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Persecución. La guerra de Trump contra el movimiento palestino y las universidades en Estados Unidos

Trump, con el apoyo de los demócratas y la administración universitaria, está intensificando sus ataques contra el movimiento palestino. Esto forma parte de un plan para atacar a toda la clase trabajadora y personas oprimidas, desfinanciar la universidad y limitar nuestro derecho a protestar. Debemos organizarnos desde la base para unir nuestras luchas como oprimidos y trabajadores y detener los ataques de Trump.

 

El martes por la mañana, en un intento descarado de intimidar y contener al movimiento estudiantil por Palestina, Trump lanzó la siguiente advertencia: Se suspenderá toda la financiación federal para cualquier escuela, facultad o universidad que permita protestas ilegales. Los agitadores serán encarcelados o enviados de vuelta a su país de origen permanentemente. Los estudiantes estadounidenses serán expulsados ​​permanentemente o, según el delito, arrestados. ¡SIN MÁSCARAS! Gracias por su atención a este asunto.

 

Luego, el viernes, Trump suspendió 400 millones de dólares en subvenciones y contratos federales a Columbia, alegando que la universidad había pasado por alto el antisemitismo. El sábado, el activista y estudiante de posgrado de Columbia, Mahmoud Khalil, fue arrestado por el Departamento de Seguridad Nacional, a pesar de tener la tarjeta de residencia permanente (green card). (Firma la petición para la liberación de Mahmoud Khalil ). Las amenazas públicas de Trump de «encarcelar» o deportar a cualquiera que participe en «protestas ilegales» y de recortar la financiación federal a las universidades forman parte de una escalada significativa de los intentos del estado por silenciar y reprimir el movimiento por Palestina, así como de intensificar los ataques contra la universidad en su conjunto. La elección de palabras de Trump —no mencionar al movimiento por Palestina, sino decir «protesta ilegal»— pone de manifiesto sus verdaderas intenciones: intenta silenciar y reprimir preventivamente la oposición de todo tipo.

 

Trump está utilizando al movimiento palestino como punta de lanza para reprimir el derecho a la protesta, abriendo el camino a aún más ataques contra los derechos laborales, los derechos de las personas trans, los derechos de los inmigrantes y la propia universidad. También está utilizando los ataques contra el movimiento palestino como una forma de desfinanciar, recortar y desmantelar la universidad. Estos ataques son más fáciles para Trump porque cuenta con el pleno acuerdo del Partido Demócrata y la administración universitaria para reprimir el movimiento por Palestina. Como ha denunciado Palestine Legal, desde hace tiempo existe una «excepción palestina» a la libertad de expresión. Pero Trump quiere convertir la excepción en la regla, restringiendo la libertad de expresión en conflictos de opresión y explotación.

 

Este es un ataque contra todos nosotros: contra el movimiento por Palestina, contra el movimiento obrero, contra los estudios afroamericanos y contra los derechos de los inmigrantes y las personas trans. Es un ataque contra cualquiera que defienda el derecho a la protesta, que exija disciplinas académicas diversas en la universidad y que valore las universidades como espacios de pensamiento e investigación.

 

A medida que Trump intensifica sus políticas imperialistas, tanto en el extranjero como a nivel nacional, y sus ataques contra personas trans, inmigrantes, trabajadores federales y otros, es evidente que estas luchas están interconectadas. Derrotar estos ataques requiere unidad; y los sindicatos, las organizaciones y activistas estudiantiles, y los movimientos sociales deben despertar y contraatacar, rompiendo el aislamiento y las divisiones para construir un movimiento unido y masivo que luche con un solo puño contra estos ataques interconectados.

 

Una nueva ola de ataques

 

Estas amenazas se producen mientras el Departamento de Justicia de Trump inicia una gira por importantes universidades para atacar al movimiento pro-Palestina que ha sacudido al país y al mundo durante el último año y medio. El Departamento de Justicia visitará Columbia, la Universidad de Nueva York (NYU), Harvard y otras instituciones para investigar presunto antisemitismo y así presionar a la administración universitaria para que aplique medidas disciplinarias aún más severas a estudiantes y trabajadores.

 

El viernes, la Casa Blanca suspendió el envío de 400 millones de dólares en subvenciones y contratos federales a la Universidad de Columbia. Además, Fox News informó que el Departamento de Estado revocó la visa de un estudiante que participó en el movimiento por Palestina, y el sábado por la noche, el activista Mahmoud Khalil, estudiante de posgrado de Columbia, fue arrestado por el Departamento de Seguridad Nacional, a pesar de tener una tarjeta de residencia permanente.

 

En su primer día en el cargo, Trump prometió deportar a los estudiantes y trabajadores internacionales involucrados en el movimiento por Palestina.

 

*Ocho miembros de la comunidad de CUNY aún enfrentan cargos por delitos graves por el ampamento de solidaridad con Gaza en el City College. *Siete activistas enfrentan cargos por delitos graves por participar en el campamento de la Universidad de Michigan. *Trece activistas de Princeton enfrentan cargos menores por allanamiento de morada por realizar una sentada en su campus. *En las últimas dos semanas, tres estudiantes de Barnard College han sido expulsados, y durante el último año, docenas de ellos han sido suspendidos. *Mientras los estudiantes protestaban por estas expulsiones, Barnard llamó a la policía de Nueva York al campus para arrestar a los estudiantes.

 

Mientras tanto, la gobernadora demócrata Kathy Hochul retiró las ofertas de trabajo de profesores que se especializan y enseñarían sobre Palestina en el Hunter College, y pidió una investigación sobre las ofertas de trabajo como un ejemplo de antisemitismo. Estas escaladas ya están ocurriendo, respaldadas por el Partido Demócrata y la administración universitaria. El gobierno de Biden y los demócratas allanaron el camino al criminalizar las protestas durante su administración e incluso antes. Pero los ataques no son exclusivos del movimiento por Palestina. Trump tiene un plan para atacar a las universidades en su conjunto, especialmente a los sectores más pobres y oprimidos de estudiantes, profesores y personal. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ahora está permitido en los campus universitarios, y las personas trans están siendo excluidas de los deportes. La enseñanza de estudios queer, así como de estudios afroamericanos y chicanos, está siendo cuestionada y restringida. Además, hay recortes significativos en la financiación de la investigación. Como informó NPR , algunas subvenciones del Instituto Nacional de Salud (NIH) a las universidades podrían recortarse en más del 75 por ciento en algunos casos. Además, Trump amenaza con eliminar el Departamento de Educación y revocar el alivio mínimo de la deuda estudiantil aprobado por Biden.

 

Estos ataques son aplaudidos por agitadores de derecha y sionistas. El año pasado, la Fundación Heritage lanzó el Proyecto Esther, un plan para atacar al movimiento por Palestina que exige medidas enérgicas contra la enseñanza y el aprendizaje sobre Palestina y exige al presidente que persiga a cualquier grupo u organización que critique a Israel. Además, grupos de padres y exalumnos de la Universidad de Nueva York y Columbia se están organizando para apoyar la represión e incluso la deportación de estudiantes.

 

Mientras tanto, Trump ataca cualquier cosa considerada «DEI» (diversidad, equidad e inclusión); en concreto, ha amenazado con retirar toda la financiación federal a cualquier institución de educación superior que ofrezca contenido «DEI» relacionado con la raza, como becas y programas especiales para estudiantes de color. Trump amenaza con eliminar el Departamento de Educación y, en esencia, desmantelar las universidades tal como las conocemos, lo que incluye la erosión del acceso de las personas pobres y oprimidas a conocer su propia historia e incluso a la educación superior.

 

En resumen, Trump quiere erosionar los elementos más progresistas de la universidad neoliberal, además de desfinanciar a toda la institución. La universidad neoliberal, basada en deudas, trabajo precario y una sobrecarga administrativa antidemocrática, ha actuado, a lo largo de la era neoliberal, como un sólido mecanismo para contener la lucha de clases. Pero a medida que el sistema neoliberal entró en crisis, también lo hizo la universidad neoliberal. La universidad que satisface los intereses del régimen bipartidista está entrando en conflicto con las necesidades y aspiraciones de estudiantes, trabajadores y personas oprimidas. Y Trump está respondiendo a esta crisis adoptando un giro reaccionario y atacando a toda la universidad.

 

Esto es parte de un avance más amplio de la derecha, que incluye el despido de trabajadores federales, la escalada de ataques a los derechos de los inmigrantes y los derechos de las personas trans, y una brutal política imperialista expansionista.

 

Trump teme al Movimiento Universitario por Palestina

 

Para comprender estos ataques, debemos comprender la profundidad del movimiento durante el último año y medio; Trump teme el potencial de los estudiantes y trabajadores universitarios. En ese sentido, se trata de un ataque preventivo contra el resurgimiento y fortalecimiento del movimiento ante los ataques internacionales y nacionales de Trump.

 

El año pasado, el movimiento universitario por Palestina conmocionó a todo el país, e incluso al mundo. Estudiantes de todo Estados Unidos, incluyendo a algunas de las instituciones más prestigiosas, se sumaron a la lucha del pueblo palestino, transformando el panorama de la lucha de clases tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. No se había visto una ola tan grande de ocupaciones universitarias desde los años 80. Y este movimiento fue más que una simple protesta: expresa un profundo cambio de conciencia, un cuestionamiento al imperialismo estadounidense y la complicidad de nuestra universidad con el imperio estadounidense. El movimiento estudiantil, junto con el movimiento más amplio contra el genocidio en Gaza, transformó la conciencia nacional sobre Palestina. Hoy en día, solo el 46 %de los estadounidenses apoya a Israel, el índice más bajo de los últimos 25 años.

 

Este movimiento universitario se basó en la experiencia y la radicalización de Black Lives Matter, el movimiento social más grande en la historia de Estados Unidos. También está vinculado a un aumento en el apoyo a los sindicatos y las huelgas a nivel nacional, así como al aumento de las huelgas de los trabajadores universitarios, que exigen más.

 

A diferencia de Black Lives Matter, cuya base estaba en las calles, el movimiento por Palestina encontró su nexo en la universidad, un lugar al que estudiantes y trabajadores acuden a diario, donde se verán compañeros manifestantes durante días, semanas y años. El movimiento por Palestina no solo cuestionó el sionismo, sino que también criticó las inversiones universitarias y su funcionamiento empresarial. Debemos entender los ataques actuales de Trump como una reacción furiosa al potencial disruptivo y radical de una nueva ola de este movimiento, que esta vez une todas nuestras luchas.

 

Este movimiento por Palestina abrió una enorme crisis política para Biden, contribuyendo a la derrota de Kamala Harris. Trump intentó cínicamente presentarse como mejor para Gaza que los demócratas, cuando tanto los candidatos como los partidos representan la brutalidad, la violencia y la limpieza étnica.

 

Tras el tenue alto el fuego, se produce una nueva escalada de violencia contra Palestina, junto con un plan de limpieza étnica de los palestinos de la región, que beneficia tanto al capital estadounidense como al israelí. Esto incluye el fin de la ayuda israelí a Gaza, el despliegue de tanques en Cisjordania y la amenaza de Trump de convertir Gaza en la «Riviera de Oriente Medio». Desde que asumió el cargo, Trump ha autorizado $12 mil millones de dólares en ayuda a Israel. Esto forma parte del imperialismo estadounidense de Trump, que se ha vuelto más unilateral, violento y explícito en su sed de recursos, y ahora, explícitamente, de la adquisición de tierras. La agenda imperialista internacional de Trump va de la mano con ataques en el frente interno, donde su programa de recortes de impuestos para los ricos, aranceles y despidos masivos de empleados federales sólo significa empeorar las condiciones de la clase trabajadora y los pobres.

 

Al atacar el movimiento por Palestina, está atacando el derecho a protestar contra todas sus políticas: dificulta que los trabajadores hagan huelga y que marchemos por los derechos de las personas trans y de los inmigrantes. Al atacar el movimiento por Palestina, allana el camino para desmantelar la universidad, convirtiéndola aún más en un privilegio exclusivo para los ricos y recortando los estudios de las personas oprimidas y marginadas.

 

Parte del establecimiento de una hegemonía de derecha en el campus implica aplastar a los sectores que resisten, en particular al movimiento universitario por Palestina, que cuestiona estas políticas imperialistas y los ataques a la universidad en sí misma. El movimiento por Palestina podría servir de catalizador para un movimiento anti-Trump, y Trump, sus aliados de extrema derecha y los demócratas están decididos a detenerlo. Pero para enfrentar eficazmente estos ataques, el movimiento busca construir la unidad más amplia posible contra la represión y unirse con otros sectores atacados por Trump.

 

Los demócratas abren la puerta a la derecha

 

La agenda de extrema derecha de Trump ha sido facilitada por los demócratas, quienes han allanado el camino para estos ataques. En otras palabras, Trump puede ser más represivo gracias a las bases establecidas por el Partido Demócrata y a su trabajo conjunto contra el movimiento por Palestina. Fueron, por supuesto, Joe Biden y los demócratas, con la ayuda de los republicanos, quienes brindaron un apoyo incondicional a Israel, proporcionando miles de millones de dólares en armas durante un horrible genocidio transmitido en vivo.

 

Además, los demócratas han creado las condiciones para un ambiente nacional más represivo. Durante el último año y medio, han aprobado proyectos de ley y resoluciones que equiparan el antisionismo con el antisemitismo, han enviado a la policía a atacar a estudiantes y profesores, y han acusado a los manifestantes de delitos graves. Es un fiscal de distrito demócrata quien se niega a retirar los cargos contra los 8 de CUNY, quienes enfrentan cargos graves por expresarse a favor de Palestina. Son Eric Adams y los demócratas quienes han enviado al Departamento de Policía de Nueva York, y en concreto al brutalmente violento Grupo de Respuesta Estratégica (SRG), para reprimir a los manifestantes en la ciudad de Nueva York, incluyendo la llegada del SRG al campus de Barnard.

 

Esto es quizás más evidente en CUNY, donde no es otra que Kathy Hochul, la gobernadora demócrata, quien está investigando a la universidad por antisemitismo y quien tomó la grosera medida de censurar una oferta de trabajo sobre Palestina en un flagrante desprecio por la gobernanza de la facultad y la libertad académica.

 

El hecho de que los demócratas le abran las puertas a la derecha es evidente en lo que respecta al movimiento por Palestina, pero también en todos los demás temas. Harris realizó una campaña de derecha contra los derechos de los inmigrantes, apoyando la afirmación de que los inmigrantes son un problema, para que ahora Trump pueda intensificar su ofensiva contra ellos. Una y otra vez, los demócratas atacan los derechos de la clase trabajadora y las personas oprimidas, lo que solo abre la puerta a figuras como Trump.

 

Debemos aferrarnos a la lección que aprendimos en el auge del movimiento por Palestina: el Partido Demócrata es un partido genocida e imperialista. Los ataques que sufrimos ahora se deben, en gran medida, a sus ataques. Son nuestros enemigos, y cuanto antes lo entendamos, más fuertes seremos.

 

Las administraciones de las universidades son cómplices

 

Las autoridades universitarias también han propiciado estos ataques, no solo contra el movimiento palestino, sino también contra el debido proceso y el derecho fundamental a la protesta. Las universidades han promovido durante mucho tiempo una «excepción palestina» a la libertad de expresión, con un patrón de silenciamiento del discurso sobre Palestina, incluyendo el despido y las sanciones a profesores, la prohibición y la vigilancia de Students for Justice in Palestine (Estudiantes por la Justicia en Palestina), y más.

 

En el último año y medio, la administración universitaria no ha hecho más que intensificar la represión contra los debates sobre Palestina, la libertad de expresión y las protestas en el campus. Esto incluye la ampliación de los mecanismos de vigilancia, incluyendo la contratación de empresas privadas de vigilancia para investigar a los estudiantes. Varias universidades, incluida Harvard, han dictaminado que no se permiten las protestas en aulas, bibliotecas, comedores ni en «lugares que interfieran con las actividades normales de la universidad». Muchas universidades que tenían campamentos permanecieron reforzadas y fuertemente vigiladas por la policía.

 

La Universidad de Nueva York (NYU) ha introducido un nuevo código de conducta estudiantil que incluye «sionista» como una categoría protegida por las políticas antidiscriminatorias de la institución. En otras palabras, una ideología reaccionaria que apoya la limpieza étnica por parte del Estado israelí ahora se considera una categoría protegida, junto con grupos como estudiantes queer, negros, judíos y latinos. Mientras tanto, la «DEI» está bajo ataque y se está retrocediendo en materia de protecciones para los estudiantes oprimidos.

 

Una serie de suspensiones ha allanado el camino para las expulsiones. El pasado abril, Barnard suspendió a 46 estudiantes y desalojó al menos a otros 55 que participaban en el Campamento de Solidaridad con Gaza. Estos estudiantes fueron obligados a someterse a un proceso de «Resolución Alternativa» que los privó de su derecho al debido proceso y de su capacidad para impugnar formalmente estas medidas punitivas.

 

Si bien Trump declaró recientemente que quiere prohibir las mascarillas (barbijos), acciones similares ya se están llevando a cabo en los campus universitarios de todo el país a manos de las administraciones de las universidades.

 

Sin embargo, estos mismos administradores están siendo atacados por el gobierno de Trump y el Partido Demócrata Sionista, como vimos con la renuncia forzada del presidente de Harvard. Ante estos ataques, los administradores prometen ser más duros, aunque esto podría significar su propia desaparición a través de recortes y austeridad. Esto se debe a que estos administradores representan el statu quo capitalista en la educación superior, donde las universidades funcionan como negocios con donaciones de sionistas e inversiones en acciones de la industria armamentística. Estos administradores buscan un alumnado pasivo que siga pagando matrículas exorbitantes y endeudándose para obtener un diploma. Su función principal es suprimir cualquier potencial de movimientos estudiantiles radicales como los de los años 60 y 70, que cuestionan el carácter clasista de la universidad. No abandonarán ese rol, incluso cuando sus propios trabajos dependan de ello.

 

Luchar contra la represión es luchar por todos nuestros derechos

 

Este ataque se debe precisamente a la fuerza y ​​la profundidad del movimiento durante el último año y medio. Si bien el movimiento por Palestina se encuentra debilitadp, cada vez hay más apoyo a la causa palestina en lapoblación estadounidense en general, y especialmente entre los estudiantes. Una muestra de este apoyo son las resoluciones de desinversión aprobadas por estudiantes de todo el país. Debemos aprovechar este apoyo pasivo para combatir los ataques actuales y seguir luchando por Palestina y por la desinversión.

 

En este contexto, es evidente que Trump, los demócratas y la administración universitaria están unidos para aplastar el movimiento por Palestina en las universidades. Pero el movimiento por Palestina no puede afrontar estos ataques solo ni entenderlos como ataques dirigidos únicamente contra Palestina. Los ataques de Trump contra el movimiento estudiantil por Palestina tienen como objetivo allanar el camino para atacar a la universidad, el derecho a la protesta y a todas las personas oprimidas y explotadas.

 

Debemos enfrentar estos ataques. Decir alto y claro: esto se trata de Palestina, se trata de la lucha continua contra la inversión de nuestras instituciones en Israel. Y también se trata de la financiación universitaria, la libertad de expresión y nuestro derecho a protestar. Trump está atacando al movimiento obrero, los derechos de las personas trans y a los estudiantes inmigrantes. Ataca a los investigadores y recorta la financiación. Vienen por todos nosotros, y todos debemos levantarnos en su contra. Debemos desplegar toda la fuerza del movimiento obrero y estudiantil para combatir estos ataques: debemos responder con toda la fuerza de los estudiantes, los trabajadores y la comunidad movilizada y organizada desde abajo.

 

Necesitamos que nuestros sindicatos se pongan de pie y comiencen a organizar la lucha desde abajo: contra las expulsiones, contra la represión, contra la censura, contra la desfinanciación de la universidad y por la presencia policial y de ICE fuera del campus. Los ataques al derecho de los estudiantes a protestar son un ataque al movimiento laboral, y debemos tratarlo como tal. Muchas universidades están sindicalizadas a través del UAW (Trabajadores del Automóvil Unidos). Ante estos ataques, necesitamos que las bases del UAW, como los trabajadores de la sección 4811 que se declararon en huelga por Palestina en la Universidad de California, obliguen a la dirección del UAW a tomar medidas para combatir la represión de Trump contra el movimiento estudiantil. Hasta ahora, los sindicatos han dicho y hecho poco, permitiendo que un sentimiento de miedo y pasividad se instale en las bases. Muchos, incluyendo el Congreso de Personal Profesional de CUNY (PSC, Federación Americana de Maestros -AFT-, sección 2334),organizan sus fuerzas para oponerse a las resoluciones de separar económicamente nuestros sindicatos de Israel, pero hacen poco por Palestina o para oponerse a este ataque represivo. Esto es inaceptable. El movimiento obrero es fuerte y poderoso y debe luchar con todas sus fuerzas. Que el UAW, en lugar de apoyar a Trump y sus aranceles reaccionarios, se levante y se defienda.

 

Los gobiernos estudiantiles deben alejarse de sus roles administrativos y apolíticos dentro de la universidad y convertirse en una fuerza de lucha para el movimiento estudiantil, oponiéndose a los ataques que están por venir y a los que ya han llegado.

 

El movimiento por Palestina debe luchar contra la represión, entendiendo que combatirla es fundamental para la lucha por la liberación de Palestina y que el destino del movimiento está ligado a la pelea contra todos los ataques de Trump. Para derrotar esta represión, necesitamos una indignación masiva: una campaña democrática que reúna a la mayor cantidad de personas posible para contrarrestar este ataque de la derecha. Basta de protestas separadas de los diferentes sectores del movimiento por Palestina: PYM, SJP, PSL, JVP y Within Our Lifetime deben unirse y marchar juntos contra estos ataques. También debemos llamar a los movimientos por los derechos de las personas trans, los derechos de los inmigrantes y los derechos laborales a que luchen junto a nosotros por los derechos de todos.

 

Si bien debemos plantear estas demandas a los líderes del movimiento, eso no significa que debamos esperar a que se organicen. Estas luchas no deben organizarse desde arriba, sino desde abajo: estudiantes, profesorado y personal juntos, organizándonos por departamento o campus para debatir lo que está sucediendo y crear espacios democráticos para diseñar estrategias de lucha. Debemos convocar asambleas del movimiento, que reúnan a la comunidad universitaria con la comunidad en general y los movimientos sociales, que, lejos de ocultar las diferencias políticas entre grupos, las expongan al tiempo que se oponen unidos a este ataque de la derecha. Debemos organizarnos en todos los campus, ya que los ataques se producen en todas las universidades, y crear espacios de organización democrática que debiliten las fronteras entre el campus y la comunidad, organizando una lucha amplia en defensa de la universidad. Organizarnos desde abajo también sumará a más personas a la lucha, y necesitamos de todos en esta pelea.

 

Al mismo tiempo, la mayoría de los administradores universitarios se someten a Trump, incluso cuando este ataca a la propia universidad. El intento de la burocracia universitaria de consentir los ataques sionistas para mantener un statu quo neoliberal en la universidad es un grave error de cálculo (incluso para sus propios objetivos), ya que las fuerzas de Trump no pueden ser reprimidas con la represión contra el movimiento palestino cuando su proyecto político es la destrucción del derecho a la protesta, de los sindicatos y de las instituciones de educación superior. Los recortes de 400 millones de dólares a Columbia que afectan a todos los estudiantes, profesores y personal docente son un ejemplo de ello.

 

La administración de la universidad no nos protegerá ni nos defenderá.

 

En este momento, debemos tener claro que debemos superar a estos administradores universitarios, que quienes dirigen la universidad están permitiendo que sea desmantelada. Debemos aprovechar esta oportunidad para explicar que nuestra lucha no es por el statu quo neoliberal, sino por una universidad diferente: una universidad pública y gratuita, gestionada por estudiantes, el profesorado, el personal y la comunidad, quienes actualmente defienden el movimiento palestino y la universidad. Necesitamos instituciones abiertas a todos y concebidas para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación, no como una máquina de endeudamiento, mano de obra mal pagada e inversiones en genocidio. Mientras combatimos los ataques contra Trump, debemos proponer colectivamente una nueva visión de la universidad que necesitamos, una que nuestro movimiento, organizado democráticamente desde la base, pueda impulsar. Debemos dejar claro a Trump, así como a los demócratas y administradores universitarios que apoyan los ataques contra el movimiento por Palestina, que protestaremos, nos alzaremos e incluso lo silenciaremos —reiniciando la huelga política— para defendernos de las expulsiones, los encarcelamientos y las deportaciones de quienes participan en el movimiento por Palestina, de las expulsiones, la represión, la censura, la desfinanciación de la universidad y de la policía y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fuera del campus. Seguiremos luchando contra las brutales políticas imperialistas de Trump en Palestina y para desinvertir en nuestras instituciones del genocidio. Unidos, podemos derrotar estos ataques y sentar las bases para luchar por más.

 

https://www.laizquierdadiario.com.ve/La-guerra-de-Trump-contra-el-movimiento-palestino-y-las-universidades-en-Estados-Unidos

 

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¡Ay, cuando los multimillonarios hablan de desigualdad!

Por: Aram Aharonian

Más de tres mil grandes empresarios, personalidades políticas de primer orden mundial y representantes de instituciones internacionales se encontraron del 21 al 24 de enero en el Foro Económico Mundial que, como cada año desde hace 1971, se da cita en la ciudad alpina de Davos.

Este modelo capitalista ya no sirve (o sirve cada vez a menos) y por eso hoy el debate sobre los impuestos a los ricos y la desigualdad empieza a crecer en las potencias occidentales. La desigualdad creciente generada por el capitalismo está poniendo en jaque al sistema democrático no es novedad. El 1 por ciento de los más ricos del planeta acapara más del 50 por ciento de los recursos globales, por citar solo una de las escandalosas cifras de desigualdad.

El contexto del cónclave, como ya es la norma desde hace tres lustros, fue el de fortaleza militar: amurallada por el ya habitual dispositivo de seguridad; con no menos de 5.000 efectivos de distintas fuerzas en la calle; el espacio aéreo cerrado durante una semana; así como múltiples y sofisticados controles para acceder al Palacio de Congreso, sede principal del evento.

Control de seguridad que busca «proteger» a los presentes de cualquier tipo eventual de protesta ciudadana. Un centenar de multinacionales de las más conocidas a nivel mundial son los socios/miembros del Foro Económico de Davos. Entre ellas el Credit Suisse y el Deutsche Bank, la Nestlé, ABB, Barclays y Google, por citar solo algunas. Con una inversión significativa: en torno de 240 millones de francos (cifra semejante en dólares) para cubrir una buena parte del presupuesto del cónclave anual. Otras 1.200 compañías – entre las cuales las mil más grandes del planeta— aparecen como miembros «menores», aunque también cotizan cuotas millonarias.

En medio de una polarización social mundial creciente y de la crisis ambiental sin salida, el debate oficial de la 50ª edición del Foro de Davos estuvo centrado en la necesidad de repensar del capitalismo y vislumbrar una corrección del sistema para que sea más integrador, menos excluyente y más distributivo, en el que las empresas no solo apuesten a sus propias ganancias.

Klaus Schwab, fundador del evento Davos, había enfatizado previo al Foro que «el capitalismo descuidó el hecho que una empresa es un organismo social» y no solo un ente con objetivo de lucro. Llegó, dijo, a ser «un capitalismo que se desconectó cada vez más de la economía real». Amén.

Horas antes de comenzar el Foro, el Fondo Monetario Internacional realizó su habitual encuentro con la prensa, donde Kristalina Georgieva, la nueva directora, inició su intervención señalando la «recuperación perezosa. Estén listos para actuar si el crecimiento se ralentiza de nuevo», enfatizó, dirigiéndose a los grandes empresarios.

Los debates, en un ambiente de feria de ideas, con miles de actividades dispersas, encuentro de intereses, firmas de convenios y proliferación de negociados entre pares, no aportó conclusiones conceptuales significativas. No sorprende que de Davos 2020 más que contenidos/conclusiones salgan imágenes mediáticas.

Un escándalo desigual

En la víspera del inicio de Davos, la ONG Oxfam publicó su informe anual, donde indicó que los 2.153 mil millonarios que existen en el mundo poseen una riqueza superior a la de 4.600 millones de personas, es decir, el 60% de la población mundial y señaló que la desigualdad en el mundo no solo está profundamente arraigada, sino que «llega a un nivel escandaloso».

En América Latina y el Caribe —totalmente ausente en esta edición de Davos a nivel presidencial— el 20 % de la población concentra el 83% de la riqueza. El número de mil millonarios pasó de 27 a 104 desde el año 2000. En paralelo, la pobreza extrema sigue creciendo: en 2019 el 10,7% de la población (en torno de 66 millones de latinoamericanas/os y caribeñas/os – padecía ese flagelo.

El aumento de la desigualdad económica en todo el mundo, el deterioro del empleo y la aparición del cambio climático como condición económica prioritaria conducen inevitablemente a la cuestión de que el PIB ni las estadísticas cuantitativas miden realmente la riqueza de un país o de un grupo social. Por lo tanto, carecen de verosimilitud para establecer el bienestar social.

La verdadera riqueza de un país se mide por su capacidad para mejorar la vida de sus ciudadanos; por lo tanto, requiere no solamente más producción, sino también redistribución. No es descabellado proponer que un indicador de bienestar incluya además una medida de calidad medioambiental, es decir, el grado de deterioro de la salud (y no sólo física) inducido por la calidad del aire respirable o el entorno urbano, señala el diario conservador español El País.

La tarea de los Gobiernos no se agota en aumentar la cantidad de producción, de consumo o de empleo; se les requiere para que mejoren la situación de los ciudadanos.

La desigualdad es la causa estructural del malestar social en la región. Por ello, necesitamos avanzar de la cultura de los privilegios a la cultura de igualdad y la inclusión social, afirmó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, en el Foro Económico Mundial 2020 que culminó este viernes 24 en Davos, Suiza.

Más de tres mil grandes empresarios, personalidades políticas de primer orden mundial y representantes de instituciones internacionales se encontraron en la ciudad alpina de Davos en el Foro Económico Mundial, como lo hacen desde 1971. Ya no tiene la contraparte, el Foro Social Mundial.

El contexto de cónclave, fue el de fortaleza militar, con un control de seguridad que busca «proteger» a los presentes de cualquier tipo eventual de protesta ciudadana. Es que un centenar de multinacionales de las más conocidas a nivel mundial son los socios/miembros del Foro Económico de Davos.

Entre ellas el Credit Suisse y el Deutsche Bank, la Nestlé, ABB, Barclays y Google, por citar solo algunas. Con una inversión significativa: en torno de 240 millones de francos (cifra semejante en dólares) para cubrir una buena parte del presupuesto del cónclave anual. Otras 1.200 compañías – entre las cuales las mil más grandes del planeta— aparecen como miembros “menores”, aunque también cotizan cuotas millonarias.

Latinoamérica y el Caribe

«Las protestas en la región tienen un hilo común que es la desigualdad y pueden convertirse en una oportunidad para el cambio social. A partir de las movilizaciones hemos visto cómo algunos gobiernos han accedido a avanzar en mejoras estructurales a bienes públicos esenciales, como salud, educación, pensiones y transporte», afirmó Alicia Bárcena, titular del Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Bárcena subrayó que hay un desencanto social que se manifiesta principalmente en los más jóvenes de la región, debido a que se generaron expectativas que no han sido cumplidas. Asimismo, destacó la importancia del respeto por los derechos humanos y el derecho a la protesta, y llamó a construir nuevos pactos sociales con miras a garantizar el bien público.

«Muchos países no contemplan el derecho a la protesta. En las Naciones Unidas defendemos los derechos humanos, la igualdad, la justicia y las voces de los que no tienen voz», señaló.

Funcionaria de la ONU, Bárcena dijo que es urgente avanzar en la construcción de Estados de Bienestar, basados en derechos y en la igualdad, que otorguen acceso a protección social y a bienes públicos de calidad, como salud y educación, vivienda y transporte. «El 76,8% de la población de la región pertenece a los estratos de ingresos bajo y medio-bajo, que vive con un ingreso inferior a tres líneas de pobreza», alertó.

Precisó que a 2017, más de la mitad de la población adulta (52%) de los estratos medios no había completado 12 años de escolaridad, mientras que el 36,6% tenía ocupaciones con un alto riesgo de informalidad y precariedad. Además, el 44,7% de las personas económicamente activas de los estratos medios no están afiliados o no cotizan en un sistema de pensiones.

Hasta el FMI conjuga desigualdad

Hasta la búlgara Kristalina Georgieva, nueva mandamás del Fondo Monetario Internacional, en Diálogo a fondo, el blog del FMI sobre temas económicos de América Latina, planteó «reducir la desigualdad, que en la última década se ha convertido en uno de los problemas más complejos y desconcertantes de la economía mundial para generar oportunidades».

Detalla varias desigualdades: de oportunidades, intergeneracional, entre mujeres y hombres y de ingresos y riquezas. Afirma que esas desigualdades, en muchos países, están en aumento, y que hay que tener voluntad para abordarlas. Indica que ejecutar reformas para atender ese problema «es difícil desde el punto de vista político», pero menciona que los réditos «en materia de crecimiento y productividad valen la pena».

¿Un cambio en la visión de la nueva conducción del FMI respecto a las anteriores, al señalar que es necesario replantear el problema y, antes que nada, en lo que se refiere «a políticas fiscales y tributación progresiva»?

La titular del FMI, para argumentar sus preocupaciones contra la «desigualdad» en el foro de Davos, olvidó, obviamente mencionar que el sistema capitalista es la fábrica de esa creciente desigualdad, construida históricamente bajo el capitalismo. La titular del FMI, entre las políticas propuestas para superar la desigualdad, sugiere concentrarse en tres aspectos.

El primero remite a una «tributación progresiva», que podríamos definir en el sentido de que tributen los que más tienen, los que más acumulan; a contramano de la lógica liberalizadora hegemónica de los sistemas tributarios de los últimos años, especialmente en EEUU, donde Donald Trump bajó los impuestos a la renta y los beneficios, especialmente del sector más concentrado.

En el discurso de Georgieva hay cierta empatía con el neodesarrollismo de Joseph Sriglitz o Paul Krugman y también con las opiniones del papa Francisco. Sustenta que «reformas de la estructura de la economía podrían respaldar aún más la lucha contra la desigualdad al reducir los costos de ajuste, minimizar las disparidades regionales».

También habla de la necesidad de apuntalar el gasto social (ya no habla de las políticas de ajuste impuestas en todo el mundo por FMI) y le da principal atención a los rubros de salud y educación, que difieren absolutamente con los párrafos de los acuerdos de préstamos realizados con distintos países, entre ellos varios latinoamericanos, que busca achicar el gasto público social.

Hay un excelente manejo de las palabras. Habla de preparar a los trabajadores «para que cubran el creciente número de plazas de trabajo en el sector verde», lo que en realidad fue  promoción de las reaccionarias reformas laborales y previsionales, condición esencial en los préstamos otorgados a nuestros países.

«Si tuviera que identificar un tema al comienzo de la nueva década, aumentaría la incertidumbre» y para ejemplificar destaca «los incendios forestales en Australia, asociados al cambio climático»; el «conflicto en Medio Oriente» y el acuerdo para «sanar las fracturas» de la guerra comercial entre EEUU y China. Otro excelente manejo del discurso: obviamente el problema no es el clima sino el modelo productivo capitalista que destruye la naturaleza.

La preocupación de Georgieva y sus mandantes está en la incertidumbre producida por la desigualdad del sistema capitalista («puede alimentar el populismo y la agitación política», dice en el portal del FMI). A lo que le temen es la epidemia de estallidos sociales en América Latina y en Europa.

Incluso señaló que «en el Reino Unido, por ejemplo, el 10 por ciento superior ahora controla casi tanta riqueza como el 50 por ciento inferior. Esta situación se refleja en gran parte de la OCDE , donde la desigualdad de ingresos y riqueza ha alcanzado o está cerca de niveles récord».

El tema de la riqueza hiperconcentrada, ha sido acompañado por la derecha con discursos de odio, racismo y xenofobia. Y, como los límites ambientales se hacen visibles, dificultan seguir hablando de un hipotético crecimiento como solución a la pobreza: solo queda repartir mejor lo que hay… e incluso hablar seriamente de decrecimiento, señala Claudio della Croce, investigador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico.

Desde el estallido financiero 2008 y los subsiguientes ajustes presupuestarios que impactaron en el bolsillo de las mayorías, el tema se ha vuelto central en el mundo desarrollado. Y, obviamente, también en América Latina. En las recientes protestas en Colombia el impuesto a los ricos y a las corporaciones fue cobrando cada vez más importancia. En Chile, uno de las pintadas que mejor ilustraron el desprestigio del Gobierno fue «evade como Piñera».

La igualdad no existe sin ausencia de discriminación, es decir, sin el reconocimiento de diferencias sin jerarquías entre ellas (hombre/mujer, blanco/negro, heterosexual/homosexual, religioso/ateo), señala el sociólogo portugés Boaventura de Sousa Santos. Explicar la igualdad al 1% es como explicar al diablo que Dios es bueno.

«Las epistemologías del Sur permiten reconceptualizar el capital financiero global, verdadero motor de la extrema desigualdad entre pobres y ricos, y entre países ricos y países pobres, como una nueva forma de crimen organizado, de un crimen contra la propiedad de los trabajadores y de las clases empobrecidas, constituido por varios crímenes-satélite, sean estos el estelionato, el abuso de poder, la corrupción», añade.

El capital financiero global, en su actual configuración, no es solo un crimen contra la propiedad de los más pobres, sino también un crimen contra la vida y contra el medio ambiente.

Dos años después del estallido de la crisis de 2008, en Estados Unidos surgió el Patriotic Millonaires, un ejemplo notable y excéntrico de este debate, al decir de Marcelo Justo en Página12. El requisito básico para ser miembro es tener ingresos de más de un millón de dólares anuales o bienes equivalentes a cinco millones.

Pero a diferencia de otros clubes de millonarios (o multimillonarios como el Club Bilderberg), proponen que se suban los impuestos a los más ricos para frenar la creciente desigualdad y ante lo que economistas ortodoxos, como Paul Krugman y Lawrence Summers, calificaron de estancamiento secular.

Estos millonarios apuestan por una redistribución progresiva del ingreso. El director de Patriotic Millonaires, Morris Pearl, exdirector de Black Rock, una de las más importantes firmas de inversión en el mundo, fue explícito: «A mí no me gusta pagar más impuestos, no lo disfruto, pero quiero vivir en un sistema en el que haya mayor igualdad A esta altura, yo no trabajo y, sin embargo, gano mucho más que los que trabajan y estoy pagando menos impuestos que ellos. Esto no es positivo para el conjunto del país».

Un argumento del capitalismo para justificar la reducción de los impuestos a los más ricos es que así se estimula la inversión y que, con más inversión, se genera más empleo y, de esa manera, la riqueza se derrama al resto de la sociedad. Pero la realidad muestra que sucede todo lo contrario: una desigualdad mayor y una economía que entra en crisis.

Pearl sostiene que si se aumenta el salario, se va a aumentar el consumo y con esto se incrementan las ganancias, lo que, a su vez, va a generar más inversión, que es precisamente lo ocurrido en Seatle (EEUU), con la duplicación del salario mínimo de los trabajadores.

Otro argumento frecuente a favor de la reducción impositiva a los ricos es que estimula y premia la meritocracia, partiendo de la base de que los ricos son ricos por su esfuerzo, porque se lo merecen. Pero si uno revisa la lista de millonarios en EE UU se verá que la mayoría proviene de familias que eran muy ricas. Bill Gates o Mark Zuckerberg son dos casos típicos. Tuvieron una familia detrás que los sostuvo hasta que sus proyectos se concretaron.

«La mayoría de la gente que tiene un trabajo y que, con frecuencia necesita más de un trabajo para sobrevivir, no tiene tiempo de andar pensando en grandes creaciones o aventuras comerciales», añade el multimillonario Pearl, quien afirma que la reforma impositiva de Donald Trump favoreció a los que más tienen y a una mayor concentración de la riqueza.

Este debate no se limita a EEUU, pero en América Latina produce estallidos sociales. Basta recordar que dos multimillonarios (Mauricio Macri y Sebastián Piñera) fueron presidentes en los últimos años en Argentina y Chile.

Y si se sigue con la política actual inevitablemente habrá rebeliones sociales que harán muy difícil la convivencia democrática. El concepto mismo de democracia está en juego porque este minúsculo grupo de multimillonarios utiliza el dinero para incrementar su poder político y usa ese poder político para incrementar su riqueza, añade.

Seguir las políticas impuestas por EE UU a través de los organismos financieros internacionales como el FMI, el Banco Mundial o el Interamericano de Desarrollo llevó a estallidos también en Haití, Puerto Rico, Ecuador y Colombia.

«Soy consciente de que las groseras desigualdades continúan separando a los afortunados de los desafortunados en todo el mundo», señaló Bill Gates, creador de Microsoft y el segundo hombre más rico del mundo, en una reflexión de fin de año publicada en su blog. «He sido premiado desproporcionadamente por el trabajo que hice», reconoce.

A la documentalista Abigail Disney, bisnieta y heredera de Roy, uno de los fundadores de Disney, su riqueza no le impidió denunciar en 2019 la cantidad de trabajadores de Disneyworld que cobran el salario mínimo, apenas suficiente para sobrevivir, mientras la compañía declaraba ganancias por 13.000 millones de dólares.

El tema llegó a la campaña electoral estadounidense. La precandidata demócrata Elizabeth Warren publicó un spot publicitario en el que dice explícitamente que es hora de aprobar un «impuesto a la riqueza», seguido de imágenes de los millonarios que critican la idea y se victimizan, mientras se explican con textos breves las formas dudosas o directamente ilegales con las que hicieron sus fortunas, incluso en momentos de crisis o gracias a ella.

Obviamente, Michael Bloomberg y Leon Copperman, dos ultrarricos, critican a Warren con todo el poder de los medios. Otros candidatos como Bernie Sanders o Alexandria Ocaña-Cortez suelen apuntar a la desigualdad estructural que limita las posibilidades de la inmensa mayoría de progresar solo por nacer en el lugar equivocado. Cuando los multimillonarios hablan de desigualdad, hay que poner las barbas en remojo. No es que no les guste la desigualdad. Lo que pasa es que le temen a los estallidos sociales que los deje sin el pan y sin la torta.

*Publicado por Wall Street Journal Magazine

Fuente e imagen: https://rebelion.org/ay-cuando-los-multimillonarios-hablan-de-desigualdad/

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Bolivia: La Sociedad Civil Organizada pide respeto y garantías para la manifestación pacífica

América del Sur/Bolivia/03-11-2019/Autor(a) y Fuente: Sociedad Civil Organizada 

La Sociedad Civil Organizada en su pronunciamiento este 30 de Octubre, exigen que se respeten los derechos a las protestas pacíficas y que el uso de la fuerza se aplique solo en situaciones extraordinarias.

A continuación, presentamos el pronunciamiento, el cual nos llegó a la redacción del portal de los y las maestras Otras Voces en Educación.

«Las organizaciones, redes y colectivos de la sociedad civil de Bolivia, defensoras y defensores de derechos humanos, manifestamos nuestra preocupación por los hechos de violencia suscitados en varias ciudades, y ante la posible profundización del conflicto a niveles no aceptables de convivencia pacífica y armónica dentro de los límites de un Estado Constitucional de Derecho e incompatibles con los valores democráticos que deben primar en situaciones como la presente.

El derecho a la protesta pacífica es expresión de una democracia saludable, ha permitido el desarrollo de los derechos humanos y las conquistas sociales alcanzadas, gozando de especial protección en la Constitución Política del Estado y los instrumentos internacionales de derechos humanos como una forma de expresión de las demandas y voluntad popular.

Acogemos, por tanto, el llamado que han realizado organismos internacionales de derechos humanos como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH al Estado boliviano en días pasados, recordando que el uso de la fuerza durante las manifestaciones debe aplicarse en circunstancias excepcionales, y conforme a las leyes vigentes que comprenden los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.1

De allí que el Estado boliviano tiene el deber de prestar las garantías necesarias para la expresión popular en el marco de su derecho a la reunión, manifestación pacífica, y sólo establecer límites en el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado en resguardo de la seguridad y la protección de los derechos y libertades de la ciudadanía.

Asimismo, vemos con preocupación el debilitamiento de los valores democráticos, especialmente la intolerancia, la falta de respeto, la poca cultura de paz y la irresponsabilidad en las declaraciones de sectores oficialistas y oposición, llegando al punto de propiciar enfrentamientos entre ciudadanos y ciudadanas con consecuencias en la integridad personal de varias personas.

Actualmente, las redes sociales desempeñan un papel vital en ayudar a los defensores y defensoras de los derechos humanos y a la comunidad a organizarse, y dar voz a sus preocupaciones, sin embargo, estas no deben convertirse espacios de vigilancia, censura, acoso o incitación a la violencia a través de las plataformas de medios sociales.

Condenamos especialmente los discursos públicos de algunas autoridades y líderes que promueven directa e indirectamente a la confrontación y a la restricción de las libertades de la población que ejerce su derecho de manifestación pacífica, por lo cual alertamos a los actores relevantes sobre el impacto que tienen los discursos que están utilizando que exacerban los ánimos de los manifestantes y contribuyen a la creación de un ambiente violento, que promueve el odio y confrontación en el conflicto que vive nuestro país y que reavivan posturas racistas, machistas y homofóbicas.

Frente al importante desafío de afrontar la crisis política con salidas que fortalezcan la institucionalidad democrática, el respeto y protección de los derechos humanos de la población, desde las organizaciones, redes y colectivos de la sociedad civil de Bolivia, defensoras y defensores de derechos humanos nos manifestamos:

 Exigimos al Estado otorgar las garantías necesarias a todas las personas para ejercer su derecho a manifestarse pacíficamente, con especial protección a las libertades de expresión, opinión, reunión pacífica, libre información y participación en asuntos públicos.

 Instamos a las autoridades a garantizar la seguridad de la población que se encuentra movilizada y a un uso proporcional del poder punitivo, especialmente en las detenciones cuyos procesos deberán enmarcarse en el debido proceso y cumplir con condiciones de imparcialidad e independencia frente a la ley.

 Demandamos la otorgación de garantías reforzadas para defensores y defensoras de derechos humanos, y particularmente a periodistas que están recibiendo ataques o amenazas en el marco de su labor de cobertura. En este marco exigimos que se garantice a la ciudadanía en general, y en especial a trabajadores de la prensa el acceso a la información pública garantizando una cobertura adecuada, imparcial a los hechos acontecidos en este conflicto.

 Exhortamos a la ciudadanía a ejercer sus derechos con apego a los valores democráticos de tolerancia, pluralidad y respeto. Hacemos un llamado enfático a evitar la desinformación a partir de la circulación de información falsa, que busque confundir, exaltar los ánimos, generar temor y confrontación entre la población, reiterando la importancia de verificar fuentes y veracidad sobre los datos que se comparten.

 Consideramos, inadmisibles, desde todos los actores decisores y en conflicto, el uso de advertencias o amenazas que pongan en riesgo la seguridad de las personas movilizadas o el acceso a servicios.

 Convocamos al Estado a promover salidas pacíficas y democráticas a la crisis que vive el país, brindando respuestas consensuadas, oportunas y legítimas a la población.

º ADESPROC – Libertad º Asociación de Pensamiento Penal Bolivia º Asociación Un Nuevo Camino º Asociación de Mujeres Jumampi Lurata º Católicas por el Derecho a Decidir º Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación – CBDE º CLADEM Bolivia º Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Servicios de Cochabamba º Capacitación y Derechos Ciudadanos º Carrera De Ciencias De La Comunicación Social – Universidad Mayor Real Y Pontificia San Francisco Xavier De Chuquisaca º Ciudadanía Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública º Colectivo de Derechos Humanos EMPODERATE º Colectivo DSG Cochabamba º Colectivo TLGB del SUR º Colectivo TLGB Tarija º Coordinadora de la Mujer º Comunidad de Derechos Humanos º INIFH, Instituto de Investigacion de la Facultad de Humanidades UAGRM º Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos. º Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca º Facultad De Derecho, Ciencias Sociales Y Políticas – Universidad Mayor Real Y Pontificia San Francisco Xavier De Chuquisaca º Fundación CONSTRUIR º Fundación Multitudes º Fundación ÑAÑOPE º Fundación IVI MARAEI º Fundación Paz y Esperanza º La Pública º Ni Una Menos –Tarija º Ni una Menos – Santa Cruz º Observatorio Infanto juvenil – UAGRM º Oficina Jurídica para la Mujer º ONG Conexión º ONG Realidades º Veeduría Ciudadana de Derechos Humanos º Pastoral Penitenciaria Caritas. º Red Boliviana Ecuménica de Teólogas y Activistas Defensores de Derechos Humanos º Verónica Salinas Palma º Adrián Piejko Patiño º Feliza Velarde
Bolivia 30 de octubre de 2019

(1) Noticias ONU, La ONU espera la que auditoría de la OEA conduzca a una resolución pacífica de las protestas, publicado el 25 de octubre de 2019, disponible en línea: https://news.un.org/es/story/2019/10/1464401?utm_source=Noticias+ONU+-+Bolet%C3%ADn&utm_campaign=2e69a1641eEMAIL_CAMPAIGN_2019_10_25_03_30&utm_medium=email&utm_term=0_e7f6cb3d3c-2e69a1641e-107097057″.

PRONUNCIAMIENTO CBDE Org SC

Fuente: Sociedad Civil Organizada

Imagen: Ronny K en Pixabay

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Por qué estallan protestas en todo el mundo.

En los últimos meses se ha producido un aumento aparentemente enorme de protestas en el mundo. Desde las calles de Hong Kong hasta La Paz, Quito, Barcelona, Beirut y Santiago de Chile, hemos presenciado una gigantesca marea de personas que toman las calles para ejercer su derecho a protestar y exigir el cambio a quienes están en el poder.

Por desgracia, una característica común de estas protestas es la enorme dureza de la respuesta del Estado, que en muchos casos equivale a violaciones graves de los derechos humanos.

Amnistía Internacional ha documentado en octubre, hasta la fecha, indicios de abusos y violaciones de derechos en protestas en BoliviaLíbanoChileEspañaIrakGuineaHong Kongy Reino UnidoEcuadorCamerún y Egipto.

https://twitter.com/i/status/1187413446582767618

En algunos lugares, como Hong Kong, las protestas se están prolongando mucho tiempo a pesar de la enérgica actuación de la policía, mientras que en otros países, las manifestaciones fueron reprimidas rápidamente mediante tácticas como las detenciones masivas. En Egipto, más de 2.300 personas fueron detenidas por participar en manifestaciones este mes de septiembre. Si son enviadas a juicio, sería el caso penal relacionado con protestas más grande de la historia de Egipto.

En Amnistía Internacional siempre hemos dejado claro que protestar no es un delito, sino un derecho humano. La forma en que los gobiernos en general han decidido responder a estas protestas es enormemente desproporcionada, injustificada y, por tanto, ilegítima.

Quienes protestan están ejerciendo sus derechos humanos y debe permitirse que lo hagan. Pero lo que es igual de importante es que las razones por las que las personas están tomando las calles están muchas veces ligadas a cuestiones de derechos humanos.

Video insertado

Presentamos a continuación algunos de los factores comunes que inducen a las personas a protestar.

Corrupción

Las acusaciones de corrupción en el gobierno han contribuido a desencadenar oleadas masivas de protestas en Chile, Egipto y Líbano.

A finales de septiembre, miles de personas se manifestaron en todo Egipto. Muchas se reunieron en la plaza Tahrir de El Cairo, famosa por las protestas de 2011 que derrocaron al anterior jefe del Estado, Hosni Mubarak. Las protestas fueron desencadenadas por una serie de vídeos que se hicieron virales en los que se denunciaba la enorme corrupción imperante en las fuerzas armadas egipcias.

Y, en Líbano, uno de los abrumadores factores que impulsan los llamamientos a la dimisión del gobierno —y, más en general, al cambio del poder político— es la corrupción percibida en éste y la ausencia de derechos sociales y económicos fundamentales. Es significativo que la ciudadanía pida que todos los ministros y altos cargos públicos rindan cuentas de lo que consideran fondos públicos robados.

El abuso de los fondos públicos a través de la corrupción no es sólo un motivo de preocupación penal, sino también un problema de derechos humanos, pues a menudo hace que se desvíen fondos destinados a servicios esenciales. En virtud del derecho de los derechos humanos, los gobiernos deben hacer un uso óptimo de los recursos para garantizar que la ciudadanía vive con dignidad.

Coste de la vida

Allí donde la corrupción es un problema, también lo es el coste de la vida. En Chile, fue el

estudiantado el que inició las manifestaciones después de que el gobierno anunciara la subida de los precios del transporte en Santiago de Chile, la capital.

Desde entonces, las protestas se han multiplicado hasta abarcar el enorme número de medidas gubernamentales que han afectado a los derechos económicos, sociales y culturales de las personas corrientes de todo Chile. La preocupación de la ciudadanía por la desigualdad queda de manifiesto en el hecho de que Chile tiene uno de los peores índices de desigualdad de ingresos del mundo.

La legítima preocupación de la ciudadanía por el aumento del coste de la vida se ha agravado debido a que muchos gobiernos, como los de Egipto y Ecuador, imponen también duras medidas de austeridad económica.

En Ecuador la decisión del gobierno de poner fin a los subsidios a los combustibles desencadenó protestas multitudinarias por un polémico paquete de medidas de austeridad que las autoridades se han visto obligadas ya a cancelar.

Sin embargo, el impacto de estas medidas en la ciudadanía sólo puede empeorar. Un informe pronostica que, en 2021, dos tercios de los países del mundo se verán afectados por las medidas de austeridad, es decir, casi 6.000 millones de personas. Se calcula que el coste humano de estas medidas incluirá la pérdida de empleo de millones de personas, que tendrán pocas posibilidades de encontrar un trabajo alternativo.

Justicia climática

Las candentes injusticias del cambio climático y la degradación medioambiental se convirtieron cada vez más en el foco de las protestas del año pasado. Desde los y las activistas indígenas que lideran la respuesta a la degradación medioambiental, hasta el surgimiento de los grupos que propugnan la desobediencia civil que han acaparado los titulares de prensa en Reino Unido, pasando por las protestas multitudinarias por la gestión gubernamental de los incendios forestales en Bolivia, cada vez son más las personas que toman las calles para expresar su preocupación por la forma en que abordan esta crisis las autoridades.

Pero uno de los momentos destacados llegó en septiembre, cuando más de 7,6 millones de personas participaron en una semana de huelgas por el clima en 185 países. Las protestas fueron organizadas por Viernes por el Futuro, un movimiento juvenil iniciado por la activista sueca Greta Thunberg, que empezó a hacer una huelga frente al Parlamento de su país hace apenas un año.

Amnistía Internacional concedió este año al movimiento Viernes por el Futuro su más alta distinción, el premio Embajador/a de Conciencia. Al aceptar el galardón, Greta Thunberg declaró: “Este premio es para todos esos millones de personas, de jóvenes en todo el mundo que, juntos, forman el movimiento Viernes por el Futuro; todos estos jóvenes valientes que luchan por su futuro. Un futuro que deberían poder dar por hecho, Pero, según parece actualmente, no pueden”.

Libertad política

Este mes ha habido movilizaciones y manifestaciones masivas en Barcelona y el resto de Cataluña tras hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo contra 12 dirigentes y activistas políticos catalanes.

Y, en India, ha habido protestas después de la decisión unilateral del gobierno indio de revocar el artículo 370 de la Constitución india, que garantizaba una autonomía especial a Jammu y Cachemira, y dividir el estado en dos territorios distintos de la unión. Todas estas modificaciones y cambios se hicieron en medio de un apagón de las comunicaciones, toques de queda y restricciones a la circulación, y detenciones masivas de dirigentes y activistas políticos en la región.

Hong Kong es escenario de lo que posiblemente es una de las mayores y más prolongadas protestas ligadas a las libertades políticas de este año. Las protestas empezaron en abril de 2019, después de que el gobierno de Hong Kong presentara un proyecto de ley que habría permitido las extradiciones a China continental.

La ciudadanía ha tomado las calles en un número sin precedentes. Aunque el gobierno retiró finalmente su plan de introducir el proyecto de ley, las protestas se han convertido en un llamamiento mucho más general al cambio, que incluye la petición de una revisión exhaustiva de la respuesta policial y reformas políticas que permitan que sea la propia ciudadanía la que elija a los y las dirigentes de Hong Kong.

Fuente de la Información: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/10/protests-around-the-world-explained/

 

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Colombia: Universidades marchan contra recortes de presupuesto

Colombia/Octubre de 2017/Fuente: El Espectador

 

Instituciones de educación superior públicas y privadas se movilizarán este 4 de octubre en las principales ciudades del país para exigir más recursos. En Bogotá la marcha irá desde el Planetario, pasará por la 26 y llegará hasta el Ministerio de Educación.

El año pasado, el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas hizo un llamado a la “austeridad inteligente” al radicar el Presupuesto General de la Nación para 2018. Como era de esperarse, el anuncio no cayó muy bien en los sectores educativos y de ciencia. Por eso se convocó para hoy 4 de octubre una movilización organizada por las 32 universidades públicas del país y algunas las universidades privadas.

De acuerdo con Andrés Felipe Salazar, secretario general de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y representante estudiantil de la Universidad Nacional, sede Bogotá, las organizaciones estudiantiles no están satisfechas con la modificación que se aprobó al presupuesto para educación en el Congreso y que significó $1.9 billones más para el sector.

Sin embargo, el malestar no se debe al aumento, sino por la manera en cómo se va a repartir esa plata: $1 billón será para educación básica o primaria, y el resto se destinará a educación superior. La propuesta del Gobierno es que con ese dinero se financie el ICETEX. “Esa plata debería irse directamente al presupuesto de las universidades públicas, no a financiar una institución que genera deuda”, dice Salazar.

Otro de los puntos que más generan molestia es la restructuración del programa Ser Pilo Paga, que recibe recursos por $498.000 millones y que, hasta la fecha, ha beneficiado a 40.000 estudiantes de bajos recursos.

De acuerdo con el Director de Planeación Nacional, Luis Fernando Mejía, antes de la implementación del programa 1 de cada 3 ‘pilos’ de estratos 1, 2 y 3 podían acceder a universidades. Después, 2 de cada 3 pilos se volvieron universitarios. Con respecto a la calidad de la educación, dijo que el promedio de las Saber Pro era de 200 puntos, después de la implementación de Ser Pilo Paga fue 271 puntos. “Dos resultados fundamentales que demuestran la importancia de este programa”.

Según Amalfi Bocanegra, representante estudiantil ante el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica, Ser Pilo Paga no cierra la brecha. De ese presupuesto las universidades públicas recibieron poco más de 17.000 millones. Lo que temen los estudiantes es que ese mecanismo de financiación ser convierta en una política de Estado, a la cual se le dé continuidad en el siguiente Gobierno, y que el dinero de este programa se vaya a financiar 40.000 cupos que quieren abrir con ‘Ser Pilo Paga’, la mayoría en universidades privadas, y no a entregar 480.000 cupos en universidades públicas –como exigen los marchantes–. A 2017, el programa Ser Pilo Paga cubre a cerca de 21.700 estudiantes.

Actualmente, el presupuesto para la ciencia es de $222 mil millones para 2018, un 41% menos que el año pasado, lo que ya volcó a científicos, profesores y médicos a las calles a modo de protesta el pasado abril. Sus reclamos se lo hicieron saber a través de una carta a César Ocampo, director de Colciencias y a Juan Manuel Santos.

En ella aseguraron que el recorte les parece incoherente con las aspiraciones de Colombia para entrar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde): “Sin ciencia y tecnología no hay desarrollo y sin innovación no habrá calidad de vida”.

Una de sus razones, era el dramático recorte para la ciencia e investigación en el país que proponía el Gobierno. Otra hacía referencia al recorte en el sector educativo: será 41.000 millones de pesos menos que el año pasado. No obstante, los recortes presupuestales no son novedad. Según el mismo Ministerio de Hacienda, entre 2014 y 2017, el sector agropecuario, de transporte, ciencia, tecnología, cultura, comunicaciones y minas y energía presentaron reducciones entre $100.000 millones y $700.000 millones.

Fuente: https://www.elespectador.com/noticias/educacion/universidades-marchan-contra-recortes-de-presupuesto-articulo-716439

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En Honduras: Llamado urgente por el fin de la criminalización estudiantil y el restablecimiento del diálogo entre autoridades y estudiantes de la UNAH

COMUNICADO

Las organizaciones y redes de la sociedad civil regionales e internacionales abajo firmantes, hacen un llamado urgente a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(UNAH) para el inmediato restablecimiento del diálogo, fundamental para superar la profunda
crisis que se arrastra hace años y que viene agudizándose en los últimos días, asegurando el pleno cumplimiento de los contenidos y del espíritu de los acuerdos alcanzados el 20 de julio del
2016 entre las autoridades universitarias y el Movimiento Estudiantil Universitarios (MEU).
Apelamos, asimismo, a todas las autoridades del país, en particular al Presidente de la República y al Comisionado de Derechos Humanos de Honduras, a que puedan intervenir en ese sentido, reconociendo que la actual crisis afecta al conjunto de la población y nación hondureña.

Consideramos que los últimos hechos ocurridos, que incluyen la condena a tres estudiantes cuya
desjudicialización estaba contemplada en el acuerdo citado, así como nuevas situaciones de acusación y pedidos de investigación, intervenciones de fuerzas policiales y militares en los recintos de la UNAH, las nuevas detenciones de estudiantes y comparecencias ante la justicia, la
aplicación de medidas administrativas de índole disciplinario en el ámbito de la UNAH a estudiantes por su participación en las ocupaciones y manifestaciones de protesta, solo contribuyen a profundizar y agudizar esta crisis, debilitando cada vez más los caminos para su
superación.

Deben cesar de manera urgente todas aquellas acciones, en particular las que supongan violencia, persecución institucional y criminalización del derecho a la protesta, que confronten las bases y el espíritu de los acuerdos firmados entre autoridades y estudiantes de la UNAH en el 2016, y que incluyeron el compromiso de las autoridades universitarias de presentarse ante los órganos jurisdiccionales competentes para solicitar que se le ponga fin o se extinga la acción penal promovida en contra de todos los estudiantes universitarios, así como a no ejercer acción civil de cualquier tipo, en contra de los estudiantes del Movimiento Estudiantil Universitario y otros.

En virtud de lo anterior, y considerando el hecho de que Honduras es signataria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los cuales reconocen el derecho a la educación y a la libre manifestación, y en un contexto en donde hay derechos humanos fundamentales a preservar y salvaguardar, apelamos a la resolución no violenta del conflicto, al inmediato restablecimiento del diálogo y el cese de las criminalizaciones y persecuciones a estudiantes involucrados en las protestas. Instamos a que se activen todos los mecanismos disponibles para extinguir los procesos judiciales que se encuentran en marcha y amantener las instalaciones de la UNAH exentas de la presencia policial y militar. Finalmente, invitamos a todos los actores a buscar de manera concertada y sin dilaciones una solución pacífica al conflicto, en el marco del pleno respeto a los derechos humanos.

FIRMAS:
Regionales:
Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación- CLADE
Organización Mundial para la Educación Preescolar OMEP Latinoamérica
Red de Educación Popular entre Mujeres- REPEM
Consejo de Educación Popular de América Latina- CEAAL:
Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación
Popular (ALER)
Red Latinoamericana de Investigadores/as Sobre Educación en Cárceles
MESA de Articulación.
Red Alforja
Red Espacio sin Fronteras
Internacionales:
Campaña Mundial por la Educación -CME
Amnesty International
Right to Education Initiative- RTE
Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights
Pressenza Agencia Internacional de Noticias
Labour Health and Human Rights Development Centre
Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina – SICSAL
Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil
Comités Oscar Romero de Europa
Franciscans International
Comité Mons. Romero de Madrid- España
Comité Oscar Romero de Aragón-España
Comité Oscar Romero Tarragona i Reus – España
Fórum Mundial de Educação
Nacionales:
Foro por el Derecho a la Educación de Chile
Asociación Chilena de ONG’s (ACCION)
Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU)
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA)
Comunidad Ecuménica Martin Luther King
Movimiento Generación 80 (G80)
Comité Oscar Romero – Sicsal Chile
Centro de Estudios para Asuntos Docentes Los Andes (CEPAD)
Ética de los Bosques – Chile
Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic)
Observatorio de Políticas Educativas de la Universidad de Chile (OPECH)
Consejo de Todas las Tierras (Organización Mapuche)
Observatorio Ciudadano sobre la Violencia Institucional (OCVI) – Chile
Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados (AMDEPA) – Chile
ONG Sociedad y Medioambiente ENTORNO – Chile
Colectivo Chileno CEAAL
Luisa Toledo Sepúlveda y Manuel Vergara Meza – Padres de los hermanos Vergara Toledo
asesinados por la dictadura chilena
Programa de Educación y Ciudadanía Crítica (PECC), Universidad Academia de Humanismo
Cristiano (UAHC) – Chile
Amerindia Chile
Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-CHILE)
Agrupación por la Memoria Histórica Providencia-Antofagasta, Chile
Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile
Programa Andino para la Dignidad Humana (PROANDES)
Campanha Nacional pelo Direito à Educação – Brasil
Comitê Capixaba da Campanha Nacional pelo Direito à Educação
Presença da América Latina (PAL)
Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante (CDHIC)
Colectivo CEAAL Bolivia
Casa del ALBA- Bolivia
Campaña Argentina por el Derecho a la Educación- CADE
Secretaría de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)
Grupo de Estudios Sobre Educación en Cárceles- GESEC –- Argentina
Red Encuentro de Entidades No Gubernamentales para el Desarrollo
Equipo de Trabajo e Investigación Social- ETIS
Pastoral de Migraciones de Neuquén
Fundación Ecuménica de Cuyo (FEC)
Incidencia Civil por la Educación de México-ICE
Centro de Estudios Ecuménicos – México
Dinamismo Juvenil – México
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario – México
CEP Parras – México
Colectivo Mexicano del CEAAL
Campaña Peruana por el Derecho a la Educación -CPDE
Asociación Nacional de Centros- ANC- Perú
Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación -CCDE
Colectivo Colombiano del CEAAL
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiebto
Forzado (CODHES)
ARPAS: Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador
Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación – RESALDE
Colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala
Centro de Amigos para la Paz, Costa Rica (CAP) – Costa Rica
Asociación Costarricense de Derechos Humanos, (ACODEHU) – Costa Rica
Costa Rica Solidaria
CODE PINK – Costa Rica
SOAW-Costa Rica
Fundación Pedagógica nuestra América- Costa Rica
Circulo Bolivariano Yamileth Lopez de Costa Rica
Colectivo Ecuatoriano del CEAAL
Foro Socioeducativo – República Dominicana
Coordinadora de Abogados del Paraguay
Mujeres sin Fronteras
Personas:
Samuel Farber, Profesor Emérito de Ciencia Política, Brooklyn College of CUNY (City University
of New York)
Karina Ojeda, Integrante del Observatorio Iglesia y Sociedad (OIS) – Chile
Alexis Ponce, Defensor de Derechos Humanos de Ecuador y director del Programa ‘La Cantera’
Mauricio Torres Paredes, Poeta chileno
Ignacio Muñoz Cristi, Científico Social, poeta y militante del Movimiento de Pobladores en
Lucha – Chile
Daniela Soto, antropóloga social – Chile
Carlos E. Flores Valeriano, Periodista y radialista latinoamericano
Aucán Huilcamán, Werkén del Consejo de Todas las Tierras
Víctor Hugo de la Fuente, Director de la edición chilena de Le Monde Diplomatique
Hugo Eduardo Flores, Amerindia Chile

Fuente: http://www.rebelion.org/docs/228542.PDF

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Realizan concentración en rechazo al maltrato animal en Panamá

Panamá/Mayo de 2017/Fuente: CB 24

Un grupo de personas se concentró este miércoles en la estación del Metro de Panamá en San Miguelito para manifestarse en rechazo al maltrato animal, informó Telemetro.

Esta concentración se da luego que hace algunos día se observó como estudiantes de un centro educativo lanzaron al vacío a un gato desde una de las estaciones del Metro de Panamá.

El incidente donde el gato falleció causó mucha molestia por parte de la población quien desde que se conoció la noticia reprochó lo sucedido.

De acuerdo con las autoridades durante el primer trimestre del 2017 se recibieron unas 34 denuncias por maltrato animal a nivel nacional.

Fuente: http://cb24.tv/realizan-concentracion-rechazo-al-maltrato-animal-panama/

 

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