España: Movimiento contra la Intolerancia detecta 59 incidentes de delito de odio racial, xenofobia y otras formas en 2020 en Castilla y León

El Informe Raxen critica que el año pasado «no se avanzó» en la leyes ni planes de acción contra el racismo y la intolerancia por un Gobierno «escasamente proactivo»

El Informe Raxen elaborado por Movimiento contra la Intolerancia ha detectado en 2020 en Castilla y León 59 incidentes de delitos de odio racial, xenofobia, racismo, antisemitismo, islamofobia, antigitanismo, homofobia y otras formas de intolerancia, discriminación y violencia. Entre otros, en esta ocasión destacan casos de estigmatización por haber padecido el coronavirus o ejemplos de ‘madrileñofobia’ cuando esta Comunidad contaba con altos índices de COVID-19. Este informe, que se publica anualmente desde 1995, se ha consolidado y ofrece datos para «investigar, analizar incluso proponer políticas de prevención criminal y de apoyo a las víctimas».

A su juicio, durante el año pasado «no se avanzó» en objetivos como la Ley de Igualdad de Trato ni la Ley contra los Delitos de Odio, ni en un Plan de Acción contra el Racismo y la Intolerancia, todo ello a causa de un Parlamento y un Gobierno «escasamente proactivos al respecto». Estas reivindicaciones «no encontraron eco, pese a las advertencias de los organismos europeos que detectan como factores inquietantes en toda Europa: la xenofobia, el antisemitismo y la polarización ideológica».

El Informe Raxen admite que en España la situación relativa es «mejor» que en otros países europeos, pero sin embargo la monitorización realizada la sitúa en el entorno de los 700 incidentes o hechos relacionados con este tipo de delitos en 2020. Persisten signos «inquietantes», señala el documento, al que tuvo acceso Ical. La Comunidad con mayor cifra es Cataluña, con 129 incidentes, seguida de Andalucía (88), Madrid (85) y Valencia (70). Posteriormente, Castilla y León, con 59, País Vasco, con 46, Navarra, con 37, Baleares, con 30, Aragón, con 27, y Murcia, con 21. El resto suman en torno al centenar, si bien se observan casos en todas las autonomías. Movimiento contra la Intolerancia lamenta que «solo se denuncia entre un 10 y un 15 por ciento de los hechos», con lo que se estiman entre 4.000 y 6.500 en España al año.

Como conclusión, el Informe Raxen advierte de que a esta situación «no se está prestando la debida atención social e institucional», con lo que «aumenta la presencia del discurso de odio en internet y redes sociales; el mensaje xenófobo y de las organizaciones extremistas europeas se difunde en España; y se constata el crecimiento de odio ideológico y de hispanofobia».

Fuente: https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-movimiento-contra-intolerancia-detecta-59-incidentes-delito-odio-racial-xenofobia-y-otras-formas-2020-castilla-y-leon-202106101736_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

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Panamá: Aumenta el crimen con el fracaso escolar a causa del cierre de escuelas por la Covid-19

Por: La vanguardia 

El ejemplo de la crisis de la educación en Panamá es un toque de alerta: la pobreza impide el acceso a clases por internet, con lo que se incrementa la delincuencia juvenil.

El pasado mes de marzo fue confuso para la educación panameña y lo sigue siendo. El sector educativo fue el primer afectado, al darse a conocer que el director de un reconocido colegio había fallecido como consecuencia de la Covid-19. Esto llevó al cierre de los planteles escolares, tanto públicos como privados, medida que aún se mantiene.

La pandemia ocasionó que los administradores del sector pedagógico se enfrentarán a sus propias carencias, un sistema educativo obsoleto, en el que se mantiene la memoria y repetición como método garantizado de aprendizaje.

No encontraban alternativas para salvar el año escolar, su objetivo era evitar, a toda costa, interrumpir el proceso de enseñanza a los más de 800.000 estudiantes y 50.000 maestros.

Las instituciones formativas no estaban preparadas para abordar la instrucción virtual. Los sectores más conservadores auguran hasta hoy una catástrofe a nivel de educación, un año perdido.

La pregunta: ¿cuál será el método adecuado para preparar a los maestros en esta nueva normalidad? Lo tradicional, el pizarrón y la tiza, quedaban atrás”

Otras de las graves dificultades que afronta la educación lo son los padres de familia, muchos de ellos poco involucrados en el proceso educativo de sus hijos, en su mayoría, con niveles de preparación elemental muy baja ¿Cómo podrán convertirse en sus guías? Es el problema central.

Sin incluir, lo costoso que es el sistema de internet, y el tener en casa un celular de alta generación que deberán compartir más de dos estudiantes”

Para el politólogo Ramiro Vásquez Chambonett, “la educación pública sufre de las mismas falencias que el resto del Estado”, además de “un proceso de retraso de la enseñanza y aprendizaje fríamente calculado para fortalecer su privatización”.

A los más favorecidos se les imparten clases virtuales. Han cambiado su manera de aprendizaje, son nativos digitales, poco se les complica sus horas de clase. Desaparece el antiguo método —memoria y repetición— para dar paso a otra realidad, la investigación y compresión de lo que se estudia, están conscientes de que la ciencia es importante.

De acuerdo a varios maestros consultados, esta nueva modalidad facilita el intercambio de conocimiento y la responsabilidad del alumnado en la enseñanza-aprendizaje.

Sin embargo, existe otra verdad paralela, el impacto de la diabólica pobreza, que se agudizó con la pandemia, producida por la Covid-19, está ocasionando el abandono escolar, el fracaso, para todos aquellos que son tratados como enfermos de penuria. Para ellos, la varita mágica se extravió, puesti que para esta carencia todavía no se encuentra una solución.

En este entorno, los adolescentes se criminalizan en la indigencia del gueto, en la que se traza una cultura y un nuevo lenguaje”

Intentan cambiar sus vidas por una mejor, sustentada en el dinero fácil y que les dará, según ellos, un status que la educación no les brinda.

La cultura del gueto se manifiesta tan violenta al remontarse a finales del pasado julio, en una zona boscosa del Atlántico panameño, fueron encontrados asesinados seis jóvenes entre 13 y 22 años, con tiros certeros por arma de fuego.

La Policía Nacional logró detener a tres de los supuestos autores; uno de ellos, que no sobrepasa los 20 años, de acuerdo a su abogado, poco sabe de leer y de escribir.

Su comunicación se le dificulta al no poder comprender ni analizar las preguntas que le son formuladas por la parte investigadora. No concluyó sus estudios primarios, desertó de la escuela, y poco le importó a uno de sus progenitores su futuro.

Como consecuencia de la pandemia, en Panamá, la tasa de criminalidad ha aumentado en los últimos meses”

Se pierden la distinción entre el crimen común y el crimen organizado, se convierte en una línea difusa que afecta a la sociedad al ser magnificada por los medios de comunicación social que, ante esta crisis sanitaria, manejan líneas editoriales poco comprensibles.

Intento ser optimista, busco a Paulo Freire, su pedagogía de la esperanza, al decir:

— “La pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista y liberadora, tendrá, pues, dos momentos distintos, aunque interrelacionados. El primero, en el cual los oprimidos van desvelando el mundo de la opresión y se van comprometiendo, en la praxis, con su transformación, y, el segundo, en que, una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación”.

Ojalá, así sea.

Fuente: https://www.lavanguardia.com/participacion/lectores-corresponsales/20200809/482719664782/cronica-aumento-crimen-juvenil-fracaso-escolar-cierre-escuelas-covid-19-panama.html

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Indonesia: Una escuela para hijos de atacantes suicidas busca prevenir el renacimiento de ISIS

Redacción: Clarín

En medio de los temores de una renovación de ISIS, Indonesia está tratando de evitar que el extremismo se transmita a la siguiente generación.

A Ais le gusta bailar. Los hoyuelos en sus mejillas son encantadores. Pero sus padres no querían que su hija bailara. No querían que cantara. Querían que muriera con ellos por la causa que defendían.

El año pasado, cuando tenía 7 años, Ais se apretujó en una motocicleta con su madre y su hermano. Llevaban un paquete que Ais dijo era arroz con coco envuelto en hojas de plátano. Su padre y otro hermano llevaban otro paquete en su motocicleta. Aceleraron hacia la estación de Policía en la ciudad indonesia de Surabaya, un lugar de creencias religiosas mixtas. Los paquetes eran bombas, y fueron detonadas en la puerta de la estación de Policía.

Catapultada de la motocicleta por la fuerza de la explosión, Ais se levantó del pavimiento cual fantasma. Todos los otros miembros de su familia murieron. Ningún transeúnte murió. El Estado Islámico se adjudicó la responsabilidad.

Ais, que es identificada aquí con su apodo, forma parte de un programa de desradicalización para niños operado por el Ministerio de Asuntos Sociales de Indonesia. En un complejo arbolado en la capital, Jakarta, la pequeña baila al ritmo de Taylor Swift, lee el Corán y practica juegos para desarrollar confianza.

Sus condiscípulos son hijos de otros atacantes suicidas y de personas que estaban decididas a unirse al Estado Islámico en Siria.

Una escuela en Yakarta que trata de desradicalizar a los hijos de los militantes. (Ulet Ifansasti para The New York Times)

Una escuela en Yakarta que trata de desradicalizar a los hijos de los militantes. (Ulet Ifansasti para The New York Times)

Los esfuerzos de Indonesia, sede de la población musulmana más grande del mundo, para purgar a su sociedad del extremismo inspirado en la religión son muy vigilados por la comunidad antiterrorista internacional. Aunque la mayoría de los indonesios acoge una forma moderada del islam, una serie de ataques suicidas han estremecido la nación, incluyendo, en 2016, el primero en la región reclamado por el Estado Islámico, también conocido como ISIS.

Cientos de indonesios fueron a Siria para luchar por ISIS. En mayo, la Policía arrestó a siete hombres que habían regresado y que eran parte de un complot para usar Wi-Fi para denotar dispositivos explosivos, informa la Policía.

Los riesgos no se limitan a aquellos que regresan. Indonesios que nunca salieron de la región también se ven influidos por ISIS.

Hay miles de niños vulnerables que han sido adoctrinados por sus padres extremistas, según Khairul Ghazali, quien pasó casi cinco años en prisión por delitos relacionados con terrorismo. Dijo que renunció a la violencia en la cárcel y ahora dirige una escuela islámica en la ciudad de Medan, en la isla de Sumatra, que recurre a su experiencia como ex extremista para desradicalizar a los hijos de rebeldes.

“Les enseñamos que el islam es una religión pacífica y que la jihad tiene que ver con construir, no destruir”, señaló Khairul.

A pesar de la escala del problema del país, sólo unos 100 niños han asistido a programas formales de desradicalización en Indonesia, dijo Khairul. Su madrasa, la única en Indonesia que recibe apoyos significativos del gobierno para labor de desradicalización, puede enseñar al mismo tiempo a sólo 25 niños vinculados con rebeles, y sólo hasta el nivel secundaria.

El seguimiento gubernamental es mínimo. “A los niños no se les da seguimiento ni son monitoreados cuando salen”, dijo Alto Labetubun, analista de terrorismo.

Los padres de aproximadamente la mitad de los estudiantes al cuidado de Khairul fueron asesinados en conflictos armados con la Policía antiterrorismo de Indonesia.

“Es natural que los niños quieran vengar la muerte de sus padres”, dijo. “Fueron enseñados a odiar al Estado indonesio porque está en contra del califato”.

Algún día cercano, estos niños de atacantes suicidas tendrán que dejar el programa. No está claro a dónde irán. “Pasamos todo este tiempo trabajando con ellos, pero si regresan al lugar de donde vinieron, el radicalismo puede entrar en sus corazones con mucha rapidez”, dijo Sri Musfiah, una trabajadora social. “Eso me preocupa”.

La mayoría de los hijos de las aproximadamente mil personas que han sido condenadas por crímenes relacionados con terrorismo en Indonesia ni siquiera tiene la oportunidad de pasar por este esfuerzo en educación y moderación.

En la madrasa de Khairul en Medan un día, algunos niños exponían su visión del mundo. Dan, de 12 años, coincidió con sus compañeros que Indonesia debería ser una nación islámica.

¿Y qué hay de las iglesias intercaladas entre las mezquitas en Medan? Dan, que también está siendo identificado con un seudónimo, se rió. Sus manos imitaron el impacto de una explosión, y formó una palabra. “Bomba”, expresó y dejó de reír.

Fuente: https://www.clarin.com/new-york-times-international-weekly/escuela-hijos-atacantes-suicidas-busca-prevenir-renacimiento-isis_0_NvsmRQctR.html

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Tiroteos en Nueva Zelanda: qué significan los nombres en el armamento del pistolero que transmitió el ataque por Facebook

Redacción: BBC News Mundo

Los ataques en dos mezquitas de la ciudad neozelandesa de Christchurch fueron transmitidos en internet por un hombre que publicaba bajo el nombre de Brenton Tarrant y que fue acusado de asesinato.

En el video se ve al hombre armado llegando a una mezquita y disparando de manera indiscriminada a los hombres y mujeres que se encuentra en el templo.

Parte del suceso fue retransmitido por Facebook.

El gobierno consideró lo ocurrido un «ataque terrorista» sin precedentes en el país. Los ataques a las dos mezquitas dejaron al menos 49 muertos.

Tarrant, australiano de 28 años que se autoproclama fascista, fue imputado de asesinato, aunque la policía adelantó que recibirá más cargos.

Personajes actuales e históricos

En esos cargadores publicados en la cuenta de Twitter ya eliminada, se pueden leer nombres de personas y lugares.

Uno de ellos es el de español Josué Estebánez, el exmilitar de ultraderecha encarcelado por haber matado al activista antifascista Carlos Palomino.

Estebánez apuñaló a Palomino en noviembre del 2007 en el metro de Madrid. La víctima, menor de edad, se dirigía a boicotear una manifestación de ultraderecha, por lo que el juez consideró la motivación ideológica como agravante.

CargadoresDerechos de autor de la imagenREUTERS
Image captionEn uno de los cargadores se menciona al español Josué Estebánez.

Debajo del nombre de Estebánez aparece el de Miloš Obilić, un caballero de la Serbia medieval. Es recordado por haber dado muerte al sultán otomano Murad I en la batalla de Kosovo Polje, en 1389.

Le sigue Segismundo de Luxemburgo, un noble europeo que entre finales del siglo XIV y principios del XV acumuló títulos como el de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico o el de último emperador de la Casa de Luxemburgo.

En otro cargador se menciona a Feliks Kazimierz Potocki, un noble polaco que lideró diversas campañas militares contra los turcos y los tártaros en el siglo XVII.

También a Iosif Gurko, un capitán general ruso que también luchó contra los turcos pero un siglo después. Entre las batallas en las que jugó un papel importante está la del Paso de Shipka, que también se enumera en uno de los cargadores atribuidos a Tarrant.

Así como a esta batalla, las inscripciones aluden a otras contra el Imperio Otomano como la de Kahlenberg o Segundo Sitio de Viena, de 1863, en la que el Sacro Imperio Romano Germánico​ venció a los turcos, que entraron en declive a partir de esta derrota.

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Image captionDiversas inscripciones hacen alusión a batallas en las que se venció al Imperio Otomano.

En otra foto se puede ver tres cargadores alineados con referencias parecidas.

En uno dice «Para Rotherham», en referencia a un caso de abusos sexuales que se dio en esta localidad de Reino Unido. Algunos lo consideran el mayor escándalo en el que falló la protección a menores de edad, ya que se extendió durante décadas. La mayoría de acusados eran de origen paquistaní y profesaban el islamismo.

En el mismo cargador se menciona a Alexandre Bissonnette, autor del tiroteo a una mezquita perpetrado en Québec, Canadá, en 2017 y que dejó seis muertos. También a Luca Traini, un ultraderechista italiano que disparó a inmigrantes africanos, hiriendo a seis de ellos, en febrero de ese mismo año.

Combatiendo al Imperio Otomano

En los otros dos cargadores se hace referencia a más victorias sobre el Imperio Otomano. Una es la del paso de Shipka y otra, la de Kagul, en la que los rusos los vencieron en 1770. También la de Bulair, una victoria búlgara sobre los turcos de 1913.

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Image captionTambién se menciona a combatientes de estas batallas.

Otras cuatro inscripciones hacen referencia a más figuras históricas que lucharon contra el Imperio Otomano: Bajo Pivljanin, un turco renegado que luchó contra este régimen en las filas de la República de Venecia en el siglo XVII; Fruzhin, un noble búlgaro del siglo XV; Sebastiano Venier, duque de Venecia del siglo XVI que es mencionado más de una vez, y Novak Vujosevic.

Además de los nombres, el usuario identificado como Tarant incluyó símbolos como el del Sol Negro, antiguo ícono germánico que luego fue adoptado por los nazis. También dibujó una versión supremacista blanca de la cruz celta y un símbolo vikingo.

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-47584166

 

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EE.UU: ‘Crimes Against Humanity’? Who is behind the International Monsanto Tribunal circus?

America del Norte/EE.UU/14 de octubre de 2016/www.geneticliteracyproject.or

Resumen: A partir de octubre de 14-16, el año 2016 , un grupo de activistas del medio ambiente será la sede de un tribunal de imitación en La Haya pretender enjuiciar a Monsanto por crímenes contra la humanidad. La empresa con sede en Missouri vende semillas y pesticidas ingeniería genética, lo que les hace el enemigo número 1 de los activistas contra la tecnología que dirigen el movimiento ambiental global.

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From October 14-16, 2016, a group of environmental activists will host a faux tribunal in The Hague to pretend to prosecute Monsanto for crimes against humanity. The Missouri-based company sells both genetically engineered seeds and pesticides, which makes them Enemy No. 1 of the anti-technology activists who lead the global environmental movement.

The International Monsanto Tribunal is being spearheaded by some of the most notable anti-GMO activists in the world, including Vandana Shiva, a philosopher and author who makes $40,00 a speech telling phony stories about Indian farmers committing suicide because they planted genetically modified seeds. The stunt (held in a small school in The Hague, not the International Criminal Court) will “hold Monsanto accountable for human-rights violations, for crimes against humanity, and for ecocide.”

Fake judges will listen to “testimony” from alleged victims to “get a ruling — even symbolic — against Monsanto to bring justice to victims of multinationals.” A few dozen activists from around the world will claim injuries from the herbicide glyphosate (originally under patent by Monsanto as Roundup) or “contamination” from GMO crops, as if such a thing exists; of course any judgment will have no legal standing whatsoever. But it will undoubtedly earn media attention from agenda-driven reporters sympathetic to the cause, and it will convince some people the whole thing is legit.

One of the groups organizing the kangaroo court is the Organic Consumers Association, a nonprofit based in Minnesota. While its name may connote suburban moms and Millennials, it’s far from it. The OCA is one of the most virulent campaigners against science and innovation, opposing nearly every benefit of modernity from vaccines to chemicals. The group claims to represent “over 2 million members, including several thousand businesses in the natural foods and organic marketplace.”

monsantoheader12sprachenIts biggest foe is modern agriculture, genetically engineered crops in particular. The OCA started the annual Millions Against Monsanto march held in major cities around the world to protest “the biotech industry’s contamination of our food supply and destruction of our environment.” (Despite its name, this year’s march in Chicago attracted only a few dozen stragglers.)

The OCA wants a global moratorium on genetically engineered foods and crops, accepting the myth that they harm human health and nature, although thousands of scientific studies attest to their safety and overall benefit to the environment. The group, allied with many activists ONG such a Greenpeace, inhumanely opposes fortified crops such as golden rice, a plant being developed to help ease the scourge of Vitam A deficiency, which debilitates millions of malnourished children each year in the global South.

At the Paris climate conference in December 2015, OCA president Ronnie Cummins announced the Monsanto Tribunal alongside other environmental activists, blaming climate change on — of course — big corporations involved in farming and food: “Why is there so much carbon dioxide, methane, and nitrous oxide in the atmosphere and not enough carbon organic matter in the soil? Corporate agribusiness, industrial forestry, and agricultural biotechnology have literally killed the climate-stabilizing, carbon-sink capacity of the Earth’s living soil.”

But it’s not just corporations that the OCA is going after. Over the last few years, they’ve funded a front group called U.S. Right to Know to attack public scientists communicators who research and teach biotechnology. USRTK is using Freedom of Information Act (FOIA) requests to try to dig up dirt and smear prominent scientists who speak out in favor of genetic engineering.

The group has filed FOIA requests targeting nearly four dozen public scientists and communicators from prominent universities including Harvard, Stanford, and the University of Illinois, looking for any collaboration between the researchers and the biotech industry. [It’s also targeted GLP executive director Jon Entine] USRTK is particularly focused on the University of California-Davis, one of the top agricultural-sciences schools in the world, and it has served UC-Davis with 17 public-records requests since early 2015. In multiple demands over the last 18 months, USRTK sought e-mails from eleven UC-Davis professors and staffers, requesting all correspondence between staff and companies such as Monsanto and Syngenta, PR firms associated with the biotech industry, and even the Bill and Melinda Gates Foundation, which funds crop projects around the world.

Kent Bradford, director of UC-Davis’s Seed Biotechnology Center, hit back. “We are not a ‘sock puppet’ or a ‘shill’ for anyone. We strongly reject USRTKs fundamental premise that public–private collaborations are conspiracies. . . . I am not concerned about the content of our communications, although I cannot prevent selective editing by USRTK in their attempts to justify their false conspiracy theories.” Despite finding no proof that industry influenced the targeted scientists in any inappropriate way, USRTK twisted e-mails to defame some scientists and inflict serious damage on their reputations. At USRTKs prompting, the scientists have been relentlessly harassed and have even received death threats from anti-GMO activists.

Not only is USRTK diverting researchers from doing their job and creating lots of work for campus lawyers, but the group expects the university to pay for it: Speaking for USRTK, “a nonprofit food-research organization,” its head Gary Ruskin requested that UC-Davis scientists “waive all fees in the public interest because . . . this will primarily benefit the public.” But while USRTK cries poor, the group apparently has money to hire lawyers to sue UC-Davis for not fulfilling the FOIAs fast enough; they filed a lawsuit in August demanding that UC speed up its FOIA process.

Phony tribunals and FOIA fishing expeditions show the desperation of the decaying anti-GMO movement. Now that the science confirms the safety and potential of biotechnology (see the National Academy of Sciences report of May 2016), anti-GMO activists can only resort to childish pranks and gutter-level tactics to stay relevant. Even the Luddites would cringe.

Tomado de: https://www.geneticliteracyproject.org/2016/10/12/crimes-humanity-behind-international-monsanto-tribunal-circus/

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Uso legítimo del poder coactivo del Estado: ¿callejón sin salida?

Por. Blanca Heredia

En relación al uso de la fuerza coactiva del Estado, México se ubica en una situación en extremo compleja y precaria. De hecho y en muchos casos, en una situación en la que, con recurrencia excesiva, el gobierno (y la sociedad entera de corbata) termina atrapado en callejones sin salida.

Nochixtlan8Si el gobierno no usa la fuerza para detener acciones violentas o criminales: mal; si la emplea: casi peor, con demasiada frecuencia. Coacción estatal fuera de control que resulta en la merma regular del poder potencialmente ordenador de la coacción como recurso ordenador de última instancia.

Vivimos en este círculo infernal hace ya demasiado tiempo.

Policías que generan temor por las peores razones. Es decir y entre otras: porque los ciudadanos no sabemos, con certeza, a quién sirven o representan esos agentes. O bien, por falta de controles elementales y efectivamente exigibles sobre su empleo de la fuerza.

Uso abusivo y, en el mejor de los casos, torpe e ineficaz de la coacción del Estado que lejos de pacificar, incendia. Los ejemplos abundan, pero baste aquí recordar los muy recientes y lamentabilísimos hechos ocurridos el domingo 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca.

Imposibilidad de identificar o discernir criterios claros y predecibles en relación a las decisiones de emplear o no emplear la fuerza pública, esa que debiera servirnos y protegernos a todos. Al respecto, algunos ejemplos a modo de pregunta. ¿Por qué se monta un operativo policiaco para desbloquear una carretera y no otra, o no todas las bloqueadas? ¿Por qué en algunos desalojos los policías portan armas y las usan, y en otros no?nochixtlan3

“Investigaciones” interminables –en tiempo y número de folios– que no consiguen aportar evidencia mínimamente sólida y creíble sobre lo ocurrido en concreto (sucesión específica de hechos, móviles de los participantes, etc, etc, etc) o sobre y muy particularmente: la identidad y responsabilidad de los actores estatales involucrados –de jure o de facto– en casos de esperpento como la guardería ABC o como Iguala/Ayotzinapa por citar sólo dos de una, tristemente, larguísima lista.

Como resultado de ello: impunidad de aquellos crímenes –los perpetrados por los agentes estatales– que más le cuestan en la legitimidad al Estado mexicano y acumulación de víctimas heridas, desconsoladas y furiosas.

¿Por qué el Estado mexicano tiene tantos y tan acendrados problemas para usar con legitimidad y eficacia su fuerza coactiva? Importa preguntarlo, pues ese problema, más allá de la teoría, nos afecta a todos, todos los días. Adelanto que no he encontrado una respuesta que me convenza. Tengo, acaso, algunas hipótesis e intuiciones. Se las comparto.

En el tiempo histórico largo, me parece que la respuesta a esta pregunta tiene algo que ver con las muy limitadas capacidades coactivas del Estado –mexicano desde 1821 y español, desde 1521 a esa fecha– y con la necesidad de “estirarla” por medio de dos vías principales. Primero, delegar informalmente su empleo en aquellos actores con fuerza efectiva en determinados territorios o sectores (caciques, hombres fuertes, organizaciones no estatales criminales o no).

Segundo, usarla discrecionalmente, dado que no se podía usar la fuerza para aplicar la ley –fundamento formal del uso del uso legítimo de la coacción– uniformemente ni en todo el territorio ni en todos los casos de violación de la ley o de amenaza al orden público del mismo tipo.

El problema fue que esa solución, al permitir ir lidiando con los problemas que requerían el empleo de la fuerza puntual, cotidiana y sucesivamente, terminó perpetuándo la debilidad de origen.

Básicamente, pues limitó los incentivos para construir capacidad coactiva suficiente para prescindir de “aliados” para su ejercicio o para transitar de la selectividad discrecional al uso de la fuerza regulado por reglas generales.

La imposibilidad material de sustentar el imperio de la ley en capacidad coactiva suficiente, combinado –centralmente– con una sociedad profundamente desigual en la que tal “imperio” además de materialmente imposible, resultaba profundamente amenazante para la sucesión histórica de pequeñas élites dominantes, puede ayudar a explicar las razones profundas de nuestra precariedad presente en lo que al uso legítimo y efectivo de la coacción del Estado se refiere.

En el presente, sigue habiendo importantes déficits materiales de capacidad coactiva. Lo que más urge hoy, sin embargo, es ordenar y regular la capacidad coactiva existente. En concreto, generar corporaciones policiacas que, primero, sepamos sean, en efecto policías y, segundo, agentes del orden que operen con normas predecibles y exigibles en los hechos. En suma y, para empezar, con normas legales y procedimentales –esto último es clave– que acoten y regulen creíblemente su conducta.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/uso-legitimo-del-poder-coactivo-del-estado-callejon-sin-salida/

Imagen: http://www.elfinanciero.com.mx/files/article_main/uploads/2016/06/19/5766f9d164189.jpg

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