Page 1 of 19
1 2 3 19

Descolonización, crisis climática y mejora de la educación mediática en el Pacífico

Traducido por Caro Taraborelli

Hace cinco décadas que David Robie escribe sobre el Pacífico

Global Voices entrevistó al veterano educador y escritor David Robie, que habló sobre el estado de los medios en el Pacífico, la enseñanza del periodismo y el rol de la prensa en el tratamiento de la descolonización y la crisis climática.

El profesor Robie es uno de los ganadores de la Orden del Mérito de Nueva Zelanda de 2024, y está en la lista de honor del cumpleaños del Rey por sus «servicios al periodismo y a la educación mediática en Asia y el Pacífico”

Su carrera periodística abarca cinco décadas. En 1994 fue el editor fundador de la revista Pacific Journalism Review, y en 1996 creó Pacific Media Watch, grupo observador de los derechos humanos en los medios. Fue director del departamento de periodismo de la Universidad de Papúa Nueva Guinea de 1993 a 1997, y de la Universidad del Pacífico de 1998 a 2002. Mientras enseñaba en la Universidad Tecnológica de Auckland, fundó Pacific Media Centre en 2007.

Es autor de diez libros sobre medios y política de Asia y el Pacífico. En 1985, recibió Premio de Paz de los Medios por sus informes sobre el bombardeo al buque Rainbow Warrior  y las pruebas nucleares francesas y estadounidenses. En 2015, recibió en Dubái el Premio Asiático de la Comunicación otorgado por el Centro Asiático de Información y Comunicación (AMIC, por su nombre en inglés). Global Voices lo consultó sobre las dificultades que enfrentan los periodistas en el Pacífico y sobre su ilustre carrera. Esta entrevista se ha editado en longitud y claridad.

Mong Palatino (MP): ¿Cuáles son las mayores dificultades que enfrentan los medios en la región?

David Robie (DR): Corrupción, viabilidad y credibilidad: la corrupción entre políticos y la influencia sobre periodistas, la viabilidad de modelos de negocios débiles y pequeñas empresas de comunicación y el debilitamiento de la credibilidad. Luego de que en muchos países del Pacífico, durante años se desarrollaron medios autónomos y razonables con coraje y con periodistas independientes en funciones de liderazgo, muchos grupos mediáticos se vuelven susceptibles a la creciente rivalidad geopolítica entre los jugadores poderosos de la región, especialmente China, que aumenta su influencia continuamente en los medios de la región —en particular en islas Salomón— no solo en la ayuda para el desarrollo.

Sin embargo, Estados Unidos, Australia y Francia también están reforzando sus medios en el Pacífico y las influencias en la formación periodística de la región como parte de estrategias «indo-pacíficas», que en realidad consisten en contrarrestar la incidencia de China.

Indonesia también está comenzando a influir en los medios de la región, con otros motivos. Yakarta está en el medio de una enorme estrategia de “corazones y mentes” en el Pacífico, mayormente a través de medios y diplomacia, en un intento por mitigar el extenso sentimiento popular en favor de las aspiraciones de Papúa Occidental a la autodeterminación y eventual independencia.

MP: ¿Qué debe priorizarse para mejorar la enseñanza del periodismo en la región?

DR: Las escuelas de periodismo universitarias, como la de la Universidad del Pacífico Sur en Fiyi, son las más indicadas para mejorar las habilidades y la formación periodística básica, también para fomentar el aprendizaje permanente de periodistas. Más financiamiento universitario ayudaría a que hubiera más cursos avanzados, y no solo a través de la industria de cursos cortos. Puedo afirmarlo porque he transitado los dos caminos: 50 años como periodista, desde la «escuela de los golpes duros» en muchos países, y casi 30 años dirigiendo cursos de periodismo y como pionero de varias publicaciones premiadas de estudiantes de periodismo. Sin embargo, es importante mantener la independencia de los medios sin que el financiamiento desde las ONG dictamine las políticas.

MP: ¿Cómo pueden los periodistas del Pacífico desempeñar mejor su papel como narradores de las historias de la región, particularmente el impacto de la crisis climática?

DR: La mejor estrategia es la colaboración con colegas internacionales que dispongan de recursos y conocimiento de crisis climática, como la red Earth Journalism Network, que otorga un escenario global a sus temas e inquietudes. Cuando aún dirigía el Pacific Media Centre, teníamos un proyecto destacado de periodismo climático con temas del Pacífico, el proyecto Bearing Witness (Dar testimonio), en el que los estudiantes preparaban exitosos informes en multimedia y comentarios que fueron premiados. Un ejemplo es el video de YouTube Banabans de Rabi: una historia de sobrevivencia».

MP: ¿Dónde debería estar la atención de la comunidad internacional cuando informa sobre el Pacífico?

DR: Es importante que los medios den seguimiento a las rivalidades que se dan en el Indo-Pacífico, pero sin perder perspectiva; la llamada «seguridad» no es tan importante para los países del Pacífico como lo es para sus vecinos de Occidente y China. La comunidad internacional debe mantener la mirada en los temas importantes de la región, que son «desarrollo» y «crisis climática», y las razones por las cuales China hoy tiene una ventaja sobre los demás países. Australia, y en menor medida, Nueva Zelanda habían dejado de ser jugadores importantes y hoy quieren ganar el terreno perdido, pero concentrándose más en «seguridad». Las voces del Pacífico deben ser escuchadas.

Debería haber más informes sobre las «historias ocultas» del Pacífico, tales como los asuntos no resueltos de la descolonización: los kanakos de Nueva Caledonia, ‘Polinesia Francesa (Mā’ohi Nui) ambas de Francia; y Papúa Occidental de Indonesia. Papúa Occidental, en particular, es virtualmente ignorada por los medios occidentales a pesar de las continuas y serias violaciones a los derechos humanos. Esto es inadmisible.

Fuente de la información e imagen:  https://es.globalvoices.org

Comparte este contenido:

La USICAMM es un fraude

Por: Abelardo Carro Nava

Aunque la autoridad fue cuidadosa en no emplear la palabra “hackeo”, la verdad de las cosas es que sí lo fue…

No podemos negar que la llegada del gobierno lopezobradorista a Palacio Nacional en 2018, trajo un cúmulo de esperanzas para quienes se encontraban y encuentran prestando sus servicios en el Sistema Educativo Nacional; esperanzas que se edificaron en la promesa de que “ahora sí” se cumpliría la tan anhelada revalorización del magisterio mexicano. Un sueño “guajiro” si así desea, que no pasa solo por el tema laboral y/o salarial, sino por el reconocimiento pleno de la función que cada trabajador de la educación desempeña en sus respectivos centros de trabajo.

Si desde el 2012 hasta mediados de 2018 ese magisterio había sido menospreciado y desvalorizado, no solo en las palabras sino también en los hechos con la aplicación de una evaluación punitiva, ¿qué nos haría pensar que los trabajadores de la educación no deseaban ser reconocidos y apreciados por la función desempeñada? Y si a ello le agregamos la efímera y charril presencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que defendiera los agravios cometidos durante el sexenio peñanietista, la cosa es que adquiere mayor sentido.

Tal vez se esperaba que como parte de ese reconocimiento y esa valorización, se eliminará aquel organismo creado para sancionar, más no para evaluar a las maestras y los maestros; tal vez se esperaba que los mecanismos de ingreso y promoción de las figuras docentes y administrativas se pensara, organizara y concretara de una manera muy diferente a la que se desarrolló durante el sexenio de Peña Nieto; tal vez se esperaba el destino de mayores recursos económicos para la formación continua del profesorado, con la intención de que esto le permitiera ascender escalafonariamente, mediante un proceso transparente y nada enrarecido como terminó siendo carrera magisterial; tal vez se esperaban muchas cosas que, hoy día, a la luz de los hechos, culminó en eso: en esperanzas. Aunque a fuerza de ser sincero, en este sentido no podría existir queja alguna porque este gobierno, que en su momento se dijo ser “la esperanza” de México, logró eso: construir esperanzas; simples y llanas esperanzas sobre la revalorización del magisterio.

La muestra más palpable se halla en la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), un órgano administrativo desconcentrado que, para acabar pronto, solo cambió de nombre porque, precisamente, en los hechos es, y ha sido, una copia (muy mala) de la extinta Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD).

Muchas y muchos esperaban que con la salida de su ex titular, Francisco Cartas, y la llegada de la profesora Adela Piña, los procesos que, insisto, son en extremo similares a los que la CNSPD desarrollaba en su momento, tuvieran una mejora importante y significativa porque, como es sabido, al ocupar la titularidad de este organismo una integrante de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y maestra frente a grupo en algún periodo de su vida, los conocimientos que pudiera tener sobre el quehacer docente, le llevarían a realizar diversas propuestas para mejorar la evaluación que, tanto para el ingreso, promoción y reconocimiento, se aplica al magisterio.

Desafortunada y lamentablemente nada de esto sucedió, por el contrario, los procesos empeoraron a tal grado que, hace unos días, se habló de un “acceso ilegal” al proyecto Venus; proyecto que no es otra cosa más que una plataforma digital que da acceso a las maestras y maestros que desean participar en los procesos de la USICAMM en sus diferentes modalidades y niveles educativos. Y, aunque la autoridad fue cuidadosa en no emplear la palabra “hackeo”, la verdad de las cosas es que sí lo fue porque, en sentido estricto, dicho “hackeo” se configura cuando alguien, sin autorización, se apodera una plataforma, redes sociales, correo o computadora. Y bueno, lo peor de todo es que a muchos participantes en esos procesos, que ingresaron a verificar sus resultados en esa plataforma posterior al “acceso ilegal”, aparecían con hasta 1000 puntos más de lo normal (que son 100) y con una leyenda que a más de uno dejó boquiabierto: “fraude”.

¿Cómo es posible que una instancia de gobierno que en sus manos tiene la enorme responsabilidad de desarrollar procesos transparentes, justos y equitativos para todos los participantes haya sido hackeada?, ¿qué certeza se tiene en la asignación de lugares y/o plazas en el magisterio si cualquiera, con algún conocimiento en la materia, puede ingresar y cambiar datos e información a su antojo?, ¿cómo es posible que una instancia a la que se le confían datos e información personales no tenga las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la integridad de las personas?, ¿cómo es posible que su titular no haya salido a dar la cara para explicar lo sucedido y solo se emitió un escueto comunicado en el que, palabras más palabras menos, pareciera que nada hubiera pasado. En verdad, ¿alguien en esa USICAMM o en la propia Secretaría de Educación Pública considera que lo que sucedió no es un tema totalmente grave ya que podría tener una afectación directa a todas las personas que hacen uso de esa plataforma? Tantita… seriedad, pediría a estas instancias, por favor.

Pienso, no de ahorita, porque de la USICAMM y de sus procesos he escrito bastante, que lo peor, pero lo peor del gobierno de la 4T ha sido esto: la USICAMM. Pienso también que este órgano es un fraude, no por el hackeo propiamente dicho, sino porque por fraude se entiende toda acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete; esto, sin olvidarnos de los sinónimos que existen sobre este término, los cuales son: fraudulencia, engaño, timo, estafa, trampa, defraudación, engañifa, embeleco, insidia, trapacería y asechanza.

¿La virtual presidenta de nuestro país continuará con esta pésima forma de contratar, promover y reconocer al magisterio? Espero que no, pero como siempre digo: al tiempo.

Fuente de la información e imagen:  https://profelandia.com

Comparte este contenido:

México: Confirman fuga de policía que asesinó a normalista y estudiantes responden con protestas en Chilpancingo

Este martes se confirmó la fuga del policía de Guerrero que asesinó al normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta, de 23 años, el pasado 7 de marzo en el libramiento a Tixtla, cuando tres estudiantes se preparaban para el aniversario 98 de la Normal de Ayotzinapa y en el marco del recrudecimiento de la criminalización y estigmatización de la lucha por la aparición de los 43 normalistas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que el policía que disparó al normalista de Ayotzinapa estaba en arresto administrativo en Chilpancingo, pero que el lunes “se fugó” porque “no se cumplieron los protocolos”. En respuesta a la declaración del mandatario, normalistas de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) protestaron en la Fiscalía General del Estado de Guerrero, donde lanzaron petardos contra las instalaciones y quemaron once vehículos.

Los estudiantes lograron superar la valla de policías antimotines que se plantó frente a la Fiscalía y durante aproximadamente media hora protestaron para exigir justicia para su compañero asesinado y la detención inmediata del policía de Chilpancingo. Momentos más tarde los policías lanzaron gases lacrimógenos contra los normalistas para dispersarlos.

De acuerdo con AMLO, la fuga del policía se dio mientras se encontraba en tránsito por Chilpancingo para que las autoridades estatales lo entregaran a la FGR. La Fiscalía de Guerrero, por su parte, aseguró que nunca tuvo en calidad de detenidos a los policías involucrados en el ataque a los normalistas del 7 de marzo.

“Durante el desarrollo de las investigaciones, ninguna autoridad puso a disposición de esta Fiscalía General del Estado a los Policías Estatales involucrados en los lamentables hechos, en donde perdió la vida un estudiante de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa”, publicó la FGE en un comunicado.

Previamente, los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y los abogados que los acompañan denunciaron las irregularidades en las versiones oficiales del asesinato de Gómez Peralta y el ataque contra los estudiantes en Guerrero.

De acuerdo con la policía y los medios de comunicación el día del ataque, la policía de Tixtla disparó contra los normalistas porque éstos no se detuvieron en un retén cuando se les ordenó, pero el abogado Vidulfo Rosales advirtió que “no funcionaba en ese momento el retén, sólo el filtro”.

Entre las irregularidades también se encuentra que a pesar de que los peritajes arrojaron que las balas sólo fueron disparadas de afuera hacia dentro de la camioneta donde viajaban los normalistas, las autoridades aseguran que los estudiantes también dispararon armas de fuego.

Los normalistas de Ayotzinapa, además de exigir justicia para Gómez Peralta, acompañan a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos en 2014 que demandan al gobierno federal que cumpla con su compromiso de resolver el Caso Ayotzinapa.

Fuente de la información e imagen:  https://desinformemonos.org

Comparte este contenido:

Honduras: La violencia, los conflictos por la tierra, la corrupción y la impunidad desafían los derechos humanos

La violencia persistente, incluida la violencia de género, los conflictos por la tierra y la impunidad, son algunos de los desafíos de derechos humanos más graves de Honduras, ha asegurado este viernes el Alto Comisionado para los Derechos Humanos al presentar su último informe sobre el país.

“Si bien observo una reducción de los homicidios, la violencia y la inseguridad siguen estando profundamente arraigadas y son comunes, afectando particularmente a las mujeres y a las personas LGBTQ+”, dijo Volker Türk.

El año pasado se registraron 380 muertes violentas de mujeres, así como 47 asesinatos de personas LGBTQ+. Mientras siguen faltando protocolos especializados para que las instituciones de justicia penal puedan abordar las altas tasas de violencia contra las mujeres, según el informe.

Para que el Estado pueda asegurar un entorno seguro y libre de crimen organizado, necesita los recursos y políticas necesarios para abordar las enormes desigualdades en el país, los flujos financieros ilícitos, impuestos y corrupción, recomienda Türk.

“También es importante desarrollar una política de seguridad nacional coherente basada en los derechos humanos que incorpore medidas de prevención”, asegura.

El Alto Comisionado se dice preocupado por el incremento de la militarización de la seguridad pública y el sistema penitenciario.

“Por dar un ejemplo, tras el trágico ataque ocurrido en junio en la prisión de mujeres de Támara, en el que murieron 46 mujeres privadas de libertad, el Gobierno devolvió la administración del sistema penitenciario a la policía militar. Desde entonces hemos recibido información de que algunas de las acciones de la policía militar pueden llegar a constituir malos tratos”, indicó Türk.

Además, se mostró especialmente preocupado por el actual estado de emergencia, que ha estado vigente desde hace más de 15 meses, y que otorga a la policía nacional y a la policía militar poderes para implementar detenciones y allanamientos sin órdenes judiciales.

Discriminación de pueblos indígenas y afrodescendientes

En todo Honduras persisten los conflictos vinculados a la tierra, el territorio y los recursos naturales, siendo los pueblos indígenas, los pueblos afrohondureños y los campesinos los más afectados por la violencia, la apropiación de tierras y los desalojos.

“Me preocupa mucho el hecho de que Honduras siga siendo uno de los países más peligrosos del mundo para las personas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente”, dijo Türk.

Los ataques contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas aumentaron el año pasado, con unas 561 personas víctimas de agresión. Al menos 15 personas defensoras de los derechos humanos y dos periodistas fueron asesinadas.

“Mi Oficina alienta firmemente a las autoridades a fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección y a implementar todas las medidas institucionales necesarias para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos”. agregó.

Por otro lado, Türk saludó la derogación y reforma de Decretos del llamado “Pacto de Impunidad” por parte del Congreso Nacional, así como la voluntad del Gobierno de abordar la corrupción.

La corrupción drena el país

Sin embargo, los altos niveles de corrupción e impunidad continúan agotando los recursos disponibles para el país, así como erosionando la confianza en las instituciones públicas.

“Insto a Honduras a que adopte medidas para garantizar transparencia y rendición de cuentas, incluidas aquellas para fortalecer el poder judicial, el Ministerio Público y otras instituciones nacionales claves contra la corrupción, y garantizar su independencia”, añadió.

También saludó el nuevo proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, y el énfasis en la transparencia, la rendición de cuentas y la paridad de género: “Esto representa una oportunidad concreta para que Honduras fortalezca el estado de derecho y el acceso a la justicia”.

Al mismo tiempo, dijo que su Oficina continúa instando a realizar progresos en las investigaciones de las graves violaciones cometidas en la década de 1980, el golpe de Estado de 2009 y la crisis postelectoral de 2017.

“También doy la bienvenida al histórico proyecto de ley recientemente aprobado que protege los recursos naturales y las áreas protegidas en favor de los derechos de las comunidades afectadas. Esta ley, junto con el decreto ejecutivo para garantizar los derechos ancestrales y de propiedad del pueblo garífuna, son cruciales para avanzar en el disfrute de los derechos de los más vulnerables”, aseguró

https://news.un.org/es/story/2024/03/1528062

Comparte este contenido:

Arrancan las oposiciones docentes con plazas insuficientes, tribunales escasos y falta de transparencia en el proceso

Por: Tercera Información

  • La Federación de Enseñanza de CCOO Madrid denuncia que las oposiciones, un año más, se van celebrar en condiciones, muy precarias: plazas insuficientes, tribunales escasos, correcciones que han de realizarse a toda prisa, jornadas agotadoras tanto para aspirantes como para examinadores, y sin medidas contra los efectos del calor.

Este sábado, 17 de junio, a partir de las 08.00 horas, han comienzado en Madrid las oposiciones de reposición y estabilización del cuerpo de Secundaria y Régimen Especial (RE).

En el proceso de reposición se ofertan 3.161 plazas de las cuales 493 están reservadas para personas con discapacidad. En total se presentan 24.099 aspirantes repartidos en 405 tribunales.

En el procedimiento selectivo de estabilización se ofertan 667 plazas de las cuales 619 son de acceso libre y 48 plazas para personas con discapacidad. Se presentan 12.893 aspirantes distribuidos en el cuerpo de Secundaria (12.390), Escuelas Oficiales de idiomas (245), Música y Artes Escénicas (121) y Artes Plásticas y Diseño (127). Realizarán la selección en las distintas fases como miembros de los 336 tribunales que actuarán en esta convocatoria.

“Aunque parecen muchas plazas y lo son, es un número insuficiente porque con este número no se conseguirá bajar la temporalidad al 8% de la plantilla recogido en el Acuerdo Sectorial”, denuncia la secretaría general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín.

Por otra parte, la ratio por Tribunal es muy alta y el calendario que impone la Administración es muy corto. Por este motivo, las jornadas de trabajo son agotadoras para los Tribunales que perciben unas retribuciones muy insuficientes que además suele abonarse con mucho retraso.

En cuanto a las sedes, un año más son inadecuadas por el tipo de espacios, la falta de condiciones técnicas para las pruebas que se tienen que realizar en distintas especialidades o la ausencia absoluta de medidas contra los efectos del calor que se esperan para el sábado. “Llevamos ya varios años proponiendo que se celebren los exámenes en espacios mejor acondicionados tanto contra el calor como para las necesidades de cada examen y no reaccionan a pesar de que en cada convocatoria hay incidencias. Siendo la misma Consejería cómo es posible que no se puedan realizar las pruebas en las universidades públicas madrileñas que cuentan con espacios más adecuados y tienen experiencia en la organización de exámenes masivos “, añade Galvín.

Este año se añade la manera de organizar los exámenes y que se juntan dos convocatorias. La prueba consiste en dos fases: el sábado 17 de junio en horario de mañana desarrollo por escrito de un tema y el sábado 24 de junio el supuesto práctico. Muchos de los opositores participaran en ambos procesos que, pese a ser de libre concurrencia, puede significar la realización de dos pruebas en el mismo día en sedes distintas.

Por la tarde del 17 de junio y la mañana del domingo 24 de junio se desarrollará el proceso de selección para las plazas de estabilización.

“Este año el caos y el desconcierto ha primado desde el inicio ya que son dos procesos decisivos que podían haberse realizado de manera conjunta como siempre ha recomendado la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid” denuncia Galvín. “La Comunidad de Madrid es la única comunidad que mantiene el examen práctico en el proceso de estabilización extenuando más aún a las personas aspirantes y al profesorado miembros del tribunal”, constata.

CCOO también señala otra necesidad perentoria para garantizar los derechos de todas las personas aspirantes, que se comunique con tiempo a quienes tienen reconocida una discapacidad y necesidades de adaptación de espacio y/o tiempo en su examen, se les indique definitivamente si se acepta su solicitud y en qué tribunal estarán ubicados. El jueves, a días del inicio del proceso, muchas personas todavía no habían recibido la comunicación. Es importante también que las personas aspirantes con movilidad reducida sean adscritas a una sede accesible y con facilidad de llegada.

También, CCOO ha exigido un tratamiento personalizado que garantice el acceso a las pruebas a profesoras embarazadas con partos inducidos o sobrevenidos en las fechas anteriores o posteriores al examen, y que se habiliten espacios para lactancia.

“Los delegados y delegadas de CCOO estaremos presentes en todas las sedes de Tribunales para apoyar y asesorar tanto a aspirantes como a los Tribunales ya que la guía de oposiciones que ha difundido hoy la Consejería de Educación les deja absolutamente desamparados y abandonados a su suerte. Todo lo que vaya mal será responsabilidad de los Tribunales según esa guía que recoge que los aspirantes que reclamen no deben ser contestados promoviendo que el proceso no sea transparente y cuente con las garantías que un proceso de estas características debe tener en un estado de derecho como es el nuestro” concluye Galvin.

Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/18/06/2023/arrancan-las-oposiciones-docentes-con-plazas-insuficientes-tribunales-escasos-y-falta-de-transparencia-en-el-proceso/

Comparte este contenido:

Colombia: ¡En problemas nuevamente!: denuncian presunta irregularidad en la Secretaría de Educación de Cali

América del Sur/Colombia/19-05-2023/Autoría: Paula Restrepo/Fuente: www.publimetro.co

Los recursos eran para un programa de lengua extranjera pero al parecer fueron utilizados en otras cosas.

 

Presuntas irregularidades continúan opacando a la Secretaría de Educación de Cali, esta vez, desde el Concejo de la ciudad descubrieron que al parecer se destinó una millonaria suma de dinero en algo que no estaba presupuestado.

La Secretaría de Educación es la encargada de manejar los programas como el PAE (Programa de Alimentación Escolar), el cual ha tenido cuestionamientos desde hace meses por presuntas irregularidades en la calidad y entrega de los alimentos.

En esta ocasión, realizaron la denuncia relacionada con un programa de lengua extranjera que está planteada en el Plan de Desarrollo, pero que presuntamente no se ha cumplido como se debería y los dineros están siendo usados en otras cosas.

Según el concejal Terry Hurtado, el secretario de Educación de Cali, José Darwin Lenis, indicó que el pasado ocho de mayo ante el cabildo que no había ejecutado dineros de los cerca de $20.690 millones de pesos que estaban destinados a la meta del Plan de DesarrolloFortalecimiento en competencias comunicativas en lengua extranjera inglés.

“Verificamos que sí utilizó $ 1.615.352.000 para contratar profesionales que no tenían capacitación ni formación profesional para atender la enseñanza de lengua extranjera. Por el contrario, en su gran mayoría eran psicólogos y personal con capacidades para atender temas de apoyo psicosocial”.

De acuerdo con el concejal, al menos 100 psicólogos que la Secretaría de Educación de Cali contrató con el presupuesto, cuando en realidad debería haber contratado a maestros de inglés.

Cuando se revisó el Secop ll, la plataforma de contratación estatal, se encontró que en los objetivos de contratos de los profesionales de psicología empleados se encontraba “acompañar y hacer seguimientos a las actividades de generación de espacios motivacionales con las estudiantes de cada una de las sedes educativas asignadas, acerca de la importancia de las lenguas extranjeras como aporte a sus proyectos de vida”.

Incluso, el concejal indicó que esto ya estaba siendo denunciado por el personal de diferentes instituciones, quienes manifestaron que se les estaba exigiendo labores distintas a su profesión de psicólogos para que se concentraran en sensibilizaciones. “Este hecho es preocupante porque el 17 de mayo se debatirá el Proyecto de Acuerdo 209 de 2023, con el que se busca ampliar la población beneficiaria de proyectos de bilingüismo en la ciudad, para que estudiantes que no pertenecen a instituciones públicas de la ciudad puedan acceder a él”.

Hasta el momento la Secretaría de Educación de Cali no se han pronunciado frente a esta denuncia.

Fuente e Imagen: https://www.publimetro.co/cali/2023/05/17/en-problemas-nuevamente-denuncian-presunta-irregularidad-en-la-secretaria-de-educacion-de-cali/

Comparte este contenido:

Los pueblos de la Amazonía cada vez más solos para defenderse

Por Ana Cristina Suzina  | Ecología social

¿Pueden los ciudadanos locales por sí solos proteger la selva amazónica? Los asesinatos de Dom Phillips y Bruno Pereira expusieron los altos riesgos de tal intento

Las comunidades locales están cada vez más solas cuando se trata de luchar para salvar la selva amazónica. El asesinato del periodista británico Dom Philips y del experto indígena brasileño Bruno Pereira ha sido una evidencia impactante de corrupción y abuso de poder.

Es solo un ejemplo más de por qué los pueblos amazónicos tienen que encontrar sus propias formas de defender los principios de verdad, ley y orden: para protegerse a sí mismos y a un ecosistema que es vital para el futuro de la humanidad. ¿Es sostenible, y justo, dejarlos caer solos como mártires?

Phillips viajaba con Pereira cerca del territorio indígena Vale do Javari, un área remota cerca de la frontera con Perú, para registrar la iniciativa de ciudadanos locales que luchan pacíficamente contra la actividad criminal en la Amazonia.

Pereira, uno de los mayores expertos brasileños en grupos indígenas no contactados o recién contactados, entrenaba a los miembros de la comunidad en el uso de drones e imágenes de satélite para monitorear el territorio y registrar la caza, la tala, la pesca, la minería ilegales y el tráfico de drogas.

Según los grupos indígenas, ha habido tantas invasiones en los últimos dos años como antes de que el territorio fuera declarado legalmente como área protegida en 2001. Pereira fue amenazado de muerte por este trabajo.A pesar de los riesgos de tales esfuerzos, hay muchas comunidades pequeñas, poco capacitadas y mal equipadas en toda la región amazónica que intentan hacer frente a las crecientes amenazas, como la que estaba siendo capacitada por Pereira.

La líder indígena brasileña Juma Xipaya declaró recientemente, durante la conferencia Amazonian Leapfrogging, que “estamos defendiendo la selva con nuestros cuerpos, con nuestros hijos en brazos, bajo una violencia implacable. Los pueblos de la selva necesitamos seguridad para que podamos seguir siendo los guardianes de la selva, brindando un servicio no solo a la Amazonia sino al mundo”.

Expuestos al riesgo de confrontación con delincuentes, esos grupos enfrentan políticas públicas insuficientes o corruptas, y son frecuentemente etiquetados como “agitadores” o “agentes que actúan contra el progreso”.

20220413_130424.jpg
Kaskirunas, en Sarayaku, en Ecuador, practicando el control de un dron. Abril 2022. Foto: Ana Cristina Suzina

Los Kaskirunas de Sarayaku, en Ecuador, por ejemplo, están aprendiendo a utilizar drones e imágenes satelitales para contribuir al manejo y protección de las 135 000 hectáreas de la tierra milenaria del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku. Kaskiruna es un término kichwa que significa “protectores del bosque vivo”.

La comunidad de alrededor de 1400 personas también cuenta con los Wios, el Grupo de Seguridad Interna de Sarayaku. Wio es un nombre kichwa para una hormiga muy pequeña cuya picadura duele mucho.

Es un grupo pacífico que ha sido entrenado en el monitoreo del territorio, la tierra y los ríos, y la prestación de servicios de rescate. Uno de sus principales aliados es un sistema de comunicación por radio que se inauguró cuando decomisaron armas y equipos al Ejército Nacional del Ecuador en 2002.

Ilustrando la ambigüedad de las políticas ambientales, el Ejército estaba allí para salvaguardar la instalación de una empresa petrolera internacional privada que obtuvo una autorización del propio Estado ecuatoriano para explotar fuentes dentro del territorio de Sarayaku, sin consulta previa a la populación local.

La resistencia incluyó retener a trabajadores de la petrolera en la comunidad para detener las actividades de prospección que ya comenzaban: la tala de árboles milenarios y la siembra de minas en áreas sagradas de bosque denso. Un grupo de mujeres kichwas agarró las armas con las propias manos desnudas.

“Decidimos levantarnos juntas en el acercamiento al Ejército porque sabíamos que, si fueran nuestros hombres solos frente a ellos, el uso de la fuerza podría ser diferente”, explica Gloria Berta Gualinga, quien participó en las protestas de 2002.

La comunicación por radio ayudó a apoyar la acción contra los invasores y, desde entonces, se ha convertido en una parte importante de la vida de la comunidad.

Sarayaku llevó el caso a los tribunales contra el Estado de Ecuador y ganó.

Obtuvieron el derecho a mantener los proyectos extractivos fuera de su territorio, un derecho que tienen en el papel, pero que no se cumple completamente en la práctica. La amenaza sigue ahí y Sarayaku, junto con otros movimientos indígenas, sigue siendo estigmatizado por actuar en contra de los intereses más amplios del país.

La forma en que los pueblos indígenas son retratados en los medios de comunicación contribuye a este estereotipo. Como lo destaca un informe reciente de Climate Outreach, las oportunidades limitadas para expresar sus propios puntos de vista aumentan los riesgos de que se perpetúen las actitudes coloniales (denigración, criminalización y racismo).

En otro caso de resistencia local, en 2009, un colectivo de 26 comunidades tradicionales alrededor de la Gleba Nova Olinda, en Pará, Brasil, fueran inscritas en esta lista de “obstáculos al desarrollo”. Las comunidades han bloqueado el río Arapiuns y detenido dos embarcaciones que transportaban 1500 m3 de madera sacada del bosque, reteniendo a sus tripulantes.

Los manifestantes querían llamar la atención sobre la explotación ilegal de su territorio y resaltar la importancia de establecer legalmente áreas protegidas arraigadas en comunidades indígenas y tradicionales que viven y trabajan en el territorio desde mucho tiempo, una mezcla entre tribus originarias y grupos que se establecieron como resultado de las olas migratorias internas desde las primeras décadas del siglo XX.

Al igual que los Sarayaku, rápidamente fueron tildados de delincuentes por robar los botes y bloquear el río, y muchos medios de comunicación describieron el incidente como un “secuestro violento de la tripulación”, que en cambio ésta había sido respetuosamente acogida por familias locales. La acción duró casi un mes y terminó con la quema de los barcos con toda la madera dentro.

¿Pueden los ciudadanos locales por sí solos proteger la selva amazónica? Los asesinatos de Dom Phillips y Bruno Pereira expusieron los altos riesgos de tal intento
La comunidad de Sao Pedro, en el norteño estado de Pará, Brasil, donde los manifestantes estuvieran acampados. Noviembre 2015. Foto: Ana Cristina Suzina

 

El legado de esa protesta es ambiguo. Si bien ha llamado la atención sobre el problema de la explotación ilegal de madera y otros recursos en la región, no ha habido una resolución concreta y las comunidades aún viven amenazadas.

El territorio sigue siendo víctima de explotación ilegal; y el Estado y los medios de comunicación han logrado crear oposiciones entre los grupos locales, al promover fuertemente la idea de que la explotación de los recursos naturales podría ofrecer empleos y prosperidad a las poblaciones locales.

La tensión actual en la región hace casi imposible el trabajo de los comunicadores locales, ya que los periodistas comunitarios se han convertido en blancos cada vez que critican los proyectos extractivos o visibilizan la actividad ilegal de los emprendimientos.

El superintendente de la Policía Federal de Brasil afirmó que Phillips “estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con la persona equivocada”, tratando de explicar el asesinato del periodista británico como una desafortunada coincidencia. Lo que no se puede explicar tan a la ligera es por qué tantas comunidades en la Amazonia, en Brasil y en otros países, tienen que encontrar sus propias formas de protegerse a sí mismas y a un tesoro natural vital.

Algunos analistas han dicho que, si no fuera por el asesinato de un periodista británico, el asesinato de Pereira hubiera pasado completamente desapercibido. Familiares de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil piden justicia para Phillips y Pereira. Para que haya justicia, debe haber un reconocimiento fundamental de la validez y relevancia de la histórica lucha local para proteger la Amazonía, y un profundo y urgente cambio cultural y político para apoyarla.

La esposa de Phillips declaró que su conocimiento sobre la Amazonía lo llevó a comprender que el pescador, el minero en la punta de la línea son igualmente víctimas, frecuentemente brutalmente explotadas por su desesperación por alimentar a sus propias familias. Los líderes de los movimientos de base en la Amazonía recuerdan constantemente que hay personas conviviendo con los bosques, los ríos y los animales.

Muchos están listos y tomando medidas para proteger todos estos tesoros y harán más si las autoridades nacionales y la comunidad internacional asocian las políticas de protección del territorio con el apoyo a la población local, para que no sea vulnerable a los empresarios depredadores y los políticos demagogos.

Propuestas como Kawsac Sacha – La Declaración de la Selva Viviente y La Amazonía que Queremos reúnen soluciones indígenas y científicas para permitir que la economía del bosque siga en pie. Estas deben tenerse en cuenta en todas las decisiones relacionadas con la Amazonia.

Ana Cristina Suzina, periodista brasileña e investigadora en Movimientos sociales en la era global de la belga Universidad de Lovaina.

Fuente: https://www.opendemocracy.net/es/pueblos-amazonia-solos-para-defenderse/

Comparte este contenido:
Page 1 of 19
1 2 3 19