En pleno desarrollo del proceso constituyente, y de la postergación de las elecciones por la pandemia, el clima social y político de Chile está enrarecido. La violencia desatada por el gobierno de Piñera para reprimir el estallido social de 2019 continúa, en tanto que los hechos ocurridos por entonces permanecen en la impunidad y cientos de manifestantes siguen detenidos sin condena. No es extraño que todas las instituciones del Estado hayan sido cuestionadas durante este año y medio de crisis y se haya hecho necesario abrir un proceso de cambio constitucional.

l 2 de febrero pasado se presentó el Primer Informe de Seguimiento de Recomendaciones del Instituto nacional de Derechos Humanos (INDH) que evaluó el cumplimiento de las recomendaciones al Estado chileno en casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 17 de octubre de 2019 y el 5 de noviembre de 2020. En ese acto el director del INDH, Sergio Micco, afirmó que “si hoy tuviésemos que emitir un juicio definitivo, estaríamos más cerca de la impunidad que de la verdad y la justicia, y eso es gravísimo para el estado democrático chileno”.

La conclusión del INDH es muy grave:  tres de las cinco recomendaciones emanadas en 2019 permanecen como “pendientes de cumplimiento”. La más alarmante se refiere a “asegurar una efectiva justicia para las víctimas”. En concreto, sólo 42 causas han sido formalizadas de un total de 2.834 querellas interpuestas por el INDH por hechos ocurridos en el marco del estallido social de octubre de 2019 hasta el 20 de marzo de 2020. Esto representa sólo un 1,5% e implica que sólo un imputado fue condenado. El informe da cuenta de un incumplimiento que no es solamente responsabilidad del gobierno, sino que involucra a todo el Estado en su incapacidad de asumir las recomendaciones formuladas en 2019. Por esta razón, como ha advertido Claudio Nash, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, se podría llevar exigir la responsabilidad internacional de las actuales autoridades a través de los mecanismos del sistema interamericano, de Naciones Unidas y eventualmente del sistema penal internacional.

Por este motivo las elecciones, en principio aplazadas por cinco semanas por la pandemia, se realizarán en medio de un proceso de profundización de la regresión autoritaria iniciada en octubre de 2019. Esta involución no solamente implica la continuidad de las políticas de negación a la libertad de expresión y de reunión, sino que asumen un abierto agravamiento de la violencia contra los territorios y organizaciones populares. Lejos de los constantes desfiles de carros lanza-agua y lanza-gases, patrullas, tanquetas y retenes móviles por la Alameda y el entorno de la Plaza de la Dignidad, lo que verdaderamente altera el clima social es la implementación de mecanismos de represión selectiva, orientados a intimidar a los líderes sociales y a los espacios asociativos de poblaciones y territorios donde es muy difícil documentar los abusos o resguardar la integridad de las personas.

La violencia por otros medios

Aquí van algunos ejemplos de la nueva forma de violencia que asume la represión: cada viernes más de 1.000 efectivos policiales son desplegados en Plaza Dignidad, en torno al muro perimetral de tres metros de altura destinado a proteger la base del monumento al General Baquedano. En ese marco se han constatado ataques selectivos a los funcionarios del INDH, a los observadores de derechos humanos y las brigadas de salud que se instalan en esa plaza para monitorear la acción policial. Además, se ha denunciado la detención arbitraria de periodistas que cubren esos episodios. Los hechos más graves afectaron a Paulina Acevedo y Claudia Aranda, casos que se han remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

Los seguimientos, amenazas y acosos en el gran Santiago a Leticia Silva Valdés y las mujeres organizadas en San Bernardo o al comedor solidario Luisa Toledo de Villa Francia, los violentos allanamientos a la olla común de Lo Hermida, los ataques con gas pimienta en la feria libre de Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto, sólo ejemplifican los casos graves de violencia que se registraron durante el mes de marzo.

En Iquique se ha publicitado la llamada “Operación Cavancha”, un informe policial que trata de vincular la organización de las ollas comunes con la obtención de recursos para financiar las manifestaciones sociales. De esa forma se instaló una peligrosa forma de criminalización de la asociatividad social bajo la forma de acusar de “asociación ilícita” a las organizaciones sociales autoconvocadas en esa ciudad.

En la Araucanía se ha instalado una versión 2.0 del Comando Jungla, entendida como la reactivación del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros (GOPE) que recibió entrenamiento especial en Colombia y que estuvo implicado en graves abusos y crímenes como el de Camilo Catrillanca. De forma paralela se ha incrementado la acción directa de militares patrullando caminos rurales, entregando vehículos blindados a Carabineros y asesorándolos en las comisarías.

A fines de marzo un grupo de personas privadas de libertad en cárceles de Santiago anunciaron una “huelga de hambre líquida e indefinida” pidiendo “la derogación del artículo 9 y la restitución del artículo 1 del decreto Ley 321”, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad. Recordemos que cientos de presos ligados al estallido social permanecen en prisión preventiva hace más de un año. Es el caso de Mauricio Allendes, quien el 26 de marzo salió en libertad desde la Cárcel Santiago 1, tras un año y cinco meses en prisión preventiva. Acusado de portar armas y habiendo declarado torturas en la comisaría, fue absuelto de todos los cargos. No existen medidas reparatorias por parte del Estado en este caso.

Nada queda del discurso de Sebastián Piñera, en su primer mandato, en el que se refirió a los cómplices pasivos con la dictadura militar. Apenas se produjo el estallido del 18 de octubre de 2019 Piñera publicó tres decretos el sábado 19 de octubre en los que se declaró el “Estado de excepción constitucional de emergencia”. Ese acto instauró una restricción de las garantías fundamentales, decretando el toque de queda, y sacando a los militares a la calle. A medida que ha pasado el tiempo el gobierno ha usado la emergencia sanitaria ante la Covid-19 como medio de prolongar esas medidas, con el foco en la población más desfavorecida. El toque de queda ya se ha extendido por más de un año en todo el territorio nacional y se utilizan las regulaciones sanitarias para perseguir formas de acción colectiva como las ollas comunes.

Esta contradicción se aprecia fuertemente en política exterior. Cuando hay violación de los derechos humanos, nadie puede invocar la “no intervención en asuntos internos”.  Por eso llama la atención que el presidente Piñera haya cuestionado la detención de Jeanine Áñez, ex presidente interina de Bolivia, acusada de graves crímenes y masivas violaciones a los derechos humanos y de haber encabezado un golpe de Estado, y a la vez sea absolutamente pasivo ante los informes internacionales que lo acusan directamente y evidencian la total ausencia de medidas concretas de su gobierno en la contención de la represión, la reparación en favor de las personas cuyos derechos han sido vulnerados y el establecimiento de garantías de no repetición.

Una nueva institucionalidad

Estructuralmente, el momento político revela el grave déficit democrático de la institucionalidad chilena que, sometida al desafío de una convulsión social como la de 2019 no fue capaz de responder desde la perspectiva del resguardo de los derechos humanos. Y en esa materia no sólo el gobierno de Piñera aparece reprobado, sino los tres poderes del Estado. Es alarmante el alineamiento fáctico de toda la institucionalidad ante la respuesta autoritaria del Ejecutivo. Al respecto, el Congreso no ha sabido poner los límites que impidan esta espiral represiva y el Poder Judicial no ha jugado un rol garante de los derechos fundamentales en todas las esferas de la acción judicial.

No es extraño que todas las instituciones del Estado hayan sido cuestionadas durante este año y medio de crisis y se haya hecho necesario abrir un proceso de cambio constitucional. La Convención Constituyente deberá partir abordando la refundación de Carabineros de Chile, restableciendo su plena subordinación al poder civil y brindando plenas garantías de no repetición de los crímenes y abusos cometidos.

Las próximas elecciones marcarán un momento clave para el futuro. Sería irresponsable demandar el fin de las movilizaciones sociales sin que las garantías fundamentales de respeto a los derechos humanos se puedan ver reflejadas en mecanismos y plazos concretos y verificables, consagrados en la nueva Constitución. Si ello no se cumple es probable que el ciclo de violencia se enquiste de forma permanente en nuestra sociedad. Estamos a tiempo de impedirlo.

* El autor es rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile.