Colombia

Por: Carlos Alberto Munevar 

La pasada semana, las redes sociales han dejado al descubierto como nunca antes, la guerra abierta y brutal que las fuerzas policiales colombianas tienen contra la juventud, utilización de armas de fuego a discreción, golpes, asesinatos, detenciones arbitrarias, violencia desmesurada, muestra no de autoridad sino de un odio irracional y un cinismo absurdo. El detonante de esta ultima oleada de protestas que terminaron con una masacre los días 9 y 10 de septiembre, fue el asesinato de Javier Ordoñez un abogado de 45 años que fue destrozado a golpes dentro del CAI (Centro de Atención Inmediata)  de Villa Luz a manos de alrededor de 9 policías luego de ser detenido brutalmente  por dos agentes que lo inmovilizaron con descargas eléctricas que duraron más de 2 minutos.

Pero no voy a profundizar en el problema de la reestructuración  de la Policía que desde muchos sectores se pide a gritos y que en mi opinión es una asignatura pendiente  a nivel histórico, teniendo en cuenta que la Policía colombiana tiene más el carácter de un ejército, más aún cuando  no depende del Ministerio del interior sino del Ministerio de defensa y así las faltas cometidas por sus integrantes son procesadas por la justicia penal militar y no la ordinaria, lo que en la práctica tiene serios problemas de transparencia en los procesos disciplinarios e investigativos; mi reflexión va mas hacia la decisión manifiesta que tomaron  el gobierno nacional, el uribismo, la cúpula de la policía nacional, el periodismo uribista – con esto dejando claro que ciertos periodistas ya se desligaron de la imparcialidad que se supone  deberían tener-  y amplios sectores de la sociedad civil, de criminalizar a la juventud colombiana y volverla el enemigo interno a quien además de negarle un futuro, hay que estigmatizar, masacrar, criminalizar, rotular como parte de la guerrilla o rebajarla a su mas mínima expresión con el alias de “vándalos”.

Habría que aclarar que los vándalos fueron una tribu bárbara que llegaron en el siglo V a la península ibérica dominada en ese entonces por el imperio romano y allí se asentaron durante algunos años fundando un reino que luego se extendió a algunas zonas del norte de África. Quizá ese vocablo se empezó a utilizar en aquellas épocas por los romanos  para  de manera peyorativa  hacer referencia a esos que eran tachados de  invasores salvajes, analfabetos e irracionales y de esa manera, como costumbre muy eurocéntrica  diferenciar a los “otros”, a los “diferentes”, que se supone no poseen cultura o esta es inferior y por tal motivo deben ser vencidos, eliminados, asesinados, derrotados y olvidados de  la historia porque no tienen “nada” que decir o por el “bien” de la civilización. Luego con el tiempo el vocablo debió llegar a nuestro país durante la conquista y hoy en día se generalizó su uso para describir a las y los jóvenes colombianos.

Pero adentrémonos en el tema, históricamente el gobierno colombiano no ha tenido una política clara en beneficio de la niñez y la juventud colombiana, más allá de estar esbozada en la constitución nacional y en algunas otras leyes, entre ellas, como el código del menor y la ley de la juventud, la desprotección hacia la niñez y la juventud es total. Los recursos para cultura, arte y tiempo libre son ínfimos y muchos se quedan por el camino, pero más grave aún es el descuido y estigmatización que la escuela pública ha sufrido a través de décadas. Pero ¿Cuál es la relación que este tema tiene con la estigmatización y persecución que sufre la juventud actualmente?, En Colombia esa “vandalización” de la juventud es la expresión de un imaginario cultural de la sociedad creado a su vez por un modus operandi que los gobernantes de turno han institucionalizado para “mantener el orden” establecido, es decir, cercenar de raíz la posibilidad para que nuevas generaciones de colombianos década tras década. puedan incidir en cambios estructurales que el país necesita con grave urgencia.

El olvido y abandono que la escuela pública ha sufrido a través de la desfinanciación estatal de carácter estructural, como también su transformación en un escenario de negocios para entregar jugosos contratos a “empresas educativas” con el pretexto de elevar la “calidad” educativa, la ha condenado a una profunda crisis en donde muchos niños y niñas terminan desertando al no encontrar un ambiente escolar humanizante. Articulado a esto el empobrecimiento de las comunidades, la destrucción de las familias, los fenómenos de desplazamiento producto de décadas de conflicto interno, la incidencia de actores armados de distinta índole y el microtráfico desbordan la capacidad del sistema educativo público para responder a las necesidades de miles de estudiantes.

Si esto pasa en las grandes ciudades, en el campo las condiciones son peores, las escuelas son pocas y con muchas carencias, en muchas zonas no existe ni siquiera un cine o una cancha de microfutbol, las oportunidades de acceder a la educación superior son ínfimas y tras años de conflicto armado a los jóvenes les queda solo participar en uno de los bandos o morir.

En el caso bogotano, la universidad pública cada vez es mas inaccesible para la juventud de los barrios populares, tras años de contrarreformas educativas de carácter neoliberal, la escuela pública cada vez  la tiene más difícil para que quienes se puedan graduar (usualmente en muchos colegios públicos inician la básica secundaria  más estudiantes en  grado sexto que los que  inician  el grado once) puedan ingresar a la universidad pública, lo que deja a una  gran cantidad de jóvenes sin acceso a una carrera profesional lo que se evidencia en el aumento del desempleo, la informalidad o simplemente la desocupación de miles de jóvenes que pululan  en los parques de los barrios o en las zonas de rumba de las localidades, a merced de la drogadicción o el alcoholismo, muchas veces terminan viviendo en el mejor de los casos con sus padres y madres, muchos parte de esa generación ochentera muy diferente en sus referentes de autoridad a generaciones anteriores.

Pero el tema no se puede quedar en ese análisis, las condiciones políticas y económicas del país a treinta años de la constitución de 1991 aunque han variado en su forma y protagonistas, permanecen inamovibles en el fondo y los problemas se han profundizado. El conflicto interno y la coexistencia con grupos armados que ocupan territorialmente zonas en donde el Estado no llega ya sea por incapacidad o por simple “cuestión de negocios” continúa, la brutalidad de la guerra sigue azotando a los jóvenes y reclutándolos para la barbarie; La dependencia con respecto a Estados Unidos sigue siendo una constante, obviamente los E.U no son la sombra de esa potencia que saboreaba la caída de la URSS, pero aún conservan el poderío militar y nuclear, producto  de esto,  el modelo económico neoliberal desarrollado en este lapso de tiempo quebró a la industria y al agro nacional, hasta el punto de que hoy en día no hay soberanía alimentaria, el desempleo campea en un 20%, el restante es disfrazado con el eufemismo de ”informalidad” y al empleo formal se le cambiaron las reglas de juego, flexibilizando la legislación laboral y precarizando las condiciones laborales, prestacionales, pensionales y de protección social,  además que orientó el modelo hacia el extractivismo que solo deja ganancias para las grandes transnacionales mineras y produce así mismo graves problemas ambientales y sociales (Colombia el país con mas lideres ambientales asesinados )

 Así mismo la oligarquía nacional confabulada con sectores mafiosos, durante 30 años ha estructurado poco a poco una “dictadura disfrazada” con el velo de unas elecciones amañadas y cuestionadas por su corrupción. En ese orden de ideas, el mismo gobierno ha llevado a un camino sin salida a la juventud colombiana, desfinancia la universidad pública, no adopta transformaciones económicas que ofrezcan la posibilidad de desarrollo humano, los condena al desempleo, a la calle, a la drogadicción, a la delincuencia, al rebusque, a la desesperanza, a no contemplar una pensión. Agudizando la situación la pandemia mostró la farsa de un sistema político diseñado para que los mas poderosos se enriquezcan a costa de la sangre y el sufrimiento de millones, la juventud está en las calles porque no tiene otra opción, les quitaron todas las salidas y además los asesinan, la ultraderecha los trata como “vándalos” porque se sigue perpetuando la idea de que no tienen nada que decir, de que valen igual muertos que vivos, para eso esta la policía… para “hacer justicia y eliminar a todo ese lumpen de vagos”,  en palabras de una vecina que justificaba el asesinato de 13 personas a manos de los “héroes” de la patria que a su vez también son víctimas de un régimen que a muchos de sus miembros los ha “barbarizado”, hasta el punto de no ser un problema de unas “pocas manzanas podridas” sino de una concepción institucional de impunidad y violencia desmesurada contra la población civil.

El objetivo perseguido en contra de esos “jóvenes vándalos” es  invisibilizarlos, estigmatizarlos, desaparecerlos, “barrer la mugre debajo de la alfombra”, para esto utilizan las balas, pero también todo un ejército de mercenarios del micrófono, fratricidas de la dignidad humana, que están dispuestos a utilizar toda serie de eufemismos y manipulaciones, incluso acusándolos con titulares capciosos y denigrantes, para descalificar las reivindicaciones de millones de jóvenes colombianos que buscan respuestas de un gobierno de “viejos”  al mismo tiempo que  protegen esa realidad paralela creada tras años de gobierno impune, en donde las familias son idiotizadas a través de realities triviales , telenovelas de narcos,  un torneo de futbol mediocre, reinados, bares y zonas de rumba exóticos para gente VIP, para que evadan la cruda realidad que viven ellos y sus propios hijos.

Pareciera ser que para todos esos sectores, los jóvenes son ahora los enemigos, algunos hasta casi que celebran cada asesinato como una victoria personal, la justifican repitiendo la matriz informativa oficialista y en su tono que a veces suena más a una sentencia, quieren demostrar una autoridad moral que prueba la legalidad del asesinato, la chapa  es lo de menos: son disidencias de las FARC, son columnas urbanas del ELN, son vagos, deberían estar en sus casas, algo malo estarían haciendo, son delincuentes, son “Vándalos” es decir utilizando cualquier argumento, se legaliza de manera informal la pena de muerte. Así de mal estamos, la juventud hoy al igual que en los días de Gonzalo Bravo Páez y Uriel Gutiérrez,  asesinados por la policía el 8 de junio de 1929 y el 8 de junio de 1954 respectivamente, continúa siendo el objetivo militar, además de que el gobierno no le da salidas y posibilidades, la elimina, la masacra y la exhibe como trofeo de guerra.

De esa manera no se construye país, asesinando el futuro, condenándolo a la pobreza y los problemas sociales derivados de ella, estigmatizándolo, poniéndole la “lápida en el cuello” a cada joven que grita desde lo profundo de su vientre por justicia social, perfilándolo en las redes sociales, dejándolo sin salida y obligándolo a enlistarse en las máquinas de muerte creadas para perpetuar la barbarie y naturalizar una sociedad salvaje, enferma y decadente. Colombia es un gran cementerio juvenil, es una vergüenza mundial, la semana pasada la masacre eterna que vive nuestro país y que aún no escandaliza a la ONU ni mucho menos al gobierno estadounidense,  fue en vivo y en directo por las redes sociales y los canales privados de televisión, el saldo: más de 80 heridos de bala y 13 jóvenes fueron asesinados en las calles bogotanas, estos últimos,  no fueron encontrados con las botas al revés, ni con camuflados, no murieron en Samaniego, ni en alguna vereda antioqueña y aún así la justificación de su asesinato por parte de algunos, es la misma,  en el fondo, “eran ellos, los vándalos” los invisibles, los sin voz… ¿y si los jóvenes no son el futuro, quiénes son?.

Una de las asesinadas fue Julieth Ramírez, de 19 años, una bala perdida pero muy certera fue disparada en su tórax, su muerte fue instantánea, su historia podría ser el icono de la juventud colombiana, fue asesinada dos veces, la primera vez la mató el policía que le disparó y la segunda vez fue asesinada su memoria, cuando agentes de la misma institución pintaron de verde oliva, color del uniforme de la institución señalada – vaya ironía- un mural con su rostro que otros jóvenes pintaron en el CAI de La Gaitana. La juventud colombiana es victima y revictimizada, los gobiernos y sus agentes la persiguen, la asesinan, la estigmatizan, la masacran, no le dan opciones, y los medios de comunicación, sectores políticos y sociales afectos al regimen, la deshumanizan presentándola como “un ejército de vándalos y desadaptados”, de esta manera le dan muerte nuevamente, matan su dignidad, matan sus sueños, los vuelven invisibles.

Cualquier alternativa política que pretenda llegar al poder debe pedirle perdón a los jóvenes y a los niños de Colombia por toda una historia de abandono y muerte, el gobierno actual no lo hará nunca, es un regimen que representa el pasado e hizo de la necropolitica su “política de Estado” y eso no tiene nada que ver con los jóvenes y con la vida. La oposición deberá demostrar que infancia y juventud son los ejes de su  propuesta, si quieren gobernar sin mirar el retrovisor deberán mirar hacia el futuro y eso implica que niños, niñas y jóvenes deben ser el núcleo, en esa medida la guerra perpetua, la corrupción, el negocio con la educación y la salud no son una opción, deberán invertir en un sistema educativo público y cambiar el modelo económico de desarrollo para que la niñez y juventud de hoy puedan construir una nueva realidad en donde el conocimiento, el cuidado del medio ambiente, la solidaridad y el desarrollo sostenible permitan una nueva generación que no tenga que asistir al funeral de sus hijos y escuchar los eternos estertores de guerra emitidos por fusiles y micrófonos al servicio de los mismos “viejos” de siempre que nos están legando un país no viable.