“Onapre, ladrona, nos robaste sin pistola”, fue el grito al unísono de cientos de personas ante las puertas del Ministerio de Educación. El 4 de agosto, el gremio docente protestó en Caracas y varias ciudades de Venezuela contra los recortes en el pago de su bono vacacional. Esta es la cuarta protesta en dos semanas, y reconocen que su lucha posiblemente seguirá en los próximos días, al igual que la de los trabajadores de la salud, obreros y empleados de diferentes instituciones públicas.

Esta lucha de los empleados públicos tiene un objetivo común: la derogación del instructivo emitido por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre). Este ente, adscrito al Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, tiene la clara atribución de elaborar los planes presupuestarios de todos los sectores dependientes del Estado, además de asesorar y dictar instrucciones a los diferentes organismos sobre cómo administrar sus recursos. Sobre este último punto recae su actual polémica.

El último instructivo publicado fijó una serie de rebajas salariales, así como recortes en las primas y cálculos desfasados al momento de pagar. Igualmente, beneficios como los bonos para uniformes y días festivos fueron regulados por debajo de lo contemplado en sus contratos colectivos. Esto afectó principalmente a sectores como la salud y educación, que en las últimas décadas ya han visto su poder adquisitivo pulverizarse con sueldos que no se corresponden con la realidad económica del país.

¿En qué consiste el instructivo de la Onapre?

Luego de la reconversión monetaria de 2018, la Onapre creó el Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales, Empresas Estratégicas. Este instructivo técnico tiene como propósito regular los tabuladores salariales de los trabajadores públicos. También orientar sobre cuánto debían cobrar en primas y bonos de acuerdo con sus escalas de profesionalización, antigüedad y demás competencias.

Desde mayo de 2020, los trabajadores advirtieron problemas en el instructivo, el cual ya consideraban que atentaba contra muchas de sus reivindicaciones laborales. Varios sindicatos incluso solicitaron a finales de 2021 su reemplazo por mesas técnicas. Sin embargo, fue con el último aumento salarial decretado por Nicolás Maduro en marzo de 2022 que surgió el verdadero quiebre entre los trabajadores y los patrones de los ministerios.

Gabriela*, profesora jubilada del Ministerio de Educación, explicó a El Diario que uno de los defectos que posee el instructivo es que las primas se calculan de forma porcentual, usando como base el sueldo del trabajador. Señaló que en varias reuniones se solicitó anclarlo a valores estables como el petro, pero sus peticiones no fueron escuchadas. “Entonces si nuestro salario se devalúa, las primas no sirven porque 50 % de nada sigue siendo nada”, comentó.

Igualmente, indicó que en el caso de sectores con una contratación colectiva vigente, el instructivo se vuelve opcional. Prevalece el tabulador que ofrezca mayores beneficios y sueldos a sus trabajadores. Sin embargo, el último contrato colectivo firmado por los docentes del Ministerio fue en julio de 2021. Gabriela afirmó que debía discutirse su renovación en octubre de ese año, pero no se hizo. Posteriores intentos de crear un nuevo contrato se hicieron en enero y luego en marzo de 2022, cuando se impusieron las tablas de la Onapre.

¿Cuáles son los trabajadores afectados?

El principal problema del instructivo actual es que pasa por encima de los contratos colectivos, derogando de facto muchos de sus beneficios y métodos de cálculo. Sin embargo, lejos de ser una disposición general aplicada a todos los ministerios y empresas públicas, afectó solo a sectores específicos. Un caso fue el de la ministra de Educación, Yelitze Santaella, y su par para la Educación Universitaria, Tibisay Lucena. Ambas aprobaron el esquema en lugar de abrir la discusión de un nuevo contrato, como había prometido Nicolás Maduro en marzo.

Esto comprometió a los centros de estudio públicos en todos sus niveles. Desde universidades autónomas y experimentales, hasta escuelas bolivarianas. También a las escuelas pertenecientes a gobernaciones y alcaldías, indiferentemente de su posición política, e incluso a los colegios adscritos a la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC).

El sector salud también fue uno de los más golpeados por la medida. El Colegio de Enfermeras del Distrito Capital estima que se recortó un 47 % del sueldo de su personal, que cuenta con un salario base de 245 bolívares (43,7 dólares a tasa oficial). Situaciones similares se han visto también con obreros de empresas como la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) o Supra Caracas.

Primas recortadas

Una de las principales críticas que ha tenido el nuevo instructivo es la reducción del porcentaje de primas que puede cobrar un trabajador. Por ejemplo, la prima de profesionalización para un docente con licenciatura pasó del 30 % de su sueldo base a un 25 %.  Aquellos con una maestría pasaron del 50 % al 35 %, y los que tienen doctorado tuvieron una rebaja del 60 % a solo el 40 %. Y así ocurre también con otras primas como la de antigüedad.

En el caso de los empleados universitarios, la prima de antigüedad en centros como la Universidad Central de Venezuela se calculaba con base en el sueldo y la cantidad de años de servicio. Sin embargo, el instructivo impuso un porcentaje plano de máximo 30 % para aquellos profesores con 23 años activos o más. Igualmente, otros beneficios como la prima familiar pasaron del 40 % del salario mínimo a solo el 10 %.

En el gremio de enfermería la situación con los porcentajes es exactamente la misma. Mientras una enfermera con doctorado recibía Bs. 169,05 ($29,14) por la prima de profesionalización del 60 %, ahora con el 40 % solo recibe Bs. 98 ($16,89).

Bono perdidos

Otra irregularidad recae en los bonos contemplados dentro de los contratos colectivos. El más reciente fue el bono vacacional, que de acuerdo a diferentes gremios, fue calculado por parte de la Onapre basados en los sueldos de diciembre de 2021 y no de marzo de 2022. Esto representó pérdidas de hasta el 70 % de lo correspondía a los docentes.

De acuerdo con las tablas impuestas en el instructivo, un profesor universitario titular a dedicación exclusiva, con un doctorado y más de 25 años de antigüedad, podría recibir sumando sus diferentes primas un bono vacacional de Bs. 6.421. Esto cuando, de acuerdo con la IV Convención Colectiva Única del sector universitario, debería ser de Bs. 13.000. Igualmente un obrero 7, el escalafón más alto de la tabla, debía recibir un bono vacacional de Bs. 2.166, cuando el convenio establece que debería cobrar Bs. 4.190.

Sin embargo, incluso tomando en cuenta la diferencia de pagos, la realidad también es muy diferente. Muchos profesores, regulares o universitarios, denuncian que aún no han cobrado el bono, mientras otros se depositaron incompletos. A algunos incluso les han dicho que con la llegada de la temporada navideña, podrían cobrar sus utilidades de manera fraccionada, en octubre, noviembre y diciembre.

En otros casos, bonos como el que se otorgaba a las enfermeras por concepto de uniformes, y que equivalía hasta a Bs. 650, se dejó de pagar por falta de recursos. Organizaciones como Federación Nacional de Trabajadores Públicos (Fedeunep) también denunciaron que bonificaciones contempladas en contratos colectivos actualmente se pagan por montos irrisorios. Por ejemplo la prima por hijos, que antes equivalía al 17,5 % del salario mínimo, ahora se paga en un monto plano de Bs. 12,5. Esto sería poco más de dos dólares a la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).

“Vamos a seguir reclamando cómo quedará el salario de los trabajadores, porque esa forma de cálculo es ilegal. Las primas, día del niño, bono de juguetes y demás hay que sacarlos del instructivo porque son materia de las diferentes contrataciones colectivas. Otro tema es la salud porque no atienden la medicina preventiva, ahora te regulan hasta el seguro funerario”, declaró el presidente de Fedeunep, Antonio Suárez, en una entrevista a Radio Fe y Alegría.

Repudio unánime

Hasta el momento las marchas hacia las sedes de los ministerios aludidos y otros entes para pedir la eliminación del instructivo de la Onapre se habían realizado solo por parte de organizaciones gremiales y sindicales independientes. En algunos casos, incluso por grupos de trabajadores por iniciativa propia. Aunque los sindicatos chavistas intentaron permanecer al margen de la lucha, actualmente reconocen que el impacto en el bolsillo de los trabajadores es inaceptable.

Wills Rangel, presidente de la Central Bolivariana de Trabajadores Socialistas (CBST) y diputado de la Asamblea Nacional electa en 2020, informó que para el 9 de agosto los grupos afines al oficialismo entregarán un documento al Ministerio del Trabajo con propuestas para mejorar la situación de los pagos. Aunque culpó a la oposición y a un “grupo de tecnócratas” de intentar crear un clima de inestabilidad en la calle, admitió que el instructivo de la Onapre “desregulaba” las condiciones laborales de los trabajadores.

Criticó que, entre las marchas gremiales, se haya presentado el 2 de junio una solicitud ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para pedir que se anule el mecanismo. La Sala Político-Administrativa admitió la demanda, por lo que en redes sociales corrieron rumores de que supuestamente el organismo había finalmente determinado su suspensión inmediata. Sin embargo esta información resultó falsa, pues hasta la fecha el TSJ aún no ha emitido nuevas sentencias ni pronunciamiento sobre el tema.

Algunos sectores consideran que gran parte de la responsabilidad también recae sobre los titulares de las carteras en las que se impuso esta norma, incluso por encima de sus propios convenios. Suárez ha señalado que la Onapre al final es simplemente un organismo encargado de hacer los pagos a través del Sistema Patria, mientras que es el Ministerio de Planificación el verdadero encargado de las políticas laborales del régimen de Maduro. Otros, los docentes en la calle, reclaman también a las ministras Santaella y Lucena por su manejo de los pagos y por no atender sus exigencias.

(*) Los nombres de los entrevistados fueron cambiados para proteger su identidad.

Fuente: https://eldiario.com/2022/08/04/que-es-el-instructivo-de-la-onapre/