ONG denuncia crímenes contra activistas ambientales en Honduras

Honduras/Febrero de 2017/Fuente: Telesur

La ONG internacional Global Witnesss denuncia 123 homicidios de defensores del medio ambiente en el país centroamericano.

Global Witness, la ONG internacional que documenta los crímenes contra los ecologistas en el mundo, publicó este martes un informe en el que denuncia la implicación de altos representantes políticos y miembros de la élite empresarial de Honduras en actos de represión hacia activistas ecológicos en el país.

Desde el año 2010 han asesinado a 123 ecologistas en el país, de acuerdo al informe. En consecuencia, Honduras es el país más peligroso para ser defensor del medio ambiente.

Esta nación pasa a formar parte del grupo de países más peligrosos para los defensores del activismo ambiental, junto a Brasil y Colombia.

El texto presentado informa que “los conflictos por la minería, las presas hidroeléctricas y la agroindustria son las principales causas de estas muertes y la mayoría de las víctimas pertenece a grupos indígenas y comunidades rurales”.

“Global Witness ha descubierto nuevas evidencias de los acuerdos de la puerta trasera, sobornos y violaciones de la ley que se utilizan para imponer estos proyectos y silenciar cualquier oposición”, asegura el informe.

Asimismo, el jefe de campañas de Global Witness, Billy Kyte, afirmó que sus “investigaciones demuestran que las élites políticas y empresariales hondureñas están usando medios corruptos y delictivos para sacar provecho de la riqueza natural del país y están consiguiendo el apoyo de las fuerzas estatales para asesinar y aterrorizar a las comunidades que se atreven a interponerse en su camino”.

Berta Cáceres, un crimen que sacudió el panorama internacional

Entre los homicidios destaca el de la activista indígena Berta Cáceres (2016) que fue el primero en provocar un escándalo internacional. Pese a las amenazas a su vida, Cáceres lideró un movimiento contra la construcción de una planta hidroeléctrica en el occidente de Honduras por su impacto ambiental en tierras históricamente habitadas por indígenas.

Feminista, defensora indígena, activista de derechos humanos, ambientalista y líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Cáceres murió a balazos el 3 de marzo de 2016 en su casa del departamento de Intibucá.

En su asesinato, como autores intelectuales y materiales figuran al menos siete personas, seis militares (activos y en retiro) y un empresario.

Fuente: http://www.telesurtv.net/news/ONG-denuncia-crimenes-contra-activistas-ambientales-en-Honduras-20170201-0009.html

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Las amistades peligrosas

Por: Lidia Falcón

Nuestro amado rey Felipe VI, modelo de monarcas democráticos, va a visitar al rey de Arabia Saudí en pocos días. Supongo que ambos se obsequiarán con los besos rituales y que nos dirán que su amistad es inquebrantable como lo fue con el ínclito padre del nuestro, Juan Carlos I.

Lo que no nos dirán es que este viaje tiene como objetivo principal la venta de armamento español a esa satrapía, para que lo utilice en bombardear sirios y yemeníes, actividad a la que está entregado el régimen saudí con ardor en los últimos años. Y naturalmente Felipe VI tiene que negociar la compra del petróleo, que tanta falta nos hace. Tampoco nos contarán que de esos negocios siempre sale beneficiada la corona española, desde hace 41 años.

Por supuesto, los voceros de la monarquía, premiados en los medios de comunicación, tampoco nos explicarán con detalle que clase de tiranía es la saudí. Entre las dictaduras que mantienen regímenes donde son habituales la pena de muerte, la tortura y la encarcelación perpetua, Arabia es de las peores. La extrema crueldad con que el régimen persigue y castiga a las mujeres, a los trabajadores extranjeros, a los homosexuales, a los periodistas, a los críticos con el régimen, por acciones que en cualquier país de occidente son actividades absolutamente legítimas, muestra un gobierno que no ha salido de la Edad Antigua. Latigazos, mutilaciones, asesinatos, encarcelamientos interminables en condiciones miserables, se menudean en esa satrapía de la que nuestra corona es tan amiga.

El bloguero saudí Raif Badawi está condenado a diez años de prisión y a 1.000 latigazos –que se le propinarán a plazos, a razón de 50 en cada sesión, se supone que hasta acabar con su vida- por “insultar al islam” desde su página web, ‘Free Saudi Liberals’, en la que cuestiona a los líderes religiosos de su país. La actual no es la primera vez que Badawi sufre la represión del ejecutivo saudí. Fue detenido en 2008 acusado de apostasía –uno de los crímenes más graves en Arabía Saudí–, se congelaron sus cuentas bancarias y se le prohibió salir del país.

En 2012 se le acusó de “crear una página web que ponía en peligro la seguridad general y ridiculizaba a diversas figuras religiosas”, el mismo año en que Arabia Saudí ocupó un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Un año especialmente represivo, ya que se han ejecutado a cientos de condenados, según Amnistía Internacional, que considera a Badawi preso de conciencia. Una carta de su esposa, publica da en el blog de Amnistía Internacional en el diario.es, se hacía eco del “infierno” que ha supuesto para la familia la detención de Raif.

“Desde 2012 permanece recluido, cumpliendo una condena de 10 años de prisión, y le han propinado ya, en público, 50 de los 1.000 latigazos a los que fue condenado, una crueldad inenarrable que va más allá de lo que cualquier persona puede soportar”, escribía Ensaf Haidar. Cincuenta latigazos que estuvieron a punto de acabar con su vida. En tan grave estado quedó que ha estado en el hospital varios meses, y que, según cuenta su esposa esta semana, que en la actualidad vive en Canadá con sus tres hijos –de otro modo ya estaría en prisión o ejecutada por hacer la campaña por la liberación de su marido- , las autoridades saudíes han dado su visto bueno para reanudar los azotes, después de que se pospusieran en medio de grandes protestas en su contra.

Badawi ha sido la persona elegida este año por el Parlamento Europeo para alzarse con el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia. La Eurocámara ha pedido al gobierno saudí la “liberación inmediata” de Raif Badawi, como ha expresado el presidente del Parlamento Europeo, Martin Shulz, en su cuenta de Twitter. El galardón consta de una dotación económica de 50.000 euros.

“A este hombre, una buenísima persona, un hombre ejemplar, se le ha impuesto una de las penas más espantosas que existen en aquel país y que solo puede calificarse de tortura brutal”, condenó Shulz. El Parlamento Europeo aprobó en febrero de 2015 una resolución que condena los latigazos a Raif Badawi, y los califica de “crueles y estremecedores”. “La resolución reclama que las autoridades de Arabia Saudí le liberen de inmediato y sin condiciones, al ser considerado un prisionero de conciencia, detenido y sentenciado únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión”, indica en una nota el Parlamento Europeo.

En cambio no hemos oído una palabra de nuestro rey ni de su caritativa esposa solicitando la libertad de Badawi, no fuera a ser que enfadara a sus amigos, a los que tantos favores les deben.

Pero no se crean que este crimen es una excepción. No solo la legislación saudí prohíbe a las mujeres toda autonomía, resulta conocido que no pueden ni conducir un automóvil, sino que las persigue con saña para demostrar que el patriarcado árabe es el más retrógrado del mundo.

Sólo hace unos días una mujer ha sido violada por siete hombres y como, de acuerdo con la ley saudí, un miembro masculino de la familia tiene que acompañar a una mujer a todas horas en público, la víctima fue sentenciada a 90 latigazos por no cumplir esta ley. Pero esto no era suficiente. Las autoridades de Arabia Saudí decidieron más tarde endurecer severamente la pena de la víctima, pasando a seis meses de cárcel y de 90 a 200 latigazos. Según los tribunales, el motivo se encuentra en que la víctima relató en medios de comunicación la violación sufrida. Además, se le ha prohibido a su abogado ejercer como tal.

Para más información busquen los vídeos grabados en la clandestinidad por heroicos investigadores, en los que se ve como varios hombres, en diversas escenas, agreden y apalean a mujeres porque están solas en la calle o en un supermercado. Ellas caen al suelo sin hacer el menor gesto en su propia defensa. Para estómagos fuertes es la grabación de la ejecución pública de una mujer, envuelta en un burka como si de un bulto se tratara, a la que varios hombres empujan, arrodillan y disparan en la nuca, dejando tirado en el suelo el cadáver, mientras una turba de espectadores lo contempla.

Pues bien, al rey de ese infame régimen, nuestro democrático Borbón va a visitar, con honores de Estado, y a abrazar cariñosamente, sin tener en cuenta que hay amistades peligrosas, para que a los españoles no se nos olvide que en la escala de valores de nuestra monarquía primero es la bolsa y después la vida.

Fuente: http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2017/01/11/las-amistades-peligrosas/

Imagen: http://www.cronica.com.ar/article/details/45915/para-los-infieles-entre-30-y-100-latigazos

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Corea del Norte: Se agudiza la situación catastrófica de los derechos humanos

Corea del Norte/Enero de 2017/Fuente: Human Rights Watch

Corea del Norte sigue siendo uno de los estados más represivos del mundo, señaló hoy Human Rights Watch en su Informe Mundial 2017. Bajo el liderazgo de Kim Jong-un, el gobierno norcoreano ha controlado a la población empleando tácticas como arrestos arbitrarios y torturas, detención y trabajo forzoso en distintos campamentos de prisioneros, así como ejecuciones públicas por una variedad de “delitos”. En 2016, el gobierno procuró ejercer un control todavía más férreo, estableciendo mayores restricciones a la posibilidad de viajar y sancionando severamente a quienes mantienen contacto no autorizado con el mundo exterior.

En la 27.º edición de su Informe Mundial, de 687 páginas, Human Rights Watch analiza las prácticas de derechos humanos en más de 90 países. En su ensayo introductorio, el director ejecutivo Kenneth Roth escribe sobre cómo una nueva generación de populistas autoritarios pretende barrer con el concepto de garantías de derechos humanos, y trata a los derechos como un obstáculo a la voluntad de la mayoría. Para quienes se sienten olvidados por la economía global y progresivamente atemorizados por los delitos violentos, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y el público deberán desempeñar un rol clave en la reivindicación de los valores sobre los cuales se ha construido la democracia basada en el respeto de los derechos.

“Kim Jong-un ha construido su poder sobre la base del miedo y de aberrantes violaciones de derechos”, expresó Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch. “Con los gulags, el trabajo forzoso y las ejecuciones públicas, el gobierno de Corea del Norte muestra un retroceso a los abusos más nefastos del siglo XX. Kim Jong-un debe responder por sus crímenes”.

En 2016, el gobierno norcoreano intensificó sus esfuerzos para impedir que ciudadanos norcoreanos dejaran el país sin autorización e intentaran obtener refugio en el extranjero, por lo general escapando a través de China. Las personas interceptadas cuando intentaban cruzar la frontera, o devueltas de manera forzada por China, enfrentaron interrogatorios y torturas, así como reclusión en campamentos donde fueron obligadas a realizar trabajos forzosos en condiciones riesgosas y, a veces, con peligro para la vida. En la frontera, el gobierno construyó alambrados y adoptó otras medidas de seguridad para impedir salidas no autorizadas, y castigó a guardias fronterizos por permitir que algunas personas escaparan del país. Corea del Norte también intentó restringir el acceso de sus ciudadanos a información no autorizada procedente de fuera del país, juzgando con severidad a quienes se detectó que tenían teléfonos celulares chinos, tarjetas SD o USB con noticias e información, películas, programas de televisión y otros contenidos de China, Corea del Sur o cualquier otro lugar.

Corea del Norte discrimina a personas y a sus familias por motivos políticos, y reprime de manera sistemática derechos civiles y políticos básicos, como las libertades de expresión, asociación y reunión, además de perseguir a quienes participen en cualquier tipo de actividades religiosas. El gobierno también utiliza el trabajo forzoso de ciudadanos comunes y prisioneros para controlar a personas y mantener la economía. Como parte de los preparativos para el Séptimo Congreso del partido oficialista, el Partido de los Trabajadores de Corea, el gobierno exigió a la población participar en una “batalla” de trabajo forzoso de 70 días para alcanzar las metas de trabajo previstas.

El informe de 2014 de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Corea del Norte señaló que entre las graves violaciones de derechos humanos cometidas de manera sistemática y generalizada por el gobierno se incluían homicidios, esclavitud, tortura, encarcelamiento, violación sexual, aborto forzado y otros actos de violencia sexual, que constituyen delitos de lesa humanidad. El Consejo de Derechos Humanos, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU han condenado la actuación de Corea del Norte en materia de derechos humanos.

“La situación de los derechos humanos en Corea del Norte es tan precaria que debería instar a los gobiernos de todo el mundo a poner estos derechos en el centro de todas sus tratativas con Pionyang”, opinó Robertson. “Estos abusos gravísimos seguirán por tiempo indefinido, a menos que la comunidad internacional ejerza realmente presión sobre el gobierno, preparando los argumentos para demostrar la responsabilidad penal de las autoridades del país”.

Fuente: https://www.hrw.org/es/news/2017/01/12/corea-del-norte-se-agudiza-la-situacion-catastrofica-de-los-derechos-humanos

 

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Justin Trudeau le quiere cumplir a los indígenas canadienses

América del Norte/ RCI/Radio Canadá/CBC/Presse Canadienne

Un año después de la presentación del informe sobre el trágico episodio de las escuelas residenciales, tres jefes de organizaciones indígenas se reunieron este jueves con el Primer ministro de Canadá en Ottawa. Justin Trudeau quiere pasar de las palabras al acto y anunció la creación de un Consejo nacional destinado a implementar las 94 recomendaciones de laComisión de Verdad y Reconciliación.

Después de 6 años de trabajos, la Comisión de Verdad y Reconciliación presentó el año pasado un informe con copiosas investigaciones y conmovedoras declaraciones sobre la tragedia humana que dejaron los pensionados indígenas en Canadá.

Para poner en relieve este aniversario y hacer el balance, Justin Trudeau se reunió este jueves durante dos horas con Perry Bellegarde, Jefe nacional de la Asamblea de Primeras Naciones (APN); Natan Obed, presidente de la Asociación Inuit Tapirit Kanatami y David Chartand, presidente de la Reagrupación Nacional de Mestizos (RNM) y presidente de la Federación de Mestizos de Manitoba, MMF.

Las necesidades de las comunidades indígenas son apremiantes y fueron trágicamente ilustradas una vez mas, por el incendio de una residencia ocurrido este miércoles en una reserva de la Primera Nación Oneida of the Thames, en Ontario, que cobró la vida a un adulto y 4 niños.  Esto incitó al Primer ministro a declarar en conferencia de prensa lo que el gobierno ha hecho y lo que le queda por hacer en favor de estas comunidades.

“Hemos tomado medidas significativas. Concretamente para encontrar soluciones y asociaciones con las comunidades indígenas”, dijo el Primer ministro. Pero en vez de contentarse con soluciones a corto plazo, Justin Trudeau desea establecer una verdadera relación de trabajo con los indígenas.

© Archivos SRC

Adopción de tres medidas

Entre las tres medidas anunciadas este jueves, una de ellas apunta a crear un comité de enlace que reagrupe a líderes indígenas y ministros federales. Anualmente, el Primer ministro canadiense se reunirá formalmente con los jefes de la APN, de los Inuit y los Mestizos. Ministros de su gobierno se encontrarán también con ellos dos veces al año.

Ottawa crea también un Comité provisional que debe llevar a la creación de un Consejo Nacional para la Reconciliación con las Primeras Naciones.

Y finalmente, Ottawa otorga un subsidio de 10 millones de dólares al Centro Nacional por la Verdad y la Reconciliación. Inaugurado en 2015 en la Universidad de Manitoba, este centro tiene por misión de conservar los archivos orales y escritos de los 7.000 sobrevivientes de los pensionados indígenas, para conservarlos como herencia y continuar el proceso de sanación.

Los líderes indígenas que se reunieron con el Primer ministro afirman que la este nuevo Consejo Nacional para la Reconciliación con las Primeras Naciones contribuirá a que el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación no caiga en el olvido, como sucedió con otros  informes sobre la situación de los indígenas en el pasado.

Compromiso “sin precedentes” del gobierno Trudeau

El gobierno liberal de Justin Trudeau aprobó las 94 recomendaciones de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Hasta el momento, entre las 45 recomendaciones que dependen directamente del gobierno federal o de las provincias y territorios, 41 ya se concretaron o se están concretando, declaró el Primer ministro.

El gobierno canadiense permitió la apertura de la Investigación nacional sobre las mujeres y las niñas desparecidas o asesinadas. Y otorgó 8.400 millones de dólares al ministerio de Asuntos indígenas en el último presupuesto. Este “compromiso sin precedentes”, como lo llama el jefe Perry Bellegarde, será escalonado en 5 años.

Justin Trudeau anunció también la presentación de un proyecto de ley destinado a salvaguardar y promover las lenguas indígenas en Canadá. Y finalmente, se construyeron escuelas nuevas para las comunidades indígenas y el agua potable se convirtió en una realidad en 14 reservas, que debían en el pasado hervir el agua antes de consumirla.

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Indígenas de Canadá todavía sufren nefasta herencia colonial

Canadá/10 noviembre 2016/Autora: /Fuente: Ipsnoticias

Las consecuencias del colonialismo y del despojo sufrido por los pueblos originarios de Canadá quedaron solapadas y no fueron reconocidas por la población de “colonos”, puntualizó la especialista en justicia indígena Lisa Monchalin.

Y en especial, subrayó el impacto del legado colonial sobre los indígenas de Canadá en la actualidad, en el marco de la presentación de su último libro “The Colonial Problem: An Indigenous Perspective on Crime and Injustice in Canada” (El problema colonial: Una perspectiva indígena sobre delitos e injusticia), en la Universidad Colegio de Londres este mes.

Durante la Colonia, la población autóctona se vio obligada a depender de un sistema extranjero que le prestaba poca atención a su propia cultura y costumbres. Los colonos europeos eliminaron los derechos de los indígenas, rápidamente mediante una estructura jerárquica que los consideraba como el “problema indígena”.

La solución colonial para el “problema” indígena no fue otra cosa que mortal. Como resultado directo de la colonización europea, la población autóctona se convirtió en un pueblo en extinción, literlamente con la muerte de entre 80 y 90 por ciento de sus integrantes por las enfermedades traídas de Europa. En el siglo XVIII, se distribuyeron mantas infectadas con viruela para erradicar a los indígenas.

Los que sobrevivieron a las enfermedades fueron desplazados a la fuerza. Muchos fueron confinados a terrenos más pequeños, asimilados culturalmente y obligados a abandonar sus tradiciones o dejados a su suerte en territorios con pocos recursos.

“También puede atribuirse a la colonización la prevalencia de la violencia contra las comunidades indígenas a lo largo de los siglos, incluso la violencia de género”, precisó Monchalin.

Antes de la colonización, las sociedades tradicionales nativas se enorgullecían de su organización matriarcal, honrando y valorando la naturaleza “sagrada” de las mujeres en su comunidad. Ellas tenían una gran importancia por ocupar posiciones de liderazgo y de poder, y había una división equitativa del trabajo.

“Los actos de violencia sexual eran raros antes del contacto europeo”, indicó.

El sistema europeo de gobernanza despojó a las indígenas de su agencia. Ya no podían ser valientes lideresas y, en cambio, los colonizadores quisieron instalar la idea de que eran simples subordinadas de los hombres de la comunidad. Bajo el régimen colonial, solo ellos podían hablar en nombre de sus comunidades.

Los colonos comenzaron a crear la imagen de la indígena como la “otra exótica”. Se referían a ellas como “squaws”, la versión femenina del salvaje, y la describían como “sin rostro humano, lujuriosas e inmorales”, explicó Monchalin.

Las perspectivas coloniales arraigadas no solo transformaron la identidad femenina indígena en una mercancía sexual, sino que llevaron a una generalizada objetivación sexual, que permitió justificar la violencia sexual pues esas mujeres solo “tenían forma humana”.

La subordinación y la opresión de las indígenas instaladas en la época colonial se mantiene hasta nuestros días. Construcciones sexualizadas y romantizadas de las “eróticas” indígenas habilitaron el acoso sexual y las violaciones en todo el país.

“En Canadá, 87 por ciento de las indígenas sufrirá algún tipo de violencia física en la vida, y una de cada tres mujeres será violada”, subrayó.

Las indígenas siguen victimizadas por las estructuras de un sistema colonial deshumanizante que existe hasta hoy y que les arrebató su agencia y las consideró “seres inferiores”.

El problema saltó a la luz pública en 2014, cuando se conocieron 1.181 casos de indígenas desaparecidas entre 1980 y 2012. La situación no concentró la atención debida y no fue hasta el año pasado que se lanzó una investigación para conocer la verdad. También se ha denunciado la violencia policial que sufren en todo el país.

Numerosos especialistas coinciden en que el legado histórico de la represión eurocéntrica contribuye a la actual injusticia y desigualdad que sufren las indígenas. En 1873, uno de los principales objetivos de la Real Policía Montada Canadiense era atender “el problema indígena”, con el fin de lograr la “rendición silenciosa” de los pueblos autóctonos.

Eso llevó a la creación de “escuelas residenciales”, pensionados con fondos estatales para educar a niñas y niños indígenas. El gobierno canadiense creó una política de “asimilación agresiva”, pues creía que las escuelas gestionadas por la Iglesia eran la mejor forma de prepararlos para vivir en la sociedad y, en definitiva, abandonar sus tradiciones “salvajes”.

Los niños indígenas fueron víctimas de violencia y abusos, hasta sexuales, que alcanzaron un grado epidémico, e incluso algunos de ellos denunciaron que fueron empleados para “experimentos nutricionales”. Tras casi un siglo de “violencia estatal”, la última escuela residencial cerró en 1996.

La necesidad de eliminar, silenciar y condenar a un pueblo por su origen étnico habilitó la violencia estatal y los malos tratos de las autoridades hacia los indígenas. Cuestiones sistémicas de racismo y discriminación “legitiman” actos de brutalidad policial y detenciones injustas. De hecho, hay una clara y exagerada representación de indígenas en las cárceles canadienses, con 4,3 por ciento de su población privada de libertad.

La injusticia colonial heredada persiste hasta la actualidad y es responsable de que los pueblos autóctonos de Canadá sufran abusos, violencia y prejuicios a diario. Siete generaciones de víctimas de las escuelas residenciales, la arraigada explotación femenina, la violencia estatal, las detenciones ilegales, entre otras atrocidades, crearon un trauma intergeneracional en las comunidades indígenas de todo el país, analizó Monchalin.

En la actualidad, el gobierno federal de Canadá comenzó a atender la negligencia generalizada y las malas políticas sufridas por varias generaciones de indígenas.

El primer ministro Justin Trudeau declaró públicamente su intención de comenzar una nueva relación próspera entre Canadá y los pueblos originarios. “Ninguna relación es más importante para mí y para Canadá que la de las Primeras Naciones, la Nación Mestiza e Inuit”, aseguró en una asamblea de las Primeras Naciones en diciembre de 2015.

Canadá tiene previsto invertir 8.400 millones de dólares en los próximos cinco años, a partir de 2016-2017, para mejorar las condiciones socioeconómicas de los pueblos indígenas y sus comunidades y lograr un cambio transformador.

“Mediante la educación, la creación de conciencia y la voluntad de confrontar y cuestionar el pasado violento, la población de Canadá podrá finalmente celebrar la identidad indígena y, en definitiva, reconstruir sus ricas tradiciones, rotas a la fuerza por el colonialismo”, resumió Monchalin.

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2016/11/indigenas-de-canada-todavia-sufren-nefasta-herencia-colonial/

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