América del Sur/Colombia/29-01-2021/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net
La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello exigió la atención de las autoridades colombianas.
La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, mediante comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter, denunció este lunes amenazas lanzadas por un presunto paramilitar contra las comunidades indígenas de la etnia Sikuani, del asentamiento Iwitsulibo, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, departamento Meta, Colombia.
La declaración asegura que las amenazas han sido proferidas por el señor Ernesto Martínez, conocido con el sobrenombre de «Cajuche». Según el documento, tales sucesos ocurrieron luego que el pasado 21 de enero las comunidades indígenas de la etnia Sikuani de Iwitsulibo y Tsawilonia Weewelianai volvieron al territorio ancestral del que fueron desplazadas para sembrar sus cultivos tradicionales y reconstruir sus vidas.
«El día 21 de enero de 2021, siendo aproximadamente las 10H30 (Hora local) llegó el sr. Intendente de apellido Salas adscrito a la Policía de Puerto Gaitán (Meta) acompañado del señor Ernesto Martínez, a quien lo indígenas lo reconocen con el sobre nombre o alias “Cajuche” quien ha sido visto presuntamente con grupos paramilitares del mismo municipio, dicho señor exigió al pueblo indígena el desalojo de los predios», explica el comunicado.
Asimismo, relata que «la comunidad indígena mostró la documentación en la que se demostró que se está tramitando el proceso de Medida de Protección de Territorio Ancestral en el marco del decreto 2333 de 2014 ante la Agencia Nacional de Tierras», entidad que «solicitó a la alcaldía de Puerto Gaitán, la suspensión de todos los procesos policivos, e inhibirse de iniciar otros sobre estos predios», agrega.
La organización defensora de derechos humanos refirió además que en medio de la situación anterior, «el intendente Salas manifestó que se retiraría en espera de las definiciones de sus superiores a lo que el señor Ernesto Martínez alias Cajuche profirió una amenaza contra la comunidad indígena. Si no se puede con la policía se tendrá que hacer con otro grupo”, advirtió la nota.
La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello hizo un llamado a las principales autoridades de Colombia como el Ejército y la Policía Nacional así como a organizaciones y colectivos sociales para que tomen acciones a favor de la protección de los pueblos ancestrales de Puerto Gaitán y se eviten más amenazas y hechos graves que lamentar.
Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/denuncian-amenazas-comunidad-indigena-colombia–20210125-0054.html
Hasta el 21 de diciembre de 2020, la cantidad de población afectada por coronavirus en la Amazonía superaba el millón de personas, mientras que la cantidad de fallecidos a consecuencia del COVID-19 estaba por encima de los 37 000.
Desde el inicio de la pandemia en Latinoamérica, en marzo del 2020, las comunidades indígenas optaron por cerrar las fronteras de su territorio, medida que esperaban los protegiera de la llegada del nuevo virus que paralizó al planeta. Pero el SARS-Cov-2, llegó hasta ellos.
Indígenas de la nacionalidad siekopai, en Lagartococha, en la frontera entre Perú y Ecuador. Foto: Amazon Frontlines.
Los primeros días de abril se confirmaba el primer caso de COVID-19 en la Amazonía brasileña. Se trataba de una mujer kokama en el estado de Amazonas, frontera con Perú y Colombia. Después vendrían los reportes de casos en Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, y el resto de países de América Latina con población indígena.
El coronavirus llegó como un tsunami para arrasar con la población más vulnerable del continente. Cuando empezó la pandemia, la antropóloga peruana especializada en pueblos indígenas, Beatriz Huertas, advirtió que la vulnerabilidad de las comunidades nativas se agravaría debido a las deficiencias del servicio de salud en sus territorios. No se equivocó.
En los meses siguientes, desde las comunidades se reclamaba atención para los afectados por el COVID-19. Era una constante la falta de medicinas y de personal de salud en los centros de atención. “Con la pandemia se ha podido ver con más claridad cuáles son las necesidades de salud en el lugar que vivimos. Era triste no tener médicos ni medicinas. Cuando íbamos a las comunidades era terrible, las personas estaban con fiebre y no sabíamos cómo conseguir medicinas para atenderlos”, recuerda ahora la lideresa indígena peruana Betty Rubio, presidenta de la Federación de Comunidades Nativas del Medio Napo Curaray y Arabela (Feconamncua).
Las políticas de los gobiernos de América Latina para atender las necesidades de los pueblos originarios han sido criticadas por las federaciones indígenas. En unadeclaración del 23 de diciembre de 2020, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) señaló que en la Amazonía se viven procesos constantes de exclusión, discriminación y explotación de los territorios, los mismos que “se vieron encrudecidos con la pandemia del COVID-19”.
Benjamín Rodríguez Grandez (a la derecha), presidente de la Federación de Comunidades Nativas Fronterizas del Putumayo (Feconafropu), falleció a consecuencia del COVID-19. Foto: Instituto del Bien Común.
En el mismo documento se recuerda que “las pandemias son solo un síntoma de un planeta enfermo que necesita sanar», por tanto, «es urgente restablecer el equilibrio, la armonía entre los seres y lograr un nuevo acuerdo para la Madre Selva Amazónica que permita evitar más asesinatos, más deforestación e incendios, y detener la extinción y las pandemias”. Coica exhorta, entonces, a entender la importancia de la Amazonia y los pueblos indígenas que habitan en ella, para la supervivencia del planeta, y hace un llamado a la acción urgente para que se detengan los efectos del cambio climático.
Uno de los últimos reportes sobre el impacto del COVID-19 en los pueblos indígenas de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) y COICA indica que la cifra de personas afectadas por el virus en los nueve países amazónicos llega a 1 610 130 casos confirmados. En tanto, el número de fallecidos alcanzó 37 747 personas, hasta el 21 de diciembre de 2020.
Brasil lidera esta triste lista con más de 25 931 muertos; le siguen Bolivia con 6 284 fallecidos, Perú con 3 126 y Colombia con 1 613. El resto de países amazónicos –Ecuador, Venezuela, Guyana, Guyana Francesa y Surinam– no superan las 500 personas fallecidas, según REPAM y COICA.
La partida de los líderes indígenas
El líder awajún Santiago Manuín (al centro) fue otra de las víctimas del COVID-19. Foto: CAAAP.
“Esta pandemia nos está quitando a nuestros sabios”, dijo el líder indígena peruano Zebelio Kayap, tras la muerte del líder awajún Santiago Manuín Valera a consecuencia del COVID-19.
Santiago Manuín luchó por su vida durante dos semanas. Había sobrevivido a una ráfaga de metralleta durante el conflicto ocurrido en Bagua, Perú, en el año 2009 , pero falleció el miércoles 1 de julio por el coronavirus.
Benjamín Rodriguez fue otro líder indígena en Perú que falleció a consecuencia del COVID-19. Fue uno de los principales impulsores de la creación del Parque Nacional Yaguas y del Área de Conservación Regional Ampiyacu Apayacu, en la región Loreto
Humberto Chota, líder indígena peruano del pueblo Shawi, en la Triple Frontera en Loreto, la zona de frontera entre Perú, Colombia y Brasil; Silvio Valle, alcalde de Masisea y líder del pueblo Shipibo-Konibo en Ucayali y José Tijé, reconocido por ser la última persona que dominaba el Harakmbut, una lengua en peligro de extinción, son algunos de los 27 líderes y lideresas indígenas que fallecieron en Perú a causa del COVID-19.
Robinson López, coordinador de Derechos Humanos de la OPIAC, perdió la batalla frente al COVID-19. Foto: OPIAC.
En Colombia, Róbinson López, coordinador de Cambio Climático y Biodiversidad de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) falleció a consecuencia del COVID-19 luego de varios días internado en una unidad de cuidados intensivos.
José de los Santos Sauna Limaco, gobernador del Pueblo Kogui, comunidad indígena de la Sierra Nevada en Colombia, también perdió la batalla frente al COVID-19. Tenía 44 años y falleció los primeros días de agosto. En Bolivia, la nación Sura perdió a Claudio Centeno Quito, uno de sus más importantes líderes.
Con esta pandemia “se han ido millones de conocimientos ancestrales sobre la selva. Conocimientos que pueden salvar al mundo, saberes sobre el manejo de plantas, el manejo de ecosistemas que no lo sabe ningún científico. Para nosotros el mayor dolor es que se va toda una historia de nuestros pueblos”, dijo José Gregorio Díaz Mirabal, quien está al frente de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). Lea las historias completas en los siguientes enlaces:
Con la inmovilización decretada por el gobierno, las comunidades indígenas quedaron prácticamente aisladas Foto: Alejandro López.
El 22 de abril, el Gobierno transitorio de Jeanine Añez ordenó la cuarentena total del país y el cierre de fronteras. Esta inmovilización generó desabastecimiento de alimentos y problemas en el acceso a un servicio de salud adecuado para los pueblos indígenas.
Pero la cuarentena no detuvo las actividades extractivas en Bolivia. Los campos deextracción de gas y petróleo continuaron sus actividades. Las comunidades nativas denunciaron que el personal que se desplazaba a los pozos de hidrocarburos no siempre se cumplían con los protocolos de bioseguridad, situación que significaba un riesgo para los pueblos indígenas por cuyos territorios transitaban los trabajadores de estas empresas.
El último reporte de REPAM y COICA del 21 de diciembre indica que la cantidad de indígenas fallecidos por el coronavirus supera las 6 000 personas. Lea las historias completas en los siguientes enlaces:
Colombia reportó más de 1500 fallecidos de los pueblos indigenas de la Amazonía por la pandemia del coronavirus Foto: Luisa Fernanda Ortiz – WWF Colombia.
A inicios de abril, los pueblos indígenas de Colombia ya reportaban casos positivos del COVID-19 en dos comunidades: en el pueblo binacional Yukpa, en el departamento de Norte de Santander en frontera con Venezuela y en el pueblo Pastos, en el departamento de Nariño en frontera con Ecuador.
Un mes después se reportaba el avance del coronavirus en el departamento de Amazonas, uno de los más afectados por el nuevo virus en ese país. Desde el inicio de la pandemia, los líderes indígenas de los pueblos amazónicos tikuna, miraña, tariano, yukuna y ocaina, ubicados en la Triple Frontera entre Colombia, Perú y Brasil, reclamaban mayor atención para el departamento y su capital.
La falta de adecuados servicios de salud advertían una crisis sanitaria que, lamentablemente, se concretó. Carencia de equipos de protección para el personal de salud ocasionó una renuncia masiva en el hospital público. Amazonas, con una población mayoritariamente indígena, se convirtió en el departamento colombiano con más contagios por millón de habitantes en ese entonces. Ante este panorama, el gobierno anunció medidas extraordinarias para atender la pandemia en Leticia.
Los pueblos indígenas del departamento de Amazonas fueron los golpeados por el virus. Foto: Cortesía Revista Semana – León Darío Peláez.
Pero el coronavirus no fue el único peligro con el que lidiaron los pueblos indígenas en el 2020. Grupos armados asesinaron a indígenas en el norte del departamento del Valle del Cauca, mientras las comunidades embera del resguardo Pichicora Chicué Punto Alegre-Rio Chicué en Bojayá, Chocó, quedaron atrapados en medio de los enfrentamientos de dos grupos armados.
Actualmente, la cifra de indígenas fallecidos en Colombia por el COVID-19 supera los 1 500, mientras que los casos positivos están por encima de los 72 000, según estadísticas de REPAM y COICA. Lea las historias completas en los siguientes enlaces:
Chile: el factor turismo para los pueblos indígenas
Indígenas atacameños pidieron al gobierno un cordón sanitario para la comuna de San Pedro de Atacama. Foto: Consejo de Pueblos Atacameños
El fallecimiento de una mujer mapuche de la comunidad indígena Carilafquén, en la región de la Araucanía, a causa del coronavirus, fue la señal de alerta para que líderes indígenas y expertos advirtieran sobre el peligro que significaba el desplazamiento de las personas desde las ciudades hacia las zonas rurales. Esta región con un 33% de población indígena, principalmente de la etnia mapuche, fue una de las que presentó la mayor cantidad de contagios y muertes producto del COVID-19.
Las autoridades de San Pedro de Atacama, una de las zonas turísticas más visitadas del país, solicitaron que se instalara un cordón sanitario para la comuna debido al ingreso sin autorización de turistas. Lea la historia completa aquí.
Ecuador: el reclamo de las nacionalidades indígenas
Miembro de una brigada de salud realiza una prueba COVID-19 a la líder waorani Nemonte Nenquimo. Foto: Mitch Anderson / Amazon Frontlines.
Apenas el gobierno ecuatoriano decretó el estado de emergencia –el 3 de marzo– la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) tomó medidas estrictas para evitar el contagio de la enfermedad en sus comunidades: prohibieron la entrada y salida de personas de sus territorios, suspendieron actividades turísticas y cancelaron reuniones.
Sin embargo, para el 17 de abril falleció un anciano de nacionalidad Siekopai en la provincia amazónica de Sucumbíos con diagnóstico probable de COVID-19, además se reportó que alrededor de 20 personas estarían con síntomas del coronavirus. El Pueblo Shuar Arutam (PSHA), en la provincia de Morona Santiago, también informó de muertes que podrían haber estado relacionadas con el virus.
En mayo, la nacionalidad indígena waorani también reportó el fallecimiento de un integrante de la comunidad y otras dos personas en grave estado de salud. Por otro lado, los indígenas Cofán de Sinangoe reclamaron por no tener acceso a alimentos ni medicamentos, debido al rompimiento del puente que comunica su territorio con vías provinciales y nacionales.
Ahora, casi un año después del inicio de la pandemia, la cantidad de indígenas fallecidos en Ecuador suman 378 y las personas que han dado positivo al coronavirus alcanza las 14 264 personas, indica el reporte de REPAM y COICA del 21 de diciembre de 2020. Lea las historias completas en el siguiente enlace:
La comunidad indígena de Cherán, en México, tiene entre sus prioridades el cuidado de los mayores y de los niños. Foto: Facebook del Consejo de Jóvenes de Cherán Keri.
Para los purépechas que habitan Cherán, abril es un mes especial, pues representa la época en que expulsaron a quienes talaban sus bosques, empezaron un proceso legal para que reconozcan su gobierno tradicional y celebran su fiesta patronal, motivo por el cual reciben a los migrantes que trabajan en los Estados Unidos.
Pero este año, la presencia del COVID-19 los obligó a suspender las celebraciones y más bien cerraron la entrada a la comunidad. Otras comunidades indígenas purépechas siguieron el ejemplo de Cherán y cerraron sus territorios. La medida de cerrar sus fronteras también la adoptaron comunidades en estados como Oaxaca, Chiapas, Chihuahua y Guerrero.
Abel Barrera, antropólogo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, lamentó que no se diera una atención adecuada a las comunidades indígenas. Ante la falta de atención gubernamental, han sido las propias comunidades indígenas, las radios comunitarias y algunas organizaciones no gubernamentales las que han difundido información para prevenir la expansión del COVID-19. Lea la historia completa aquí.
Perú: la pandemia llegó pese al cierre de territorios
Pueblo Shipibo Konibo, en Ucayali, fue uno de los más afectados por la pandemia en Perú. Foto: Ministerio de Cultura.
A mediados de marzo, los pueblos indígenas en Perú decidieron cerrar las fronteras de sus territorios apenas se decretó la emergencia sanitaria en el país, como una forma de protegerse del coronavirus. Al mismo tiempo, solicitaron al gobierno que estableciera protocolos específicos de atención a los pueblos originarios ante una posible escasez de alimentos en las comunidades nativas, así como para revertir las deficiencias en los servicios de salud de una población vulnerable.
El 9 de abril, el presidente de entonces, Martín Vizcarra, anunció que su gobierno estaba preparando un plan específico para atender a las comunidades indígenas y amazónicas. Pero esta propuesta no se concretó hasta varios meses después.
Entre fines de abril y los primeros días de mayo, los reportes de casos de COVID-19 empezaron a llegar desde las comunidades nativas de Loreto y Ucayali. Los casos comenzaron a multiplicarse. La Triple Frontera entre Perú, Colombia y Brasil se convirtió en una zona crítica para el COVID-19 y el pueblo tikuna de Bellavista de Callarú en uno de los mas golpeados. Seis decesos por COVID-19 se reportaron en solo una semana.
Personal de salud en Santa Rosa de Serjali, en Sepahua, Ucayali. Foto: Microred de salud Sepahua.
El pueblo Shipibo-Konibo, en Ucayali y las comunidades awajún y wampis en Amazonas también fueron duramente golpeados por la pandemia. Sin medicinas, sin oxígeno y sin personal de salud suficiente, los pueblos indígenas vivieron una pesadilla.
Los planes de atención diferenciados del gobierno se empezaron a implementar dos a tres meses después de iniciada la pandemia. Perú se convirtió en uno de los países amazónicos con mayor cantidad de indígenas fallecidos por COVID-19. Según las estadísticas de REPAM y COICA, hasta el 21 de diciembre se han reportado 215 313 casos positivos del virus y 3126 fallecidos de COVID-19-
Lea las historias completas en los siguientes enlaces:
Hay «una preocupante falta de voluntad y empatía por parte de las autoridades» para atender las violaciones y vulneración de los derechos humanos e indígenas en las regiones Norte, Altos y Costa de Chiapas, denunció la Misión Civil de Observación conformada por organizaciones defensoras en la entidad.
Explicaron que las principales violaciones a los derechos en las comunidades indígenas son desplazamiento forzado, despojo de tierras, detenciones arbitrarias, tortura, hostigamiento, amenazas, criminalización hacia los defensores y la presencia de grupos paramilitares que atentan contra los pueblos de las tres regiones.
«Queremos resaltar el efecto diferenciado en las mujeres y, principalmente, en las infancias de todas las comunidades visitadas, quienes presentan graves impactos psicosociales y la falta de mínimos vitales para la vida y la dignidad de estas poblaciones», añadió la Misión.
Agregó que la situación en las comunidades se agrava por la falta de condiciones de seguridad y de acceso a la justicia, «ante la existencia de grupos paramilitares y de choque que impunemente agreden a las comunidades y que implican un riesgo latente para ellas y para quienes ejercen su derecho a defender derechos humanos».
«Nos encontramos con una grave situación de violencia en la que el Estado mexicano debe asumir la responsabilidad que le corresponde y cesar la simulación y la falta de atención para las comunidades y personas defensoras que sufren violencia en Chiapas», aseguraron las organizaciones.
A continuación el comunicado:
Entre los días 7 y 10 del presente mes de diciembre, una Misión Civil de Observación compuesta por 14 organizaciones pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) —conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana— y acompañadas por tres organizaciones internacionales[1]visitamos comunidades en las regiones Norte, Altos y Costa de Chiapas con el objetivo de documentar diferentes problemáticas de derechos humanos. Durante esos días, pudimos atestiguar situaciones críticas de vulneración de derechos fundamentales en las tres regiones, con una preocupante falta de voluntad y empatía por parte de las autoridades.
La Misión Civil de Observación (MCO) tuvo la oportunidad de visitar las comunidades de Chalchihuitán, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá, donde recogimos testimonios con personas afectadas por situaciones de desplazamiento forzado, despojo de tierras, detenciones arbitrarias, tortura, hostigamiento, amenazas, criminalización, entre otras agresiones. Por otro lado, también se llevaron a cabo reuniones con autoridades de los tres niveles de gobierno para conocer el seguimiento que están dando a las diferentes problemáticas y casos concretos.
Las organizaciones de la Red TDT que participamos en esta Misión Civil de Observación queremos expresar nuestra preocupación por el contexto de violaciones sistemáticas y estructurales de derechos humanos que hemos podido documentar en las tres regiones, especialmente queremos resaltar el efecto diferenciado en las mujeres y, principalmente, en las infancias de todas las comunidades visitadas quienes presentan graves impactos psicosociales y la falta de mínimos vitales para la vida y la dignidad de estas poblaciones.
Igualmente alarmantes resultan la situación de insuficiencia alimentaria, los inexistentes servicios de salud y medicamentos –incluso para quienes han resultado heridos durante las agresiones contra las comunidades– que sumados a la situación de desplazamiento forzado amenazan y ponen en riesgo la vida de cientos de personas. Dichas situaciones se agravan por la falta de condiciones de seguridad y de acceso a la justicia, ante la existencia de grupos paramilitares y de choque que impunemente agreden a las comunidades y que implican un riesgo latente para ellas y para quienes ejercen su derecho a defender derechos humanos. En ese sentido, también destacamos las amenazas de muerte, agresiones directas y actos de criminalización en contra de personas defensoras y de ayuda humanitaria, que realizan su labor en un clima de violencia generalizada.
Además, las organizaciones de la Red TDT denunciamos la falta de voluntad y empatía de las autoridades que permite la continuidad de una grave situación de violaciones a derechos humanos. Es indignante la situación de violencia estructural que se permite e, incluso, se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposición para atender el conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades. A esto se suma un claro problema de falta de acceso a la justicia que también se relaciona con la inoperancia de las fuerzas de seguridad pública para frenar la violencia y la falta de actuación de la Fiscalía del Estado aún cuando tienen claro conocimiento de los responsables de los ataques armados.
También hacemos un llamado para que Cristóbal Santis Jiménez, preso político por su labor de denuncia de las agresiones sistemáticas a las comunidades de Aldama sea puesto en libertad de manera inmediata.
Finalmente, queremos señalar que la Misión Civil de Observación se reunió con autoridades de gobierno de los tres niveles sin que se pudieran llegar a acuerdos concretos y seguimientos que logren garantizar la dignidad y la vida de las personas. Hoy, 10 de diciembre de 2020, Día Internacional de los Derechos Humanos, nos encontramos con una grave situación de violencia en la que el Estado mexicano debe asumir la responsabilidad que le corresponde y cesar la simulación y la falta de atención para las comunidades y personas defensoras que sufren violencia en Chiapas.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)
(Conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana)
Con el acompañamiento de Médicos del Mundo, Servicio Internacional por la Paz (SIPAZ), Movimiento Sueco para la Reconciliación (SweFOR).
Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/denuncian-falta-de-voluntad-politica-para-atender-violaciones-a-derechos-humanos-en-chiapas/
Los 400 jóvenes hablantes de lenguas originarias y sus variantes dialectales, beneficiados de la Estrategia Nacional de Iniciación a la Docencia en el Medio Indígena, recibieron este miércoles el pago de su beca, resultado de las gestiones realizado por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa para impulsar este proyecto único en el país y respaldar la educación de los pueblos originarios de la entidad.
El director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, dio a conocer que mediante estas acciones, las cuales puede seguirse a nivel nacional, se respalda a los egresados de bachillerato originarios de comunidades que requieren de profesores en escuelas de los niveles de educación inicial, preescolar y primaria.
Estos apoyos -dijo- son posible gracias a los acuerdos respetuosos que establecieron el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Gobierno del Estado, mediante el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y el magisterio oaxaqueño, para la formación de futuros maestras y maestros en este nivel y garantizar el acceso a la prestación de servicios educativos en las comunidades y pueblos originarios de la entidad, y que representa una demanda de años anteriores.
Los 400 jóvenes, tras una valoración académica de ingreso y seleccionados por el IEEPO, el magisterio, padres, madres de familia y autoridades municipales, son capacitados para impartir los niveles de educación inicial, preescolar y primaria con el apoyo de una beca mensual.
Por ello y siguiendo los protocolos sanitarios, las y los jóvenes acudieron a la Pagaduría ubicada en San Felipe del Agua, para recibir los pagos correspondientes al último cuatrimestre del año.
En este sentido, el titular de la Unidad de Educación Indígena del IEEPO, Omar Lara Juárez, precisó que el interés del director general, Francisco Ángel Villarreal, es apoyar a las y los jóvenes bachilleres para que se queden en sus comunidades y no tengan que salir de ellas en busca de mejores oportunidades, así como brindar servicios educativos en donde se requiere con el fortalecimiento de las lenguas originarias.
El becario Feliciano Carballido Epitacio, originario de San Juan Mazatlán y hablante de la lengua mixe, señaló que participar en la Estrategia Nacional de Iniciación a la Docencia en el Medio Indígena, representa una oportunidad valiosa y única en participar en la formación educativa de las niñas y niños de Santiago Ixcuintepec y apoyar en la preservación de su oralidad originaria.
Así también Liliana Ortega Diego, de San Rafael, Santa María Chilchotla, dijo sentirse respaldada por parte del IEEPO para continuar con su preparación profesional como docente, ya que al terminar su bachillerato cuenta con un apoyo económico, la oportunidad de enseñar a escolares en educación preescolar y de mantener viva la lengua originaria de la Raya Licona, San Miguel Soyaltepec, que es el mazateco, la cual ella habla.
El sueño de Alma Avendaño Mendoza de Santiago Quiavicuzas, San Carlos Yautepec, se cumple al participar en estas acciones educativas y enseñar a los escolares conocimientos en zapoteco. “Me siento contenta, porque desde pequeña tuve esta inquietud de ser maestra y con esta beca, ahora se hace realidad”, declaró.
La impunidad se ha convertido en la única respuesta de las autoridades costarricenses frente a la ola de asesinatos y hostigamientos contra líderes indígenas y defensores de los derechos humanos.
Ante este contexto de violencia que atenta contra los derechos, 46 organizaciones suscribieron un comunicado, publicado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), donde expresaron su preocupación por la impunidad estructural hacia los defensores de los pueblos indígenas.
En el comunicado alertaron que en Costa Rica rige la impunidad. Por eso, exigieron que se realice investigaciones transparentes encaminadas al establecimiento de la verdad. También solicitaron sanciones de todos los actos de violencia contra los líderes indígenas.
Piden al Estado desarrollar nuevas medidas que aseguren el bienestar y la vida de los activistas indígenas costarricenses.
País marcado por la impunidad
El pronunciamiento de las organizaciones surge porque desde el 2012 han documentado y denunciado varios casos de violencia e impunidad contra los pueblos indígenas Bribri y Brörán, ubicados en Salitre y Térraba respectivamente.
Según el informe, los pueblos indígenas denunciaron reiteradas veces la ola de violencia que vivían. Por eso, la Comisión Internacional de Derechos Humanos les otorgó medidas cautelares internacionales (MC-312-12); sin embargo, estas no se han cumplido ni respetado.
En su pronunciamiento, las organizaciones recordaron los casos de los activistas indígenas Sergio Rojas y Jehry Rivera, quienes eran beneficiaros de medidas cautelares, pero fueron asesinados cuando defendían sus pueblos.
Con relación al caso de Rojas, el pasado 24 de setiembre la Fiscalía notificó a la familia su decisión de archivar la investigación. Mientras que la familia de Rivero, principal testigo del asesinato, sufre constantes amenazas.
Las organizaciones advierten que, desde el asesinato de Sergio Rojas, las comunidades indígenas han experimentado un aumento de agresiones. Además, informaron que las investigaciones referentes a estos casos son inadecuadas y que no se otorga protección a víctimas ni testigos.
Hasta el momento, las autoridades costarricenses no han impuesto medidas cautelares efectivas como la prisión preventiva a los agresores, tampoco han condenado a ningún responsable.
El activista indígena Sergio Rojas, de 59 años, fue asesinado a balazos en su habitación. Foto: Laura Rodríguez
Basta de impunidad
Las organizaciones también denunciaron las amenazas e intentos de homicidio que sufren Pablo Sibar y Minor Ortiz, ambos líderes indígenas que son beneficiarios de medidas cautelares.
Alertan que desde la llegada de la pandemia se han incrementado los ataques físicos contra los activistas indígenas, porque ellos han redoblado los esfuerzos para salvaguardar sus territorios.
El informe revela que el Estado aún no ha implementado ninguna medida concreta para proteger su vida e integridad de los defensores de los derechos.
“La impunidad estructural ha garantizado la repetición de los ataques contra las personas defensoras de los derechos de sus territorios, incluso por parte de los mismos perpetradores”, señaló el pronunciamiento.
Ante este escenario, las organizaciones llaman al Gobierno de Costa Rica a llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial con resultados al corto plazo incluyendo la sanción de personas responsables por los constantes ataques, los asesinatos, y amenazas contra las y los defensores indígenas. Instan a que se reabra el caso del activista Sergio Rojas.
Foto: Costa Rica Ilustra
Costa Rica: Organizaciones internacionales hacen un llamado para que cese la violencia e impunidad en casos de personas defensoras de los pueblos indígenas
En marzo del año pasado, el líder indígena Sergio Rojas, fue asesinado en su hogar tras recibir el impacto de 15 balas. El ataque brutal captó la atención internacional. La semana pasada, el Estado de Costa Rica, típicamente considerado como un líder en el hemisferio en materia de derechos humanos, sorprendió con la notificación del archivo fiscal del caso sin identificar ni sancionar a los responsables, argumentando que no había sido posible individualizar al imputado.
Ante un contexto de violencia e impunidad que enfrentan las y los defensores indígenas en Costa Rica, organizaciones nacionales e internacionales hacen un llamado al gobierno de Costa Rica para que lleve a cabo las medidas necesarias para que cese la impunidad y la violencia.
San José, 05 de octubre de 2020.- Las organizaciones de derechos humanos que suscriben este comunicado expresan su profunda preocupación por la situación de impunidad estructural, vigente en Costa Rica hacia personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas. La impunidad sigue siendo la respuesta oficial a las reiteradas amenazas, hostigamiento, violencia y homicidios que actualmente enfrentan líderes indígenas y personas defensoras de derechos humanos en el país. Esta impunidad pone en riesgo la vida de todas las personas defensoras de derechos en Costa Rica.
Desde el 2012, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han documentado y denunciado varios casos de violencia e impunidad contra los pueblos indígenas Bribri y Brörán ubicados en Salitre y Térraba respectivamente, territorios al sur de Costa Rica. En este contexto de creciente violencia contra los pueblos Bribri y Brörán y sus continuos esfuerzos denunciando violaciones ante instancias nacionales e internacionales, las comunidades han sido otorgadas medidas cautelares internacionales (MC-312-12) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, estas medidas cautelares no se han respetado ni cumplido. Desde el 2019, dos integrantes de la comunidad han sido asesinados y decenas más heridos de gravedad, desalojados por la fuerza y amenazados de muerte.
En marzo de 2019 fue asesinado el beneficiario de medidas cautelares y líder indígena, Bribri, Sergio Rojas, quien defendía los derechos de los pueblos indígenas frente a la ocupación ilegal de sus territorios. Tras una breve e inadecuada investigación y sin identificar a los responsables, el pasado 24 de septiembre la Fiscalía notificó a la familia de Sergio, su decisión de archivar la investigación, garantizando la impunidad de los responsables e infringiendo el deber estatal de identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del crimen y efectivamente, asegurando más violencia.
Desde el asesinato de Sergio Rojas, las comunidades indígenas en los Territorios Indígenas de Salitre, Térraba, Cabagra, China Kichá, Maleku y otros han experimentado un aumento de los ataques. Sin embargo, persisten los obstáculos para denunciar, las investigaciones son inadecuadas, no se otorga protección a víctimas ni testigos, no se imponen medidas cautelares efectivas como la prisión preventiva a los agresores, y ningún responsable ha sido condenado. Así, la impunidad estructural ha garantizado la repetición de los ataques contra las personas defensoras de los derechos de sus territorios, incluso por parte de los mismos perpetradores. Impunidad que contrasta con los procesos judiciales contra personas indígenas recuperadoras, que les imposibilitan habitar y trabajar sus tierras, y sin que exista una adecuada rendición de cuenta por parte del Estado de los procesos judiciales que involucran a personas indígenas.
En febrero de 2020, un segundo beneficiario de medidas cautelares de la CIDH y líder indígena Brörán, Jehry Rivera, fue asesinado mientras defendía pacíficamente sus tierras ancestrales. Murió en presencia de la policía, la cual dejó su cuerpo en la calle mientras los agresores continuaban agrediéndolo con profunda brutalidad, actos que fueron frenados gracias a la valiente acción de sus hermanos y hermanas indígenas. Continuando la impunidad y clima de vulnerabilidad, los perpetradores confesos fueron puestos en libertad. Tras su impune asesinato, su familia y la principal testigo del asesinato han sufrido diversas amenazas y agresiones, sin que se realicen las correspondientes investigaciones de oficio ni se les hayan garantizado medidas de protección adecuadas.
Pablo Sibar, también beneficiario de medidas de la CIDH, líder comunitario, y defensor indígena de los derechos del pueblo Bröran, ha sufrido diversas amenazas de muerte y ataques físicos, incluso incendiarios, los cuales han incrementado desde marzo de 2020 como consecuencia de su labor en la misma región, impulsando iniciativas de resistencia pacífica para la restitución de tierras indígenas que fueron usurpadas por ocupantes no-indígenas. Estos ataques todavía no han sido investigados ni los responsables sancionados.
Minor Ortíz, defensor indígena Bribri, ha sufrido constantes amenazas de muerte y agresiones, incluyendo 6 intentos de homicidio, los cuales lo han llevado a vivir con una bala en cada pierna y una marca de hierro caliente en su pecho. Tras el último intento de homicidio en marzo de 2020 y recibir un balazo en la pierna, el perpetrador, fue liberado y únicamente recibió medidas de restricción que no ha sido respetadas. A pesar de las numerosas denuncias formales ante las autoridades y los reportes de amenazas de muerte contra Minor y su familia, el Estado aún no ha implementado ninguna medida concreta para proteger su vida e integridad.
De igual forma, se han realizado diversas denuncias en el ámbito nacional e internacional por las agresiones sufridas por mujeres defensoras de los derechos de su territorio, Bribri y Brörán. El 12 de julio de 2019 el rostro de una lideresa indígena fue rociado con químicos y al menos dos defensoras denunciaron haber sido amenazadas con armas dentro de su territorio.
Manifestamos nuestra profunda preocupación en relación con que, hasta la fecha, el Estado no ha llevado a la justicia a ningún perpetrador de violencia contra las y los Bribri y Brörán.
Hacemos un llamado al Gobierno de Costa Rica a llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial con resultados al corto plazo incluyendo la sanción de personas responsables por los constantes ataques, los asesinatos, y amenazas contra las y los defensores indígenas.
Instamos al Estado de Costa Rica a que reabra el caso de Sergio Rojas y cumpla con su deber y obligación de sancionar a sus agresores.
Llamamos a que el Estado lleve a cabo investigaciones transparentes encaminadas al establecimiento de la verdad y persecución y la sanción proporcional de todos los actos de violencia y amenazas contra defensores de derechos de acuerdo con los estándares internacionales.
Costa Rica es sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un faro para los derechos humanos en el hemisferio, con este honor viene la obligación de demostrar que las personas defensoras están a salvo dentro de sus fronteras. ¡Esta impunidad no puede tolerarse!
Lista de organizaciones que apoyan la declaración
Agora Association, Turkey
AIDA Americas
Arraigo ONG, Costa Rica
Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)
Asociación Paz y Esperanza, Perú
Asociación Servicios Educativos Rurales, Perú
Center for International Environmental Law (CIEL)
Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos
Centro de Investigación y Defensa Sur (CIDSUR), Chile
Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (CEJIL)
Chirapaq, Centro de Culturas Indígenas del Perú, Perú
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Colombia
Continental Network of Indigenous Women of the Americas (ECMIA)
Corporación La Caleta, Chile
Culture Hack Labs
Emmaus Aurinkotehdas ry, Finland
Environmental Defender Law Center (EDLC)
Environmental Justice Foundation (EJF)
Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI)
Forest Peoples Programme (FPP)
Front Line Defenders (FLD)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
groundWork, Friends of the Earth, South Africa
Indigenous Peoples Movement for Self Determination and Liberation (IPMSDL)
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH)
International Indigenous Peoples Movement for Self-Determination & Liberation (IPMSDL)
Lawyers’ Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples (LAHURNIP)
Lawyers’ Committee for Human Rights, YUCOM, Serbia
Legal Resources Centre
Londres 38, Chile
National Alliance of People’s Movements of India
New Wind Association, Finland
Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos (FIDH-OMCT)
Organización Fraternal Negra Hondureña OFRANEH, Honduras
Oyu Tolgoi Watch and Rivers without Boundaries Coalition, Mongolia
Open Briefing
Porgera Red Wara (River) Women’s Association Incorporated (PRWWA INC.), Papua New Guinea
Project HEARD
Protection International Mesoamérica
Public Association “Dignity”
Rainforest Fund
Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH)
RESAMA – Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales
Sisters’ Arab Forum for Human Rights (SAF), Yemen
Success Capital
* Dr. Marco Guevara Berger, catedrático de la Universidad de Costa Rica
* Prafulla Samantara (Goldman Environmental Prize Recipient 2017 for Asia)
* Pofesora Xinia Zuñiga Muñoz, Investigadora Cicde- Uned y Ucrea, Universidad de Costa Rica
Fuente e imagen: https://www.servindi.org/actualidad
Nadie tiene un conteo de los contagios y muertes por Covid en las comunidades de la Montaña. El gobierno estatal se basa en el registro que llevan los hospitales para dar las “cifras oficiales”. En las comunidades indígenas las personas pueden morir de Covid-19 y no ser parte de la estadística, los decesos que deja la pandemia no existe forma de saber si son por coronavirus, ni siquiera hay pruebas para el diagnóstico.
Desde que empezó la pandemia en el país, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ha documentado un alza en la población que viaja a los campos agrícolas en autobuses en mal estado, sin seguro de viajero y llevando a los niños en los pasillos o en las piernas la mayoría de veces.
“Tan solo del mes de abril a julio se tiene el registro de 4 mil 800 personas que migraron, un 150% más que el año pasado. En las comunidades los precios de los productos han subido, no hay empleo y prefieren arriesgarse e irse a trabajar que morir de hambre en su comunidad”, dice el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernandez.
Gerardo tiene 21 años, es Na savi (gente de la lluvia), de la colonia de Rancho de los Hilarios, anexo de Calpanapa, municipio de Cochoapa el Grande, enclavada en la región de la Montaña del estado de Guerrero. Estudió hasta el 4to. año de primaria y él, como la mayoría de las y los habitantes de su comunidad, no tienen otra opción más que migrar a los campos agrícolas del norte del país.
A la edad de 10 años empezó a ir con su papá a los campos, como a los 16 años inició su trabajo. “De niño no hay nada que hacer, nada más jugar con los otros niños. En los campos empezamos a sembrar chiles y cuando están buenos los cortamos. Aquí en la comunidad se siembra maíz, calabaza, frijol, no hay otra cosa que funcione porque es cerro, aquí pura milpa”.
Victoria es la esposa de Gerardo. Tiene 16 años, es de la comunidad de Calpanapa y solo habla Tuú Savi. Se juntó cuando tenía 15 años. Se le ve un silencio profundo en el rostro.
“Cuando nació pensé que iba a crecer, que iba a salir bien todo, pero a los tres o cuatro días empezó a estar mal y comencé a preocuparme. Nació el 8 de mayo de este año, en Rancho de los Hilarios, ahí estuvimos como un mes y luego nos fuimos a trabajar”, cuenta Gerardo.
“La niña cuando nació no podía respirar ni alimentarse bien, estuvo así como un mes y días. Llegamos allá a inicios de junio y al primer hospital que la llevamos, ya llegó mal, no podía respirar y la entubaron, después la mandaron al Centenario Hospital Miguel Hidalgo en Aguascalientes, ahí estuvo como dos meses y me dijeron que su corazón ya no aguantaba.
“Yo pensé que tenía mucha flema o algo así, pero no, era otra cosa. A lo mejor así nació. Lo primero que me dijeron en el hospital es que era covid-19, pero luego dijeron que no y que su garganta era pequeña y que al respirar se tapaba; no podía comer leche y la operaron para meter una sonda, eso fue un viernes. El miércoles falleció. De ahí venimos para acá”.
Acompañados por sus padres y en medio de la lluvia, tuvieron que dar sepultura a su hija como a media noche porque no hubo rezos, ni el sacerdote ni el rezandero quisieron acudir porque la niña no fue bautizada.
Gerardo y Victoria sólo regresaron a la Montaña para enterrar a su pequeña hija, la trasladaron en una carroza desde Aguascalientes, les cobró 23 mil pesos, de los cuales deben más de la mitad, por ello regresarán en unos días a esos mismos campos para volver a trabajar y pagar su deuda.
“Podemos tardar un poco para regresar porque tengo que hacer unas cartas, así me dijo la funeraria, que tengo que ir y llevar un papel, pero no sé qué, no me acuerdo para qué me dijo que era ese papel, pero tenemos que entregarlo para que salga bien, para que me den un acta de nacimiento, algo así. Me siento mal, no puedo ni pensar en nada. No estaba registrada, pero se llama Alexa Fernanda”.
Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/reportaje-morir-de-covid-19-en-los-pueblos-indigenas-de-mexico-y-no-contar-ni-en-las-estadisticas/
Lleva apareciendo en mi televisor varias semanas, pero me hago la desentendida y busco películas por otro lugar, es un documental sobre la violencia que vivieron las comunidades indígenas en Guatemala en el tiempo de dictadura. Qué fácil poder cambiar de canal o fingir que una imagen no está en la pantalla de un televisor. Más de 200 mil desaparecidos, dice en letras grandes, pero yo no lo quiero ver, no ahora que estoy relajándome viendo documentales sobre cultura, gastronomía y cualquier otra cosa menos sobre lo que duele. Qué fácil, insisto, poder cambiar de canal y fingir que esa imagen no existe, por lo menos momentáneamente.
Decir, hoy no quiero ver tal cosa, poder elegir. Pero esas miles de familias que vivieron la violencia por parte del Estado en Guatemala no tuvieron opción de nada, fueron masacradas, torturadas, desaparecidas. ¿Cuántos fueron en realidad? Oficialmente acaso 200 mil, pero cuántos fueron. ¿A cuántas niñas, adolescentes y mujeres violaron?, ¿cuántas quedaron embarazadas de esa violación?, ¿qué fue de ellas?, ¿qué fue de todas esas familias que salieron al exilio, huyendo? Dejaron en el camino todo, muchas dejaron hijos, cónyuges, padres, hermanos desaparecidos, asesinados. Muchas nunca lograron el retorno y estas personas murieron en el exilio, no solamente lejos de su tierra, pero lejos de la justicia, una justicia que aún no llega.
200 mil, en letras grandes y yo cambio de canal. ¿Cómo le hicieron para sobrevivir todos estos años? Me refiero al dolor, al estigma, a la pérdida, con el delirio, con las ganas de gritar en una sociedad racista, clasista y haragana que se niega a pronunciar siquiera la palabra genocidio mucho menos a reconocerlo. A reconocer que en Guatemala hubo crímenes de lesa humanidad. Y el tiempo sigue pasando y la memoria histórica se empolva cada día más, abandonada, solitaria, despojada en el olvido colectivo. Porque nos empeñamos en hablar del presente sin atrevernos a pronunciar los nombres de los desaparecidos, sin hablar de justicia, sin leer de historia, sin devolver lo robado. Sí, sin hacer como sociedad que los que se robaron devuelvan lo que les quitaron a tantas comunidades que hasta el día de hoy siguen peregrinando porque las arrancaron de sus tierras. Tierras que hoy tienen las grandes franquicias de la estafa en contubernio con un Estado opresor, con la misma tiranía de siempre.
Cómo fue la vida de aquellos jóvenes que hoy son abuelos, el hilo emocional que traspasaron a las generaciones de hijos y nietos. Es fácil olvidar lo que nos cuestiona y encara como sociedad, tan fácil como cambiar de canal en un televisor. Pretender es lo más común, fingir que nada pasó, que otros fueron los culpables y que lo mejor será borrón y cuenta nueva. ¿Y los niños que desapareció el Estado en los tiempos de dictadura? ¿Cómo han vivido todos estos años, qué fue de ellos, de sus familias de sangre? La ausencia, el vacío, la búsqueda, la frustración, el dolor, la insistencia o la resignación. 200 mil, por decir un número pero, ¿y las fosas clandestinas? ¿Los que andan hoy en los 40 años viviendo en algún lugar del mundo con un apellido distinto, en otras familias, tendrán pesadillas o les habla el inconsciente acerca de un pasado en otro lugar, con otras personas? ¿Y los padres que perdieron a sus hijos?, ¿cómo vivieron todos estos años? ¿Los que sobrevivieron a las torturas? 200 mil, y cambio de canal.
Y la justicia ausente y la impunidad perversa. Retrocedemos en cada elección presidencial, siempre le apostamos al más ruin porque nos representa a cabalidad, al más machista, al más racista, al más clasista, al más pedante, al más estafador y lo aplaudimos porque es un espejo donde nos reflejamos. Porque no nos importa lo que les pasó a los otros, lo que viven los otros: los ultrajados, empobrecidos, excluidos que obligamos a emigrar. 200 mil hace 40 años pero vemos que hoy en día, grupos armados que son enviados por las oligarquías se roban las tierras de poblaciones completas, entran a comunidades y les queman sus casas, sus siembras y los sacan de sus tierras como en los tiempos de aquella otra dictadura y no miramos pero ni soslayo para allá. Mejor cambiamos de canal, de página, de red social. Porque es mejor fingir, no ver, no saber, que hacer algo al respecto.
Por eso hundimos cada día más a Guatemala, porque permitimos con nuestra pasividad y desmemoria que los ruines hagan y deshagan con los más vulnerados. Podremos cambiar de canal, no ver documentales, no leer los libros que cuentan los testimonios o verlos, leerlos y ya cambiar de hoja, ignorar a los sobrevivientes aunque vivan en la casa siguiente, o limpien nuestras casas, encerrarnos en nuestra pequeña y mísera burbuja de comodidad pero eso no elimina la realidad ni el pasado; estamos caminando sobre huesos de masacrados en las innumerables fosas clandestinas que hay a lo largo y ancho del país. Y esos huesos hablan, son la memoria histórica que aunque nos neguemos a ocultar está ahí como un enorme elefante blanco.
Y muy a pesar nuestro, de nuestra desidia, de cuando en cuando se producen encuentros entre familiares que la dictadura separó, muchos cuando apenas eran unos niños. Cada abrazo entre hermanos, entre padres e hijos, entre abuelos y nietos que tenían 40 años de no verse, de darse por muertos, es un triunfo de la vida ante la opresión, ante la injusticia, ante la desmemoria colectiva. Cada encuentro es un botón de la esperanza que nos dice que no importa qué tan poderosa sea la impunidad, siempre la honra de la vida florecerá.
Así nos lo mostró el reciente reencuentro entre las hermanas Teresa Pérez Ramos y Teresa Pérez Rodríguez que después de 38 años separadas se volvieron a ver. La señora Teresa Pérez Rodríguez desapareció durante la dictadura cuando apenas tenía 9 años. El reencuentro se produjo en el departamento del Quiché, en el municipio de Chajul el 5 de agosto de 2020. El departamento de Quiché fue uno con los que más se ensañó el Estado en tiempos de dictadura, la mayor parte de su población es indígena. Este reencuentro debería tener a Guatemala entera brincando de felicidad.
Las hermanas Teresa Pérez Ramos y Teresa Pérez Rodríguez que después de 38 años separadas se volvieron a ver. Fuente: Ruda.
Fuente e imagen: https://cronicasdeunainquilina.com
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