Centroamérica/Guatemala/Noviembre de 2016/Autora: Grecia Ortiz/Fuente: La Hora
Los altos índices de migración de la comunidad de Quiché de Chuatroj, en Totonicapán, motivaron a un grupo de personas a crear un programa de becas diseñado para niños y niñas guatemaltecos de escasos recursos.
Un estudio efectuado en 2014 con la participación de jóvenes, autoridades comunitarias, educativas y cooperativas llamó la atención sobre la realidad de la comunidad.
Natalia Ortíz, del Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (Incedes), explicó que esa asociación civil, fundada en Guatemala en 2005, es la responsable del proyecto, cuya misión es promover la construcción de una región centroamericana en la que se garantice la seguridad humana.
Ortíz destacó que Incedes trabaja con base en varios ejes estratégicos, y uno de ellos es el programa de atención a la vulnerabilidad migrante, cuyo objetivo es dar acompañamiento a las familias en riesgo de migrar.
“Surgió un comité de becas en la comunidad y ahí es donde surge el proyecto Brighten the Barrio. Es un proyecto que busca atender las necesidades de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de la comunidad, y es ahí en donde evalúa a los posibles candidatos a aplicar a las becas”, dijo.
La organización no solo busca apoyar la educación de los menores, sino también que tengan acceso a servicios médicos.
“En 2015 se becó a diez niños con la ayuda de varios donantes y este año se realizó una campaña de recaudación de fondos, que se llamaba: Hogar dulce Hogar, en la que vendimos Cup cakes –pastelitos- y con los fondos recaudados logramos becar a seis niños más”, apuntó.
Pese a los esfuerzos, el proyecto necesita más apoyo de patrocinadores, por lo que continúan con las campañas de recaudación de fondos y están planificando nuevas actividades para atraer a donantes y voluntarios.
El proyecto además de enfocarse en los niños, también se ocupa del papel de las comunidades que son consideradas como primordiales en el desarrollo de los habitantes, por lo que buscan apoyarse en todo el círculo que rodea a los becarios y que incluye a maestros, autoridades escolares, cooperativas locales y la comunidad.
De los 10 becados en 2015, siete eran niñas. Se estima que un 100 por ciento de ellos viven en condiciones de extrema pobreza, mientras que un 80 por ciento son huérfanos, siendo el promedio de familiares en el hogar de seis integrantes.
Para el próximo año la meta es becar a cinco niñas o niños para garantizar su acceso a una mejor educación, y que puedan desarrollarse en su comunidad y no se vean forzados a migrar.
El costo de cada una de las becas se estima en 360 dólares al año y cada una de las donaciones que se reciben aporta a alcanzar la meta.
En ese sentido, ahora impulsan la estrategia “Un día para Dar”, que llevará las campañas de recaudación de fondos a países como Estados Unidos y México, con la promoción en redes sociales el 29 de noviembre.
El proyecto de becas está en la constante búsqueda de apoyo de quienes deseen aportar ya sea económicamente o con voluntariado según explicó la entrevistada, y en ese sentido realizó la invitación a que se acerquen y se sumen a la iniciativa que apoya a menores principalmente en educación.
“El apoyo puede ser monetario, puede ser de cualquier denominación o puede ser al donar una beca, o si desea puede unirse al grupo de voluntarios que hemos organizado en la comunidad”, dijo.
Si usted desea información, puede escribir al correo brighten.phe.barrio@gmail.com, así también ubicarlos en la red social de Facebook como Brighten the Barrio, y en Twitter al usuario @brighten_barrio.
Europa/España/Noviembre de 2016/Autor: Raúl Limón/Fuente: El País
El PSOE no se conforma con una suspensión de las pruebas de reválida, la medida anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante su investidura. Los socialistas tienen previsto llevar este martes al Congreso una proposición de ley para anular los «perjuicios» de la norma de educación del PP (Lomce) y comenzar, con la participación de toda la comunidad de la enseñanza, un texto de consenso, según ha anunciado el secretario de Organización de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, en un acto con Juventudes Socialistas.
El texto pretende, según Jiménez, «poner fin a la Lomce» y cuenta con el apoyo de Ciudadanos en los términos de la proposición que se llevará a la Cámara, pero el PSOE reclama a la formación de Albert Rivera que lleve hasta el final este principio de acuerdo y vote a favor.
Jiménez ha afirmado que no les vale con medidas provisionales y que la Lomce ha generado un amplio rechazo entre los estudiantes, que secundaron mayoritariamente una huelga a finales del pasado mes. De esta forma, ha anunciado la iniciativa parlamentaria para suspender el calendario de aplicación y convocar al Consejo Escolar estatal para iniciar una reforma completa que garantice la más amplia participación posible. Para aprobar esta propuesta, Jiménez ha reclamado el apoyo de Ciudadanos y Podemos. «Juntos podemos cambiar las cosas y recomponer una parte muy importante de los daños que el Gobierno del PP ha hecho a este país», ha señalado.
En su primer acto público del partido como dirigente de la gestora nacional, celebrado en Sevilla, el responsable de Organización ha afirmado que su formación se encuentra en estos momentos «en periodo de reflexión» para ofrecer el «mejor proyecto al país». En este sentido, ha instado a los socialistas a no «amedrentarse» ni a admitir «la superioridad moral de nadie».
El dirigente socialista ha hecho esta clara alusión a Podemos, partido del que ha esperado que el resultado de las primarias, que han ganado los sectores más cercanos a su actual líder, Pablo Iglesias, no suponga el triunfo de la «facción más antisocialista».
Jiménez también ha pedido al Gobierno central que no recurra al Constitucional para «recortar derechos de Andalucía y de los funcionarios de la Junta», en relación con la aprobación de la reducción de jornada para los trabajadores públicos que depende ahora de que el Gobierno central no la suspenda por la vía judicial, como ha hecho en Castilla-La Mancha.
«Que digan claramente que no van a volver a las 35 horas, que no van a ampliar las ofertas de empleo público, que lo digan claramente, que se lo digan a los funcionarios públicos de toda España», ha instado el dirigente socialista al PP, con cuya abstención se ha aprobado el decreto de reducción de jornada en Andalucía.
En este sentido, el secretario de Organización ha replicado a la vicepresidenta, Soraya Saenz de Santamaría, quien cuestionó la medida por suponer un agravio con otras comunidades donde se mantiene el horario laboral establecido por el Gobierno central. Jiménez, respondió que la igualdad se consigue con un sistema de financiación justo, en alusión a las demandas andaluzas de renegociar el reparto de fondos estatales.
La propuesta del PSOE
Articulado de la proposición de ley sobre suspensión del calendario de implantación de la Lomce:
Artículo único. Queda suspendido el calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, previsto en su Disposición final quinta, así como la entrada en vigor de las normas reglamentarias dictadas en su desarrollo que no hubieran tenido aún vigencia o aplicación efectiva.
Disposición derogatoria. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta ley.
Disposición final primera. El Gobierno, tras llevar a cabo un proceso de negociación y diálogo con las administraciones, la comunidad educativa, los interlocutores sociales y las fuerzas políticas dirigido a alcanzar, con el máximo consenso, un acuerdo político y social sobre las medidas necesarias para la mejora de nuestro sistema educativo, remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley básica de educación que suponga la derogación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y contenga las medidas acordadas.
Disposición final segunda. Se habilita al Gobierno para dictar en el ámbito de sus competencias las disposiciones necesarias para la ejecución y desarrollo de lo establecido en la presente Ley.
Disposición final tercera. La presente ley entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
América del Norte/México/Noviembre de 2016/Fuente: El Siglo de Torreón
La presidenta de la organización, Consuelo Mendoza García, argumentó que varios tratados internacionales protegen el derecho de los padres a escoger el tipo de educación para sus hijos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La unión considera que su colaboración es importante porque los padres y las madres son los principales educadores de los hijos, y el tema de educación sexual involucra aspectos no sólo biológicos sino también afectivos, que impactan en la personalidad del educando, por lo tanto no se puede tocar “nada más como si fueran matemáticas o geografía”, opina.
Desde su punto de vista los libros de texto actuales dejan a un lado opciones como la abstinencia, o la afectividad y la madurez de los menores de edad, y privilegian “de manera insistente el uso de anticonceptivos como medida para prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual”.
Luz del Carmen Flores, coordinadora pedagógica, coincide con la presidenta de la UNPF al señalar que “en estos textos, donde se educa para el control natal y no para el control de la sexualidad, como el libro de Ciencias Naturales de sexto de primaria, los padres pueden intervenir promoviendo la educación integral, abarcando todos los aspectos de la persona”.
LA PROPUESTA
La unión propone que el nuevo modelo educativo incluya la presencia de los padres y madres de familia en las clases relacionadas con la educación sexual, y se abarquen aspectos más allá de la instrucción.
El nuevo modelo educativo demandará la edición de libros de texto que deberán incluir aspectos de formación humana basada en valores, sentimientos, inteligencia, voluntad, libertad y no solo aspectos biológicos, concluyen los integrantes de esta organización de padres de familia.
La medida consiste en que los propios padres de familia estén presentes en las clases supervisando lo que enseñan los maestros, con el objetivo de “avalar” la información que los menores reciben, e incluso participar cuando se aborden los temas relacionados con la educación sexual.
La otra opción es que al ser “los primeros educadores de los niños”, los padres de familia dialoguen con los docentes y acuerden los tipos de contenidos que se van a impartir a los menores, lo que se va a decir y la manera en que se va a hacer.
“Que los padres de familia participen dentro de las aulas, incluso que pudieran dar las clases, y la otra es que estén de manera presencial, avalando lo que está diciendo el maestro cuando se toquen estos temas (sobre sexualidad)”, explicó Consuelo Mendoza.
Se propone que en el nuevo modelo educativo se adopte esta medida de supervisión de los padres de familia, debido a lo “delicado” de los temas y porque que esta organización considera que son contenidos “sesgados” los que se imparten en las escuelas primarias.
Se está demandando que no se incluya en el nuevo modelo, lo que sectores conservadores del país han dado a conocer como “ideología de género”, que para ellos implica que no se reconozca la diversidad sexual en los contenidos ni en los programas oficiales.
PLANES EDUCATIVOS
Gracias a la insistencia de la Organización Mundial de la Salud, en los últimos se ha reconocido a nivel mundial la importancia de impulsar la educación sexual desde los sistemas de educación pública, como una estrategia para evitar embarazos no planeados y por ende reducir todas las problemáticas que de él derivan, así como disminuir la propagación de contagios de enfermedades de transmisión sexual.
Una gran parte de los países europeos, a excepción de España y Portugal, han constituido la educación sexual como asignatura en sus planes de estudio. En México existe un marco jurídico que reconoce que la educación sexual es una responsabilidad de Estado inscrita en el derecho a la educación así como los conocidos derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, ello no ha sido suficiente para incluirla como materia independiente en los planes de estudio, donde se aborda desde asignaturas como Ciencias Naturales, donde efectivamente se limita al plano biológico, no obstante, en otras como Formación Cívica y Ética o equivalentes se le da un tratamiento más integral y reflexivo.
La SEP señala en su Programa de formación Curso-Taller Educación integral de la Sexualidad en la Escuela para Formadores de Docentes (http://www.dgespe.sep.gob.mx/esege/educacion_sexual_escuela) que en el Programa de Formación Continua para Maestros de Educación Primaria en la asignatura de Formación Cívica y Ética, el estudio de la sexualidad se incorpora como una línea de formación cuando se trata el conocimiento de los niños, niñas y adolescentes. Se destaca la necesidad de generar espacios para que los docentes fortalezcan el conocimiento sobre el desarrollo social y moral de sus alumnos. En este marco la sexualidad es materia de estudio como parte de la reflexión ética y su relación con el desarrollo en la infancia y la adolescencia, además de la prevención y factores de riesgo como lo estipula el programas de estudio.
Esto exige que los docentes estén altamente calificados para abordar los temas de sexualidad en la escuela y que cuenten con las herramientas necesarias para responder a las inquietudes y retos de la comunidad escolar. Que los programas de formación de maestros se articule con las necesidades reales en la escuela.
Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia
El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticas del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.
El artículo tercero de la constitución señala que “Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado (Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios), impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias”. Este texto es el resultado de una reforma mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la federación el 29 de enero de 2016. Tres años antes, en junio del 2013, se había incluido en el carácter de la obligatoriedad a la educación media superior. Esta condición de obligatoriedad, visibilizada desde el gobierno casi como un derecho inalienable, no implica sólo asegurar una simple escalera de grados y niveles educativos, sino que principalmente se trata de asegurar la construcción de un modelo educativo de calidad. Esto mismo se señala en uno de los artículos de la Carta Magna, añadido en 2013, “el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.”
En este sentido, se entiende que para que algo pueda ser exigido por una disposición normativa nacional, el Estado deberá contar con las condiciones para hacerlo exigible. De otra manera se caería en una contradicción flagrante, dado que no se estaría considerando a la obligatoriedad como un paso real hacia la consolidación del derecho a la educación de calidad, tal como se manifiesta desde 2013 en la Constitución.
El estudio llamado “La educación obligatoria en México, Informe 2016” (INEE, 2016), da cuenta de la situación en que se encuentra México en esta materia. Este instituto nacional tomó para el análisis de los datos una perspectiva de derechos basada en Tomasevski (2004) y su esquema de las cuatro A (Asequibilidad (disponibilidad), Accesibilidad, Adaptabilidad y Aceptabilidad), planteando para ello que los niños y jóvenes deben ser respetados, al menos en tres grupos de derechos: a) de acceso a la educación, b) de permanencia y c) de logro de aprendizajes.
Las cifras con que se cuenta hablan de un sistema educativo nacional muy grande, de casi 31 millones de niños y jóvenes que deben cursar la educación obligatoria. Un repaso muy rápido del sistema educativo nacional muestra que el año pasado había 30´793,313 de alumnos, atendidos en sus necesidades educativas por 1´499,070 docentes en 244,362 escuelas o planteles. Esto habla de un sistema educativo nacional muy grande, variado y complejo que presenta retos enormes para funcionar de manera articulada en lo operativo y pertinente en lo social.
La tasa neta de asistencia a la escuela por nivel educativo marca un promedio de 71.9% en prescolar, 98.6% en primaria, 87.6% en secundaria y 57% en media superior. Esto, en pocas palabras representa un déficit social muy grande en todos los niveles con excepción de la primaria. Si bien es cierto que numéricamente el perfil de cobertura ha mejorado en los lustros recientes, también es claro que falta mucho para lograr que la totalidad de los niños y jóvenes (y sus tutores) cumplan con lo que es un derecho y una obligación: recibir educación de calidad.
Los cálculos del INEE establecen que el año pasado “únicamente” se quedaron fuera del sistema educativo: 1´870,490 niños en edad de asistir al preescolar, 184,202 en educación primaria, 837,709 en secundaria y 2´897,287 en media superior. En números redondos, se puede decir que hay 5´789,688 niños y jóvenes que tienen el derecho y la obligación de recibir educación y que por distintas razones no acceden a ella.
Por otra parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) de 2014 señala que el Estado en sus diferentes órdenes de gobierno debe garantizar la provisión de servicios educativos de calidad. Esto está lejos de cumplirse para quienes sí asisten a la escuela. El sistema educativo nacional presenta muchas y muy variadas carencias en términos de infraestructura, equipo, materiales, mobiliarios, organización, personal y medios para la convivencia. Por poner un ejemplo de infraestructura básica, 6 de cada 100 escuelas no cuentan con sanitarios y 5 de cada 100 no tienen agua. Esta proporción se incrementa a casi una cuarta parte cuando se trata de escuelas indígenas o comunitarias.
En lo referente a la capacidad para atender a la diversidad del alumnado, dos terceras partes de las escuelas (67%) reportaron tener algún alumno con necesidades educativas especiales (NEE) pero sólo un tercio (34%) señaló contar con apoyos para estos estudiantes, lo que representa un alto nivel de incumplimiento a la LGDNNA.
Por último, tomando en consideración los resultados de la aplicación de la prueba PLANEA del 2015, la proporción nacional de niños cuyo logro fue elemental (o Nivel I) en lenguaje y comunicación fue de 49.5%, llega a 68% cuando se trata de escuelas comunitarias o incluso a 80% cuando son indígenas. En matemáticas en el nivel I, las cifras se incrementan hasta 60.5% el promedio nacional, 69.2% el comunitario y 83.3% el indígena.
En síntesis, el Estado mexicano a través del sistema educativo nacional, no ha logrado cumplir con la tarea autoimpuesta de atender el derecho de sus niños y jóvenes para recibir una educación de calidad. México está lejos de lo que se desea y se obliga pues, ni todos los niños acceden a la educación, ni todos permanecen durante su formación, ni todos tienen logros de aprendizaje relevantes. En este sentido, la obligatoriedad es meramente retórica pues en los hechos, las carencias y la organización se han traducido en una educación que no llega a todos y, en el caso de quienes sí la reciben, ésta es bastante débil. Los niños indígenas y habitantes de comunidades rurales pequeñas son quienes han tenido la mayor merma y, por qué no decirlo, a quienes se les han vulnerado sus derechos.
Ante este panorama, la respuesta no está en evadir las metas ni modificar los marcos, sino en reconocer que:
1) Las decisiones políticas no operan con la eficacia que plantean las necesidades actuales y, dadas las condiciones estructurales, no se ve viable que se logren en el mediano y corto plazo.
2) Las condiciones materiales, demográficas y geográficas en México hacen necesario que se busque atender las necesidades formativas de los niños desde una perspectiva que responda a sus características desde un ámbito más cercano a su realidad.
3) El estado, con su modo de operar, no parece ser ya el actor idóneo para dar cumplimiento a las metas educativas que se ha autoimpuesto.
En otras palabras, ante la realidad que se presenta todos los días en las comunidades, ¿No es tiempo ya de pensar en otra manera de “hacer educación pública”? ¿no será prudente iniciar un diálogo que nos lleve a esquemas que sí cumplan con los derechos educativos y de bienestar de los niños? ¿qué pasaría si en vez de convertir en obligatorio algo que no se puede cumplir, nos centramos en generar esquemas educativos que sí vinculen la realidad local con la formación? ¿Podemos los ciudadanos ser el motor de las decisiones relativas a la educación? Y finalmente ¿por qué no comenzar un diálogo acerca de cómo necesitamos que sea la educación en México, incluyendo a la misma Secretaría de Educación Pública?
Referencias
DOF (2013a) Decreto por el que se reforman los artículos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5288919&fecha=26/02/2013
DOF (2013) DECRETO por el que se reforman los artículos 3o., 4o., 9o., 37, 65 y 66; y se adicionan los artículos 12 y 13 de la Ley General de Educación. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301832&fecha=10/06/2013
DOF (2016) Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016
INEE (2016) La educación obligatoria en México, Informe 2016”. México DF: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. http://www.inee.edu.mx/images/stories/2016/publicaciones/agosto/Informe2016-290816.pdf
INEGI (2015). Encuesta Intercensal 2015. Recuperado de: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2014). Recuperada de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_041214.pdf
Fuente del articulo: http://www.educacionfutura.org/la-educacion-obligatoria-se-cumple-entre-la-letra-y-la-realidad-de-las-escuelas-mexicanas/
Fuente de la imagen: http://www.educacionfutura.org/wp-content/uploads/2015/11/SEP-2-e1448474277507.jpg
Sierra Leona debe levantar la prohibición profundamente discriminatoria de que las niñas claramente embarazadas asistan a la escuela y se presenten a pruebas académicas, una prohibición que continúa afianzando la desigualdad de género en el país y que pone en peligro el futuro de miles de adolescentes, ha afirmado hoy Amnistía Internacional, cuando se cumple un año de su informe sobre este asunto.
“La prohibición de que las niñas claramente embarazadas asistan a escuelas públicas y se presenten a pruebas académicas es profundamente desacertada y no contribuye a que se aborden las causas profundas del alto índice de embarazos adolescentes en Sierra Leona, que aumentó durante la devastadora crisis del ébola y que sigue siendo elevado pese a la prohibición”, ha declarado Alioune Tine, director regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.
La prohibición fue declarada política oficial del gobierno en abril de 2015, poco antes de la reapertura de los centros escolares tras la crisis del ébola. Más de un año y medio después, Amnistía Internacional siente honda preocupación por que la prohibición sigue vigente a pesar de las críticas nacionales e internacionales.
Amnistía Internacional ha hablado con 68 niñas de entre 15 y 20 años embarazadas o que habían dado a luz recientemente en zonas urbanas y rurales del oeste de Sierra Leona. También ha hablado con 26 agentes nacionales e internacionales de la sociedad civil, profesores y profesoras y autoridades gubernamentales para evaluar el impacto de la prohibición.
La mayoría de las niñas entrevistadas quedaron encintas durante el brote de ébola, momento en el que hubo un aumento de los embarazos adolescentes junto con un incremento de la violencia sexual. El impacto económico negativo de la crisis del ébola dio lugar a un aumento de las relaciones de explotación y de abuso.
La mayoría de las niñas entrevistadas quedaron encintas durante el brote de ébola.
La mayoría de las niñas afirmó que esta política les hizo sentirse abandonadas y desanimadas por no poder ir a la escuela. Describieron su frustración por no poder presentarse a pruebas académicas para las que se habían preparado.
Una niña contó a nuestro equipo de investigación: “Podría haber hecho el examen. Estudié bastante. Aunque estés embarazada, si has estudiado, deberías poder examinarte.”
Las niñas también hablaron de su frustración al tener que repetir curso después de dar a luz, por haber perdido la oportunidad de hacer el examen cuando estaban embarazadas:
“Tengo que repetir curso. Me siento mal porque veo que mis amistades pasarán de curso el año que viene”, contó una niña de 17 años a Amnistía Internacional.
La estigmatización que existe en torno al embarazo adolescente en Sierra Leona conlleva que se haga sentir vergüenza a las niñas por estar embarazadas y que a veces sufran el ostracismo o incluso abusos por parte de sus familias y profesores.
Una niña con la que habló Amnistía Internacional afirmó que había abandonado voluntariamente la escuela tras ver el trato que habían recibido sus compañeras en el pasado: “Un profesor anunció […] que la niña estaba embarazada delante de toda la escuela, le quitó la mochila (con la que la niña se estaba protegiendo el vientre) y la golpeó con una vara”.
Tengo que repetir curso. Me siento mal porque veo que mis amistades pasarán de curso el año que viene.
En mayo de 2015, ante la presión internacional y nacional, el presidente de Sierra Leona, Ernest Bai Koroma, anunció el establecimiento de un sistema educativo “puente” alternativo que permitiría a las niñas embarazadas seguir acudiendo a la escuela, pero en locales u horarios diferentes los de sus iguales.
A pesar de que este sistema paralelo ofrece a las niñas acceso a una forma limitada de educación, el presidente Koroma, en su discurso del Día de la Mujer de marzo de 2016, pareció confirmar que, en parte, se fundamentaba en estereotipos negativos de las niñas embarazadas cuando afirmó: “Continuarán recibiendo una educación formal pero no se les permitirá estar en la misma clase con otras niñas que también van a la escuela. Volvamos a lo básico y protejamos nuestros valores y nuestra cultura.”
Autoridades del ministerio de Educación contaron a Amnistía Internacional que, inicialmente, 14.500 niñas se inscribieron en el plan y que alrededor de 5.000 habían regresado al sistema público ordinario tras dar a luz. Las clases se impartían tres veces por semana, entre dos y tres horas al día. El plan de estudios era distinto al de las escuelas regulares y sólo se impartían asignaturas troncales. También se ofrecía a las niñas información y servicios de salud, tales como planificación familiar.
La mayoría de las niñas con las que habló Amnistía Internacional hicieron comentarios positivos sobre el sistema puente. Algunas niñas afirmaron preferirlo al de su escuela regular por la estigmatización a la que allí se enfrentaban.
Una niña dijo a Amnistía Internacional: “Me sentía avergonzada, en la escuela regular todo el mundo se reía de mí.”
Sin embargo, varias niñas afirmaron que, de haber podido elegir, hubieran preferido permanecer en el sistema escolar ordinario.
“Sólo nos enseñaban matemáticas e inglés, pero yo estudiaba comercio en la escuela, y eso no nos lo enseñan”, contó una niña a Amnistía Internacional.
Otra niña dijo: “Yo preferiría ir a mi escuela, porque allí me dan resultados [calificaciones de los exámenes]. Cuando dé a luz, seguiré estudiando en mi escuela; el centro de aprendizaje es sólo para cuando estoy embarazada.”
El plan puente concluyó en agosto de 2016, pero las clases alternativas para niñas embarazadas continuarán con el nuevo plan —gestionado por el ministerio de Educación, con el apoyo de UNICEF y del gobierno del Reino Unido—, que se centrará también en las niñas que hayan abandonado la escuela por diferentes motivos así como en intervenciones para ayudar a las niñas a que sigan yendo a la escuela. El nuevo plan tendrá una duración de 17 meses y empezará a aplicarse en noviembre de 2016.
Amnistía Internacional y expertos nacionales han aplaudido la atención permanente a la educación de las niñas a través de este programa. Con todo, sigue suscitando preocupación la falta de opciones para las niñas embarazadas debida a la prohibición y a que no pueden presentarse a pruebas académicas, lo que supone un incumplimiento de las obligaciones de Sierra Leona de proporcionar igualdad de acceso a una educación de calidad para todos los niños y todas las niñas.
Las escuelas especiales para niñas embarazadas no son la solución para abordar el elevado índice de embarazos adolescentes de Sierra Leona. A pesar de las recomendaciones formuladas por Amnistía Internacional, el Comité de los Derechos del Niño y organizaciones nacionales, la información sobre salud sexual y reproductiva todavía no forma parte del plan de estudios oficial. La mayoría de las niñas contaron a Amnistía Internacional que antes de quedar embarazadas no tenían conocimientos sobre planificación familiar y que habían recibido muy poca o ninguna educación sexual.
La mayoría de las niñas contaron que antes de quedar embarazadas no tenían conocimientos sobre planificación familiar y que habían recibido muy poca o ninguna educación sexual.
Una de la niñas dijo a nuestro equipo de investigación: “En la escuela, realmente no nos enseñan planificación familiar. Creen que somos demasiado pequeñas, o que es malo, o que nos animará a tener relaciones sexuales.”
Las niñas también tenían mucho miedo y recibían información errónea sobre la planificación familiar.
Una niña de 19 años que estaba embarazada de cuatro meses afirmó:
“Me puse la inyección durante uno o dos años, pero no me llegaba el periodo. Alguien nos dijo que la inyección mató una niña porque evita que tengas el periodo. Pensé que debía dejar de ponerme la inyección hasta que me llegara el periodo. No sabía dónde preguntar sobre este tema. Luego quedé embarazada.”
Las niñas que quedan embarazadas pueden enfrentar obstáculos complejos y entrecruzados para proseguir con su educación. Además de la prohibición del embarazo, los gastos escolares también preocupaban enormemente a la mayoría de las niñas con las que habló Amnistía Internacional.
En un país en el que el 72 por ciento de la población vive en una situación de pobreza extrema, esos gastos y el costo de tener un hijo o una hija pueden ser abrumadores. Además, la estigmatización relacionada con el embarazo adolescente implica que muchas familias les retiren su apoyo económico, lo que dificulta aún más a muchas niñas poder regresar a la educación regular, incluso después del nacimiento de sus hijos.
Como una niña dijo a Amnistía Internacional:
“No puedo volver a mi escuela porque no puedo pagar los gastos. Intento buscarme la vida e ir a clases particulares. Nadie me ayuda.”
“A no ser que se eliminen los obstáculos a la educación, el gobierno de Sierra Leona está dejando en la estacada a sus niñas y poniendo en peligro su futuro. De conformidad con sus obligaciones internacionales, el gobierno debe dar pasos concretos para garantizar progresivamente el acceso de todas las niñas a la educación —incluso con subvenciones para aquellas que las necesiten— como parte de su estrategia educativa”, ha declarado Alioune Tine.
A no ser que se eliminen los obstáculos a la educación, el gobierno de Sierra Leona está dejando en la estacada a sus niñas y poniendo en peligro su futuro.
“También es fundamental erradicar la estigmatización que existe en torno a las niñas embarazadas. Sierra Leona ha hecho grandes esfuerzos para abordar la estigmatización de las personas supervivientes de ébola, y debe garantizar que las adolescentes en situaciones de gran vulnerabilidad reciban la protección y el apoyo de sus profesores, familias y comunidades; en vez de que las avergüencen y las culpabilicen.”
Información complementaria
En noviembre de 2015, un informe de Amnistía Internacional estimó que hasta 10.000 niñas resultaron afectadas por la prohibición de que las niñas claramente embarazadas asistieran a la escuela y se presentaran a pruebas académicas. Diversos estudios han concluido que durante el brote de ébola se produjo un incremento de los embarazos adolescentes. Un estudio realizado en 2016 por Secure Livelihoods Consortium afirmó que las encuestas del Fondo de Población de las Naciones Unidas indicaban que 18.119 adolescentes quedaron embarazadas durante el brote de ébola.
Incluso antes de que se produjera el brote, a finales de 2013, Sierra Leona tenía uno de los índices de embarazos adolescentes más elevados del mundo, con un 28 por ciento de las niñas de entre 15 y 19 años embarazadas o habiendo dado a luz al menos una vez.
El Comité de los Derechos del Niño, en su reciente examen de octubre de 2016, instó a Sierra Leona a levantar inmediatamente la discriminatoria prohibición de que las niñas embarazadas asistan a la escuela y se presenten a pruebas académicas, y a garantizar que tanto ellas como las madres adolescentes reciben apoyo y ayuda para proseguir con su educación en escuelas regulares. Muchos otros países formularon recomendaciones similares durante el examen periódico universal llevado a cabo por el Consejo de Derechos Humanos en enero de 2016, pero Sierra Leona no las aceptó. La Comisión de Derechos Humanos de Sierra Leona, la coalición Educación para Todos, el Colectivo de la Sociedad Civil sobre Matrimonio Precoz y Embarazo Adolescente y el equipo de las Naciones Unidas en Sierra Leona emitieron declaraciones en 2015 en contra de la prohibición.
Excluir a las niñas embarazadas de la educación regular y de las pruebas académicas ha sido práctica habitual en Sierra Leona durante más de un decenio; no obstante, la declaración oficial de la prohibición en abril de 2015 convirtió una práctica informal y esporádica en una política gubernamental que formalizó y exacerbó el problema. Hace más de 10 años, tras el final de la guerra civil, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación formuló una recomendación imperativa, afirmando que la práctica de expulsar a las niñas embarazadas de las instituciones educativas era discriminatoria y retrograda.
Europa/España/ 12 de noviembre del 2016/Diario de Jerez
El sindicato de Estudiantes y el Sindicato de Enseñanza de la CGT de Cádiz preparan la convocatoria de huelga para los próximos meses. Por un lado, el colectivo estudiantil en Jerez ha fijado la fecha del 24 de noviembre para una posible convocatoria de huelga, con la que se pretende volver a criticar el mal momento del sistema educativo.
Mientras, CGT ha confirmado la convocatoria de huelga para el 9 de diciembre. El motivo de ésta tiene que ver «con el derecho al disfrute de los días de asuntos particulares no retribuidos sin penalización y la ampliación de este derecho a los profesores interinos», explican en un comunicado.
Con ello, desde la CGT pretende exigir que el procedimiento para ejercer el derecho, que debe extenderse inmediatamente al personal interino, se objetive, de manera que solicitado el permiso con tiempo suficiente, la administración pública proveerá lo necesario para que las necesidades del servicio queden atendidas y todos los permisos retribuidos sean concedidos como tan derecho.
El Sindicato de Enseñanza de la CGT de Cádiz también convocará huelga los días 5 y 7 de diciembre con el objeto de exigir que los descuentos en las nóminas se circunscriban sólo a los días de permiso solicitado.
Europa/Rusia/Noviembre de 2016/Autora: Elena Proshina/Fuente: Russia Beyond The Headlines
La red de universidades de los BRICS se basa en proyectos similares ya existentes, como son los proyectos de cooperación de las universidades de la CEI y de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). El elemento principal de estas redes consiste en la movilidad académica, es decir, que los estudiantes de un país tienen la posibilidad de estudiar en otro.
Los primeros programas entre los BRICS comenzarán en 2017. Los estudiantes que pertenezcan a dicha red podrán realizar sus estudios no solo en la universidad de su país donde se hayan matriculado, sino en otra extranjera con la que se tenga un convenio. En caso de terminar los estudios de manera satisfactoria, obtendrán dos títulos.
“Esta red de cooperación cuenta con programas de maestrías y estudios de posgrado, proyectos conjuntos e investigaciones científicas. Básicamente, los BRICS van a lanzar un programa propio, y los cinco países miembro de la asociación (Rusia, Brasil, India, China y Sudáfrica) crearán un espacio educativo enorme”, explica la vicerrectora de movilidad académica internacional de la Univerdidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, Larisa Efremova.
“Cada uno de los países propone sus programas más solicitados, aunque ya se han acordado las áreas de formación: recursos hídricos, recursos de uso eficiente de la energía, y formación de especialistas en el área de economía y de las tecnologías de la información”, apunta la académica.
La red de universidades de los BRICS formará a especialistas para la economía nacional de los países que participan en el proyecto. “Por ejemplo, Sudáfrica sigue bien de cerca la situación sobre las cuestiones de formación de especialistas en las áreas que considera pertinentes, y la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, por su parte, se ha convertido en prioritaria en la preparación de especialistas en el ámbito de la medicina, agronomía y veterinaria”, concreta Larisa Efremova.
Ya se han escogido las universidades principales de la red de universidades de los BRICS, ascendiendo a un total de unos cincuenta centros educativos de educación superior. Por la parte rusa se incluyen más de diez universidades, entre las cuales se encuentran la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, la Universidad Estatal de Moscú Lomonósov, la Escuela Superior de Economía, la Universidad Estatal de San Petersburgo, la Universidad Federal Sur de los Urales, la Universidad Politécnica de Tomsk, etc.
Todas estas cuestiones se plantearon durante la conferencia internacional “BRICS: Cooperación para el desarrollo. Red de universidades y mercado de trabajo internacional”, celebrada en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos. Tuvo lugar a finales de octubre, participaron unas 150 personas de más de 20 países de todo el mundo y representantes de los Ministerios Nacionales de Educación de los BRICS, la CEI, la OCS, embajadas y órganos gubernamentales, además de empleadores interesados en la formación de especialistas y su futura inserción laboral.
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