Derecho a la Información y Comunicación

Libro: La comunicación mediatizada. Hegemonías, Alternatividades, Soberanías

Reseñas

La comunicación mediatizada 
Hegemonías, Alternatividades, Soberanías

Susana Sel. [Compiladora] 

Daniel Hernández. Guillermo Mastrini. Damián Loreti. César Bolaño. Hélio Lemos Sõlha. Rosa María de Lahaye Guerra. Jovana Cestille. Mariano Mestman. Christian Delgado Bajarano. Alexandra Fierro Morales. Fernando de Tacca. Silvia Pérez Fernández. Blanca Eekhout. Thierry Deronne. Rita de Cássia Lahoz Morelli. [Autores de Capítulo]

ISBN 978-987-1543-14-4
CLACSO.
Buenos Aires.
Marzo de 2009

Este libro analiza el rol de los medios de comunicación en tanto espacios de poder político, económico y social, que constituyen un campo de disputa de los sentidos culturales e ideológicos más significativos, en el contexto de las dramáticas transformaciones regionales que en las últimas décadas produjera el proceso de concentración del capital. Los estudios incluidos examinan estas situaciones, que han generado resistencias y prácticas diversas de intervención política también en el ámbito comunicacional. El abordar la comunicación y los medios implica relevar el proceso venezolano como un gran laboratorio donde coexisten experiencias de medios comunitarios, populares y alternativos, en el cual se construye un nuevo sistema público a partir de redes alternativas, y donde los medios masivos aún en poder de grandes grupos configuran hegemonías excluyentes. En el campo de la comunicación, atendiendo las demandas de participación y democratización de amplios sectores sociales, el Estado venezolano genera iniciativas constitucionales de regulación y la emergencia de experiencias mediáticas estatal-comunitarias, reinstalando la función social de los medios, objetivo excluido de las agendas mercantilizadas. Un hito importante en la búsqueda de una nivelación del desequilibrio informativo generado por la dominación lo constituye la aprobación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Por ello se ha identificado a Venezuela como epicentro de los debates en torno al futuro de la comunicación alternativa y pública. Desde otros procesos se destacan también experiencias de nuevas prácticas en la conflictividad social en Colombia, Argentina y Brasil, así como la capacidad regulatoria del Estado, funcional en estas últimas décadas a los grupos concentrados del capital, que necesariamente debe ser transformada en una herramienta significativa para un proyecto de sociedad más inclusiva y participativa. Proyectos que sitúan en lugar central el derecho a la información y la comunicación, y requieren nuevos marcos legislativos en relación con un sistema público de medios. Un proyecto geopolítico opuesto al de la dominación que, tras más de cinco décadas de guerra declarada o encubierta hacia la Revolución Cubana, se desarrolla con fuerte énfasis desde el espacio mediático.
Fuente: http://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/buscar_libro_detalle.php?id_libro=12&campo=titulo&texto=comunicacion
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En México la vida no vale nada… y si es de periodista, tampoco

Blanca Heredia

Blanca Heredia

Javier Valdez Cárdenas, periodista sinaloense reconocido nacional e internacionalmente, quien dedicó buena parte de su vida a investigar y reportar los crímenes del narcotráfico, fue asesinado a plena luz del día en Culiacán hace más de una semana y todavía no sabemos en qué va la investigación oficial sobre su muerte.

Diversos medios de comunicación nacionales dejaron en negro su portada y/o dedicaron el día siguiente de su muerte a hablar y reportar sólo sobre Javier Valdez y su asesinato. Muchos periodistas y analistas nacionales y extranjeros han expresado su indignación y han hecho llamados reiterados al gobierno para que investigue el crimen y ponga un alto al asesinato de periodistas en el país.

A nivel internacional, la ONU, la Unión Europea, el diario español El País y el periódico estadounidense The Washington Post le han demandado al gobierno de México acciones concretas y una investigación rápida y expedita para el esclarecimiento y castigo de los responsables del asesinato de Javier Valdez.

El gobierno mexicano ha reaccionado, como de costumbre, con palabras grandilocuentes, pocas nueces y ningún resultado. Primero, reuniones de alto nivel, condenas airadas y anuncios, con bombo y platillo y muchos golpes de pecho, en el sentido de que se fortalecerá la coordinación entre las diversas dependencias y niveles de gobierno a cargo de este tipo de crímenes y de que el presidente instruirá a la PGR para que, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), coadyuve con las autoridades locales en la investigación sobre el caso.

Como si, frente a un niño ahogado en una alberca, a sus padres les diera por anunciar, el mismo día de los hechos, no cómo se van a ocupar de enterrarlo y averiguar qué paso, sino por dar a conocer ante familiares, amigos y autoridades sus grandiosos planes para lograr una mayor y mejor coordinación entre las empresas constructoras de albercas, sus clientes e intermediarios, y las proveedoras de servicios de emergencia en la localidad.

Dos días después del asesinato de Javier Valdez, ante la muy fuerte presión nacional e internacional, el presidente de México anuncia aumentos en los recursos y el personal especializado de la FEADLE y un mayor seguimiento a los casos de otros periodistas asesinados en el país.

De poco han servido las condenas, exhortaciones y anuncios del gobierno. Los responsables de los siguientes seis periodistas que han muerto asesinados en México desde el inicio de 2017 pueden (para infortunio de sus familiares y de todos los mexicanos) estar tranquilos.

† Cecilio Pineda Brito (38 años), periodista independiente, editor del diario La Voz, Tierra Caliente. Asesinado el 2 de marzo.

†Ricardo Monlui Cabrera (57 años), director de El Político y columnista de El Sol de Córdoba y El Diario de Xalapa. Asesinado en Veracruz el 19 de marzo.

†Miroslava Breach Velducea (54 años), corresponsal de La Jornada y colaboradora del diario Norte de Ciudad Juárez, acribillada afuera de su casa en Chihuahua el 23 de marzo.

†Maximino Rodríguez Palacios (72 años), colaboraba desde 2014 en Colectivo Pericú, portal de noticias y denuncias ciudadanas, con una columna sobre seguridad y política. Asesinado en el estacionamiento de un centro comercial en La Paz, Baja California Sur, el 14 de abril.

†Filiberto Álvarez Landeros (56 años), locutor de la estación de radio “La Señal” de Jojutla, Morelos. Asesinado en el municipio de Tlaquiltenango, del mismo estado el 2 de mayo.

†Javier Valdez Cárdenas (50 años), cofundador del semanario de investigación Riodoce, corresponsal de La Jornada y autor de varios libros sobre narcotráfico. Asesinado en Culiacán, Sinaloa, el 15 de mayo.

Ninguna vida vale más que otra, pero, como bien ha señalado Jesús Silva-Herzog Márquez en su columna de esta semana: “Sin prensa vivimos a oscuras y sin palabras: mudos y ciegos”. Por eso importa tanto hacer pública nuestra indignación frente al asesinato impune de los y las periodistas que, arriesgando su vida mientras hacen su trabajo todos los días, nos aportan sus ojos y sus oídos para que nos sirvan de ojos y de oídos a todos. Por eso resulta tan crucial no olvidar sus muertes y exigirles a las autoridades que dejen de hablar y se ocupen, en los hechos, de hacerles y hacernos justicia.

A escasas 24 horas del espantoso ataque terrorista durante un concierto en Manchester, Gran Bretaña, que cobró la vida de 22 seres humanos y dejó hospitalizados a 59, la Policía británica identificó ya al posible responsable.

Aquí en México, la PGR en marzo de este año reconoció que de las 798 denuncias recibidas desde 2019 por ataques a periodistas, sólo tres han resultado en sentencias. Treinta y cinco periodistas asesinados en lo que va de este sexenio y más de 100 desde el año 2000 y no pasa nada.

¿Qué nos dicen esas cifras? En resumen: que, en México, matar en general y matar a periodistas en particular sale barato. Nadie paga, nadie es llamado a cuentas.

¿Cuántos y cuántas más necesitamos?

Fuente del articulo: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/en-mexico-la-vida-no-vale-nada-y-si-es-de-periodista-tampoco.html

Fuente de la imagen: http://www.elfinanciero.com.mx/files/article_main/uploads/2017/05/16/591baa6cd6aea.jpg

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UNESCO report: surveillance and data collection are putting journalists and sources at risk

Noticias

Oceanía/Austarlia/Mayo del 2017/Noticias/https://theconversation.com/

The ability of journalists to report without fear is under threat from mass surveillance and data retention.

Released this week, my UNESCO report Protecting Journalism Sources in the Digital Age shows that laws protecting journalists and sources globally are not keeping up with the challenges posed by indiscriminate data collection and the spill-over effects of anti-terrorism and national security legislation.

Examining legal changes to how sources are protected across 121 countries between 2007-2015, I found that calls, text messages, and emails made in the process of reporting are increasingly exposed. In particular, they can be caught up in the nets of law enforcement and national security agencies as they trawl for evidence of criminal activity and terrorism, and conduct leak investigations.

Source protection laws should be updated to protect the online communications of journalists and whistleblowers.

If we do not strengthen legal protections and limit the impact of surveillance and data retention, investigative journalism that relies on confidential sources will be difficult to sustain.

New technologies, new problems

Now that simply using mobile technology, email, and social networks may result in a person being caught up in state and corporate surveillance and data mining, the laws protecting sources and journalists are being seriously undermined.

The study found that source protection laws globally are at risk of being:

  • trumped by national security and anti-terrorism legislation that increasingly broadens definitions of “classified information” and limits exceptions for journalistic acts
  • undercut by surveillance – both mass and targeted
  • jeopardised by mandatory data retention policies and pressure applied to third party intermediaries to release data which risks exposing sources
  • outdated when it comes to regulating the collection and use of digital data, such as whether information recorded without consent is admissible in a court case against either a journalist or a source; and whether digitally stored material gathered by journalistic actors is covered by existing source protection laws, and
  • challenged by questions about entitlement to claim protection – as underscored by the questions: “Who is a journalist?” and “What is journalism”?

These threats suggest lawmakers need to think differently when it comes to protecting press freedoms.

In the past, the main concerns of courts and lawmakers was whether a journalist could be legally forced to reveal the confidential source of published information or be the subject of targeted surveillance and search and seizure operations.

Now that data is routinely intercepted and collected, we must find new ways to protect the right of journalists to withhold the identity of their sources.

The Australian metadata threat

Australia’s experience with mandatory metadata collection shows how complicated the question of journalist-source protection can become in a digital era.

The Australian Federal Police recently admitted to illegally accessing an unidentified journalist’s metadata without a warrant.

This breach was possible because of the country’s mandatory data retention law, which requires phone and internet companies to preserve user metadata for two years, even when there is no suspicion of a crime. This includes information such as when a text message was sent and who received it, but not its content.

Advocates of long-term metadata retention, like Australian Attorney General George Brandis, have insisted the law poses no significant threat to privacy or freedom of expression. When the legislation was enacted in March 2015, it included an amendment that requires government agencies to seek a warrant to access journalists’ communications with sources in certain cases.

Then-Communications Minister Malcolm Turnbull and Attorney-General Senator George Brandis during a press conference introducing the metadata legislation in Canberra, Thursday, Oct. 30, 2014. AAP Image/Alan Porritt

Transparency, however, is not required. Revelation of the existence (or non-existence) of such a warrant is punishable by a two-year jail term. At no point are journalists nor media organisations advised of such an intervention, and there is no opportunity for them to challenge the issuing of a warrant.

These shortcomings mean the law fails seven out of 11 indicators in UNESCO’s guide for measuring the effectiveness of a country’s legal source protection framework.

In the face of these threats, journalists can take steps to protect their online security and ensure sources have ways to contact them securely. Yet even when they encrypt the content of their source communications, they may neglect the metadata, meaning they still leave behind a digital trail of whom they contacted. This data can easily identify a source, and safeguards against its illegitimate use are frequently limited or non-existent.

Australia’s Press Council chair, professor David Weisbrot has said mandatory data retention legislation risks “crushing” investigative journalism:

I think that whistleblowers who are inside governments or corporations will definitely not come forward because their confidentiality and anonymity will not be guaranteed. If they came forward, a journalist would have to say ‘I have to give you some elaborate instructions to avoid detection: don’t drive to our meeting, don’t carry your cell phone, don’t put this on your computer, handwrite whatever you’re going to give me’.

Australia’s metadata experience shows how legal protections that shield journalists from disclosing confidential sources may be undercut by backdoor access to data.

This also applies to information collected by internet service providers, search engines, and social media platforms. Such companies can, in some circumstances, be compelled by law enforcement to produce electronic records that identify journalists’ sources.

In an interview for the UNESCO study, Privacy International legal officer Tomaso Falchetta said

There is a growing trend of delegation by law enforcement of quasi-judicial responsibilities to Internet and telecommunication companies, including by requiring them to incorporate vulnerabilities in their networks to ensure that they are ‘wire-tap ready’

On World Press Freedom Day, we’d like a little less secrecy, and lot more accountability.

Fuente:

https://theconversation.com/unesco-report-surveillance-and-data-collection-are-putting-journalists-and-sources-at-risk-77038

Fuente Imagen:

https://lh3.googleusercontent.com/v-EDNlB_-AAUT20OXeGuPPzYNJC-T5wKRq7D-9tP155hnnj9LFaPYvFTN1QhTvOy95o-HA=s85

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