Ojalá que los materiales entregados por el gobierno de Chihuahua hubieran sido elaborados y estructurados de mejor manera…
El verdadero rostro de los gobiernos panistas salió a relucir en días pasados pues, bajo la supuesta atención a la controversia constitucional que tiene el gobierno del estado de Chihuahua con los Libros de Texto Gratuitos emitidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y ante los cuales presentó un amparo hace unas semanas, distribuyó en las escuelas una serie de cuadernillos para un diagnóstico inicial, para reforzar conceptos y para construir capacidades concretas. La verdad de las cosas es que ninguno de estos materiales reúnen las características para ser considerados de esa manera, es decir, para que, mediante su uso, se pueda realizar un diagnóstico, reforzar conceptos o construir capacidades concretas; son una suerte de “pegostres” – malhechos por cierto – de otros materiales que circulan por las redes sociales, en el mercado, librerías o tiendas comerciales, producidos por algunas editoriales que, como sabemos, los ponen en venta con la intención de que los padres de familia y algunos maestros los consideren para que los niños “refuercen” sus aprendizajes pero, a fuerza de ser sinceros, con la resolución de esos cuadernillos, ¿en verdad se refuerzan los aprendizajes adquiridos en las escuelas y en la vida diaria dando respuesta a unos ejercicios o al recortar infinidad de hojas para ser pegadas en otras tantas sin un propósito específico? Peor aún, ¿de qué manera el gobierno del estado de Chihuahua concibe al cuadernillo si su hechura claramente evidencia una completa ignorancia pedagógica? En fin.
Volviendo al tema que me ocupa, decía que el rostro mostrado en días pasados por el gobierno de María Eugenia Campos Galván, habla claramente de un interés genuino, pero no por las niñas, niños y adolescentes ni por la educación que tanto se ufana en “defender” pues, a través de los materiales entregados y distribuidos, se observa la intención de evitar a toda costa que los estudiantes analicen, reflexionen o critiquen aquello que puede ser analizado, reflexionado y/o criticado para ser aprendido; por ejemplo, si se analizan a detalle algunos de estos cuadernillos podrán observarse, algunas “supuestas consignas” a partir de un “tema”; de hecho uno de los temas que hallé fue ¿Cómo medimos?, con una consigna muy concreta para los niños Utiliza el recortable 6 y arma el metro para que puedas medir los siguientes objetos en tu casa o escuela. Debajo de esta indicación se pueden visualizar algunas imágenes con un pide foto que indica al menor lo que mediría de largo un escritorio, un pizarrón, un refrigerador, una silla mecedora y una lavadora.
Con seguridad alguien podría decir que éste es un ejercicio que no tiene nada de malo porque obedece a una circunstancia que ya se conocía en virtud de que actividades similares contenían los libros de texto de sexenios pasados y, por tanto, dichas actividades las debíamos resolver para que pudiéramos “enfrentar” la vida. No obstante, si se reflexiona detenidamente el planteamiento contenido en esta actividad valdría la pena preguntarse: ¿cuál es el objetivo de esta acción?, ¿limitar el razonamiento única y exclusivamente a la “construcción” de un metro y la medición de un objeto sea cual fuera éste? Y luego, ¿para qué le serviría la construcción de ese metro y eso que “aprendió” midiendo un objeto? En fin, yo preguntaría, ¿cuál es el sentido pedagógico de esta actividad y de qué manera le ayudaría al niño en su vida cotidiana?, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en la casa del menor no se tuviera una lavadora o silla mecedora?, ¿de qué manera podría apoyar su pensamiento crítico esta actividad si limita dicho pensamiento reduciéndolo a un hecho concreto?, ¿será acaso que hay gobiernos que siguen pensando en que los sujetos solo deban resolver y no pensar para actuar o resolver?
Ojalá que los materiales entregados por el gobierno de Chihuahua hubieran sido elaborados y estructurados de mejor manera; digo, uno pensaría que la pandemia mucho pudiera habernos enseñado para considerar que la educación no puede ni tiene que ser la misma que la que hace unos años prevalecía en el mundo y en nuestro país. Uno esperaría que la crítica que este gobierno realizó a la Nueva Familia de Libros de Texto Gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana, les hubiera llevado a proponer materiales con un claro sentido pedagógico y didáctico, pero no, desafortunadamente no fue así. Vaya uno esperaría que, al menos, hubieran leído, por ejemplo, una aventura planteada en el Libro Proyectos Comunitarios de 4º grado denominada Así eran las familias de mi comunidad.
Esta aventura, como podrá verse en ese Libro, tiene la finalidad de que los niños escriban un texto monográfico utilizando información de diferentes fuentes, teniendo la oportunidad de investigar algunos cambios que ha experimentado la comunidad en la que viven a lo largo del tiempo. De entrada, esta aventura parte del planteamiento de una sencilla pregunta que el alumno podría contestar individualmente: ¿cómo eran antes las familias de tu comunidad y cómo son en la actualidad?, ¿en qué ha cambiado y por qué?; seguido un proceso de observación de unas imágenes de diferentes comunidades y personas que habitan las mismas y, desde luego, de la invitación a un viaje en el tiempo para que respondan algunas interrogantes por demás interesantes: ¿cómo se vivía en su comunidad hace 100 años?, ¿qué hacían en esa época?, ¿cómo imaginan que era la ropa que usaban?, ¿qué lengua creen que hablaban?, ¿qué clase de comida disfrutaban? Con estas respuestas, se plantea que los niños, en asamblea, organicen las acciones que los llevaría a escribir su texto monográfico. Hasta aquí, solo es el principio de una serie de actividades que los niños, de manera conjunta con su maestro o maestra, podrían emprender. Actividades que, como he dicho, están planteadas en los libros de texto que el gobierno de Chihuahua no distribuyó. ¿Se observa una clara diferencia entre lo entregado por esta administración y lo planteado por la SEP federal en los libros de texto gratuitos?
Si, con seguridad alguien podría decir que hay una diferencia entre un cuadernillo y un libro de texto, y es cierto; sin embargo, no hay que perder de vista que, en ambos casos, el sentido pedagógico es lo que habrá de orientar el aprendizaje y la enseñanza, entonces, bajo esta premisa, es obvio que hay una clara diferencia pedagógica en un material como en otro. Digo, no estaría mal que los asesores de la Secretaria de Educación o de la propia Gobernadora leyeran un poco a Jolibert o Freinet para que entendieran que el niño es un ser activo – más no pasivo – que construye sus conocimientos gracias a sus habilidades y creatividad y, para ello, se le pueden brindar ciertas herramientas como puede ser un cuadernillo o libro de texto con un amplio sentido pedagógico. Entonces, repito, ¿hay o no una clara diferencia pedagógica en ello?
Con negritas:
Si tanto le preocupa a la gobernadora de Chihuahua la educación de las niñas, niños y adolescentes de la entidad que gobierna, bien haría en transparentar los recursos económicos que erogó para los “pegostres” mal hechos y que denominó “cuadernillos”. Si tanto le preocupa la educación al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en esa entidad, bien haría en exigir la entrega inmediata de los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana pudiendo paralizar la entidad como, se supone, podría hacerlo, pero bueno, ni una ni otra cosa sucederá, sencillamente porque a ninguno de los dos les interesa la educación ni los niños.
Leopoldo Ramos, Jesús Estrada y Rubén Villalpando, corresponsales/La Jornada
El Movimiento Magisterial de Coahuila anunció que tratará de revertir de forma legal la suspensión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió al gobierno de ese estado para no distribuir los libros de texto gratuitos.
El representante de la agrupación, Claudio Alberto Escobedo Hernández, criticó al gobierno de la entidad por la decisión de no repartir los ejemplares que se encuentran en bodegas de los distintos municipios y, en cambio, ordenar la elaboración e impresión de otros libros con editoriales privadas con un costo de 72 millones de pesos.
Aseveró que ese recurso se puede utilizar en la compra de miles de aparatos de aire acondicionado, en cientos de techumbres para los patios de escuelas o en resolver muchas otras necesidades educativas.
En la manifestación en la plaza Alameda de Torreón, integrantes del movimiento, en su mayoría profesores de la Universidad Pedagógica Nacional campus Laguna, y militantes de Morena, dijeron que reunirán firmas de maestros y padres de familia para acudir a la Corte y exigir que se anule la suspensión.
En la movilización no participaron dirigentes o representantes de las secciones 5, 35 ni 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
En Chihuahua, un grupo de 200 personas movilizadas por consejeros estatales de Morena protestaron ayer afuera del Congreso estatal en respaldo de diputados locales de ese partido durante la instalación del primer periodo ordinario de la 67 Legislatura, quienes exigieron a la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván distribuir los nuevos libros de texto gratuitos.
Mientras tanto en Ciudad Juárez, padres de familia denunciaron que en las escuelas públicas les están cobrando 400 pesos por copias de los libros de texto del ciclo escolar pasado.
Dijeron que el pasado miércoles los citaron en la primaria José Reyes Estrada, de la colonia Oasis Revolución, y les pidieron 400 pesos por las copias; cada grado tiene siete ejemplares.
En redes sociales circularon avisos de directores de diferentes escuelas públicas en los que se pide a los padres de familia pagar cuotas por material didáctico de apoyo y se les exhorta a comprar guías de estudio de editoriales como Santillana o Montenegro.
América del Norte/México/21-01-2022/Autor: Jesús Estrada/Fuente: www.jornada.com.mx
Chihuahua. Mil 500 profesores y empleados del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (Cecytech) protestaron este lunes en las oficinas de Recaudación de Rentas de Ciudad Juárez y de la capital, para exigir el pago de aguinaldo y del salario de la primera quincena de enero, además de aportaciones al Seguro Social (IMSS), fondo de vivienda (Infonavit) y otras prestaciones que la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) estatal les adeuda desde septiembre del año pasado.
Decenas de docentes agremiados al Sindicato de Trabajadores del Cecytech impidieron el acceso a las oficinas de Recaudación de Rentas en el centro comercial Mitla y en la representación del gobierno del estado ubicada en la avenida Abraham Lincoln, en Ciudad Juárez, al mismo tiempo que en esta capital bloquearon el tránsito en las calles Aldama y Carranza, aledañas al Palacio de Gobierno, y se plantaron en las entradas del edificio Héroes de la Reforma, que es sede de la Secretaría de Hacienda estatal.
Amagaron con instalar plantones permanentes, si los secretarios de Educación y de Hacienda no los atendían en una mesa de diálogo, y ampliar los bloqueos a otras oficinas de Recaudación de Rentas en el municipio serrano de Bocoyna, en ciudad Cuauhtémoc, ciudad Delicias y en Hidalgo del Parral.
Los manifestantes denunciaron que, en septiembre del año pasado y al iniciar la gestión de la gobernadora panista, María Eugenia Campos Galván, el gobierno del estado dejó de pagar aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Infonavit y de Afore.
Denunciaron que la administración estatal del ex gobernador también panista, Javier Corral Jurado, desvió 70 millones de pesos que estaban etiquetados para el Cecytech, y la gobernadora María Eugenia Campos estableció el compromiso de resolver el desfalco y pagar el aguinaldo, salario retroactivo de los últimos cuatro meses y otras prestaciones atrasadas, a más tardar el 15 de enero.
Añadieron que la demora en el pago de prestaciones afecta también a docentes del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua y del Colegio de Bachilleres de Chihuahua (Cobach).
En un posicionamiento aparte este lunes, el Sindicato del Cobach anunció que 2 mil 700 docentes, trabajadores administrativos y de mantenimiento de 28 planteles educativos acudirán a laborar “bajo protesta” porque el gobierno del estado dejó de pagarles prestaciones como bono anual, retroactivo salarial y ayuda para transporte.
Bernardo Hernández Torres, secretario sindical, informó que el adeudo del gobierno del estado al Cobach suma 100 millones de pesos y el límite para el pago de las prestaciones venció este lunes, por lo que los docentes y empleados fueron convocados a una huelga de brazos caídos, “trabajando bajo protesta, y sin realizar ninguna actividad académica ni administrativa, hasta no recibir los pagos correspondientes”.
En respuesta a las manifestaciones, la gobernadora María Eugenia Campos dijo a reporteros que, más que recibir a los docentes en una mesa de diálogo “estamos arañando el presupuesto para pagarles”, y evadió abundar en el tema.
Fuente e Imagen: https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/17/estados/profesores-y-empleados-del-cecytech-en-chihuahua-exigen-pagos-atrasados/
Al norte de México, en la Sierra Tarahumara, una comunidad indígena ha recorrido un largo camino para que se reconozca su territorio ancestral; eso los ha llevado a levantar la voz en contra de un aeropuerto, un gasoducto y la tala que se realiza en los bosques donde ellos han forjado su historia. Un taller de costura comunitario es hoy uno de sus símbolos de lucha.
CHIHUAHUA.- Teresa González Parra defiende su derecho a soñar. Ella es rarámuri y por años ha hecho todo lo posible para que su comunidad, Bosques de San Elías Repechique, logre el reconocimiento de su territorio ancestral. Su otro anhelo está a un paso de hacerse realidad: abrir un taller de costura comunitario.
La construcción del taller, que tiene un avance del 90 por ciento, se detuvo el pasado 13 de agosto. Ese día alrededor de 15 policías del estado de Chihuahua clausuraron la obra e intentaron detener a Teresa González. La indígena rarámuri tiene una demanda en su contra; el empresario Fernando Cuesta la acusa de haberlo despojado del terreno donde se construye el taller.
“No quieren que construyamos aquí nuestra casa (el taller) que es de la comunidad. No quieren porque nos dicen que (el terreno) es de otro señor… Pero nosotros (los rarámuri) somos los primeros que somos de aquí”. Es la voz de Teresa; su vestimenta colorida contrasta con la serenidad y fortaleza que muestra cuando habla de las agresiones que, desde hace décadas, enfrenta su comunidad.
El 13 de agosto de 2020, policías del estado de Chihuahua clausuraron el taller de costura comunitario. Foto: Patricia Mayorga.
Los habitantes de Bosques de San Elías Repechique —municipio de Bocoyna, al norte de la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua— han luchado desde hace décadas para que no les arrebaten las tierras de las que tienen posesión, pero no los documentos que avalen la propiedad.
En su reclamo por el reconocimiento de su territorio ancestral, la comunidad indígena ha enfrentado a empresarios de la región, a “chabochis” —como los rarámuri les dicen a los mestizos— que aseguran ser los dueños de buena parte del territorio y a quienes la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha entregado permisos de aprovechamiento maderero, pese a los reclamos y denuncias de los indígenas.
Apropiarse de un bosque ancestral
En 2014, la comunidad ganó un amparo contra el aeropuerto de Creel. Foto: Patricia Mayorga.
En la Sierra Tarahumara, a muchas comunidades originarias no se les reconoció su territorio ancestral durante la Reforma Agraria, explica el biólogo Salvador Anta, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) y de la organización Política y Legislación Ambiental (Polea A.C.).
Esa falta de reconocimiento provocó, entre otras cosas, que gente externa a las comunidades originarias se apropiara de los territorios y también aprovechara los recursos naturales de esos lugares.
Al igual que Bosques de San Elías Repechique otras comunidades sostienen luchas históricas por su territorio ancestral y recursos naturales. Algunas de ellas son Choréachi y Coloradas de la Virgen en el municipio de Guadalupe y Calvo, las cuales han sido acompañadas por la organización Alianza Sierra Madre.
Choreachi logró llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que en marzo de 2017 emitió medidas provisionales para toda la comunidad, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de sus habitantes. Y Coloradas de la Virgen es la comunidad indígena que más líderes asesinados ha aportado en la lucha por el territorio.
En el municipio de Carichí, comunidades como Baqueachi, acompañadas por la organización Bowerasa, ha ganado ocho juicos agrarios contra caciques. El último fue en mayo de 2018, cuando recuperaron 350 hectáreas de agostadero y 100 hectáreas agrícolas que ya estaban devastadas.
En el caso de Bosques de San Elías Repechique, hace más de cuarenta años, empresarios de la región adquirieron 12 propiedades —poco más de 11 mil 500 hectáreas—, sin importar que esas tierras ya eran habitadas desde mucho tiempo atrás por los rarámuri, explica Diana Villalobos, directora de Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), organización que da acompañamiento legal a la comunidad.
De esos 12 predios, ocho han obtenido permisos de aprovechamiento forestal en forma constante. “Desde que era niña veíamos camiones que llevaban bolillos (troncos); que cortaban pinos. Nos quejábamos con los gobernadores (líderes indígenas), pero nunca les hacían caso. Han seguido cortando el bosque, también se llevan las piedras”, explica Teresa González.
Los nombres de quienes aparecen como dueños de esos ocho predios, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno de Chihuahua, son: Manuel Navarro Trieste (predio San Javier), Mireya Ayala Torres (predio Rinconcito Lejano o Batuivo), Carlos Aguilar Pérez (predio La Merced), Lorenzo Sandoval Valenzuela (predio Aguizania), Pedro Parra Ramos (predios San Antonio y Gomegó), Laila Miledi Pérez (predio Pino Gordo) y Fernando Higinio Cuesta Miledi (predio El Venado).
Los mismos datos de la Secretaría de Desarrollo Rural muestran que, tan solo en 2019, esos predios registraron volúmenes de aprovechamiento maderable que van de los 326 metros cúbicos de madera (predio La Merced) hasta los 1 213 metros cúbicos (predio San Javier).
Quienes aprovechan la madera de Repechique no viven en el lugar, solo mandan trabajadores a cortar los árboles; tampoco realizan acciones que garanticen la recuperación y el cuidado del bosque.
“Los que talan, ellos no cuidan nada”, dice indignada Teresa González. “Por ejemplo, cuando hay incendio normalmente nosotros, los de la comunidad, somos los que estamos más al pendiente y los que talan nomás lo que buscan son los pinos o donde hay bosque muy cerrado, por ahí entran. Donde está muy escondido, ahí se van a talar”.
Mujeres rarámuri cocinan durante una manifestación para denunciar la tala. Foto: Patricia Mayorga.
Al preguntarle sobre las denuncias de los rarámuri, el delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Chihuahua, Gustavo Heredia, respondió que no está autorizado para dar esa información, solo a través de las oficinas centrales. Mongabay Latam solicitó entrevista a la oficina de prensa de Semarnat, pero hasta el momento de la publicación del reportaje no se tuvo respuesta.
“Todos somos Teresa”
El predio Pino Gordo, que comprende poco más de 2 500 hectáreas, está a nombre de Laila Miledi Pérez, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno de Chihuahua. Es dentro de la superficie de ese terreno en donde las mujeres de Bosques de San Elías Repechique construyen su taller de costura y por el que Teresa González está demandada por despojo.
El día en que los policías estatales llegaron por ella y colocaron los sellos de clausura, la comunidad la protegió. “Todos somos Teresa”, respondieron. Los agentes advirtieron que los arrestarían a todos; los rarámuri no bajaron la guardia: “Todos somos Teresa”, repitieron.
Alrededor de 50 mujeres, hombres, niñas, niños y adultos mayores caminaron por el sendero de terracería que va de la comunidad a la carretera. Siguieron andando durante cerca de dos horas hasta llegar a la ciudad de Creel, donde se encuentra la oficina del Ministerio Público. Los acompañaron dos abogadas de Contec, entre ellas Diana Villalobos.
Algunos medios locales publicaron lo que ocurría. Cuando la caravana de Repechique entró a Creel, los policías de la Fiscalía General del Estado los dejaron. Los indígenas decidieron ir a la plaza principal; ahí esperaron durante más de media hora al agente del Ministerio Público, quien les dijo que ya no tenía la carpeta de investigación, por lo que tendrían que ir a Cuauthémoc, municipio ubicado a tres horas de Creel.
Hasta mediados de agosto, las abogadas que acompañan a la comunidad no han logrado tener acceso al expediente. La Fiscalía General del Estado informó a Mongabay Latam que Fernando Cuesta Miledi es quien demandó a Teresa González.
Al día siguiente, el gobierno estatal emitió un comunicado en donde aseguró que los indígenas de Repechique nunca fueron arrestados y que, por su seguridad, los resguardaron hasta Creel. Sin embargo, cuando los rarámuri regresaron a su comunidad ninguna autoridad los resguardó, pese a que era de noche y caminaron por una zona donde existe una fuerte presencia de grupos de la delincuencia organizada.
Mongabay Latam contactó a Fernando Cuesta Miledi para entrevistarlo sobre la denuncia y la compra de predios en la comunidad de Bosques de San Elías Repechique. En entrevista telefónica aseguró que su familia compró esas tierras en la década de los sesenta y que tienen evidencia de que, desde hace más de 150 años, los terrenos ha pertenecido a particulares.
El predio Pino Gordo, señaló, lo adquirió su tío Salomón Miledi Pérez en 1961; quién se lo dejó a él y a otros sobrinos. Otros dos predios, El Águila y El Venado, los adquirió en esa misma época su papá, Gregorio Cuesta.
Para el empresario, la comunidad Bosques de San Elías Repechique no vivía en el lugar hasta hace pocos años. “El juez no dice que ellos son dueños de las tierras o que sean propietarios de ciertas tierras. No tienen nada que compruebe que ellos son los dueños de esas tierras… A nosotros nadie nos ha quitado la propiedad, nadie nos ha dicho en un juicio que no es nuestra, nadie nos ha dicho que no nos pertenece en ninguna forma”.
Fernando Cuesta acusa a la comunidad indígena de usar la madera, de los árboles que están en los predios que reclama de su propiedad, para construir sus casas. “Nosotros no podemos talar un solo árbol si no están autorizados por la Semarnat, por la Conafor”. Cuesta señala que la denuncia contra Teresa González Parra la interpuso porque ser ella quien promovió el proyecto del taller de costura. “Si tienen algo que comprueben por qué están invadiendo el terreno, que resuelva el juez, y acatamos”.
Denuncias que se quedan en el aire
Luis Enrique Pérez, segundo gobernador de Bosques de San Elías Repechique, recuerda lo que le decían sus abuelos y padres: “La historia cuenta que cuando llegó el tren (a la Tarahumara) comenzaron a tumbar los árboles. También llegaron muchos aserraderos y ponían a trabajar a las personas de una manera muy violenta”.
Los mayores también le contaron que las personas que llegaban de fuera les quitaban su producción de maíz: “Mis ancestros tenían que levantar la cosecha antes de tiempo, antes de que llegaran a quitarles. Otras personas murieron por defender. Ha sido una lucha muy triste. Cuando estaba chiquito, me decían: ‘vamos por la carretera, si ves personas mestizas, escóndete’. Crecimos con ese miedo”, dice el joven rarámuri.
Como segundo gobernador de Bosques de San Elías Repechique, Luis también tiene la responsabilidad de seguir con las demandas que, desde hace décadas, han puesto otras autoridades tradicionales para reclamar el derecho a su territorio ancestral, pero también para denunciar la tala en el bosque donde ellos siempre han vivido.
Las denuncias por la tala se han presentado en diferentes instancias, tanto federales como estatales, pero la gran mayoría no han prosperado.
“Ha sido muy difícil, porque nuestra palabra y exigencia no ha sido respetada. Pero cuando vienen personas de fuera, como el caso que pasó aquí con el taller de costura, llegaron ministeriales y luego luego cerraron. Y nuestras exigencias ahí están, vamos y venimos y pura vuelta. A veces ni siquiera nos hacen un documento, nada. Vamos al Ministerio Público y nada más nos oyen, nunca ha habido una resolución”, resalta Luis.
La extracción de árboles no cesa. El corte de pinos sigue, incluso, durante la temporada de emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19.
La comunidad, por su parte, hace uso del bosque como les enseñaron sus abuelos: recolectan quelites, hongos y madera para hacer leña. Tienen veredas que utilizan para el pastoreo de animales. Han creado zonas donde se encuentran sus centros ceremoniales, donde hacen sus juegos ancestrales.
Luis Pérez explica por qué su defensa del territorio es también una defensa del bosque: “Los árboles retienen la tierra. De otra forma, sería pura laja y no tendríamos ni dónde sembrar. Los árboles detienen la humedad, que no haya deslave. Ya hay partes que están secas por los incendios o por la tala indiscriminada. Hay lugares donde casi no hay tierra para sembrar. Ya hay una zona que mucho tiempo talaron, ahora casi no hay tierra, hay muchas manchas ya en la comunidad”.
Mujeres de Repechique esperan que pueda continuar la construcción del taller de costura comunitario. Foto: Patricia Mayorga.
A los rarámuri que viven en Bosques de San Elías Repechique les preocupa la deforestación que hacen los mestizos, porque cada vez hay menos agua.
En varias ocasiones han solicitado a la Semarnat que cancele los permisos de aprovechamiento forestal que se han otrogado en el área. Solo en una ocasión la dependencia federal canceló los permisos, pero fue de manera provisional. Eso sucedió cuando la comunidad consiguió una victoria en la lucha por la defensa de su territorio.
Reconocimiento del territorio comunitario
En abril de 2014, el juez Octavo de Distrito, Ignacio Cuenca Zamora, falló a favor de la comunidad de Bosque de San Elías Repechique porque no fueron consultados para la construcción del aeropuerto de Creel. El amparo favoreció a 33 rancherías de la región.
En la sentencia, el juez reconoció la posesión ancestral del territorio de la comunidad demandante y ordenó al gobierno estatal la creación de un fideicomiso, por 65 millones de pesos (alrededor de 2 millones de dólares), como reparación por el daño causado. Un comité técnico revisa y da seguimiento a ese fideicomiso que comenzó a ser efectivo hasta 2017.
El juez también ordenó que la comunidad tenía que presentar una serie de proyectos comunitarios en los que se invertiría el dinero. El plan primero fue aprobado por la asamblea rarámuri y después por el comité técnico, del que forman parte cuatro secretarías del gobierno estatal: Hacienda, Desarrollo Municipal, Innovación y Desarrollo Económico y la Secretaría General. Los funcionarios que están al frente de esas cuatro dependencias conocen la sentencia del juez Cuenca Zamora, donde se reconoce que la comunidad tiene posesión ancestral del territorio.
En 2019, la comunidad recibió los primeros recursos del fideicomiso: 1 300 000 pesos (alrededor de 59 mil dólares). Primero, construyeron un salón de usos múltiples. El taller de costura es otro de los proyectos aprobados y su realización está a cargo de Teresa González, quien cuenta con apoyo contable externo para que todas las facturas que debe entregar estén a tiempo y, además, para tener transparencia en el uso del dinero.
Otros de los proyectos contemplados es un programa de apoyo mensual para personas con discapacidad y adultos mayores. Durante la pandemia, lograron que se apoyara a 220 personas. Además, avanzan en la construcción de una casa comunal, así como en la instalación de una huerta de manzana para la ranchería Ratuivo, en el que trabajarán 20 personas.
En 2018, la comunidad de Bosques de San Elías Repechique interpuso otra demanda de amparo, ante el Juzgado Décimo de Distrito. En esa ocasión fue para exigir la cancelación de las escrituras de los 12 predios; además, solicitan la titulación de esas tierras.
La jueza les negó el amparo. La comunidad impugnó. El caso estaba a punto de entrar a un Tribunal Colegiado, pero llegó la pandemia y paralizó la actividad judicial. El caso podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala Diana Villalobos, de Contec, organización que acompaña legalmente a Bosque de San Elías Repechique.
Seguir en el camino
La comunidad ha exigido el reconocimiento del territorio ancestral ante diferentes instancias. En 2014 acudieron al Senado de la República y denunciaron el aprovechamiento que hacían los “chabochis” de su bosque, pero también denunciaron que, sin consultarles, se pretendía instalar un gasoducto en su territorio. Con marchas y otras acciones legales, Repechique consiguió que el gasoducto no pasara por su comunidad.
El 2018, los particulares que tienen a su nombre los 12 predios presentaron dos denuncias en contra de los rarámuri, por “falsedad de declaraciones”. Cuando se hizo el peritaje y se comprobó que la comunidad indígena sí existe y está en el territorio, las denuncias se archivaron.
Después vino la demanda en contra de Teresa González. Agentes de la Fiscalía Zona Occidente han acudido en tres ocasiones al taller de costura para clausurar la construcción que está a cargo de la misma comunidad.
Teresa no entiende por qué la acusan de despojo: “Nosotros somos los primeros que somos aquí. Nosotros vivimos cuidando todo el bosque, trabajando la tierra y haciendo quehaceres, cuidando nuestro hogar y no nomás como dicen (…) nosotros no compramos un terreno para estarnos nada más ahí. Nosotros cuidamos alrededor del territorio. Ellos compraron según el territorio, cuando ya existíamos aquí, pero ellos quiénes son o qué”.
Por un momento, Teresa González reconoce que “a veces quisiera una tirar la toalla”. Pero esas palabras se desvanecen cuando recuerda las agresiones que ha recibido por defender su territorio y sus sueños. Y entonces cuenta sus planes con entusiasmo:
“El taller de costura lo soñamos muy bonito. Las señoras dicen: ‘qué bueno que esta vez va a existir este taller’. Las personas van a aprender mucho, van a aprender a usar máquinas. Es un espacio para las señoras”.
La comunidad ya eligió el nombre que tendrá el taller de costura. Lo llamaran “Najativo”, palabra rarámuri que significa “seguir el camino”. Un vocablo que representa, también, lo que ha sido su lucha: “Es un camino largo y a pesar de todo —dice Teresa—, estamos con la esperanza de que se respete el territorio”.
Mientras las demandas siguen su curso—o se archivan en alguna dependencia pública— la gente de Bosques de San Elías sigue con su vida cotidiana, con la milpa, con el cuidado de sus animales, con la recolección de leña, haciendo sus artesanías y, también, mirando cómo los que llegan de fuera “empiezan a tumbar madera, a prohibir a la gente de la comunidad que no tire árboles, como si nosotros fuéramos los extraños —reclama Teresa—, como si nosotros viniéramos de fuera. Eso sí causa tristeza”.
Actualización:
Después de la publicación del texto, Fernando Cuesta Miledi respondió a la solicitud de entrevista que se le había hecho con anterioridad; por lo que se agregó su versión al texto.
Desde hace más de tres años un grupo de maestros jubilados agremiados a la Sección 42 del SNTE en Chihuahua, nos constituimos en una comisión, a la que denominamos Comisión Síndica Genuina (CoSiGen). Este pequeño grupo surgió en un principio para tratar de frenar el deterioro de nuestro instituto de seguridad social, Pensiones Civiles del Estado (PCE), organismo que nos brinda también el servicio médico.
La CoSiGen alberga a compañeras y compañeros que defendemos la esencia del verdadero sindicalismo, contrario a la actuación y discurso que manejan los miembros del Comité Ejecutivo de la Sección 42 del SNTE (CES), quienes han mostrado una postura corporativista en todo momento y han venido a servir a los intereses del grupo político en el poder –PAN-, representado por Javier Corral Hurtado Gobernador de esta Entidad
Ante la falta de respuesta a nuestras demandas por parte de la dirigencia seccional, el 7 de febrero del presente tomamos las instalaciones de la Sección 42 del SNTE y desde entonces permanecemos en plantón. Antecede a esta toma, una serie de trabajos que hemos estado entregando a los integrantes del CES para darles a conocer los resultados de investigaciones que motivan y sustentan nuestras demandas. En todo momento hemos solicitado la presencia del Secretario General de nuestra sección, Ever Enrique Avitia Estrada, sin embargo éste ha sido omiso y contraviniendo la norma estatutaria se ha negado a atender y resolver las problemáticas que les hemos dado a conocer. En algunas ocasiones hemos sido recibidos por otros integrantes del CES, pero en ninguna de esas reuniones nos han podido dar respuestas, pues las decisiones finales las toma el secretario general de la Sección 42.
Ya han transcurrido más de tres años, pero no hemos encontrado respuestas a nuestras demandas:
Detener la retención ilegal de la cuota sindical que PCE realiza a los jubilados y pensionados e ilegalmente entrega a la dirigencia de la Sección 42 del SNTE
El respeto IRRESTRICTO a los aumentos en las prestaciones que se acuerdan en la Negociación Nacional Única.
El deterioro alarmante de Pensiones Civiles del Estado
Ante el hartazgo que priva entre nosotros(as), el 4 de diciembre tomamos las instalaciones de la Sección 42 del SNTE por un día, habiéndose suscitado un hecho por demás vergonzoso, además de violatorio a los derechos humanos de las mujeres, pues después de ordenarnos que retiráramos cadenas y candados para permitir el acceso a ellas, los miembros del CES llamaron a la Guardia Nacional, a la Policía Ministerial y Municipal sin resultado alguno, pues pretendías que estos cuerpos de seguridad nos retiraran.
Cerca de 30 a 45 minutos posteriores a sus intenciones, empleados y empleadas, así como miembros del CES se dirigieron en grupo a la parte posterior del edificio, donde se encuentran las entradas a la cochera y al auditorio; la cochera fue abierta desde su interior y organizados por los profesores Guillermo Ontiveros Valles, Manuel Rodríguez García, Ricardo Alonso García y Erick Escoto Nájera hicieron una valla humana, poniendo al frente a secretarias y personal administrativo femenino de la sección, y empujada por los varones se fueron contra la cadena humana de compañeras jubiladas que resguardaban la entrada, quienes fueron agredidas, resultando lesionadas las compañeras Gabriela Mariyac Peña Olivas, Blanca Estela Corral Alba, María del Socorro Holguín Corral y Rosa Isela Zúñiga Padilla
Después de tan lamentables eventos, el profesor Ever Enrique Avitia Estrada sólo nos concedió una entrevista, donde rodeado de algunos integrantes del CES, nos escuchó por una hora y se tuvo que retirar porque tenía que acudir al baile de los jubilados y pensionados. Se programó una próxima reunión con la condición de que sólo acudiríamos cinco personas de la CoSiGen, pero con el pretexto de la presencia de no más de cinco compañeros que permanecían en las afueras del local y de un periodista, el Srio. Gral. se negó rotundamente a acudir, porque explicaron sus mensajeros habíamos incumplido con lo acordado.
Finalmente, y cansados de esperar a que se diesen las condiciones adecuadas, decidimos tomar nuevamente las oficinas centrales de la Sección 42 hasta que el profesor dialogara con nosotros. Acudió en una ocasión al plantón y nos ordenó que abriésemos las instalaciones para que se diera el “diálogo” con una comisión integrada por miembros del CES y se retiró, sin permitir la interlocución.
Ya tenemos 32 días de paro indefinido en espera de que se dé respuesta a nuestras demandas, pero no vemos solución ni reacción alguna, aunado a que las autoridades estatales no han hecho pronunciamiento alguno.
Por lo anterior se sumaron dos demandas al CES:
Exigimos una disculpa pública por parte del Secretario General de esta Sección 42 para las maestras agredidas
Que los miembros del CES hagan pública su declaración de situación patrimonial
CUOTA SINDICAL
Tan sólo en esta gestión sindical, el Comité Ejecutivo de la Sección 42 ha recibido ILEGALMENTE de PCE, cuotas de jubilados y pensionados por aproximadamente $106´000,000.00 (ciento seis millones de pesos), cuyos recursos se quedan en la Sección 42, violentando el Estatuto Sindical.
Cabe mencionar que una vez que estuvimos insistiendo, motivando y sustentado lo indebido de este descuento ante el organismo que lo retiene, nos vimos en la necesidad de interponer una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, organismo de dictó la Recomendación 37/2019 que determina la violación a la Legalidad y Seguridad Jurídica, la cual NO FUE ACEPTADADA por PCE.
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
Nuestra Institución de Seguridad Social desde hace tiempo se ha deteriorado alarmantemente debido a las prácticas corruptas de las que ha sido víctima.
Las de ficiencias más evidentes se han visto en el servicio médico y son las siguientes:
Despido y renuncia obligada de especialistas.
Incremento hasta en un 82% de medicamentos genéricos sobre los de patente
Cita con especialistas que se postergan de 3 a 8 meses
Desaparición de préstamos personales
RESPETO IRRESTRICTO A LOS INCREMENTOS PRESTACIONALES
Debido al CONVENIO DE AUTOMATICIDAD entre el Gobierno del estado de Chihuahua, el SNTE nacional y las secciones sindicales, acordado desde 2014, sólo se deben recibir los aumentos que se derivan de la Negociación Nacional Única -SEP-SNTE NACIONAL y un representante de las Entidades Federativas-, pero el Gobierno del Estado de Chihuahua no lo ha respetado, ya que NO REPLICA IRRESTRICTAMENTE los aumentos acordados en la Negociación Nacional Única.
Ante esto, la dirigencia ha callado y también ha sido cómplice de este grave hecho.
Actualmente el Gobierno del Estado adeuda a los agremiados a la Sección 42 más de 650 millones de pesos.
Durante el tiempo que hemos permanecido en la toma de las instalaciones, el Srio. Gral. de la Sección 42, Ever Enrique Avitia Estrada, ha utilizado la mentira y el engaño para debilitar el movimiento, regiones como Paquímé, Juárez, Parral, Camargo y Jiménez se han manifestado a favor de las demandas que las y los jubilados y pensionados hemos iniciado, en un hecho sin precedentes en la historia de la Sección 42, quien siempre se había mostrado pasiva y omisa ante las pérdida de las prestaciones de los agremiados.
Y después de dos entrevistas de la CoSiGen con Gabriel Faudoa, miembro del CES, en donde no se llegó más que al acuerdo de que llevaría nuestro pliego petitorio ante el Secretario General, el CES continuó con la campaña de desprestigio para nuestro movimiento, haciendo promesas provisionales en las regiones del Estado.
Sin embargo, la base no ha caído en su juego y se mantiene informada, haciendo patente sus muestras de simpatía hacia la acción que iniciamos y continuamos.
Finalmente, queremos señalar que pese a que Ever Avitia prometió estar abierto al diálogo, sus acciones y sus actitudes dan clara muestra de lo contrario.
Sigue vigente la discusión sobre lo que se ha denominado “reforma educativa”. La controversia empieza incluso desde su mismo nombre, habiendo quienes dicen que es una mera reforma laboral aplicada a las escuelas públicas.
En realidad la trasformación no puede ni debe ser demeritada en ninguno de los dos casos. Primero porque no es simplemente un cambio en la forma de contratar a los maestros, y si así fuese, no es tampoco un cambio menor.
Aquí en Chihuahua hemos tenido un sector magisterial con una conflictividad realmente baja, en honor a la verdad. Los recientes cambios en la dirigencia sindical de las dos secciones que existen en nuestro estado se dieron con poca oposición, si las comparamos con los eventos en Oaxaca y estados vecinos.
En un caso hubo una oposición minoritaria y en la otra fue prácticamente un día de campo. Tan es baja la conflictividad del sector magisterial en Chihuahua que tanto César Duarte como el mismo Enrique Serrano fueron candidatos también del Partido Nueva Alianza (Panal). Honestamente no supe de voces disidentes al interior del Panal en contra de este apoyo.
Desde la década de los ochentas no hemos tenido paros en las escuelas de Chihuahua. Y eso ha sido una buena noticia. En la década de los noventas hubo amenazas de paro pero no recuerdo que se hayan concretado… aunque sí el Gobierno estatal de Francisco Barrio pagó el costo político de impulsar cambios en la educación en 1995.
Ahora veremos con Javier Corral si el conflicto permanece en estos niveles o se incrementa. Ojalá que la próxima administración implemente y haga respetar la reforma educativa y la sociedad apoye este esfuerzo.
Es difícil pronosticar aquí dada la pasión con que este tema se ha discutido en las redes sociales y cómo se organizan campañas de desinformación desde algunos planteles escolares.
En el tema hay muchos mitos y mucha gente de buena fe los ha creído. Hay muchas personas que genuinamente creen que tendrán que pagar colegiatura en las escuelas públicas. La gratuidad de la educación pública no está en riesgo por esta reforma (que en realidad no es tan gratuita dado que la pagamos con nuestros impuestos). Aun así, soy de la opinión de que los padres de familia debemos apoyar el funcionamiento de las escuelas, sea en especie o con trabajo social. Asimismo, la escuela tiene un importante rol en el mejoramiento de la comunidad en la que ésta actúa. Esto no quiere decir que se vaya a privatizar o que se implementen colegiaturas en las escuelas públicas.
¿El cambio es insuficiente? Seguramente. Pero no podemos pensar honestamente en generar técnicas educativas de vanguardia cuando los maestros suspenden clases un día sí y el otro también o francamente no dominan la materia que imparten. Esta afirmación es una generalización y, como sucede con todas las generalizaciones, siempre habrá casos que la desmientan. Me consta que hay muy buenos maestros en muchas escuelas públicas… y ellos serían los primeros beneficiados si la reforma educativa se implementa correctamente. ¿A quién no le gustaría disfrutar de la tranquilidad que brinda el saber que su carrera depende más de su desempeño que de otros factores fuera de su alcance?
A la reforma educativa se le ha criticado varias cosas. Una de ellas que no atiende necesidades de infraestructura en las escuelas. Al margen del trabajo que la SEP realiza en este tema junto al Inegi, vale la pena destacar que un uso más racional del presupuesto educativo permitiría solventar esas carencias. Como en toda nueva legislación, no basta que ésta sea positiva sino que se implemente de manera correcta.
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