Colusión de las autoridades con la delincuencia organizada.

Por: Erika Lozano

Los hermanos Ana Karen, Luis Ángel y José Alberto González Moreno fueron desaparecidos y asesinados en Guadalajara este fin de semana. Su caso movilizó a miles de personas quienes exigen justicia. «Tenemos palabras para denunciar y capacidad para no olvidar, no podemos ser indiferentes ante la injusticia y la barbarie», señaló Cecilia Valencia, maestra de José.

José era estudiante de la licenciatura en Geografía en la Universidad de Guadalajara asistente de investigación, su maestra, Cecilia Valencia, con quien trabajó, narra que era el joven se esforzaba para llevar a cabo sus metas, trabajaba para poder estudiar y vivía al día. Era el novio de su hija, ambos compartían el interés por la música, José tocaba el chelo.

Valencia explica que el gobierno jalisciense y los grupos delincuenciales utilizan el mismo discurso y que consideran a las vidas humanas como un medio para lograr un fin. «Los grupos delincuenciales utilizan a los jóvenes para someterlos a los jóvenes para utilizarlos, son vistos como medios para satisfacer necesidades e intereses de los grupos, y la respuesta de la autoridad es «no nos van a intimidar», quiere decir que están en el mismo nivel semántico».

La investigadora señala que las autoridades no consideran la importancia de hacer justicia ante las víctimas, sino que los ven como elementos políticos y ponen en primer lugar a la política, en segundo a las víctimas y en tercero a la justicia. «No llevan a cabo acciones concretas para dar solución», condena.

Este martes miles de personas marcharon en la ciudad de Guadalajara, Valencia explica que fue una estrategia para visibilizar la injusticia, la barbarie y la violencia en la que todos los ciudadanos vivimos en este país y hace una invitación a no ser indiferentes ante la violencia, la desaparición, el feminicidio y el crimen que nos asolan.

La desaparición de los hermanos González Moreno se da en un «contexto de desaparición generalizado en el estado», explica Anna Chimiak, directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), pues ocupa el primer lugar a nivel nacional y actualmente se contabilizan más de 12 mil personas desaparecidas en la entidad, sin tomar en cuenta el subregistro de personas que deciden no denunciar, pues, debido al contexto de criminalidad, la gente teme represalias.

En los últimos años ha habido un incremento de casos de desaparición en el estado, lo que se relaciona con el incremento de homicidios, así como con el número de fosas clandestinas encontradas, señala Chimiak, además, en 2021 hubo un incremento en casos de desapariciones masivas. Considera que los casos de desaparición en la entidad no son hechos aislados, pues demuestran las estructuras de macrocriminalidad en el estado y la colusión de las autoridades con la delincuencia organizada.

«Una característica de la narrativa del gobierno del estado ha sido relacionar la gravedad de las desapariciones con el crimen organizado, sin reconocer la responsabilidad del mismo Estado», explica la defensora. También, dice, la criminalización de las víctimas ha sido una constante del actual gobierno.

La defensora condena que la problemática de la desaparición sea capitalizada por distintos actores en la entidad y utilizada en el marco de las campañas electorales.

Ante el caso de los hermanos González Moreno, y de las más de 12 mil personas desaparecidas en Jalisco, las organizaciones civiles esperan acciones eficaces por parte de las autoridades. «Esperamos que se reconozca la gravedad del contexto, se priorice una solución y se generen medidas para prevenir la desaparición», dice Chimiak y recalca la urgencia de implementar la ley de desaparición, recientemente aprobada en el estado.

Fuente e imagen: desinformemonos