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México: Los huracanes de la violencia

Por: Tlachinollan

 

¿Por qué el gobierno federal no interviene con toda su capacidad para salvar vidas con estos huracanes de la violencia como lo hizo con el huracán Otis? ¿Por qué deja en total abandono a las víctimas de las acciones criminales? ¿En realidad estas organizaciones son tan poderosas que son capaces de pisarle la sombra a los 3 niveles de gobierno? ¿Qué pasa con la guardia nacional? ¿Es insuficiente el número de efectivos para contener al crimen o su intervención, es fallida? ¿Cuántas muertes diarias se necesitan para que el gobierno federal cambie su estrategia y atienda con presteza los huracanes de la violencia?

De acuerdo con datos de El Sur, en el puerto de Acapulco, el mes de junio fue el más violento con 77 asesinatos, 3 veces más que el mes de mayo. En los primeros 7 días de julio se tienen registrados 25 asesinatos entre ataques armados, cuerpos desmembrados y personas ejecutadas dentro de sus vehículos. Todos los hechos son devastadores porque los criminales actúan con total impunidad. Las fuerzas de seguridad del estado son impasibles, aunque los crímenes se cometan a unos metros donde se encuentran, no actúan, supuestamente esperan la orden de sus superiores para hacerlo.

Lo inenarrable empezó el primero de junio cuando hallaron las extremidades y el torso de un hombre que fueron esparcidos en el mercado central de Acapulco. Lo patético es que el torso se halló en la avenida Cuauhtémoc frente al Woolworth y las demás partes del cuerpo se encontraron dentro de una bolsa de plástico, afuera de la nave de flores, en la avenida constituyentes. Son crímenes que se cometen para causar terror, para mandar mensajes siniestros a las personas que tienen amenazadas. Se cometen con mucha saña porque saben que ninguna autoridad intervendrá. No se trata de acciones aisladas ni esporádicas, más bien, son frecuentes y recurrentes.

El martes 2 de julio a las 3 de la madrugada un hombre fue perseguido y asesinado a balazos en la colonia Ciudad Renacimiento. 6 horas después fueron encontrados 3 cuerpos envueltos en sábanas adentro de la cajuela de un vehículo marca Dodge, a unos metros de la avenida ejido, en la colonia Hogar Moderno. A la misma hora se reportó que en la colonia Progreso varios hombres armados atacaron a balazos a una mujer entre las avenidas Vallarta y Coahuila. De acuerdo con las investigaciones se trataba de una enfermera que se desempeñaba como secretaria del departamento de enfermeras del CAAPS. 5 asesinatos se consumaron en solo 6 horas, sin que se tuviera conocimiento de algún operativo para dar con los criminales.

Otro deleznable crimen ocurrió el miércoles 3 de julio. A las 5:45 de la mañana se reportó el hallazgo de una cabeza humana sobre el cofre de un vehículo en la colonia Emiliano Zapata. Los policías al inspeccionar el carro encontraron el cuerpo de la persona decapitada y de otro hombre asesinado. El macabro hallazgo se dio en la explanada de la tienda soriana a un costado del bulevar Vicente Guerrero. A las 9:17 una persona fue asesinada a balazos en el interior de su vivienda, que se ubica cerca de le escuela primaria Lázaro Cárdenas, en la colonia Lomas Verdes. Un reporte de la policía registró que a la 1:16 de la madrugada varios hombres armados quemaron un Jetta, en el bulevar Vicente Guerrero. No se reportaron víctimas.

Otro asesinato que ocurrió dentro de otra vivienda se reportó el jueves 4. El crimen se difundió después del mediodía en la colonia Frontera, ubicada pasando el Río de la Sábana. Por la noche fueron encontrados restos de una persona dentro de un automóvil en el poblado de La Venta. Mediante una llamada de emergencia se informó de un Jetta blanco abandonado.  Los policías al hacer la revisión del coche encontraron restos de una persona, al parecer desmembrada. Se reportó que fueron hombres armados los que abandonaron el vehículo y que huyeron caminando. En ese mismo día por la tarde, otro hombre fue asesinado a balazos dentro de un bar en la colonia Las Cruces. Algunos testigos dijeron que un hombre entró al bar y disparó directo a su víctima, privándolo de la vida. El agresor en su huida se topó con una patrulla de la Guardia Nacional e intentó dispararles, pero los efectivos le dispararon en la pierna y quedó bajo resguardo policiaco en un hospital. En esa misma tarde se registró otro hecho de violencia. Se trató de una pareja que se desplazaba en su automóvil y de manera intempestiva una motocicleta, con dos hombres armados, dispararon en varias ocasiones, asesinando a las 2 personas. El crimen sucedió en la avenida Universidad, a una cuadra de la Costera.

A las 10 de la noche del viernes 5 fue reportado el hallazgo de dos hombres y una mujer desmembrados, fueron encontrados dentro de un taxi colectivo, en el estacionamiento de la tienda Sam’club. Por la tarde, en ciudad Renacimiento, un hombre fue atacado a balazos por hombres armados, cuando compraba en una miscelánea. A las 5 de la tarde se tuvo conocimiento que hombres armados se robaron un camión de la ruta Costera-Hornos para luego prenderle fuego en el fraccionamiento Mozimba. En este mismo día se reportó la muerte de la secretaria Cinthia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), quien fue atacada a balazos el domingo 30 de junio junto con el director general de Administración y finanzas del Poder Judicial del Estado, Antonio Sebastián Ortuño, que sigue hospitalizado por las heridas que le ocasionaron.

A las 8 de la mañana de este domingo 7 fueron encontrados sobre el pavimento los restos de una persona en la avenida Ruiz Cortines. Media hora más tarde fue encontrado el torso de un hombre en la glorieta de Puerto Marqués. De acuerdo con las investigaciones los restos hallados en la avenida Ruiz Cortines y en la Glorieta puerto Marqués corresponden a una persona. Lo más grave  es que también fue encontrado otro hombre desmembrado en la colonia Vicente Guerrero. Fue un reporte que se tuvo en la madrugada de este domingo, en la calzada de la carretera federal México-Acapulco. La versión es que hombres armados que se trasladaban en un vehículo arrojaron los restos de la persona. Antes del mediodía un hombre fue asesinado a golpes y mutilado en la colonia Benito Juárez. Lo dejaron encima de una cajuela de un taxi azul con blanco. A las 3:30 de la tarde fue reportado el asesinato de un taxista en el poblado de El Bejuco, en la zona rural de Acapulco, sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional. Hombres armados le dieron alcance y de inmediato le dispararon.

La violencia se ha enseñoreado en las plazas comerciales, en las avenidas principales, en las carreteras y mercados. Los grupos delincuenciales buscan la máxima publicidad de sus crímenes atroces. Han logrado su propósito, porque no hay autoridad que se los impida, mucho menos que se atreva a confrontarlos, ni a detenerlos o castigarlos. Han demostrado ser los amos y señores del puerto. Desde la madrugada comenten sus crímenes, continúan durante la mañana, siguen en la tarde y concluyen por la noche. No hay hora que no demuestren su poder destructor, tampoco tienen límites para cometer crímenes en cualquier colonia. En las zonas turísticas también han tomado el control: las cuotas se han generalizado en las playas, en los comercios establecidos y en los mercados. Toda la población sabe cómo operan y cuáles son sus guaridas. Hay días y horarios para el cobro de la cuota. Ya no les alcanza lo poco que venden, porque también tienen que consumir con los proveedores autorizados por el jefe de la plaza.

Esta tragedia cotidiana dejó de causar preocupación para las autoridades, ya nada les afecta ni ponen en riesgo sus cargos. Los asesinatos no tienen costos políticos. El miedo de la gente, la desorganización de los colonos y la misma lucha por la sobrevivencia han dejado que la violencia se desborde y que cada quien busque como protegerse. Los asesinatos en las playas, en los mercados y las plazas comerciales son parte del espectáculo dantesco, donde nadie se compadece por el dolor de las víctimas, ni mucho menos se atreve a alzar la voz, porque primero hay que asegurar la vida.

La reconstrucción de Acapulco pasa principalmente por sanar las heridas de la violencia, proteger a las víctimas, acompañarlas, reparar daños, reconstruir el tejido social, atender sus reclamos y demandas y colocarlas en el centro de la atención gubernamental. Es un imperativo el cambio de estrategia. La seguridad no está centrada en proteger la vida de la población, se concentra en cuidar a los funcionarios y a sus instituciones. Han ignorado a la población que tiene propuestas y está dispuesta a colaborar para garantizar seguridad en sus entornos. Han dejado que la ola delincuencial arrastre al despeñadero a la población pobre de Acapulco, que lucha en las calles para ir al día. Los problemas económicos que arrastran los jóvenes desde que nacen truncan sus vidas como futuros profesionistas. Se quedan como vendedores ambulantes, como trabajadores eventuales y como carne de cañón del crimen organizado. Los huracanes de la violencia acechan a una población inerme que pide al cielo que la libre de todo mal, porque sabe que aquí  en el puerto solo pagando la cuota puede ser su tablita de salvación.

Foto: Cuartoscuro

Fuente de la información e imagen:  Tlachinollan

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México: Violencia en Chiapas deja escenario “tan cruento como el de cualquier otra guerra”: Frayba

Ciudad de México | Desinformémonos. La violencia en la que los grupos del crimen organizado mantienen sumergido a Chiapas es un escenario “tan cruento como el de cualquier otra guerra”, pues la población se enfrenta al control por las bandas delincuenciales, desplazamientos, desapariciones y reclutamientos forzados, asesinatos, torturas, cortes en los servicios básicos, “sin que el Estado intervenga para dar solución y proteger a las comunidades”, denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

En un comunicado, manifestó su preocupación frente a la profundización de la violencia en la entidad que se registra de 2021, en el marco de la disputa criminal por el dominio del territorio. “Esta situación se caracteriza no sólo por la confrontación armada entre grupos delincuenciales, sino también por el intento de controlar, en un alto grado mediante estrategias de terror, la vida social, económica y política de las comunidades”, explicó el centro de derechos humanos.

Destacó como ejemplos del “dominio” del crimen organizado el control que los bandos de la delincuencia tienen sobre las asambleas y autoridades comunitarias para asegurar “el sometimiento poblacional a sus intereses y su hegemonía en cada espacio territorial”, y que “la resistencia a este dominio es castigada con asesinatos, desaparición o castigos físicos públicos”. De igual forma señaló las restricciones a la libre circulación y las “situaciones críticas” en las que “la estrategia de guerra aísla a comunidades al cortarles el suministro de agua potable y la energía eléctrica; alimentos escasean; escuelas, hospitales y otros servicios públicos no pueden operar de manera permanente porque no existen condiciones de seguridad para el personal; pobladores suelen quedar en medio de confrontaciones armadas, lo que causa terror y riesgo de muertes por fuego cruzado y desplazamientos masivos”.

Frente a ello, el Frayba reiteró la responsabilidad del gobierno de reconocer la grave dimensión de la violencia en Chiapas y romper los mecanismos de impunidad que la perpetúan, pues “al minimizar la situación se profundizan los impactos y afectaciones, además se obstaculiza el ejercicio pleno de derechos”.

A continuación el comunicado completo:

Durante 35 años el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha documentado y denunciado las diferentes violaciones a derechos humanos en Chiapas, así como las responsabilidades de cada gobierno en turno, acompañando a víctimas, familiares y procesos colectivos organizados. Nuestra lucha es por el respeto de los derechos humanos y la construcción de la paz en un territorio profundamente lacerado. Somos una organización independiente y ajena a cualquier movimiento político-electoral. Durante estas tres décadas y media conservamos el principio de caminar con y para los pueblos que luchan por su liberación, nuestro corazón está en el Chiapas de abajo.

Con preocupación, hemos constatado y visibilizado que, al menos desde junio de 2021, la situación de violencia se ha profundizado como un cáncer en nuestro estado, en el marco de la disputa criminal por el dominio del territorio. Esta situación se caracteriza no sólo por la confrontación armada entre grupos delincuenciales, sino también por el intento de controlar, en un alto grado mediante estrategias de terror, la vida social, económica y política de las comunidades. En consecuencia la población chiapaneca y en movilidad vive graves impactos, con énfasis en las regiones Frontera y Sierra, con una tendencia de expansión hacia otras regiones del estado.

Hemos fundamentado, a la par y en conjunto con otras voces, que la violencia en contra de la población civil en Chiapas no es un daño colateral, tiene como propósito el control social como uno de los principales pilares de la estrategia de guerra de los grupos de la Delincuencia Organizada, sin que el Estado intervenga para dar solución y proteger a las comunidades. Pobladores son objeto de violaciones graves a derechos humanos como desplazamientos, desapariciones y reclutamientos forzados; además de asesinatos; torturas; entre otros.[1]

Asambleas y autoridades comunitarias son controladas por bandos de la delincuencia que aseguran así el sometimiento poblacional a sus intereses y su hegemonía en cada espacio territorial. Comerciantes, transportistas y otros gremios son obligados a alinearse a “organizaciones” que se configuran como su brazo civil, así como a pagar “derecho de piso”. La resistencia a este dominio es castigada con asesinatos, desaparición o castigos físicos públicos.

Hay situaciones críticas en que la estrategia de guerra aísla a comunidades al cortarles el suministro de agua potable y la energía eléctrica; alimentos escasean; escuelas, hospitales y otros servicios públicos  no pueden operar de manera permanente porque no existen condiciones de seguridad para el personal; pobladores suelen quedar en medio de confrontaciones armadas, lo que causa terror y riesgo de muertes por fuego cruzado y desplazamientos masivos. El escenario es tan cruento como el de cualquier otra guerra.

Este control territorial restringe la libre circulación. Los grupos delincuenciales instalan retenes a los que se obliga a asistir a la población. Las personas se enfrentan diariamente al terror de estos sistemas de vigilancia donde se les exige mostrar sus credenciales para identificar su lugar de procedencia. Se trata de focos rojos donde suelen ocurrir privaciones de la libertad, tortura y en el peor de los casos desapariciones y asesinatos. Las experiencias que vivieron reporteros, así como la candidata presidencial Claudia Sheimbaun, el pasado 22 de abril en Motozintla, son ejemplos claros de este tipo de controles carreteros.

Desafortunadamente, existen cifras negras incalculables. Solamente un mínimo porcentaje de casos es denunciado por el riesgo que ello implica y la desconfianza hacia las instituciones. Es necesario asumir que tanto el subregistro de los delitos y violaciones graves a derechos humanos, así como las diversas formas de control y múltiples violencias cotidianas que sufre la población, constituyen una problemática que no puede ser disminuida en su magnitud e importancia. Es deber del Estado garantizar mecanismos seguros y accesibles para la denuncia, registro y atención de las víctimas.

Frente a ello, el gobierno tiene la responsabilidad de reconocer la grave dimensión de la violencia en Chiapas y romper los mecanismos de impunidad que la perpetúan. Al minimizar la situación se profundizan los impactos y afectaciones, además se obstaculiza el ejercicio pleno de derechos. Invitamos al gobierno actual y el venidero a aproximarse a los pueblos que sufren esta realidad, así como a los actores de la sociedad civil que la palpamos al estar inmersos en ella, no para debatir sobre la existencia o niveles de la problemática, sino para construir rutas para una paz verdadera y sostenible.


[1]      Para más información consultar el informe Asedio a la vida cotidiana terror para el control del territorio y graves violaciones a derechos humanos. Disponible en: https://grupotrabajofronterachiapas.org.mx/

Fuente de la información e imagen:  https://desinformemonos.org

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México: calculan entre 35 mil y 45 mil niños y adolescentes reclutados por el crimen

Por: Redeco

De acuerdo con las estimaciones de organizaciones de la sociedad civil, en el país hay entre 35 mil y 45 mil niñas, niños y adolescentes reclutados por el crimen organizado.

Además de que son víctimas de toda clase de violencias, se les obliga a realizar conductas que los deshumanizan, y a pesar de que puedan escapar y reinsertarse en la sociedad, les dejan marcas físicas y emocionales imborrables, expuso la Secretaría Ejecutiva (SE) del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), de la Secretaría de Gobernación.

Durante la sesión permanente de comisiones de la instancia nacional y las estatales, la encargada de despacho de la SE del Sipinna, Constanza Tort San Román, alertó que factores estructurales como la desigualdad y el rezago social propician que esta población esté más expuesta al reclutamiento por parte del crimen organizado.

Las cifras oficiales muestran que, hasta julio pasado, había reporte de 3 mil 99 adolescentes de entre 14 y 17 años con medidas privativas de libertad; 93 por ciento, varones.

Además, las estadísticas del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), muestran que 101 menores en esta situación tenían entre 12 y 13 años.

En las cifras del órgano de readaptación social se considera como adolescentes procesados, con medidas privativas y no privativas de su libertad, a personas desde 12 y hasta 24 años de edad. En suma, son 5 mil 560 los adolescentes sancionados por delitos del fuero común y federal, de los cuales mil 318 se encuentran en internamiento y el resto están libres con medidas cautelares o con una suspensión condicional del proceso.

Jalisco, Nuevo León, Baja California, Guanajuato, Zacatecas, Sinaloa, Aguascalientes y Chihuahua concentran la mayor cantidad de adolescentes vinculados a un proceso legal.

A la par, en un foro en el Senado, la funcionaria federal agregó que mientras las calles fueron en el pasado un lugar de juego para infantes y adolescentes, perdieron su derecho de apropiarse de éstas y actualmente son un espacio donde se enfrentan a riesgos que comprometen su integridad, su futuro y su vida; eso tiene que cambiar rápido.

Fuente: https://www.redeco.com.ar

 

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OPINIÓN: Agenda 2021

Por:  Tlachinollan

Para la clase política de Guerrero, las elecciones que se realizarán en el mes de junio, será el tema central, en torno al cual girará el devenir del estado en este naciente año. La lucha por los cargos públicos será ríspida y hasta con visos de violencia, por las divisiones internas que resaltan al interior de los partidos políticos. La multiplicidad de facciones desgasta y debilita a los partidos, porque se lucha por los cargos y no por la transformación de nuestra sociedad. Los intereses económicos son los que ahora rigen al interior de los institutos políticos, y no los principios ideológicos, que son meros referentes de lo que antaño fue la identidad de los partidos.

Las disputas políticas al interior de los mismos institutos se tornan graves, por los enconos y rivalidades que se profundizan, sin que existan mecanismos eficaces para contener y atemperar estas rivalidades. Ante el temor de que haya agandalle en los cargos públicos, cada facción se organiza con su líder o dirigente, para dar la pelea en cada distrito y en cada municipalidad. El pleito es al interior del partido, porque de ahí depende de que sus candidatos aparezcan en las boletas electorales. Este trance requiere hacer méritos, sobre todo, tener aportaciones de todo tipo, para congraciarse con la dirigencia.

El escenario se complica por la colusión que existe entre los grupos de la delincuencia con los grupos políticos. En los últimos trienios hemos visto como algunos líderes políticos, han coqueteado con el crimen organizado y establecido vínculos con jefes de la delincuencia, para dar la pelea con recursos mal habidos. Esta situación anómala no solo pervierte el proceso electoral, sino que atiza la violencia en un terreno minado por las rivalidades que existen entre los grupos de la delincuencia, que se disputan férreamente el control territorial. El empoderamiento de estas organizaciones ha puesto contra la pared a las mismas autoridades municipales, al grado que prefieren alinearse y supeditarse a su lógica delincuencial. Los mismos cuerpos de seguridad no dan confianza a la población, por sus nexos con la delincuencia y porque no están capacitadas para realmente prevenir el delito y apoyar en la desarticulación de las redes del crimen.

El desbordamiento de los márgenes de la legalidad, propiciado por la delincuencia, no garantizará un proceso electoral dentro de un ambiente de libertad y seguridad, por el contrario, estará marcado por un clima de miedo, amenazas y vendettas. El asesinato de precandidatos, precandidatas y candidatos a puestos de elección popular en los pasados procesos electivos, son los focos rojos que siguen activados, y que requiere acciones coordinadas de los tres niveles de gobierno.

No basta que se incremente el número de efectivos policiales o militares, porque los actores armados no son los más idóneos para garantizar la paz y la legalidad. El gran desafío lo tienen los partidos políticos y las mismas autoridades, que están obligadas a actuar con pulcritud y transparencia, y no ser comparsas de la ilegalidad y de componendas con actores delincuenciales, que se han enquistado al interior de las instituciones gubernamentales y de los mismos partidos políticos. La corrupción que se encuentra adherida dentro de las estructuras del poder, no se puede extirpar de forma abrupta, mientras no se depuren a los funcionarios y agentes que se acostumbraron a vivir de la extorsión y los moches, como si fuera parte de la gobernabilidad. Se tienen que acabar con las zonas porosas que existen dentro de las estructuras del poder público, que son las que permiten las transacciones ilícitas, al amparo del poder. Las mismas autoridades tienen que mantenerse al margen de esta contienda, porque su injerencia es lo que genera enojo, desconfianza y encono, porque se lucra con la pobreza y se toman banderas partidistas que desprestigian a los mimos partidos.  El destino del presupuesto público debe de manejarse con transparencia, sin la carga electorera que tradicionalmente utilizan los gobernantes., al igual que la construcción de obras, que siempre llevan el sello o el del partido que gobierna en el municipio o en el estado, como si fueran los dueños de estos fondos. Aun estamos lejos de que las contiendas electorales sean transparentes y pacíficas, porque quienes nos gobiernan no se manejan bajo estos principios, les pesa todavía la visión clientelar, facciosa, coactiva, utilitarista y mafiosa de los procesos electorales, que miden la calidad de nuestra democracia.

Mientras esto ocurre entre clase política, la población guerrerense se sigue hundiendo en el pantano de la pobreza. Cada mañana lo corroboramos en las principales avenidas de las ciudades, con las decenas de personas ambulantes, desde niños y niñas hasta adultos mayores. El crecimiento desmedido del ambulantaje nos invade por todos lados. La deserción escolar se incrementa en la medida que no hay alimento seguro en la casa y no hay dinero para comprar medicinas. Miles de familias del campo han cerrado sus casas para contratarse como jornaleros y jornaleras agrícolas en los estados fronterizos de Chihuahua, Sonora y Baja California. Mas de 15 mil personas indígenas de la Montaña, se han registrado en la casa de jornalero, siendo el 30 por ciento de niños y niñas.

El hambre será el principal flagelo en este 2021 para las familias guerrerenses, porque no hay ingresos seguros. Ni las ciudades turísticas cubrieron las expectativas económicas de los empresarios y trabajadores. Las remesas ya son insuficientes para cubrir las necesidades básicas y los subsidios gubernamentales, se diluyen ante los altos precios de la canasta básica. No hay dinero que alcance para comprar suficiente maíz y las medicinas básicas para sobrellevar los síntomas del Covid-19. El escenario se vislumbra incierto, sin opciones para hacer frente a esta calamidad. Los programas federales, ha pesar de su incremento en el presupuesto, no podrán atender la multiplicidad de necesidades básicas que requieren las familias pobres. Se necesita implementar programas especiales para cada región, tomando en cuenta su potencial productivo y las características de su población y de su habitat.

La falta de medicamentos tiene costos muy altos, no solo por lo inalcanzable de sus precios, sino porque en población vulnerable, como niños y niñas prematuras, mujeres con alto riesgo en su embarazo, adultos mayores con problemas de comorbilidad, que se encuentran en comunidades apartadas, tienen sus días contados. El numero de personas que fallecen por falta de atención médica, se ha incrementado y agravado con la llegada del coronavirus. Los pacientes y sus familias prefieren atenderse en sus domicilios, porque saben que en el único hospital que recibe pacientes en general, no cuenta con suficientes camas, con personal médico especializado, con estudios de laboratorio ni con medicamentos. Con estas deficiencias, hay fundados temores de que la gente muera en el hospital, no solo por Covid-19, sino por la obsolescencia de los servicios.

El grave problema de la violencia y la inseguridad, en la percepción de la gente común, la situación va de mal en peor. No hay un municipio que garantice seguridad a sus habitantes. Hemos constatado que los grupos de la delincuencia tienen controladas rutas y regiones, donde la población tiene que adaptarse a sus modos de operar. En la Tierra Caliente, la cuota, es una práctica generalizada entre los comerciantes que quieren mantenerse con sus giros económicos. En la región Norte, las disputas por las plazas y ciertos territorios mantienen en constante zozobra a la población. En la zona Centro y la Sierra, varias comunidades están en medio del fuego cruzado y en la disyuntiva de permanecer en sus domicilios o desplazarse fuera de la región. En el puerto de Acapulco, los asesinatos diarios muestran el nivel de empoderamiento de los grupos de la delincuencia, que están en constante pugna. En la Costa Grande, la población sigue padeciendo las peleas a muerte por el reparto territorial entre los grupos del crimen organizado, dejando inerme a la población. La Costa Chica y la Montaña, empiezan a resentir las divisiones que se han dado al interior de los grupos de la policía comunitaria, que ha sido aprovechada por la delincuencia, para irse posicionando de algunas cabeceras municipales.

Este panorama deja ver que la guardia nacional, no ha dado los resultados esperados. Su presencia, además de insuficiente, es meramente testimonial. Los mismos grupos de la delincuencia saben que no tienen órdenes para desarmarlos ni para desmantelar su estructura. En los lugares donde se han suscitado hechos de violencia, a causa de los conflictos agrarios, no han querido establecerse, porque requieren lugares seguros para acampar y que las partes en conflicto, lo soliciten por escrito. Pesa más el criterio burocrático entre los pueblos indígenas que requieren con urgencia su presencia para disuadir la confrontación, que contrasta con su intervención inmediata, para desalojar a los migrantes centroamericanos.

El 2021 llega con mucha pesadumbre, por la violencia imparable, sobre todo contra las mujeres y niñas que han sido víctimas de feminicidios y de un sistema de justicia patriarcal, que da un trato discriminatorio que vulnera sus derechos como víctimas. Lo más desolador es que en este año las autoridades estatales y municipales, sobrellevarán los problemas más agudos, con el pretexto de que no habrá presupuesto suficiente. La población por su parte, seguirá luchando por su sobrevivencia, sorteando su vida, en medio del coronavirus, el hambre y la violencia delincuencial. También será testigo de la disputa que protagonizarán los partidos políticos y sus candidatos, para agenciarse los cargos públicos, donde hay dinero seguro, protección garantizada y servicios de calidad. La brecha entre la clase política y el pueblo trabajador, seguirá ensanchándose y profundizándose en nuestro estado, mientras los que ambicionan el poder, sigan haciendo negocios privados,  pisoteando los derechos de la gente pobre.

Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-agenda-2021/

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Noche sin estrellas

Por: Luis Hernández Navarro

Cuando los xiñá (sabios y sabias) de la Montaña de Guerrero divisaron los relámpagos en el norte, supieron que 2020 sería funesto, cuenta el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan. No sólo visualizaron en el horizonte el incremento de la violencia, sino la fuerza irascible del hambre, acompañada de una nube grisácea, que de momento no pudieron interpretar, pero que, al final de cuentas, resultó ser el anuncio de una enfermedad desconocida.

Sus rezos –explica Tlachi– se intensificaron entonces para calmar a las potencias sagradas y contener los malos vientos, que traen la enfermedad y la guerra. En la cima de los cerros quemaron vela.

Como toda persona asceta –describe el Centro de Derechos Humanos de la Montaña en su 26 Informe de actividades– guardaron para sí estos mensajes y los transmitieron a los mayores y mayoras, y a las autoridades que están en la mesa. Su objetivo fue asirse a su costumbre, como el ancla más segura para las comunidades que se encuentran en extrema vulnerabilidad, ante el olvido gubernamental y el empoderamiento de las fuerzas oscuras del crimen organizado, pudieran enfrentar las adversidades.

Como una noche sin estrellas se llama el informe de Tlachinollan. Su título evoca, como lo dice el poema que lo acompaña, el eclipse del sol de justicia y la forma en que la milpa comunitaria se marchitó en la región. En él, se documenta tanto la etapa de sorda oscuridad que la región y Guerrero vivieron durante el último año, como la capacidad para hacer frente y salir adelante en la adversidad, de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas y campesinas en el estado.

La obra es una formidable y vasta (396 páginas) narración, similar a las que los grandes novelistas sociales del siglo XIX (Balzac, Zola, Dickens) produjeron. En ella, la pluma de Tlachinollan traza una visión panorámica de la política, la sociedad y las luchas sociales de la Montaña y el Guerrero de abajo, al tiempo que describe los personajes colectivos que hacen la historia regional: comunidades indígenas, movimientos populares, buscadoras de sus desaparecidos, nuevos defensores de derechos humanos, migrantes.

Al hacerlo, retrata a figuras excepcionales que expresan a los sujetos colectivos y que parecen extraídos de una novela de Gorki, como el dirigente del Frente Popular de la Montaña Arnulfo Cerón Soriano y el líder campesino Ranferí Hernández. Ambos fueron asesinados por su participación política en momentos distintos. O a la migrante doña Amelia, quien en 1980 salió de Ixcateopan, en un viaje sin retorno, a Nueva York, a buscar a su hijo, y a quien ya no le alcanzaron las fuerzas para vencer al coronavirus.

Como si fuera un textil elaborado con los más diversos hilos, el informe de Tlachi entreteje la historia de grupos criminales imbricados con políticos y fuerzas de seguridad, que se dedican a labores de contrainsurgencia; la descomposición de la vida urbana en la ciudad de Tlapa; el avance incontenible del Covid-19; las penurias y el heroísmo de los montañeros migrantes en Tlapayork; el surgimiento de un grupo de buscadores de desaparecidos, la continuidad de la lucha de los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y muchos acontecimientos más.

Las historias se suceden vertiginosamente unas a otras. El Covid-19 no ha pegado igual a todos. Se ha cebado especialmente con los más pobres, que ya de por sí padecían hambre, marginación y violencia ancestrales. Sin médicos ni medicinas, ni centros de salud en las comunidades, la llegada de la pandemia a la Montaña resultó aciago. Los pueblos han improvisado el cuidado de sí mismos. Como recomendaron los xiñá, echaron mano de la tradición y alrededor de ella se unieron para enfrentar la adversidad.

Guerrero es un enorme camposanto clandestino. Como si vivieran en un país aparte, en los terrenos de los negocios inmobiliarios con los que el narco lava sus ganancias ilícitas, han instalado casas de seguridad y depósitos de restos humanos.

Antes que hospitalizarse, por temor a la migra y las deportaciones, cuando enfermaron los montañeros que partieron a Nueva York a buscar el sueño americano, los que mandaban a los suyos 300 dólares al mes como bálsamo para la penuria familiar, se encerraron hacinados en sus viviendas. Para muchos, contagiarse lejos de la casa resultó más doloroso que la sola afección. Como fue mayor el calvario de los familiares de quienes fallecieron por el mal, que debieron pagar pequeñas fortunas para incinerar los cuerpos y trasladar las cenizas de sus deudos a México, sin ni siquiera poder despedirlos como se debe.

Sin ingresos y sin trabajo, las familias rurales tuvieron que salir a buscarlos en los campos agrícolas del norte. Carentes de la higiene adecuada, en transportes en los que viajan hacinados, se han convertido (más de lo que ya eran) en fácil presa del coronavirus.

Decía Vaclav Havel que a veces se necesita tocar el fondo de la miseria para poder entender la verdad, igual que hay que lanzarse hasta el fondo del pozo para llegar a ver las estrellas. En un mundo sordo, en medio de un mar de dolor, muy cerca de lo más profundo del pozo, en Como una noche sin estrellas se atisban los astros de la esperanza comunitaria que permiten comprender la verdad de los de abajo.

Twitter: @lhan55

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/12/08/opinion/019a2pol

Imagen: https://www.flickr.com/photos/chou2006/649796088/in/photolist-2jwgbFN-2hHAVRp-2jJ5BBK-EUT4Jb-9izMzv-dcxjxb-AptyuM-pFq3CF-eEWdZG-2gSkAT1-69PaC7-ZqnJQ-8U16WL-7ivhYx-6tS5a8-6tWdAs-6tS6r4-6tWebj-6tWdTU-21WgsFi-3VYi4f-bSQiA2-8wkaZF-bfQ88V-cKigmJ

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En México los niños se arman contra el narcotráfico

América del Norte/México/02-02-2020/Autor(a) y Fuente: lahora.com.ec

Redacción AYAHUALTEMPA

AFP

Al pie de un frondoso cerro del mexicano Estado de Guerrero, una docena de niños ensaya posiciones en una cancha de basquetbol, pero no para aprender a lanzar la pelota sino a disparar las armas largas que cargan a cuestas.

“¡Posición 3!”, grita firme Bernardino Sánchez, integrante de la Policía Comunitaria que custodia 16 pueblos de esta zona de Guerrero: la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Pueblos Fundadores CRAC-PF, creada para hacerle frente al crimen organizado y con unos 600 integrantes que denuncian la indiferencia del Estado.

La fila de niños, ataviados con cubre bocas y roído calzado artesanal, se convierte al instante en una imaginaria línea de frente de combate cuando se tiran con completa seriedad pecho tierra encañonando con mirada fija al vacío, ante la curiosidad de otros pequeños que alternan el español con náhuatl.

Zona de violencia

Una serie de sucesos violentos han ocurrido por la fuerte presencia de narcotraficantes en esta zona de Chilapa, Guerrero.

Hace una semana, nueve hombres y un menor –músicos y sus ayudantes- fueron secuestrados, torturados y sus cuerpos encontrados semicalcinados adentro de sus dos camionetas, arrojadas al fondo de un barranco.

Las autoridades mexicanas señalaron al cartel de Los Ardillos como responsable, pero para este colectivo eso no fue suficiente y en respuesta cerraron las entradas a varios pueblos, como el de Ayahualtempa, donde ocurre el entrenamiento infantil.

Hicieron también una demostración de la preparación de sus futuros cuadros, algunos de solo 5 años y que entrenan con pistolas de juguete o ramas.

En total, una treintena de niños son entrenados para formar parte de esa fuerza comunitaria que, según sus líderes, resguarda a unas 6.000 personas.

‘Yo quería estudiar’

Los menores de 13 años no participan aún en patrullajes de la CRAC-PF, pero están preparados para detonar sus armas ante alguna irrupción de Los Ardillos, como la de mayo de 2015 cuando secuestraron a más de 30 personas -de las que no se volvió saber- en la cabecera municipal de Chilapa.

Desde entonces, los enfrentamientos entre guardias comunitarios y narcotraficantes no han cesado, provocando incluso desplazamientos.

Cerca de la cancha donde ocurre el entrenamiento, una ranchería luce vacía. En una casa con la puerta baleada, hay ropa, zapatos de niños desperdigados y costales de maíz podridos. El lugar parece haber sido abandonado con bastante premura.

6 MIL
personas son resguardadas por la Policía Comunitaria.
Por el acecho constante de Los Ardillos, algunos padres aceptaron que sus hijos se enfilaran.

“Yo quería estudiar, pero como la escuela está cerca de Los Ardillos, me metí a la Policía Comunitaria… me iban a agarrar”, dice convencido pero en voz baja Gustavo, de 13 años, delgado y de tez morena, asegurando sentirse “bien” con su escopeta.

Luis, policía comunitario desde hace tres años, es el padre de Gustavo. Tiene otro hijo, Gerardo, de 15 años, que también aprende a “defenderse y a defender a su familia”, según cuenta durante el entrenamiento sin quitarles la mirada de encima.

“Los niños decidieron apoyarnos en la Policía Comunitaria”, expone Luis, quien también usa un pañuelo para ocultar parte de su rostro. Dice recordar perfectamente el día en que sus dos hijos le dijeron que querían armarse y dejar la escuela.

Las autoridades han reprobado los entrenamientos infantiles y el viernes el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, acudió a la zona por primera vez desde que asumió el cargo hace cuatro años para volver a criticar esa práctica y negociar con la CRAC-PF el levantamiento de los bloqueos de carreteras.

FRASE

Mis hijos tienen más coraje que miedo ahora que saben agarrar las armas. Cuando a la comunidad entren grupos armados, ellos tienen que levantarse y defender también”. Luis  Policía comunitario 

Fuente e Imagen: https://lahora.com.ec/quito/noticia/1102301874/en-mexico-los-ninos-se-arman-contra-el-narcotrafico

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Unos 400.000 niños se encuentran sin educación en Colombia, Brasil y Ecuador

América del Sur/ Colombia/ 19.11.2019/ Fuente: www.colombia.com.

Unos 400.000 niños venezolanos no van a la escuela en Brasil, Colombia y Ecuador y el 48 % no lo hace porque las aulas de las poblaciones de acogida están superpobladas, informó este viernes el Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés).

Según una encuesta que el NRC llevó a cabo en 2018 en zonas fronterizas de los tres países y su experiencia en el terreno, en Colombia por ejemplo, el 58 % de los niños venezolanos en edad escolar no asistían a la escuela ni estaban inscritos.

Problema multicausal

El director del NRC, Christian Visnes, explicó en declaraciones a Efe que algunas de las principales barreras para la escolarización de los menores es que muchas de sus familias llegan «en una situación de extrema pobreza, sin información y en zonas del país donde ya hay un problema de cobertura escolar».

Visnes también observó que el porcentaje de niños sin escolarizar es mayor en Colombia, sobre todo porque es el país que recibe a más migrantes venezolanos, y en cambio, en Ecuador el tipo de migración es diferente, porque las familias venezolanas allí «están de paso» y por eso no les «urge tanto escolarizar a sus pequeños».

Un total de 4,6 millones de venezolanos, de los cuales un 25 % son niños, han salido de su país por la crisis y de ellos más de 1,4 millones se han establecido en Colombia.

Factor de riesgo

Visnes advirtió que Colombia tiene un «factor de riesgo adicional», que es la existencia «del conflicto armado», y por eso en algunas zonas fronterizas con Venezuela, como el Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander (noreste), «los niños venezolanos sin escolarizar se exponen al reclutamiento de menores de los actores armados y de grupos criminales».

«En estas zonas la necesidad de que el Estado colombiano proteja a los niños es mayor, y una de las formas más efectivas es a través del sistema educativo y de la escolarización, para que no sean víctimas de la trata o del crimen organizado», reiteró el director del NRC.

La encuesta del NRC también señaló que el 35 % de las familias venezolanas no podían pagar los costos asociados con la educación, mientras que un 8 % de los niños dijo que pasaba su tiempo trabajando para ayudar a mantener a sus familias.

En este sentido, Visnes aseveró que hay familias que no pueden permitirse «ni comprar el uniforme obligatorio de la escuela», y agregó que la escolarización «puede ser el primer paso para que las familias empiecen a establecerse y a encontrar un sustento».

Niños que migran solos

El directo del NRC apuntó a la vulnerabilidad de los niños que migran solos, porque «aunque no podemos saber cuántos son, nos preocupa encontrarnos con adolescentes de 14 y 15 años en esta situación, edades en las que es frecuente el reclutamiento de grupos armados y de crimen organizado».

Por eso, el director de la organización humanitaria pidió soluciones integrales e instó a los Gobiernos a proporcionar espacios escolares para todos los niños venezolanos «que están en peligro de quedarse atrás y vulnerables a situaciones de explotación».

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) informaron ayer en la presentación en Bogotá del Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes 2020 que son necesarios 1.350 millones de dólares para atender las necesidades humanitarias de los refugiados y migrantes venezolanos que han huido de la crisis de su país.

Según el NRC, a finales del 2020 el número de venezolanos desplazados en la región aumentará a 5,5 millones y se calcula que en promedio cada día salen unas 4.000 personas de Venezuela.

Fuente de la noticia: https://www.colombia.com/actualidad/internacionales/ninos-de-venezuela-escolarizacion-247638

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