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A propósito del Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030

Por: Julio Leonardo Valeirón Ureña

Debe centrarse, antes que nada, en la prevalencia de los intereses de los y las estudiantes, es decir, en aquellos insumos y procesos que están vinculados con sus aprendizajes.

En el año 2014, se firmó el Pacto Nacional para la Reforma Educativa, para el período 2014-2030. Hay que reconocer que fue un gran esfuerzo de concertación, como ya hemos estado acostumbrados en República Dominicana en el sector educativo.

Con la excepción de muy pocos de los convocados, la gran mayoría con su firma, se comprometían al contenido del mismo, el cual versó sobre las bases del Pacto, la visión compartida de la educación dominicana, acerca de la democratización e igualdad de oportunidades de acceso en todos los niveles, sobre la calidad y pertinencia de los aprendizajes, también de la dignificación y desarrollo de la carrera docente, sobre la instalación de una cultura de la evaluación en el sistema educativo, por supuesto, la modernización de la gestión del sistema, así como el adecuado financiamiento y movilización de recursos y, finalmente, la implementación, monitoreo, evaluación, veeduría y cumplimiento de los compromisos pactados. En resumen, no parecía que quedara fuera del Pacto ningún tema de importancia; es más, fue casi todo un Plan Nacional para el sector que fue consensuado y asumido, por el conjunto de personas y organizaciones, que firmaron el referido documento.

A ocho años de su firma, y a propósito del llamado que hicieran los representantes del Foro Socieducativo al presidente del Consejo Económico y Social, Lic. Rafael Damares Toribio, de convocar para su evaluación y relanzamiento, quiero traer la siguiente reflexión:

Las razones principales por las cuales se convocó y firmó el Pacto siguen siendo expectativas no de corto ni de mediano, sino de largo plazo. Que los estudiantes muestren altos logros de aprendizajes en los estudios nacionales e internacionales que se realizan, sigue siendo un tema pendiente. Los resultados de los últimos estudios realizados así lo confirman. Más del 80% de nuestros estudiantes apenas alcanzan un nivel mínimo de desarrollo en las áreas evaluadas, principalmente, lenguaje y matemática.

Por otra parte, que el sistema educativo preuniversitario cuente con docentes de calidad, también sigue siendo un tema pendiente. La Evaluación del Desempeño Docente realizada en el 2017-2018 mostró que apenas un 3% de los maestros alcanzaron un nivel de desarrollo excelente, es decir, alcanzaron puntuaciones entre 90 y 100 puntos. Fue notorio en dicha evaluación, que las competencias y habilidades fundamentales para un ejercicio de calidad en las escuelas y aulas, estaban aún muy lejos de alcanzarse. Nuestros docentes no mostraron evidencias de que dominaran cuestiones básicas de las didácticas en general, y que la planificación del trabajo de aula presentaba muy serias debilidades. Es decir, la evidencia científica con que se cuenta es que la gran mayoría de los docentes aún no exhiben las competencias necesarias para enseñar y, aún más complicado, no parece que tengan el dominio experto de lo que deben enseñar, cuestión ésta fundamental, pues se supone que su gestión pedagógica, se constituirá en la oportunidad para que los estudiantes aprendan. Tómese en consideración, que la República Dominicana en la Región de América Latina y el Caribe, es u no de los países que tiene el más alto porcentaje de docentes certificados por una Institución de Educación Superior.

Por otro lado, los resultados que el Ministerio de Educación ofrece acerca del último Concurso de Oposición Docente para ocupar las plazas disponibles en los diferentes cargos, es sencillamente alarmante, y ello a pesar de que la herramienta más importante para evaluar las competencias de los profesionales de educación, aspirantes a ingresar a la carrera docente fue eliminada, sumando su puntuación a la entrevista, acción evaluativa que se caracteriza por una gran nivel de subjetividad y de muy poco nivel de discriminación, es decir, que no permite establecer claramente la diferencia entre un profesional docente competente y otro no competente.

Esta no es cualquier situación y mucho menos, cualquier tema, pues se trata de los profesionales que tendrán la misión de educar a las nuevas generaciones de dominicanos y dominicanas para el futuro que nos depara.

Si se tomara la evolución del gasto presupuestario en educación entre los años 2012 y 2018, sin que esto haya cambiado en los años posteriores, se aprecia que habiendo alcanzado el gasto de capital en el año 2013 el 35.77%, para el año 2018 era apenas de un 7.63%. Es decir, que la inversión de capital disminuyó 28.14 puntos porcentuales. Veámoslo desde otra perspectiva, el gasto corriente para esos mismos años pasó de 64.73% a 92.37%. Estoy muy claro el peso que tuvo entonces la inversión en aulas y planteles escolares, solo que si quisiéramos tener una mejor idea de cuál termina siendo la prioridad en el gasto, solo tendríamos que revisar cómo se distribuyó el mismo considerando insumos, programas pedagógicos y personal. Para los mismos años considerados, es decir, 2012-2018, mientras el gasto en insumos pasó de $14,398,025,810 a $29,767,856,338, y el de pago en programas pedagógicos pasó de $5,890,997,954 a $15,493,915,029, el pago de personal lo hizo de $31,167,029,134 a $106,985,214,225. En este último renglón el aumento fue de RD$75,818,185,091 en el mismo período.

Como decíamos antes, estos porcentajes de distribución del gasto global, no parece que hayan cambiado actualmente. Hay que admitir, definitivamente, que la aplicación del 4% del PIB en educación ha generado importantes holguras en el gasto educativo. Quizás en el Pacto se debieron crear mecanismos más estrictos y transparente para la ejecución presupuestaria.

Hay una cuestión que gravita sobre el tema de la educación dominicana y que, lamentablemente, el pacto en su misión de pactar las condiciones necesarias para cumplir con los acuerdos no ha podido cambiar en lo más absoluto, es la politización (un ministro llegó a decir incluso, “la politiquería”) que tiene atrapado y sojuzgado al sistema educativo dominicano.

El Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030, soslayó el tema, pues no hay ningún acápite que obligue a transformar, a cambiar, más aún, a erradicar la cultura política partidaria de tener en el presupuesto de educación la base económica de sustentación de las actividades políticas de los grupos y partidos, que han tenido acceso directo al mismo. La nómina administrativa, de manera muy particular, los contratos y adjudicaciones de los bienes y servicios que requiere el sistema se constituyen en una fuente que nadie parece estar dispuesto a abandonar.

Un Pacto es un acuerdo, que en el caso que nos ocupa, debió crear todas las condiciones necesarias para asegurar su cumplimiento, sobre todo y de manera muy particular, en la gestión de los fondos presupuestarios asignados.

Si las actividades políticas de los partidos se financian a través del Presupuesto de la Junta Central Electoral, no es justo que además lo que destinamos a la educación de los niños, niñas, adolescentes y personas jóvenes adultas, también se constituya en fuente para tales actividades.

El Pacto debe centrarse, antes que nada, en la prevalencia de los intereses de los y las estudiantes, es decir, en aquellos insumos y procesos que están vinculados con sus aprendizajes, y cualquier otro interés grupal o corporativo, debe ser erradicado del sector.

Fuente: https://acento.com.do/opinion/a-proposito-del-pacto-nacional-para-la-reforma-educativa-2014-2030-9034731.html
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El Congreso Democrático-Participativo De La UPN

Por: Yuri Jiménez Nájera. Consejero Académico de la UPN

En la historia de México, desde 1910[1] hasta la fecha, se han llevado a cabo diversos congresos universitarios con propósitos diversos, como ejercicios democráticos representativos y renovadores, siempre organizados por delegados, cuyos logros han sido múltiples: incidencia en políticas educativas, reformas universitarias, democratización del país, etc. Al igual que en otros países de América Latina,[2] los congresos universitarios representativos mexicanos se han realizado en respuesta a regímenes autoritarios de gobierno estatales y/o universitarios (porfiriano, postrevolucionario-corporativo, neoliberal-autoritario), como parte de su contexto.

Dentro de esta tradición latinoamericana de congresos universitarios renovadores y ante la crisis de legitimidad de las democracias representativas en el orbe[3] (liberales, corporativas y/o clientelares), no solo en los sistemas políticos sino en las instituciones (sindicatos, partidos, universidades, etc., controladas “desde arriba” por sus burocracias[4]), crisis que se expresa, por ejemplo, en protestas sociales contra el orden establecido[5] y en altos índices de abstención[6]; en la Universidad Pedagógica Nacional se optó por la realización -a partir de septiembre de 2019- de un Congreso Nacional Universitario (CNU) democrático-participativo (no por delegados[7]), convocado por el Consejo Académico de la UPN, con el propósito de fortalecer y renovar, de abajo hacia arriba, a la universidad y a sus comunidades de trabajadores y estudiantes que la sostienen (ver CNU Documento Completo en: https://bit.ly/3pvyLRk ).

La agenda del CNU fue resultado de una consulta nacional (en septiembre-octubre de 2019), incluyendo temáticas como: diagnóstico participativo, modelo educativo y proyecto académico, figura jurídica, estructura organizacional y condiciones institucionales, universidad y compromiso social, asuntos laborales y estudiantiles, planeación participativa, transparencia en el ejercicio presupuestal, etc. (ver: Ejes temáticos del CNU en: https://bit.ly/3jEoEG7 ).

Repentinamente, la pandemia por COVID-19 interrumpió el proceso de organización del CNU por varios meses, reanudándose de forma virtual hasta noviembre de 2020, al ser elegidos los miembros de las Comisiones Organizadoras (CO) del CNU por cada sector universitario (estudiantil, académico y administrativo), para así conformar la CO intersectorial en cada centro de trabajo (de 267 fórmulas sectoriales inscritas, se eligieron 87 CO en 27 entidades federativas) en enero de 2021, cuyo propósito fue propiciar la organización y participación de sus comunidades en el análisis de los temas de la agenda del CNU.

En lo que se refiere a su desarrollo, el CNU se realizó por medios virtuales, en su primera etapa, entre noviembre de 2020 y octubre de 2021, al abordarse los siguientes temas de la agenda acordada: diagnóstico institucional participativo, modelo educativo y proyecto académico, figura jurídica, estructura organizacional y condiciones institucionales (ver sitio del CNU: https://bit.ly/3ABCH57).

Simultáneamente, durante el CNU se realizaron múltiples reuniones y foros de expertos(as) (internacionales, nacionales y de casa) sobre los puntos de la agenda, a nivel local, estatal, regional y nacional (ver videos en: https://bit.ly/3mzfkEg), en los que se dilucidaron las problemáticas propias de la institución y del campo de la educación superior (nacional e internacional), así como de la formación de profesionales de la educación, bajo la consideración de que una verdadera democracia es obligadamente una democracia informada.

La realización horizontal y virtual del CNU, en plena pandemia, ha sido todo un reto, al adoptar la democracia directa[8] como modelo, tanto por las dimensiones de la UPN, como por su heterogeneidad, fragmentación y dispersión en todo el territorio nacional: con una matrícula de más de 70 mil estudiantes, una planta académica de más de 5 mil académicas/os (52% contratada por horas) y 313 planteles educativos en la actualidad (con dimensiones muy diversas que oscilan entre los más de 6,000 estudiantes en la unidad mayor y un promedio de 51 estudiantes en cada una de las diez subsedes[9] menores).

El CNU en red se ha convertido en un hito sin precedentes en la historia de la Universidad, por su magnitud (instalación de Comisiones Organizadoras del CNU en 27 entidades del país), su pluralidad, niveles de participación (la Primera Reunión Nacional del CNU -7 al 14 de mayo de 2021- contó con más de 80 mil vistas[10]), agenda consensuada y resultados obtenidos.

Gracias al trabajo comprometido de sus comunidades, el CNU ha superado múltiples obstáculos técnicos, organizativos y político-burocráticos (puestos por grupos de intereses creados internos y externos), tales como: su organización e intercomunicación en red por diversos medios electrónicos (correo electrónico, videoconferencias, redes socio-digitales), su organización multiescalar (escalas micro-meso-macrosocial) y multinivel (local-estatal-regional-nacional)[11], la incomprensión y apatía de algunos escépticos, o la oposición y el sabotaje de otros (algunos/as Directores/as de Unidades, algunas dirigencias estatales del SNTE y otros grupos políticos: grupos de intereses de dominación, que buscan tener el control de los órganos de gobierno universitarios y de los recursos institucionales)[12], quienes emprendieron algunas campañas orquestadas de desinformación y deslegitimación del CNU y de desprestigio en contra de sus participantes, al colocar sus intereses particulares por encima del interés general.

La estrategia de deslegitimación del CNU por los grupos de intereses creados consistió en descalificar el proceso para generar desconfianza y apatía, para entonces ocupar los vacíos propiciados previamente y poder manipular el proceso mediante algunas de las Comisiones Organizadoras, estrategia que al final prácticamente no fructificó.

Respecto a la problemática institucional, el CNU evidenció que la UPN fue la única universidad pública desmantelada y semiprivatizada por las políticas neoliberales, afectándose severamente sus condiciones institucionales y precarizándose las condiciones laborales y estudiantiles de sus comunidades, situación agravada por la endémica corrupción burocrática y la desviación de sus escasos recursos. Así, por ejemplo, los salarios del personal académico y administrativo se devaluaron hasta en un 79% y las cuotas escolares se incrementaron en más de 1000%.[13] Incluso, se ha llegado al extremo de privatizar los procesos de evaluación al contratar los servicios del CENEVAL.[14]

La depauperación neoliberal de la UPN redujo notablemente su capacidad institucional para poder cumplir sus funciones sustantivas y atender los grandes problemas socioeducativos del país, marcados por una creciente desigualdad y pobreza extremas, depauperación que frenó el desarrollo de la institución (limitando el despliegue de sus programas educativos en todas sus modalidades, de sus proyectos de investigación, tareas de difusión y extensión a la comunidad, y actividades de intercambio, entre otros aspectos). Fue la resiliencia de sus comunidades lo que permitió mantener a flote a la institución e impidió su destrucción.

Respecto al proyecto académico y modelo educativo de la UPN, el CNU mostró la diversidad y complementariedad de las concepciones socio-sicopedagógicas prevalecientes en la universidad, una de sus fortalezas institucionales, sustentada en la libertad académica (de cátedra, investigación y pensamiento) siempre defendida por sus comunidades.

Otras fortalezas de la universidad destacadas en el CNU son: La configuración de una red nacional de 298 centros universitarios abocados a la formación y actualización de docentes. Una experiencia sostenida de formación de profesionales de la educación por ya 43 años. Conformación de una oferta de posgrados nacionales y regionales, destacándose una alta demanda del magisterio. Una producción editorial de acceso libre sobre problemas centrales del ámbito educativo. Intervención en diferentes ámbitos de las didácticas específicas y en el abordaje de temas educativos emergentes.

Asimismo, el CNU llegó a múltiples consensos: Rescatar y fortalecer el proyecto y carácter nacional de la UPN, desmantelado por las políticas neoliberales. Democratizar la vida universitaria, superando el régimen autoritario instaurado en el pasado. Fortalecer a la universidad en todos sus ámbitos, para un mejor cumplimiento de su responsabilidad social. Modificar la situación jurídico-política de la UPN (a 43 años de su creación, la universidad sigue siendo un organismo desconcentrado y subordinado a la SEP), para que pueda desplegar todas sus potencialidades y tareas educativas, siendo imprescindible contar con una mayor autonomía institucional.

En cuanto al cambio de estatus legal, el CNU debatió todas las alternativas existentes, resultando la figura jurídica autónoma por ley la preponderante y la más consistente para amplios sectores de la institución, al considerar que es el único estatuto jurídico que puede permitir superar la problemática institucional evidenciada y garantizar su pleno desarrollo y potencialidades, retomando los consensos nacionales identificados en el CNU, centrados en la recuperación del carácter verdaderamente nacional de la universidad y en su democratización.

Considerando que en la nueva Ley General de Educación Superior se establece la posibilidad de que la UPN modifique su situación jurídica[15] -como resultado de un acuerdo con el legislativo y como un logro histórico de la comunidad universitaria-, ahora corresponderá al H. Congreso de la Unión retomar los resultados del CNU y actuar en consecuencia, tomando en cuenta la problemática universitaria, los consensos de la comunidad y el papel de la UPN en el Sistema Educativo Nacional (centrado en la formación de profesionales de la educación), en el contexto de los cambios que requiere el país y la educación nacional en esta era postneoliberal.


[1] El Primer Congreso Nacional de Estudiantes, en septiembre de 1910, en pleno régimen porfirista, planteó entre sus demandas la democratización del sistema educativo autoritario existente. Cfr. Garciadiego Dantan, Javier. Rudos contra científicos: la Universidad Nacional durante la revolución mexicana. México: El Colegio de México, CESU-UNAM, 2000.

[2] Congresos organizados frecuentemente frente a regímenes liberales-autoritarios normalizados en toda América Latina: Ver: Moraga Valle, Fabio. Reforma desde el sur, revolución desde el norte. El primer Congreso Internacional de Estudiantes de 1921. Estudios de historia moderna y contemporánea de México, 47, enero-junio 2014, 155-195.

[3] Bizberg, Ilán. Fuentes de la crisis de la democracia representativa actualOtros Diálogos de El Colegio de México, 2020, núm. 11. Disponible en: https://otrosdialogos.colmex.mx/fuentes-de-la-crisis-de-la-democracia-representativa-actual .

[4] Un claro ejemplo es el de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que en 1979 se conformó frente a la pérdida de legitimidad del régimen corporativo-autoritario prevaleciente dentro del SNTE. Otro es el caso de las universidades controladas verticalmente por sus burocracias corporativas mediante Juntas de Gobierno y amplios poderes discrecionales: UNAM, IPN, Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Hidalgo, etc. Cfr. Ordorika, Imanol. (2006). La disputa por el campus. Poder, política y autonomía en la UNAM. México: SES, UNAM; CESU, UNAM; Plaza y Valdés, 2006. Disponible en: https://www.ses.unam.mx/publicaciones/index.php?seccion=libro&id=5 .

Jiménez, Yuri. La construcción social de la UNAM: poder académico y cambio institucional (1910-2010). México: Universidad Pedagógica Nacional, Col. Horizontes educativos. 2014. Disponible en: https://bit.ly/3CwDXIx .

[5] Recuérdense los casos recientes de las grandes protestas sociales en Chile, Colombia, Francia, Ecuador o el caso del EZLN y el movimiento indígena en México y América Latina.

[6] En el año 2020, el 50% de los latinoamericanos/as pensaban abstenerse en las votaciones políticas próximas (“Intención del voto”), al responder a la pregunta: ¿Por cuál partido votaría si este domingo hubiera elecciones?; el 73.4% de las/os latinoamericanos se manifestaban decepcionados con la Democracia política -liberal- en su país (“Satisfacción con la democracia”), al responder a la pregunta: En general, ¿Diría Ud que está muy satisfecho, más bien satisfecho, no muy satisfecho o nada satisfecho con el funcionamiento de la democracia en {PAÍS}? Simultáneamente, el 69.9% de las/os latinoamericanos expresaron su rechazo a los partidos políticos (“Identificación con un partido político”), al resolver la pregunta: ¿Hay algún partido político hacia el cual se sienta usted más cercano que hacia el resto de los partidos? (Fuente: https://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp ).

[7] Tradicionalmente, los congresos universitarios (o sindicales) se han basado en la democracia indirecta o representativa, al adoptar formas de organización más o menos representativas, en las que son los delegados los que toman las decisiones finales (consultando o no a sus bases). La clave está en las formas de participación directas desde abajo, en los mecanismos de control de los delegados por parte de las asambleas y en los niveles de participación de las bases en la toma de decisiones.

[8] Martino, A. A. (2018) «Crisis de la democracia representativa: alternativas participativas o democracia directa con medios electrónicos, EUNOMÍA. Revista en Cultura de la Legalidad, 0(14), pp. 9-32. DOI: 10.20318/eunomia.2018.4153 .

[9] La UPN cuenta actualmente con 313 sedes en todo el país: 70 Unidades UPN, 208 subsedes y tres Universidades Pedagógicas Estatales descentralizadas con 35 planteles educativos (Chihuahua -con 11 campus-, Durango -8 sedes-, Sinaloa -16 planteles-). Ver: https://www.upn.mx/index.php/red-de-unidades/upn-nacional ; https://www.upnech.edu.mx/ ; https://upes.edu.mx/portal/index.php ; http://www.upd.edu.mx/ .

[10] Considerando el conjunto de vistas de las diversas actividades de la Primera Reunión Nacional del CNU, se registraron más de 80,000 vistas, subdivididas en 34,306 en You Tube (hasta el 17 de mayo) y más de 46 mil vistas en Facebook (17 de mayo a las 01:00 h.). Cfr. videos del CNU en https://www.facebook.com/CNU.UPN.2020/videos/?ref=page_internal y en https://www.youtube.com/watch?v=ZSl9ME2KBBs&list=PL0lTQwrrPbHkqUaiNfbJO55Liq4SqM6Qr .

[11] El CNU se planeó a partir de la realización de asambleas locales de análisis compartidos (por centro de trabajo o de estudio: Unidad Académica, Área Académica, Subsede, Programa Académico, Cuerpo Académico, etc.) como base (primer nivel/escala microsocial), para luego ascender al segundo nivel de discusión (estatal), después al tercer nivel de discusión (regional) para, finalmente, poder arribar al cuarto nivel (nacional) de debates, siempre con el fin de definir de manera argumentada los consensos y los disensos respecto a la Agenda Nacional del CNU (Ver: Momentos del CNU (http://congreso.upnvirtual.edu.mx/index.php/trayectoria-del-cnu/momentos-del-cnu.html ) y Niveles de participación (http://congreso.upnvirtual.edu.mx/index.php/trayectoria-del-cnu/niveles-de-participaci%C3%B3n.html )).

[12] Entendemos por grupos de intereses de dominación a aquellos grupos de interés o de presión que se organizan no solo para influir en los órganos de gobierno establecidos sino para acceder a ellos y tenerlos bajo su control (cfr. “Grupos de presión” en: Bobbio, Norberto et al. Diccionario de política. México: Siglo XXI, 2008; pp. 726-736.), conformando verdaderos micro partidos políticos internos que no solo buscan influir en las instancias de poder sino controlarlas (Weber, Max. Economía y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica, 1984; pp. 682-694). Ver: Grupos de interés o presión (acción de) (lobbying) en: https://bit.ly/3BgWCqb ; Grupos de presión en http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=118 .

[13] Ejemplos de cuotas escolares en la UPN: Estado de México: Licenciaturas: Examen de selección a licenciatura $ 573.00, Inscripción a licenciatura $ 1,092.00, Reinscripción a licenciatura $ 873.00, Exámenes de regularización o extraordinarios $ 344.00, Expedición de certificado de estudios $ 458.00; Maestrías: Proceso de selección a maestría $ 1,146.00, Inscripción a maestría $ 1,419.00, Reinscripción por semestre (2 al año) $ 1,419.00, Expedición de certificado de estudios $ 573.00; Doctorado: Proceso de selección a doctorado $ 2,163.00, Inscripción a doctorado $ 2,678.00, Reinscripción por semestre (2 al año) $ 2,678.00, Expedición de certificado de estudios $ 1,081.00 (http://upn151tolucacontrolescolar.blogspot.com/2017/08/nueva-tarifa-de-servicios-2017-para-la.html ). LeónGto.: Licenciatura semestral $ 1,635.00, Maestría semestral $ 4,224.00, Doctorado semestral $ 4,969.00, Asesoría de titulación de Licenciatura $ 1,626.00, Asesoría de titulación semestral (maestrías y doctorado) $ 3,523.00 (http://upn113leon.edu.mx/servicios/servicios-escolares/cuotas-2021 ).

[14] El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) es un centro privado de certificación estandarizada creado en 1994 por el gobierno neoliberal de Carlos Salinas de Gortari. Un ejemplo es Yucatán: un requisito para la inscripción a sus licenciaturas es presentar el examen EXANI II del CENEVAL [con un costo en 2021 de $229.00/$240.00]. Ver: http://upnmda.edu.mx/index.php/servicios/mision-y-vision-2/licenciatura-3 y http://upnmda.edu.mx/index.php/servicios/mision-y-vision-5/mision-y-vision-6 .

[15] La nueva Ley establece en su artículo transitorio Vigésimo Primero: “Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la Universidad Pedagógica Nacional, por conducto de su Consejo Académico, convocará a un espacio de deliberación y consulta con el propósito de analizar la viabilidad de modificar su naturaleza jurídica.

Los acuerdos adoptados en dicho espacio se harán llegar al H. Congreso de la Unión para que, en su caso, analice la posibilidad de realizar las modificaciones respectivas a los ordenamientos jurídicos correspondientes.” (ver http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGES_200421.pdf ).

Fuente de la información e imagen: https://insurgenciamagisterial.com

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Las redes sociales, nuevo medio dominante

Fuentes: La Jiribilla

Imagen de Portada: “(…)aunque la revolución digital permitió una indiscutible democratización de la comunicación —objetivo que parecía absolutamente impensable— esa democratización provoca ahora una proliferación incontrolada y desordenada de los mensajes, así como ese ruido ensordecedor creado sobre todo por las redes sociales”. Ilustración: Brady Izquierdo

El Internet moderno, la Web, se inventó en 1989, hace treinta y dos años. O sea, estamos viviendo los primeros minutos de un fenómeno que llegó para quedarse durante siglos. Pensemos que la imprenta se inventó en 1440, y que tres décadas después casi no había modificado nada, pero acabó por trastornar el mundo: cambió la cultura, la política, la economía, la ciencia, la historia. Resulta evidente que muchos de los parámetros que conocemos están siendo modificados en profundidad, no tanto por la pandemia actual de Covid-19, sino, sobre todo, por la irrupción generalizada de los cambios tecnológicos y de las redes sociales. Además, no solamente en términos de comunicación —¿se está muriendo la verdad?—, sino también en las finanzas, el comercio, el transporte, el turismo, el conocimiento, la cultura… Todo ello sin olvidar los nuevos peligros en materia de vigilancia y de pérdida de privacidad.

Ahora, con la Web y las redes sociales, ya no es únicamente el Estado quien nos vigila. Algunas empresas privadas gigantes (Google, Apple, Facebook, Amazon, etc.) saben más sobre nosotros que nosotros mismos. En los próximos años, con la inteligencia artificial y la tecnología 5G, los algoritmos van a determinar más que nuestra propia voluntad el curso de nuestras vidas. Que nadie piense que esos cambios tan determinantes en la comunicación no van a tener consecuencias en la organización misma de la sociedad y en su estructuración política tal como la hemos conocido hasta ahora. El futuro es muy largo y los cambios determinantes apenas acaban de empezar.

Vivimos en un universo en el que nuestra privacidad está muy amenazada; estamos más vigilados que nunca mediante la biometría o las cámaras de videoprotección, mucho más de lo que imaginó el mismísimo George Orwell en su novela distópica 1984. Además, la robótica, los drones y la inteligencia artificial amenazan con crear un ecosistema del que el ser humano podría acabar siendo expulsado; sin hablar de la “crisis de la verdad” —en materia de información—, sustituida por las fake news, la posverdad, las nuevas manipulaciones o las verdades alternativas. En este punto el futuro podría estar acercándose más rápido de lo que pensamos a nuestro pasado más aterrador.

Sobre el aspecto emancipador de la actual revolución digital, lo más notable es la “democratización efectiva de la información”. Un ideal que constituía una reivindicación fundamental, y en cierta medida un sueño, desde la revuelta social de mayo de 1968 —es decir, el deseo de que los ciudadanos se apoderaran de los medios de comunicación y sobre todo de información— en cierta medida se ha realizado. Hoy en día con el equipamiento masivo de dispositivos ligeros de comunicación digital (teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, tabletas y otros) los ciudadanos disponen, individualmente, de una potencia de fuego comunicacional superior a la que poseía, por ejemplo, en 1986, el primer canal de televisión de alcance planetario, Cable News Network (CNN). Es mucho más barato y fácil de operar. Cada ciudadano es ahora lo que antes se llamaba un mass media. Mucha gente lo ignora o no conoce el poder real del que dispone. Hoy, frente a las grandes corporaciones mediáticas, ya no estamos desarmados. Otra cosa es saber si estamos haciendo un uso óptimo del superpoder comunicacional del que disponemos.

¿Ha resuelto eso los problemas en materia de información y de comunicación? La respuesta es no, porque en la vida cada solución crea un nuevo problema. Es la trágica condición humana. Los griegos antiguos la ilustraban con el mito de Sísifo, condenado a empujar una enorme roca hasta lo alto de una montaña; una vez alcanzada la cumbre, la roca se le escapaba de las manos y se precipitaba de nuevo hasta el pie del monte. Entonces Sísifo tenía que volver a subirla a la cima, donde se le volvía a resbalar, y así hasta el fin de la eternidad.

En ese sentido, aunque la revolución digital permitió una indiscutible democratización de la comunicación —objetivo que parecía absolutamente impensable— esa democratización provoca ahora una proliferación incontrolada y desordenada de los mensajes, así como ese ruido ensordecedor creado sobre todo por las redes sociales. Esto es precisamente lo que constituye el nuevo problema. Como dijimos, ahora la verdad se ha diluido. Si todos tenemos nuestra verdad, ¿cuál es entonces la verdad verdadera? O será, como decía Donald Trump, que la “verdad es relativa”.

Al mismo tiempo, la objetividad de la información (si alguna vez existió) ha desaparecido, las manipulaciones se han multiplicado, las intoxicaciones proliferan como otra pandemia, la desinformación domina, la guerra de los relatos se extiende. Nunca se habían “construido” con tanta sofisticación falsas noticias, narrativas delirantes, “informaciones emocionales”, complotismos. Para colmo, muchas encuestas demuestran que los ciudadanos prefieren y creen más las noticias falsas que las verdaderas, porque las primeras se corresponden mejor con lo que pensamos. Los estudios neurobiológicos confirman que nos adherimos más a lo que creemos que a lo que va en contra de nuestras creencias. Nunca fue tan fácil engañarnos.

Más que una “nueva frontera”, Internet, o sea, el ciberespacio o digitalandia, es nuestro “nuevo territorio”. Vivimos en dos espacios, el nuestro habitual, tridimensional, y el espacio digital de las pantallas. Un espacio paralelo, como en la ciencia-ficción o en los universos cuánticos, donde las cosas o las personas pueden hallarse en dos lugares al mismo tiempo. Obviamente nuestra relación respecto al mundo, desde un punto de vista fenomenológico, no puede ser la misma. Internet —y mañana la Inteligencia Artificial— dota a nuestro cerebro de unas extensiones inauditas. Ciertamente la nueva sociabilidad digital, acelerada por redes socializantes como Facebook o Tinder, está modificando profundamente nuestros comportamientos relacionales. No creo que pueda haber “vuelta atrás”. Las redes son sencillamente parámetros estructurales definitorios de la sociedad contemporánea.

También hay que tener conciencia de que Internet ya no es ese espacio de libertad descentralizado que permitía escapar de la dependencia de los grandes medios de comunicación dominantes. Sin que la mayoría de los internautas se haya dado cuenta, Internet se ha centralizado en torno a algunas empresas gigantes que ya citamos —las GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon)—, que lo monopolizan y de las que ya casi nadie puede prescindir. Su poder es tal, lo acabamos de ver, que se permiten incluso censurar al presidente de los Estados Unidos cuando Twitter y Facebook le cortaron el acceso y enmudecieron al propio Donald Trump a principios de enero pasado.

No entendimos, a principios de los años 2000, que el modelo económico de “publicidad contra gratuidad” crearía un peligroso fenómeno de centralización, porque los anunciantes tienen interés en trabajar con los más grandes, con aquellos que poseen más audiencia. Ahora hay que conseguir ir en contra de esta lógica para descentralizar de nuevo Internet. La opinión pública debe comprender que la gratuidad conlleva una centralización tal de Internet que, poco a poco, el control se vuelve más fuerte y la vigilancia se generaliza.

En cuanto a esto, debemos precisar que hoy la vigilancia se basa esencialmente en la información tecnológica, automática, mucho más que en la información humana. Se trata de “diagnosticar la peligrosidad” de un individuo a partir de elementos de sospecha más o menos comprobados y de la vigilancia (con la complicidad de las GAFA) de sus contactos en redes y mensajes; con la paradójica idea de que, para garantizar las libertades, hay que empezar por limitarlas. Que se entienda bien: el problema no es la vigilancia en general, sino la vigilancia clandestina masiva.

En un Estado democrático las autoridades están completamente legitimadas para vigilar a cualquier individuo que consideren sospechoso, para ello se apoyan en la ley y hacen uso de la autorización previa de un juez. En la nueva esfera de vigilancia, toda persona es considerada sospechosa a priori, sobre todo si las “cajas negras algorítmicas” la clasifican mecánicamente como “amenazante” después de analizar sus contactos en redes y sus comunicaciones. Esta nueva teoría de la seguridad considera que el ser humano está desprovisto de verdadero libre arbitrio o de pensamiento autónomo. Es inútil, por lo tanto, que para prevenir eventuales derivas se busque intervenir retroactivamente en el entorno familiar o en las causas sociales. Lo único que ahora se desea, con la fe puesta en los informes de vigilancia, es reprimir lo antes posible, antes de que se cometa el delito. Esta concepción determinista de la sociedad, imaginada hace unos sesenta años por el escritor estadounidense de ciencia ficción Philip K. Dick en su novela Minority Report, se impone poco a poco. Es el “predelito” lo que a partir de ahora se persigue, bajo el pretexto de “anticiparse a la amenaza”.

Con semejante fin, empresas comerciales y agencias publicitarias cachean nuestras vidas. Estamos siendo cada vez más observados, espiados, vigilados, controlados, fichados. Cada día se perfeccionan nuevas tecnologías para el rastreo de nuestras huellas. En secreto, los gigantes de la red elaboran exhaustivos ficheros de nuestros datos personales y de nuestros contactos, extraídos de nuestras actividades en las redes sociales mediante diferentes soportes electrónicos.

Sin embargo, esta vigilancia generalizada no impide el despertar de algunas sociedades mucho tiempo mantenidas en silencio y ahora interconectadas. Sin duda, lo que se llamó en 2011 la “primavera árabe”, igual que el “Movimiento de los indignados” en España y “Occupy Wall Street” en Estados Unidos, no hubieran sido posibles —en la manera en que se desarrollaron— sin las innovaciones comunicacionales aportadas por la revolución de Internet. Ello no solo se debe al uso de las principales redes sociales, que entonces estaban apenas extendiéndose —Facebook se crea en 2006 y Twitter arranca en 2009—, sino al recurso del correo electrónico, de la mensajería y simplemente del teléfono inteligente. El impacto de las manifestaciones populares provocadas por esas innovaciones comunicacionales fue muy fuerte ese año 2011, independientemente de la naturaleza de los sistemas políticos (autoritario o democrático) contra los que chocaron.

Claro, en el mundo árabe, “congelado” por diversas razones desde hacía medio siglo, la “sacudida” tuvo consecuencias espectaculares: dos dictaduras (Túnez y Egipto) se derrumbaron, y en otros dos países (Libia y Siria) empezaron dolorosas guerras civiles que aún, diez años después, no han terminado. También en el seno de sistemas democráticos —España, Grecia, Portugal, Estados Unidos— se produjeron ese año impactos considerables que modificaron definitivamente la manera de hacer política. Piénsese, por ejemplo, en España, donde al calor de ese movimiento surge un partido nuevo de izquierda, Podemos, que los electores acabaron por propulsar en 2019 hasta el poder, en coalición con el Partido Socialista Obrero Español. No es poca cosa.

Deseo añadir dos ideas. Primero, que esas innovaciones comunicacionales dieron muy pronto lugar a un uso político de las redes sociales. No podemos ser ingenuos. Hay manuales para usar las redes con intenciones subversivas. Se han usado contra Cuba un sinnúmero de veces, así como contra la Revolución Bolivariana en Venezuela y contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Recordemos también que entre 2003 y 2006, de manera organizada y planificada, con financiamiento de poderosos intereses, se habían producido ya lo que se llamaron las “revoluciones de colores” en Georgia (2003), Ucrania (2004), Kirguistán (2005), etc.; con la intención no disimulada de romper las alianzas de estos países con Moscú y disminuir la potencia de Rusia.

En segundo lugar, comentaremos que en el otoño de 2019, antes de que la pandemia de COVID-19 se extendiera a todo el planeta, el mundo —de Hong Kong a Chile, pasando por Irak, Líbano, Argelia, Francia, Cataluña, Puerto Rico, Costa Rica, Colombia, entre otras naciones— estaba conociendo un reguero de grandes protestas populares impulsadas y acentuadas por el recurso de las redes sociales. Todos los gobiernos de esos países, teóricamente democráticos, no supieron, en la mayoría de los casos, cómo enfrentar este nuevo tipo de contestación social excepto con la represión brutal.

Así que podríamos, en efecto, decir que por una parte, las redes sociales y las mensajerías de nuevo tipo (Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, Signal, Snapchat, WhatsApp, Zoom, TikTok y otras) han ampliado indiscutiblemente el espacio de nuestra libertad de expresión, pero a la vez han multiplicado al infinito las capacidades de manipulación de las mentes y de vigilancia de los ciudadanos. Es clásico. Podríamos afirmar, parafraseando a Marx, que la Historia es la historia de las innovaciones tecnológicas. Cada innovación tecnológica aporta una solución a un problema, y a su vez, como ya subrayamos, cada solución crea un nuevo problema. O sea, siempre que se produce un salto hacia adelante en las tecnologías de la comunicación, nos hallamos efectivamente ante un progreso en materia de capacidades de expresión, y también, ante un peligro de confusión, de confrontación y de nuevas intoxicaciones mentales. Es normal. En ese aspecto no hay nada nuevo. Todo poder que posee el monopolio de la expresión pública se desespera ante cualquier aparición de una tecnología comunicacional democratizante que amenaza su uso solitario de la palabra. Piénsese, de nuevo, en la invención de la imprenta en 1440, y el pánico de la Iglesia y del trono ante una máquina que les arrebataba de repente el monopolio de la verdad.

Ante el dilema peligros v.s. ventajas, la pregunta sigue siendo ¿qué hacer? Depende de quién se plantee esa interrogación. Si son los ciudadanos, es previsible que deseen hacer uso inmediato de la excesiva potencia que les confieren las redes, sin tener la precaución de desconfiar del segundo aspecto: la manipulación de la que pueden ser objeto. Las decepciones, por ello, pueden ser fuertes.

Si quien se hace la pregunta es el poder, yo diría que debe guardar la serenidad; no puede soñar con que, por milagro, desaparezcan las redes que ya están aquí para siempre. Él también debe adaptarse a esta nueva realidad, a esta nueva normalidad comunicacional. La censura, la negación o la ceguera no sirven de nada, solo agravarían el problema, visto desde el poder. Lo rígido rompe, mientras que lo flexible resiste. Por lo tanto, el poder debe entender que las redes son un nuevo espacio de debate y de confrontación, y constituyen quizás, en el campo político, el principal espacio contemporáneo de enfrentamiento dialéctico. Es el ágora actual, y es ahí, en gran parte —como lo fue en las páginas de los periódicos durante mucho tiempo—, donde se dirimen ahora los grandes diferendos y las principales polémicas. Quien no desee ser el gran perdedor de nuestro tiempo debe estar presente en este espacio central de los debates.

Sí, las redes sociales son el medio dominante hoy, como lo fueron en otras épocas la televisión, la radio, el cine o la prensa. Es una revolución considerable, como no la ha habido jamás en el campo de la comunicación. Repetimos, todo cambio importante en el ámbito de la comunicación acaba fatalmente por tener repercusiones decisivas en lo social y lo político. No hay excepciones. Desde la invención de la escritura hasta Internet, pasando por la imprenta.

En cualquier país, las redes obligan a todos los demás medios de masas (prensa escrita, radio, cine, televisión) a tener que repensarse. Hay un darwinismo mediático en marcha. El medio que no se adapte al nuevo ecosistema desaparecerá. Adaptarse no quiere decir que los otros medios deben hacer lo que hacen las redes. No. Las redes son también el territorio, ya lo dijimos, de la manipulación, de la intoxicación, de las fake news, de las “verdades emocionales”, de las “verdades alternativas”, de los relatos conspiracionistas. La prensa escrita, por ejemplo, debe concentrarse en sus cualidades: la calidad de la escritura, la brillantez del relato, la originalidad de la temática, la realidad del testimonio, la autenticidad de la información, la inteligencia del análisis y la garantía de la verdad verificada.

Catedrático, periodista, historiador, escritor y analista político. Dirigió la edición francesa y española de Le Monde Diplomatique. Cofundador de la organización no gubernamental Media Watch Global (Observatorio Internacional de los Medios de Comunicación). Fundador de la Red en Defensa de la Humanidad.

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Libro (PDF): Pensando la democracia geopolíticamente

Reseña: CLACSO

La democracia fue definida como una forma de gobierno en el horizonte de la polis y el estado-nación, es decir, como forma interna de gobierno. Hoy es necesario reconceptualizarla en el horizonte de las relaciones políticas entre sociedades, países y Estados. Este libro propone una conceptualización de la democracia en el horizonte cosmopolita de la intergubernamentabilidad, a la vez que piensa la configuración de las formas de gobierno en relación al modo en que la producción del orden social se relaciona con el modo de transformación de la naturaleza, que es la primera dimensión geopolítica.

 

Autor/a:                               Tapia, Luis  
Editorial/Editor: CLACSO
Comuna
Muela del Diablo Editores
CIDES-UMSA
Año de publicación:  2009

 

País (es): Bolivia
Idioma: Español
ISBN : 978-99905-40-60-4
Descarga:   Libro (PDF): Pensando la democracia geopolíticamente
Fuente e imagen:

http://biblioteca.clacso.edu.ar/

 

 

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México: Democratizar el país, la educación y el SNTE

Por: Lev M. Velázquez Barriga*

En 40 años la CNTE se fue consolidando como movimiento magisterial, pedagógico y popular, cuyo proyecto de emancipación se definió en tres grandes horizontes: democratizar el país, la educación y al SNTE. Un balance crítico tiene que poner en el centro los alcances de los fines estratégicos del movimiento a la luz de la realidad actual.

Aunque el primero de julio de 2018 se abrió una puerta para re-vertir el desastre provocado por cuatro décadas de neoliberalismo, lo que se dibuja después de un año es un gobierno de contradicciones internas en el que se funden las vi-siones progresistas con las posiciones de los sectores de la derecha que pugnan por la profundización del neoliberalismo. Las políticas decombate a la corrupción y de austeridad sirven de legitimación a la narrativa de la transformación, pero no trastocan las bases de la desigualdad ni tampoco redistribuyen la riqueza; contrariamente, han agudizado los recortes al sector público, en tanto que priorizan el pago exorbitante de la deuda pública y el financiamiento de los megaproyectos.

En este escenario, la CNTE tiene que recuperar el proyecto antineoliberal que se ha ido construyendo a lo largo de cuatro décadas con las diversas resistencias sociales, para hacer realidad la emergencia de un gobierno plurinacional desde la ciudadanía democrática, los autogobiernos indígenas, así como de las diferentes formas de poder comunal y popular. Para lograrlo, es necesario construir con las otras y los otros actores en lucha, un frente común que dispute la conducción nacional de los movimientos sociales de trabajadores y campesinos; pero también de los que no se estructuran en los esquemas tradicionales de la organización: rebeldías eclesiales, de personas afectadas por la violencia, ambientalistas, indígenas, juveniles, feministas y de las tecnologías digitales, que son el resultado de las opresiones de un mismo capitalismo criminal, armamentista, ecocida, colonial, racista, patriarcal e informático.

En el tema de la reforma educativa, la CNTE ha tenido importantes avances una vez que logró desvincular la evaluación de la permanencia y que se está concretando la basificación masiva de trabajadores de la educación que no tenían estabilidad laboral y de egresados de las escuelas formadoras de docentes que no habían sido contratados desde hace cinco años; sin embargo, no estamos ante la normalidad establecida en el nuevo marco normativo, se trata de un proceso coyuntural para resarcir los daños que fueron causados por la legislación anterior.

Paralelamente, el Estado avanza en varios ejes de la política neoliberal: la instalación del régimen de excepción laboral y de un sistema de carrera meritocrático para la fragmentación del contrato colectivo y la sustitución del derecho social al aumento del salario; el ahorcamiento presupuestal de las escuelas normales y de la formación continua; la entrega de la educación especial a la iniciativa privada, mientras que en el sector estatal se establece la estandarización o la misma educación para todos a la que llaman inclusiva; el impulso a la administración escolar descentralizada que sitúa a las escuelas en el arranque de la competencia por ganar alumnos para tener más ingresos y de otra forma de autonomía de gestión que implica a las familias en el cofinanciamiento; un nuevo pacto de gobernanza que incluye el protagonismo de otros sectores de la ciudadanía corporativa no tan visibles en el gobierno anterior, de modo que la Nueva Escuela Mexicana se va definiendo en el marco de la excelencia con visión empresarial y recogiendo iniciativas como las orquestas infantiles de Fundación Azteca, la formación financiera de la banca y la estrategia de inclusión del Teletón. Una alternativa realmente libertaria sólo podrá construirse con las clases populares, las resistencias antineoliberales y los procesos en marcha de poder popular y comunal; es decir, desde abajo hacia arriba.

La disputa del sindicalismo oficial y de una parte del magisterio disidente por presentarse como medio de transmisión de la Cuarta Transformación, cogobierno o aliados de las tribus del partido en el poder, roza los límites del neocorporativismo que obliga a la CNTE a reivindicar su autonomía frente al Estado, pero también a reafirmar la naturaleza de su existencia como movimiento social, en cuyo caso democratizar al SNTE no se define a partir del sufragio personal, la transparencia y el respeto a las reglas de elección de su dirigencia, como proclaman las expresiones patronales y neocorporativas que ven al aparato sindical como un fin en sí mismo y a las normas establecidas en la reciente reforma de la Ley Federal del Trabajo como el único medio para la participación sindical.

La democratización del SNTE se hará en la medida en que asuma su papel histórico en la organización de los trabajadores para contribuir al proceso democratizador del país y de la educación, en tanto se convierte en el instrumento de los agremiados y de las familias para hacer contrapeso a las medidas del capital que precarizan la profesión docente, privatizan la escuela pública y cosifican a los alumnos en fuerza de trabajo; sin embargo, justamente ese ha sido el papel histórico que ha desempeñado la CNTE, porque su proyecto emancipador es rebeldía, pedagogía, lucha, propuesta y emancipación en movimiento que no podrá ser diluido en las reglas de la democracia liberal acordadas en el marco del T-MEC ni tampoco en el funcionalismo del aparato sindical.

Twitter: @levmx666

*Doctor en pedagogía crítica.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2019/12/15/opinion/014a2pol

Imagen: https://twitter.com/cnte_7?lang=es

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El odio al indio

 

El fascismo, el odio racial, no sólo es la expresión de una revolución fallida sino, paradójicamente también en sociedades postcoloniales, el éxito de una democratización material alcanzada.

Como una espesa niebla nocturna, el odio recorre vorazmente los barrios de las clases medias urbanas tradicionales de Bolivia. Sus ojos rebalsan de ira. No gritan, escupen; no reclaman, imponen. Sus cánticos no son de esperanza ni de hermandad, son de desprecio y discriminación contra los indios. Se montan en sus motos, se suben a sus camionetas, se agrupan en sus fraternidades carnavaleras y universidades privadas y salen a la caza de indios alzados que se atrevieron a quitarles el poder.

En el caso de Santa Cruz organizan hordas motorizadas 4×4 con garrote en mano a escarmentar a los indios, a quienes llaman “collas”, que viven en los barrios marginales y en los mercados. Cantan consignas de que “hay que matar collas”, y si en el camino se les cruza alguna mujer de pollera la golpean, amenazan y conminan a irse de su territorio. En Cochabamba organizan convoyes para imponer su supremacía racial en la zona sur, donde viven las clases menesterosas, y cargan -como si fuera un destacamento de caballería- sobre miles de mujeres campesinas indefensas que marchan pidiendo paz. Llevan en la mano bates de béisbol, cadenas, granadas de gas; algunos exhiben armas de fuego. La mujer es su víctima preferida; agarran a una alcaldesa de una población campesina, la humillan, la arrastran por la calle, le pegan, la orinan cuando cae al suelo, le cortan el cabello, la amenazan con lincharla, y cuando se dan cuenta de que son filmadas deciden echarle pintura roja simbolizando lo que harán con su sangre.

En La Paz sospechan de sus empleadas y no hablan cuando ellas traen la comida a la mesa. En el fondo les temen, pero también las desprecian. Más tarde salen a las calles a gritar, insultan a Evo y, con él, a todos estos indios que osaron construir democracia intercultural con igualdad. Cuando son muchos, arrastran la Wiphala, la bandera indígena, la escupen, la pisan la cortan, la queman. Es una rabia visceral que se descarga sobre este símbolo de los indios al que quisieran extinguir de la tierra junto con todos los que se reconocen en él.

El odio racial es el lenguaje político de esta clase media tradicional. De nada sirven sus títulos académicos, viajes y fe porque, al final, todo se diluye ante el abolengo. En el fondo, la estirpe imaginada es más fuerte y parece adherida al lenguaje espontáneo de la piel que odia, de los gestos viscerales y de su moral corrompida.

Todo explotó el domingo 20, cuando Evo Morales ganó las elecciones con más de 10 puntos de distancia sobre el segundo, pero ya no con la inmensa ventaja de antes ni el 51% de los votos. Fue la señal que estaban esperando las fuerzas regresivas agazapadas: desde el timorato candidato opositor liberal, las fuerzas políticas ultraconservadoras, la OEA y la inefable clase media tradicional. Evo había ganado nuevamente pero ya no tenía el 60% del electorado; estaba más débil y había que ir sobre él. El perdedor no reconoció su derrota. La OEA habló de “elecciones limpias” pero de una victoria menguada y pidió segunda vuelta, aconsejando ir en contra de la Constitución, que establece que si un candidato tiene más del 40% de los votos y más de 10% de votos sobre el segundo es el candidato electo. Y la clase media se lanzó a la cacería de los indios. En la noche del lunes 21 se quemaron 5 de los 9 órganos electorales, incluidas papeletas de sufragio. La ciudad de Santa Cruz decretó un paro cívico que articuló a los habitantes de las zonas centrales de la ciudad, ramificándose el paro a las zonas residenciales de La Paz y Cochabamba. Y entonces se desató el terror.

Bandas paramilitares comenzaron a asediar instituciones, quemar sedes sindicales, a incendiar los domicilios de candidatos y líderes políticos del partido de gobierno. Hasta el propio domicilio privado del presidente fue saqueado; en otros lugares las familias, incluidos hijos, fueron secuestrados y amenazados de ser flagelados y quemados si su padre ministro o dirigente sindical no renunciaba a su cargo. Se había desatado una dilatada noche de cuchillos largos, y el fascismo asomaba las orejas.

Cuando las fuerzas populares movilizadas para resistir este golpe civil comenzaron a retomar el control territorial de las ciudades con la presencia de obreros, trabajadores mineros, campesinos, indígenas y pobladores urbanos -y el balance de la correlación de fuerzas se estaba inclinando hacia el lado de las fuerzas populares- vino el motín policial.

Los policías habían mostrado durante semanas una gran indolencia e ineptitud para proteger a la gente humilde cuando era golpeada y perseguida por bandas fascistoides. Pero a partir del viernes, con el desconocimiento del mando civil, muchos de ellos mostraron una extraordinaria habilidad para agredir, detener, torturar y matar a manifestantes populares. Claro, antes había que contener a los hijos de la clase media y, supuestamente, no tenían capacidad; sin embargo ahora, que se trataba de reprimir a indios revoltosos, el despliegue, la prepotencia y la saña represiva fueron monumentales. Lo mismo sucedió con las Fuerzas Armadas. Durante toda nuestra gestión de gobierno nunca permitimos que salieran a reprimir las manifestaciones civiles, ni siquiera durante el primer golpe de Estado cívico del 2008. Y ahora, en plena convulsión y sin que nosotros les preguntáramos nada, plantearon que no tenían elementos antidisturbios, que apenas tenían 8 balas por integrante y que para que se hagan presentes en la calle de manera disuasiva se requería un decreto presidencial. No obstante, no dudaron en pedir/imponer al presidente Evo su renuncia rompiendo el orden constitucional. Hicieron lo posible para intentar secuestrarlo cuando se dirigía y estaba en el Chapare; y cuando se consumó el golpe salieron a las calles a disparar miles de balas, a militarizar las ciudades, asesinar a campesinos. Y todo ello sin ningún decreto presidencial. Para proteger al indio se requería decreto. Para reprimir y matar indios sólo bastaba obedecer lo que el odio racial y clasista ordenaba. Y en sólo 5 días ya hay más de 18 muertos, 120 heridos de bala. Por supuesto, todos ellos indígenas.

La pregunta que todos debemos responder es ¿cómo es que esta clase media tradicional pudo incubar tanto odio y resentimiento hacia el pueblo, llevándola a abrazar un fascismo racializado y centrado en el indio como enemigo?¿Cómo hizo para irradiar sus frustraciones de clase a la policía y a las FF. AA. y ser la base social de esta fascistización, de esta regresión estatal y degeneración moral?

Ha sido el rechazo a la igualdad, es decir, el rechazo a los fundamentos mismos de una democracia sustancial.

Los últimos 14 años de gobierno de los movimientos sociales han tenido como principal característica el proceso de igualación social, la reducción abrupta de la extrema pobreza (de 38 al 15%), la ampliación de derechos para todos (acceso universal a la salud, a educación y a protección social), la indianización del Estado (más del 50% de los funcionarios de la administración pública tienen una identidad indígena, nueva narrativa nacional en torno al tronco indígena), la reducción de las desigualdades económicas (caída de 130 a 45 la diferencia de ingresos entre los más ricos y los más pobres); es decir, la sistemática democratización de la riqueza, del acceso a los bienes públicos, a las oportunidades y al poder estatal. La economía ha crecido de 9.000 millones de dólares a 42.000, ampliándose el mercado y el ahorro interno, lo que ha permitido a mucha gente tener su casa propia y mejorar su actividad laboral.

Pero esto dio lugar a que en una década el porcentaje de personas de la llamada “clase media”, medida en ingresos, haya pasado del 35% al 60%, la mayor parte proveniente de sectores populares, indígenas. Se trata de un proceso de democratización de los bienes sociales mediante la construcción de igualdad material pero que, inevitablemente, ha llevado a una rápida devaluación de los capitales económicos, educativos y políticos poseídos por las clases medias tradicionales. Si antes un apellido notable o el monopolio de los saberes legítimos o el conjunto de vínculos parentales propios de las clases medias tradicionales les permitía acceder a puestos en la administración pública, obtener créditos, licitaciones de obras o becas, hoy la cantidad de personas que pugnan por el mismo puesto u oportunidad no sólo se ha duplicado -reduciendo a la mitad las posibilidades de acceder a esos bienes- sino que, además, los “arribistas”, la nueva clase media de origen popular indígena, tiene un conjunto de nuevos capitales (idioma indígena, vínculos sindicales) de mayor valor y reconocimiento estatal para pugnar por los bienes públicos disponibles.

Se trata, por tanto, de un desplome de lo que era una característica de la sociedad colonial: la etnicidad como capital, es decir, del fundamento imaginado de la superioridad histórica de la clase media por sobre las clases subalternas porque aquí, en Bolivia, la clase social sólo es comprensible y se visibiliza bajo la forma de jerarquías raciales. El que los hijos de esta clase media hayan sido la fuerza de choque de la insurgencia reaccionaria es el grito violento de una nueva generación que ve cómo la herencia del apellido y la piel se desvanece ante la fuerza de la democratización de bienes. Así, aunque enarbolen banderas de la democracia entendida como voto, en realidad se han sublevado contra la democracia entendida como igualación y distribución de riquezas. Por eso el desborde de odio, el derroche de violencia; porque la supremacía racial es algo que no se racionaliza, se vive como impulso primario del cuerpo, como tatuaje de la historia colonial en la piel. De ahí que el fascismo no sólo sea la expresión de una revolución fallida sino, paradójicamente también en sociedades postcoloniales, el éxito de una democratización material alcanzada.

Por ello no sorprende que mientras los indios recogen los cuerpos de alrededor de una veintena de muertos asesinados a bala, sus victimarios materiales y morales narran que lo han hecho para salvaguardar la democracia. Pero en realidad saben que lo que han hecho es proteger el privilegio de casta y apellido.

El odio racial solo puede destruir; no es un horizonte, no es más que una primitiva venganza de una clase histórica y moralmente decadente que demuestra que, detrás de cada mediocre liberal, se agazapa un consumado golpista.

Fuente del artículo: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=262565

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La 4t, sin proyecto para la SEP

Por: Lev M Velásquez Barriga.

 

Los movimientos de transformación latinoamericanos que instituyeron gobiernos progresistas se hicieron acompañar a su vez de procesos educativos; ninguno logró desvincularse por completo de los preceptos hegemonizados mediante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura o más recientemente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pero sí le imprimieron un sello propio a la educación, recuperando de su historia la tradición liberadora, nacionalista e indígena en algunos casos.

De modo que el ideario pedagógico de José Martí, Simón Rodríguez o de las cosmovisiones de los pueblos originarios andinos se plasmó en las constituciones cubana, venezolana y boliviana, abriendo posibilidades a nuevos aprendizajes más cercanos a las necesidades populares y al fortalecimiento de las rutas para la democratización de cada país.

Sin embargo, la forma en cómo ha evolucionado hasta el momento el proceso fallido para la cancelación de la reforma neoliberal y la construcción de una nueva propuesta educativa, luego de 100 días de la llegada de este gobierno que se autoproclamó como la Cuarta Transformación de la vida nacional, como la síntesis de las luchas históricas del pueblo mexicano por su independencia, su autonomía y su emancipación social, podemos decir que no han aportado nada propio en la educación básica y ni siquiera transcendente en nuestro país que dé continuidad a ese ciclo de transformaciones profundas.

Lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados es un síntoma de esta falta de proyecto propio y de compromiso histórico. El titular de la Secretaría de Educación, las y los legisladores de lo que fue la coalición Juntos Haremos Historia están pactando con la derecha parlamentaria una reforma educativa que sería aprobada sin mayores compli-caciones en el pleno legislativo; el planteamiento de decreto de la reforma castra su propia propuesta de Cuarta Transformación que se había convertido en el sello narrativo de la política del nuevo gobierno.

La iniciativa de origen del presidente López Obrador pretendió introducir al texto constitucional que el objetivo del derecho a la educación sería el bienestar social y no la calidad como versa la ley vigente; sin embargo, en el acuerdo PT-Morena con los partidos del Pacto por México se niega lo que hubiera sido su aportación a la educación nacional y afianza el concepto de educación de excelencia, parafraseando la noción de calidad que ya se encuentra en la Constitución actual y desechando la recomendación de varios académicos de las instituciones más importantes del país que hicieron público su rechazo a ese término en las sesiones del parlamento abierto.

Los congresistas de la Cuarta Transformación no sólo están traicionando su proyecto, sino que además están aceptando reproducir y mejorar los dispositivos de la educación neoliberal. No quiero desestimar la propuesta para desvincular la evaluación de la permanencia, lo cual me parece un importante avance, pero sí señalar que, distinto a la iniciativa del jefe del Ejecutivo federal, están acordando mantener en el artículo tercero el régimen de excepción laboral para los maestros, como no se había hecho con ninguna otra profesión en el país.

Sobre el ente descentralizado para sustituir al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que aparece en el proyecto de decreto de la reforma educativa, no sólo es que cambie de nombre, además se refuerza y amplían sus funciones para adentrar y avalar a las instituciones privadas en el negocio de la certificación educativa; por un lado garantiza su independencia del gobierno sin que necesariamente se haga referencia a su total autonomía y por otro abre nuevos espacios en su estructura orgánica para la intromisión directa de los mercaderes de la educación.

Llama la atención que la derecha parlamentaria asegura su participación decisiva para negociar el nombramiento de los integrantes del nuevo instituto, que para ser elegidos tendrían que contar con el aval de dos terceras partes del Senado

Así anularían las potencialidades que tendrían los congresistas de la Cuarta Transformación contando con mayoría relativa.

En lo que respecta a las responsabilidades del Poder Ejecutivo federal y de la Secretaría de Educación, tampoco han realizado cambios sustanciales; las medidas anunciadas por Esteban Moctezuma Barragán en su mensaje a la última reunión mensual de los Consejos Técnicos Escolares resultaron tibias y conservadoras; ciertamente la reducción de la carga administrativa es una cuestión necesaria, no obstante impera ahí una lógica eficientista y no un cambio de rumbo de la educación. Lo mismo sucedió con los programas gubernamentales que acompañaron la reforma de Enrique Peña Nieto y que en la actualidad siguen avanzando ¿Dónde están los nuevos programas de educación básica para el bienestar que desplazarían a la educación de calidad?

Para concluir, reitero lo que dije en este mismo espacio de La Jornada hace dos meses, pero con mayor urgencia porque los tiempos para aprobar un nuevo artículo tercero están encima: sin la reanimación de las voces críticas y de las fuerzas democráticas opositoras a la reforma educativa neoliberal, el gobierno y los legisladores del Cuarta Transformación definirán el rumbo de la educación con la derecha parlamentaria y con la OCDE a espaldas de lo que se expresó en las urnas, en los foros de consulta y ahora en el parlamento abierto.

Fuente del artículo: https://www.jornada.com.mx/2019/03/17/opinion/007a1pol

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