLACSO

*Disponible sólo en versión digital

Este libro, como su autor lo declara en la introducción, propone un abordaje sociopolitico de Chiapas desde una perspectiva generacional, y en ello radica parte de su potencia: aportar una mirada generacional para comprender los procesos políticos situados en la temporoespacialidad chiapaneca; un punto de vista que no se centra sobre, por o para las juventudes, sino que construye un enfoque de y desde las y los jóvenes.

En los capítulos que siguen el lector encontrará aproximaciones a formas de vida y producciones juveniles, a modos de participación y a modalidades de acercamiento a los procesos generacionales que contribuirán a transformar las realidades desiguales en las que vivimos, reconociendo las diversidades y diferencias que caracterizan las juventudes contemporáneas e instituyendo lo común en tanto formas otras de estar juntos.

Autor: Carlos de Jesús Gómez-Abarca. UNICACH. CESMECA. Observatorio de las Democracias: Sur de México y Centroamérica.

Editorial/Edición: CLACSO.

Año de publicación: 2021

País (es): Argentina. México

ISBN: 978-607-543-135-2

Idioma: Español

Descarga: Jóvenes, acciones y movimientos. Aproximaciones desde el sur de México

Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?id_libro=2381&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1555

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Libro (PDF): Socialización y aprendizaje infantil en un contexto intercultural : una etnografía educativa en El Bascán en la región cho ́l de Chiapas

Reseña: CLACSO

El estudio de la educación indígena en México requiere la articulación de diversos niveles de análisis que ofrezcan una correcta comprensión histórica del proceso educativo y su visualización futura a partir de una concepción cientíca integral que valore en su justa dimensión el derecho a la educación como una de las demandas pendientes de los pueblos indígenas de México, demanda que implica la toma de decisiones necesarias para resolver las deficiencias estructurales que han limitado la existencia de un desarrollo equitativo entre los grupos culturales de nuestro país.

 

Autor(es): Núñez Patiño, Kathia –  Bermúdez Urbina, Flor Marina
Editorial/Editor: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Año de publicación 2009
Idioma: Español
País de Edición:           Mexico
ISBN            978-607-7510-38-3
Descarga Libro (PDF): Socialización y aprendizaje infantil en un contexto intercultural : una etnografía educativa en El Bascán en la región cho ́l de Chiapas
Fuente:            http://biblioteca.clacso.edu.ar/
 

 

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Pronunciamiento del Frente Unicachense: ¿Quién o quiénes están detrás del intento de destruir a la UNICACH? México

América del Norte/México/10-08-2021/Autor(a) y Fuente: FRENTE UNICACHENSE EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA, DIGNIDAD E IDENTIDAD DE NUESTRA UNIVERSIDAD

Pronunciamiento del Frente Unicachense

Lunes 9 de agosto de 2021

¿Quién o quiénes están detrás del intento de destruir a la UNICACH?

Desde el día 4 de abril del presente 2021, con la TOMA de NOTA concedida a la C. Zoila García por parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a instancias de un amparo interpuesto en el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales del estado de Chiapas, mismo que fue comunicado con fecha 31 de octubre de 2019 por el Lic. Juan Gómez Fiera, Secretario de dicho Juzgado. Es decir, entre el comunicado del resolutivo de amparo del Juzgado y la expedición de TOMA de Nota por parte de la Junta local de Conciliación y Arbitraje transcurrió un año, ¿por qué dejó pasar tanto tiempo la Junta Local para otorgar la toma de nota a la C. Zoila, si se supone que los elementos en que se basó el Juez para conceder el amparo eran suficientes y consistentes para proceder de manera expedita? Esto hace suponer que se trata de un cálculo político para comenzar a cuestionar al Comité Ejecutivo del SPAUNICACH encabezado por el Dr. Fredi Penagos, que desde meses anteriores había estado presionando a la rectoría representada por el Dr. Rodolfo Calvo Fonseca -terminó renunciando al cargo a finales de enero de 2021- para el pago de una serie de adeudos que la patronal mantiene con los trabajadores agremiados.

La renuncia de Calvo Fonseca llevó a la Junta Directiva a expedir la convocatoria para elegir el nuevo rector. Postularon 22 aspirantes, entre empresarios, funcionarios y académicos. De estos, la Junta termino entrevistando a 9. No se explicó sobre los criterios que privaron en la depuración, lo cierto que varios con méritos reconocidos fueron eliminados; en teoría se suponía que serían los criterios establecidos en la ley orgánica y el estatuto general. Durante el proceso se externaron diversas opiniones de universitarios sobre la necesidad de que la Junta Directiva procediera con transparencia y con estricto apego a la normatividad universitaria. La Junta no ofreció ninguna información, situación que contradice el dicho reiterado del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que “la vida pública tiene que ser cada vez más pública”.

El viernes 12 de febrero concluyó el trámite de elección del nuevo rector de la UNICACH, por la noche la Junta Directiva dio posesión al Mtro. Juan José Solórzano Marcial, con la presencia de tres integrantes. Se consumó la crónica anunciada desde antes de que terminara el registro de aspirantes. Días después, el rector constató que las arcas estaban vacías, ni para pagar la nómina.

En este tenor, los problemas fueron escalando, Solórzano anunció un programa de austeridad y el despido de más de 300 trabajadores, entre administrativos y personal de confianza que, se dijo, cobraban en la nómina confidencial, también se anunció una auditoria. NUNCA SE TRASPARENTÓ LA LISTA. Mientras tanto, los profesores sindicalizados seguían pidiendo el pago del IMSS, INFONAVIT, AFORE, incluso su caja de ahorro, pago de marcha, y compensaciones por la dirección de tesis, estipulado en el contrato colectivo de trabajo.

Hoy las tensiones ya no sólo están entre dirigentes sindicales y la Rectoría, son los académicos que están padeciendo el escarnio de las autoridades con amenazas y despidos masivos, que a todas luces no sólo son violatorios de relaciones laborales, derechos humanos, sino que también atentan contra la propia UNICACH.

El frente unicachense se pronuncia de manera contundente frente al despido masivo y alevoso de compañeros trabajadores, violatorio de los más elementales derechos humanos, más grave aún en tiempos de crisis sanitaria, de pérdida de empleo en el país, y de incremento de la pobreza.

Se pronuncia por la reinstalación inmediata e incondicional de los profesores despedidos y por un alto al clima de linchamiento que está afectando gravemente la vida universitaria.

Las autoridades deben considerar a las universidades como centros para construir el futuro, su destrucción, como lo están haciendo las autoridades, solo conduce al atraso de nuestra sociedad. Los países desarrollados lo son gracias, en buena medida, a sus universidades que son el semillero por excelencia para la generación de proyectos de futuro.

FRENTE UNICACHENSE EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA, DIGNIDAD E IDENTIDAD DE NUESTRA UNIVERSIDAD.

Apoya en firmar la petición «Fuera Juan José Solorzano Marcial: NO al despido injustificado de académicos de la UNICACH» dando clic en el siguiente enlace: http://chng.it/t4F9yVvFM7

Fuente: FRENTE UNICACHENSE EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA, DIGNIDAD E IDENTIDAD DE NUESTRA UNIVERSIDAD

Imagen: https://www.facebook.com/101315158838379/photos/a.101317905504771/107327821570446

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