Cultura

Por: Laura Aguirre

“A estas alturas nadie pasa por inocente, menos una muchacha de 18 años y con preparación a nivel de tercer año de bachillerato, que se supone que tiene capacidad para razonar, que debió haber respetado a su hermana no acostándose con su marido (…) Menciona este articulo que hay más muchachas embarazadas en ese centro educativo. Si las otras están enfrentándolo, ¿por qué ella no? Respecto al tipo, opino que no habría consecuencias legales para él, debido a que la muchacha es mayor de edad.”

“¿Inocente? ¿Niña? Nombre, es una mujer ya. No es tan inocente. Mató una recién nacida. Y con respecto si el hombre la violó, o no, sí ya casi tiene 18… Pues ta bueno que lo metan preso a él por pasmado de meterse con una menor de edad. (…) En este caso particular siento que nadie es inocente o puritano a los 18 años. Y no es que esté en favor del machismo (…) Pero en fin, siempre la moneda tendrá dos lados, yo me quedo con el lado donde seré responsable de mis actos independientemente si tuve o no educación, si tuve o no oportunidades (…) Hasta los animales cuidan sus propias crías. Me quedo con mi pensamiento retrógrado.”

Estos son apenas dos extractos de una serie de comentarios que aparecieron en mi muro de Facebook después de que publiqué el siguiente post: “Hay que tener poco cerebro para seguir pensando que lo que las mujeres necesitan son penas de 30 y 50 años”. Lo escribí junto a un link en referencia al caso de Sandra, la joven que tuvo un parto prematuro en el baño de un centro escolar público.

Lo que hasta ahora se sabe sobre lo ocurrido es lo siguiente: la estudiante de 18 años tenía seis meses de embarazo, nadie sabía que estaba embarazada, intentó ocultar el nacimiento y dejó a la recién nacida en el baño. La criatura murió, la joven tuvo que ser atendida de emergencia en un hospital y quedó ingresada bajo custodia, sospechosa de haber causado la muerte de su hija.

Sin ni siquiera esperar a tener los resultado de la autopsia, la Fiscalía decidió acusar a Sandra de homicidio y ahora ella enfrenta una posible pena de 30 años de cárcel. Más tarde, Medicina Legal informó de que no había indicios de que Sandra se hubiera provocado un aborto; lo que sí encontró fue señales de una infección vaginal importante, un problema obstétrico, causa probable de su parto prematuro. En la autopsia realizada a la recién nacida tampoco se encontró ninguna prueba de que la adolescente la hubiera matado.

Otra vez una mujer embarazada, en este caso una adolescente, que enfrenta un problema obstétrico no atendido a tiempo y que termina acusada de asesinar al recién nacido. Una vez más la presunción de culpabilidad como dominante, no solo en las acciones de la Fiscalía, sino en buena parte de la opinión pública que no esperó para levantar sus dedos acusadores exigiendo, casi con odio, castigo y cárcel para Sandra por no comportarse como creen que una mujer y madre decente tiene que hacerlo.

Esta historia no debería existir. No debería existir porque pudo haberse prevenido. Tuvo que haberse evitado.

Si nuestro estado cumpliera con su obligación primordial de garantizar a todos, hombres y mujeres salvadoreñas, los derechos fundamentales a una vida digna, a la salud, a la educación, la historia de Sandra sería otra. Y sería otra porque esta joven habría recibido en su escuela educación sexual responsable y médicamente correcta desde temprana edad. Y esto significa reconocer la expresión sexual como un componente clave del desarrollo de los adolescentes, impartir información que aliente a posponer el inicio de la vida sexual hasta ser mayores y promover prácticas seguras entre quienes deciden tener una vida sexual activa.

Desde pequeña, Sandra también habría conocido sus derechos sexuales y reproductivos, así como el derecho a una vida libre de violencia. Habría tenido acceso a servicios médicos e instituciones públicas con la confianza de recibir información y apoyo oportuno para lograr una vida sana y sin eventos —como abusos sexuales o embarazos precoces— que truncaran su desarrollo.

Sin embargo en El Salvador sexo sigue siendo una palabra prohibida, el eterno tabú. Cualquier cosa relacionada con ella se resuelve con el silencio, con el castigo o con ideas de castidad. Y cuando sucesos como el de Sandra ocurren, buena parte de la sociedad se convierte en un orgulloso verdugo; mientras los representante del estado se apresuran a limpiarse de responsabilidades en las mujeres y sus familias, como lo hizo el ministro de Educación, o a acusarlas de homicidas, como lo ha hecho la Fiscalía.

La sexualidad no es solo una cuestión privada, es también un asunto público, de derechos y de salud. De nada sirve que exista una política de salud sexual reproductiva en papel, ni que haya programas aislados que intenten abordar el tema, si el patrón que domina en la esfera política, en el sistema de salud y en el de educación es el de no hablar, o el de reducir la supuesta solución a la castidad hasta el matrimonio. Con estas opciones, alejadas de la realidad, hasta ahora lo que hemos conseguido es ser uno de los mayores productores de madres adolescentes en el mundo.

El informe del UNPFA en 2013 ubicó a El Salvador en el puesto 29 de países con 20% o más de mujeres que dieron a luz antes de los 18 años. Según un reporte de 2009 de la Procuraduría para los Derechos Humanos, en nuestro país seis de cada diez adolescentes ha tenido relaciones sexuales antes de los 19. En 2012, el 23.8% de los partos atendidos fueron de adolescentes. Para 2015 la atención a adolescentes representó el 30,2% del total de controles prenatales. Un poco más del 56% de estos embarazos fueron no deseados y la mayoría producto de la violencia sexual, de acuerdo a un estudio del Banco Mundial.

Hasta ahora los grupos conservadores y contrarios a hablar de derechos sexuales y reproductivos han argumentado que impartir educación sexual sería contraproducente porque alentaría a los jóvenes a tener relaciones sexuales precoces y, por lo tanto, también subiría el número de embarazos no deseados y abortos. Pero los números desmienten estos mitos. Solo es necesario ver los ejemplos de Holanda, Alemania y Suecia. Estos tres países tienen desde hace tiempo programas de educación sexual integral incorporados a los currículum escolares desde tempranas edades. Contrario a lo que nos quieren hacer creer, el resultado ha sido una disminución de los embarazos, de las muertes maternas y de los abortos entre adolescentes, pero también del contagio de enfermedades venéreas y de VIH. Por supuesto, ninguno de estos países ha usado como estrategia la mera criminalización del aborto y la imposición de penas casi perpetuas a las mujeres.

La realidad de tantas niñas, adolescentes y mujeres adultas podría ser diferente en El Salvador… ¿Cuántas Sandras más tienen que existir para que nuestros gobernantes asuman su responsabilidad y actúen? ¿Cuántas tragedias necesitamos para tener una política y programas reales de salud sexual y reproductiva? ¿Cuántas niñas y adolescentes más tienen que ser madres forzadas por no estar informadas sobre su sexualidad y sus derechos? ¿Cuántos bebés no deseados tienen que nacer? ¿Hasta cuándo vamos a seguir culpando y encarcelando a las mujeres? ¿Cuántas vidas más tienen que ser destruidas?

Fuente: http://www.elfaro.net/es/201608/opinion/19126/Educaci%C3%B3n-sexual-versus-pensamientos-retr%C3%B3grados.htm

 Fuente de la Imagen: https://www.google.co.ve/search?q=Educacion+Sexual&biw=1024&bih=485&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwigrPSE4M7OAhVFJiYKHdJLAfIQ_AUIBigB#imgrc=r3vri-3AhzQvBM%3A