América del Sur/Colombia, 6 de junio de 2017. Fuente: lanacion.com.ve
El Gobierno Nacional decidió prorrogar por 32 meses el plazo para que las universidades del país culminen los procesos de acreditación de 139 programas de licenciaturas que debían cerrarse a partir de este viernes, por no tener el registro calificado.
La decisión quedó consignada en el Decreto 892 expedido la semana pasada, como parte de las medidas para la implementación de los acuerdos de paz.
En el mismo sentido, creo un concurso especial para docentes que laborarán en los nuevos territorios de paz.
La Esap ejecutará un amplio plan de capacitación para los empleados de los 177 municipios escogidos en estas regiones.
El salvavidas evitará por ahora el cierre de los programas de licenciatura ofertados en las universidades regionales.
Según la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo) los programas académicos de licenciaturas a nivel de pregrado que tengan como mínimo cuatro cohortes de egresados y que no se encuentren acreditados en alta calidad, deberán obtener dicho reconocimiento en un plazo de dos años contados a partir del 9 de junio de 2015.
La no acreditación genera automáticamente la pérdida de vigencia del registro calificado otorgado para el funcionamiento de esos programas.
Según el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Saces) y el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies), de los 263 programas académicos de licenciaturas que no están acreditados, el 59.7% se encuentran en los departamentos escogidos para ejecutar planes de desarrollo con enfoque territorial. (Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Cesar, Chocó, Caquetá, Córdoba, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Sucre, Tolima y Valle del Cauca).
SIN ACREDITACIÓN
De los 263 programas académicos de licenciaturas que no están acreditados y que cumplen con el requisito de cohorte, 88 no iniciaron el proceso de acreditación y, por lo tanto, el próximo 9 de junio perderían su registro calificado.
De estos 88 programas académicos, 55 son ofrecidos y desarrollados por instituciones de educación superior en las regiones más golpeadas por el conflicto armado. Los otros 175 que adelantan el proceso. De estos 99 se encuentran en las zonas más deprimidas, seleccionadas como escenarios de convivencia pacífica.
Hasta el 9 de mayo del 2017 el Consejo Nacional de Acreditación había evaluado el 91.4% de las solicitudes presentadas. Esta evaluación arrojó como resultado que 51 programas de licenciatura no cumplen con las condiciones para alcanzar la acreditación en alta calidad, y por lo tanto perderían el registro calificado.
En total 139 carreras (88 que no iniciaron el proceso y 51 que no cumplen con los requisitos) saldrían del mercado. De estas 106 se ofrecen en los 19 departamentos donde se iniciará la implementación de los acuerdos de paz, lo que representará una barrera.
EFECTOS
El Sistema Nacional de Información de Educación Superior reportó que por lo menos 9.200 estudiantes matriculados se verían afectados de entrada por el desmonte de estos programas sin acreditación.
El cierre de estos programas de licenciaturas impediría además, el acceso directo a la educación superior de nuevas promociones de jóvenes nacidos en los municipios priorizados y los que se incorporen en el futuro en cumplimiento de los acuerdos de paz.
La supresión de estos programas académicos de licenciaturas, incidirán directamente en estas zonas afectadas por el conflicto armado.
IMPACTOS SOCIALES
La pérdida de los registros calificados también terminaba impactado la cobertura y el acceso a la educación superior aumentado la brecha de inequidad en las zonas rurales, especialmente en las que han sufrido los efectos directos del conflicto armado y que han sido priorizadas para la implementación del acuerdo de paz.
Por lo menos 13.250 cupos se dejarán de ofertar anualmente a partir de este año en estas regiones y por lo menos 1.600 licenciados no podrán ejercer sus cargos.
De paso pondrá en aprietos a las Escuelas Normales, en los procesos de formación complementaria al no poder firmar los convenios con las instituciones de educación superior.
PRÓRROGA
Ante esta circunstancia que se presentaría a partir del próximo viernes, el Gobierno Nacional creó un régimen transitorio para la acreditación en alta calidad de los programas académicos de licenciaturas a nivel de pregrado. En estas condiciones, las universidades tendrán un plazo adicional de 32 meses para cumplan con la exigencia de la acreditación en los programas ofrecidos en departamentos priorizados para la implementación de los acuerdo de paz.
Capacitación para servidores públicos
La Escuela Superior de Administración Pública (Esap) jugará también otro rol clave en el posconflicto.
La entidad en coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública, diseñará y ejecutará anualmente programas de formación y capacitación dirigidos a fortalecer las competencias, habilidades, aptitudes y destrezas que requieran los servidores públicos de los municipios en los cuales se pondrán en marcha los planes y programas para la implementación del acuerdo de paz.
El Gobierno Nacional establecerá para el ingreso a los empleos públicos de los municipios priorizados para la implementación de los planes y programas del acuerdo de paz un sistema específico de nomenclatura, de requisitos, competencias, de salarios y prestaciones, que responda a las particularidades económicas, sociales, educativas y culturales de la población.
El Gobierno Nacional adoptará un sistema de estímulos para los servidores públicos de’ los municipios priorizados para la implementación de los planes y programas del Acuerdo de Paz, que ingresen a la administración pública por medio de los procesos de selección objetiva e imparcial. Este sistema está integrado por programas de bienestar e incentivos que interactúan con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de los empleados del Estado en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales y dentro de ellos se contemplarán las condiciones particulares de las’ personas vinculadas, su entorno y su capacidad de adaptación. (Decreto 894 de 2017).
Concurso especial para docentes
El Gobierno Nacional anunció un concurso especial de méritos para la provisión de las plazas de educadores en zonas afectadas por el conflicto armado.
La medida está contemplada en el Decreto 882 de 2017 para garantizar el nombramiento de maestros permanentes especialmente en las zonas rurales de los municipios escogidos como territorios de paz.
La provisión de vacancias definitivas pertenecientes a la planta de cargos para las zonas afectadas por el conflicto armado se hará mediante un concurso de méritos de carácter especial convocado por la Comisión Nacional del Servicio Civil previa convocatoria y aplicación de las pruebas respectiva.
El Ministerio de Educación Nacional definirá las zonas en las cuales se adelantará el concurso de méritos de carácter especial con base en la priorización de municipios que realice el Gobierno Nacional.
El Ministerio de Educación deberá limitarse exclusivamente a aquellos municipios en los que existan dificultades para la provisión de planta en razón a la falta de oferta de docentes profesionales.
El Gobierno Nacional establecerá los requisitos especiales que se tendrán en cuenta en el desarrollo de las etapas, relacionados con la acreditación de la experiencia docente adquirida en las regiones de conflicto armado, el domicilio de los aspirantes y la declaración de víctima otorgada por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
El concurso de carácter especial solo podrá convocarse por una única vez, en las zonas definidas.
PLANTAS DE CARGOS
Dentro de la planta de cargos docentes y directivos docentes de las entidades territoriales certificadas, previa viabilidad técnica y financiera del Ministerio de Educación y análisis del comportamiento histórico de la matrícula, se definirá una planta de cargos destinada exclusivamente a la prestación del servicio educativo en instituciones educativas ubicadas en las zonas afectadas por el conflicto armado.
La definición de la planta de cargos tendrá como base .la distribución eficiente de las plantas de cargos docentes y directivos docentes existentes en la respectiva entidad territorial certificada, y su ampliación estará sujeta a la sustitución de la matrícula contratada, siempre y cuando no supere los costos de dicha contratación.
REQUISITOS ESPECIALES
Para participar en el concurso especial se requiere acreditar alguno de los siguientes títulos académicos:
Bachiller, cualquiera sea, su modalidad de formación; técnico profesional o laboral en educación. Tecnólogo en educación.
Normalista Superior, expedido por una de las escuelas normales superiores reestructuradas, expresamente autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional.
Licenciado en educación u otro título del nivel profesional universitario expedido por una institución de educación superior, de conformidad con la afinidad de los títulos para el ejercicio de la docencia que establezca el Ministerio de Educación Nacional.
Para el cargo de director rural o coordinador, se deberá acreditar como mínimo el título de normalista superior y experiencia mínima en el ejercicio de la función docente de tres años.
Para el cargo de rector se deberá acreditar título de licenciado en educación u otro título del nivel profesional universitario una experiencia mínima de cuatro años en el ejercicio de la función docente de conformidad con la afinidad de los títulos para el ejercicio de la docencia que establezca el Ministerio de Educación Nacional.
En el proceso de concurso docente la autoridad competente valorará la experiencia comunitaria y el arraigo territorial del candidato en el proceso de evaluación.
CARRERA DOCENTE
Quienes superen el concurso de méritos de carácter especial serán vinculados al servicio educativo estatal, y solo una vez sea aprobada la evaluación del período de prueba, tendrá derecho a inscribirse en el Escalafón Docente de que trata el Decreto Ley 1278 de 2002, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 21 de la citada normativa para cada uno de los grados.
La inscripción en el Escalafón Docente se debe realizar en un plazo no mayor de tres años contados a partir de la posesión en periodo de prueba.
Estos educadores solo podrán ocupar cargos del sistema especial de carrera docente en otros lugares del país, previa aprobación de un nuevo concurso convocado por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Fuente de la noticia: http://www.lanacion.com.co/index.php/social/item/288776-educacion-salvavidas-para-la-paz
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