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Las colas del hambre

Por: Víctor Arrogante

En Madrid la crisis social sigue aumentando ante el rebrote de la emergencia alimentaria. Las colas del hambre, que se generaron durante el confinamiento ante la falta de ingresos de una gran parte de la ciudadanía, se han vuelto a incrementar en las últimas semanas.

Si hay algo que me produce ansiedad y provoca en mí un enojo exacerbado, son las imágenes de personas haciendo cola para recibir alimentos y productos de primera necesidad. Que eso ocurra en España a estas alturas de la historia, es una auténtica vergüenza, que nos transporta a la posguerra, cuando tanta necesidad había y que sufrimos millones de personas.

En Madrid la crisis social sigue aumentando ante el rebrote de la emergencia alimentaria. Las colas del hambre, que se generaron durante el confinamiento ante la falta de ingresos de una gran parte de la ciudadanía, se han vuelto a incrementar en las últimas semanas. Esta situación recuerda el establecimiento de racionamientos y cupos durante el franquismo hasta 1959, cuando se aprobó el Plan de Estabilización que produjo que en los años sesenta comenzara el desarrollo, aunque persistió el atraso tecnológico, científico y educativo. No se como hemos podido sobrevivir.

Este artículo bien podía haberse titulado Las colas de la muerte, si nos referimos al número tan elevado de personas muertas en las residencias de mayores, que se están convirtiendo en auténticos centros de exterminio, cuando son imprescindibles para la sociedad y deberían consolidarse como un pilar social esencial del Estado de bienestar. Los últimos datos ofrecidos muestran que 26.905 personas con covid-19 o síntomas similares han fallecido, según los datos procedentes de las comunidades autónomas. Esto significa que más del 46% de las muertes notificadas oficialmente se ha producido entre mayores que vivían en residencias de personas mayores.

La mayoría de las defunciones se han producido en Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha. En el último caso conocido, diez ancianos han muerto en un mes por un brote de coronavirus en la residencia Los Nogales Puerta de Hierro. Otro caso es el de la residencia Vigor de Becerril de la Sierra, donde han muerto 11 mayores por coronavirus, que ha sido denunciada por presuntos delitos de homicidio imprudente, lesiones y omisión de socorro. La comunidad donde hay más expedientes penales abiertos es Madrid con 112. Desde que comenzó la pandemia, las 710 residencias de la Comunidad suman 6.038 fallecidos, frente a un total de 12.578 muertos.

No podemos consentir que continúe la tragedia contra las personas mayores en las residencias. Es necesario un mayor control y un incremento de la financiación pública en los centros que realizan un servicio imprescindible para la sociedad; y «si fuera posible» (que habría que hacerlo posible), que figuras políticas como la de Isabel Díaz Ayuso, tuvieran prohibido la gestión de estos y otros centros esenciales, que los convierten en fábricas de miseria, con sus colas de la muerte.

Desde el inicio de la pandemia, se ha multiplicado por diez el número de personas que acuden a los repartos de comida. La falta de ingresos y de políticas eficaces y efectivas del Gobierno, comunidades y ayuntamientos, se han convertido en las principales causas del aumento de afectados. Como consecuencia de esta trágica situación, los bancos de alimentos, centros sociales y asociaciones se han constituido en la red fundamental que está consiguiendo auxiliar a los más vulnerables.

Hasta 1952, España no empezó a recuperar los niveles de vida que tuvo en 1935. Estados Unidos, valoró como muy positiva (ya lo había hecho Hitler), la situación geoestratégica de la España atlántica, mediterránea y pirenaica y en su beneficio, convinieron el pacto con la dictadura franquista y la instalación de sus bases militares, que aquí siguen. Eran los años del hambre, del estraperlo, de la escasez de los productos más necesarios, del racionamiento, de las enfermedades contagiosas, de la falta de agua, de las restricciones eléctricas, del empeoramiento de las condiciones laborales, del frío y los sabañones; de la leche en polvo y del queso amarillo-naranja americano. Las cárceles abarrotadas de presos políticos y en las cunetas fosas comunes, ciento cuarenta mil desaparecidos en la guerra y la dictadura; que hay siguen.

En el informe Diagnóstico Social de la crisis por covid-19, el Ayuntamiento de Madrid asegura que la pandemia está creando una «expansión descomunal de nuevos vulnerables». Nadie se libra: mujeres, familias con hijos, jóvenes menores de 35 años y personas mayores de 65 años son los colectivos más golpeados por la crisis. Es normal en una ciudad que ha visto como su tasa de paro crecía más de un tercio hasta situarse en un preocupante 16,1%, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa. Los datos son desoladores. Uno de cada tres hogares de la ciudad se ha empobrecido durante 2020 debido a la crisis del coronavirus, especialmente aquellos con menores a cargo y los de familias monoparentales encabezadas por mujeres.

Desde que se desencadenó la pandemia, allá por el mes de marzo del año pasado, las asociaciones vecinales han actuado como una auténtica red solidaria para la inmensa mayoría de las personas arrasadas por la crisis. Donde el Ayuntamiento no llega, ahí están las asociaciones de vecinos, las organizaciones solidarias de todo tipo, casi todas las ONG y los bancos de alimentos. Ellos han sostenido a los más necesitados, aquellos que engrosan las llamadas colas del hambre. Al Ayuntamiento le estamos solucionando la papeleta, explican desde la Asociación de Vecinos de Aluche (AVA), uno de los barrios al sur de Madrid donde más ha golpeado la crisis: «de los servicios sociales del Ayuntamiento aquí no sabemos nada». La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) asegura que la ayuda del Ayuntamiento es «lenta, insuficiente e ineficaz». Las colas del hambre no dejan de crecer: Son los grandes olvidados, de los que pocos se acuerdan y las instituciones públicas, casi nada.

En mi barrio, durante mi infancia, en la calle Goya esquina Alcántara, se formaba la cola desde las cuatro de la mañana y abrían a las nueve. Vendían un kilo de galletas rotas por persona. Había colas para embarazadas y las que no lo estaban, lo simulaban para conseguir más alimentos y esperar menos tiempo. La gente llevaba sillas para que la espera fuera menos dura, cuando alguien intentaba colarse había incluso violencia. Sus hijos esperaban la comida en casa.

La crisis económica desatada por la pandemia está causando estragos en España. Se han destruido 622.600 empleos, la peor cifra desde 2013. El número de personas sin trabajo asciende a 3.719.800. Los hogares con todos sus miembros en paro subieron a 1,2 millones en 2020. Cuatro millones de personas se han visto afectados por regulaciones temporales de empleo, lo que significa que, a pesar de las ayudas decretadas por el Gobierno, en muchos casos sus salarios se han visto reducidos en un 50-80%.

La economía franquista significó la profundidad y duración de la depresión durante los años cuarenta. Para la mayor parte de los españoles fueron los años del hambre, del estraperlo, de la escasez de los productos más necesarios, del racionamiento, de las enfermedades, de la falta de agua, de los cortes en el suministro de energía, del hundimiento de los salarios, del empeoramiento de las condiciones laborales, del frío y los sabañones. Todo un desastre. La miseria se veía, se vivía, se sentía y se sufría.

En Madrid ya se habían dado episodios de hambre. En el verano de 1811 estalló una calamidad jamás sospechada: ¡el hambre!, como lo llamó Ramón Mesonero Romanos, cronista y concejal madrileño. Un capítulo negro de la historia madrileña: El hambre de Madrid, título basado en el cuadro de José Aparicio; un encargo gubernamental en referencia a este espantoso episodio. Después de cuatro años de guerra encarnizada, las cosechas, escasas, eran robadas por unos y otros ejércitos, y por las partidas de guerrilleros. Madrid aislada, por lo que sufría de un abastecimiento insuficiente.

La posguerra fue una época de mucho miedo y poco pan; la comida era un bien escaso que había que racionalizar. Los más miserables iban a Legázpi a por los deshechos del mercado de abastos. Si aquella busca salvó a mucha gente a morir de hambre, en los últimos tiempos se ha puesto en evidencia una  nueva categoría social: los trabajadores pobres, que ha trastocado el concepto de pobreza, como consecuencia de los bajos salarios y la baja la calidad de los empleos.

El hambre ha pasado de ser un fenómeno colectivo, a convertirse en una tragedia individual y familiar. No se trata solamente de las personas sin hogar, que han alcanzado el nivel máximo de exclusión social y marginación en una sociedad moderna, sino que cada vez haya más gente necesitada de.

La pandemia tiene rostro humano. La de los que han enfermado, los fallecidos, y la de tantos que se han empobrecido a causa del covid. El Ayuntamiento de Madrid ha constatado la caída en la edad de los demandantes de ayuda social; de una edad de 71 años a la actual de 41. También ha sido el año de la explosión de la solidaridad ciudadana.

Por cierto y al paso;  la crisis de las vacunas contra el coronavirus, es una auténtica vergüenza. No es que no crea en la efectividad de las vacunas, no soy científico para valorarlo, pero la programación institucional es un desastre. El Gobierno todavía dice que antes del verano estaremos inmunizados el 70% de la población española. No se si es por una inocencia irreflexiva o por una complicidad criminal con las farmacéuticas, que con su estrategia han aumentado sus capitales en la Bolsa, mintiendo en su capacidad de fabricación y suministro e incumpliendo compromisos contractuales.

De las colas del hambre a las colas de la muerte por la crisis de la covid-19 inundan Madrid y la España entera, que cualquier gobernante decente debería incluir entre sus prioridades de acción.

Fuente e imagen: https://nuevarevolucion.es/las-colas-del-hambre/

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Que el pueblo se lo demande

Por:  Francisco Javier López Martín

Pasan los meses de gestión del nuevo Ingreso Mínimo Vital (IMV) y hay en torno a un millón de solicitudes), aunque se han resuelto poco más de 300.000, de las cuales se han rechazado cerca del 60 por ciento. El ministro de la Seguridad Social un día dice que la mitad de los solicitantes van a ser rechazados y otro día cuenta que entre un 20 y un 30% no van a cobrar porque no reúnen los requisitos. Algo no marcha desde el principio, alguien no se ha creído este proyecto y el propio gobierno lo sabe.

Se empeñaron en crear una nueva prestación económica para personas sin ingresos cuando ya existían programas de rentas mínimas en todas las comunidades autónomas. Se empeñaron en inventar la pólvora sin tomar en cuenta que no tenían capacidad, aún más en tiempos de pandemia, para hacer frente al alto número de solicitudes que podía producirse.

Para completar el desatino, en esas ansias que los gobernantes suelen demostrar a la hora de controlar los posibles fraudes de los más pobres (que nunca se corresponde con la misma diligencia con respecto a los más ricos), el gobierno se dedicó a poner condiciones extenuantes en la normativa de creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para controlar el acceso.

En consecuencia, meses después de ponerlo en marcha, el resultado es decepcionante. Menos mal que quienes ya cobraban una renta mínima en su comunidad autónoma la han seguido cobrando, aunque Comunidades como la Madrileña envían cartas a sus ciudadanos amenazando con quitarles la percepción si no solicitan el IMV, siguiendo así el mismo criterio de ahorrar con los pobres para transferirlo a los ricos, en forma de concesiones de contratos a grandes grupos privados para pruebas serológicas, rastreadores, plazas de hotel, hospitales como el del IFEMA, de usar y tirar.

El gobierno podría haber revisado en profundidad la nueva prestación del IMV, pero eso significaría reconocer que hay algún error de bulto, por exceso de unos y por defecto de otros. Por ello han preferido introducir modificaciones en la tramitación de las ayudas del IMV, en un intento desesperado por enmendar el entuerto.

Han acordado que las ayudas se cobren con carácter retroactivo, en caso de ser aprobadas, es decir que comenzarán a pagarlas desde el 1 de junio y no desde el momento de la aprobación, lo cual significa que se cobrarán atrasos. Algo es algo, menos es nada, pero eso no soluciona el alto número de rechazos que el ministro pronosticaba, porque él mismo hizo la ley y la trampa.

Otra de las modificaciones es que el plazo de resolución se extiende a seis meses, para evitar que el silencio administrativo haga decaer la solicitud a los tres meses de haberse presentado. Se reconoce así la incapacidad para resolver en cortos plazos de tiempo las solicitudes de quienes viven situaciones verdaderamente dramáticas.

En cuanto a la obligación de estar inscrito como demandante de empleo se elimina como requisito para tramitar la solicitud, aunque se mantiene con posterioridad, si la solicitud se aprueba. Se matiza además esta obligación para estudiantes, cuidadores no profesionales de personas dependientes, mayores de 65 años, o personas reconocidas  como dependientes, o con discapacidad.

Tampoco tendrán que presentar certificado de empadronamiento y será la propia administración la que compruebe los datos del padrón. Algo que forma parte de la obligación de todas las administraciones de no someter al administrado a la obligación de aportar documentos que obran en poder de alguna de ellas.

El que las personas sin recursos puedan contar con unos ingresos mínimos para atender a las necesidades vitales parece una obligación evidente de cualquier gobierno en una sociedad moderna, especialmente cuando la situación se desborda, como está ocurriendo a causa de la pandemia.

Hay quienes consideran que sería bueno que todos los habitantes de un país percibieran una renta básica y, de hecho, hay países que han realizado experiencias encaminadas a su implantación, desde Finlandia a Kenia, pasando por Alaska, Canadá, o Alemania. Ensayos no concluyentes, pero que trabajan en esa idea de que toda persona, por el hecho de nacer tiene derecho a unos ingresos básicos para vivir.

Hay mucho hablado y debatido sobre este tema, hasta el punto de que casi todos los países europeos y todas las comunidades autónomas españolas tienen programas de rentas mínimas, con el objetivo de conceder ayudas económicas y sociales que aseguren que las personas y familias sin ingresos puedan contar con unos recursos que les permitan atender sus necesidades básicas. Fue algo que los sindicatos arrancamos a los gobiernos autonómicos tras la famosa Huelga General del 14-D de 1988.

Parece lógico que, en estos momentos, para hacer frente a situaciones excepcionalmente duras se puedan poner en marcha medidas urgentes para taponar el desastre económico y social. Una de esas medidas podría haber sido armonizar, coordinar, reforzar los recursos que cada comunidad autónoma dedica a proteger a su ciudadanía contra la pobreza. Podrían haber unificado requisitos de acceso y establecido condiciones y cuantías mínimas para incorporar a nuevas personas golpeadas por los efectos de la pandemia.

No lo hicieron así y ahora tenemos dos prestaciones equiparables solapadas la una sobre la otra. El resultado previsible será que el gobierno de España terminará pagando menos de las necesarias, tarde y mal, mientras que algunas comunidades se van a quitar de en medio a un buen número de personas perceptoras, como ya hemos relatado que intenta hacer el gobierno de la Comunidad de Madrid.

Lo cierto es que ningún ciudadano, o ciudadana, tiene la culpa de la mala gestión de sus gobernantes, ni tiene por qué soportar sus ineficacias, los enfrentamientos entre administraciones, ni sus ineficiencias. Cuando alguien se equivoca, debería reconocerlo y apresurarse a corregir el error. No es frecuente en política y, aun menos en la política española, unas veces por soberbia, otras por ineptitud reiterada y en no pocas ocasiones porque todos los políticos temen dar sensación de debilidad.

Reconocer los errores es muy sano, corregirlos es lo justo, escuchar a las personas, sus necesidades y aplicarse a atenderlas es obligación para cualquier gobierno en cualquier nivel de competencia, del más pequeño municipio, al gobierno del Estado, pasando por la comunidad autónoma. Y si así no lo hicieren, que el pueblo se lo demande.

Fuente: https://nuevarevolucion.es/

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Los centros educativos, tercer ámbito con más brotes y contagios en las últimas semanas

Por: Pablo Gutiérrez del Álamo

  • Los centros educativos se han convertido en los últimos días en el tercer ámbito en el que más brotes y contagios se producen, después de la familia y el ocio, con 190 brotes y 1.286 personas contagiadas. A pesar de esto, faltan muchos datos como en qué etapas se producen más casos. De momento, además, no parece que esté en la agenda la posibilidad de revisar los protocolos para educación.

La situación es tremendamente complicada en torno a los centros educativos. Convertidos, más allá de lo educativo, en la fuente fundamental de la conciliación de las familias para poder acudir a sus puestos de trabajo, comienzan a ver las cifras de brotes y contagios de Covid-19 crecer.

El viernes pasado, el Ministerio de Sanidad publicaba las cifras de brotes y sus contagios asociados por ámbitos (laboral, sanitario, familiar…). Cifras consolidadas correspondientes a la semana del 5 al 11 de octubre y del acumulado desde el mes de marzo.

La situación en los últimos días está empeorando y tras los ámbitos familiar y social, en donde hoy por hoy hay más casos, aparecen los centros educativos: 190 brotes diferentes con un total de 1.286 personas contagiadas. Se trata de un 13,4 % de los brotes y un 12,9 % de los contagios nuevos.

Fuentes conocedoras de la situación en las diferentes comunidades autónomas aseguran que hoy por hoy, según sus cifras, hay un 1,4 % de aulas cerradas en cuarentena. Unos datos que no son del todo fiables porque cada comunidad autónoma está obligada a informar al Ministerio de Sanidad pero a nadie más y, además, cada una transmite esa información en momentos y maneras diferentes.

En el acumulado de los datos, ha habido 733 brotes en centros educativos con 4.369 personas contagiadas. Esto desde el mes de marzo. Son siete meses en los que colegios e insititutos han permanecido cerrados la práctica totalidad del tiempo.

Falta de datos fiables

A estas cifras, claro, habría que sumar el ámbito mixto, es decir, brotes y contagios que se producen fuera de los centros educativos pero que llegan, más tarde o más temprano a ellos y viceversa. Este es un cajón de sastre en el que es imposible desbrozar la información. Como lo es también saber en qué etapas se están produciendo más brotes y casos, puesto que desde el Ministerio de Sanidad no se ofrecen datos desagregados en este sentido. Preguntado Fernando Simón sobre esta cuestión en la rueda de prensa del pasado lunes, sí afirmó que la mayor parte de los casos se están produciendo en los centros de secundaria.

Según la experiencia de María (nombre ficticio), directora de primaria en un centro andaluz, la mayor parte de los casos que se han producido en su centro se han producido durante el fin de semana y están relacionados con contagios que las familias han causado a niñas y niños. Parece que las reuniones sociales, sean o no familiares, están convirtiéndose en la puerta de entrada del virus en colegios e institutos.

Algo parecido comenta Toni Solano, director del IES Bovalar en Castellón. «Hasta ahora los casos que hemos tenido han estado 48 horas sin venir al centro hasta el resultado positivo de la PCR». «Se habían quedado en casa y no ha habido que confinar». En su caso, el protocolo afirma que el alumnado de una misma aula, llevando mascarilla y estando en el aula a metro y medio de distancia no se considera contacto estrecho, de manera que las autoridades sanitarias no confinan aulas.

Lo mismo ocurre en la Comunidad de Madrid. Mercedes López es jefa de estudios en un instituto madrileño. El primer caso que tuvieron se dio en uno de los grupos con semipresencialidad. La mitad del grupo está en casa mientras la otra va a las aulas. En este caso, se envió a ese medio grupo a casa para que estuviera en cuarentena. Desde ese caso cambiaron los criterios y ya no se considera a los compañeros de aula como contactos estrechos de manera que, cuando ha habido nuevos casos no se ha cerrado ninguna clase.

La falta de información clara, homologable y transparente está siendo la tónica general en lo relativo a la incidencia de la pandemia en este inicio de curso casi imposible. En el Ministerio de Educación no tienen información todavía sobre esta incidencia puesto que las comunidades autónomas no están obligadas a reportarle dicha información. Es verdad, informan fuentes del Departamento, que en la última Sectorial de finales de septiembre se estableció un sistema de recogida de datos entre las autonomías. Pero todavía no está llegando como debiera. Y desde el Ministerio de Sanidad no ofrecen más información que la publicada el viernes y remiten a sus compañeros de Educación para ampliarla.

Una pescadilla que se muerde la cola y que empeora cuando se multiplica por 17 comunidades autónomas. José María Ruíz, representante de Pública de CCOO asegura que no tienen información más amplia sobre el impacto de la Covid en colegios e institutos. Tampoco han conseguido recabar datos sobre el número de docentes que están de baja ya sea por contagio o porque sus aulas se encuentren en cuarentena por contagios de compañeros o alumnos.

Algo con lo que está de acuerdo María desde Andalucía: «No sabemos ni sabremos los casos reales por la diversidad de criterios y de interpretación de esos criterios». Aunque en su centro la mayor parte de los casos de contagio lo eran por sus familias, han tenido alguno de madres que han de guardar cuarentena durante diez días mientras sus hijos han de acudir al centro educativo sin más. «Lo que vale para el común no se aplica en la escuela así que no sabremos nunca la verdad al 100%».

«Si las criaturas se contagian o no en el centro… ¿quién lo asegura? En nuestro caso, el instituto está en un barrio aislado; es casi un pueblo. Se reúnen en la plaza, en las casas. ¿Cómo vamos a saber dónde se han contagiado?», explica López.

Fernando Trujillo comentaba hace unos días en Twitter: «Mi interpretación es esta: aunque los centros y los docentes están haciendo todo lo posible por hacer de la escuela un espacio seguro, la realidad (instalaciones, ventilación, ratio, etc.) es que esto no se está logrando». A lo que añadía: «Sin embargo, la Administración está minimizando el riesgo y jugando con los datos y la comunicación para no afirmar lo que sus propios datos expresan. El objetivo es evitar el cierre de las escuelas porque éstas son fundamentales para la conciliación familiar y laboral».

Y los protocolos, sin cambio

De momento, no parece que las autoridades se planteen cambios en los protocolos en centros educativos acordados entre Gobierno y comunidades autónomas a pesar del aumento de los casos conocidos. Protocolos sobre apertura de ventanas para la ventilación parecen cada vez más complicados cuando el otoño avanza y el frío del invierno se acerca. La posibilidad de tener ventanas y puertas abiertas convivirá con las calefacciones encendidas en las aulas.

Es, al menos, la realidad que tiene en mente Tonio Solano. En su centro, de 700 alumnos, tienen previsto pasar el invierno con las ventanas abiertas y la calefacción puesta. Una práctica que, dada su ubicación en Castellón y debido al nivel habitual de humedad ambiental, suelen hacer. Tener ventanas cerradas en invierno con la calefacción se hace difícil de soportar. «Es difícil regular la temperatura de los centros».

Sobre el uso de las mascarillas, asegura también que el alumnado y el profesorado están respetando el protocolo. También las distancias entre sí en las aulas, pero admite que en el tiempo de recreo se hace complicado que no se relacionen unos con otros. en el que, según explica, ya han contactado unas cuantas veces con las autoridades sanitarias para comunicar casos positivos de alumnos. Hasta ahora, no se han confinado aulas en su instituto, principalmente porque el protocolo sanitario general no contempla a los compañeros de clase como contactos estrechos a pesar de la cercanía y el tiempo de exposición.

Solano explica que dentro de las aulas pueden, sin demasiado problema, mantener la distancia mínima de metro y medio, pero esto cambia en los tiempos de recreo. «Intentamos que no se quiten la mascarilla» en ese momento del día, comenta, pero también admite la dificultad de que mantengan las distancias entre unos y otros.

Y las autoridades, en general, no dan mucho margen de maniobra. En el caso de Valencia, cuenta Solano, cuando se comunica un caso en el centro, teniendo en cuenta la distancia social y el uso de la mascarilla, siempre se decide que no se confinen las aulas. Es el caso también de María en Andalucía. No se consideran contactos estrechos. «Desde delegación, cero atenciones, riesgos laborales no dice nada, y así», asegura. Y, a pesar de la tan comentada autonomía de los centros, las direcciones, por todo el país, no tienen potestad para decidir si es necesario confinar aulas o no. Se juegan en esta decisión la apertura de expedientes.

Algo parecido les ocurre en el centro de López en Madrid. «Ha habido casos de criaturas que han venido, a pesar de encontrarse fatal desde el día previo, con un antipirético, explica. O de madres que, cuando las avisas te dicen que no pueden ir. Y entonces, no sabemos qué hacer, más que esperar».

María también pone el punto de mira en los servicios de comedor. Aunque han bajado mucho en este curso «siguen por encima del aforo». Ella ha tenido que montar dos turnos de comida y asegura que hay centros que tienen tres. «Deberían prohibir los comedores o dotarlos de lo necesario, ningún adulto soportaría comer en esas condiciones».

En cuanto a dotación, comenta Solano, su problema principal es la semipresencialidad a la que se aboca a los cursos más altos de secundaria. Los centros y los alumnos no tienen la dotación necesaria para seguir las clases desde sus casas. Y «No puedes tener al profesor trabajando por la mañana para unos y por la tarde para otros».

Y, a pesar de todo, asegura al menos Solano, «no estamos teniendo tanta incidencia como yo pensaba». «Parece que es un poco una lotería. Confiamos en que siga bien. Pero creo que se deberían minimizar riesgos y hacerlo ahora es muy difícil».

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/10/28/los-centros-educativos-tercer-ambito-con-mas-brotes-y-contagios-en-las-ultimas-semanas/

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España: Una iniciativa pretende fiscalizar los 2.000 millones del Fondo Covid

Europa/España/08 Octubre 2020/eldiariolaeducacion.com

  • La Plataforma de Infancia junto a PoliticalWatch ponen en marcha una campaña hoy bajo el nombre de #ColeSeguro, con la que quieren conocer en qué se están invirtiendo los fondos COVID destinados a las comunidades autónomas, así como recoger la opinión de la comunidad educativa sobre el funcionamiento de las diferentes políticas públicas puestas en marcha.

a promesa del Gobierno central de destinar 2.000 millones a las comunidades autónomas para que invirtieran en educación para compensar las dificultades provocadas por la pandemia de la Covid-19 se cumplió hace semanas. Antes del verano ya se publicaron en el Boletín Oficial del Estado las cifras que cada autonomía recibiría.

El problema mayor es que son fondos finalistas. Las administraciones pueden gastarlos en educación o en cualquier cosa. No tienen que rendir cuentas a nadie por este tema, como han reconocido varias veces fuentes del Ministerio de Educación. Conseguir la información sobre esta cuestión es realmente complicado. Algunas autonomías responden a esta pregunta enviando tablas informativas en las que no se aclara muy bien qué partidas las sufraga el fondo y cuáles el presupuesto autonómico. Otras se limitan a facilitar un escueto «hemos contratado 2.300 docentes».

Para paliar esta falta de información, la Plataforma de Infancia y la entidad PoliticalWatch, comienzan hoy una campaña, #ColeSeguro, que como mínimo se prolongará hasta el mes de diciembre. Se apoyará en tres patas fundamentales.Para ello, además de hacer incidencia en redes sociales, también han puesto en marcha la página web ColeSeguro: https://coleseguro.es

La primera, conseguir toda la información posible sobre esta inversión en educación de las autonomías. Para ello contarán con colaboradores que intentarán rastrear los fondos siguiendo la actividad parlamentaria en las diferentes comunidades autónomas, o buceando en los boletines oficiales de cada una de ellas para ir armando el complejo puzzle de las inversiones no finalistas. Un arduo trabajo con el que, explica Ricardo Ibarra, director de Plataforma de Infancia quieren averiguar dónde se está poniendo el dinero: bajadas de ratios, obras en los centros educativos, compra de material higiénico-sanitario…

La segunda de las patas será una encuesta de 32 preguntas que se centrará en actores de la comunidad educativa. Para ello consultarán a sindicatos, organizaciones de directores y directoras y, también, a las de estudiantes. El objetivo es saber cómo estas inversiones y políticas públicas están llegando a los 28.000 centros educativos que hay en el país.

Y, la tercera, será una encuesta dirigida a toda la sociedad en general, aunque principalmente pensada para las familias o las personas con niñas, niños y adolescentes cerca. El objetivo de sus preguntas será conocer cómo perciben ellas las actuaciones que se están llevando a cabo para garantizar la salud y la seguridad de las y los menores en los centros educativos.

Ibarra explica que esperan conseguir una muestra bastante grande para estas encuestas. Con toda la información que obtengan de cada una de estas partes intentarán ver cómo se relacionan unas con otras a lo largo del tiempo. Comenta el director de la Plataforma que, además, andando el tiempo y en función de la evolución de la pandemia intentarán hacer nuevas oleadas de encuestas para hacer ese seguimiento de la información.

Ambas organizaciones, si la financiación lo permiten, mantendrán el seguimiento de la información sobre las medidas, las políticas y las inversiones relacionadas con ellas a lo largo también de 2021.

Se trata de una iniciativa compleja, dado que, como constata el propio Ibarra, «no hay mucha voluntad de transparencia» en lo que se refiere a dar explicaciones sobre en qué y cómo se está invirtiendo el dinero para paliar las consecuencias de la pandemia y mejorar la atención a la infancia y la adolescencia en los centros educativos.

La dificultad de recopilar los datos

Durante las últimas semanas, hemos intentado recopilar algunas de las cifras de inversión de diferentes administraciones públicas autonómicas sobre la finalidad de los fondos Covid invertidos por el Gobierno central. Un total de 1.600 millones han ido a parar a las arcas de los territorios, bajo la premisa de que podrían gastarlos en educación. Pero sin obligación legal de hacerlo. Y sin un seguimiento o fiscalización de ningún tipo.

Hemos consultado a algunas de las autonomías que mayores cantidades pecibieron en su momento: Andalucía, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Catalunya. Los datos que unas y otras devuelven son muy diferentes, en cuanto a concreción, sobre todo.

Por ejemplo, Catalunya, según el primer anuncio publicado en el BOE, recibió 337,4 millones de euros de los fondos. Esta cantidad se ha destinado al refuerzo de personal docente, también del de administración y servicios. Se han contratado refuerzos para la concertada y para los municipios. También ha habido inversiones en material informático, o se ha completado el Plan de Equidad Digital, se han comprado EPI, se han adecuado espacio, se han realizado pruebas de salus. Se han invertido en los comedores o en compensación para la escolarización en educación infantil pública y privada. Finalmente, se ha incrementado el servicio de transporte escolar y se ha indemnizado a empresas de comedor escolar.

El «problema» surge al comprobar que las candidades de todas estas inversiones exceden el fondo Covid destinado a Catalunya, además, de superar también otras inversiones provinientes del Gobierno central por vía de los programas PROA+ o de la inversión de la empresa Red.es. El total invertido cuenta con financiación de la propia Generalitat y las fuentes de Educació consultadas no saben decir en qué partidas exactas se ha gastado qué cantidad del Fondo Covid.

Aún así, Catalunya ofrece una información relativamente transparente. Las fuentes de la Comunidad de Madrid son más crípticas. Hasta hace unos días, lo único de lo que podían informar es que ya se estaban ejecutando los Fondos Covid destinados a la autonomía, cerca de 291,7 millones de euros. «En la actualidad, aseguran estas fuentes, este presupuesto ya se está ejecutando en lo más importante para el inicio de curso como la contratación de personal docente, infraestructuras educativas de diferente índole, la adquisición de material para los centros y todo lo que está siendo necesario para dar respuesta a las necesidades derivadas de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Por el momento no podemos ofrecer el desglose de cada uno de los gastos».

En la Consejería de Educación de Andalucía también han hecho un importante trabajo en relación a conocer en qué se han invertido cientos de millones de euros para este inicio de curso. Pero no se ha terminado de afinar esa transparencia. Según informan, la Junta ha puesto en marcha un Plan de Acción en Educación que está dotado de 600 millones de euros. Aunque en las últimas horas se ha visto aumentado tras el acuerdo firmado con los sindicatos para aumentar la ampliación de las plantillas docentes.

En cualquier caso, dentro del cómputo global de estos 600 millones (620 según las últimas cifras facilitadas por educación), estarían contenidos los cerca de 300 millones que ha recibido Andalucía. Aunque no se ha facilitado un desglose de qué parte del fondo Covid cae en cada nueva inversión, se cuenta con un aumento de las plantillas docentes tanto en la pública como en la concertada. También de las plantillas no docentes, con un aumento del personal de limpieza o de PTIS para los centros de educación especial. Además, se contempla un aumento de la inversión para obras en las infraestructuras y en material higiénico-sanitario.

Desde la Comunidad valenciana, fuentes sindicales aseguran que la inversión del fondo, unos 214 millones de euros, ha recaido en la contratación de más personal. Aproximadamente, dicen, un 80% del total. El resto se ha ido en material higiénico-sanitario, aunque hace unos días (finales de la semana pasada) había centros que todavía no habían recibido nueva financiación.

Fuente e imagen tomadas de: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/10/07/una-iniciativa-pretende-fiscalizar-los-2-000-millones-del-fondo-covid/

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España: Los sindicatos esperan una negociación rápida para llevar el teletrabajo a la educación

Europa/España/24 Septiembre 2020/eldiariolaeducación.com

  • La modificacion del Estatuto, que está previsto que entre en el Consejo de Ministros el próximo 29 y que se hará, presumiblemente, por vía de Real Decreto-ley, no quita para que los territorios y por sectores de actividad puedan negociar las condiciones de quienes quieran o puedan teletrabajar.

Mientras las indicencias en centros educativos relacionadas con la Covid-19 no paran de sucederse, se cierran aulas por contagios de alumnos y docentes, se envía al personal de baja o de cuarentena, los sindicatos educativos esperan, al menos así lo asegura Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, una negociación, «en cuestión de semanas», que lleve a los colegios e institutos el acuerdo en materia de teletrabajo que se ha conseguido en la mesa de negociación de los empleados públicos.

Y no solo se espera que la negociación sea rápida con el Ministerio de Educación, primer paso, sino con las 17 comunidades autónomas a las que, con posterioridad, tendría que llegar (aunque Extremadura tiene su propio texto ya). Y deben ser semanas porque, aunque la pandemia es una situación coyuntural y, en principio, terminará tarde o temprano, hoy por hoy no se puede descartar ningún escenario de cierre.

Como se anunciaba hace unos días, los sindicatos han conseguido un acuerdo con el Gobierno para que se modifique el Estatudo Básico del Empleado Público, de manera que se regulen cuestiones como el derecho a la desconexión o la responsabilidad de las administraciones públicas a la hora de facilitar los equipos y dispositivos necesarios para que el funcionariado pueda desarrollar su labor desde casa. Ambos puntos han sido fundamentales, al menos, durante el periodo del estado de alarma, con docentes respondiendo comunicaciones durante todo el día, muy por encima de su horario habitual de trabajo, o en días festivos.

Aunque es complicado de calcular, el coste para las administraciones de conseguir que todo el profesorado que tenga que desarrollar su labor en casa, ya sea por una cuarentena obligada o por estar en régimen de semipresencialidad en algún curso alto de la secundaria, la cifra puede ser bastante elevada. Aunque para Maribel Loranca, secretaria de FeSP-UGT podría establecerse algún tipo de sistema de préstamos para quienes se encuentren en estas situaciones.

Desde el Ministerio de Educación y FP todavía no se tiene prevista esta posible Mesa Sectorial con los sindicatos para ver de qué manera «baja» el texto al sector docente concreto. Según Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación todavía es pronto, hay que esperar a que el texto de la modificación llegue al Consejo de Ministros (está previsto que lo haga el próximo martes) para comenzar a dar los primeros pasos de la negociación.

Sobre la mesa, además de cuestiones relacionadas con equipamiento informático o el número de horas y el horario exacto de trabajo para el personal docente, hay otras cuestiones de fondo como el derecho a la intimidad y a la protección de datos dado el anuncio de alguna autonomía de emitir en streaming las clases de los docentes cuyos grupos se encuentren en semipresencialidad. Protección para el profesorado que imparte como para el alumnado que se encuentra físicamente en las aulas mientras se emiten las clases.

Tanto para Loranca como para García, en cualquier caso, el teletrabajo en el sector educativo debe prácticamente circunscribirse a la situación de pandemia actual, dado que la apuesta, en este sector al menos, debería ser siempre por la presencialidad. De hecho, ambos destacan, dentro del acuerdo general, la garantía de la prestación de servicios de la administración de manera presencial al ciudadano.

Por delante, ahora, en cualquier caso, está el trámite de enviar la propuesta de modificación del Estatuto al Congreso de los Diputados donde no debería haber grandes complicaciones para aprobarlo. Principalmente porque hay acuerdo entre Gobierno y sindicatos y, en la normativa que regulará al sector privado, también con la patronal. Según fuentes sindicales, la modificación llegará en forma de Real Decreto-ley en un intento por agilizar el trámite, aunque tendrá que contar con el beneplácito de la Cámara. Antes pasará por el Consejo de Ministros.

Para Loranca, en cualquier caso y dure lo que dure este trámite, no hay problema para que el Ministerio de Educación convoque lo antes posible la Mesa Sectorial con los sindicatos de enseñanza para ir avanzando un marco que, después, llevue a las autonomías. Francisco García, desde CCOO, es de la misma opinión. La negociación debería poder desarrollarse en las próximas semanas. Y más con el escenario de incertidumbre actual en relació a la pandemia.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/09/23/los-sindicatos-esperan-una-negociacion-rapida-para-llevar-el-teletrabajo-a-la-educacion/
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España: CCOO pide la contratación de 70.700 docentes para un curso seguro y con presencialidad total

Europa/España/03 Septiembre 2020/eldiariolaeducacion.com

  • El sindicato ha hecho público un informe con las condiciones que entiende que deberían darse en todo el país para un curso «lo más seguro posible» y con presencialidad. El coste sería de unos 4.500 millones de euros para la contratación de unos 70.700 docentes en todas las comunidades autónomas. y la apertura de 34.000 nuevas aulas.

Con tres escenarios posibles, CCOO apuesta por el que sale del acuerdo de la Conferencia Sectorial de junio. Es decir, con unas ratios máximas de 20 alumnos por aula. Un escenario que, a día de hoy, solo se ha negociado en la Comunidad Valenciana en los últimos meses. Tal vez Madrid, si Educación cumple con lo anunciado hace unos días, podría colocarse en un escenario parecido.

Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza del sindicato ha criticado el hecho de la desigualdad que existe entre las comunidades autónomas en relación a la seguridad de la vuelta a los centros educativos, dado que no ha habido ninguna homogeneización en sus medidas y reclama, como mínimo, que el Gobierno central regule una bajada de las ratios, hasta 20 alumnos por aula. «Se puede hacer y hay precedentes», ha asegurado el dirigente, que se ha remitido al Real Decreto ley 14/2012 por el cual, el ministro José Ignacio Wert, impuso un aumento de las ratios en todo el país del 10%. Para el sindicato es momento de que se utilice esta misma herramienta, el Real Decreto ley pero en sentido contrario.

Esto supondría un aumento importante del número de docentes, unos 70.700 más en todo el país. Con ello, podrían abrirse unas 34.000 aulas más en todo el Estado, de manera que podría asegurarse la ratio de 20 alumnos por aula. El sindicato cifra la medida en unos 4.600 millones de euros.

García también se ha referido a los datos que empiezan a oírse en relación a la cantidad que podría dedicarse a educación de los fondos europeos de 140.000 millones comprometidos (aunque necesitan de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado). Según ha dicho, se habla de que un 5% de esta cifra acabe en la educación, es decir, 7.500 millones de euros. El secretario general ha insistido que, a parte de esta cantidad, «a la educación se le deben 9.000 millones» recortados, principalmente, a partir de 2012. Según sus palabras, a los 7.500 millones de la UE, habría que sumar estos 9.000.

Para el secretario general de la Federación quedan pocas oportunidades para que el Gobierno y las CCAA se pongan de acuerdo y hagan el esfuerzo necesario de cara a una vuelta segura a las aulas. Y una de estas oportunidades es la Conferencia de Presidentes del próximo día 4 de septiembre en la que se tratará la educación como único tema. «Esperamos que la Conferencia sea para algo nuevo, que no hayamos escuchado hasta ahora», ha dicho García, quien ha asegurado que sobre medidas sanitarias está todo claro, pero en relación a «las medidas organizativas, educativas y de inversión para un inicio seguro y una presencialidad segura, de eso, no hay casi nada». «Si la educación fuera una prioridad, a lo mejor esto se habría hecho en el mes de junio. No se hizo entonces y ahora hay que hacerlo corriendo», ha asegurado.

El sindicato también exige que, en cualquier caso, el capital que el Gobierno transfiera a las comunidades autónomas tenga carácter finalista, y no como los 2.000 millones comprometidos hasta ahora. Esta cantidad puede o no ser usada por los gobiernos autonómicos para educación. CCOO quiere que las próximas inversiones sean finalistas, no solo para educación, sino para ciertas cuestiones muy concretas: contratación de personal para bajar las ratios; para la mejora y adecuación de los espacios educativos necesarios; para la atención a la diversidad o para la dotación de herramientas y recursos digitales para alumnado y profesorado.

El escenario que ha planteado CCOO es el más conservador de los tres que pone sobre la mesa en su informe. El más costoso ya lo presentó a finales del curso pasado y tenía previsto 15 alumnos por aula, con la contratación de 170.000 docentes y un coste total de 7.400 millones (5.150 solo en contrataciones).

El otro palanteamiento se refiere a ratios de 15 alumnos en infantil y 20 en el resto de las enseñanzas no universitarias. Se trata de un escenario intermedio en el que las administraciones públicas deberían invertir 5.564 millones de euros, de los que 3.412 serían para contrataciones.

En cualquiera de los tres marcos, CCOO plantea, independientemente del número de nuevos docentes contratados, una serie más de inversiones que deberían dedicarse a la formación docente (136,5 millones); Plan Compensación Educativa (programa de refuerzo + becas: 1.010 millones); un plan renove de centros educativos (572 millones); inversión en la «nube educativa» (368,5 millones); equipos informáticos (119,5 millones), y un plan renove informático (26,5 millones de euros).

El documento de CCOO se completa con una batería de 20 medidas que vienen a detallar cada uno de los puntos anteriores y añaden algunos otros en relación a la seguridad y salud laboral o a las bajas y su sustitución a lo largo del curso. También ponen el foco en elementos como el currículo, el paso entre etapas o el papel importante que juega el personal de administración y servicios o las familias.

Fuente e imagen tomadas de: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/09/02/ccoo-pide-la-contratacion-de-70-700-docentes-para-un-curso-seguro-y-con-presencialidad-total/

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España: 40 millones para los programas de refuerzo del próximo curso

Europa/España/23 Julio 2020/eldiariolaeducacion.com

  • El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros, la inversión de 40 millones de euros para diferentes actividades a las que se pueden adherir los centros educativos con el objetivo de paliar las situaciones provocadas por los cierres escolares del último trimestre del curso pasado.

El nuevo programa de apoyo, PROA+, es uno de los ases en la manga del Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente a las situaciones tan complicadas en lo educativo que ha supuesto el cierre de los centros educativos desde mediados de marzo hasta el próximo mes de septiembre.

Diferentes investigaciones han puesto el acento en la pérdida de contenidos curriculares que han vivido miles de chicas y chicos, principalmente los más desfavorecidos del sistema, durante estos meses. Pasar casi medio año (natural) sin pisar las aulas es un problema para la inmensa mayoría del alumnado.

Con la reedición de los PROA, el Gobierno quiere paliar algunas de las situaciones que hayan podido resultar más complicadas. Para ello dotará el programa con 40 millones de euros que serán repartidos entre las comunidades autónomas en función de factores como la población escolar total, la tasa de idoneidad en cada territorio o el número de alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo.

Los beneficiarios podrán ser centros públicos o centros privados concertados.

El Ministerio de Educación y FP establece los objetivos del PROA+: garantizar la continuidad del alumnado, especialmente el más vulnerable; mejorar el funcionamiento de los centros mediante la flexibilización de su organización garantizando las medidas sanitarias; reforzar la equidad; facilitar la adaptación de las programaciones didácticas hacia las competencias clave; responder a las necesidades educativas surgidas del cierre y el confinamiento en relación al bienestar socioemocional de estudiantes y profesorado, y, finalmente, reforzar la dotación y formación de los equipos docentes y de orientación.

Fuente e imagen tomadas: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/07/21/40-millones-para-los-programas-de-refuerzo-del-proximo-curso/

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